Los últimos acontecimientos que se han dado con motivo de la implementación del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act )en Panamá, son de suma importancia para todas aquellas personas que cuenten con un pasaporte emitido por los Estados Unidos de América o sean residentes de los Estados Unidos de América y tengan cuentas u obligaciones en entidades financieras panameñas.

Los últimos acontecimientos se resumen en lo siguiente:

1.- El IRS de los Estados Unidos a través del FATCA ha puesto en los bancos y sus funcionarios (incluyendo oficiales de cuenta) la responsabilidad de remitir información acerca de clientes de nacionalidad norteamericana.

2.- Los Estados Unidos ha dejado claro que si los bancos panameños desean continuar ejerciendo el negocio de banca y haciendo transacciones a través de los Estados Unidos, tienen la obligación de cumplir con las reglas establecidas por el IRS a través del FATCA.

De no cumplir los bancos con dicha responsabilidad, entrarán en una lista de entidad financiera no cooperadora con el IRS y estarán sujetos a cualquiera de las siguientes medidas:

a.)   Retención del 30% del monto que tengan depositado en una cuenta en Estados Unidos.

b.)   Al cierre de  sus cuentas de corresponsales en Estados Unidos, por lo que no podrían continuar haciendo negocios en el mercado financiero internacional.  

3.- En el mes de julio de 2013, inicia el proceso para que todos los bancos que operan en Panamá suscriban un acuerdo con el IRS.  Para la implementación del FATCA los bancos deberán modificar sus sistemas, formularios, contratos, etc., para ajustarlos al FATCA.

4.- A partir del 1 de enero de 2014, todas las cuentas bancarias que se abran para clientes norteamericanos, deberán ser reportadas al IRS.

5.- Con respecto a las cuentas pre-existentes de clientes norteamericanos los bancos tienen hasta el año 2015 para regularizar las mismas, haciendo un proceso de debida diligencia,  documentarlas y reportarlas al IRS.

6.- Cada oficial de cuenta de los bancos se convertirá, a partir del mes de enero de 2014, en un funcionario recolector de información para el IRS.

El oficial de cuenta tiene la obligación de investigar si sus clientes tienen o no la nacionalidad norteamericana.  Si existen indicios o llegaran a tener conocimiento por terceras personas de que un cliente tiene pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica, dicho oficial tiene la obligación de exigirle al cliente que le demuestre que tiene un pasaporte emitido por los Estados Unidos de Norteamérica.  

El cliente tiene 3 meses para aportar la documentación al banco, y de no hacerlo, el banco declarará dicha cuenta como “recalcitrante”, y la misma será reportada al IRS. 

El banco también procederá a retener el porcentaje correspondiente al IRS, o bien  al cierre de dicha cuenta.

7.- El IRS estará monitoreando cuántas cuentas “recalcitrantes” tienen un banco en un momento dado, para determinar si lo considera o no como una entidad no cooperadora con el IRS y tomar las medidas antes indicadas (retención del 30% o cierre de su cuenta en USA).   Esto significa que los bancos se esmerarán por tener la menor cantidad posible de cuentas “recalcitrantes”.

8.- En vista de todos estas obligaciones que le ha puesto el IRS a los bancos panameños,  se estima que las entidades financieras panameñas, mantendrán en la menor cantidad posible, cuentas de personas naturales o cuentas de personas jurídicas cuyos beneficiarios finales, tengan pasaporte de los Estados Unidos o sean residentes de dicho país, por lo costoso y riesgoso que resultará mantener dichas cuentas, Estas cuentas estarán sujetas a un monitoreo especial y constante por parte del banco, y a los respectivos reportes al IRS.

9.- La ANIP ha manifestado que el gobierno panameño ya ha iniciado los procesos para implementar el FATCA en Panamá, lo que incluye la suscripción de un acuerdo intergubernamental con USA para efectos de reportar información al IRS a través del sistema E-TAX.   Serán reformadas algunas leyes para que no entren en conflicto con la aplicación del FATCA en Panamá.  

Mediante la ley 47 de 6 de agosto de 2010 se adopta un régimen de custodia de certificados de acciones emitidas al portador, en el que se establece la obligación de Entrega en Custodia de los Certificados de Acciones Emitidas al Portador

Designación del custodio autorizado. A partir de la entrada en vigencia de la Ley, todo propietario de acciones emitidas al portador deberá designar a un custodio autorizado para que mantenga en custodia los certificados de acciones al portador respectivos.

Entrega de los certificados de acciones al portador emitidos con anterioridad a la vigencia de la Ley. Los certificados de acciones al portador emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley deberán ser entregados a un custodio autorizado, junto con la declaración jurada dentro del periodo de transición establecido en la ley.

Periodo de transición de los certificados de acciones al portador emitidos con anterioridad a la vigencia de la Ley. Respecto de los certificados de acciones al portador que hayan sido emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley, se otorga un plazo de tres años, luego de su entrada en vigor, para entregarlos en custodia. 

Entrega de los certificados de acciones al portador emitidos con posterioridad a la vigencia de la Ley. Toda sociedad que emita certificados de acciones al portador con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley deberá entregarlos al custodio autorizado nombrado por el propietario, junto con la declaración jurada, dentro de un plazo de veinte días, contado a partir de la aprobación de la emisión de las acciones al portador.

Para efectos de nombrar al custodio autorizado, el propietario deberá proporcionar a la sociedad emisora el nombre completo del custodio autorizado, su dirección física y los datos de una persona a la que la sociedad emisora podrá contactar en caso de ser necesario, con indicación de un número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax. La sociedad anulará la emisión de las acciones al portador si el propietario no suministra, dentro
del plazo establecido en este artículo, la información y declaración jurada a que se refiere la norma.

Si tienes una propiedad en Panamá y quisieras congelar el

impuesto de inmueble, esta información puede ser de tu interés.

La Congelación del Impuesto de Inmueble en Panamá consagrada en la Ley 6 de 1987 se establece como una medida de beneficio para panameños o extranjeros, que congela el valor del impuesto de inmueble de una propiedad, evitando que se aumente el impuesto a pagar, aun cuando aumente el valor catastral del bien, ya sea en razón de avalúos generales, oficiosos o realizados a voluntad del interesado, siempre que se mantengan las condiciones establecidas en la Ley para su otorgamiento.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 6 de 1987 para la congelación del impuesto de inmueble en Panamá pueden aplicar las siguientes personas:

·        Los ciudadanos panameños o extranjeros que tengan 55 años o más, si son mujeres; o 60 años o más si son varones.

·        Todos los jubilados o pensionados.

La ley establece adicionalmente que la persona o personas que apliquen debe probar:

·        Que la vivienda o finca sea su domicilio.

·        Que la vivienda o finca se encuentre inscrita a su nombre.

·        Que la vivienda o finca sea su única propiedad.

La solicitud de congelación del Impuesto de Inmueble deberá realizarse a través de la AUTORIDAD NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.N.I.P.) completando los siguientes requisitos:

1- Fotocopia de cédula de identidad personal, carnet de jubilado o pensionado de los solicitantes.

2- Certificación emitida por el Registro Público de Panamá de la Finca que acredite que el solicitante es dueño de la propiedad  y que es la única que posee.

3- Completar el formulario de solicitud de congelación del impuesto de Inmueble proporcionado por la A.N.I.P.

Para cualquier pregunta, contáctanos por correo electrónico a rherrera@rhdabogados.com; legal2@rhdabogados.com

O a nuestros teléfonos 394-0278/ 390-0342

“IMPORTANT CHANGES TO PANAMANIAN TRADEMARK LAW”

The legislature of the Republic of Panama has recently approved several amendments to the Trademark Law.  As of October, 2012:

• Notarization and legalization of PoAs have been eliminated.
• The requirement of a Certificate of Good Standing and Legal Representation has been eliminated.
• In the case of foreign applicants a designation of a local address for service must be made.
• Multiclass applications are allowed.
• Use of the trademark must be local.
• Registration of License of use agreement are no longer mandatory.
• Commercial names are protected without registration.
• New regulations for IG’s have been issued.

You may contact us for any further information at  rherrera@rhdabogados.com

RHD ABOGADOS

Panama, Republic of Panama

La Conferencia y Exposición Mundial de LPO y la exposición es uno de los eventos de outsourcing legal más grandes del mundo para consejeros, socios de firmas de abogados, compradores, proveedores, inversionistas y encargados de la industria legal, Propiedad Intelectual y de Outsourcing.

Las Conferencia y Exposición Mundial de LPO ofrece un análisis de los últimos avances tecnológicos y escenarios del mundo real para aportar soluciones legales y tecnológicas en el mercado. En el evento también se ofrecen discusiones sobre temas de alto perfil relacionados con cambios en la política, nuevas fuentes de outsourcing legal, ética y asuntos legislativos.

Este Proyecto de Ley busca salvaguardar y garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal, estableciendo regulaciones al Tratamiento, automatizado o no, de datos personales, el cual será de orden público y de observancia general en toda la República de Panamá. Los sujetos regulados en el Proyecto de Ley, son las personas naturales y jurídicas de carácter público o privado, con o sin fines de lucro, que lleven a cabo el Tratamiento y/o Custodia de Datos Personales.

La Ley contempla algunas excepciones relativas a:

1.- Entidades privadas como es el caso de las agencias de información de datos sobre historial de crédito, en cuanto a lo ordenado por su regulación especial vigente y la recolección y almacenamiento de Datos Personales, que son para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial;

2.- Los servidores públicos en los casos donde la Ley establece información sobre la persona que debe ser de dominio público y bajo la tutela de la Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

Se establece de igual forma, en este Proyecto de Ley, que las bases de datos que contengan Datos Personales y que reposen en custodia del Estado, deberán ser resguardadas de manera segura, ya sea que se encuentren ubicadas dentro o fuera del territorio nacional, como complemento a las legislaciones especiales que crean y reglamentan las bases de Datos Personales. En cuanto a los datos de importancia crítica estatal, se establece que los mismos deben hospedarse en servidores ubicados dentro del territorio nacional.

El  Proyecto de Ley aspira a dotar de un instrumento legal de protección y defensa. Es de carácter general, como norma supletoria para desarrollos normativos derivados de ámbitos de competencia cercanos o conexos, tales como la legislación mercantil, penal, procesal, familiar y las normas sobre transparencia, salud pública y cualquier otra que guarde relación con el Tratamiento de Datos Personales.

Los conceptos o el modelo planteado en el Proyecto de Ley responden a la evolución y desarrollo que en materia jurídica se ha producido; así como también a las nuevas necesidades que en materia de protección de datos han surgido en los últimos años a raíz de la evolución de materias relacionadas con el almacenamiento, interoperabilidad, aplicaciones de inteligencia o analítica, y Tratamiento digital de la información y para los cuales no se había legislado.

Aún no se sabe a ciencia cierta cuál será el impacto de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FACTA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2010 como parte de la Ley de Incentivos de Contratación para Restaurar el Empleo (Hire Act).

Con el FACTA, los bancos que operan en la plaza panameña, que tengan un agente o banco corresponsal en EU, estarían obligados a informar automáticamente a las autoridades estadounidenses sobre sus clientes que poseen nacionalidad, ciudadanía o residencia estadounidense. Con esta medida el Gobierno de EU busca combatir la evasión fiscal estadounidense.

Por el momento, y mientras esperan la regulación del FACTA, algunos bancos han optado por no abrir cuentas a ciudadanos o a empresas estadounidense como mecanismo de protección y para cuidar su reputación.

Otros abren las cuentas con condiciones. El depositante, luego de pasar por el tamiz de “Conoce a tu Cliente” y debida diligencia, debe firmar un documento que autoriza al banco a suministrar información en caso de que una autoridad estadounidense lo requiera dentro de un proceso administrativo fiscal.

Esta ley le va representar costos adicionales a los bancos para adecuarse a los requisitos de FATCA.

Ello incluiría la implementación de nuevos sistemas, capacitación de personal, nuevos departamentos, incluso nuevo personal.

Aunque el secretario general de la Superintendencia de Bancos, Amauri Castillo, reconoce que en el centro bancario panameño el volumen de depósitos de estadounidenses no es significativo, advierte que “no podemos olvidar que EU es el principal socio comercial de Panamá.

Cerca de un 80% de los depósitos extranjeros en Panamá proviene de países latinoamericanos.

“Posiblemente haya algunos depósitos que puedan salir, que a lo mejor están colocados aquí con algún interés de no declararlos en EU. Pero para ser honesto, esos no son los depósitos en que Panamá tiene realmente un interés”, remarcó el funcionario.

Hizo la salvedad, además, de que la banca local y la internacional que participa en esta plaza tampoco favorece o alienta ese tipo de depósitos. Pero la afectación de estas leyes estadounidenses no solo es una preocupación en Panamá, sino también en otras jurisdicciones.

Sobre dicho tema, es muy importante aclarar que las entidades bancarias pueden proceder a requerir del cliente, la firma de documentos en blanco, siempre y cuando, se cumpla con lo previsto por la Ley Bancaria. No obstante, a la vez, debemos tomar en cuenta, que en el caso particular de las transacciones bancarias, es deber del banco informar al cliente sobre la existencia de documentos anexos que van implícitos a la obligación principal y que van a ser firmados en blanco.

En este sentido y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 193 de la Ley Bancaria, es deber de los bancos proporcionar toda la información y documentación relacionada con las obligaciones y contratos que estos pacten con los clientes. Así mismo, se vuelve un derecho del cliente bancario, el exigir antes, durante y después de la relación contractual, toda la documentación que forma parte y valide la relación contraída con el banco. Aunado a esto, la Ley Bancaria en su Artículo 197, expone claramente cómo procederá el banco en cuanto se firmen documentos en blanco o accesorios que estén anexos al contrato principal.

Estos documentos deben estar claramente identificados y relacionados a la transacción, por consiguiente, deben especificarse en el contrato principal o en otro documento suscrito por el banco y por el cliente bancario. Al mismo tiempo, es muy importante tener presente, que concluida la relación contractual entre el cliente bancario y el banco, los documentos accesorios firmados en blanco no utilizados, deberán ser devueltos al cliente bancario y, si en el término de treinta (30) días hábiles éste no retira dichos documentos, el banco procederá a su destrucción. Dicha disposición, de igual manera, prevé que lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Documentos Negociables.

Igualmente, dentro de las obligaciones de los bancos, la Ley Bancaria prevé en el numeral 2 del artículo 193, que los bancos deben abstenerse de utilizar los actos otorgados o cumplidos por el cliente bancario, como la firma de documentos en blanco, para fines distintos a los anunciados al momento de requerirlos. Ante las disposiciones legales citadas, se advierte claramente que la firma de documentos en blanco es permitida, siempre y cuando dicha actuación cumpla con determinados requerimientos o formalidades que establezca la Ley Bancaria.

Por consiguiente, cualquier violación a lo estipulado por estos artículos, constituye violaciones a la normativa bancaria, lo cual afecta al cliente, quién tiene todo los mecanismos necesarios para iniciar un reclamo contra la entidad bancaria que soslaye sus derechos.

Fuente: Departamento de Servicio de Atención al Cliente Bancario de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Artículo publicado el miércoles, 22 de junio de 2011 en el Diario La Estrella

FATCA requiere que las entidades financieras extranjeras suscriban un contrato o acuerdo mediante el cual se obligan con el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América, a proveer información sobre ciudadanos o residentes estadounidenses que posean inversiones financieras en el extranjero. De lo contrario, penalizará a las entidades financieras extranjeras que no cumplan con este requisito, con una retención del 30% sobre los pagos realizados a éstas.

FATCA considera como entidades financieras extranjeras, no sólo las de crédito, sino también cualquier entidad que opere en el negocio relacionado con la tenencia de activos financieros por cuenta de terceros, así como cualquier entidad que opere en el negocio de inversión, reinversión o comercialización de valores, intereses en partnerships, commodities, o cualquier otro interés en valores (incluyendo futuros, forwards u opciones).

Por lo tanto, se verán también influenciadas por esta norma las entidades aseguradoras, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, los fondos de capital de riesgo, los hedge funds, las sociedades y agencias de valores, empresas fiduciarias y, en general, toda entidad que participe en cualquier eslabón de la cadena de flujos financieros.

La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá aprobó el Acuerdo 2-2012 “por medio del cual se regula la contratación de corresponsales no bancarios para la prestación de determinados servicios en nombre de los bancos”.

El Acuerdo permitirá a los bancos oficiales y de licencia general, que llevan a cabo el negocio de banca en la República de Panamá, obtener mayores niveles de eficiencia al operar a menores costos, el descongestionamiento de las sucursales y dar mayor facilidad para el acceso a los servicios financieros a sectores de la población donde no existen sucursales o cajeros automáticos.

Además contribuirá a incrementar significativamente los niveles de bancarización, favoreciendo la incorporación a los servicios bancarios y al desarrollo de la economía nacional.

Entre las modalidades de servicio que ofrecerán los corresponsales no bancarios se destacan: Depósitos y retiros en efectivo en cuentas corrientes y cuentas de ahorros, así como transferencias de fondos que afecten dichas cuentas, consultas de saldos, movimientos en cuentas de ahorro y corrientes, consulta de saldos de préstamos u otras facilidades crediticias, desembolsos por concepto de operaciones de crédito.

También se ofrecerán los servicios de desembolsos y pagos de programas sociales, envío y recepción de giros y remesas, pagos de servicios, retiros con tarjetas de débito, expedición de estados de cuenta y otros servicios que sean autorizados por esta Superintendencia de Bancos.

Se estableció que los servicios ofrecidos por los corresponsales no bancarios deben cumplir con los acuerdos y regulaciones emitidas por este ente regulador en materia de transparencia y acceso a la información.

Los bancos que ofrezcan esta modalidad, serán plenamente responsables frente a los clientes y usuarios por las operaciones y servicios prestados a través de estos.

Igualmente deberán implementar mecanismos de control interno idóneos para la funcionalidad de los corresponsales no bancarios, que provean niveles razonables de seguridad, precisión y previsión de riesgos en la administración, registro y realización de las transacciones y operaciones que se generen.

El Acuerdo también determina el uso de plataforma tecnológica que garantice la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de la información, a través de estos servicios.