Seminario de Teoría Constitucional y Filosofía Política.

La Constitución -y no el equilibrio fiscal- como "acuerdo pre-ideológico"

noreply@blogger.com (rg) — Fri, 08 May 2026 13:22:00 +0000

Qué acuerdo pre-ideológico?

Quisiera controvertir aquí, una idea por la que, desde hace un tiempo, se viene bregando en el ámbito público, desde diferentes sectores de la comunidad. Me refiero a la afirmación según la cual cualquier programa de reconstrucción o cambio institucional debe asumir un acuerdo económico previo, referido -básicamente- al equilibrio fiscal, que como tal ha de quedar fuera de la discusión.

Una expresión conocida y saliente de esta postura es la que presentó, días atrás, el presidente del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Luciano Laspina, en la cena anual de la entidad. En dicha ocasión, Laspina sostuvo, entre otros conceptos: “Los argentinos necesitamos un acuerdo político básico y duradero; no entre los que piensan igual, sino entre los que piensan distinto. Es un acuerdo simple, pre-ideológico. En el que ganamos todos. Un acuerdo que le sirva al oficialismo para gobernar mejor y a la oposición, para ser más competitiva. Ese compromiso incluye definiciones tan básicas como respetar los contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario al fisco, en el entendimiento de que para todo lo demás, decide la democracia. Y se dirime en las urnas…Sin reglas, sin acuerdos, no hay futuro”.

Sobre esa formulación -que aquí tomaré, simplemente, como arquetípica de un cierto modo de pensar la vida pública- quisiera hacer algunos breves comentarios críticos. Como cuestión inicial, señalaría que un acuerdo como el expresado aparece (antes que como pre-ideológico) como fuertemente ideológico, y de ese modo, como muy discutible. Desde ya, todos podemos estar de acuerdo con una versión débil -de alguna manera trivial o vacía- de dicho planteo: importa tener una economía “ordenada”, lejos del cualunquismo o “terraplanismo” económico (entiendo que, a la luz de la historia argentina reciente, el punto no es irrelevante). De todos modos, apenas empezamos a dotar de contenido real a los principios del caso, aparecen fuertes y razonables diferencias sobre cómo entenderlos. Para muchos de nosotros, por ejemplo, los modos que este gobierno ha escogido para mantener el equilibrio fiscal (negarse a cumplimentar con pagos -a jubilados, a las universidades, a discapacitados- a los que está obligado) representa, más que la base para un acuerdo pre-ideológico, un hecho ilegal, directamente delictivo.

En segundo lugar, cuestionaría el carácter obvio o compartido que pretende asignársele a la afirmación en juego (resumidamente: el equilibro fiscal como acuerdo fundacional). Lo cierto es que hemos conocido ya muchas formulaciones similares, provenientes de sectores diferentes, y presentadas con similar énfasis. Hace unos años, por caso, resultaba común escuchar la idea de que la seguridad (las garantías básicas para la vida, la propiedad, etc.) constituía el supuesto fundamental de la sociedad -la piedra fundante desde la cual, luego, podía erigirse la democracia. Sin ese pilar básico, todo el edificio restante iba a tambalear. El juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, supo sostener una idea parecida, conforme a la cual la constitución del orden social era lo prioritario. Más precisamente, él afirmaba que no había derecho sin autoridad, y que la fuerza obligatoria del derecho es lo que permitía la existencia de una sociedad ordenada. Para otros más, el acuerdo básico debía llevarnos a garantizar la probidad de los funcionarios públicos -su honestidad: ésa era la condición necesaria para la reconstrucción de la sociedad. Esta postura, aunque vaporosa, podía ostentar un reconocido linaje en la tradición republicana -una que, desde hace siglos, sostiene que la “virtud cívica” es la condición fundamente de la vida en común.

Frente a opciones tan diversas, me interesa aludir a una alternativa distinta -pero no “una más”. Se trata de una opción que corre con ventajas frente a sugerencias como las examinadas. Ello así, porque no refiere a una mera expresión de deseos (la voluntad de un acuerdo amplio y profundo que desearíamos se consiga) sino a un conjunto de intereses fundamentales que ya estamos obligados a cumplir: los derechos constitucionales. Decir esto no es decir poco, ni hacer un reclamo retórico o demagógico, ni insistir sobre algo sin contenido. Por el contrario, la Constitución se encuentra clara y abiertamente comprometida con fortísimas garantías y exigencias sociales y económicas, que resultan simplemente exigibles: se trata, y lo sabemos todos, de nuestra Carta Fundamental. No resulta, entonces -como dicen oficialistas y amigos del gobierno- de que los derechos se deberán cumplir sólo si, o en la medida en que primero ordenemos la economía. Es al revés: cualquier programa económico, o cualquier esquema de seguridad, o cualquier propuesta de reordenamiento moral, resulta válido sólo si, y en la medida en que se someta a las fuertes garantías y exigencias sociales y económicas que desde hace décadas ha establecido la Constitución.

El "Consenso del Nunca Más": Tres etapas de un debate inacabado

noreply@blogger.com (rg) — Tue, 24 Mar 2026 09:10:00 +0000

Hace cuatro décadas ya, comenzamos a hablar del “consenso del Nunca Más”. Primero, a partir del extraordinario trabajo de la CONADEP, y luego, con la celebración del Juicio a las Juntas. La idea, que a tantos nos impresionó tan bien desde un principio, no estaba exenta de ambigüedades, pero no supimos, o quizás no quisimos, detectar tales imprecisiones. En su sentido más estricto, la frase sobre el “consenso del Nunca Más” importaba la condena (que entonces era casi unánime) de lo hecho por la dictadura, con todo lo que ello implicaba: no a la tortura; no a los campos de detención; no a la concentración del poder y sus consiguientes abusos; no a la censura; no a la persecución de opositores; no a la prohibición de partidos políticos y sindicatos; etc. En este sentido, la crítica política que encerraba la frase, y la historia del país, iban de la mano: al marcar nuestro profundo rechazo colectivo a todo lo que la dictadura había hecho (al gritar al cielo, “Nunca Más”) estábamos rechazando, de una forma extensa y profunda, a todo un modo de hacer política, que era el que la dictadura había representado en su forma más extrema.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el repudio casi unánime a lo hecho por la dictadura, y la historia argentina, dejaron de aparecer superpuestas. En esta segunda etapa, comenzó a tornarse posible confinar la idea de “consenso del Nunca Más” a ese tiempo particular que había ocupado la dictadura, entre 1976 y 1983. Decir “Nunca Más,” entonces, significaba decir: “Nunca Más a la dictadura del Proceso”; o también, de manera similar, “Juicio y Castigo a los responsables de los crímenes masivos”. Mientras tanto, por otro lado, y en la medida en que se profundizaba la cisura entre política e historia, comenzaba a hacerse posible entender al “consenso del Nunca Más” en un sentido también más amplio, que no necesitaba anclarse (de manera excluyente) en la pasada dictadura. Entonces, decir que se suscribía al “consenso del Nunca Más” pudo significar el rechazo a ciertos modos del ejercicio del poder, que habían emergido durante la dictadura, pero que también podían tornarse visibles bajo el imperio de una forma de gobierno democrática. De acuerdo con este sentido más amplio, proclamar “Nunca Más” implicaba decir nunca más a las torturas, a los abusos de poder, a la represión de las minorías, a la discriminación y maltrato públicos hacia los más débiles, etc. Ello, aún si aberraciones tales resultaban cometidas en democracia, por gobiernos elegidos popularmente. ¡Cómo que no! Muchos -quizás con torpeza, quizás con ingenuidad- tendimos a leer el “consenso del Nunca Más” de este modo. Quizás, sin que lo advirtiéramos, nos ganó la voluntad de que así fuera: queríamos creer que esta lectura posible del “consenso” era la apropiada, porque así debía ser, conforme a nuestra (digámoslo así) filosofía política.

Políticamente, las diferencias entre las lecturas “estrecha” y “amplia” de la idea del “consenso del Nunca Más” se tornaron cada vez más notorias. Una ilustración saliente de las implicaciones de esas diferencias apareció con la llegada del nuevo siglo, cuando representantes de uno y otro bando quedamos enfrentados a partir de nuestras comprensiones diferentes del fenómeno. Típicamente, muchos vieron al nuevo gobierno que llegaba al poder como ejemplar representante del legado del “Nunca Más” (versión estrecha): se trataba de una administración que, cada día, invocaba los derechos humanos como guía de su acción, y que, además, o sobre todo, tomaba iniciativas destinadas a hacer posible la condena a los crímenes cometidos por la dictadura (crímenes que habían quedado impunes, a resultas de las -así llamadas- leyes del perdón: punto final, obediencia debida, indultos). Algunos otros entendimos que esa misma administración, en cambio, incurría en faltas graves que implicaban, en los hechos, la deshonra o el directo abandono de los ideales del “Nunca Más” (versión amplia). Así, en su hostilidad hacia las comunidades aborígenes (ie., los miembros de la comunidad Quom, en Formosa); en su sistemática represión de la protesta social (a pesar de la retórica de respeto que se invocaba); o en su creciente (y finalmente anti-democrática) proclividad hacia la concentración del poder, por ejemplo.

Pues bien, desde entonces, el tiempo no ha dejado de pasar -han transcurrido ya 50 años desde la llegada de la dictadura- y, como era esperable, ha seguido haciendo de las suyas. Nos encontramos hoy en lo que podríamos llamar una tercera etapa de la vieja discusión expuesta. Los acalorados debates que supimos tener, hasta ayer, en torno a lo que significaba el “consenso del Nunca Más” (¿seguir embistiendo contra la dictadura del 76, o enfrentar toda violación de derechos básicos?) nos implicaban de lleno, con todas nuestras diferencias, y a pesar de ellas, porque nos encontrábamos emocionalmente involucrados con el pasado: lo ocurrido nos resultaba demasiado cercano, tocaba nuestras fibras más sensibles. De un modo u otro, nos emocionaba. Ese vínculo íntimo que teníamos con la historia anterior ya se disolvió. Hoy, aquel particular debate en torno al “Nunca Más” parece meramente “intelectual,” más que esencialmente “emocional”. Se trata de una discusión que parece quedar demasiado lejos de las nuevas generaciones. Ello puede resultarnos triste o lamentable pero, simplemente, “es así”, es el devenir de la vida. Nada de lo que sorprenderse: hoy las emociones (los sufrimientos, los deseos) están vinculadas a causas que no necesariamente van a superponerse con las que nos conmovían a nosotros, 40 o 50 años atrás.

A sabiendas de que los tiempos han cambiado mucho -y, por tanto, que el “contexto de recepción” de nuestras discusiones ha variado mucho, también- no nos queda sino la alternativa de hacer un esfuerzo por vincular entre los principios en los que creímos siempre, con las fuentes principales de las angustias presentes. Ello puede significar, para muchos de nosotros, preguntarnos cómo es que aquellos viejos debates se traducen a la actualidad: ¿a qué debemos decirle hoy, “Nunca Más”? Al respecto, posiblemente, necesitemos reflexionar sobre por qué hoy es importante oponerse al giro anti-democrático que prima en una parte significativa de Occidente (para oponernos, así, a la oleada anti-institucional, anti-intelectual, que vivimos); por qué sigue siendo relevante rechazar la concentración del poder (y así, las leyes aprobadas sin discusión pública o de espaldas a la sociedad); por qué debe resistirse la visión mercado-céntrica de nuestra comunidad; o por qué necesitamos frenar el eufórico desdén dominante, hacia los bienes comunes. Nos encontramos ante una tarea difícil, pero no novedosa. Finalmente, se trata de una misión que está con nosotros desde el inicio de la modernidad: pensar democráticamente acerca de las bases y límites que son necesarios, para seguir haciendo posible la vida en común.

Sobre la irremediable crisis de los partidos políticos

noreply@blogger.com (rg) — Tue, 17 Mar 2026 11:44:00 +0000

Publicado hoy en Cl, acá: https://www.clarin.com/opinion/democracia-representativa-poder-ciudadano_0_3PLalCnUb3.html

Quisiera referirme, en lo que sigue, a la irremediable crisis que afecta a los partidos políticos y que, indirectamente, pone en jaque a la democracia representativa, tal como la conocíamos. Comienzo, entonces, aludiendo a lo que fuera la etapa previa de esta crisis, para señalar que, durante décadas, los partidos políticos sirvieron como resguardo y reaseguro de la legitimidad del sistema democrático. Ello así, en buena medida, porque garantizaban la representación de amplios bloques de intereses existentes -típicamente (pero no exclusivamente) a intereses de clase. En Inglaterra, el Partido Laborista nació en el 1900, como resultado de un agregado de sindicatos y organizaciones socialistas, que buscaban conseguir representación propia en el Parlamento En Alemania, el Partido Socialdemócrata fue fundado en 1862, como Asociación General de Trabajadores de Alemania; mientras que en Francia, la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO) se creó en 1905, y pasó a ser el principal antecedente del Partido Socialista. En Italia, el Partido Popolare Italiano (PPI) nació en en 1919, y más tarde dio origen a la Democracia Cristiana. En la Argentina, el radicalismo y el peronismo supieron representar, más o menos apropiadamente, y durante más de medio siglo, a los amplios intereses de la clase media y la clase trabajadora. En la medida en que esos intereses retomados por los partidos encontraban expresión posterior en las ramas políticas del gobierno, la democracia representativa podía darse por satisfecha: la gran mayoría de la población quedaba, así, políticamente representada.

Nos guste o no, desde finales del siglo xx, la organización social y económica que conocíamos, ya no existe: nuestras sociedades han sufrido una transformación sin vuelta atrás. Por tomar un ejemplo particularmente relevante: hace tiempo que ya no posible hablar de sociedades de base industrial, en donde una porción amplia de sus miembros -de un tercio a la mitad- son obreros, con intereses económicos y políticos fundamentalmente homogéneos. Hoy encontramos, junto con el tradicional obrero industrial asalariado, a trabajadores autónomos y autoempleados, nómadas digitales, rappis, trabajadores en negro, trabajadores precarizados, temporarios, desempleados…Mientras que, décadas atrás, podíamos hablar, razonablemente, de clases sociales, con intereses más o menos comunes, hoy nos encontramos con intereses absolutamente dispersos, heterogéneos, de ninguna manera uniformables. Las viejas clases se disolvieron, y nuestros intereses (ie., culturales) relevantes se multiplicaron. Por ello mismo, las chances de que dos trabajadores ocupados en la misma línea de producción piensen más o menos lo mismo, en relación con temas que les importan (programas económicos, inmigración, uso de drogas, armas, aborto, etc.), son mínimas. Ni qué hablar sobre los vínculos entre un obrero industrial y un trabajador de rappi.

De este modo, los cambios sociales, económicos, culturales, sobrevinientes, terminaron por erosionar no sólo las bases de apoyo popular a los partidos políticos, sino su propio sentido: ellos no pueden garantizar la representación de millones de personas, en una diversidad enorme de temas, y a lo largo del tiempo. Simplemente, ya no están en condiciones de hacerlo, más allá de la calidad de sus dirigentes. No extraña, entonces, que los partidos, sin excepción, se hayan convertido en cajas vacías, sin contenido social, y necesitadas de causar escándalo o arrojar fuegos artificiales al cielo para atraer la momentánea atención de algunos. Lamentablemente, la crisis partidaria es irreversible, como es imposible volver el reloj social atrás, para restaurar a las viejas sociedades de posguerra, marcadas por una amplia clase obrera, un empresariado unido, sindicatos poderosos, y partidos fuertes. El problema en cuestión, de ese modo, amenaza con arrastrar consigo, también, a la democracia representativa, tal como la conocíamos. Ante la situación descripta, tal vez no exista una fórmula o “solución” sencilla y al alcance de la mano. Sin embargo, ante un escenario semejante, amenazante e incierto, al menos una cosa debe resultar clara: necesitamos recuperar -para nosotros, ciudadanos- poder democrático. Por eso mismo, y por un lado, cualquier promesa de solución que se dirija en dirección contraria (ie., concentrar más poder en el presidente) debe ser rechazada. Y por otro lado, y de manera especial, debe ser resistida la idea de que, en una democracia constitucional, las impugnaciones al gobierno deben “esperar a las próximas elecciones” -como si las demostraciones en la calle fueran un exceso, o institutos tales como el juicio político representasen una afrenta a la legalidad, y no una herramienta inherente al constitucionalismo democrático. En la situación de desamparo político e institucional que padecemos, necesitamos mantener más activos que nunca a los pocos medios e instrumentos de crítica al poder de los que todavía disponemos. Sin aceptar extorsiones.

República es sin reyes, democracia es sin millonarios

noreply@blogger.com (rg) — Tue, 17 Feb 2026 07:50:00 +0000

Publicado en Clarín, acá https://www.clarin.com/opinion/republicas-reyes-democracias-multimillonarios_0_zxwXTq1GCL.html

La apertura de los “archivos de Epstein” resulta importante, sí, por los reconocidos nombres que nombra, y los horrorosos hechos que cuenta, pero, sobre todo, por la situación estructural que revela. Esto es el capitalismo. Capitalismo no en los márgenes oscuros y tenebrosos de un país capturado por bandas de narcos, sino capitalismo vigoroso, situado en el corazón mismo del sistema. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Ocurre que los más ricos de entre los ricos concentran más y más la riqueza, a través de actos delictivos que la ley ampara, a plena luz del día, como si el derecho, para ellos, no existiera. Y mientras tanto, se divierten con toda clase de perversiones -no de las que están protegidas por la Constitución, como acciones privadas; sino de las que expresan crímenes, condenados por el derecho en todo el planeta. El siempre lúcido Senador por Vermont, Bernie Sanders lo dijo de manera clara: “lo que debería alarmarnos de los archivos de Epstein no son tanto los detalles, horribles y criminales, sino el sentido creciente de que los miembros de una pequeña elite actúan por encima de la ley.”

Esta sensación horrífica, de estar atrapados en un callejón sin escape, encontró su punto culminante en las acciones del ICE, el brazo armado de la política (anti)inmigratoria de Trump. Resulta difícil de imaginar cómo es que se puede hacer algo peor, o llegar aún más lejos, en materia de violación de derechos: el ICE representa una directa afrenta a las libertades civiles más elementales; al sagrado derecho del debido proceso; a la certeza compartida de que ciertos límites no deben atravesarse nunca (¡Inglaterra aprobó la Carta Magna en 1215, buscando hacer pública dicha certeza!). Otra vez, el capitalismo desatado, actuando sin máscaras, y ahora, con la cara cubierta. Mientras, la mitad del Congreso permanece en silencio; y el Poder Judicial cooptado, inactivo o muerto de miedo. Simplemente increíble, para quienes militamos la fe y la confianza en el derecho. Este escenario de espanto -de violación de derechos con total descaro- se completó días atrás, cuando supimos que Jeff Bezos, el multimillonario que se enriqueció con Amazon, dueño del otrora prestigioso diario The Washington Post, despedía a un tercio del personal del periódico, en una acción que, más que una reestructura, parecía una purga: el capitalismo mostrando, una vez más, su rabiosa intolerancia hacia las disidencias.

No es mi intención aquí, de todos modos, hacer una diatriba anticapitalista, a través de la acumulación de tétricos ejemplos -ejemplos que, en todo caso, innegablemente dan cuenta de aquello en lo que ha devenido el sistema, en nuestro tiempo. Lo que me interesa es tomar aquellas ilustraciones de base para marcar, por ahora, sólo un punto básico, que retomo del mejor filósofo político liberal (o socialista liberal) de este último siglo, que es John Rawls. Rawls, que justificó cada uno de los apartados de su Teoría de la Justicia con un cuidado extremo (lo que convirtió a su teoría en una tan atacada como difícil de refutar), se ocupó de insistir en la fortaleza del vínculo existente entre desigualdades económicas y desigualdades políticas. En particular, en un libro menos conocido, Justicia como Equidad, él defendió una “democracia de propietarios” cuya propuesta central consistía en la “dispersión de la propiedad de la riqueza y el capital, de modo de tal impedir que una pequeña porción de la sociedad se quedara con el control de la economía y así, indirectamente, con el de la vida política”. De este modo, Rawls (también un crítico de los sistemas socialistas y burocráticos tradicionales) objetaba al tipo de capitalismo que prevalece en nuestro tiempo -el que exhibe sus extremos patológicos en los ejemplos que viéramos. En sus términos: en la actualidad, las instituciones básicas están definidas por “un nivel tan alto de desigualdades económicas y sociales, que aquellos con mayores riquezas quedan normalmente a cargo de la vida pública, y se ocupan de promover leyes y políticas sociales destinadas a favorecer sus propios intereses”. Rawls aclara, enseguida, que su “democracia de propietarios,” con la “dispersión de riquezas” que exige, no está en condiciones de ser satisfecha por el capitalismo a la norteamericana, que favorece la “concentración” del poder, pero tampoco por la socialdemocracia europea. Y es que (a diferencia de lo que ocurre con la socialdemocracia) la “democracia de propietarios” no se propone “asistir” a los más pobres, ni “redistribuir” parte de la riqueza “al final de cada período”: lo que procura es impedir la acumulación de esa riqueza. En cambio, la socialdemocracia “permite que una pequeña clase de personas tenga el cuasi-monopolio de los medios de producción”.

Durante décadas, nos han querido vender la idea de que la creación de riqueza necesita de capitalistas que puedan enriquecerse ilimitadamente. Sino -agregan, amenazantes- ellos no tienen incentivos, y no invierten. No era verdad. La creación de riqueza (ie., en las socialdemocracias europeas) no tiene como condición la posibilidad de obtener ganancias sin techo. Mucho peor: las ganancias económicas extremas son generadoras de desigualdades políticas y, a partir de allí, de leyes sesgadas y derechos violados. Así como las viejas repúblicas nacieron terminando con el Rey, las democracias deben renacer terminado, de una vez, con los multimillonarios.

¿Bajar la inflación o respetar derechos constitucionales?

noreply@blogger.com (rg) — Sat, 31 Jan 2026 13:29:00 +0000

(Publicado hoy en LN Ideas)

¿Respetar derechos o bajar la inflación?

Roberto Gargarella

Las comunidades modernas, aquí y allá, enfrentan un problema gravísimo: desde posiciones prominentes, muchos funcionarios públicos parecen abocados a la tarea de desmontar nuestros derechos democráticos. Los derechos fundamentales que, como tales, deben garantizarse siempre y de manera incondicional, resultan degradados, entonces, para pasar a depender de la voluntad coyuntural y arbitraria de un pequeño grupo de administrativos con poder. Subrayo la noción de “arbitrariedad”: nuestros derechos constitucionales más básicos aparecen hoy sujetos al capricho de funcionarios estatales de cualquier rango, antes que sujetos a la ley y la razón. Todo lo cual resulta legalmente impermisible: esos funcionarios están violando seriamente a la Constitución. Ellos no tienen nuestra autorización democrática para operar en el área en la que lo están haciendo, y mucho menos del modo en que lo están haciendo. Ofrezco dos ejemplos recientes, sobre aquello en lo que estoy pensando. En nuestro país, y en nombre de una política de ajuste fiscal, personal del Ejecutivo elimina derechos básicos de niños y discapacitados, como si se tratara de privilegios (sin mencionar el hecho de que aprovechen la oportunidad para hacer negocios con las necesidades de los más débiles). Mientras tanto, en los Estados Unidos, y en nombre de una política de control migratorio más estricta, personal armado y encapuchado, dependiente del Ejecutivo, ejerce violencia brutal sobre las personas, sin atención alguna a la Constitución y al debido proceso. Hay personas que sufren y mueren por esas decisiones (y es que los derechos se violan tanto por acción como por omisión).

En lo que sigue, quiero detenerme a fundamentar lo anticipado: nuestros funcionarios no están autorizados para desmantelar o afectar seriamente, como lo hacen, nuestra estructura de derechos constitucionales. De todos modos, y antes de seguir, incluyo alguna aclaración para los apresurados de mala conciencia: pertenezco, como tantos, al amplio grupo de personas que supimos criticar sin miramientos, a estos como a aquellos, a los de antes como a los de ahora. Igualmente, y aunque en estos tiempos valga la aclaración, debe agregarse también que la defensa y reivindicación de los derechos constitucionales no depende del prontuario de nadie ni del documento de identidad de cada uno: hablamos de lo que nos corresponde siempre e incondicionalmente, como simples miembros de la raza humana, y sin necesidad de exhibir primero el carnet de consistencia pragmática.

Comienzo entonces con algunas precisiones sobre el origen y la naturaleza de nuestros derechos básicos. En primer lugar, y tal como nos enseñara Ronald Dworkin (tal vez la mayor autoridad de nuestro tiempo, en materia de derechos), voy a distinguir entre objetivos políticos y derechos fundamentales. Los primeros, es decir, en definitiva, las políticas públicas, dependen de las coyunturas, y merecen estar sujetas a consideraciones políticas contextuales. Esperablemente, vamos a disentir respecto de cuáles son las mejores políticas, y vamos a vernos obligados a negociar y a buscar acuerdos en torno de ellas. Resulta perfectamente entendible y razonable, en este respecto, que un gobierno de izquierda quiera incrementar la inversión social, o que un gobierno de derecha proponga reducir los gastos que considere innecesarios (“achicar al Estado”).

Mientras tanto, los derechos fundamentales nos plantean un caso muy diferente del de los objetivos o políticas públicas. Los derechos refieren a intereses fundamentales que nuestra civilización ha ido definiendo, históricamente, como tales. Ellos no dependen de coyunturas puntuales ni de cuestiones contextuales: no dejamos de tener un derecho a la libre expresión porque tuvimos una mala cosecha; ni perdemos el derecho al debido proceso porque subió el precio de la nafta; ni se interrumpe la educación pública gratuita porque la inflación está demasiado alta. En tal sentido es que hablamos de los derechos fundamentales como derechos incondicionales, inviolables y universales: ellos no están sujetos al regateo, ni pueden ser tomados como bienes de cambio. Agrego un par de notas adicionales.

Ante todo, desde hace siglos que en todo el mundo se reflexiona sobre cuáles son esos derechos que merecen ser reconocidos como fundamentales (desde la Magna Carta inglesa, en 1215; a la Declaración de Derechos francesa, de 1789; o la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948), lo cual nos permite entender por qué hay comunidades que reivindican más derechos que otras. Aunque existe un núcleo de derechos que ha sido siempre considerado como tal, en todo tiempo y lugar (i.e., libre expresión, libre asociación, derecho de petición), también es cierto que algunas sociedades han decidido expandir ese núcleo básico, normalmente porque reconocen que en ellas existen mayores necesidades básicas desatendidas. Esto nos sugiere algo que no siempre aceptan quienes estudian sobre los derechos: los derechos no son algo así como “planetas” que descubrimos a través de un sofisticado instrumental o personal especializado (ie., jueces como “astrónomos”), sino intereses que -democráticamente- acordamos proteger de modo muy especial, por la importancia excepcional que les asignamos. Esto me lleva al segundo punto que quería mencionar, referido a la importancia de lo que ocurre cuando -como suele ocurrir- las sociedades deciden dar un paso más, para dotar a esos derechos que valoran o reivindican, de un estatus constitucional. Entonces, al incluirlos en su Constitución, lo que tales sociedades hacen es decir algo como lo siguiente: “identificamos un interés que merece nuestra máxima protección, y de este modo (dándole rango constitucional) declaramos, frente a las generaciones presentes y futuras, nuestro compromiso de garantizarlos siempre y hasta el máximo de nuestras posibilidades.”

Lo dicho deja en claro la gravedad de lo que ocurre cuando un funcionario o economista, con sorna o saña, recorta alguno de esos derechos incondicionales, alegando consideraciones coyunturales o cuestiones temporarias (“estamos en período de restricción de gastos”, “vamos al déficit cero”). Al actuar de ese modo, la persona en cuestión confunde derechos fundamentales con objetivos políticos, y -además- no advierte que al hacerlo pasa a actuar sobre un área que tiene vedada. Para ponerlo de un modo todavía más fuerte: ese funcionario debe entender que la protección constitucional que una comunidad democrática le otorga a un derecho significa que todo cambio sustantivo que se quiera imponer en relación con ese derecho requiere, también, de una autorización democrática extraordinaria. Los compromisos de rango constitucional resultan sólo modificables a través de otros acuerdos de rango semejante. Por ello, la “autorización democrática” que funcionarios del momento pretendan alegar, luego de una elección ganada (“el pueblo nos lo ha demandado”) resulta simplemente insignificante. Ninguna elección presidencial o legislativa otorga licencia alguna para socavar derechos constitucionales. Los funcionarios públicos sólo están autorizados a navegar por el mar de los objetivos coyunturales: no pueden ingresar sobre el territorio de los derechos.

La buena noticia es que el compromiso incondicional con los derechos no resulta en absoluto incompatible con objetivos tales como la “lucha contra la inflación” o las “políticas inmigratorias más estrictas.” Cualquier comunidad que se proponga reducir el déficit fiscal debe reconocer que existen infinidad de gastos susceptibles de ser recortados (servicios de inteligencia, aviones de combate, etc.) que no afectan en absoluto el resguardo de los derechos fundamentales. Lo que esa comunidad debe hacer, entonces, es no optar por recortes indebidos, en áreas constitucionalmente blindadas. Asimismo, debe resultar claro que un gobierno puede llevar adelante una política migratoria más estricta, sin afectar derechos básicos como el debido proceso. Entonces, si para el logro de objetivos políticos permisibles (bajar la inflación; rigidizar los procesos inmigratorios) un gobierno entra en guerra con los niños autistas, o le dispara en la cara a quien considera sospechoso, resulta claro que lo que allí está en juego es otra cosa. El gobierno en cuestión intenta llevar adelante una provocación, violando la ley a sabiendas. Lo que nos toca, entonces es sobrepasar este momento: a ellos no les asiste la razón ni el derecho. La Constitución está de nuestro lado.

Walter Benjamin, y la vuelta de El Ángel de la Historia

noreply@blogger.com (rg) — Sat, 31 Jan 2026 13:24:00 +0000

Walter Benjamin escribió, en su huida, lo que representa su “última voluntad” intelectual: sus Tesis de Filosofía de la Historia. Benjamin se encontraba en París, a principios de 1940 (poco antes de que las tropas de Hitler invadieran Francia), e intentaba escapar de la Gestapo, huyendo hacia España. En esas condiciones, él sigue pensando: hace un último esfuerzo para tratar de entender cómo podía ser que, a esa altura del tiempo, ocurriera lo que estaba ocurriendo. Y lanza su botella hacia el mar del futuro (hacia nosotros, por tanto), con un llamado de alerta.

En su texto, ofrece una lectura melancólica acerca del curso de la historia, a la que presenta como no lineal, ni progresiva, ni emancipatoria (como proponía el materialismo histórico que él siempre había sostenido). En la Tesis IX de su escrito, Benjamin va a tratar de explicar el dramático ascenso del nazismo, apelando a una pintura que le había adquirido a su amigo Paul Klee, el Angelus Novus. Hablará entonces de “el Ángel de la Historia”, y de lo que ve como una regla inexorable, antes que como una anomalía: la violencia y privación de derechos hacia los oprimidos (en su momento, los judíos perseguidos, como él). La Tesis IX se lee así:

Un cuadro de Klee titulado Angelus Novus muestra a un ángel que parece estar a punto de alejarse de algo que contempla fijamente. Sus ojos miran fijamente, su boca está abierta, sus alas están desplegadas. Así es como se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una sola catástrofe que amontona escombros sobre escombros y los arroja a sus pies. El ángel quisiera quedarse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero una tormenta sopla desde el Paraíso; se ha enredado en sus alas con tal violencia que el ángel ya no puede cerrarlas. La tormenta lo impulsa irresistiblemente hacia el futuro, al que da la espalda, mientras el montón de escombros ante él crece hacia el cielo. Esta tormenta es lo que llamamos progreso.

Pd. Benjamin había llevado la pintura consigo, al exilio. Cuando los nazis invadieron Francia, Benjamin cedió el dibujo de Klee a Georges Bataille, quien lo ocultó en la Biblioteca Nacional de París, donde trabajaba, y luego entregó a Theodor Adorno en Frankfurt. En su Tesis VII, escribió que, para los perseguidos de la historia, esa situación representaba la normalidad: “el estado de excepción” como práctica persistente. En su Tesis VI Benjamin había escrito, también, que si el fascismo triunfaba, "ni siquiera los muertos estarán seguros", porque el vencedor reescribiría la historia hasta borrar el sufrimiento de las víctimas.

Diez textos que marcaron mis estudios de sociología

noreply@blogger.com (rg) — Sat, 31 Jan 2026 13:21:00 +0000

Hay decenas de textos a los que querría hacer referencia, pero esta selección es bastante representativa de los que más me interesaron y, de algún modo, definieron mi pensamiento en el área. Los hay argentinos, latinoamericanos, norteamericanos y europeos, de este tiempo y del pasado también.

Norbert Lechner y La crisis del Estado en América Latina

Durante la carrera de sociología, ningún artículo me impresionó más que éste (luego devenido en libro), ni ningún autor me impactó más que él: el casi chileno Norbert Lechner. Acá, Lechner estudia la crisis del Estado en la región, y el papel del mismo en el contexto capitalista. Recuerdo que el artículo era larguísimo, y no pude dejar de subrayar una línea: lo dejé completamente ilegible, pintarrajeado de negro, lleno de círculos y flechas.

José Aricó y La cola del diablo

Pancho Aricó fue fundamental en la renovación de los estudios marxistas en América Latina, gracias a sus estudios en torno a Gramsci. Fue él, de hecho, quien introdujo al italiano en la región, vía su revista —espectacular— “Pasado y Presente.” Cordobés genial, tomé un curso con él, fumando habanos, en el subsuelo de la librería Gandhi, cuando el local estaba en Montevideo, a metros de Corrientes. Emocionante.

Juan Carlos Portantiero y La producción de un orden

A Portantiero no lo conocí tanto en “los años de Alfonsín”, como en la revista “La ciudad futura,” donde colaboraba con varios jóvenes hoy activos en la discusión pública. En textos como “La producción de un orden”, Portantiero empieza a desarrollar una intuición que se convertiría en su clásico, y en una idea fundamentalísima (para mí, como para tantos) a la hora de entender el ciclo dictaduras-democracias en la Argentina. La peculiaridad nacional: el “empate hegemónico”. Texto crucial, nunca realmente refutado, aunque la realidad de la desigualdad creciente, desde la última dictadura, haya terminado por romper el mentado empate.

José Nun y La rebelión del coro

Me impactó muchísimo este artículo breve, de don Pepe, en donde él se suma, desde estas pampas, a una línea de investigaciones sobre los movimientos sociales emergentes (feministas, movimientos estudiantiles). Estos eran los “nuevos sujetos” que “despertaban”: como el coro griego que, por fin, se ponía de pie y se rebelaba, cuestionando así, también, el rol exclusivo de la clase obrera como único actor revolucionario. Lo discutimos con él en la nunca bien ponderada maestría que regenteaba en el Banco Patricios.

Juan Villarreal y Los hilos sociales del poder en la Argentina

Gran artículo de este sociólogo argentino, en donde analiza la estructura social argentina post-dictadura. Todos los estudiantes de la carrera, y todos los que luego seguimos por FLACSO, recitábamos por entonces como un mantra la fórmula-diagnóstico del texto: “homogeneización por arriba” (concentración del poder económico) y “heterogeneización y fragmentación por abajo” (sectores subalternos). Tremendo.

Karl Marx y los Manuscritos de 1844

El primer libro que compré, cuando empecé mis estudios de Sociología, fue Manuscritos de 1844, escrito por Karl Marx, y publicado entre nosotros por la Editorial Cartago, la del PC. Éste era el Marx más sociólogo, describiendo de modo que todavía conmociona a “la cloaca de la civilización”. Escribe Marx,

“…hasta la necesidad de aire puro deja de ser una necesidad para el obrero; el hombre regresa a su cubil, pero ahora éste está contaminado por el aliento pestilente y mefítico de la civilización… La luminosa morada que Prometeo señala, según Esquilo, como uno de los grandes regalos con los que convierte a las fieras en hombres, deja de existir para el obrero. La luz, el aire, etcétera, la más simple limpieza animal, deja de ser una necesidad para el hombre. La basura, esta corrupción y podredumbre del hombre, la cloaca de la civilización (esto hay que entenderlo literalmente) se convierte en su elemento de vida.”

Genio y artista.

Friedrich Engels y La situación de la clase obrera en Inglaterra

Engels publica este texto en 1845, un año después de que Marx escribiera el suyo. Hijo de un empresario textil, Engels se traslada a Inglaterra y reside en Manchester —por entonces centro de la Revolución Industrial— desde donde, entre 1842 y 1844, escribe sobre las penosas condiciones de vida de los trabajadores industriales. Con un agudo ojo sociológico, Engels describe en su libro los bajos salarios que gana la mayoría, y las dificultades en que viven los obreros, rodeados de un entorno insalubre y desagradable:

“Las viviendas de los trabajadores se encuentran mal planeadas, mal construidas, mantenidas en las peores condiciones, mal ventiladas, húmedas, insalubres. Sus habitantes están confinados a los espacios más pequeños posibles. Usualmente duerme una familia por cuarto. En su interior, las viviendas muestran su pobreza en grados variados, con la ausencia de los muebles más elementales.”

Flora Tristán y Peregrinaciones de una paria

Qué fuerza la de la franco-peruana Flore Celestine! En “Peregrinaciones”, ella da cuenta de sus desventuras viajeras entre Arequipa, Lima y más allá. Flora decía que “el nivel de civilización a que han llegado diversas sociedades humanas está en proporción a la independencia de que gozan las mujeres". Cercana a los utopistas de su tiempo, e inspirada por los falansterios de Fourier, propuso una “Unión Obrera”, que incluía la construcción de “palacios obreros” donde los trabajadores podrían vivir dignamente, recibiendo educación y cuidados. Marx y Engels, en “La sagrada familia,” se refieren a ella de un modo muy elogioso. Escriben, entonces, sobre una mujer “feminista y comunista”: “Flore Celestine”.

Richard Sennet y La corrosión del carácter

En 1998, el sociólogo Richard Sennett publicó un libro muy hermoso, basado en las voces de sus entrevistados, sobre “La corrosión del carácter” en el capitalismo tardío. En el libro, él habla del modo en que los valores de la lealtad y el compromiso, prevalecientes hasta hacce no tanto, fueron dejados de lado por otros, inspirados o promovidos por el capitalismo tardío: valores más vinculados con la flexibilidad, la espontaneidad, la individualidad, propias de la economía del libre mercado.

Hannah Arendt y Nosotros, los refugiados

No pertenezco al club de fans de Hannah, pero me maravillan la contundencia de su palabra, y la potencia de sus intuiciones. Me golpeó mucho, en particular, un texto suyo, muy breve, “Nosotros, los refugiados”. Allí, doña Hannah da cuenta la situación de los judíos en Austria. Cuenta que ellos, pasaban sus días, optimistas y confiados en su suerte: cómodos en las certezas dentro de las cuales vivían. Así, hasta la invasión de 1938, cuando empezaron a ver de qué forma, sus amables, respetuosos vecinos, de un día al otro, aparecieron “tomando partido contra ellos, causando disturbios frente a sus casas.” Concluye Hannah, entonces: “cuando sus gentiles vecinos empezaron a causar disturbios en las casas judías, los judíos austríacos empezaron a suicidarse.” Lo pienso siempre para la Argentina, mirando a quienes me rodean en las redes.

Entrevista a Samuel Moyn, sobre Venezuela (versión inglesa)

noreply@blogger.com (rg) — Sun, 11 Jan 2026 15:24:00 +0000

(Spanish version: https://lacritica.ar/post/samuel-moyn/)

(by S. Guidi, for lacritica.ar)

1) Intellectual historian Quentin Skinner wrote that “what it is possible to do in politics is generally limited by what it is possible to legitimise. . . under existing normative principles.”

At least for foreign observers, one of the most striking features of Venezuela’s operation was precisely the almost non-existent attempt to legitimize the intervention under any legal or normative principle, at least any normative principle that could be shared outside the US. There were some mentions of the future of Venezuelans, but the focus was clearly set at US Americans’ interests. This is especially impressive when we see that there was a lot he could say about the illegitimacy of Maduro's regime, and yet he chose not to say anything. What do you see in this disregard for justification? Is this a display of raw power, showing that the US does not need any outside support, or is it an attempt at a new way of legitimizing state action?

ANSWER: I think there were normative principles, but they are noxious ones. They are broader than American self-interest, which is why many have found the events so troublesome. They look compatible with Donald Trump’s sense that great powers have their domain of control, something like Carl Schmitt’s Großraum (great spaces) theory; and no wonder that people have worried about the implications for the settlement in Ukraine or Chinese policy toward Taiwan. And it is a certainty that lawyers in the executive branch of the U.S. government were consulted, and that they continued their permissive history of affirming the lawfulness of the abduction (in a criminal law enforcement paradigm). Finally, perhaps the “realism” of the rhetoric coming out of the U.S. government at least dispenses with the neoconservative penchant to dress up and justify neo-imperial policies in the mode of high principle. Obviously if we have to choose between “raw power” and some sort of ethical and legal rationalization for it, the latter is better. But not much. And the brutal honesty of the articulated reasons do remind us of what may have generally been the case in American and other great power foreign policy, so that we can face it without confusion or misdirection.

2) If we assume Trump is asserting some form of right to act with no justification towards the international community, the immediate fear is that the universalization of this principle would lead to anarchy. This assumes that international law was not only rhetoric, but had also some effect in actually restraining states’ conduct. If this is so, is the world Trump seems to be proposing sustainable? Wouldn’t such a world actually harm US interests, by making the world more unpredictable?

ANSWER: Well, if you buy that Trump is a Großraum thinker of a kind, then it bars most states from following suit. It remains hotly debated whether constraints on the use of force ever had purchase. I believe there is a case they did, but they were always weak. And so I’m of the school that refuses to concede the novelty of such current events, as if the past did not involve much worse ones both from the perspective of good and evil (how many died, to begin with) and from the perspective of whether law was followed. And indeed, the law in these domains is permissive enough that the trouble has more regularly been how easy it is to claim to follow it. So we should repudiate all nostalgia for a “rules-based international order” (a term coined in 2015!) without, at the same time, giving up the aspiration for the constraints on power that have been achieved in the past, and decrying their erosion.

3) In June last year, commenting on the origins of the Russian war in Ukraine, you wrote that “no more can anyone believe in the credibility of American power to advance [emancipatory values], or in its capacity to do so”. Indeed, in US history, there was a lot of intellectual production regarding the justification of foreign intervention by appealing to universal values: from the white man’s burden to emphatic support for R2P. These ideas, however, were part of grander ideological narratives concerning the United States’ self-understanding as a “beacon of hope” for the world. There have been versions of this both in conservative thought and liberal thought, under Republican and Democratic governments. Apart from changing how the US acts with respect to the rest of the world, could the Venezuela affair change how the US (or different factions within the US) sees itself?

ANSWER: I think Americans are much readier — in part because Trump forces them — to see their country as less principled than was once believed. That doesn’t mean it can make no difference for the better. But, as countries of the global south have long argued, it could do so more credibly if it shared power and wealth, and confessed to its crimes and mistakes. One trouble many of us have had with the response to the rise of Donald Trump is that a small subset of American elites have responded to him both by relying on him to wash away their own sins, while represented him as some kind of unprecedented transgressor. He isn’t, which doesn’t mean he isn’t worse than came before. But I firmly believe American elites still have a lot to learn about the complicity in his rise (and many other crimes and mistakes before it), and I worry that Americans are never far from demanding a return to to the illusion of their own beneficence and innocence.

4) In your book Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War, you argue that in the last few decades the United States have managed to render war, and expectations about war, more “humane”, with the consequence of making more tolerable at least to audiences in the US. At the same time, I quote, these “increased expectations of humanity in warfare. . . came with a cost: the moral improvement of belligerency could risk merely prettifying it.”

What happened on Saturday can dispassionately be described as an act of armed conflict. Not only that: President Trump has since stated that the US would “run” Venezuela, in ways that resemble what an occupying force would do after an invasion. Trump even openly threatened acting president Delcy Rodriguez with what could happen to her should she not abide by US desires. And yet, probably because of the precision of the operation, it seems to lack the moral condemnation normally associated with wars. The US government even defined it as an act of “law enforcement”. So I’m curious about how much rupture and how much continuity do you see. Does this fit the pattern you describe in Humane? Is war so “humanized” now that it can be conducted without even being recognized as such?

ANSWER: There’s more discontinuity than continuity. If the abduction of Maduro was similar to the policies of prior presidents, it was so in its concern for the near absolute immunity of American forces from harm, which the public won’t tolerate. Trump knows this, and it has been observed that, uniting all his aggressive foreign policy choices, the commonality is avoiding exposure of American troops to much harm. The operation was “precise” mainly in sparing American troops, since we still don’t how many Venezuelans died, and whether any were civilians. It is probably how he squares his acts with his earlier reputation as a critic of the Iraq war and U.S. warmongering in general. As for the representation of the events as policing, that allowed the president to avoid Congressional approval, and it allowed him to treat one criminal mastermind as the problem he was solving, leaving the rest of the regime in place in spite of its own relationship to the drug trade. I think the syndrome I wrote about of excusing belligerency if it is humane to potential foreign victims is something American liberals (such as Barack Obama) are more apt to care about - and Trump’s Secretary of State, Pete Hegseth, has actively criticized the rise of legal constraints on the conduct of hostilities. What I think is happening in Venezuela is an extension of Trump’s mafioso or “racket man” approach to politics to war - it is useful to decapitate a rival if it allows creating a client who will owe permanent debt. Trump is hoping Delcy Rodríguez and her cronies are willing to play this role, and if not he will replace them.

5) In all this process, it is hard to ignore the personality of President Trump. It looks silly, but commentators have speculated (this is just an example) with the possibility that Trump’s personal desire of winning the Nobel Peace Prize conditioned his attitude towards Venezuela. This, despite the fact that Trump ran on an “America First” platform, and that there are important wings in his government that are decidedly anti-interventionist. To what extent do you think developments in Venezuela were shaped by Trump’s idiosyncratic features? Or, to put it in other terms, to what extent do you think this represents a consistent new approach to international relations and international law and, if so, which parts of it will outlive Trump’s second presidency?

ANSWER: The events are decisively shaped by Trump’s idiosyncrasies, but I’m not sure his desire for a Nobel (his own, since he has accepted Maria Corina Machado’s gift of hers) played a big role. It has done so in his “peacemaking” in Israel and, perhaps above all, in his cross-pressuring of the leaders of Russia and Ukraine to reach an accommodation. That doesn’t sit well with Trump’s other obsession, which is showy uses of force to establish or reestablish my country's hemispheric supremacy. Of course, it is only fair to note that many Nobel peace prize winners have been warmongers, credited for taking a break from their usual approach, so Trump is probably not wrong to sense that he doesn’t need absolute consistency in this regard. I do think Trump illustrates American exhaustion with neoconservative warmongering, and its cousin “liberal internationalism” that prettified American empire. But his acts suggests a lack of ability or desire to break from them entirely, except in the direction of a more brazen and lawless and unpredictable resort to violent tools when he feels like it.

6) Although this is not the first time an attack is not authorized by Congress, the opposition has emphasized the unconstitutionality of the attack for that reason. To cite another example, close to home, Democrats heavily criticized Trump’s 20 billion-dollar bailout of Argentina in October, because it was considered more of a personal project than a national one. If this is true, foreign relations in the US are suffering from the same ills as other areas: an increasing disregard for constitutional law and concentration of powers in the Executive. What do you see in this transformation of the presidency? And what can we expect from international relations that are managed in this way?

ANSWER: Yes, and it is fascinating that Republican politicians have also voted in comparatively high numbers for reclaiming their responsibilities over war and peace in the face of Trump’s adventuring. The sad fact is, however, that both the American and global trend has been presidentialism — empowerment of the executive in relation to the legislature — for at least a century. And it is almost interrupted, with the counterexample in this country of the horrified response to Richard Nixon’s crimes and excesses. The situation is so dire now, with no comparable attempt to constrain president’s after Trump’s first term, that it has to be a multigenerational project to return to a democratic project rooted in parliamentary initiative and responsibility. Until then, even if “normalcy” is restored after Trump, we can expect an imperial president indefinitely, with choices for war made on a whim and lawyers in government signing off.

El constitucionalismo como “traje chico”

noreply@blogger.com (rg) — Fri, 09 Jan 2026 11:36:00 +0000

https://www.clarin.com/opinion/constitucionalismo-traje-chico_0_4pzud3Ho2s.html

En nuestro país, como en tantos, vivimos una debacle del constitucionalismo democrático. Este hecho se verifica casi cada día: un caprichoso incumplimiento de las leyes, por parte del Presidente (ie., financiamiento universitario, discapacidad); designaciones que se hacen en el Congreso, violando todos los reglamentos establecidos (ie., Auditoría General de la Nación); decisiones judiciales urgentes, que se demoran, sin razón alguna que lo justifique, durante más de una década (ie., regulación de los DNU). Este goteo cotidiano de miserias termina por generar, también, resultados de espanto. Entre ellos, destacaría la desafección o hastío que embarga a una ciudadanía que reconoce, sensatamente, que las autoridades públicas harán o dejarán de hacer exactamente lo que les venga en gana. Y es que, en los hechos -lo sabemos- la voz ciudadana -la nuestra- no cuenta. Como si nos dijeran: “ya han votado, ahora háganse a un lado.”

Por supuesto, debe señalarse que, frente a la crisis, todas las alternativas que se nos proponen, orientadas finalmente a suprimir al constitucionalismo democrático, prometen empeorar aún más lo malo que tenemos. Esto es decir: menos poder ciudadano, más discrecionalidad para el Presidente -la consolidación de lo que Bruce Ackerman denominara “presidencias imperiales”. La pregunta es, entonces ¿podemos hacer algo para mejorar lo que tenemos, en lugar de socavarlo? La respuesta es, sin dudas, positiva, pero para ello resulta imprescindible precisar, antes que nada, nuestro diagnóstico: ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Por qué razones? ¿Hacia dónde? Señalo esto porque, de manera demasiado habitual, los latinoamericanos nos embarcamos en reformas mayores -ie., constitucionales- que terminaron resultando auto-frustrantes, por su ambición enorme, con rumbo equivocado. Ello así, por ejemplo, a través de la incorporación de decenas de nuevos derechos constitucionales, que se acompañaron de (o vinieron a cambio de) un reforzamiento de los rasgos presidencialistas, o menos democráticos, de nuestra organización del poder (ie., reelección, decretos de necesidad y urgencia, etc.).

Un diagnóstico apropiado, según entiendo, debería conducirnos en la dirección opuesta a la transitada en estas décadas. Nuestro problema (constitucional) no es la falta de derechos, sino el mantenimiento de una estructura de poder poco democrática. Los nuevos derechos enumerados (que -vale aclararlo- bien incorporados están, en su gran mayoría) sirven de poco si, como ciudadanos, quedamos condenados a peregrinar pacientemente hacia los tribunales, o a pedirle de rodillas al Presidente, por derechos que, finalmente, los funcionarios nos otorgarán o no, conforme a su estado de ánimo. Las prácticas en las que se ha degrado el constitucionalismo, en estos tiempos, llevan entonces a que derechos que son “nuestros” e incondicionales, terminen convirtiéndose en “concesiones” a cargo del poder de turno, y así convertidos en “privilegios” que sólo sirven para reforzar el poder (y el poder de extorsión) de las autoridades constituidas.

Mi impresión es que, en el último siglo, el constitucionalismo se fue transformando en un “traje chico” para nuestras crecientes (y razonables) demandas democráticas. Como un “traje” diseñado para un niño o niño, en sus primeras celebraciones, y que insistimos con volver a colocarle hoy, cuando ya nos encontramos frente a un adulto, corpulento y desarrollado. Podemos suponer que el “traje” del constitucionalismo estuvo muy bien diseñado, y que sirvió perfectamente para albergar a un cuerpo social que era muy distinto del que hoy tenemos. En la actualidad, las necesidades y fines son otras, y el cuerpo ha cambiado de modo extremo, por lo cual no basta con agregarle botones al traje, o alargarle las mangas, o subirle el talle. Las viejas sociedades no sólo eran más pequeñas sino, fundamentalmente, otras: sociedades divididas en pocos grupos internamente homogéneos (ie., entre “capital” y “trabajo”), en donde una porción significativa o mayoritaria se encontraba excluida, en los hechos, de la participación democrática. Hoy, nos encontramos no sólo con sociedades compuestas por millones de personas (esto es lo obvio), multiculturales y heterogéneas, formadas por personas con identidades multifacéticas (nadie es hoy, “simplemente”, obrero o empresario) sino, además, con sociedades democráticamente “empoderadas”, compuestas por ciudadanos que se asumen, con razón, “dueños” de un poder que “otros” (la clase dirigente, “la casta”) le arrebatan. El “traje” del constitucionalismo democrático, entonces, debe cambiar (y no “obligadamente,” a través de una reforma constitucional). Podemos empezar a discutir, ahora, sobre los detalles de ese cambio, pero la razón y la dirección deben ser claras. No necesitamos “más concentración del poder” -es decir, no necesitamos un traje todavía más chico. Debemos ir hacia arreglos institucionales que vuelvan a dotar de contenido democrático a nuestra vida compartida. Y el “traje” del constitucionalismo debe hacer posible (en lugar de asfixiar o imposibilitar) a esa ambición democrática.

La filosofía del gobierno es contraria a la de la Constitución

noreply@blogger.com (rg) — Fri, 02 Jan 2026 12:32:00 +0000

Nota que publicamos hoy, en LN, con Marcelo Alegre

https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-filosofia-de-la-constitucion-es-contraria-a-la-del-gobierno-nid02012026/

La filosofía de la Constitución es contraria a la del gobierno

Roberto Gargarella y Marcelo Alegre

En este artículo, nos interesa señalar que la filosofía que subyace a la Constitución argentina expresa una combinación de tradiciones -presentes a lo largo de la historia del país- que permite albergar políticas públicas muy diversas, pero no, simplemente, cualquier política. La Constitución no es compatible con iniciativas racistas o de discriminación sexual; como no es compatible con el comunismo (entendido como abolición de la propiedad privada) o el libertarianismo (entendido como abolición del Estado). Decir esto es consistente con sostener que la Constitución obviamente protege los ideales personales más diversos (religiosos, filosóficos), y permite llevar a la práctica programas económicos absolutamente diferentes (regulaciones económicas más o menos fuertes; políticas favorables a la exportación o a la importación; etc.). Sin embargo, lo que aquí queremos subrayar es que la filosofía de la Constitución resiste o repudia, más que tolera, a la filosofía pública de este gobierno, basada en ideales de “destrucción del Estado, desde adentro”, y en el desdén hacia los principios más básicos de la justicia social (“la justicia social es una aberración”). Según diremos, la filosofía de la Constitución exige la presencia de un Estado activo en materia de derechos sociales básicos, y sostiene a la igualdad y a la justicia social como algunos de sus principios fundantes. Como forma de fundamentar estos dichos, permítasenos comenzar estas notas haciendo un poco de historia, destinadas a reconocer “qué tenemos”, en materia constitucional.

La Constitución argentina nació, como la mayoría de las Constituciones de América Latina, a partir de una amalgama de tradiciones, históricamente relevantes en la región. La Constitución original, la de 1853 combinó, de manera trabajosa, el ideario de dos de los idearios más influyentes en el país, luego de la Independencia: una corriente liberal, hija de la Revolución norteamericana de 1776 y la Constitución de 1787; y una corriente conservadora, legado de la centenaria dominación Hispánica en la región. A lo lejos, mientras tanto, resonaban todavía los ecos de una tercera tradición, republicana, derivada de la otra gran Revolución de aquellos años, la Revolución francesa (y su legado constitucional, reflejado sobre todo en las Constituciones de 1791, 1793, y 1795, con su impronta jacobina a cuestas).

Bebiendo de esas distintas fuentes, la Constitución de 1853 terminó por establecer una Declaración de Derechos que combinó compromisos muy liberales (ie., el “principio del daño” del artículo 19, que protege las acciones “privadas”; o la libertad de expresión; o la tolerancia religiosa, o los “frenos y contrapesos”, que incluían el veto presidencial; el control judicial sobre la Constitución), junto con otros compromisos más conservadores (un Poder Ejecutivo reforzado; el estado de sitio; la intervención federal; etc.)

El producto de esa combinación fue, seguramente, imperfecto, pero la práctica desarrollada desde entonces ayudó a “suavizar” y “pulir” algunos de aquellos desajustes, y a consolidar otros rasgos que no habían quedado claramente definidos en aquella redacción inicial de 1853. Por ejemplo, el artículo 19, sobre la protección de las acciones privadas, tendió a ser interpretado en línea con su contenido liberal (más que en relación con sus rasgos conservadores), y fue decantando, así, hacia un artículo básicamente protectivo de la moral personal. Mientras tanto, otros aspectos radicalmente conservadores de la Constitución de 1853, como la evangelización obligatoria de los pueblos originarios, terminaron cayendo en desuso, hasta ser finalmente eliminados del documento.

Nuestro actual texto constitucional ya no es la de 1853, aunque aparece muy claramente “montado” sobre aquel escrito originario. De entonces a hoy, la Constitución tuvo algunas modificaciones importantes que contribuyeron a darle su perfil actual. En primer lugar, la Constitución tuvo una modificación significativa en 1957, destinada a retomar parte del “contenido social” de la derogada Constitución peronista de 1949. De modo más general, podría decirse que, desde ese momento, y a través del artículo 14 bis, la Constitución argentina recuperó los aspectos sociales que eran propios de la vieja tradición republicana, que a mediados del siglo xix había quedado desplazada de la mesa de negociación constitucional. Reactualizada al lenguaje y necesidades del siglo xx, nuestro republicanismo social se expresó en compromisos que hemos decidido mantener, a pesar de su exigente carácter: “condiciones dignas y equitativas de labor”; “participación en las ganancias”; “seguridad social”; “acceso a una vivienda digna”; etc. Se trata, sin duda, de ideales demandantes, y difíciles de alcanzar. Sin embargo, lo que ya no puede hacerse es considerar a tales exigencias como si no estuvieran escritas, o interpretar a la Constitución como si fuera “muda” o indiferente, en materia de programas económicos. Por el contrario, y frente a cualquier reforma laboral o de la seguridad social, la primera pregunta deberá ser siempre: “contribuye la misma a alcanzar o a socavar los ideales constitucionales?” Si lo segundo, entonces, deberá considerarse a la misma como una política constitucionalmente impermisible.

Finalmente, en 1994 nuestra Constitución fue objeto de una nueva reforma, que terminó de definir su identidad presente. Desde entonces, nuestra Constitución, que expresaba una “mezcla” de las tres grandes tradiciones de la modernidad -el liberalismo, el conservadurismo y el republicanismo- se puso en línea con algunas de las principales demandas de su tiempo, y reparó algunas de sus más objetables omisiones. Seguramente, el principal compromiso asumido por nuestra Constitución, desde el fin de la última dictadura, fue el de dotar de nivel constitucional a tratados ya firmados por nuestro país, en materia de Derechos Humanos. Asimismo, y por ejemplo, la Constitución de 1994 le otorgó -por fin- reconocimiento a los postergados derechos de las comunidades indígenas; y se comprometió abiertamente con políticas de igualdad de género, insistiendo en dos oportunidades en la consagración del principio de “igualdad real de oportunidades”. Hablamos, una vez más, de cláusulas constitucionales de carácter exigible, y no de “poesía,” o de “expresiones de deseos”, ni -mucho menos- de “ideología woke”.

En términos contemporáneos, la filosofía de nuestra Constitución puede entenderse como la confluencia de un liberalismo igualitario, una vertiente social cristiana y una mirada socialdemocrátrica. Sin embargo, inequívocamente, y de manera sistemática, tanto el Presidente como sus principales referentes en materia económica, se obstinan en expresar una filosofía institucional que se enfrenta, de manera muy directa, con los ideales más importantes de la Constitución. Ello así, y por ejemplo, al considerar a la “justicia social” como “aberrante”; a los derechos sociales como “una bazofia”; a los derechos humanos como un “curro”; o al Estado como un monstruo a socavar desde adentro (“como un topo”). Más aún, cuando miramos cada una de las políticas públicas adoptadas o propuestas por el gobierno (en materia de reforma laboral, previsional, penal, etc.) advertimos, en aquellos insultos, algo más que provocaciones. Se trata de la expresión práctica de una filosofía pública que, en los hechos, toma como enemigo a la Constitución. Así, y sólo por citar algunos ejemplos, al ignorar el lugar privilegiado que la Constitución reserva para los niños, los ancianos, y las personas discapacitadas (arts. 14 bis y 75 inc. 23); al promover el desfinanciamiento de la ciencia y la Universidad, en una Constitución que toma a la educación como derecho fundamental, y exige la promoción de “la investigación” y el “desarrollo científico y tecnológico” (arts. 14 y75 inc. 19); al menospreciar como extravagantes o políticas “woke” a las contundentes exigencias constitucionales sobre igualdad real y acciones positivas en materia de género (arts. 37 y 75 inc. 23); al alentar reformas punitivistas en el marco de una Constitución notablemente garantista (art. 18); al buscar una contrarreforma en el derecho laboral, pieza esencial de la justicia social (férreamente sostenida por el art. 14bis). En definitiva, mientras rija la Constitución actual, existen claros límites a la acción de gobierno, que requieren un rechazo frontal a toda propuesta dirigida a vulnerarla. En otros términos, sostener, como sostenemos, la filosofía de la Constitución de 1994, nos fuerza a oponernos a un gobierno que, en las palabras y en los hechos, la repudia.

Roberto Gargarella es Doctor en Derecho, e Investigador Superior del CONICET

Marcelo Alegre es Catedrático de Filosofía del Derecho en la UBA

14 recomendaciones de películas que vi en el 2025

noreply@blogger.com (rg) — Wed, 31 Dec 2025 02:32:00 +0000

Comento muy brevemente 14 películas que me gustaron, este año (con una curiosidad, y es que son todas de muy distintas nacionalidades: una portuguesa, una belga, una canadiense, una ucraniana, una española, una italiana, una inglesa, una brasileña, una peruana, una china, una de Zambia, una argentina, una norteamericana)

Una quinta portuguesa (de Avelina Prat, 2025). Película luso-hispánica, la que más me gustó de todas las que vi este año. Sobre la posibilidad de empezar la vida de nuevo, retirado y lejos de la vida anterior.

Soundtrack to a Coup d'Etat (de Johan Grimonprez, 2024). Tremendo documental co-producido entre Bélgica, Francia y los Países Bajos. El film tiene algo que ver con la irrupción, en el Consejo de Seguridad, de algunos músicos de jazz norteamericanos (Abbey Lincoln y Max Roach), para protestar por el asesinato de Lumumba en el Congo (¡!). Lo cierto es, en todo caso, que el resultado es un film completamente hipnótico, con una banda sonora que podría escucharse todo el tiempo, sin parar, una y otra vez.

Caught by the tides (de Jia Zhangke, 2024), traducida como “A la deriva,” la película es un conjunto de fragmentos (“a la deriva”), más o menos desunidos entre sí (aunque provienen de unos 20 años de filmaciones azarosas y, sobre todo, dos películas previas), que vienen a dar una idea de personajes, pueblos y segundos planos de la China del siglo xxi. Bastante notable.

Matt and Mara (de Kazik Radwanski, 2024). Película canadiense, muy menor, que se convirtió en mi “film romántico” del año. Con una pareja improbable, y dos personajes/protagonistas (muy académicos ambos) muy carismáticos.

Dos fiscales (de Sergei Loznitsa, 2025). Otro gran aporte del cineasta ucraniano, referido al encuentro entre dos visiones sobre el derecho -una, burocrática, y apegada al poder; y otra, virginal, y azorada frente a lo mismo- en la época de Stalin. Loznitsa habla de las delaciones, las burocracias, los soplones del poder, los dependientes del poder, los que venden su alma al diablo, durante el stalinismo, para señalar y denunciar los mismos dramas, en la actualidad, entre nosotros.

También esto pasará (de Maria Ripoll, 2025). Película española, basada en la novela (autobiográfica) de Milena Busquets, en donde Milena cuenta sus reacciones -de ansiedad, de angustia, de búsqueda de afecto y promiscuo reencuentro con amantes- luego de la muerte de su madre. Todo, a través de un viaje a la hermosísima Cadaqués -pueblo y refugio de artistas y pescadores.

La gran ambición (de Andrea Segre, 2024). Film italiano, sobre el ascenso, crecimiento y muerte del grandísimo líder comunista Enrico Berlinguer. La película no es perfecta, pero el personaje es tan fascinante (y no debidamente conocido) que la visión del film se torna imperiosa, por decir algo.

On falling (de Laura Carreira, 2024). Película social luso-británica, es el debut cinematográfico de la portuguesa Carreira. Ambientada en Escocia, y de carácter KenLoachiano, se trata de un drama muy de estos tiempos, de desplazamiento y precariedad laboral, esclavitud en trabajos horrorosos, y la insatisfacción vital que todo eso genera.

Apocalipsis en los trópicos (de Petra Costa, 2024). Otro documental político, que viene de Brasil, y trata sobre el evangelismo y el bolsonarismo en los últimos años. Me pareció muy bueno y sensible, como todo lo que hace Petra Costa, un gran nombre del cine brasileño y latinoamericano.

Reinas (de Klaudia Reynicke, 2024). Película peruana, cuenta la historia de dos hermanas, jovencitas, que están a punto de abandonar su país, llevadas/arrastradas por su madre, en los 90s, en busca de un futuro mejor. En el medio, reaparece el padre ausente, bonachón, irresponsable, mentiroso, lo que convierte a la película en metáfora latinoamericana sobre decadencia y peruanidad.

Black dog (de Guan Hu, 2024). Algo insólita y sorprendente, se trata de una gran película china. El film cuenta el derrotero de un ex presidiario que, como modo de reinserción social, y en las vísperas de los Juegos Olímpicos de Pekín, 2008, participa en la caza de un perro salvaje (dentro de un programa de “eliminación de perros salvajes” y limpieza de la ciudad), con el que termina estableciendo una relación de amistad.

On becoming a Guinea Fawl (de Rungano Nyoni, 2025), película originada en Zambia, una tragicomedia desgarradora, en torno a un funeral en el que se venera, con los tradicionales honores locales, a un familiar imperdonable.

Belén (de Dolores Fonzi, 2025). Película argentina, basada en el libro “Somos Belén,” de Ana Correa. Después de la interesante “Blondi”, de 2023, Fonzi vuelve a mostrar que tiene talento no sólo como actriz. Tema difícil, muy bien llevado.

Hamnet (de Chloé Zhao, 2025). Un nuevo gran film de la directora china (autora de la aclamada Nomadland), acerca de William y, sobre todo, Agnes Shakespeare, luego de perder a su hijo Hamnet (que antecedió a la escritura de Hamlet). Historia conmovedora, con notables actuaciones (y es habitual) de Paul Mescal y, sobre todo, Jessie Buckley.

Diez artículos que marcaron mi vida académica

noreply@blogger.com (rg) — Sat, 20 Dec 2025 12:19:00 +0000

Mi primer artículo en lacritica.ar, acá:

https://lacritica.ar/post/diez-articulos-que-marcaron-mi-vida-academica/

Presento, a continuación, 10 artículos que marcaron mi trayectoria como académico (en realidad, son 8 artículos, y 2 largos ensayos, devenidos en sendos libros). Con distancia advierto, como notas comunes a los escritos que destaco, que se trata de textos redactados de una manera sencilla y comprensible; referidos (más o menos directamente) a temas de primer interés público; y orientados a “intervenir” en la vida política. Los menciono y cuento un poco de mi relación con ellos.

Todos los artículos del libro El Federalista, me resultan extraordinarios. Entre mis favoritos figuran los obvios: el n. 10 (en donde James Madison ofrece las razones centrales de por qué se escribe la Constitución; el 51 (en donde Madison procura justificar el sistema de los checks and balances); el 78 (en donde Alexander Hamilton presenta una defensa monumental del Poder Judicial que, por entonces, se diseñaba). Más allá de los desacuerdos que me generan, estos artículos me resultan excepcionales por tratar de cuestiones de primer orden; por estar escritos de un modo comprensible para cualquiera; y por no incluir la mínima concesión a la demagogia. Van siempre al punto (se trataba, finalmente, de breves artículos que aparecían en los periódicos de la época), con precisión clínica, y a través de un lenguaje libre de barroquismos y engañosas oscuridades. Un modo ejemplar de cómo hacer (aquello que Michael Sandel denominó) “filosofía pública”. En mi aprendizaje sobre los debates constituyentes norteamericanos, estos textos, más los debates constituyentes (los 4 tomos redactados por Madison como secretario de actas, pero editados por Max Farrand), más, algunos trabajos como los de Gordon Wood -en The Creation of the American Republic- resultaron fundamentales (y, en algún sentido, suficientes, dado su carácter).

Aquí ya hago un poquito de trampa, al mencionar -como segunda recomendación- al “largo ensayo” de John Stuart Mill, Sobre la Libertad, que en verdad apareció, desde un comienzo, en forma de libro. En todo caso, y más allá de la forma en que se dio a conocer, quiero destacar al ensayo/libro como una pieza, simplemente, magistral. John Rawls, a quien me referiré enseguida, citó a este texto, junto con pocos otros (la Declaración de la Independencia norteamericana; el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln; el Segundo Tratado, de John Locke) como ejemplares, en su capacidad de trascender la discusión de un momento, y pasar a formar parte de nuestra cultura política. Un texto brillante que, de modo simple y contundente argumenta en favor de causas e ideales fundamentales (empezando por la libre expresión; el valor de la expresión crítica) controvertidas en su tiempo, y todavía hoy.

John Rawls tardó 20 años en escribir la Teoría de la Justicia, y otros 20 años en completar su segundo gran libro, Liberalismo Político. En el medio, hay sobre todo dos artículos principales, que pueden ser considerados “estaciones intermedias” entre un libro y el siguiente. Por un lado, el artículo/ensayo al que quiero referirme ahora, “Justice as Fairness: A Restatement" (luego convertido en pequeño libro), y por el otro, “Política, no Metafísica.” “Política, no Metafísica” representa una autocrítica respecto de Teoría de la Justicia, y constituye -en mi opinión- el eslabón decisivo hacia Liberalismo Político, en donde el propio Rawls mira (y en parte objeta) a su primer libro, por implicar una doctrina “abarcativa”, demasiado densa como para ser objeto de un consenso social amplio (de un overlapping consensus). “Justicia como Equidad: una Reescritura” aparece -para mí- como un intento dirigido, principalmente, a “responder a los críticos” -infinitos- que habían salido a comentar y objetar Teoría…Las respuestas y desarrollos que aquí avanza Rawls (como todo lo que él escribió) son fantásticas, pero además tienen, como pocas veces, una pulsión política abierta, que les dan un sabor especial. Aquí es donde, por ejemplo, Rawls deja en claro por qué es un error considerar a su Teoría como una defensa del capitalismo actualmente existente, y aún verlo como una defensa de la socialdemocracia, desde los Estados Unidos. Ambas alternativas resultan, para Rawls, completamente ajenas a su proyecto, incompatibles con el “valor equitativo de la libertad”.

En mis cursos, solía dar un gran artículo de Ronald Dworkin: “¿Son injustos los cupos? El caso Bakke”, en donde Dworkin hace una fuerte defensa de los cupos, algo bastante insólito para un liberal. El artículo es uno de los tantos que me fascinan de su libro Una cuestión de principios, que terminamos traduciendo e incluyendo en la colección que dirijo en la editorial Siglo XXI. Se trata de un artículo extraordinario, dentro de un libro que me emociona. Y me emociona porque lo muestra a Dworkin tal como fue: alguien que, desde el derecho, hizo frente a una cantidad de temas de enorme relevancia jurídica, habitualmente desatendidos por los grandes juristas (la desobediencia civil, la interpretación del derecho -aquí está el artículo sobre la relación entre derecho, literatura, e interpretación-, la necesidad de que los liberales se ocupen de la igualdad; la crítica a los enfoques eficientistas del derecho; etc.). Dworkin, como Nino, son mis ejemplos de cómo y por qué hacer derecho. Hacerlo de un modo serio, claro, meditado, argumentativo. ¿Y para qué? Para cambiar el mundo, para hacerlo mejor.

“Diferencia y dominación,” de Catharine MacKinnon. Este artículo forma parte de su libro Feminismo Inmodificado, y constituye una de sus piezas fundamentales. El artículo incluye, casi al pasar, una crítica al liberalismo, que leí como situado en un ring, y recibiendo un cross directo a la mandíbula, cuando me encontraba mirando para otro lado. Es de una fuerza retórica sorprendente: lo arranca a uno de sus raíces, y lo deja tirado allí, en la tierra, preguntándose “y dónde estuve yo, durante todo este tiempo?” Mackinnon objeta al liberalismo por 5 razones: su individualismo, su atomismo, su pretendida neutralidad, su falso universalismo, el modo en que distingue lo público y lo privado. Con éste y otros artículos (particularmente, con sus textos sobre acoso sexual en el trabajo), Mackinnon directamente cambió la historia del derecho moderno (ella fue quien, por ejemplo, “inventó” la categoría del acoso sexual en el trabajo). Cuando estudiaba en Chicago, escribí una respuesta al texto de Mackinnon (que mi supervisor de entonces, Cass Sunstein, elogió desmesuradamente), y al poco tiempo supe que don Martín Bohmer había hecho lo mismo, durante su propio doctorado (unos años después): tomar las cinco críticas presentadas por Mackinnon contra el liberalismo, y buscar resistirlas. En todo caso, el aporte que importa aquí es el de ella, el que cambió la historia.

“¿Es la tenencia de drogas con fines de consumo personal una de “las acciones privadas de los hombres”?” de Carlos Nino, fue publicado en la revista La Ley, en el año 1979. Éste fue el primer artículo que leí, escrito por Nino, y me deslumbró en su claridad, profundidad y relevancia. Estaba lleno de conceptos que no conocía y que marcarían mi trayectoria futura: autonomía individual, paternalismo jurídico, perfeccionismo. En una versión más compleja, el texto quedaría incorporado al libro Ética y Derechos Humanos, el que más me influiría de los escritos por él. Alguna vez conté que, en 1984, comencé a cursar el “Seminario de los Viernes” con Nino, y que terminé el año en silencio, sin poder articular palabra durante ninguna de las sesiones de los viernes. No entendían de qué hablaban, pero estaba deslumbrado. En esas vacaciones de verano, me llevaría a San Bernardo un único libro, Ética…, que me devoraría impiadosamente durante esos quince días (todavía conservo el libro conmigo, rayado, lleno de círculos y símbolos, las hojas dobladas, ilegible ya). Cuando terminé las vacaciones, sin embargo, lo supe. Había aprendido un nuevo idioma: ahora conocía el lenguaje.

En su artículo “Judicial Review and the Conditions of Democracy”, de 1993, Jeremy Waldron empezó a referirse al control judicial de constitucionalidad (en la forma en que está organizado en países como los Estados Unidos) como “un insulto” a la democracia. El artículo sería incorporado más tarde, a través de una versión algo modificada, en su libro Law and Disagreement. Para muchos de nosotros, analistas y críticos de la revisión judicial, dichos textos marcarían un antes y un después. Yo, como algunos (no tantos) me encontraba por entonces buscando esa literatura crítica sobre la judicial review, que había comenzado a explorar gracias a las fotocopias que (como “maná del cielo”) traía luego de cada verano, Nino, finalizada su temporada de clases en los Estados Unidos (y ahí, textos de Duncan Kennedy, de Mark Tushnet, etc.). En todo caso, por la claridad y contundencia de sus análisis, los escritos de Waldron se convirtieron inmediatamente en nuestra primera referencia. Seguiríamos caminando juntos, desde entonces, y por muchos años (ya no!).

“El Precompromiso y la Paradoja de la Democracia”, escrito por Stephen Holmes, me resultó un texto fundamental. En él, Holmes retomaba y desarrollaba, con ayuda de la historia y la teoría política, los estudios que había abierto Jon Elster (luego mi supervisor en Chicago), en torno al constitucionalismo y la democracia (a través de libros escrito por el autor noruego, como Ulises y las Sirenas, y Uvas Amargas). El texto apareció en otro volumen, editado por Elster y Rune Slagstad, que resultaría decisivo en mis estudios, hasta hoy: Constitucionalismo y democracia. En el escrito de Holmes, y en general en este libro, se desarrolla la rica y controvertida metáfora de la Constitución como un ejercicio de auto-limitación (precompromiso o autopaternalismo), destinado (no a auto-esclavizarse sino, por el contrario) a “ganar libertad”, sin sucumbir en el camino a las tentaciones provenientes del canto de las sirenas (y así, censurar a la prensa, perseguir a opositores, terminar con el debido proceso, etc.). La Constitución podía ser vista, entonces, como un “límite que libera,” una forma de autorrestringirse (atándose las manos al mástil, Ulises; atándose las manos a la Constitución, una comunidad) para ganar en autogobierno.

“¿Por qué no el socialismo?” es un maravilloso y muy breve texto de Gerald Cohen, luego convertido también en un pequeño librito. Se trata de un hermoso ejercicio, propio del judío canadiense, profesor en Oxford: claro, político, agudo, desafiante, divertido, controvertido. Cohen en su mejor expresión. El texto, que representa una de sus últimas intervenciones en la discusión filosófica política, es una defensa “realista” del socialismo, ajustada a las motivaciones que podemos mostrar y desarrollar, “naturalmente”, bajo ciertas condiciones y prácticas, como la de “salir de campamento” con amigos. En el campamento -nos dice Cohen- cualquier ejercicio individualista o afín al “libre mercado” (“vendo al mejor postor lo que he pescado hoy”) resultaría simplemente inconcebible -que expresaría un manifiesto no entender de qué se trata la práctica compartida- que todos miraríamos con perplejidad, con asombro. Las objeciones al texto resultan, en muchos casos, obvias, pero el desafío que nos presenta Coehn sigue en pie, y es hermoso.

“Politics, Ideology and Society in Post-Independence Spanish America," de Frank Safford. El artículo de Safford es extraordinario, por varias razones. Ante todo porque, por algún motivo, los juristas no se han ocupado de un ejercicio comparativo del derecho latinoamericano (aquí, en sus orígenes) de este modo profundo, ilustrado, abarcativo. Lo que encontramos siempre son referencias a un único país, en donde el autor observa, desde lo alto de ese mirador, el derecho de otros países vecinos. En “Politics…”, en cambio, nos encontramos con un historiador, que comprende muy bien la trayectoria de todos los países de la región; que conoce lo que han escrito sus juristas; que entiende lo que buscaron sus líderes políticos. Un pequeño milagro (que no debiera serlo) dentro de un gran tratado sobre historia latinoamericana (The Cambridge History of Latin America, editado por Leslie Bethell, de quien tuve la suerte de ser ayudante en Chicago). El texto de Safford influyó muchísimo en mis primeros estudios del constitucionalismo regional. Ello así, junto con otros trabajos también fundamentales. Pienso en los libros de nuestro Eric Hobsbawm: el maestro Tulio Halperín Donghi.

LA CRITICA del derecho (LA CRITICA DD)

noreply@blogger.com (rg) — Sat, 20 Dec 2025 12:10:00 +0000

En conjunto con un grupo de buenos amigos -Ramiro Álvarez Ugarte, Gustavo Arballo, Gustavo Maurino, Mariela Puga, Agustina Ramón Michel- y rodeados de muchos otros excelentes colegas y amigos, lanzamos, este 10 de diciembre, LA CRITICA del derecho. Un hermoso emprendimiento, que llevamos adelante dedicándole un montón de tiempo, gratuitamente, con increíble entusiasmo. Resulta un lujo poder desarrollar un proyecto así, voluntariosa y cooperativamente, e increíble -en estos tiempos de debacle- ver tanta energía puesta en una empresa que no sabemos si se encontrará con sus lectores y amistades. Tal vez ésta sea la mejor manera de hacer algo: con alegría y las puras ganas. Qué bueno! Qué afortunado me siento de poder trabajar así!

Pueden leerla, acá: lacritica.ar

50 años de "Crisis de la Democracia"

noreply@blogger.com (rg) — Wed, 19 Nov 2025 01:22:00 +0000

Se cumplen en estos días 50 años del controvertido reporte Crisis de la Democracia, publicado en 1975 por tres lúcidos cientistas sociales: Samuel P. Huntington, Michel Crozier y Joji Watanuki. El reporte les había sido encargado por la Comisión Trilateral, en el contexto de la Guerra Fría. La Comisión, por su parte, era una iniciativa de David Rockefeller (por entonces presidente del Chase Manhattan Bank), que agrupaba a destacadas personalidades de las empresas y los negocios, provenientes de las tres zonas principales de la economía capitalista del momento: Estados Unidos, Japón, y Europa Occidental. Desde esa organización, se pretendía una mejor comprensión de la crisis que atravesaba por entonces la democracia, y que se traducía en descontentos, movimientos de protesta y aún levantamientos armados, en una amplia porción del mundo occidental. El reporte en cuestión -de enorme interés, todavía, para nosotros, y para nuestro tiempo- realizaba el análisis siguiente. La prosperidad económica de mediados de siglo, junto con la consiguiente expansión del poder de grupos sociales (grupos que antes no tomaban parte activa de la vida política), se ha traducido en una mayor participación social y, sobre todo, en mayores demandas sobre el Estado. Sin embargo, las capacidades estatales para absorber y gestionar esas demandas se mantuvieron, en todo ese tiempo, idénticas a las del pasado. Por lo tanto -y aquí la conclusión principal del informe- el sistema institucional quedaba sobrecargado de demandas que era incapaz de satisfacer. Por ello también -y aquí el punto más criticado del informe- resultaba necesario recuperar o promover un determinado nivel de “apatía democrática” en la ciudadanía, y liderazgos fuertes, a los fines de volver posible la gobernabilidad del sistema.

Que existía una tensión profunda entre el sistema constitucional y la democracia, resultaba claro, al menos, desde comienzos del siglo xx, y la llegada de la “política de masas,” y del sufragio universal. El sistema vigente, parecía obvio, no se había preparado para recibir y procesar ese aluvión de demandas nuevas. Los objetivos del constitucionalismo habían sido, siempre, otros (importantísimos, claro, pero no los de la democracia): controlar el poder, prevenir los abusos, garantizar la estabilidad política. Para lograr esos objetivos “nobles”, el constitucionalismo se había preparado durante siglos: había creado Declaraciones de Derechos, desde el siglo xv; comenzado a ensayar con la separación de poderes, en tiempos de Locke, durante el siglo xvii; organizado un sistema de checks and balances, desde el constitucionalismo norteamericano, en el siglo xviii. Pero después de entonces, el constitucionalismo pareció dar su labor, por terminada: todo lo importante, ya estaba hecho. Lo que seguirían serían variaciones sobre lo mismo (nuevos derechos, tribunales más fuertes, jueces más activos). Esto es decir, más de un siglo antes de la llegada del sufragio universal, la fábrica del constitucionalismo ya se mostraba cerrada. Por eso, el constitucionalismo entró en “shock”, a comienzos del siglo xx, y con la llegada de la democracia -con la consagración definitiva del sufragio universal. De allí que el sistema se mostrara inhábil para vincularse con (para receptar a) la democracia, no resultó una sorpresa. La sucesión de golpes de estado que estalló en América Latina, desde la llegada del sufragio, representó un buen indicio de las tensiones que habían emergido. Algo similar podía derivarse de los brotes de autoritarismo y violencia, en la Europa de principios de siglo: el sistema se mostraba incapaz de canalizar el descontento, y saldar los reclamos insatisfechos. No por azar, entonces, parte de lo más importante de las ciencias sociales, comenzaron a insistir sobre “el problema de la democracia”. En Economía y Sociedad, Max Weber destacó a los aparatos administrativos y los funcionarios técnicos, que quedaban a cargo de la resolución de los principales asuntos de gobierno. Joseph Schumpeter dedicó el corazón de su libro principal, Capitalismo, Socialismo y Democracia, a demostrar la irrazonabilidad e imposibilidad de la democracia participativa, mientras se pronunciaba a favor de un gobierno de expertos. Robert Dahl, en sus primeros trabajos (Poliarquía o Prefacio a la Teoría Democrática), reducía la democracia a una “poliarquía”, en donde grupos distintos disputaban, libremente, y sin mayor intervención popular, su influencia en los asuntos de gobierno.

Demasiada agua ha pasado bajo los puentes de la política, en todo este tiempo, pero algunos de los problemas que generaban preocupación entonces, se mantienen, mientras que otros, directamente, se han agravado: el sistema representativo enfrenta una crisis irremediable; la larga trayectoria de los partidos políticos ha terminado; el sistema institucional parece autonomizado de la ciudadanía; el poder luce concentrado como nunca; las instituciones de control han siso “erosionadas” o, en los peores casos, directamente colonizadas por sectores de intereses legales o ilegales. A la luz de lo que acontece, las alertas que, desde hace décadas, emitieron los principales teóricos sociales, siguen resultándonos relevantes. Sin embargo, en este momento, la conclusión debe ser diferente, y la solución más bien opuesta a la que ellos enunciaron. No se trata de preservar al sistema constitucional, “apagando” el ardor de los reclamos mayoritarios. Esta vez, lo que se debe es cambiar al sistema institucional, para tornarse más sensible, más abierto, más hospitalario, frente a nuestras voces y reclamos democráticos.

El fin de la representación política

noreply@blogger.com (rg) — Thu, 06 Nov 2025 07:51:00 +0000

Publicado hoy en LN, acá: https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-fin-de-la-representacion-politica-nid06112025/

El fin de la representación política

El sistema representativo nació pensado para sociedades muy diferentes de las nuestras, y el diseño institucional que lo rodeó, fue ajustado a ese contexto, y a aquellos tiempos. Pienso en fines del siglo xviii, y en sociedades que eran, no sólo más pequeñas, y divididas en unas pocas facciones sino, sobre todo, más compactas, más homogéneas. Por eso, en las sociedades pre-industriales, pudo pensarse en representar a “mayorías y minorías” (o, si se quiere, a “toda la sociedad”, compuesta de pequeños y grandes propietarios), con instituciones diseñadas para incluir a ambos grupos, y capaces de contenerlos. En su momento, por ejemplo, se asumió que las elecciones directas garantizaban la selección de representantes propios de la mayoría del pueblo, mientras que a las minorías se les aseguraba el ingreso al gobierno, por otros medios: elecciones indirectas, sí, pero también requerimientos de estudios (i.e., para los jueces); o condiciones de propiedad o ingresos (ie., para los senadores). Con la ayuda de ese tipo de instrumentos, se asumía, la sociedad quedaba finalmente representada: “todas” las distintas porciones de la sociedad pasaban a formar parte del sistema de toma de decisiones, en cada uno de sus aspectos.

Con la llegada de la sociedad industrial, el sufragio extendido, y la política de masas, todo cambió. Ahora, había cantidad de voces inauditas y reclamos nuevos, que exigían ser tomados en cuenta: millones de demandas antes desconocidas. Sin embargo, en buena medida, y después de una dramática crisis inicial (que en América Latina quedó reflejada con el nacimiento de los “golpes de estado”), el sistema institucional, poco a poco, se acomodó. A ello contribuyeron factores diversos y de distinto tipo: desde medidas económicas (el nacimiento del Estado de Bienestar), hasta la administración burocrática, y sobre todo, me animaría a decir, la consolidación de los partidos políticos. Los partidos políticos, particularmente en sus primeras décadas, cumplieron con una gran tarea como correas de transmisión o mediadores, entre sociedad civil y sistema de gobierno. Los partidos asumieron formas distintas (religiosos y laicos, por ejemplo), pero entre ellos se destacaron y se estabilizaron, sobre todo, los partidos de clase, los que reflejaban la división social principal: la división entre capital y trabajo. Entonces, aparecieron partidos que todavía perduran, como el Partido Laborista y el Conservador, en Inglaterra; o Republicanos y Demócratas, en los Estados Unidos; o, en la Argentina, un Peronismo de clase obrera, y un Radicalismo para las clases medias.

Durante décadas, y con estas nuevas mediaciones, el sistema institucional “aguantó”, y la sociedad, en buena medida, pudo decirse a sí misma que se encontraba políticamente representada. Pero, otra vez, las comunidades volvieron a cambiar, en su estructura económica, en su organización social, en su formación educativa. Poco a poco, en las nuevas sociedades, post-industriales, las divisiones antiguas (entre grandes y pequeños propietarios; capital y trabajo; clases altas, medias y bajas) perdieron sentido. Ingresaron así, a la vida pública, y con sus propias demandas y expectativas, cantidad de nuevos grupos, que ya no encontraban fácil expresarse partidariamente, ni encontraban qué persona o qué agrupación los representase: desempleados, empleados en negro, empleados autónomos, trabajadores informales. Con la explosión multicultural, todo adquirió un nuevo nivel de dificultad. Ahora aparecían grupos y minorías que, por primera vez, y por fin, se consideraban autorizados a reclamar por lo que consideraban propio: el lugar que nunca se les había reconocido. En dicho marco multicultural, mujeres, minorías étnicas, minorías raciales, minorías lingüísticas, minorías sexuales ingresaron con toda su fuerza en la esfera pública. Pero ya los viejos envases o continentes -los partidos políticos- no parecían servir, en absoluto, para canalizar sus reclamos. Se hicieron recurrentes, entonces, las quejas, y las demandas insatisfechas. Los Congresos lograban incluir, entonces, dentro suyo, sólo a un puñado de intereses y puntos de vista, mientras que la mayoría de ellos quedaban “puertas afuera”: el sistema institucional se mostraba fundamentalmente incapacitado para representar a toda la sociedad, como antes lo hacía.

En el tiempo presente, la situación se radicalizó, con el desarrollo de identidades multifacéticas, individualizadas. Quiero decir, contemporáneamente, el hecho de que una persona sea un obrero o un empresario predice muy poco sobre lo que esa misma va a querer o demandar frente a los aspectos claves de su vida. En el pasado, con cierta razón, se podía presumir que, dado el lugar que ocupaba un individuo en la escala salarial y social, esa misma persona exigiría ciertos resultados, comunes a todos los de su clase: mejores salarios, seguridad en el trabajo, vacaciones pagas. De alguna manera, el interés de un obrero era común al de todos los obreros; el interés de un empresario, común al de todos los empresarios. Por eso, en el pasado, pudo asumirse, con razón, que la presencia de un puñado de obreros, en el Congreso, implicaba la representación de todos los obreros, de toda una clase. En la actualidad ya no. El hecho de que una persona sea un obrero ya no nos permite predecir, en absoluto, que los intereses de este individuo van a coincidir, en lo esencial al menos, con el de todos los aquellos situados en su misma franja salarial. Mucho menos que eso: no es dable esperar que este obrero tenga mucho que ver con la misma persona que se encuentra sentada a su lado, en su propio trabajo. Juan puede ser un obrero pero, previsiblemente, y a diferencia de su compañera María, tendrá opiniones particulares y diversas de las de ella, en una mayoría de los temas que les interesan: sobre la inmigración; sobre salud reproductiva; sobre drogas; sobre armas; sobre política, sobre economía. Las preferencias no son comunes, ni transitivas entre una y otra área de la vida, ni estables en el tiempo, como alguna vez -se asumió- lo fueron.

Bajo las condiciones presentes, el viejo sueño de la representación plena se terminó. No se trata entonces, y simplemente, de que en el Congreso nos encontraremos (como siempre) con algunos representantes corruptos, o ineficientes, o mal formados. Todo eso es y será cierto, pero hay un problema mayor, de carácter estructural: en estas nuevas condiciones económicas, sociales, culturales, personales, ya no es posible, en los viejos términos, la representación. Tenemos que asumir que no será posible, a futuro, lo que fuera posible décadas atrás. Tenemos que asumir que la época de los partidos políticos, en buena medida, concluyó, y que ya no habrá forma de “revivirlos”, por más esfuerzos que hagamos. De allí que el Congreso -en nuestro país, como en una mayoría de otros- aparezca deslucido, autonomizado del resto de la sociedad: la ciudadanía sabe que no tiene mayor decisión ni control sobre lo que ocurre allí dentro. De ahí que resulte cada vez más habitual la presencia de Ejecutivos caprichosos, discrecionales, arbitrarios: nuestros Presidentes saben que para todos nosotros resulta muy difícil ponerles freno, mientras que ellos disponen de medios de coerción y dinero, con los que pueden “erosionar” o “comprar” a los organismos y funcionarios destinados a controlarlos. De ahí, también, la emergencia de grupos de interés (legales e ilegales) con la capacidad de influir o, directamente, colonizar a sectores de gobierno.

En un contexto semejante, la situación que nos toca, como ciudadanos, es demasiado difícil y poco promisoria, ya que los canales institucionales con los que contamos, simplemente, no responden a nuestras requisiciones. En esas condiciones, más bien extremas, y para no caer en un pesimismo paralizante, me animaría a ofrecer, al menos, dos consejos. Primero: no ceder a la extorsión del poder. Atenernos a la legalidad, aceptar la derrota, comportarse democráticamente, no requiere que perdamos capacidad crítica, ni mucho menos que nos dobleguemos ante los deseos de quien ha ganado. Necesitamos mantener siempre la sospecha despierta, sobre todas las iniciativas de cualquier gobernante, habitualmente destinadas (antes que al “interés común”) a perpetuarse en el cargo. Por eso el valor de preguntar, indagar, exigir, criticar. Segundo: tener claro la dirección principal -básica- hacia donde marchamos, y resistir cualquier iniciativa orientada en contrario. Necesitamos, necesitaremos siempre, más controles, y no menos; menos discrecionalidad en quienes deciden; más herramientas que nos aseguren la voz, la palabra, los argumentos. Democracia es mucho más que lo que tenemos: no sólo el voto cada dos años, no sólo el aplauso.

El valor del juicio político en el constitucionalismo democrático

noreply@blogger.com (rg) — Sat, 11 Oct 2025 19:38:00 +0000

publicado hoy en LN, acá

Cass Sunstein es, por muy lejos, el jurista más citado, y uno de los más respetados, en los Estados Unidos. Cuando Donald Trump iniciaba su primer mandato, Sunstein publicó un libro defendiendo la importancia y valor del juicio político: Impeachment. Una guía para el ciudadano. Por supuesto, a nadie se le ocurrió decir que Sunstein (vinculado con el Partido Demócrata) promovía un golpe de Estado, y ni siquiera que se involucraba, de ese modo, en acciones de tipo destituyente. En los párrafos que siguen, voy a reflexionar sobre el sentido que tiene el juicio político –particularmente en el marco de sistemas de gobiernos presidencialistas– a la luz del trabajo de Sunstein y de las discusiones originales que se dieron en la materia. Sin embargo, quisiera dedicar las primeras líneas de este escrito a insistir en algo ya dicho. Es muy importante que resistamos los cercos inhibitorios que crean los oficialismos de cualquier tipo para que no los critiquemos. Como cuando, años atrás, se comenzó a tildar de “destituyentes” a los opositores del gobierno de turno, o como hoy, cuando se acusa de “golpistas” a quienes objetan con crudeza las múltiples faltas del Presidente. Esto, sin desconocer que en nuestro país el instituto del juicio político también es esgrimido en función de fines mezquinos por figuras públicas con antecedentes innobles.

Subrayo, entonces, lo siguiente: nosotros, ciudadanos, delegamos enorme poder a las autoridades (“la bolsa y la espada”, el presupuesto y la coerción legítima), a cambio de reservarnos el más amplio poder (que también es institucional) de crítica, control y censura de lo que el poder hace. Por eso es que importa tanto resistir toda extorsión moral que nos plantee (como querrá plantear siempre) el gobierno –cualquier gobierno– y quienes lo defienden. A ellos debemos recordarles que nuestro derecho a criticarlo y censurarlo forma parte de la esencia más noble del constitucionalismo democrático.

Vuelvo entonces, al comienzo y al escrito de Sunstein. El punto más importante del trabajo citado reside, precisamente, en saber encuadrar al juicio político dentro del instrumental disponible y relevante que ofrece la Constitución. Es decir, dicha herramienta no nos remite a un actuar abusivo o deshonesto de los ciudadanos, procurando apelar a una “trampa legal”, destinada a poner en dificultades al primer mandatario: hablamos, en cambio, del derecho que tenemos, como ciudadanos, de utilizar todas las herramientas institucionales habilitadas por la Constitución para exigir al poder que se encarrile. Es por eso mismo que Sunstein se esfuerza por mostrar al juicio político como una herramienta que no nació para ser confinada a un rincón: no fue creada, únicamente, para castigar crímenes gravísimos, delitos extremos. Sunstein presenta al impeachment como lo que es, que es lo que siempre ha sido: uno de los “cheques” más importantes con los que cuenta la ciudadanía para poner freno a un Ejecutivo que se excede o que de algún modo grave viola la confianza pública que la comunidad le dio.

Citando a los “padres fundadores” de la Constitución de su país –James Madison, Alexander Hamilton, George Mason, sobre todo– Sunstein demuestra que el objetivo con el que se diseñó la herramienta del juicio político al presidente fue doble: un mecanismo preventivo y correctivo. Preventivo, en tanto instrumento capaz de anticipar y frenar abusos de poder; y correctivo, en tanto mecanismo a ser empleado cuando el Ejecutivo ya violó el crédito que, a través de su elección, la ciudadanía le otorgara. La idea constitucional de fondo es la siguiente: las Constituciones –las Constituciones presidencialistas, en particular– dotan al Ejecutivo de facultades muy amplias, y por tanto, como contracara, se quiso garantizarle a la ciudadanía amplísimos poderes de control. ¿Pueden ser estos poderes de control abusados? Sí. Pero eso no es una razón para no usarlos, consagrando de esa forma el reinado de la impunidad.

Vale la pena entonces, siguiendo los consejos de profesor de Harvard, prestar atención a los modos en que se justificó la creación del instrumento del juicio político, en los orígenes del constitucionalismo. Vale la pena porque luego –en las discusiones constitucionales que se sucedieron en Latinoamérica, por ejemplo– se acostumbró a retomar instituciones como la señalada sin mayores argumentos: asumiendo que las razones a favor de ellas ya resultaban claras. Pues bien, en el “momento fundacional”, Alexander Hamilton, uno de los más duros defensores del Ejecutivo fuerte, introdujo la herramienta del impeachment desde un principio: ya en su primer plan constitucional, lo que causó el asombro de sus pares. Edmund Randolph, más cercano a los demócratas, respaldó la iniciativa de modo entusiasta, argumentando que el Ejecutivo tendría “grandes oportunidades para abusar de su poder”; y alegando, de manera adicional, que debían regularizarse (institucionalizarse) estas herramientas de reproche, porque si no el castigo llegaría “irregularmente, a través de tumultos e insurrecciones”. James Madison, el gran intelectual de la Convención norteamericana, habló entonces de la necesidad “indispensable” de que “la comunidad pudiera defenderse frente a la incapacidad, negligencia o perfidia del primer magistrado”. Y Governour Morris, el más conservador de todos los presentes, afirmó enseguida que lo habían convencido, y que cambiaba de posición. Sostuvo entonces que, dado el lugar que ocupa, y el poder del que dispone, el Ejecutivo puede ser inducido (“sobornado”) por “grandes intereses” para “traicionar la confianza” recibida, y que los ciudadanos no podían quedar “expuestos frente a ese riesgo”. “El pueblo es el rey, y no el presidente”, concluyó.

La cuestión puede entenderse todavía mejor si se compara a la institución del impeachment, tal como ella ha sido establecida en los sistemas presidenciales, con los mecanismos de remoción del primer ministro, creados en los sistemas parlamentarios, que son los que predominan en Occidente. Dentro del parlamentarismo, el emplazamiento, la destitución o el cambio del primer ministro no representa una anomalía de ningún tipo, y mucho menos es visto como una quiebra del sistema. Se trata de una situación muy común, que se vive y se espera que se resuelva de manera “normal”. Hablamos de la forma institucional que ofrece el parlamentarismo para garantizar la flexibilidad que la democracia requiere. Se asume allí, entonces, y de manera razonable, que los gobiernos, previsiblemente, van a enfrentar dificultades serias; que los liderazgos, con el paso del tiempo, van a deteriorarse; y que la confianza en las políticas públicas puede, en esos casos, desmoronarse. La conclusión a la que se llega es que la democracia exige, en esos casos, que el gobierno refleje esos cambios. No se trata de un ruptura institucional ni de un cambio de régimen, en absoluto (democracia por dictadura): todo lo que ocurre, entonces, resulta previsto y resuelto dentro del marco de la Constitución.

Lamentablemente (y no digo esto como un elogio hacia los sistemas parlamentarios, también deficitarios), el presidencialismo luce como un sistema excesivamente “rígido”, comparado con el parlamentario. Ni qué decir los sistemas que Carlos Nino denominara híper-presidencialistas, como los latinoamericanos (esto, en tanto el modelo latinoamericano tiende a asignar facultades todavía mayores al presidente, como las del estado de sitio o la intervención federal). Hablamos aquí de sistemas rígidos hasta el extremo. En ese contexto, el del “presidencialismo reforzado”, resistir la utilización de las pocas (y toscas) “válvulas de escape” de que dispone el sistema para enfrentar violaciones serias a la confianza pública representa una doble afrenta: al constitucionalismo y a la democracia. Al constitucionalismo, porque implica negarse a utilizar los recursos que los constituyentes, a conciencia, han creado para resolver situaciones especialmente graves; y a la democracia, porque implica no reconocer la prioridad que tiene la voluntad del pueblo sobre la voluntad de las autoridades a cargo. En democracia, la ciudadanía tiene el derecho de exigir y obtener cambios fundamentales en el gobierno, todo a lo largo, y no solo una vez cada cuatro o seis años. La democracia necesita de controles, de frenos y de cambios, para los difíciles pero también comunes casos en que se quiebra la confianza que, alguna vez, depositamos en nuestros mandatarios.

Por Roberto Gargarella

"Donde hay una necesidad (básica), nace un derecho (constitucional)"

noreply@blogger.com (rg) — Wed, 06 Aug 2025 12:17:00 +0000

Publicado hoy en LN, acá: https://www.lanacion.com.ar/opinion/donde-hay-una-necesidad-basica-nace-un-derecho-constitucional-nid06082025/

La idea según la cual “donde hay una necesidad, nace un derecho” ha sido objeto de recurrentes desafíos por parte del Presidente argentino, que no desperdicia ocasión para citarla, criticarla y dejarla de lado con muchas ironías, pero pocos argumentos. Algún ilustrado miembro de nuestra Corte Suprema también, en su momento, supo tomar dicha idea, para despacharla rápidamente. En lo que sigue, quisiera mostrar que la misma tiene importancia y fuerza normativa dentro de un derecho como el argentino.

Para comenzar a examinar esta idea, conviene decir que la misma nació al calor del combate político, y que ella ganó buena parte de su atractivo por incluir dos virtudes distintivas: encerrar un principio relevante; y expresarlo de un modo simple y claro. Esas virtudes, propias de los lemas políticos exitosos, implican en el mejor de los casos el comienzo de un razonamiento, que luego debemos pasar a discutir con detalle. El Presidente argentino, sin embargo, opta siempre por el camino contrario: no el de tratar de identificar lo interesante que puede haber en aquel desafío (“necesidades: derechos”), y presentarlo en su mejor versión, para recién después refutarlo, sino el de la apresurada trivialización de la idea, a partir de la peor presentación imaginable de la misma. De manera común, el Presidente dice que “como las necesidades son infinitas, y los recursos son escasos”, entonces, resulta insostenible afirmar que el Estado debe utilizar sus muy limitados recursos, para cubrir demandas sin término. Pero, claro, esa atolondrada refutación depende de un punto de partida absurdo. En efecto, si se toma una noción ridícula de la idea de “necesidad”, para asimilar “necesidad” con cualquier “preferencia” o “deseo” que uno tenga; y se define después al “derecho” como “reclamo que el Estado debe satisfacer (pagar), a toda costa”; luego, el camino de la ridiculización de la idea queda servido. Alguien puede decir, por tanto, “necesito (deseo) un piano”, y el de al lado “necesito (deseo) una casa de dos plantas”; y el de más allá “necesito (deseo) vacaciones en Europa”. Resulta obviamente absurdo pensar que el Estado debe “pagar” todas esas “necesidades”, producto del capricho de algunos.

Ocurre, sin embargo, que los términos en cuestión pueden definirse de un modo no-ridículo, sino muy sensato. Por caso, el indio Amartya Sen ganó el Nobel de Economía, entre otras razones, por saber vincular la idea de necesidad (no con las preferencias de consumo de las personas, sino) con las “capacidades básicas” requeridas por cada individuo, para poder llevar adelante una vida digna. De modo similar, John Rawls -el filósofo político más importante del último siglo- ubicó en el centro de su “Teoría de la Justicia”, una idea específica de necesidades: los “bienes primarios” necesarios para que una persona pueda desarrollar su proyecto de vida, independientemente de sus circunstancias. Asimismo, las principales organizaciones internacionales apelan, de modo habitual, a una lista de “necesidades vitales”, a los fines de medir la pobreza absoluta. La Organización Internacional del Trabajo diseñó, también, su propia lista “necesidades básicas”, que incluyó bienes tales como el “alimento”; la “vivienda”; o la “educación”. Cualquiera de estas aproximaciones a la idea de “necesidad” resulta interesante, bien fundada, y de ningún modo implica a un Estado gastando irresponsablemente, “a tontas y a locas”. No hay nada ridículo, y ni siquiera utópico, en todo ello. Se trata de las aspiraciones que el “Estado de bienestar” supo asegurar (en muchos casos, de modo bastante completo) durante buena parte del siglo xx.

El razonamiento en cuestión gana en rigor, por lo demás, cuando empezamos a reconocer que “tener un derecho” no implica un Estado ciego y dispendioso, corriendo detrás de la voluntad antojadiza de cualquiera de sus miembros. Una manera especialmente atractiva, en este contexto, de pensar la idea de “tener derechos”, es asociándola con la noción de “derechos constitucionales”. Decir que alguien tiene un “derecho constitucional” implica, en ese caso, decir que en una comunidad se han identificado ciertos intereses como fundamentales, y que -por tanto, y dada su importancia- esa comunidad se compromete a satisfacerlos. Por ejemplo, desde fines del siglo xviii, una mayoría de países occidentales comenzó a reconocer -mirando atrás a su propia historia- que, de manera muy habitual, habían censurado a quienes los desafiaban; perseguido y encerrado a sus opositores; o arrasado con los bienes y libertades de sus críticos. Entonces, tales países comenzaron a comprometerse, de manera pública, a hacer todo lo posible para no volver a cometer tales “abusos”. Proclamaron entonces: “libertad de expresión”, o “debido proceso”; o “propiedad privada”, e incorporaron tales compromisos en sus Cartas Fundamentales: ahí nacieron los “derechos constitucionales”. En Europa y, sobre todo, en América Latina, una mayoría de países reconoció también, entre sus faltas graves, la de convivir con el hambre y la miseria de muchos de sus miembros. Consecuentemente, declararon públicamente su compromiso de hacer todo lo posible para evitar que sus miembros carezcan de “techo” o de educación elemental. ¿Qué es lo que este razonamiento nos revela? En otros términos: esos países identificaron ciertas “necesidades básicas” insatisfechas, y dieron “nacimiento” a “derechos constitucionales”. En definitiva, no hay nada extraño ni absurdo ni ridículo en la idea de “donde hay una necesidad, nace un derecho”.

Dicho esto, corresponde hacer algunas aclaraciones importantes. Ante todo, cuando una Constitución, como la nuestra se compromete con el respeto por la “libertad de expresión” o afirma derechos como los de “educación” o “vivienda digna”, no lo hace para decirle al mundo lo que todos saben que no es cierto, i.e., “aquí todos tienen vivienda digna”; ni lo hace, meramente, para enunciar una “declaración poética” (“soñamos con salud gratuita para todos”); ni tampoco se propone hacer pública una expresión de deseos que ya sabe imposible (aunque haya Constituciones que asuman un lenguaje “aspiracional”, en su preámbulo, por ejemplo; y haya otras que incorporaron como derechos constitucionales a intereses que no merecerían dicho estatus).

El Estado que incorpora un derecho en su Constitución se compromete (como sostiene la Convención Americana, art. 26) a hacer sus máximos esfuerzos para lograr la “progresiva efectivización” de los mismos, en la medida de los “recursos disponibles”. Esto no significa que el Estado puede dispensarse de cumplir con sus obligaciones legales alegando, meramente, no tener recursos; o aduciendo, livianamente, que está haciendo sus “mejores esfuerzos” para realizarlos. Un Estado que, en épocas de radical escasez, y sin conflictos bélicos a la vista, utiliza sus pocos recursos para fortalecer a la Fuerza Aérea o aumentar innecesariamente los gastos reservados, o los fondos destinados a los servicios de inteligencia, desmiente cínicamente la idea de que está haciendo sus “mejores esfuerzos” para satisfacer “tanto como sea posible” los derechos constitucionales que está obligado a garantizar con sus “recursos limitados”. En una mayoría de los casos que conocemos, entonces, el Estado está obligado a darle una respuesta a quien se presenta ante él en reclamo por sus necesidades básicas ya constitucionalizadas, e insatisfechas: debe garantizarle su derecho o -en todo caso- justificar ante dicha persona por qué no lo hace, habiendo asumido la obligación constitucional de hacerlo, y contando con los recursos para lograrlo.

El Presidente y sus principales asesores económicos se jactan de no saber derecho (una aclaración innecesaria). Sin embargo, esa ignorancia no justifica sus comportamientos inconstitucionales, bajo el riesgo del desacato y el incumplimiento de sus deberes constitucionales. Podríamos entonces decirles, como consejo: que en lugar de reírse burlones ante la “justicia social”, se sometan a la obligación de honrarla; que lean y estudien con cuidado la extensa lista de derechos socioeconómicos que han sido constitucionalizados, porque son todos de cumplimiento obligatorio; que si están indispuestos a cumplir con alguno de tales derechos busquen eliminarlos de la Constitución (mientras no lo hagan, siguen obligados por ellos). Y dos comentarios adicionales, de especial importancia. Por un lado, el compromiso (individualista) de la Constitución, con los derechos, rechaza que se sacrifique o tome a alguna persona o grupo como medio, y de forma de lograr “objetivos generales” (ie., ajustar las ya magras jubilaciones, para alcanzar el equilibrio fiscal): los derechos fundamentales (salud, vivienda, educación) deben garantizarse siempre, de manera incondicional, y tanto como sea posible. Por otro lado, y de forma todavía más relevante: no cualquier plan económico es compatible con el exigente esquema de derechos (sociales) constitucionales que el país se ha comprometido a cumplir, desde hace ya casi cien años. Contra lo que asumen, en su menosprecio del derecho, los economistas del poder, la Constitución es lo que prima, y es la economía la que debe ajustarse a ella. En otras palabras, el cumplimiento de la Constitución no depende de que “primero se ordene la macroeconomía” (la dictadura recurría al mismo esquema de engaño retórico, para decirnos: “reconoceremos los derechos políticos recién cuando hayamos terminado de ordenar a la sociedad”). En definitiva: la historia de nuestro país (y, en buena medida, la historia de occidente), nos permite sostener que, en efecto, donde hay una necesidad básica, nace un derecho constitucional, y ese derecho que se incorpora en la Constitución (guste o no guste admitirlo) es de cumplimiento obligatorio e incondicional.

Sobre los límites especiales del Presidente, en materia de libertad de expresión

noreply@blogger.com (rg) — Mon, 21 Jul 2025 03:05:00 +0000

https://www.clarin.com/opinion/acerca-libertad-expresion-presidente_0_CiXHPfttPw.html

Resulta claro que el Poder Ejecutivo, particularmente en países como el nuestro, goza de poderes, privilegios y ventajas de las que todos carecemos. Tales beneficios incluyen, entre otros, su control privilegiado del presupuesto y de los poderes coercitivos; las facultades formales e informales que están a su alcance (desde la facultad de dictar decretos a la de tener control sobre los servicios de inteligencia -y su dinero sin supervisión); la inmunidad de arresto de la que se sirve; el lugar que ocupa, y la visibilidad excepcional de la que por tanto goza, para comunicar sus puntos de vista, irradiar ideas o imponer políticas. La posición presidencial, en este sentido, es extraordinariamente privilegiada, en relación con la que ocupa cualquier ciudadano del común. Todo esto es cierto y es conocido, y por eso aquí, y en lo que sigue, voy ocuparme de la contracara de lo dicho. Esto es, me referiré a algunas de las particulares limitaciones que deben aceptar o padecer los Presidentes, en parte como contrapeso de los excepcionales poderes de los que gozan, y que lo colocan, en algunos casos, en una situación “inferior” -más controlada, más limitada o menos protegida- que un ciudadano cualquiera.

En primer lugar, el Presidente, en particular (junto con una mayoría de “altos cargos” gubernamentales) se encuentra obligado a tolerar críticas y aún agravios que ningún ciudadano común está obligado a aceptar. Como definiera, canónicamente, el Supremo Tribunal de los Estados Unidos, en New York Times v. Sullivan (un fallo luego retomado y expandido en una mayoría de países, incluyendo el nuestro), los funcionarios públicos están expuestos a recibir ataques “vehementes, cáusticos, muchas veces desagradables”, que el derecho explícitamente protege. Ello, notablemente, aunque el ataque del caso implicara una ofensa al honor del funcionario criticado. Y es que lo que está en juego -sostuvo entonces la Corte- es el “compromiso” con un “debate público robusto, desinhibido, vigoroso”. Así -afirmó el tribunal- debía ser interpretada la libertad de expresión, en lo relativo a la crítica a los funcionarios. Tal es el nivel y grosor de ese compromiso, que la justicia aceptó, desde entonces, que las críticas contra los funcionarios públicos debían tolerarse, aún si contenían falsedades (¡!) y en la medida en que ellas no hubiesen sido expuestas con “real malicia” (que, por lo demás, debía probar el criticado!!). Esta ultra-protección hacia las críticas -y aún agresiones- que pueden recibir los funcionarios públicos se expresó en nuestro país, en casos como “Quantín.” Allí, la Corte argentina consideró, como discurso protegido, al uso de un insulto como “nazi”, dirigido entonces contra el fiscal Quantín -una afirmación importante, por ejemplo, a la luz de la ultra-sensibilidad que muestra el Presidente frente a acusaciones que recibe, de tonalidad similar. Sus críticos -deberá aclarársele al Ejecutivo- tienen derecho a utilizar contra él, en sus críticas, términos y tonalidades que él no está autorizado a utilizar contra los demás. En este sentido, la “protección” jurídica que tiene el Presidente, frente a las críticas y agravios es mucho menor que la que tiene un ciudadano común.

Podemos enfocarnos ahora, entonces, en el otro lado de la ecuación, esto es, ya no la mayor protección que merecen los discursos vehementes y ofensivos contra el Presidente (u otros funcionarios de alto rango), sino en los mayores límites que el Presidente (y otros funcionarios de rango similar) tiene(n), a la hora de responder a sus críticos, o de atacarlos. Resulta habitual, en efecto, que el Presidente sostenga que él, “como cualquier ciudadano”, tiene derecho a defenderse, y a responder así a los ataques que recibe. Pues no -habrá que decirle- él no tiene el mismo derecho que un ciudadano cualquiera, a contestar: tiene mucho menos, particularmente si, para hacerlo -como suele ser su regla- él duplica la apuesta, y responde a las críticas o agravios que recibe con insultos y guarangadas nunca oídas en la historia del discurso público nacional. Ello, otra vez, en razón de la visibilidad especial con la que ya cuenta, para expresar sus puntos de vista; en razón de haberse puesto él mismo (el funcionario en cuestión), a conciencia, en ese lugar visible; pero sobre todo, en razón de los poderes especiales (formales e informales) de los que goza, en el ejercicio de su función. La Corte de nuestro país, reiteradas veces, ha señalado que no existe un “derecho al insulto” (casos “Amarilla”; “Quantín”; “Irigoyen”); del mismo modo en que los tribunales de todo el mundo (y reiteradamente los de América Latina, incluyendo, de manera especial, a la Corte Interamericana) le han dicho, a los Presidentes en ejercicio, que sus ataques a periodistas y críticos afrontan límites especiales, en razón del riesgo de la “censura indirecta” que esos ataques implican (esto es, el riesgo de intimidar, amedrentar, y finalmente acallar, a opositores y críticos). Siempre, pero muy en particular en momentos como éste, de polarización, abusos de poder, y fragilidad institucional, necesitamos trazar esos límites de modo nítido, y hacerle saber al Presidente que, en el área de la libertad de expresión, sus libertades resultan, jurídicamente, mucho más restringidas que las nuestras.

Los insultos presidenciales no están protegidos por el derecho

noreply@blogger.com (rg) — Wed, 09 Jul 2025 12:15:00 +0000

Publicado hoy en LN (https://www.lanacion.com.ar/opinion/los-insultos-presidenciales-no-gozan-de-proteccion-juridica-nid09072025/)

Jurídicamente, el Presidente cuenta con una mayoría de cartas perdedoras, en la ansiosa partida que viene jugando, de agresión contra críticos, periodistas, y opositores imaginados. Desde el punto de vista del derecho, él lleva todas las de perder aunque, políticamente, encuentre la práctica de la violencia verbal redituable en el corto plazo, que es el plazo en el que ha elegido moverse. En lo que sigue, quisiera explicar por qué es que el derecho pide restringir y amonestar esos insultos y agravios (muchísimo más cuando esos ataques provienen de la cúspide del poder, y se dirigen a socavar la crítica política en un contexto democrático frágil, como el nuestro).

Ante todo, debe subrayarse que el mismo derecho contemporáneo que defiende la más amplia libertad de expresión (y que no es nada timorato), es el que considera a los insultos y agravios como ajenos a la esfera del “discurso protegido”. Es decir, aunque nuestro orden jurídico tiene una evidente predilección por la libre expresión y la crítica política -a los que sobre-protege- ese mismo derecho separa y margina a otros discursos, como el de las agresiones e insultos o, también, el de la publicidad engañosa; la difamación; las injurias; o el discurso de odio.

En segundo lugar, conviene tener en cuenta que, para toda la vastísima doctrina que se ha ocupado del tema -pienso en reconocidos autores que van, desde John Stuart Mill hasta Alexander Meiklejohn o Joel Feinberg- la libre expresión encuentra siempre un límite claro: el “daño a terceros”. Así, cuanto más cercana y más fuerte es la conexión entre un cierto discurso y la producción de daños, entonces, menor es la protección que merece ese discurso. Por ejemplo, si (como en el caso Whitney) mi partido político abraza un discurso antidemocrático, pero “hay tiempo para exponer, a través de la discusión, las falsedades [de la posición criticada]…el remedio debe ser más discurso, y no la imposición del silencio.” Por el contrario si, desde una tribuna del Ku Klux Klan señalo a un grupo de afro-americanos, e incito a la violencia contra ellos, ese discurso no resulta amparado por el derecho. Ello, dada la fuerte conexión que existe entre el mismo y la generación de daños. Estos son los extremos con que se piensa la libertad de expresión desde hace más de un siglo. Por ello, es decir por el daño efectivo provocado por los insultos (ie, “te atendieron, mandrila”) ellos se ubican en el espacio no-protegido de la expresión.

Hablamos hasta aquí de contenidos discursivos que no están protegidos, pero es importante prestar atención también -y en tercer lugar- a la cuestión de quiénes emiten y reciben esos discursos. El problema toma un giro especial, y se agrava seriamente, cuando quienes agreden e insultan lo hacen desde la cúspide del poder -mucho más si esos agravios se dirigen a socavar la crítica política. Ello así, porque las principales autoridades públicas tienen, junto con los privilegios y prerrogativas de las que gozan (la visibilidad y audiencia que alcanzan sus discursos, por la posición que ocupan; la protecciones e inmunidades que les otorgan sus fueros), ciertas cargas y límites especiales, que ninguno de nosotros tiene. Por un lado, ellos -a diferencia de los ciudadanos “del llano”- deben estar abiertos a tolerar las más fuertes críticas -aún ciertos daños, como la ofensa a su honor. Como sostuviera la justicia, en el célebre caso New York Times v. Sullivan, los ataques a los funcionarios pueden incluir «ataques vehementes, cáusticos y, en ocasiones, desagradablemente mordaces,» que el derecho, con absoluta convicción, ampara. Por otro lado, y como ha sostenido insistentemente la Corte Interamericana, los funcionarios tienen “deberes especiales” que cumplir, como el de (cito) “no ejercer…formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública”, particularmente en situaciones de “conflictividad social.o polarización social o política” (Ríos v. Venezuela).

En línea con lo anterior -y aquí algo todavía más relevante- la posición especial de poder con que cuentan los funcionarios que ocupan los rangos más altos, abre el grave riesgo de que ellos generen, a través de sus insultos y agresiones verbales, impermisibles escenarios de censura indirecta: personas que ya no quieren hablar o criticar a ciertas políticas o agentes del oficialismo, por temor a recibir represalias desde el gobierno. Y es que, cuando un alto funcionario ataca, desde su atril, a un crítico (ya sea a un jubilado “amarrete”, ya sea a un periodista), las chances de que esa persona se sienta amedrentada y opte por callarse o no seguir criticando, son demasiado altas. Muchísimo más, cuando la historia o la práctica habitual sugieren que, por inercias, obsecuencias o aún por la presión del Ejecutivo, esas agresiones van a ser previsiblemente seguidas por repentinas investigaciones impositivas; retiro de avisadores (en el caso del periodismo); intervenciones (telefónicas o de otro tipo) por parte de los servicios de inteligencia; etc. De allí que la Corte Interamericana condene enfáticamente “los actos directos o indirectos que constituyan restricciones indebidas a la libertad de expresión de los medios de comunicación o sus periodistas” (Baraona Bray v. Chile).

Por lo visto hasta aquí, para un Presidente que ha tomado como lema personal “no odiamos suficientemente a los periodistas”, la situación se presenta, jurídicamente, como muy seria: sus insultos constituyen discurso no-protegido; que -por el lugar de poder desde el que se los emite, genera amedrentamiento y censura indirecta. Para colmo, esos embates presidenciales vienen acompañados hoy por una campaña destinada abiertamente a sancionar (acallar/”domar”/”someter”), por medios formales e informales, a aquellos a los que el Ejecutivo considera críticos hacia su figura. Peor aún, en estos días el Presidente ha reforzado esos ataques con el hostigamiento judicial a sus opositores -una práctica, como viéramos, repudiada y condenada por los tribunales internacionales.

Vimos algo sobre los contenidos no-protegidos de ciertos discursos (los insultos); y también tomamos nota del modo en que se agrava la cuestión, cuando quien emite esos agravios es un alto funcionario ejecutivo. Recién en este punto quisiera agregar algo sobre la línea argumental que me resulta más atractiva e importante en la materia, que es la que tiene que ver con la democracia. La democracia -un sistema hoy bajo ataque en todo el mundo, y que por tanto requiere de una atención y cuidados especiales- sufre y se debilita cuando ciertas voces deben optar por callarse o retirarse del foro público, por temor a ser reprimidas o, de algún otro modo, perseguidas desde el poder. “El debate público robusto” con el que se asocia e interpreta legalmente a la libertad de expresión, desde el caso NYTimes, resulta socavado por la aparición de lo que Owen Fiss denomina “discursos que silencian”. Es decir, contra lo que algunos pueden pensar, no toda expresión “suma” al debate público: algunas, por el contrario, “restan”. Por ello es que se pide la regulación del uso del dinero en las campañas políticas; por ello es que se exige equidad y controles estrictos sobre la distribución de publicidad oficial (ya sea vía pautas publicitarias del gobierno, ya sea vía empresas estatales, como YPF); y por ello es que deben limitarse las agresiones promovidas desde las oficinas administradas por el gobierno (la “lluvia” de ataques promocionadas por las “usinas” del poder, y su “ejército de trols”): una maquinaria que pone en marcha el gobierno, destinada a “producir” silenciamiento.

Me interesó, hasta aquí, revisar algunos de los múltiples argumentos disponibles para exigir la restricción y amonestación de las agresiones e insultos presidenciales. Termino ahora, sin embargo, con lo que podría haber comenzado para acabar rápidamente con esta discusión: las citas de autoridad, que nos refieren a la más bien unánime jurisprudencia existente, sobre la materia, en todo el mundo. En efecto, urbi et orbi se acepta que el ejercicio de las máximas responsabilidades de gobierno conlleva deberes y cargas especiales, y también que las autoridades pueden ser sancionadas (aún durante el ejercicio de su función), en razón de sus discursos ofensivos. Lo sostuvo así el Tribunal Europeo (en casos vinculados, por ejemplo, con Turquía o Hungría, como, Féret); lo mantuvo, según viéramos, la Corte IDH (ie Ríos v. Venezuela); y lo han sostenido repetidamente los tribunales latinoamericanos, para proteger a periodistas y políticos contra ataques provenientes de la misma Presidencia de la Nación. En México, la justicia respaldó al periodista Riva Palacio contra el Presidente López Obrador, quien en sus “mañaneras” lo acusaba de “mentiroso”; en Colombia la justicia admitió una tutela contra el Presidente Uribe, en razón de sus discursos injuriosos; en Brasil, la justicia obligó al entonces Presidente Bolsonaro a indemnizar a una periodista del Folha de Sao Paulo, por sus descalificaciones machistas. La cuestión también resulta clara en la jurisprudencia de nuestro país, en donde la misma Corte (para desventura del oficialismo) ha considerado que, por un lado, calificativos como el de “nazi,” pronunciados contra un funcionario público, se encuentran protegidos (caso Quantin), mientras que, por otro lado, no lo están las agresiones pronuncias desde el poder. El máximo tribunal ha insistido, una y otra vez, en que "no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada" (casos "Amarilla"; "Quantín"; "Irigoyen"; "Pando de Mercado"). Habrá que insistir, entonces, con la Corte: no son tiempos, los nuestros, para aceptar livianamente las bravuconadas de quienes juegan a ser bandoleros.

Entrevista al gran Mariano Llinás

noreply@blogger.com (rg) — Fri, 27 Jun 2025 16:56:00 +0000

Con bonito elogio al "grupo Nino", verso el minuto 50

Sobre la relación Poder Judicial-voluntad popular, sobre HV, y sobre la reciente condena

noreply@blogger.com (rg) — Mon, 16 Jun 2025 16:52:00 +0000

Ayer domingo, en su sitio "El Cohete a la Luna", HV se refirió, obviamente, y de manera central, a la decisión a través de la cual, la Corte Argentina confirmó la condena e inhabilitación de CFK. En su escrito, volvió a dedicar un párrafo a un viejo trabajo mío ("La justicia contra el gobierno") con el que sigo plenamente de acuerdo :) para hablar de (para criticar) la idea de independencia judicial, y señalar una aparente contradicción entre mi "viejo yo" y mi "yo actual": "aquel", que vinculaba al diseño original de la rama judicial con la protección de las minorías propietarias, y que pedía un vínculo más fuerte entre justicia y pueblo, y el "actual" que, según escribe, goza del "privilegio de pocos", de ser columnista de los dos diarios más vendidos (LN y Clarín) y defiende los actuales "atropellos" judiciales, como la condena a CFK. Él cita, por ejemplo, un viejo párrafo mío (con el que, obviamente, también, sigo acordando) en donde afirmaba que "los jueces terminan, silenciosamente, tomando el lugar que debería ocupar la voluntad popular". Querría decir algunas pocas cosas sobre el tema, pero anuncio, para los interesados, que debajo de estos comentarios que haré, dejaré el link al sitio de HV; el artículo que escribí para Clarín sobre el tema de las inhabilitaciones judiciales (defendiéndolas) y la transcripción del párrafo en donde él me cita.

De las pocas cosas que aclararía:

1) Durante un tiempo fui columnista más o menos habitual, no sólo de Clarín y LN, sino también de Página 12, en donde escribí muchos artículos, sobre protesta, derecho penal y derechos sociales, temas sobre los cuales también sigo pensando lo mismo. Ocurrió, sin embargo que, desde Página, interrumpieron secamente la práctica que habíamos establecido (yo enviaba un texto, y lo publicaban al día siguiente, o enseguida) para silenciarme (a mí y a varios amigos) de un día para el otro, por asumir que éramos críticos del kirchnerismo. Esto era cierto, aunque no una razón para la censura, mucho menos cuando los textos que escribía y les enviaba no eran para criticar al gobierno, sino para defender principios y derechos de los trabajadores y desempleados (típicamente, argumentos jurídicos en respaldo de la protesta social).

2) Como anticipaba, obviamente sigo pensando lo mismo, esencialmente, sobre la rama judicial y la voluntad popular. Y digo "esencialmente" no para esconder cambios importantes, tramposamente, sino para aclarar que, obviamente, fui refinando algunas ideas, pero sin abandonar nunca el núcleo de principios que sostenía y sostengo: el Poder Judicial nació para proteger a las minorías propietarias; hay una escisión entre Poder Judicial y voluntad popular; el pueblo (aunque tengamos que precisar la idea) tiene que tener una injerencia mucho mayor, y decisiva, en la determinación de sus propios asuntos -en última instancia, pero también en el mientras tanto.

Por esto mismo, porque creo que "los propios afectados" son los que deben tener la definición principal -y "todo a lo largo" - en el tratamiento de sus propios asuntos, es que critiqué y rechacé en su momento el proyecto k de "democratización de la justicia" (por ejemplo, desde las comisiones del Congreso en donde se me invitó a discutir el tema), que de democratización no tenía nada, y que, bajo ese manto, hería de muerte herramientas como las "cautelares" (con la que los pobres se defienden, por caso, en los desalojos), o les ponía nuevas trabas legales a los jubilados, para complicarles todavía más el cobro de sus haberes. Por eso mismo, critico ahora la reforma judicial en México, que -también con la excusa de la democratización- le permite al ciudadano que hable en el día 1, para elegir a cientos de jueces que no conoce en absoluto (peor, porque las campañas de los partidos al respecto estaban prohibidas, y las publicidades de las candidaturas muy limitadas), para luego dejar a los jueces electos con total libertad para hacer y deshacer, durante 8 o 12 años, lo que quieran, en todos los asuntos relevantes, y sin controles. Ahora, influidos -como siempre- por el poder político (o narco) o cualquier otro, los jueces pueden seguir obrando a discreción, pero en este caso con la medalla de la elección popular colgada en su pecho, y así acallando a los críticos, a quienes (ahora, no antes) les pueden decir que ellos jueces "son representantes del pueblo". Como dije repetidamente en estos días: para los demócratas consecuentes, maniobras de este tipo resultan insultantes. Democracia es, sobre todo, "lo que está en el medio" (entre elección y elección). Por lo cual, si lo que "el pueblo" puede hacer en ese "mientras tanto" (es decir, durante el tiempo que verdaderamente importa, que es el del "ejercicio" real de la función judicial) es "nada", entonces, la democracia queda reducida a esa "nada," en el momento en que realmente interesaba que fuera "algo" -y algo de sustancia popular. En conclusión, creo que lo que se intentó en la Argentina, en su momento, bajo el cartel luminoso de la "democratización", y lo que se concretó ahora en México, bajo "cartelería" gigante, debe leerse como lo que realmente es: intentos de colonizar al Poder Judicial, desde el poder (tal como se ve hoy en México, en donde el gobierno quedó -insólita, inéditamente- en control TOTAL de los tres poderes de gobierno, con una escena pública militarizada como nunca antes, y con la posibilidad, a su alcance, de decidir discrecionalmente la prisión preventiva de los opositores, por faltas menores; o la de sancionar a los jueces que interpreten la Constitución "indebidamente" (el nuevo órgano de supervisión del Poder Judicial, que puede hasta remover jueces, quedó también bajo completo control del gobierno). Y todo ello, sin contar que, como ocurre también en Bolivia, la elección de los jueces por parte de la ciudadanía resultó un fracaso, porque el pueblo advirtió que se trataba de maniobras electorales -en México sólo participó -poco más que- el 10% de la población habilitada a votar, y la mayoría que votó lo hizo con "acordeones" pre-preparados por el gobierno -cuando a la vez, insisto, se prohibía a los demás partidos políticos intervenir en esas elecciones).

3) Finalmente, y sobre los "atropellos" de hoy, con centro en la condena a CFK. Aquí también comienzo diciendo que lo que afirmaba entonces, en relación con el control de los jueces sobre la política, es lo mismo que afirmo hoy. Pero con algunos "plus". Ante todo, el libro que escribí y al que se refiere HV es, como comenté, "La justicia frente al gobierno". Se trata de un libro que, en buena medida, podría describir como "hijo de" mi crítica al menemismo, y de su colonización de la justicia (ie., el modo en que cooptó la Corte). Entonces, y como ahora, criticaba esa colonización y abogaba por una justicia que, en alguna de sus partes al menos, fuera capaz de "dar la vuelta" y perseguir y condenar a los poderosos, castigando así la corrupción política del gobierno. No debe extrañar a nadie si digo que, esto por lo que yo abogaba, encontraba excepcional apoyo en investigaciones y trabajos como los de HV (empezando por "Hacer la Corte", publicado en esos años). Él también, entonces, denunciaba -como nadie- la corrupción del gobierno, y abogaba por la persecución judicial de los crímenes del gobierno (entonces no hablaba, por supuesto, de "lawfare" como ataque de los jueces a gobiernos con amplio respaldo popular).

Desde entonces a hoy, en mis intervenciones públicas (que no es decir el centro de mi actividad académica), problematicé muchas veces la relación justicia-política; alenté persecuciones judiciales al poder; y defendí los derechos de los "protestantes" en toda América Latina (esto último, con relativo éxito: se cuentan en decenas los manifestantes "liberados" o no procesados, por jueces que toman sus decisiones con cita a mis trabajos). En el camino, trabajé con Carlos Nino en el tiempo del Juicio a las Juntas; pedí la responsabilización y destitución del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Ibarra (que no me caía mal), luego de Cromañón; milité la condena a Pedraza, por el asesinato de Mariano Ferreyra (pero también pedí la condena a los responsables del gobierno k en ese crimen, lo que me costó una pelea agria y desagradabilísima en el CELS, con el propio HV y una actual comisionada ante la CIDH, quien levantó su voz para pedir mi expulsión de la institución, ante el rechazo de la mayoría); co-fundé una agrupación de izquierda (Plataforma) desde donde impugnamos al gobierno k, desde la masacre de Once; critiqué las designaciones judiciales por decreto impulsadas por Macri; me movilicé para pedirle al gobierno de Macri que diera cuenta sobre la situación de Santiago Maldonado; critiqué desde el primer minuto al gobierno de Alberto F, por su manejo de la pandemia; me convertí en opositor radical (y, lamento decirlo, sin matices) frente al actual gobierno (y sus crueldades y corrupciones Libras), entre decenas de etcs.

Señalo lo anterior, menos para exhibir un CV militante, que para responderle a HV, y dejarle en claro que no veo ninguna contradicción en mi comportamiento, en estos años, de denuncia frente al poder. Que hoy avale la condena a CFK es consistente con toda una historia de críticas en el mismo sentido: a Menem, a De la Rúa, a Macri, a Alberto F, y ni qué decir hoy contra el desquiciado en el poder.

Finalmente, que hoy suscriba la condena a CFK no quiere decir que no considere que el Poder Judicial argentino se encuentra afectado por sesgos de todo tipo (incluyendo clase y género, sobre todo); que no crea que existen alianzas cruzadas que abarcan a toda la elite en el poder (incluyendo empresas-sindicatos-partidos políticos-justicia, fundamentalmente); que no crea que existe desde siempre una gravísima "dependencia política" de la justicia, en toda América Latina (un problema que nos refiere a los vínculos estrechos y promiscuos del Poder Judicial con el poder establecido). Esto último, por supuesto, es distinto de lo que la doctrina local del "lawfare" sostiene, porque no se trata de "persecución judicial a los gobiernos de izquierda" (sic)", sino de uso de los tribunales, desde el poder establecido (que incluye a la derecha, a la izquierda, al centro, al arriba y a los costados) para beneficio de esa propia elite en el poder (que, otra vez, puede tener, coyunturalmente, cualquier color político). A la vez, este "no confiar" en la justicia no me lleva a suscribir "cualquier" reforma sobre el Poder Judicial, y mucho menos, las esperables medidas destinadas a cooptar a a justicia, desde el gobierno, en nombre de la "democracia" ausente. Y esto va de la mano de afirmar que considero urgente la adopción de reformas radicales en materia judicial -que las hay al alcance, muchas e interesantes. Estas reformas posibles incluyen la extensión de los jurados populares (pero en todas las materias, sobre todo las relacionadas con el control al poder, y con voz y pensamiento propio, para los miembros del jurado); formas amplísimas de legitimación o "standing" para litigar y abrir casos ante los tribunales superiores (es el tipo de reformas que defendí, ante los k, en el Congreso, para mostrarles que si estaban interesados en vincular "voluntad popular" con justicia, había mucho -fácil- por hacer, y que no hacían); foros de diálogo de la ciudadanía con la rama judicial (audiencias públicas reguladas); mayores controles populares (accountability) de los jueces (otra vez, previniendo lo obvio: excusas del poder para controlar a la rama judicial), etc.

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El sitio de HV: https://www.elcohetealaluna.com/author/horacio-verbitsky/

Mi texto: https://www.clarin.com/opinion/condenas-judiciales-inhabilitaciones_0_YAGwNb4vqx.html

El párrafo en donde me critica:

"¿Independencia, pero de quién?

La denominada "independencia del Poder Judicial", es uno de los productos de importación que llegaron desde Estados Unidos. El constitucionalista Roberto Gargarella sostuvo en uno de sus primeros libros que se asumía que las mayorías actuaban con desmesura e imprudencia y que “existían minorías que debían ser especialmente protegidas”. Efectivamente los grandes propietarios eran una minoría, pero formaban el núcleo de los más favorecidos de la sociedad. En la Convención Constituyente se afirmó que los miembros del Poder Judicial debían formar parte “de un grupo selecto y fiable”, para que pudieran contradecir al Poder Legislativo con sus fallos, “completamente independientes de las decisiones a las que pudiese llegarse a través del debate público”. El comentarista constitucional Alexander Bickel cuestionó ese “carácter contramayoritario” del poder judicial y sostuvo que se invoca al pueblo para justificar la revisión judicial cuando, en realidad, se practica así la frustración de esa voluntad. Concluía aquel Gargarella: “Los jueces terminan, silenciosamente, tomando el lugar que debería ocupar la voluntad popular”. Vengo repitiendo desde hace años estos párrafos, pese a que no le agrade a quien tres décadas después se ha convertido en un defensor de esos atropellos, como la condena a CFK. Ahora es columnista tanto de Clarín como de La Nación, un privilegio para pocos."

Sobre condenas judiciales e inhabilitaciones

noreply@blogger.com (rg) — Tue, 10 Jun 2025 11:26:00 +0000

Publicado hoy en Cl, acá: https://www.clarin.com/opinion/condenas-judiciales-inhabilitaciones_0_YAGwNb4vqx.html

La intervención de los tribunales inhabilitando la participación política de algún candidato, resulta un hecho cada vez más frecuente, en América Latina.

Dicha práctica, que se ha repetido mucho en Perú (con la inhabilitación de Fujimori, Vizcarra, Castillo, etc.); es la que, en Brasil, impide que Jair Bolsonaro participe de las próximas elecciones presidenciales. Asimismo, en Bolivia, Jeanine Áñez resultó condenada e inhabilitada, en el 2021, por comportamientos sediciosos; en El Salvador, el ex presidente Elías Saca fue inhabilitado por 10 años, en 2018, por lavado de dinero; y, de modo similar, el ex presidente Ricardo Martinelli, en Panamá, fue inhabilitado y multado en 2023, por lavado de dinero.

Desde ya, la intervención de los tribunales, como la interferencia de cualquier órgano de control, entraña riesgos, en razón de la posible comisión de errores o abusos.

En tal sentido destaca, notablemente, el caso de Lula, en Brasil, a quien se le impidió competir en las elecciones del 2018. Sin embargo, su sentencia fue posteriormente enmendada y anulada por el propio tribunal superior que lo había condenado, lo que le permitió ganar las elecciones de 2022.

También pueden mencionarse casos de abusos impermisibles como los cometidos por gobiernos autoritarios en Venezuela y Guatemala, contra opositores y líderes indígenas. Por ello mismo es que queremos que cualquier condena de inhabilitación se produzca en democracia; quede sujeta a instancias de revisión imparciales; y que el partido o coalición dominante no se encuentre en control de los tribunales relevantes.

En todo caso, y en lo que resta de este texto, quisiera señalar por qué es que, en democracia, puede considerarse justificada la práctica de los tribunales de inhabilitar a candidatos que han incurrido en faltas graves.

Me concentro sobre todo en una línea argumental, que implicará confrontar una idea tan repetida como ya vacía de contenido, según la cual la intervención de la justicia en asuntos tales, implicaría la “politización de la justicia, y la judicialización de la política”. Según entiendo, intervenciones judiciales como las que defiendo pueden inscribirse dentro de una reflexión destinada, justamente, a deslindar los territorios diferentes que tribunales y órganos políticos están llamados a ocupar.

En la visión que algunos proponemos, desde hace décadas, la sugerencia es que, por un lado, los tribunales se retiren, tanto como sea posible, del control de las cuestiones políticas cotidianas (es decir, sean deferentes frente a ellas). Esto significa que los tribunales, en principio, no deben inmiscuirse -como lo hacen hoy- en decisiones controvertidas de política pública, que pueden variar -democráticamente- de un gobierno al siguiente.

En tal sentido, los tribunales deberían ser respetuosos frente a las preferencias cambiantes de un electorado que puede querer hoy más o menos regulación económica; más o menos impuestos; más o menos severidad en la distribución de penas, etc. (con algún límite importante, impuesto por una Constitución como la nuestra que -contra lo que piensan el Presidente y sus asesores económicos, ignorantes o irrespetuosos en materia jurídica- resulta muy demandante en términos de “justicia social” y derechos sociales).

Por otro lado, y como contracara de lo anterior (jueces que deben ser fundamentalmente pasivos o deferentes frente a una mayoría de decisiones políticas), la justicia debería ser híper intervencionista y activa en la custodia de las “reglas de juego” democráticas. Hablamos, de este modo, de una función muy parecida a la intervención del réferi en un partido de fútbol: el réferi no debe inmiscuirse (y tratar de cambiar el resultado) si el partido termina con un marcador que no le gusta o no le parece “justo” (i.e., gana por goleada el equipo que jugó peor). El réferi debe dejar que el resultado del partido sea el producto de lo que los jugadores han hecho y dejado de hacer en la cancha.

Sin embargo, y por ello mismo, debe ser super estricto en la custodia de las reglas de juego. Dicha tarea incluye anular los goles hechos con la mano o en fuera de juego; o amonestar, y eventualmente expulsar a quienes cometen faltas graves.

Ese deber primordial de cuidar, ante todo, que el juego (democrático) pueda seguir jugándose, debió haber llevado, en México, a impedir lo que acaba de ocurrir, esto es, la colonización del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo; debería implicar, en la Argentina, la inmediata invalidación de la ley 26122, que invita al Ejecutivo a gobernar por decreto; o debió haber llevado, en los Estados Unidos, a que la justicia excluyera a Trump de la política, luego de haber provocado, en el 2021, el asalto al Capitolio.

La alternativa, frente al jugador que (no importa si se apellida Trump, Bolsonaro, Kirchner o Milei) comete una falta muy grave, no es la de decir “dejen que el jugador (que agrede) siga, dejen que el resultado se defina en la cancha”.

El respeto de los resultados del proceso democrático tiene como precondición el resguardo de las reglas que lo hacen posible, y ellas incluyen la separación de aquellos que cometen faltas gravísimas durante el juego.

La resistencia militante en Rawls

noreply@blogger.com (rg) — Sun, 25 May 2025 16:00:00 +0000

Rawls y el concepto de resistencia militante, (re)publicado por los amigos de Kewelche

https://kalewche.com/john-rawls-y-la-resistencia-militante-como-categoria-inexplorada

´Cómo (nos) fallan las Cortes. La misión de la Corte en tiempos de crisis democrática

noreply@blogger.com (rg) — Tue, 20 May 2025 14:11:00 +0000

Según nos anuncia, la Corte Suprema Argentina culminó el año 2024 con un nuevo “recórd histórico” de sentencias dictadas. Su reporte de diciembre del 2024 nos confirma que el tribunal “ya superó los 12.250 fallos, alcanzando más de 20.200 causas resueltas.” Bastante más que las 10.024 sentencias del 2023, o las 8050 del 2022. Los números impresionan: sorprende la contundencia de las cifras; la cantidad de los casos decididos. Sin embargo, hay algo disonante en esas estadísticas. Algo que se torna evidente cuando las contrastamos con las realidades que conocemos y que explican, tal vez, el hecho de que colectivamente no festejemos esos números, o que ni siquiera nos importen demasiado. ¿Será, simplemente, que preferimos ignorar una información relevante, o será, más bien, que los datos presentados resultan menos significativos de lo que parecen? Mi impresión está más cerca de esta última línea de reflexión y quisiera, en lo que sigue, explicar por qué. Anticipo mi conclusión: entiendo que la Corte Suprema Argentina, como otras en el mundo, no está cumpliendo con la función que debe asumir, en este período de radical crisis democrática. Cuando el techo de la “casa común” se desmorona, decir que uno ha pintado las paredes o arreglado al jardín puede ser visto no sólo como “muy poco,” sino -peor- como parte del problema. ¿Cómo no dedicar la poca energía de que se dispone a mantener en pie al propio hogar, cuando ceden las estructuras que lo sostienen?

Para justificar lo que quiero sostener -que la Corte debería concentrarse en la preservación de las bases del procedimiento democrático- basta con reconocer lo que buena parte de la doctrina contemporánea reconoce. Ocurre que la Argentina representa hoy un caso (extremo) más de un problema extendido en buena parte de Occidente, y que tiene que ver con la consolidación de cambios sociales y económicos que han puesto en crisis al constitucionalismo nacido hace dos siglos. El derecho comparado viene insistiendo, en las últimas décadas, en llamar la atención sobre el problema de la “erosión democrática,” que nos habla de cuestiones bastante evidentes: expresiones de una crisis que conocemos. En América Latina, el examen de situación puede comenzar con lo que resulta una buena noticia: hoy ya no ocurre lo que fuera la regla en siglo xx, en materia de estabilidad democrática. Han terminado esos procesos de quiebra recurrente en el sistema institucional: la práctica habitual de los golpes de estado. Sin embargo, lamentable y esperablemente, esa “buena noticia” no ha significado la transformación de nuestros sistemas constitucionales en democracias sólidas, estables y justas. Como dijera Guillermo O’ Donnell, hoy nuestras democracias no “mueren de un solo golpe”, violentamente como antes, sino que se van desangrando a través de “mil cortes” -ninguno fatal, todos muy serios- conduciendo a la “muerte lenta” del sistema. Típicamente, reemplazamos los golpes de estado por líderes más o menos autoritarios que, “desde adentro”, van “aflojando las tuercas” del sistema, desmontando la maquinaria democrática de “frenos y balances”. Explicar la llegada de esos líderes autoritarios, y la falta de confianza ciudadana en su clase dirigente, nos llevaría muy lejos (deberíamos hablar de desigualdades sociales profundas; pero también, del fin de las sociedades pequeñas, divididas en pocos grupos homogéneos, con intereses estables, sobre las cuales se erigió el constitucionalismo que conocimos). El hecho es que, por diversas razones, vivimos hoy (en la Argentina y más allá) en sociedades políticamente polarizadas y socialmente injustas; con clases dirigentes deslegitimadas; ciudadanos dispuestos a canalizar su “sed de venganza” en las urnas; y líderes que acceden al poder con la promesa principal de “romperlo todo”.

Ése es el marco social, legal y político en el que nuestras Cortes actúan: una casa que se derrumba, y que recurrentemente queda a cargo de personas que portan un hacha en la mano: líderes que, como Trump, o Milei, o Bolsonaro, o Erdogan, u Orban, se muestran dispuestos a concretar su personal “asalto” sobre las instituciones, hasta someterlas a su arbitrio. Se trata de personajes que, habitualmente, aparecen dispuestos a favorecerse a sí mismos, ya sea haciendo negocios (más dinero) o maximizando sus capacidades de actuar discrecionalmente (más poder), a costa de la legalidad democrática. Frente a semejante cataclismo, las Cortes no pueden actuar como si viviéramos en “tiempos normales.”

Más bien lo contrario. Por ello, las mejores reflexiones sobre los deberes de las Cortes (qué deben hacer, cuándo deben intervenir, y de qué modo) son aquellas que comienzan con un análisis sensible a los “problemas del tiempo”. Tales análisis parten siempre de la pregunta apropiada: “¿cuáles son, hoy, las principales amenazas que sufre nuestra democracia constitucional?” En una de las pocas ocasiones en que la Corte de los Estados Unidos reflexionó sobre los alcances de su propia labor (la célebre nota al pie n. 4 del fallo Carolene Products, de 1938), el tribunal elaboró una respuesta de ese tipo, es decir, una respuesta plenamente sensible a los más graves problemas de su tiempo. Sostuvo entonces que, en el contexto de i) una política que tendía a ser “capturada” por los lobbies en el poder, y ii) gobiernos que recurrentemente se mostraban dispuestos a “dejar fuera de juego” a ciertas minorías (negros, homosexuales, etc.), su misión debía concentrarse en dos tareas principales: i) “mantener abiertos los canales del cambio político” (impidiendo los procesos de “captura” por el gobierno a cargo); e ii) impedir las discriminaciones contra minorías “discretas e insulares”. Toda la atención y energía de los tribunales debía dirigirse a atender y remediar tales recurrentes patologías.

El razonamiento que debería guiar a nuestra Cortes hoy, en este tiempo, debería mantener una estructura, y en buena medida unos resultados, semejantes a los entonces propuestos. La pregunta principal sigue girando en torno a cuáles son las amenazas más graves que enfrenta, en la actualidad, nuestra democracia constitucional. Y la respuesta sigue, siendo, con algunos ajustes, una como la que se ofreciera en Carolene Products. Podríamos decir entonces (por ejemplo, y con los matices del caso) que los tribunales deberían centrar sus energías en evitar la “erosión democrática” (el esperable, previsible intento de nuestros Ejecutivos, de expandir su poder y afectar la estructura de “frenos y contrapesos”), conteniendo a la vez las injustas desigualdades sobre las que tales políticas se asientan. Se trata de deberes que, por lo demás, claramente se derivan de la estructura de poderes y de los generosos derechos reconocidos por nuestra Constitución de 1994.

Una vez que, de este modo, repensamos la labor de una Corte como la Argentina, entendemos mejor por qué no nos asombra o no admiramos que la Corte decida, en promedio, unos “mil casos por mes”. Ocurre que, de un modo u otro, todos reconocemos que la Corte no está concentrándose en lo importante. No está ocupándose de lo que debe o, lo que es peor, lo hace mal, cuando se ocupa de ello. Cuando la Corte permite que se gobierne sin presupuesto; cuando no reacciona frente a una ley (la 26122), que autoriza a que el Ejecutivo legisle discrecionalmente; cuando convive “sin decir nada” con mega-decretos que aspiran a modificar leyes o Códigos a partir de la voluntad arbitraria del Presidente; cuando promueve la jura (como juez de la Corte!) de un académico nombrado por fuera de los muy estrictos procedimientos exigidos; cuando no fulmina la posibilidad de que se designen jueces de la Corte “durante el receso” legislativo, y sin acuerdo o con la oposición de las provincias y del Senado, la Corte fracasa en su misión democrática. No se trata de una Corte “respetuosa de la política y de sus tiempos”, sino de un tribunal que, a través de lo que hace y de lo que omite hacer, contribuye protagónicamente a la debacle democrática. Lo importante, entonces, no es que el máximo tribunal decida este año un millón de casos, y bata un nuevo récord el año próximo sino, tal vez, que decida sólo una decena de ellos: casos cruciales para el sostenimiento del constitucionalismo democrático. Hoy más que nunca, dicha tarea resulta urgente, cuando parece que la democracia se nos escurre de entre las manos.

, debería cambiar sus prioridades, y actuar de otros modos- no necesito decir que atravesamos la peor crisis de todos los tiempos, o que enfrentamos a una crisis sin salida. Basta con sostener que estamos ante una crisis gravísima, capaz de poner en jaque al mismo sistema democrático. Esta idea -agregaría, a mi favor- parte de supuestos extendidos y compartidos por buena parte de la doctrina contemporánea, que reconoce que Occidente enfrenta (aún, democracias muy desarrolladas) una crisis inédita de la representación política, que se traduce en gobiernos con poca legitimidad, y un crecimiento de las opciones políticas más extremas -como si la ciudadanía buscara el “estallido” institucional, o la “ruptura” de todo el esquema político conocido, como forma de mostrar su disconformidad con los modos de funcionamiento del sistema.

Fueros para la política (todavía?) en el siglo xxi

noreply@blogger.com (rg) — Sun, 27 Apr 2025 20:25:00 +0000

Seguimos pensando la política actual, y la organización de la esfera pública, con parámetros que pudieron tener sentido siglos atrás, pero ya no. Lo cual tiene consecuencias graves, por ejemplo, en cuanto a los modos en que concebimos al sistema institucional.

Así, mantenemos arreglos y prácticas constitucionales que deberíamos rechazar, o no introducimos cambios de organización urgentes, y que imperiosamente necesitamos: como si la democracia contemporánea tuviera algo que ver con lo que fuera la vida pública, hace cientos de años.

Entonces, algunos defienden ¡todavía hoy! la concentración del poder en uno o unos pocos, porque “tenemos una tradición caudillista; o preservamos al voto periódico como único canal institucional relevante para la participación política, como si -todavía hoy- la democracia pudiera ser reducida al voto; o insistimos en una defensa del Poder Judicial basada en la superioridad epistémica de los jueces -un supuesto que pudo tener sentido en el siglo XVIII, pero no hoy, en donde la actuación del Poder Judicial requiere de otras formas, y otras razones de apoyo.

En todo caso quisiera, en lo que sigue, concentrarme en un punto más específico, relacionado con el sistema de la representación política, y la relación entre ciudadanos y representantes. En esta área -es mi impresión- seguimos aferrado a lógicas muy propias de tiempos pasados, y que en la actualidad han perdido todo sentido.

Para ir al tipo de casos que me interesan, podría comenzar recordando que, en el siglo XIV, en Inglaterra, nacieron los “fueros” para la política, creados por el propio Parlamento, y con el objeto de poner límite a los reiterados y graves abusos de la Corona. Frente a las arbitrariedades de los reyes, destinadas a excluir o silenciar a opositores “molestos” de la legislatura, los “fueros” se erigieron como un modo de sostener y hacer posible la crítica al poder real.

Ello resultaba especialmente relevante cuando (injustificadamente) se asumía que el Parlamento representaba acabadamente a todos los diferentes “órdenes” o segmentos relevantes de la sociedad.

Si la representación política vigente permitía que toda la sociedad quedara adecuadamente representada en el Parlamento, luego, cada voz que se perdía (por ejemplo, porque se impedía que alguno de los representantes electos asumiera como tal, o se mantuviera en su cargo) implicaba que algún sector de la sociedad perdía representación. Siete siglos después, claramente, una idea semejante resulta insostenible.

Las diferencias entre el ayer y el hoy resultan múltiples y notables, aunque aquí me limitaré a mencionar sólo a una de entre ellas.

Desde hace décadas, enfrentamos una crisis de representación política extrema e irreversible. No hay forma, en la actualidad, de dar cabida, dentro de la legislatura, a la infinidad de intereses, puntos de vista, y concepciones del bien diferentes, propias de sociedades plurales y multiculturales, como las nuestras.

Así, hasta hace algunas décadas, podía asumirse que la “clase obrera” representaba a la mitad o a un tercio de la población, por lo cual, si se aseguraba la presencia de representantes obreros en el Congreso (el Partido Laborista en Inglaterra, el peronismo en la Argentina, etc.), se conseguía que casi la mitad de la sociedad quedara representada.

Hoy (por cómo disminuyó y se atomizó la clase obrera; por la diversidad de intereses al interior de dicha clase; etc.) ese “sueño” terminó. Rota la “correa de transmisión” entre sociedad y legislatura que eran los partidos políticos, queda roto también el vínculo entre ciudadanos y representantes -representantes que hoy se sienten, con razón, gozando de plena autonomía para tomar decisiones a gusto y sin amenaza seria de controles.

En este nuevo contexto, los viejos “fueros legislativos” se han convertido, en la gran aspiración de la política venal, interesada en asegurarse los privilegios y las protecciones legales de las que carecemos todos los demás mortales.

Del mismo modo deben leerse los intentos para que no se establezcan o apliquen restricciones (políticas o judiciales) a la participación electoral de personas condenadas; o las resistencias a que la ciudadanía común (ie. vía “jurados ciudadanos”) se involucre en el examen de la corrupción política.

Se trata de modalidades a través de las cuales el poder establecido (político, judicial, sindical, empresarial) se protege a sí mismo y se blinda ante los controles externos: siempre, inequívocamente, bajo la inflamada retórica de la soberanía popular y el gobierno del pueblo. Dadas las prácticas de depredación dominantes, la nueva política democrática debe pensarse, entonces, en reacción a ellas.

La pregunta a hacerse es cómo empoderar a la ciudadanía, para que recupere capacidad de decisión y control, frente a una dirigencia hoy dispuesta a actuar conforme a sus exclusivos intereses, garantizándose a sí misma la impunidad que sus iniciativas requieren.