El primer tweet en directo desde el espacio

1. Permite acceder a un catálogo de 400.000 libros electrónicos (la inmensa mayoría en inglés) sin necesidad de adquirir un dispositivo concreto, sino aprovechando uno que ya se tiene.
2. Con lo que te ahorras gracias a 1) puedes comprar decenas (y decenas) de títulos.
3. Evitas tener que cargar con más dispositivos cuando puedes tenerlo ya casi todo en uno. Si meto un libro electrónico en mi mochila llevaré cuatro dispositivos que en muchos aspectos sirven para lo mismo – contando con el móvil, el portátil y el reproductor multimedia.
4. No tienes que decantarte por ningún modelo y ningún formato, puedes tener en el mismo dispositivo todas las opciones que estén disponibles como aplicación para el móvil, ahora o en el futuro.
5. No hay limitación de memoria, formatos o color: la mayoría de los lectores de libros electrónicos son en blanco y negro (grises), tienen poca memoria para libros, limitación en los formatos de archivo (texto, audio, imágenes, vídeo) o simplemente su precio se va a las nubes por incorporar tarjetas de memoria, pantalla táctil o conexión WiFi, todo eso que ya has pagado por tener en un móvil o un reproductor multimedia.
6. Si en el futuro compras un Kindle ambos se sincronizan y complementan.

El texto se puede anotar y destacar; la esquina superior izquierda doblada indica que la página está marcada. Todas las marcas de usuario se añaden en el menú de acceso al contenido del libro (dcha.)

Lo único criticable es la insistencia en el justificado derecho del texto, que además de resultar en una maquetación poco estética produce agujeros en los que “se caen los ojos”, reduciendo la fluidez de lectura. (Dcha.) Opciones para personalizar la visualización del texto.

(…) no tenía ninguna intención de defraudar a los propietarios de los derechos de autor y que lo que él hacía era parecido a lo que hace Google: proporcionar una forma de conexión entre la gente.

1. Como “base WiFi” el MiFi se comporta como un router WiFi convencional (el habitual de los ADSL) y la conexión de datos 3G se puede compartir con hasta cinco dispositivos.
2. Como “módem USB” funciona como un módem USB 3G convencional: se conecta al puerto USB del ordenador y –en principio– sólo éste ordenador tendrá acceso a Internet.

1. Se coloca la tarjeta SIM y la batería y se enciende.
2. Se accede a la red WiFi que estará disponible cuando se encienda el indicador azul; la contraseña WEP está en la tapa de la batería.
3. Se escribe el PIN de la tarjeta SIM en la página web local (servida por el MiFi) que aparecerá al intentar acceder a cualquier sitio web desde el navegador.

1. Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
2. Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
3. Establece un procedimiento punitivo «a la carta» para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
4. Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de «lucro indirecto», es decir: a mí me pueden cerrar el blog porque «promocionó» a uno que «promociona» a otro que vincula a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos.
5. Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
6. De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
7. Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

1. Los artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 «Demandas legales», párrafo B. «Estímulo de la creatividad y la innovación», de la Carta);
2. La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 «Demandas legales», párrafo D, «Acceso a las infraestructuras tecnológicas», de la Carta);
3. El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 «Demandas legales», párrafo A, «Derechos en un contexto digital», de la Carta);
4. La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 «Demandas legales», párrafo C, «Conocimiento común y dominio público», de la Carta);
5. Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 «Demandas legales«, párrafo B, «Estímulo de la creatividad y la innovación», de la Carta).

1. Porque la propiedad intelectual no es en modo alguno un derecho fundamental, y en ningún caso puede ser puesta por encima de éstos. Montar un enorme aparataje legislativo y judicial para intentar combatir el declive de un modelo de negocio determinado es una auténtica barbaridad.
2. Porque poner los delitos contra la propiedad intelectual por encima de muchos otros delitos infinitamente más graves es algo que no se justifica de ninguna manera.
3. Porque no se protege a los creadores, sino únicamente a la industria intermediaria de la creación cultural. Los creadores, en una economía basada en atención, pueden adoptar modelos de negocio que les permitan seguir siendo remunerados por sus creaciones.
4. Porque crear una «casta de protegidos» que pueden acudir a una «justicia express» para solucionar sus problemas supone un evidente desprecio al resto de la ciudadanía.
5. Porque la cultura española no está sufriendo por culpa de las webs de enlaces que este plan pretende supuestamente combatir. De hecho, la cultura española no está sufriendo en absoluto.
6. Porque tal y como está redactado, el articulado permite que se persiga cualquier tipo de página web, sea cual sea su contenido y función. De hecho, al retirar la responsabilidad de los derechohabientes (quien denuncia es la Comisión, y quien asume responsabilidades en caso de daños y perjuicios por tanto el Estado), éstos pasarán a «tirar con pólvora del Rey», y el volumen de denuncias y las casuísticas recogidas en ellas se incrementarán notablemente.
7. Porque la protección existente con el ámbito legislativo actual es adecuada. Un derechohabiente que considere lesionados sus intereses puede interponer medidas cautelares que se ejecutan en un plazo muy breve, y derivar las oportunas responsabilidades en caso de que éstas existan. Que los jueces hasta el momento hayan considerado que esos casos deben ser sobreseídos o desestimados no es un «error del sistema», sino un criterio judicial plenamente fundamentado y justificado. La medida, por tanto, supone un desprecio al criterio de los jueces.
8. Porque la Ley de Economía Sostenible no es lugar para este debate, ni lo permite. El debate sobre la protección de los derechos de autor debe vincularse con la redefinición legislativa de los derechos de autor y la propiedad intelectual para adecuarla al nuevo escenario, y debe tener su propia tramitación independiente.
9. Porque permitir que un lobby industrial introduzca artículos a su antojo en un anteproyecto de ley revela un importantísimo problema de funcionamiento democrático, y debería conllevar la correspondiente depuración de responsabilidades: ¿cómo consiguió la Coalición de Creadores «colar» esa disposición final ahí? ¿Qué miembro del Gobierno les permitió hacerlo? ¿Por qué se escuchó a ese lobby que se arroga la representación de «los creadores», cuando existen muchos más creadores en Internet cuya voz no fue escuchada?
10. Y sobre todo, porque no va a servir para nada. Las páginas que sean cerradas reaparecerán con otros nombres, se clonarán cien mil veces, y se reubicarán constantemente. Porque esas páginas ni siquiera son necesarias para localizar contenidos para su descarga. Porque los bloqueos pueden saltarse de infinitas maneras. Y porque se está creando un incentivo para el desarrollo de una red mucho más incontrolable, que acabará generando muchos más problemas que los que hoy se pretende combatir.

{ Esta anotación está licenciada bajo Creative Commons (CC) }

• Ágil, eficaz... y muy embrollado, Paloma LLaneza en El país.
• Bravo: "La nueva ley de Internet no permite al juez entrar en el fondo del asunto", David Bravo en 20 minutos.
• Cuando la lógica de la ley linda con el absurdo, José Cervera.
• Un regalo envenenado contra las descargas ilegales: se incluirá con rango legal la intervención de la Audiencia Nacional, Sevach.
• Webs y economía… ¿sostenible?, Enrique Dans en La Gaceta.
• Propiedad intelectual o libertad de expresión: ¿Qué derecho prevalece aquí?, Carlos Sánchez Almeida en El Mundo.
• Fraude de etiquetas, Nicolás García Rivas en El Correo Digital.

1. La limitación en el volumen de tráfico mensual (que típicamente va de 1 a 10 GB al mes). Esta medida se refiere a lo que ocuparían todos los datos descargados y enviados a Internet si se guardasen en un disco duro. Normalmente una vez alcanzado el límite (cuya cantidad viene determinado por el plan contratado) la velocidad de navegación se reduce hasta unos irrisorios 128 Kbps, velocidad que en la vida han experimentado la mayoría de los actuales usuarios de Internet y que, aunque hace quince años era vertiginosa, hoy desesperaría hasta al más paciente de los internautas.
2. La posibilidad de compartir la conexión con otros ordenadores o dispositivos (móviles o videoconsolas con WiFi, por ejemplo) ya que el método de conexión habitual consiste en un módem 3G que se conecta al ordenador por USB y hasta hace poco no había una forma fácil y evidente de compartir esa conexión con otros usuarios.

1. Conectar el módem USB a la base WiFi y enchufarla,
2. Desde el ordenador acceder a la red WiFi creada por la base. La contraseña está en la etiqueta inferior de la base,
3. Acceder a una IP local (192.168.0.1) con el navegador web: se abrirá una página para escribir el PIN de la tarjeta SIM del módem USB.

“Tres mil millones de aplicaciones descargadas en menos de 18 meses: nunca antes habíamos visto nada parecido,” dice Steve Jobs, consejero delegado de Apple. “La revolucionaria App Store ofrece a los usuarios de iPhone e iPod touch una experiencia diferente a cualquier cosa disponible para otros dispositivos móviles; y no vemos indicios de que los competidores vayan a alcanzar pronto ese nivel.”

Creo que es necesario perseguir el P2P. La estupidez que se han inventado acerca del «sin ánimo de lucro» es digna de unos sinvergüenzas. ¿Que ocurriría si yo me llevara el coche de Zapatero y se lo prestara a un amigo para que disfrutara de él sin ánimo de lucro?

Copying Is Not Theft - let the re-recording begin! [1:00]

Copias digitales + cariño = ventas físicas + ingresos paralelos.

Algunos autores incluso han dejado de vender discos, porque prefieren vender camisetas, que son más baratas de producir, se venden a mayor precio y dejan más margen (…) Que un músico viva de vender camisetas es tan aceptable (o tan dañino) como que un futbolista viva de anunciar zapatillas.

El futuro es tan brillante que tendremos que llevar gafas de sol.

• Los derechos de autor y de propiedad intelectual deberían ser tratados del mismo modo tanto fuera como dentro de la red. Consideran que no tiene sentido legislar aparte para crear un "estado de excepción" en la Red.
• El PP se opone a la limitación de libertades que supondría la posibilidad del cierre o el bloqueo de páginas web sin autorización judicial. Este punto es clave e importante para ellos.
• Creen también que el acceso a la Red es un derecho fundamental, tan importante hoy en día "como poder pasear por la calle".
• El PP está a favor de abrir un gran debate sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual como tema principal. Esto ocupó gran parte de la reunión con muchas ideas y propuestas sobre los diversos aspectos que debería cubrir dicho debate y todos los actores implicados, la situación actual y ejemplos muy concretos de abusos por parte de las entidades gestoras como la SGAE.
• González Pons también está a favor de incrementar los medios y la formación de policías y jueces para perseguir los delitos que se puedan cometer en la red con mayor efectividad, pero siempre con las garantías judiciales oportunas.

Esta reforma permite que una Comisión del Ministerio de Cultura -y no un juez- sea la encargada de decidir si en una página web existe o no vulneración de derechos de propiedad intelectual, teniendo capacidad para cerrarla.

• David Bravo lo vuelve a dejar todo muy claro en este encuentro digital en EcoDiario:

  Esta reforma permite que una Comisión del Ministerio de Cultura -y no un juez- sea la encargada de decidir si en una página web existe o no vulneración de derechos de propiedad intelectual, teniendo capacidad para cerrarla.

• Nacho Escolar aclara el procedimiento:

  Si existe una denuncia y la comisión considera que merece ser bloqueada, hablará con los servidores donde se aloje esa web para que la descuelgue de la red. ¿Y si la página está en un servidor de fuera de España? Según Corral [Guillermo Corral, director general de política e industrias culturales], la solución consistirá en obligar a los operadores españoles, a Telefónica a Vodafone o a Ono, a que bloqueen desde sus máquinas el acceso a sus servidores.

• Proyecto de Ley de Economía Sostenible sobre internet: una chapuza jurídica insostenible, largo pero recomendable análisis desde el punto de vista legal.
• El ex presidente del Tribunal Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo ve peligroso que el Estado tutele derechos de libertad.

• El anteproyecto no pretende perseguir a los usuarios individuales de programas P2P, ni tampoco a los creadores de dichos programas. Los sitios como weblogs, periódicos online, agregadores de noticias y similares no deberían tener tampoco de qué preocuparse: es una guerra que no va con ellos.
• Tampoco se pretende perseguir a las páginas de «enlaces a contenidos ilegales», dado que quienes realizan las actividades que se califican como ilegales son otras.
• No es la intención del anteproyecto perseguir a los individuos cortándoles su conexión a Internet en casa.

• La comisión no estará «navegando por la Red y poniendo denuncias.» Sólo podrá actuar si recibe denuncias de legítimos propietarios de las obras.
• La Comisión avisará al denunciado para que presente alegaciones o bien opte por retirar los contenidos. Esto será válido tanto si la página en cuestión está alojada en España como si está en el extranjero.
• La Comisión decidirá si tramitar la petición de cierre o bloqueo de la página, enviándosela a un juez.
• Las peticiones de cierre irían precedidas de una petición de bloqueos por URL (página por página). El cierre o bloqueo de un sitio completo sólo se haría en caso de denuncias reiteradas, tal vez diez o más veces.
• Los bloqueos de webs o URLs se tramitarían a través de los proveedores de acceso españoles.

• No prevé actuación alguna contra los usuarios finales, cuyos datos identificativos siguen estando protegidos como antes por la Ley de Conservación de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos a menos que se vea involucrada la seguridad nacional o el orden público u otras consideraciones de igual rango. Al no poder identificar un usuario por su dirección IP tampoco se le podrá desconectar de Internet.
• Los enlaces P2P siguen sin suponer la vulneración de derechos de propiedad intelectual.
• No añade la infracción de derechos de autor como causa para cerrar una página, pues esto ya existía al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Enjuiciamiento Civil, o la Ley de Enjuiciamiento criminal.

• Sí crea una Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual que puede decidir el cierre una web sin intervención de un juez, y además deja en manos de esta misma comisión el decidir si es necesaria una intervención judicial en caso de que la solicite alguna de las partes implicadas. Esto es muy peligroso, pues extrae el proceso de toda intervención judicial, y viene a ser como dejarle al zorro las llaves del gallinero, por mucho que se suponga que esta comisión estará formada por personas independientes.
• Hace intervenir a organismos públicos en la tutela de un interés privado en lugar de dejar que se siga persiguiendo como cualquier deuda civil, elevando éste a la categoría de valores o principios como son la salvaguarda del orden público, o la protección de consumidores o de menores de edad, y dejando por lo expuesto en el punto anterior a una de las partes prácticamente indefensa jurídicamente.

• déjà vu y Anteproyecto de Ley de economía sostenible | Disposición Final Primera por Pedro J. Canut.
• Proyecto de Ley de Economía Sostenible y los cortes de internet por David Maeztu.
• Sobre los cierres de páginas y servicios web que vulneren los derechos de propiedad intelectual, por Javier Prenafeta.
• Me van a desconectar de Internet si uso redes P2P? en el blog de Derecho en Red
• Sobre la Información en Materia de Propiedad Intelectual (II) por Andy Ramos