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GRAN HERMANO, GRAN ARMADO?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 02 Mar 2024 02:53:00 +0000

Sin dudas esta edición de Gran Hermano ha generado grandes controversias en cuanto a la veracidad de los recuentos de votos, provocando en el público que gasta millones de pesos en sus votaciones a favor de sus participantes favoritos.

La duda de los votantes surgió, sobre todo en el recuento de los votos emitidos en el último Repechaje, donde el voto fue positivo.

Según el conductor, al final del programa expresó que se recibieron alrededor 3.400.000 votos.

Según los porcentajes mostrados al aire y supuestamente chequeados y certificados por la escribana actuante, los guarismos serían los siguientes, según el orden en el que fueron mostrados en el programa:

William con 0,3% recibió 9000 votos.

Hernán con 3,3% recibió 99000 votos.

Catalina con 18,7% recibió 561000 votos.

Florencia con 8,68% recibió 260400 votos.

Axel con 9,78% recibió 222065 votos.

Joel con 26,7% recibió 546959 votos.

Alan con 15% recibió 240236 votos.

Lucía con 18,8% recibió 274732 votos.

Isabel con 49,7 recibió 589744 votos.

Sabrina con 26,6% recibió 315637 votos

Denisse con 23,7% recibió 281226 votos.

Es importante destacar que al comienzo de la entrada de la primer participante (Catalina) habían ingresado 3.000.000 de votos, cerrándose al final del programa en 3.400.000 votos aproximadamente, según palabras del conductor.

Ahora bien con la vuelta del segundo participante (Joel) comenzaron a repercutir en las redes muchas denuncias por fraude, en especial los seguidores de Denisse quienes aseguraban que se habían votado entre unificaciones y votos individuales alrededor de 700.000 votos, por lo que no cerrarían los guarismos, especulando en que la producción habría realizado fraude.

Con la eliminación de Lucía, una gran favorita para regresar a la casa, también sucedió lo mismo, denunciando que Isabel no podría justificar sus votos recibidos pues no tendría un gran fandom que la respaldaría.

Desde el punto de vista jurídico, de comprobarse la realidad del fraude, estarían incurriendo en la figura del delito de estafa.

En nuestro código penal la defraudación es el género y la estafa la especie, con lo cual toda estafa es una forma de defraudación y hay defraudaciones que no son estafas.

A diferencia del hurto y el robo, en la estafa el perjuicio patrimonial se alcanza con el engaño que es el medio comisivo empleado, lo que ha autorizado a sostener que los bienes atacados por la estafa son el patrimonio y la buena fe en el tráfico jurídico.

Además de la comisión de un delito, también se estaría violando la Ley de Lealtad Comercial que garantiza que el consumidor tenga información verdadera sobre los bienes y servicios que adquiere y que todos los proveedores se manejen con reglas claras.

En resumen, ante las amenazas por parte de los televidentes que votaron y que vieron que sus votos no fueron respetados, la producción simplemente decidió ingresar a las participantes Sabrina y Denisse (principal afectada) con un supuesto "Golden Ticket".

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LEY DE TELETRABAJO

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 12 Aug 2020 23:29:00 +0000

El Teletrabajo ya es ley en la Argentina.

Como sabemos, esta modalidad era utilizada en épocas previas a la pandemia que transitamos pero, el aislamiento hizo que un sinnúmero de actividades y compañías tuvieran que echar mano para no ver inmovilizado su negocio.

Antes de la pandemia, eran principalmente los informáticos los que realizaban su trabajo fuera de la sede de su empleadora, porque la dinámica era más favorecedora y alienta este tipo de contratación.

Desde hace cinco meses, esa modalidad se hizo viral, no existe empresa en la Argentina que no cuente entre su nómina con un porcentaje de empleados desarrollando su actividad mediante teletrabajo.

La necesidad entonces hizo que esta nueva modalidad contractual se adopte como otro de los medios para las empresas que tengan actividades que puedan ser compatibles. Sentado esto, se aclara que la modalidad contractual contempla no solo el teletrabajo en su totalidad como contratación, sino que la contratación por ambos medios puede ejercerse, esto es, parte de la jornada en la sede de la empresa y parte en el lugar donde el trabajador se encuentre con sus herramientas de trabajo.

PUNTOS MAS RELEVANTES DE LA LEY

Igualdad de derechos respecto de aquellos que tengan mismas tareas en modalidad presencial (principalmente en cuanto a la remuneración que se pacte).
Jornada laboral determinada por escrito y dentro de las mismas pautas de la ley de jornada laboral (11.544).
Obligación del empleador de proveer equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario de acuerdo al tipo de tareas a desarrollar.
Asunción de costos por la instalación, mantenimiento y reparación del equipamiento.
Pago de compensación en dinero si el tele trabajador utilizara sus propias herramientas (ejemplo: computadoras o teléfonos celulares).
Disposición especial de Derecho a la desconexión digital: esto implica la conexión sólo durante el tiempo de se determine como jornada laboral, por ello, ésta última, debe quedar plasmada por escrito.
Se mantiene la obligación del tele trabajador en el sentido de cuidado de elementos de trabajo.
Derecho de disponer de horario compatible dentro de la jornada laboral para aquellos tele trabajadores que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece años, personas con discapacidad o personas adultas mayores que requieran asistencia específica.
Derecho del tele trabajador de la compensación por mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar.
El empleador debe capacitar a los contratados en aplicaciones de nuevas tecnologías.
Los tele trabajadores, tendrán del mismo modo que los que ejercen la misma actividad pero en la sede de la empresa, la misma representación sindical de la actividad que ejercen los segundos.
El teletrabajo debe ser voluntario de parte del contratado y por esto, plasmarse por escrito en el mismo contrato laboral que obligue a las partes
La contratación de personal extranjero que asimismo se encuentre cumpliendo el contrato fuera de nuestro país, deberá ser informado al Ministerio de Trabajo.

Como consecuencia de esta nueva modalidad, los convenios colectivos de trabajo de cada actividad, deben incorporarla en sus convenios colectivos.

Más allá de la necesidad en estos momentos de sancionar éste tipo de contrataciones, lo cuestionado por cámaras empresariales refiere a que no se ha podido hacer un detalle exhaustivo de la modalidad.

En particular, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios expresó su descontento en lo referido a uno de los puntos de la ley, que trata la posibilidad por parte del tele trabajador de revertir este elección de teletrabajo en cualquier momento de la contratación y reclamar el cambio a la sede de la empresa, siendo, claro está, que entonces la ideología del contrato se vería seriamente modificado en una de sus partes principales para las cuales se lo tuvo en mira. Como casi toda petición de la parte empleada, luego de su intimación, devendría en un despido indirecto.

Lo cierto es que la Cámara ha intentado rechazar este punto, partiendo de la base disvaliosa y perjudicial de aquellos empresarios que, para el caso de que sus contratados estimara volver a sus lugares de trabajo en la sede de la empresa, deberían contar sin límite de tiempo, con lugares por si éstas prerrogativas se notificaran por parte de los contratados bajo dicha modalidad.

La realidad que esto debe terminar de verificarse al momento en que se reglamente todo lo sancionado pero, a priori, estas cuestiones harían dejar un poco de lado la contratación por la falta de seguridad jurídica.

En otro aspecto, la implementación de la ley de teletrabajo, cuestión para nuestro país "de avanzada" en muchos aspectos, no podría implementarse si en el mismo sentido de actualización de normas, no se implementa un cambio en la ley de jornada laboral, puesto que, para muchas compañías, es vital la utilización de un recurso en horarios que sean de utilidad laboral en otros países de usos horarios distintos y, en el caso de nuestra ley de jornada de trabajo, esto debería ser un cambio legislativo seguido al del teletrabajo.

En cuanto a la entrada en vigencia, pese a que todavía no se encuentra publicada, su fecha se determinó para luego de los noventa días de vencer la declaración del final de la cuarentena por Covid 19.

La utilización de este tipo de contratación, tan beneficiosa en el mundo entero, dejará determinar si en la Argentina se ha dispuesto de manera de otorgar un aumento en la capacidad laborativa y en la producción de bienes y servicios de las empresas o si, como varios empresarios avizoran, éste será un motivo más para considerar despidos sobre bases de contratos de trabajo no debatidos lo suficiente.

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NUEVA LEY DE ALQUILERES

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 29 Jun 2020 00:34:00 +0000

A modo de resumen, hay que decir que la nueva ley de alquileres inclina la balanza a favor de la parte locataria, generalmente la parte más débil en este tipo de contratos, motivo por el cuál el legislador entendió prudente darle una mayor protección.

Lo más destacable es:

- El plazo legal mínimo pasa de 2 años a 3.

- El depósito de garantía no puede superar al mes de alquiler y debe ser devuelto de manera actualizada.

- El reajuste pasa de ser de forma anticipada y proyectada a lo largo de todo el contrato y actualizado cada 6 meses, a ser reajustado una vez por año por medio de un índice mixto (ver punto 2.k).

- Flexibilidad en las garantías requeridas

- Obligatoriedad de inscripción en AFIP del contrato.

Quizás una crítica razonable que haría a la ley es una falta de criterio a la hora de establecer mecanismos para ciertos locadores vulnerables, como sí lo establece el decreto presidencial 320/2020 al respecto.Hay locadores que tienen en locación una propiedad y ello constituye su medio de subsistir, y que la ley le puede generar cierta presión excesiva.

Sin perjuicio de ello, creo que la ley salda ciertas cuestiones que eran necesarias para los locatarios, que resultaban muchas veces complejas, como el pago de expensas por rubros que iban por fuera de un servicio habitual; la convocatoria anticipada de renovación; los gastos por conservación de la cosa, entre otros.

En ciertos puntos se genera una limitación en la redacción del contrato, que van a tener que estar sujetos a las nuevas pautas creadas, y que se tenía anteriormente libre disposición, como la resolución anticipada por citar un ejemplo.

A mi criterio, la ley viene a marcar puntos de partida obligatorios sin hacer de ello una materia de orden público, esto puede generar dudas en cuanto a qué se vuelve de carácter obligatorio, y qué es disponible por las partes para contratar

1. Modificación desapercibida

La primera novedad que presta la nueva ley, y que pasa desapercibido, es que modifica el art. 75 del CCC (Código Civil y Comercial) y permite que se constituya para los contratos domicilio especial electrónico en donde se tendrán por válidas todas las notificaciones. Algo que a mi criterio es auspicioso si se implementa correctamente.

2. Modificaciones en la locación

a. El depósito de garantía

La ley en su art. 2 modifica el art. 1196 del CCC, establece que, en las locaciones habitacionales, el depósito de garantía no puede ser mayor al primer mes de alquiler y deberá ser actualizado al último mes de la locación. Se efectiviza la devolución del importe con la restitución del inmueble.

Agrega el artículo que permite utilizar ese importe también como garantía por las deudas por servicios y/o expensas que no se facturaron al momento de la entrega del bien. Una vez pagado por el locatario, deberá el locador devolver las sumas retenidas como garantía inmediatamente cubierto estos importes. Pero también puede pagarse tomando como valor los últimos servicios. Entiendo que si se practica esta lógica deberá, en caso de que exista una falta o excedente en los valores, integrarla el locatario o el locador según resulte.

Agrega también la prohibición suscribir un pagaré como garantía u otro documento que no forme parte del contrato original. Hay dos visiones a mi entender sobre esto: una visión restrictiva en cuanto a que se está conculcando la voluntad de libre contratación y creación de los contratos en materia que es disponibles para las partes, sean físicas o jurídicas.

Otra perspectiva es verlo como una cierta protección de posibles abusos por parte de intermediarios (léase inmobiliarias) o locadores, en detrimento del locatario que genera un desequilibrio en la igualdad de partes en el contrato, y la utilización de estos títulos ejecutivos incausados.

b. Plazo de locación

Se amplía el plazo mínimo de locación del art. 1198 del CCC., pasando de 2 a 3 años, con la misma redacción que el anterior.

Acá la discusión radicaba si esto era bueno o malo para el contrato. Claro está que ello va a depender de que parte del contrato nos encontremos. Si somos locadores no es perjudicial, porque en caso de que el locatario sea, de alguna manera problemático, nos obliga a estar sujetos al contrato por un año más.

Si nos paramos desde la óptica del locatario podríamos decir que nos vemos beneficiados, nos da mayor estabilidad en la vivienda y, por ende, posibilita menos gastos en mudanza. Claramente no es lo mismo mudarse cada dos años que cada tres.

c. Exigua pero importante modificación en las excepciones del plazo mínimo

Se modifica el inc. b del art. 1199 CCC, sobre el uso habitacional con fines turísticos o de descanso que no quedan comprendidos dentro del plazo mínimo legal. Esto es, si el plazo de contrato no supera los tres meses. La nueva ley agrega a esto algo sustancial, "Si el plazo del contrato o los contratos consecutivos superan los tres (3) meses, se presume que no fue hecho con esos fines".

A modo de ejemplo, puedo decir que es muy común para aquellos estudiantes que vienen del interior a estudiar a las facultades de Buenos Aires firmar contratos de pensiones por un día, menos a 3 meses, y renovarlos permanentemente. De pronto, estos estudiantes se encontraban viviendo por más de dos años en un lugar.

Es decir, no se encuentran en un lugar no "descansando" o de "turista", sino viviendo. Y podían ser "desalojados" en cualquier momento, no por falta de pago, sino por la no renovación de estos contratos, que suelen ser sumamente abusivos.

Ahora, habrá que ver como se implementa esto en la práctica. Si ayuda a que no se generen situaciones abusivas o si lo que hace, por contrario, es anular toda posibilidad a estas personas de poder alquilar una pieza donde dormir, aunque sea hasta que puedan encontrar una estabilidad en la ciudad.

d. Conservación de la cosa

Hay un importante cambio en cuanto a la reparación del uso y goce de la cosa en cuanto a quién es el sujeto que debe hacerse cargo de dicha reparación.

En el art. 1201 CCC vigente, el locador debe (o debía) efectuar la reparación a su cargo por los hechos de su culpa, sus dependientes, de un tercero o caso fortuito. Ahora, hay una suerte de inversión de la carga de esta obligación, dado que, el locador deberá hacerse cargo de las reparaciones por deterioro en su calidad o defecto, por todo aquello que no provenga de un hecho causado por el locatario.

Asimismo, el locatario podrá en casos de reparaciones urgentes, a las 24 hs de notificado al locador (téngase presente que podrá notificar al mail del locador si se registró en el contrato) realizar por sí el arreglo, con cargo al locador. El plazo será de 10 días mínimo si no fuera una reparación urgente.

Frustración del uso o goce de la cosa

También en este punto aparece una modificación importante, en cuanto a la posibilidad de resolver el contrato o realizar los pagos de la locación en proporción a la frustración causada. Pasó de ser necesario demostrar el caso fortuito o fuerza mayor, a cualquier causa ajenas al locatario que frustre el uso de la cosa, para la invocación de este instituto. Es decir, una apertura para su aplicación.

Quizás sea un punto controvertido que se termine definiendo a fuerza pretoriana en su alcance, es que no se puede dejar de soslayar que causas no imputables al locatario es una definición de gran extensión, que limita poco su alcance, lo que se termina traduciendo, en alcance a base jurisprudencia.

e. Compensación

Se agrega el art. 1204 bis, que faculta al locatario a compensar con los cánones locativos por los pagos y acreencias que él haya realizado, y se encuentren en cabeza del locador, de pleno derecho previa notificación al locador.

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DESPIDOS SIN CAUSA Y SUSPENSIONES EN LA PANDEMIA

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 29 Jun 2020 00:07:00 +0000

La evolución de la situación de emergencia derivada de la difusión de la pandemia en nuestro país ha impactado sobre la actividad económica, por lo que la autoridad pública ha dictado medidas cuya prolongación motivó la aparición de nuevas normas para tutelar a los trabajadores y facilitar la aplicación de figuras como las suspensiones acordadas en ciertos casos, para contener, en lo posible, la pérdida de empleos. Esta finalidad generó dos nuevas normas, concretadas en consecutivos decretos de necesidad y urgencia, publicadas recientemente.

1.- Decreto 528/2020

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 34/2019 (B.O. 13/12/19) declaró la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días a partir de la entrada en vigencia de la norma, comenzada el día de su publicación en el Boletín Oficial. El Decreto dispuso que en caso de despido sin justa causa durante su vigencia, la trabajadora o trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente (artículos 1° y 2° del DNU citado). Posteriormente, el Decreto 329/2020 (B.O. 31/03/20) estableció la temporaria prohibición de efectuar, por el plazo de sesenta días, despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. También prohibió, por el mismo lapso, las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, pero exceptuó a las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de contrato de trabajo. El plazo de estas prohibiciones comenzó en la fecha de publicación del Decreto en el Boletín Oficial. El Decreto 487/2020 (B.O. 19/05/20) prorrogó estas prohibiciones por el plazo de sesenta días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto 329/2020.

Mediante el DNU 528/2020 (B.O. 10/06/20) se amplía por el plazo de 180 días, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, la emergencia pública declarada por el Decreto 34/2019 y la vigencia de la doble indemnización dispuesta por esa norma. Como la norma prorrogada, el Decreto 528/2020 establece que no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 34/2019 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8 de la Ley 24156, con independencia del régimen jurídico aplicable al personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran.

Si bien se encuentra vigente la prohibición de los despidos sin justa causa o por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, tal como se expresa en los considerandos del DNU 528/2020 existen situaciones en que el efecto de la ruptura del vínculo contractual por responsabilidad del empleador resulta eficaz, aunque la norma de prohibición de los despidos sin justa causa haya establecido que ellos "no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales" (Decreto 329/2020, artículo 4°). Algunas de estas desvinculaciones efectivas son la extinción del contrato de trabajo por la declaración del trabajador ante un incumplimiento grave del empleador que impide proseguir el vínculo laboral (despido indirecto), el supuesto en que el trabajador ante el despido del empleador, aceptare su eficacia extintiva al considerarse en situación de despido, y optare por reclamar la indemnización en lugar de requerir la reinstalación en su puesto de trabajo, o que no resultare posible la continuidad de la relación laboral por el cese de las actividades del empleador (cierre definitivo del establecimiento).

La duplicación indemnizatoria dispuesta por la norma comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción sin causa del contrato de trabajo (Decreto 34/2019, artículo 3°). En consecuencia, la amplitud de la redacción adoptada por la norma permite inferir que la duplicación no se limita a la indemnización por antigüedad o despido, sino que comprende también a otros rubros indemnizatorios generados por el despido sin causa, como lo son la indemnización sustitutiva del preaviso omitido, y la integración del mes de despido si el despido sin causa y sin preaviso no coincidiera con el último día del mes (LCT, artículos 232 y 233). La aplicación de la duplicación a ciertos rubros que podrían generarse en ciertos supuestos de agravamiento de la indemnización, como por ejemplo en el caso del despido por razones de maternidad o embarazo (LCT, artículos 178 y 182), ocasionará controversias que serán resueltas por los tribunales.

2.- Decreto 529/2020

El Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 (B.O. 31/03/20) prohibió por el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial: a) los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y b) las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo.

Sin embargo, la norma exceptúa de la prohibición a las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 de bis de la Ley de contrato de trabajo (LCT). Esta norma se refiere a las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral, fundadas en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, cuando por esas causales el trabajador no realice la prestación a su cargo. La norma considera prestación no remunerativa a esas asignaciones, por las que sólo se tributará las contribuciones de obra social y el sistema nacional del seguro de salud (Fondo Solidario de Redistribución). Como se refirió, aquellas prohibiciones y la referida excepción fueron prorrogadas mediante el DNU 487/2020 por el plazo de sesenta (60) días, contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el DNU 329/2020.

Las prórrogas del aislamiento social preventivo y obligatorio lo extendieron mediante sucesivos decretos, en concomitancia con la evolución de la pandemia en nuestro país, con distinto alcance según las jurisdicciones o zonas afectadas. Desde el comienzo del aislamiento social mencionado, han transcurrido ya más de noventa días, lo que ha planteado una cuestión referida al plazo máximo de las suspensiones.

La Ley admite ciertas suspensiones impuestas por el empleador, que mediante un acto suyo notificado al trabajador, suspende el deber de aquel de dar ocupación y de remunerar al trabajador durante un plazo. Para dar certeza al trabajador suspendido, la ley requiere que para que la suspensión dispuesta por el empleador sea válida, deberá fundarse en justa causa, tener plazo fijo y ser notificada por escrito al trabajador (LCT, artículo 218). Asimismo, la ley precisa que "se considera que tiene justa causa la suspensión que se deba a la falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, a razones disciplinarias o a fuerza mayor debidamente comprobada" (LCT, artículo 219).

Pero la norma ha limitado los días de suspensión que pueden ser aplicados en un año, limitando la duración de la privación del salario impuesta al trabajador. La norma fija límites diversos según la causa de la suspensión y también determina un límite común para todas las causas en conjunto. Ha establecido que "Las suspensiones fundadas en razones disciplinarias o debidas a falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, no podrá exceder de treinta (30) días en un año, contados a partir de la primera suspensión" (LCT, artículo 220), que "Las suspensiones por fuerza mayor debidamente comprobadas podrán extenderse hasta un plazo máximo de setenta y cinco (75) días en el término de un año, contado desde la primera suspensión cualquiera sea el motivo de ésta" (LCT, artículo 221) y que "Toda suspensión dispuesta por el empleador de las previstas en los artículos 219, 220, 221 que excedan de los plazos fijados o en su conjunto y cualquiera fuere la causa que la motivare, de noventa (90) días en un año, a partir de la primera suspensión y no aceptada por el trabajador dará derecho a éste a considerarse despedido" (LCT, artículo 222).

En consecuencia, la superación de esos límites, no aceptada por el trabajador suspendido, lo faculta a considerarse en situación de despido. Asimismo, como se refirió, el artículo 223 bis de la LCT permite la aplicación de suspensiones por falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, en las que se pactare, en compensación por las suspensiones de la prestación laboral, una asignación en dinero, como prestación no remunerativa.

Esta situación ha sido contemplada por el Decreto 529/2020 (B.O. 10/06/20). Esa norma ha establecido que "los límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 de la Ley 20.744 de contrato de trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias no regirán para las suspensiones por falta de trabajo y fuerza mayor dispuestas en los términos del artículo 223 bis de la ley, como consecuencia de la emergencia sanitaria, las que podrán extenderse hasta el cese del ´aislamiento social, preventivo y obligatorio´ establecido por el decreto 297/2020 y sus prórrogas" (Decreto citado, artículo 2°). En los considerandos del Decreto se expresó que los límites temporales impuestos por la ley para las suspensiones, "en una emergencia de duración incierta como la que se atraviesa, podrían conspirar contra la finalidad de la preservación de las fuentes de trabajo, en el marco de medidas consensuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo...".

En consecuencia, las suspensiones acordadas podrían superar esos límites temporales sin que su validez dependa de la aceptación (o no impugnación) del trabajador, excepción que se fundamenta en el principio de la continuidad del contrato en esta emergencia sanitaria, con el fin de garantizar la tutela de los puestos de labor. No está derogado el requisito del plazo fijo de la suspensión (LCT, artículo 218) por lo que no sería válida la suspensión de plazo incierto. El Decreto 529/2020 autoriza el exceso del plazo inicialmente fijado por la ley, para este particular supuesto, pero sin superar el cese de la duración del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

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HABEAS CORPUS PARA UNA ORANGUTANA

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 22 Dec 2014 16:05:00 +0000

En un fallo inédito a nivel mundial, la Cámara de Casación Penal concedió un habeas corpus para "Sandra", la orangutana que vive hace más de veinte años encerrada en el zoo porteño. Por primera vez en la historia, un primate fue considerado por los jueces "sujeto no humano", lo que habilitará a pedir su liberación como próximo paso. Aunque la decisión actuará servirá de antecedente en todo el mundo, advierten que no será extensible a otro tipo de animales.

"Esto sólo se aplica al caso de Sandra y de los grandes primates, que tienen el 96% de identidad genética con los seres humanos", explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien actuó como abogado patrocinante de la asociación que pide el traslado de la orangutana a un santuario en el que pueda vivir en un régimen de semilibertad o "libertad controlada".

Aunque las leyes argentinas no contemplan que los animales tengan derechos similares a las personas, la biología y las ciencias coinciden en que chimpancés, orangutanes y gorilas tienen entendimiento y sentimientos que pueden ser comparados con los de los seres humanos.

"Esto es un antecedente inédito a nivel mundial. No solamente va a repercutir en este caso, sino que va a generar una gran discusión en términos jurisprudenciales en otros casos, en términos legislativos y en términos filosóficos: ¿qué entendemos filosóficamente cuando hablamos de humanidad?", explicó Gil Domínguez, en una entrevista con el periodista Reinaldo Sietecase en radio Vorterix.

En noviembre de este año, el pedido de habeas corpus presentado por la Asociación de Funcionarios y Abogados por el Derecho de los Animales (Afada) había sido rechazado por la jueza penal de instrucción Mónica Berdión de Crudo. Pero ahora la Sala II de la Cámara de Casación Penal consideró que se trataba de un "confinamiento injustificado de un animal con probada capacidad cognitiva".

"A partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es reconocer al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial correspondiente", consideró el fallo que firmaron los camaristas Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David.

El próximo paso será ahora el pedido para que la orangutana "Sandra" sea liberada y enviada a un santuario. Su abogado no duda que con este fallo no tendrán grandes inconvenientes en conseguirlo, pero advirtió: "Para eso falta, tenemos que pedir las medidas de liberación y después hacer el armado del eventual traslado, que no es una cuestión sencilla".

Por último, Gil Domínguez restó importancia a las críticas que recibió la Cámara de Casación Penal por ocuparse del caso de una orangutana en lugar de dedicarse ciento por ciento al combate del delito. "Sí, hay otros temas urgentes. Pero todo lo que sea ampliación de derechos es bienvenido. Eso no quita que sigamos pensando los temas urgentes", concluyó.

FALLO COMPLETO

Habeas Corpus Animal by migeye

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Feria Judicial de Invierno 2014

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 13 May 2014 16:30:00 +0000

La Corte Suprema determinó que el receso judicial de invierno, conocido como “feria chica”, se desarrollará entre el 21 de julio y el 1 de agosto inclusive.

La resolución la tomaron los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni, mediante la acordada 13/14.

Durante ese lapso sólo se atenderán las cuestiones de urgencia cuya resolución no admita demora o aquellos expedientes en que los magistrados hubiesen decidido “habilitar la feria”.

En la misma acordada los magistrados hicieron saber a las cámaras federales de apelaciones del interior del país que deberán determinar, para sus jurisdicciones, un feriado judicial de diez días hábiles ‘en coincidencia con el receso escolar

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CASO ANGELES: Procesamiento de Mangeri

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 04 Jul 2013 15:44:00 +0000

El juez Javier Ríos procesó ayer al portero Jorge Mangeri (45) por matar con alevosía a Angeles Rawson (16), delito cuya única pena es de prisión perpetua. Lo hizo en un fallo relativamente corto (30 páginas), en el cual persisten algunos misterios, pero también se decantan hipótesis: Mangeri es el único sospechoso del crimen. “No se ha identificado a ninguna otra persona a la que pueda vincularse con el acontecimiento que se investiga”, concluyó el juez.

En su composición de lugar, Ríos sostiene que el portero atacó a la adolescente (a la cual conocía desde hacía una década) adentro del edificio de Ravignani 2360. Eso se acreditó porque la mañana del 10 de junio (cuando Angeles desapareció) la chica quedó filmada por la cámara de un edificio lindero al suyo, y también porque la mucama que trabajaba en su casa aseguró que nunca llegó a entrar al departamento. Sin embargo en el fallo nada se dice acerca del móvil ni de la escena del crimen ¿Fue en el sótano? ¿En el departamento del portero? ¿En la terraza?

Pero aún sin saber por qué o exactamente dónde ocurrió todo, las pruebas acumuladas en la investigación fueron tantas que, a la hora del procesamiento con prisión preventiva, Ríos ni hizo referencia al famoso “Fui yo” que Mangeri le dijo a la fiscal Paula Asaro la madrugada del sábado 15 de junio, en medio de su declaración como testigo del caso.

Aquella autoincriminación (si bien no pudo usarse como indicio en su contra) le valió salir de la fiscalía esposado e imputado del homicidio. También le dio otro color a los indicios que ya tenían los investigadores contra él. Por ejemplo, el hecho de que Mangeri hubiera sido reticente para presentarse a declarar como testigo.

Un punto clave de la resolución de Ríos es el agravante de la alevosía, que implica que el asesino actuó sobre seguro, aprovechando la indefensión de la víctima. En este punto el juez evaluó la confianza que Angeles le tenía a su portero, lo que pudo hacerla caer inocentemente en una trampa.

Para el juez, Angeles estuvo indefensa porque la contextura de Mangeri (108 kilos y 1,78 metros de altura) era muy superior a la suya (51 kilos y 1,65 metros).

Como segundo argumento, Ríos desgranó los resultados de la autopsia, que indicaron que la adolescente murió compactada dentro del camión de la basura. Allí terminó luego de que Mangeri la desechara en una bolsa de residuos, maniatada de pies y manos.

El hecho de que el cuerpo de Angeles fuera encontrado el martes 11 en el Ceamse de José León Suárez permitió saber parte de la mecánica de su ataque y muerte. Y esto también pesó en contra del portero, que era el responsable de recoger la basura del edificio y que, tal como declaró un vecino, el día de la desaparición de la chica le pidió por el portero eléctrico que sacara la basura al hall una hora antes de lo habitual.

Una segunda vecina también lo complicó. “Manifestó haberse sorprendido cuando en horas del mediodía del día del hecho se encontró casual e intempestivamente con el causante en la terraza. Agregó que le llamó la atención el escaso diálogo que mantuvo con el mismo, quien no respondió a una de las frases que le dijo y que Mangeri iba vestido con shorts y remera, y quizás descalzo ”, dice Ríos en el fallo. Esa mañana hacía frío.

Pero sin duda la prueba de cargo más importante contra Mangeri fue la genética. En tres dedos de la mano derecha de Angeles quedaron rastros biológicos que la chica le arrancó a su atacante en un último intento de defensa. En el cotejo con el ADN tomado al portero las muestras extraídas del dedo índice de la chica dieron una correspondencia perfecta. Las otras también se correspondieron con las del portero, pero el rastro estaba incompleto.

A eso se suma un detalle no menor: Mangeri tenía el abdomen lleno de arañazos que, según los médicos, se correspondían en antigüedad con el día en que Angeles fue atacada. El dijo que lo habían torturado, pero no lo pudo probar.

Las abrumadora cantidad de pruebas en su contra derivaron en su procesamiento. Lo que aún no se explica es cómo ese portero que según el propio padre de la víctima tenía una relación “buenísima” con su familia terminó convirtiéndose en un asesino.

FALLO COMPLETO

///nos Aires, 3 de Julio de 2013.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa 29.907/2013 de este

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 17, Secretaría 153 de

la Capital federal respecto de la situación procesal de J. N. M., D.N.I.

XX.XXX.XXX, sin sobrenombres ni apodos, de nacionalidad argentina,

nacido el X, de X años de edad, de estado civil casado, hijo de A. y de

N. B., alfabeto, de profesión u ocupación encargado de edificios, con

domicilio real en la calle Dr. Emilio Ravignani XXXX (Portería) de la

ciudad de Buenos Aires.-

Y CONSIDERANDO:

Hecho:

Se le atribuye al nombrado haber causado la muerte de

la menor A. R., entre las 9.50 y las 22.08 horas del día 10 de junio de

2013, después de haberla interceptado alrededor de las 9.50 hs. en

el interior del edificio sito en la calle Dr. Emilio Ravignani XXXX de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el imputado se

desempeña como encargado, cuando la nombrada regresaba de una

clase de gimnasia realizada en el predio sito en la manzana

comprendida por las calles Crámer, Concepción Arenal, Conesa y

Benjamín Matienzo, de esta ciudad, ocasión en la que la damnificada

intentó defenderse a partir de lo cual quedaron rastros genéticos del

compareciente debajo de las uñas de la mano derecha de la

nombrada, en los dedos índice, anular y mayor.-

Para ello el imputado la ató de pies, manos y muslos, le

colocó una bolsa plástica de nylon color verde en la cabeza con la

inscripción “Día%” así como una soga con varios nudos alrededor del

cuello y en ese estado la puso en una bolsa de consorcio de color

negra, para luego introducir a la víctima en el circuito de recolección

y procesamiento de residuos del CEAMSE, cuyas maquinarias de

compresión le causaron lesiones vitales, consistentes en

traumatismos múltiples, producto del aplastamiento progresivo en

sentido antero-posterior sobre tórax, cuello y cabeza de la víctima,

que consistieron fundamentalmente en fractura de clavícula

derecha, fractura maxilar inferior, fractura de columna cervical y de

base de cráneo, lo que causó la muerte a A. R..-

La menor fue hallada sin vida el 11 de junio de 2013,

alrededor de las 11.20 horas, en el predio del CEAMSE sito en la

localidad de José León Suárez, partido de General San Martín,

Provincia de Buenos Aires, por el empleado L. S. G. mientras se

hallaba abocado a sus funciones de separación de residuos que

pasan por una cinta transportadora en la Planta MBT (Tratamiento

Mecánico Biológico), en la línea de procesamiento identificada con el

número tres (3), del sector de separación de material residual.-

Pruebas:

A saber: […]

Indagatoria:

Mediante las actas agregadas a fs. 519/521 y 647/650 se

le recibió declaración indagatoria en los términos del art. 294 del

Código Procesal Penal de la Nación al imputado J. N. M., quien se

negó a declarar ante esta sede judicial.-

En similar acto procesal llevado a cabo a través del acta

de fs. 1168/1171, M. dio cuenta que se negaba a declarar y a

responder las preguntas que se le efectuasen.-

Análisis Probatorio:

1. A la hora de expedirme acerca de la situación procesal

de J. N. M., entiendo que los elementos de prueba reunidos en las

actuaciones resultan de entidad suficiente para disponer su

procesamiento con el grado de provisoriedad exigido para esta etapa

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del proceso de acuerdo a las disposiciones del art. 306 del Código

Procesal Penal de la Nación.-

En ese sentido debo señalar que considero acreditada la

materialidad del hecho traído a mi conocimiento y la consecuente

responsabilidad que se le atribuye al imputado, teniendo en cuenta

la entidad de los elementos probatorios reunidos durante el

desarrollo de la investigación que, a mi criterio, permite establecer la

existencia de un juicio de probabilidad positivo que sustenta la

decisión que habré de adoptar, a los efectos de regularizar la

detención del causante y posibilitar el desarrollo pleno del proceso

(CNCP, Sala III, ED, 187-1237; CCCF, Sala I, DJ, 2001-2-322; CCC, Sala

IV, JA, 1995-IV-573; CNCP, Sala I, LL, 2000-E-804; CCC, Sala I, DJ,

2001-3-333; CCCF, Sala I, DJ, 2001-1-798; CNPE, Sala A, LL, 1997-E-

421).-

Toda vez que la decisión debe ser fundada y que se

entiende por ello asentar las razones que justifican el juicio lógico de

valor (CSJN, C. 498. XLI 10/04/2007 T. 330, P. 1336; L., R. R. 13/10/05

c. 27.958. C.N.Crim. y Correc. Sala V), es que habrá de desarrollarse el

análisis de los elementos probatorios sustanciales colectados hasta el

momento que han contribuido a formar mi criterio, de acuerdo a las

reglas de la sana crítica racional que resultan aplicables. Ello, sin

perjuicio de señalar que se habrá de profundizar la encuesta a los

fines de establecer las restantes circunstancias que rodearon al

acontecimiento delictivo investigado.

De tal modo, conforme al mandato legal que emana del

art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación habré de resolver la

situación procesal del indagado M., única persona imputada en la

investigación.-

2. Las constancias del sumario demuestran que J. N. M.

se desempeña como encargado del inmueble de la calle Dr. Emilio

Ravignani XXXX de la ciudad de Buenos Aires y que en el

departamento X de la planta baja del edificio residía la menor de

edad A. R., cuya desaparición fue denunciada por su padre –F. R.- el

día 11 de Junio de 2013 a las 00.46 hs. ante la Seccional 31ª de la

Policía Federal Argentina (ver fs. 1/2 y ccs.).-

Se indicó en la denuncia y en las demás actuaciones del

sumario que la menor había sido vista por última vez por sus

compañeras de escuela cerca de las 9.40 hs. del día 10 de Junio de

2013, en ocasión de haber terminado la clase de gimnasia del

establecimiento educativo al que asistía y cuando se dirigía

caminando hacia su domicilio para almorzar, desde el que debía

regresar a la escuela por la tarde (ver declaraciones testimoniales de

C. N. N. a fs. 362/364, de M. S. P. a fs. 365/367, de F. H. a fs. 370/372

y ccs.).-

3. El cuerpo sin vida de la damnificada fue encontrado el

día 11 de Junio de 2013 a las 11.20 hs. en la planta MBT (Tratamiento

Mecánico Biológico) del CEAMSE que se ubica en la localidad de José

León Suárez, Provincia de Buenos Aires (ver declaración testimonial

de L. S. G. a fs. 105 y ccs.) y con motivo de ello, se dio inmediata

intervención a la justicia provincial.-

El Dr. P. E. D. de la Delegación Departamental de Policía

Científica San Martín de la Superintendencia de Policía Científica del

Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires

informó a fs. 57/58 que se constituyó en el lugar del hallazgo a las

14.00 hs. del día 11 de Junio de 2013 y luego de describir las

circunstancias del caso que pudo apreciar, dictaminó -evaluación

tanatológica mediante- que el deceso de la víctima se produjo entre

dieciocho y treinta horas antes del examen a la que fue sometida.-

Se asentó en las actuaciones de la Seccional San Martín

5ª (Billinghurst) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que

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obran a fs. 76/108, que aproximadamente 11.40 hs. del día 11 de

Junio de 2013, se tomó conocimiento que en la Planta MBT del

predio del CEAMSE del Complejo Ambiental Norte 3 de la localidad

de José León Suárez, Provincia de Buenos Aires se había hallado el

cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino. Ante ello, el

Comisario W. R. P. y el Subcomisario R. B. de la Policía de la Provincia

de Buenos Aires se constituyeron en el lugar, y tomaron contacto con

J. A. F., jefe de seguridad del CEAMSE, quien les hizo saber que

momentos antes un empleado del sector de separación de residuos,

había hallado el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino

sobre la cinta mecánica de traslado de materiales.-

Seguidamente se entrevistaron con el empleado L. S. G.,

quien halló el cuerpo y declaró luego a fs. 105, el que les manifestó

que cuando se encontraba realizando su labor en la línea de

procesamiento identificada con el número tres (3), observó sobre la

cinta mecánica -entre los residuos y bolsas de consorcio- un cuerpo

sin vida de una persona del sexo femenino, con su torso desnudo, la

cual tenía las prendas de vestir a la altura de los hombros y brazos,

con una bolsa de nylon en la cabeza.-

Se describe en las actuaciones prevencionales que el

personal policial concurrió al sector descripto y observaron, en la

mitad del recorrido de la cinta de transporte a la que se hizo

referencia, el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino,

tendido boca arriba, con sus brazos y piernas semi-extendidos, con el

torso desnudo; el que a la altura de los hombros y en los brazos tenía

una remera o chomba de color blanco, un sweater o polera de color

verde oscuro, una campera deportiva de color verde y un corpiño

roto de color beige. Indicaron que la cabeza del cuerpo estaba

envuelta en una bolsa de nylon de color verde claro, y que en los

miembros inferiores se observaba -a mitad de las piernas

aproximadamente- un pantalón deportivo largo de color verde

oscuro, un boxer azul, y una bombacha color blanca con dibujos de

color negro y bordes de color negro cortada en una de sus costuras.

Expresaron también que en el cuerpo se observaba una fractura

expuesta en la pierna izquierda, a la altura de la tibia y del peroné, y

que el mismo presentaba distintas lesiones cortantes y contusas en

toda la extensión corporal.-

Acto seguido, relataron haber entrevistado al gerente de

Nuevas Tecnologías y Control Ambiental del CEAMSE M. E. R., quien

les brindó información acerca del circuito de recolección y

procesamiento de residuos, desde la ciudad de Buenos Aires hasta la

planta procesadora en la que el cuerpo de la víctima fue encontrado;

y dejaron constancia que en el lugar se presentaron el nombrado D.,

junto con el Comisario Inspector R. A. de Policía Científica Delegación

San Martín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la perito en

rastros Oficial Subayudante T. R. y el perito planimétrico Subteniente

D. C.. Asimismo, que se presentaron en momentos posteriores el

Comisario P. A., en su carácter de jefe de operaciones de la Dirección

de Investigaciones de San Martín (DDI) de la Policía de la Provincia de

Buenos Aires y el Dr. H. S., en su carácter de fiscal a cargo de la

Unidad Funcional de Instrucción 1 del Departamento Judicial de San

Martín, Provincia de Buenos Aires.-

Expusieron los preventores que el médico y los peritos

intervinientes constataron que el cuerpo de la víctima poseía una

bolsa de nylon color verde con la inscripción “DIA%” en la cabeza, la

cual estaba atada alrededor de su cuello, la que fue removida y

secuestrada. Asimismo, que se observó que alrededor del cuello de la

víctima existía una soga atada con varios nudos que también fue

incautada; e hicieron saber a la instrucción que los peritos

intervinientes procedieron a preservar las manos del cuerpo sin vida

de la damnificada.-

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El personal policial dio cuenta del secuestro de una

zapatilla del pie derecho de la víctima de la marca Topper, de lona de

color negra talle 37, y que faltaba la zapatilla del pie izquierdo. Se

constató que el cuerpo sin vida poseía sus pies atados con una soga e

hilo de nylon blanco, los que fueron secuestrados, y se dejó

constancia que se incautaron ambas medias, un pantalón de

gimnasia de color verde talle 2, un boxer azul marca ZZIA, una

bombacha que se encontraba cortada en la pierna derecha a la altura

de la costura y que, a efectos de su secuestro, debió ser cortada del

lado izquierdo. Agregaron que se procedió a secuestrar el resto de las

prendas de vestir de la víctima (a saber: un buzo deportivo de color

verde con el logo del Instituto Virgen del Valle, una polera verde de la

marca Forsaid, y una remera de color blanco con el mismo logo) y

unos cables de auriculares de color negro que carecían de los

respectivos auriculares.-

En dicha oportunidad, se obtuvieron muestras sobre el

cuerpo sin vida de la víctima y se realizaron los procedimientos de

hisopado en las partes íntimas, dejándose constancia por otro lado,

del examen realizado por el Dr. P. E. D. -médico- que se ha

mencionado antes.-

Finalmente, se asentó que de acuerdo a la vestimenta, a

la fisonomía y a la contextura física, el cuerpo pertenecería a quien

en vida fuera A. R..-

Cabe agregar que a fs. 105 se cuenta con la declaración

testimonial recibida de parte del nombrado L. S. G., quien manifestó

que el día 11 de Junio de 2013, aproximadamente a las 11.20 hs., en

circunstancias en las que se encontraba abocado a sus funciones de

separación de residuos que pasan por una cinta transportadora en la

Planta MBT del CEAMSE, observó un elemento extraño que, tras

levantarlo, le permitió constatar que se trataba del cuerpo sin vida

de una mujer, ya que pudo reconocer el rostro de la misma y ver que

en una de sus piernas tenía una zapatilla de la marca Topper de color

negro. Indicó el testigo que inmediatamente dio aviso de la situación

y que sus compañeros de tareas apagaron la máquina

transportadora.-

Recordó que el cuerpo sin vida de la damnificada tenía

cortes en la pantorrilla de una de sus piernas y en la zona torácica, así

como rasguños o raspones en el cuello. Indicó que tales lesiones

podrían deberse al paso del mismo por una de las máquinas a las que

se denomina “rompe bolsas” o “tromer” y que, por otro lado, el

cuerpo tenía una bolsa verde en la cabeza a través de la que pudo

ver sangre.-

Aclaró que ese día ingresaron en horas de la mañana

cerca de veintitrés camiones de transporte de residuos, por lo que no

pudo precisar de cuál camión salió el cuerpo. Explicó que el reciclado

de residuos se realizaba inmediatamente luego de la llegada de los

camiones y que la actividad es continua, razón por la que señaló que

no resultaba posible que el cuerpo de la víctima haya ingresado a la

planta de procesamiento el día anterior a su hallazgo.-

4. Por su parte, la partida de defunción de fs. 1111

acredita legalmente el deceso de A. R..

El informe de autopsia confeccionado en la Morgue

Judicial por el Dr. H. F. K. del Cuerpo Médico Forense de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación determinó que la muerte de la

damnificada A. R. se produjo por traumatismos múltiples (ver fs.

186/197).-

Del informe se desprende que las lesiones traumáticas

presentadas por el cuerpo sin vida de A. R. eran las siguientes: 1)

Área equimótica excoriativa, que abarca rostro, cuello y tercio

superior de tórax, con sectores figurados en cara anterior de cuello;

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2) En cara anterior de tórax y abdomen, desprendimientos

superficiales epidérmicos de naturaleza post mortem; 3) En flanco

derecho, área de desecación de naturaleza post mortem; 4) En

región de hipogastrio, área equimótica de 10 cm x 5 cm.; 5) En

miembro inferior derecho cara anterior, zona equimótica excoriativa

de 23 cm x 20 cm.; 6) En reborde tibial pierna derecha, área

equimótica violácea de 16 cm x 11 cm.; 7) Área equimótica

excoriativa en manguito discontinua en tobillo derecho de 11 x 9 cm.;

8) En miembro inferior izquierdo en cara antero interna, área

equimótica de 20 cm x 18 cm.; 9) En cara interna rodilla izquierda,

área equimótica de 3 cm x 2.5 cm.; 10) Amputación parcial de pierna

izquierda a nivel de tercio proximal unido por colgajos dermo

epidérmicos y colgajo muscular de naturaleza no vital; 11) En tobillo

izquierdo, área equimótica en de 13 cm. x 5 cm.; 12) A nivel de mama

izquierda, solución de continuidad de 8 cm x 4 cm sin signos de

vitalidad; 13) Miembro superior derecho cara anterior de brazo,

equimosis de 16 cm x 9 cm.; 14) Cara anterior de antebrazo derecho,

área equimótica de 16 cm x 4 cm.; 15) Fractura decúbito y radio y

cóndilo derechos sin signos de vitalidad; 16) En muñeca derecha,

área equimótica excoriativa en manguito discontinuo de ancho

variable, entre 8 cm. y 4 cm.; 17) En cara palmar, área equimótica de

10 cm x 9 cm.; 18) Solución de continuidad en dorso derecho de 3 cm

x 1.5 cm sin signos de vitalidad; 19) Miembro superior izquierdo,

amputación parcial de brazo unido por colgajo dérmico sin signos de

vitalidad; 20) En cara posterior de antebrazo izquierdo, equimosis

múltiples la mayor de 3 cm y la menor de 1 cm.; 21) En muñeca

izquierda, área equimótica discontinua entre 2 cm y 5 cm.; 22) Área

equimótica excoriativa que engloba dorso de 33 x 28 cm.; 23) Área

equimótica excoriativa que engloba región lumbosacra con extensión

a glúteo izquierdo sin características vitales; 24) En región

subescapular derecha, solución de continuidad elíptica de 11 cm x

5.5 cm con extrusión de vísceras sin características vitales; 25)

Fractura de apófisis espinosas de C6 a D8; 26) Fractura costales de II

a XI derechas; 27) Fracturas de III a VII costillas izquierdas; 28)

Fractura de clavícula derecha en dos puntas características vitales;

29) Fractura de la columna cervical a nivel C4 con sección médula

vital; 30) Fractura de maxilar inferior porción media y rama

ascendente derecha no vitales; 31) Fractura con cresta ilíaca

izquierda no vitales; 32) Fractura de la rama isqueopubiana e

ileopubiana bilateral no vitales; 33) Diátesis de la articulación

subclavia izquierda; y 34) Fractura intertrocanera fémur izquierdo no

vitales.-

Mediante el acta de fs. 198/199 el Dr. H. F. K. precisó -en

declaración testimonial- que no existían evidencias de abuso sexual y

que las lesiones vitales constatadas en la víctima, es decir las que le

fueron provocadas en vida, se localizan entre el tercio superior del

tórax, cuello y cabeza. Explicó que las fundamentales lesiones eran

una fractura de la clavícula derecha, una fractura del maxilar inferior,

y otra fractura de la columna cervical y de la base del cráneo; y que el

mecanismo probable de producción fue a consecuencia del

aplastamiento progresivo de la superficie corporal en sentido anteroposterior.-

Agregó que no pudo constatar la existencia de lesiones

previas a las mencionadas y que de haber existido las mismas, estas

podrían haber sido enmascaradas por las lesiones aludidas que le

fueron provocadas a la víctima en vida.-

Asimismo, a preguntas efectuadas, indicó el profesional

que no se encontraron evidencias morfológicas vinculables a

estrangulamiento por lazo o manual; y, en relación a las lesiones

vitales que presentaba el cuerpo, que se destacaba la presencia de

sendas áreas equimóticas excoriativas en forma de manguito

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discontinuo en ambas muñecas y tobillos, las que son vinculables con

elementos restrictivos, tales como lazos u otro tipo de elementos

similares.-

Por último indicó que no había podido advertir lesiones

compatibles con un presunto amordazamiento de la víctima; y, en

cuanto a la data probable de la muerte, que fue producida a más de

veinticuatro horas antes de realizada la autopsia.-

5. En el inmueble de la calle Dr. Emilio Ravignani XXXX de

la ciudad de Buenos Aires -próximo al domicilio de la damnificada

que residía en Dr. Emilio Ravignani XXXX- se obtuvo la filmación de

una cámara de seguridad instalada (ver fs. 388/398 y 329) y en

particular, la grabación contenida en el DVD-R TDK con la inscripción

“Cámara 4 (10-06-13)” (sic) que consta reservado a fs. 330, permite

visualizar que el día 10 de Junio de 2013 a las 9.50 hs., pasó

caminando por la vereda del inmueble donde se encuentra instalada

la cámara y donde se encuentra el domicilio de la damnificada, una

persona de sexo femenino, cuyas características físicas y de

vestimenta, concuerdan con la descripción brindada al momento de

encontrarse el cuerpo sin vida de A. R. y con aquéllas descripciones

que brindaron sus familiares y amigos antes de que se produjese la

desaparición.-

Cabe señalar en este aspecto que su padre, F. R.,

reconoció a la persona mencionada como su hija (ver fs. 1036/1038)

y que la testigo D. T. T. -empleada doméstica de la familia de la

víctima que se encontraba en el inmueble de Dr. Emilio Ravignani

XXXX de esta ciudad el día 10 de Junio de 2013 en ese horario- afirmó

a fs. 213/215 que la damnificada nunca había llegado a su domicilio

luego de haber salido de la clase de gimnasia.-

Corresponde agregar en ese aspecto puntual que J. C. R.

-hermano de la víctima- declaró testimonialmente a fs. 203/208 que

su hermano A. E. O. V. había faltado en esa fecha al colegio y que

estaba en el domicilio en cuestión, y que este también le había dicho

que la damnificada nunca había llegado hasta el departamento (ver

en idéntico sentido los dichos de la madre de la damnificada M. E. A.

a fs. 209/212).-

6. En oportunidad de producirse el hallazgo del cuerpo

sin vida de la damnificada, se procedió a resguardarlo en una bolsa

cadavérica y las manos de la víctima fueron cubiertas con el objeto

de que sean preservadas (fs. 57/58); por otro lado, fue trasladado

hasta el Hospital Ramón Carrillo de la localidad de Ciudadela,

Provincia de Buenos Aires y desde allí, hasta la Morgue Judicial de la

Capital Federal, conforme dio cuenta el Inspector H. L. R. de la

División Delitos Contra la Salud de la Policía Federal Argentina que

efectuó parte del procedimiento respectivo y describió las tareas

realizadas (ver fs. 41/42).-

Destacó R. que al momento del arribo del cuerpo al

Hospital Ramón Carrillo -situación que presenció- ambas manos de la

víctima estaban envueltas para resguardo (ver asimismo fs.

1183/1184). Dicha circunstancia encuentra correlato en la constancia

de fs. 57/58 y en la que obra a fs. 44, que da cuenta que cuando el

cuerpo sin vida de la damnificada, fue recibido en la Morgue Judicial

de la ciudad de Buenos Aires y que presentaba las “manos

embolsadas” (sic). A su vez, la situación que describo, guarda relación

con el hecho de que al momento de practicarse la autopsia agregada

a la causa, se reservó hisopado de las uñas, cabellos y vello para su

ulterior peritación (fs. 197).-

Mediante el auto de fs. 522 el tribunal ordenó que se

extrajeran muestras del imputado, a los fines de obtener su perfil

genético y realizar un estudio comparativo de ADN con las muestras

obtenidas del cuerpo de la damnificada y los elementos hallados

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junto al mismo; y a fs. 537 el Dr. E. C. del Servicio de Genética

Forense del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación informó que el día 15 de Junio de 2013 se habían

tomado muestras hemáticas, de cabello y de vello pubiano del

imputado, las que fueron sometidas al análisis pericial.-

Se informó a fs. 786/816 que en la uña del dedo índice

de la mano derecha del cuerpo de A. R. se constató la existencia de

material genético de la víctima y del imputado J. N. M.. El rigor

científico para atribuir identidad con el perfil genético autosómico de

M. alcanza un punto tal que la probabilidad de esa conclusión frente

a la posibilidad de que se trate de otra persona tomada al azar de la

población en general es de 1 (una) en 1.690.000.000.000.000 (mil

seiscientos noventa billones).

Esto se ve reforzado por la correspondencia de identidad

del haplotipo de cromosoma Y hallado en la muestra -tomada en el

dedo índice de A. R.- con el haplotipo de cromosoma Y perteneciente

–en forma indubitable- a M..

Por su lado, a fs. 1009/1016 corren los análisis de ADN

adicionales, de los que surge, en especial, que en la uña del dedo

anular de la mano derecha y en la uña del dedo mayor de la mano

derecha del cuerpo sin vida de A. R., se constató la existencia de

material genético que correspondería al imputado.-

En ese sentido se hizo saber que de la muestra tomada

de la uña del dedo anular de la mano derecha de la víctima se obtuvo

material genético mezclado de al menos dos individuos. Además del

material genético de A. R., como aportante mayoritario, el genetista

estableció que 10 de los 20 sistemas autosómicos analizados serían

compatibles con el material genético del causante, como aportante

en forma minoritaria.

Este perfil autosómico (dedo anular) se ve

complementado, a su vez, por la obtención de un haplotipo de

cromosoma Y parcial que en 9 de los 22 marcadores presenta

correspondencia con el haplotipo de cromosoma Y de M. (uno de

ellos habría sufrido la pérdida de un alelo). Cabe destacar que, si bien

la correspondencia es parcial, en los 13 marcadores restantes de los

22 totales no se detectó valor alguno. Esto implicaría que de los 22

marcadores totales sólo 9 resultaron aptos y todos estos se

corresponden con el haplotipo de cromosoma Y de M..

Finalmente, con respecto a la muestra tomada de la uña

del dedo mayor de la mano derecha de la damnificada, se ha

señalado que en 10 de los 20 marcadores autosómicos puede

identificarse en forma completa el perfil genético autosómico

correspondiente al imputado J. N. M.. En este último caso, en

relación con el haplotipo de cromosoma Y, la parcialidad y

características de los resultados, no permite establecer una

comparación concluyente con respecto al de M..

Por último, cabe indicar que si bien en los exámenes

practicados se menciona la existencia de marcadores que podrían

corresponder o bien a un tercero o bien ser producto de una

contaminación de la muestra, no puede perderse de vista que, de

todas formas, el material genético que correspondería a M. fue

debidamente hallado en el cuerpo de la víctima.

7. Las constancias médicas agregadas a fs. 338/339,

513/518, 661/663, 695/697 y 744/751 dan cuenta del estado de

salud física y psíquica y las lesiones que presentaba el imputado al

momento de la detención y en los días inmediatamente sucesivos.-

En particular, el informe de junta médica ordenado a fs. 640,

realizada por los integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, la cual obra agregada a fs. 744/751,

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indica que era posible que las lesiones con las que contaba el

imputado M. curasen en un lapso menor a un mes, a contar desde la

fecha de su producción; que no lo han inutilizado para el trabajo; y

que “De acuerdo a las características de las mismas podemos

informar que la posible data es de 7 a 10 días excepto las lesiones N°

25; 29 y 32 que son de antigua data. No es posible determinar

fehacientemente si las lesiones descriptas fueron autoprovocadas o

resultan atribuibles a un mecanismo de agresión por parte de un

tercero” (sic).-

El informe de fs. 661/663 del mismo organismo, conforme a lo

normado por el art. 78 del C.P.P.N., indica que las facultades

mentales del imputado en el momento del examen encuadran

dentro de los parámetros considerados como normales, desde la

perspectiva médico legal; y que no se detectaban signos o síntomas

psiquiátricos de descompensación que ameriten tratamiento.-

8. F. R., padre de la damnificada, además de reconocerla

en la filmación a la que se hizo referencia, señaló a fs. 1036/1038 que

cerca de las 21.45 hs. del día 10 de Junio de 2013 había recibido un

llamado de la madre de la menor, mediante el que se le preguntaba

acerca de su paradero. Señaló haber efectuado las averiguaciones del

caso, llamando a sus familiares y amigos, y que tras obtener

resultados negativos se constituyó en la sede de la Seccional 31ª de

la Policía Federal Argentina donde radicó la denuncia que dio inicio a

la encuesta y continuó practicando averiguaciones y dando a

publicidad la desaparición de su hija para dar con ella.-

Manifestó haberse enterado del hallazgo del cuerpo de

su hija por medio de su letrado y que con motivo de ello se

constituyó en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de

Instrucción 35 de la Capital Federal y que la Sra. Fiscal se lo confirmó.

Indicó que conocía al imputado desde el año 2001

aproximadamente, ya que había residido en el inmueble en el que M.

se desempeña como encargado, y que se mudó luego del lugar en el

año 2003 o 2004. Expresó que su relación con el causante era

“buenísima” (sic) en ese momento y que le parecía una persona

trabajadora, amable y bien predispuesta, quien por otro lado, había

realizado tareas de reparación en su domicilio, cuando el testigo vivía

en el inmueble.-

Señaló que jamás tuvo conflictos con M. y agregó que

aún después de haberse mudado seguía viendo al imputado, cuando

llevaba a sus hijos hasta el domicilio y éste les abría la puerta, y que

se saludaban cordialmente, aunque con el correr del tiempo su

asistencia al domicilio de sus hijos fue mermando, no obstante lo

cual siempre tuvieron una relación normal.-

Expuso que M. tenía relación con sus hijos A. y J. C. R., y

que los mismos concurrieron en alguna oportunidad al domicilio del

causante. En ese sentido señaló también que sus hijos iban la terraza

del edificio a jugar y que eran cuidados por el hijo del primer

matrimonio de la madre de A. R., de nombre J. A. V., y que en alguna

oportunidad M. le informó que los chicos estaban jugando solos en la

terraza. Agregó, que en los últimos tiempos no había recibido

comentario alguno de sus hijos que se relacionara con M..

En otro orden de ideas, manifestó que el día 11 de Junio

de 2013 concurrió hasta el edificio a fin de informarle a la madre de

la damnificada de que había sido hallada sin vida y que, en esa

oportunidad, no vio al imputado ni éste se le acercó.-

Luego de describir las inmediaciones del lugar del hecho,

manifestó que no existía posibilidad alguna de que la menor de edad

hubiese ingresado a alguno de los inmuebles existentes entre el

edificio en el que se encontraba instalada la cámara –altura catastral

XXXX- y el domicilio de su hija –altura catastral XXXX-, por cuanto no

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CCC 29907/2013

tiene conocimiento de que tuviese amistades y la peluquería que allí

se encuentra es de hombres.-

Acerca de la secuencia que se observa en la filmación

que le fue exhibida al momento de la audiencia, explicó el testigo

que su hija contaba con dos morrales: uno chico de tela de color

negro, tejido, con unos cuadrados de colores y sin pines o con pines

chicos pero que no constituyen su característica más notoria; y otro

morral más grande, de tela plástica parecido a un portafolio de

notebooks, el cual tenía muchos pines. Al respecto señaló que el

morral que se observaba en la filmación era el más chico de los que

mencionó y que el acto procesal llevado a cabo por el tribunal, era el

primer momento en que le había sido posible ver la grabación.-

Se interrogó en declaración testimonial a los residentes

del inmueble de la calle Dr. Emilio Ravignani XXX de la ciudad de

Buenos Aires. A saber: M. J. C. a fs. 944/945, O. C. S. a fs. 946/947, A.

C. a fs. 948/949, E. N. G. a fs. 950, Á. A. M. a fs. 951, S. K. a fs. 952, C.

D. C. a fs. 953, P. P. C. a fs. 954, M. M. A. de F. a fs. 955, F. F. a fs. 956,

L. M. L. F. A. a fs. 957, J. P. O. a fs. 958, R. H. a fs. 959, E. M. B. a fs.

960/961, E. E. B. a fs. 962, M. P. L. a fs. 963/964, G. A. M. a fs.

965/966, N. S. S. a fs. 967, M. E. S. a fs. 968, R. L. B. a fs. 969, J. M. C.

a fs. 970, N. M. P. a fs. 971, M. B. de C. a fs. 972, J. C. de C. a fs. 973,

P. E. B. D. a fs. 974, y A. A. R. a fs. 975, quiénes afirmaron,

sustancialmente, que no tomaron conocimiento de conflicto o

discusión alguna entre la damnificada y alguno de los integrantes de

su núcleo conviviente, lo que permite descartar la existencia de

cualquier situación que pudiese haber derivado en el hecho

investigado.-

Algunos de ellos afirmaron, también, haber visto al

imputado durante el día del hecho trabajando desde hora temprana

de la mañana en el lugar. Asimismo, manifestaron que la recolección

de residuos del edificio era diaria, excepto los días sábados, y que se

cumplía entre las 19.30 hs. y las 20.00 hs. aproximadamente.

Asimismo, que el imputado realizaba tal tarea pasando por los pisos

y recogiendo las bolsas que los ocupantes de los departamento

depositaban en los habitáculos del edificio destinados a ese fin.

Finalmente, agregaron que M. tenía acceso a las partes comunes del

edificio, tales como el sótano y la terraza, además de su propio

domicilio que se encuentra en el piso octavo.-

De interés, A. C. (fs. 948/949) manifestó haberse

sorprendido cuando en horas del mediodía del día del hecho, se

encontró casual e intempestivamente con el causante en la terraza.

Agregó que le llamó la atención el escaso diálogo que mantuvo con el

mismo, quien no respondió a una de las frases que le dijo, y que M.

estaba vestido con shorts y remera, y quizás descalzo.-

Á. R. M. señaló a fs. 951 que el imputado era una

persona habilidosa en la realización de labores manuales y que su

horario de descanso era desde las 12.00 hs. hasta las 18.00 hs. de los

días laborables.-

Por otra parte, N. S. S. dio cuenta a fs. 967 que el día del

hecho, cerca de las 17.00 hs., el imputado le tocó el timbre y le pidió

que sacara la basura más temprano de lo que lo hacía habitualmente.

Más precisamente cerca de las 18.00 hs., y no a las 19.00 hs. como lo

hacía por lo general. Agregó que debido a que ya había sacado la

basura, así se lo informó a M. y que terminaron la conversación.-

Por último, resulta prudente señalar que la totalidad de

los testigos mencionados fueron contestes al afirmar que no vieron,

escucharon o presenciaron el hecho denunciado; y que tampoco se

enteraron de ello, hasta que sus allegados o vecinos lo comentaron o

tomaron conocimiento de la situación por los medios periodísticos.-

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Todos estos elementos que se citan, a criterio del

tribunal, resultan indicativos de una particular conducta poco

habitual observada por el causante justamente el día de la

desaparición de A. R., lo que permite, junto al resto de las probanzas

obrantes, relacionarlo con el suceso bajo análisis.-

Por otro lado, nada en autos permite suponer que la

rutina de A. R. hubiese sido alterada, a excepción de la intervención

que se le atribuye al causante.-

9. Ahora bien, se encuentra acreditado que A. R. falleció

el día 10 de junio de 2013. En este sentido, las conclusiones de los

dos especialistas médicos que examinaron el cuerpo sin vida de la

damnificada coincidieron que el deceso de la víctima se produjo el

día anterior al hallazgo.-

De acuerdo a los dichos del Dr. P. E. D., quien examinó el

cuerpo a las 14.00 hs. del día 11 de Junio de 2013 conforme surge del

informe de fs. 57/58, la muerte ocurrió entre dieciocho y treinta

horas antes de su intervención; y de acuerdo a los dichos del Dr. H. F.

K., la muerte ocurrió a más de veinticuatro horas de realizada la

autopsia respectiva, que consta iniciada a las 22.08 hs. del día 11 de

Junio de 2013.-

Por su lado, las constancias del sumario demuestran que

A. R. el día 10 de junio de 2013 nunca llegó a ingresar al

departamento en el que vivía, a pesar de que fue filmada por la

cámara de seguridad instalada en un edificio distante a escasos

metros del inmueble al que se dirigía –recordemos que su domicilio

estaba a la altura catastral XXXX, mientras que la cámara al XXXX.-

Esto se acredita, en primer término por lo expresado por

D. T. T. que la esperaba para almorzar como habitualmente lo hacía

(ya que por la tarde la menor de edad debía regresar a la escuela a la

que asistía) y el propio hermano de la víctima, A. E. O. V. –a través de

J. C. R.. Ambos dijeron que nunca regresó.

En segundo lugar, señalo que durante el allanamiento

llevado a cabo en el interior del departamento donde vivía la víctima,

ningún elemento de los que se observa que tenía en la filmación fue

hallado. Es menester aclarar que el padre de la menor ha despejado

toda duda respecto del morral, pues si bien se halló en el

departamento un morral con muchos pines, su padre afirmó ante el

tribunal, al observar la filmación, que el morral que allí se observa

era el más pequeño que tenía cuadrados de colores tejidos.

Los extremos desarrollados permiten inferir que A. R. no

ingresó al departamento donde vivía, sino que fue interceptada

antes de que pudiese hacerlo. Dicho criterio resulta de una

derivación razonada de considerar que se ha acreditado en las

actuaciones que A. R. fue tomada por una cámara de seguridad

lindera a su vivienda; que la empleada doméstica de su domicilio,

que la esperaba para almorzar como habitualmente lo hacía (ya que

por la tarde la menor de edad debía regresar a la escuela a la que

asistía) y el propio hermano de la víctima hayan informado que

nunca regresó y, finalmente, que ninguno de los elementos que

llevaba fue hallado en el interior de su domicilio.-

Por otra parte, debe descartarse la existencia de una

agresión de la menor en plena calle. En efecto, de haber sido atacada

A. R. en la vía pública, la situación habría sido advertida por cualquier

persona, ya que la víctima residía en una concurrida zona de la

Capital Federal y resulta impensable que en ese horario no existiese

ninguna persona que haya visto, escuchado o presenciado el suceso

de tales características. Por el contrario, en la filmación de las

cámaras de seguridad del edificio de la calle Dr. Emilio Ravignani

XXXX de esta ciudad se pueden apreciar las personas y vehículos que

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pasan por el lugar, sin que se advierta que haya existido una

situación anormal en la vía pública. -

Por exclusión y por ser además el destino natural al que

se dirigía la víctima, bien puede sostenerse que la interceptación de

su persona tuvo lugar en el interior del edificio en el que vivía, lo que

coloca en un lugar protagónico al portero del edificio, J. N. M., quien

se encontraba en funciones en ese horario.

Así pues, a esta situación contextual se suma el informe

de ADN practicado y que ha sido debidamente valorado, que permite

sostener la presencia de material genético correspondiente a M. en

los dedos índice, anular y mayor de la mano derecha de A. R..

En ese orden de ideas resulta revelador el lugar en el

que se encontró el material genético que, en diferente medida,

contendría ADN del causante. Los dedos índice, mayor y anular

constituyen los tres dedos centrales de una mano humana. En el

caso, la derecha de la damnificada, por lo que la situación permite

concluir que una de sus últimas acciones en vida, fue la de

defenderse contrayendo su mano y dedos con el fin de arañar a su

agresor, de forma que en ese momento se produjo la transferencia

del material genético hallado luego en su cuerpo.-

Debe señalarse que el imputado conocía a la víctima

desde su infancia, hace más de 10 años, habiendo depositado en él

los progenitores de la menor su confianza al permitir que fuera a su

domicilio y que jugara en la terraza con su conocimiento.-

Esto permite otorgarle a M., en la vida de la víctima, un

rol superior al del mero encargado del edificio; por el contrario,

contaba con una mayor confianza producto de tales circunstancias

que permiten sostener la escasa o nula predisposición a defenderse

que pudo haber ejercido la damnificada al momento inicial del

ataque.-

No surge de ninguna de las constancias del sumario que

el imputado hubiese estado presente en otro lugar y ningún otro

elemento de prueba permite siquiera suponerlo. De ahí entonces,

que el informe pericial que menciono y demás pruebas citadas

vinculan indiscutiblemente a J. N. M. con la muerte de A. R..-

Entiendo pues que el imputado contaba con la

factibilidad de perpetrar el homicidio: resultaba conocido de la

víctima para vulnerar cualquier resistencia natural de una menor de

edad para contactarse con un desconocido y por su función laboral

como encargado del inmueble, contaba con acceso irrestricto a las

dependencias de edificio en el que vivían, tales como el sótano, la

terraza o su propio domicilio.-

Así entonces, disponía de esos lugares que le

permitieron cometer el hecho sin ser visto por otras personas, en un

ámbito de privacidad y reserva adecuado para hacerlo.

En el mismo orden, resulta prudente señalar que a partir

del lugar del hallazgo del cuerpo sin vida de la damnificada y el

estado en el que fue encontrado, se torna evidente que fue el

imputado quien dispuso del mismo, en tanto se encontraba a su

exclusivo cargo la recolección de basura de todas las unidades del

edificio de la calle Dr. Emilio Ravignani XXXX de esta ciudad y luego

su introducción en el proceso de residuos de la Ciudad de Buenos

Aires.-

No resulta un dato menor que la contextura física del

incriminado es mayor a la de la víctima, de manera que bien pudo

lograr vencer su eventual resistencia física una vez que su propósito

fue manifiesto. Nótese al respecto que a fs. 696 se informa que J. N.

M. pesa 108 kg. y mide 1,78 m. de altura; mientras que a fs. 188 y

ccs. se informa que la damnificada A. R. pesaba 51,2 kg. y medía 1,65

m. de altura.-

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A colación traigo que al momento del hallazgo del

cuerpo sin vida de A. R. presentaba o evidenciaba ataduras previas y

que se secuestraron diversos elementos adecuados para ello (fs.

57/58 y ccs.); así como que existieron lesiones vitales, es decir

provocadas en vida, en sus muñecas y tobillos, que demuestran que

fue inmovilizada por su agresor con ese fin (ver informe de autopsia

de fs. 186/197 y los dichos del Dr. H. F. K. que obran a fs. 198/199).-

A criterio del suscripto el informe pericial de ADN y los

demás elementos de prueba citados relacionan directamente a J. N.

M. con la muerte de la damnificada, puesto que sus rastros genéticos

fueron encontrados en el cuerpo sin vida de A. R., y el causante

contaba con todos los medios y posibilidades de ocasionar su muerte

en el interior del edificio de la calle Dr. Emilio Ravignani XXXX de la

ciudad de Buenos Aires, a cuyos escasos metros se observa a la

damnificada por última vez con vida regresando hacia su domicilio.-

Destaco, por último, que no existe en las actuaciones

ningún elemento de prueba que pueda desvirtuar la imputación y,

pese a la intensas diligencias de prueba llevadas a cabo, no se ha

identificado a ninguna otra persona a la que pueda vincularse con el

acontecimiento que se investiga.-

Calificación Legal:

En atención al resultado ocasionado y los extremos

fácticos que se han logrado reconstruir en torno a su producción,

resultan aplicables a la conducta llevada a cabo por J. N. M., las

disposiciones del art. 80 inc. 2° del Código Penal.-

Ello por cuanto las constancias del sumario acreditan

que el deceso de A. R. se produjo por politraumatismos ocasionados

por la maquinaria del circuito de recolección y procesamiento de

residuos de la ciudad de Buenos Aires, al que fue introducida por el

causante J. N. M. mientras estaba aún con vida, y teniendo en

especial consideración que estaba atada por las muñecas y tobillos

que dejaron lesiones vitales en su cuerpo.-

La circunstancia que A. R. estuviese atada de pies y

manos cuando fue sometida al procedimiento insidioso que la llevó a

la muerte, así como la diferencia de edad y contextura física entre el

imputado y la víctima, evidencia su estado de indefensión, de modo

tal que considero que se verifica en la especie la alevosía prevista en

la misma norma, ya que la figura contempla que el obrar del autor no

le haya acarreado riesgo o que el mismo haya actuado sobre seguro

(ver Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, Andrés José

D´Alessio y Mauro A. Divito, 2ª Edición Actualizada y Ampliada, Ed. La

Ley, Tomo II, Parte Especial, Pag. 16, con citas jurisprudenciales).-

Tal como sostuve en la causa 28.638/2010 del Juzgado

Nacional en lo Criminal de Instrucción 46 de la Capital Federal, la

clara determinación de matar del imputado y las condiciones

particulares en las que se encontraba la víctima permiten agravar con

alevosía la conducta que se le atribuye a J. N. M., ya que si bien

nuestro ordenamiento positivo no ha definido el concepto, para

determinar su significación precisa, corresponde recurrir a la doctrina

y la jurisprudencia.-

En ese sentido, diré que se configura el supuesto en

aquellos casos en los que “se emplean en la ejecución medios, modos

o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el

riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte

del ofendido o de terceros. El fundamento es esencialmente objetivo,

derivado, por una parte, de la situación de mayor peligro para la vida,

y por la otra, del mayor disvalor de acción del autor. … a dicho

fundamento objetivo debe aunarse la concurrencia de ciertos

elementos subjetivos … la alevosía es un modo de matar agravatorio

del homicidio que se configura con el aprovechamiento de la

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indefensión de la víctima y la intención de obrar sin riesgo … De tal

manera, cabe reconocer que la alevosía posee una naturaleza

compleja en la que, además del aspecto objetivo relacionado con el

modo de ejecución del hecho, requiere en el plano de la subjetividad

del autor como mínimo el aprovechamiento consciente a través de su

actuación de la situación de indefensión de la víctima” (Tribunal de

Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala II, c. 36.701

“Maidana s/ recurso de casación”, rta. 15/09/09).-

Asimismo se ha sostenido que “Vale memorar al

respecto que las condiciones objetivas y subjetivas de la alevosía

emergen de la antigua fórmula española que recuerdan nuestros

autores: "Obrar a traición y sobre seguro, pues objetivamente es

necesario que la víctima se encuentre en situación de indefensión que

le impida toda resistencia riesgosa para el agente, sin que se requiera

una ausencia total de la resistencia, por lo cual no caben exigir otros

elementos que, como el ocultamiento, no son propios de nuestra

alevosía” (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, causa 161

“Avila, Juan Carlos s/ recurso de casación”1994/08/26

Casación/II/0235-94) ya que para que se dé “… la configuración de la

agravante no alcanza con la sola consideración objetiva alevosa -de

la indefensión de la víctima-, se requiere un plus que surge del sujeto

relativo a la búsqueda, preparación o aprovechamiento de esa

situación. Ello pone de manifiesto la presencia necesaria de un

aspecto subjetivo, que se agrega a la pura decisión de matar … ”

(Voto del Dr. Tragant, según su voto, Cámara Nacional de Casación

Penal, Sala III, Registro 441.03.3 “Senet, Horacio Alberto s/recurso de

casacón”).-

Es evidente que el resultado ocasionado es producto de

la acción dolosa del imputado que tuvo por objeto el resultado

sancionado por el ordenamiento penal de fondo, de modo que

considero que corresponde agregar que el delito de homicidio “ …

requiere que la muerte haya sido causada por la acción del autor, sin

que el tiempo transcurrido entre la realización de ésta y la producción

de aquélla altere jurídicamente la relación causal …” (sic) (ver Código

Penal de la Nación, Comentado y Anotado, Andrés José D´Alessio y

Mauro A. Divito, 2ª Edición Actualizada y Ampliada, Ed. La Ley, Tomo

II, Parte Especial, Pag. 8, con citas a Creus “Derecho…” p. 9;

Molinario, op. cit., ps. 115/120 y otros).-

Finalmente, el informe médico de fs. 661/663 del

Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, conforme a lo

normado por el art. 78 del C.P.P.N., indica que las facultades

mentales del imputado en el momento del examen encuadraban

dentro de los parámetros considerados como normales, desde la

perspectiva médico legal; y que no se detectaban signos o síntomas

psiquiátricos de descompensación. Por consiguiente, y al no haber

elemento de prueba alguno que lo indique, se impone sostener que

no concurrieron en la especie factores que hayan afectado la

capacidad de autodeterminación del imputado, de modo tal que le es

reprochable desde la óptica jurídico-penal no haber ajustado su

comportamiento a derecho.-

Es por tanto que se dispondrá el procesamiento de J. N.

M. acorde a la norma, en tanto y en cuanto el nombrado tenía el

dominio ejecutorio del hecho de acuerdo a las pautas previstas por el

art. 45 del Código Penal.-

Embargo:

El juicio de reproche que prescribe el art. 306 del Código

Procesal Penal de la Nación implica la necesidad de que el tribunal

trabe embargo sobre los bienes del encausado.-

La medida cautelar prevista en el art. 518 del Código

Procesal Penal de la Nación tiene por objeto garantizar el pago de las

costas provocadas que son entendidas como el pago de la tasa de

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CCC 29907/2013

justicia y los honorarios de los letrados defensores, querellantes o

peritos que hayan actuado o que puedan intervenir, así como el

eventual reclamo indemnizatorio que se le podría efectuar al

causante a consecuencia del acto que se le reprocha en las

actuaciones.-

Para disponer el monto a fijar en el caso, debe tenerse

en cuenta el monto de la tasa de justicia (Resolución C.S.J.N. acorde

al art. 6 de la ley 23.898), y visto que el artículo mencionado (art. 518

del Código Procesal Penal de la Nación) se asemeja, en su función

sustancial, al de un derecho real de garantía, debe fijarse el monto

respectivo acorde a la trascendencia del delito que se trate. En tal

sentido, lo cierto es que muchos de esos aspectos dependen de

situaciones futuras que de momento no se conocen particularmente,

en lo que atañe al monto de la indemnización civil que,

hipotéticamente, pudiera o podría exigírsele al imputado con motivo

del hecho por el que “prima facie” será encontrado responsable.-

En base a lo dicho, el monto que habré de escoger, no

resulta sino producto de una apreciación que necesariamente debo

hacer, en función de una proyección futura y por sobre todo

hipotética, con los elementos de juicio con que se cuenta hasta este

momento en el presente sumario.-

En este orden de ideas, tengo presente que M. puso fin

en forma dolosa a la vida de una menor de 16 años de edad,

frustrando su expectativa de vida, con el consecuente impacto

negativo en su grupo familiar y afectivo que obliga, embargo

mediante, a asegurar la responsabilidad civil del imputado.-

Entonces, teniendo en cuenta los rubros aludidos, es

decir la indemnización civil, el pago de la tasa de justicia a cargo de la

parte que pueda resultar vencida, y el monto correspondiente a la

defensa, a la querella y a los peritos, deviene procedente fijar la

suma de embargo, de acuerdo a un monto totalizador de tales

circunstancias que a criterio del tribunal será de un millón de pesos

($ 1.000.000), en tanto y en cuanto estimo que esa suma, resulta

suficiente para cubrir los rubros que se han tenido en cuenta.-

Prisión Preventiva:

En atención a las disposiciones del art. 26 del Código

Penal, la penalidad mínima asignada por el ordenamiento de fondo a

la conducta prevista por el art. 80 inc. 2° del mismo cuerpo legal

impide la ejecución condicional de la pena que eventualmente se le

imponga al imputado J. N. M..-

Debe considerarse que el Plenario 13 de la Excma.

Cámara Nacional de Casación Penal estableció que no basta para

impedir la libertad de una persona durante el proceso, la posibilidad

de una eventual condena de cumplimiento efectivo, sino que aquélla

debe ser valorada en forma conjunta con otros parámetros, tales

como los establecidos por el art. 319 del Código Procesal Penal de la

Nación; esto es determinar la existencia de riesgo procesal.-

A la gravedad de la penalidad prevista para la conducta

que se le atribuye al imputado, se suman las características

particulares y la violencia desplegada en el hecho, en el cual

conforme a los términos de la imputación, el nombrado dio muerte

mediante un procedimiento particularmente insidioso a la persona a

la que conocía desde tiempo antes, con la que vivía en el mismo

edificio, y a cuyo familia conocía porque trabajaba en el mismo lugar

en el que todos ellos viven; así como que se deshizo del cuerpo de la

damnificada de una manera funesta, en tanto y en cuanto logró

introducirlo en el circuito de recolección y procesamiento de

residuos de la ciudad de Buenos Aires, a través del que fue

encontrado luego en un predio del conurbano bonaerense destinado

al depósito de basura y de relleno sanitario.-

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN NRO. 17

CCC 29907/2013

Se ha señalado en un caso de características aplicables al

presente que “Las circunstancias descriptas, que se traducen como

especialmente graves, han sido ponderadas puntualmente por la

Cámara Nacional de Casación Penal en supuestos similares al sub

examen (por caso, Sala IV, causas 10.315, registro n° 11.580

“Camperos, Nicolás Abel” y 10.316, registro 11.579, “Argandoña,

Nicolás Ezequiel”, pronunciadas el 13 de abril último) en los que

evaluó como una pauta impediente en orden a conceder la

excarcelación, la violencia empleada para perpetrar el hecho

cometido y el peligro corrido por las víctimas, así como el intento de

fuga comprobado” (sic) (ver CCC, Sala VII, 1/06/2009, c/ 36.832

“Molina Ponce, Rodrigo”. Excarcelación. Robo agravado).-

Así entonces, los extremos señalados, a mi juicio,

constituyen pautas objetivas de entidad suficiente como para

sostener fundadamente que existe peligro procesal de fuga y que de

obtener su libertad, el nombrado M. intentará eludir el accionar de la

justicia, impidiendo de tal modo la continuidad del proceso.-

A partir de ello dable es concluir que se halla

configurado el peligro de elusión y es por tanto que se dictará la

prisión preventiva del mismo acorde con las disposiciones del art.

312 del Código Procesal Penal de la Nación.-

Por todo lo expuesto,

RESUELVO:

1. DECRETAR el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN

PREVENTIVA de J. N. M., de las demás condiciones personales

obrantes en la presente causa n° 29.907/2013, por considerarlo

autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por

haber sido cometido con alevosía en perjuicio de A. R. (arts. 45 y 80

inc. 2° del Código Penal y 306 y 312 del Código Procesal Penal de la

Nación).-

2. TRABAR EMBARGO sobre los bienes de J. N. M., de

las demás condiciones personales obrantes en autos, hasta cubrir la

suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) (art. 518 del Código

Procesal Penal de la Nación). A tal fin, líbrese el correspondiente

mandamiento que deberá ser diligenciado por el Sr. Ujier

Penitenciario.-

Tómese razón. Notifíquese. Al imputado por cédula de

urgente diligenciamiento por medio del Sr. Ujier Penitenciario. A la

defensa y a la querella, en el día de la fecha con habilitación de hora,

por cédulas urgentes, las que serán diligenciadas por el Escribiente

M. P. de D. (DNI XX.XXX.XXX). A la Sra. Fiscal, con habilitación de

hora, por nota en el expediente.-

Ante Mí:

En la misma fecha se cumplió. CONSTE.-

En del mismo notifiqué a la Sra. Fiscal y firmó. DOY FE.-

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Igual remuneración por igual tarea.

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 06 Jun 2013 17:41:00 +0000

El principio de "igual remuneración por igual tarea", que se encuentra plasmado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, establece la no discriminación en materia salarial.
Es decir, en razón de ello, la compañía debería dispensar el mismo trato para todos los empleados que desempeñen la misma función en tanto se encuentren en condiciones laborales similares.

Esto significa que la legislación permite a las empresas aplicar diferencias salariales entre pares sólo en la medida en que la firma pueda acreditar los motivos respectivos, entre los que podrían mencionarse: mayor antigüedad, eficiencia, capacidad de producción, rendimiento, responsabilidad por la realización de tareas adicionales y otros.

Dado que esto no siempre ocurre y que no son pocos los casos de dependientes que cobran menos que sus compañeros que realizan el mismo trabajo, la cantidad de demandas presentadas ante los tribunales con el fin de lograr un resarcimiento crece día a día.
Es que muchas veces es posible encontrar trabajadores que revisten formalmente determinada categoría pero, en los hechos, ejercen otra función y terminan haciendo las mismas tareas de quienes perciben una mayor remuneración hasta con iguales responsabilidades.
Así las cosas, la Justicia volvió a fallar en una nueva causa en la que tuvo lugar otro caso de discriminación laboral.

Distinción injustificada
El trabajador intimó a su empleadora para que registrara correctamente en los recibos de sueldo su real categoría de coordinador de marketing con su correspondiente compensación salarial, ya que consideraba que efectuaba tareas atinentes a ese puesto.
Como la empresa no hizo lugar al reclamo, el dependiente se consideró despedido por culpa de la compañía y demandó a la firma.

La jueza de primera instancia rechazó el pedido del empleado porque éste no aludió en el escrito respectivo cuál era la categoría en la que debía ser encuadrado con fundamento en las tareas y funciones efectivamente cumplidas.

En ese sentido, la magistrada sostuvo que el trabajador no había logrado acreditar que las tareas que realizaba pudieran ser consideradas como "coordinación" y que tampoco demostró desigualdad salarial con relación a otros trabajadores que se desempeñaban en su misma categoría y funciones.

Entonces, el dependiente se quejó ante la Cámara de Apelaciones porque consideró que la jueza de primera instancia se basó en falsas premisas y erróneas consideraciones.

En cambio, los camaristas señalaron: "Existe prueba suficiente de que el trabajador realizaba tareas propias de coordinador y que tenía mayores responsabilidades, sin estar correctamente registrado en dicha categoría".

Y destacaron que los testigos dieron cuenta de las tareas efectivamente cumplidas por el empleado. Indicaron que primero ingresó como asistente en el área de marketing y que después hubo un cambio en la estructura del sector y había dos responsables, uno de ellos era el propio reclamante.

Las tareas eran similares de forma general, pero ellos cobraban distintas remuneraciones sin un motivo aparente para efectuar dicha distinción.

Entre los testigos había una "amiga" del reclamante pero para los jueces esto no la inhabilitaba a los efectos de atestiguar sobre lo que pudo percibir por medio de sus sentidos, si bien su relato debía ser analizado con mayor estrictez.

En tanto otro de los testigos (propuesto por la empresa) brindó precisiones referentes a la necesidad de ser graduado universitario de marketing o carrera afín para ser coordinador, pero la empresa se limitó a exponer -en forma imprecisa- que el empleado no estaba de ningún modo capacitado para ocupar ese cargo.

Asimismo, los magistrados tuvieron en cuenta que la documentación necesaria para evacuar los puntos relativos a las funciones, responsabilidades y área geográfica de trabajo del empleado, que la propia firma había ofrecido, no fueron puestos a disposición del perito.
Y que en los documentos que sí fueron entregados al perito surgía que la demandada definió en su organigrama la responsabilidad, descripción del puesto y actividades del coordinador de marketing, que eran exactamente los mismos que llevaba a cabo el reclamante.

"El art. 78 de la LCT, en la última parte del primer párrafo, dispone que "si el trabajador fuese destinado a tareas superiores, distintas de aquellas para las que fue contratado, tendrá derecho a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo de su desempeño, si la asignación fuese de carácter transitorio", lo que no se advierte cumplido por parte de la empleadora", señalaron los magistrados.
En este escenario, la compañía sostuvo que la remuneración del trabajador era acorde con su categoría, que éste nunca se desempeñó como coordinador y que el tipo de tareas de la persona que se tomaba como parámetro para comparar, sus responsabilidades, experiencia y capacitación justificaban la diferencia en las remuneraciones, lo que encuadraría dentro de las previsiones del art. 81 LCT en cuanto establece que no se considerará que existe trato desigual cuando el diferente tratamiento se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del dependiente.
No obstante, los magistrados indicaron que "sin establecer presunciones legales, el art. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo ha fijado con el carácter de obligación para el principal, la igualdad de trato para sus dependientes en ‘identidad de situaciones'" y que el tratamiento diferenciado, para no resultar lesivo de derechos, debía justificarse en razones objetivas.

"Por lo mismo, cada una de las partes deberá probar el presupuesto de la norma que invoca como fundamento de su pretensión o excepción: el trabajador deberá acreditar sus circunstancias y quien se excepciona aduciendo que la desigualdad obedece a la valoración de los méritos del dependiente o a circunstancias de bien común, debe acreditar estas afirmaciones", se lee en la sentencia.

En efecto, la empleadora no aportó ninguna prueba a fin de demostrar la existencia de una causa objetiva que avalara su proceder discriminatorio en orden a la categoría y, consecuente, la remuneración otorgada al reclamante que efectuaba idénticas tareas con igual grado de responsabilidad que otros compañeros que percibían una mayor remuneración. Por lo tanto, los camaristas condenaron a la compañía a resarcir al dependiente.

FALLO
SD 96.991 – Causa 17.497/2009 – "Blanco Dario Damian c/ Jardin del Pilar S.A. s/ despido" – CNTRAB – SALA IV – 27/03/2013
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 27 DE MARZO DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:
I)) Contra la sentencia de primera instancia (fs. 440/446) se alza la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 449/462, replicado a fs. 464/467 por su contraria.//-

II) Cabe memorar que el actor intimó a su empleadora con fecha 4/06/2008 para que registrara correctamente en los recibos de sueldo y demás documentación laboral su real categoría de Coordinador de Marketing de Funerarias y Cocherías con su correspondiente compensación salarial, debiendo manifestar dentro del plazo de 48 hs. si accederían al registro solicitado;; y en la misma pieza postal la emplazó para que abonara las diferencias salariales por categoría por todo el periodo no prescripto, con más su incidencia en los aguinaldos y vacaciones. Todo ello, bajo apercibimiento de considerarse despedido en forma indirecta (cfr. TCL 71097886).-
La demandada rechazó los reclamos del Sr. Blanco (ver CD 966803815 del 9/06/2008), negando todos los extremos denunciados y resaltando que nada le adeudaban en concepto de diferencias salariales, postura que mantuvo a lo largo de todo el intercambio telegráfico.-
Frente al tenor de esas respuesta, el actor hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en sus anteriores comunicaciones epistolares y dio por extinguida la relación laboral invocada por exclusiva culpa de la accionada (cfr. TCL 73866002 del 8/07/2008).-

III) La Sra. Juez de grado rechazó la demanda interpuesta, en tanto consideró, en primer lugar, que el actor no () aludió en su relato inicial cuál era la categoría convencional en la que debía ser encuadrado con fundamento en las tareas y funciones efectivamente cumplidas. En ese sentido, entendió que el reclamo era inconsistente.-
Sostuvo, además, que el trabajador no había logrado acreditar los extremos invocados para sustentar sus pretensiones, es decir, que las tareas que realizaba pudieran ser consideradas de "coordinador". Y que tampoco demostró la alegada desigualdad salarial con relación a otros trabajadores que se desempeñaban en su misma categoría y funciones.-
La parte actora se queja de lo así resuelto. Sostiene que la sentenciante rechazó la demanda sobre la base de falsas premisas y erróneas consideraciones, que sus conclusiones tuvieron basamento en la parcial consideración de las declaraciones de los testigos ofrecidos por su parte, que no le otorgó valor probatorio a la documentación acompañada a la causa, que no valoró la totalidad de los informes evacuados, ni tuvo en cuenta lo informado por los peritos contadora y licenciado en sistemas.-

IV) Adelanto que la queja vertida por el actor -de aceptarse mi propuesta- tendrá favorable acogida en mi voto.-
Desde mi punto de vista, existe en la causa prueba suficiente como para generarme la convicción de que el Sr. Blanco realizaba tareas propias de "coordinador" y que tenía mayores responsabilidades, sin estar correctamente registrado en dicha categoría, tal como refirió a lo largo del intercambio telegráfico y en su demanda.-
En efecto, considero que las testigos Botana Garzón y Cosenza (ofrecidas por el actor) así como el testigo Cinto Courtaux (propuesto por la demandada) dieron cuenta de las tareas efectivamente cumplidas por el trabajador y que fue reemplazado en ellas por otra persona.-
Botana Garzón (fs. 386/388) declaró que el actor pasó a "marketing" más o menos en 2006, que primero ingresó como asistente y después hubo un cambio en la estructura del sector, a principios de 2007, y que había dos responsables, uno de parques y otro de funerarias, agregando que el actor estaba a cargo de Funerarias mientras que Consenza tenía a su cargo Parques. También sostuvo que, si bien no conocía en detalle qué hacía cada uno de los responsables de Funerarias y de Parques, sí podía decir que las tareas eran similares de forma general, en cuanto a responsabilidad, y que esto lo sabía por la división que hicieron del sector y que de la totalidad se hizo mitad para cada uno. Agregó que cuando el actor era responsable le reportaba al jefe de marketing (Federico Grandi), y que tenía conocimiento de ello porque recursos humanos mandaba información vía mail en cuanto a cambios, ascensos y descensos y que la reestructuración de marketing se hizo también por esa vía. Y refirió que, si no se equivocaba, el cargo que tenía el actor era el de Coordinador de Funerarias.-

A su turno, la testigo Cosenza (fs. 392/394) señaló haberse desempeñado como coordinadora de marketing de parques de zona sur desde principios de 2007 hasta que se fue de la empresa. Declaró que en 2007 le dan al actor la responsabilidad de coordinar el canal de cocherías de terceros y funerarias, que ella le reportaba al gerente comercial y el actor lo hacía con esa misma persona y con el gerente del canal de cocherías de terceros. Dijo que le habían dado a los dos -al actor y a la dicente- la responsabilidad y eran en realidad como coordinadores, y que eso se los dijo en su momento la gerente de marketing en una reunión de trabajo, y que después se hizo una reunión de todo el equipo comercial y el gerente comercial presentó el nuevo organigrama. Afirmó también que el actor tenía la responsabilidad de coordinar los trabajos que tenían relación con el lay-out de marcas en las cocherías que pertenecían al canal de cocherías de terceros y tenía que atender todo lo referente a material de trabajo e imagen, tanto de funerarias propias como de terceros, que Blanco era el que pedía presupuestos a proveedores, era el responsable de supervisar el trabajo y armaba planes de trabajo del canal para cumplir los objetivos propuestos. Sostuvo además la dicente que tanto ella como el actor tenían la misma responsabilidad, aunque en diferentes canales. Relató que el accionante dejó de trabajar porque ingresó otra persona -Federico Cinto Courtaux- al equipo, al que le dieron las mismas responsabilidades del actor, que entró como coordinador de funerarias y cocherías de terceros. Y dijo que saber estas cuestiones porque lo habló con el actor pero también porque ella estaba en la empresa y fue testigo de los cambios.-
Por último, Cinto Courtaux (fs. 389/390) afirmó ser coordinador de marketing de la demandada, y que sus tareas eran la imagen interna y externa de funerarias propias y cocherías de terceros, la selección de medios en caso de que haya alguna publicación, desarrollo de folletería, tareas varias del sector. Relató que Blanco tenía asignado el canal de cocherías de terceros en cuanto a las tareas de marketing, y que estaba a cargo de la imagen interna y externa y el programa de incentivos de cocherías de terceros, y todo lo que era merchandising de estas cocherías, y que era el testigo quien lo supervisaba. Agregó a ello que la diferencia entre sus tareas y las del actor eran meramente operativas. Señaló también que la otra coordinadora era Andrea Cosenza, que estaba en la parte de Parques. Dijo, asimismo, que le reportaba al gerente de marketing -Federico Grandi- y que tenía entendido que, al ser contratado el dicente, se reestructuró el sector de marketing de la demandada, con un responsable y dos coordinadores, y el actor y otra persona debajo.-

El hecho de que Cosenza hubiese manifestado ser "amiga" del actor no la inhabilitaba a los efectos de atestiguar sobre lo que pudo percibir por medio de sus sentidos, aunque su relato debía ser analizado con mayor estrictez. Sin embargo, y contrariamente a lo que sostiene la demandada en las impugnaciones de fs. 395/396 y 399, no advierto que Botana Garzón y Cosenza tengan algún interés particular en el resultado del pleito y por otra parte sus dichos tampoco aparecieron mendaces pues han tomado contacto directo con las circunstancias que relataron, a la par que -como seguidamente expondré- han sido corroborados por otras pruebas. Razones por las cuales, corresponde otorgarles suficiente eficacia probatoria (conf. arts. 386 del CPCCN y 90 de la LO).-
Añado a ello que el testigo aportado por la propia accionada dio cuenta de la jerarquía de las tareas desempeñadas por el actor, las que -desde mi óptica- excedían a las de un simple asistente. Nótese, incluso, que sus dichos contradicen lo que la demandada expuso en su responde, en tanto aquél refirió que Blanco estaba a cargo de la imagen interna y externa de las cocherías, mientras que la accionada adujo que era falso que el actor fuera el responsable de este aspecto (cfr. fs. 109 2º párrafo). Además, brindó precisiones referentes a la necesidad de ser graduado universitario de marketing o carrera afín para ser coordinador, aspecto éste que ni siquiera la accionada adujo al contestar la demanda, quien únicamente se limitó a exponer -en forma por demás genérica e imprecisa- que el actor no estaba de ningún modo capacitado para ocupar ese cargo (cfr. fs. 109 vta., punto V.2, párrafo 3º).-

A ello deben sumarse los informes evacuados por Black Media S.R.L. (fs. 172/173) y Plano Color S.R.L. (fs. 351), que si bien no nombran como coordinador al actor, dan cuenta de que era éste quien representaba a la demandada a los fines de implementar y colocar marquesinas y botones en las cocherías. En particular, advierto que la primera contestó que entre los años 2007 y 2008 el actor asistió en algunas oportunidades personalmente con personal de esa oficiada a los fines de relevar el frente de la cochería para realizar la marquesina correspondiente; que luego de efectuar el relevamiento le enviaban un fotomontaje al actor para que éste lo aprobara; que si dicho fotomontaje coincidía con las indicaciones requeridas, Blanco daba la autorización para la correspondiente producción de la marquesina, los logos y el botón y su posterior colocación en la cochería (ver, al respecto, fs. 173 vta., primer párrafo).-
Observo que estas contestaciones de oficio no fueron objetadas por la demandada.-

Pero, además, no puedo soslayar que la propia accionada reconoció en su responde que el actor tenía entre sus funciones la de coordinar con las cocherías la colocación de botones y marquesinas, aunque alegó que dicha tarea se enmarcó en una campaña específica que duró desde mediados de 2007 hasta mayo de 2008, reconociéndole al personal afectado al área de cocherías un adicional remuneratorio por el cumplimiento de objetivos de dicha campaña.-
Ahora bien, esta última argumentación no ha podido ser respaldada por ninguna prueba pues, a poco que se lea, se observa que no se le suministró información alguna a la perito para responder este punto (cfr. fs. 329 pto. "t" y fs. 330 pto. "v"), por lo que entiendo que la misma aparece infundada.-

Es más, advierto que ni siquiera fue puesta a disposición de la perito contadora la documentación necesaria para evacuar los puntos de pericia relativos a las funciones, responsabilidades y área geográfica de trabajo del actor -así como de la testigo Cosenza-, que la propia accionada había ofrecido (ver, al respecto, fs. 329, ptos. "r" y "s"), lo que me hace dudar seriamente de la veracidad de las afirmaciones vertidas en su contestación de demanda.-
Asimismo, de la respuesta brindada por la perito al punto "m" ofrecido por la propia demandada -responsabilidad, descripción del puesto y actividades del coordinador de marketing-, puede extraerse que, entre las actividades principales, se encuentra la de ser responsable del plan de imagen externa de cocherías de terceros y funerarias propias (fs. 323), aspecto mencionado por los testigos como una de las tareas del accionante. Esto se contrapone con lo sostenido por la demandada en su responde -como indiqué anteriormente-, máxime cuando la documentación sobre la que se basó la contadora fue suministrada por la propia empresa.-

Finalmente, y sólo a mayor abundamiento, tengo en cuenta lo informado por el perito licenciado en sistemas a fs. 265/270 y 397/398; en particular lo expuesto con relación al organigrama de la empresa vigente a julio de 2007; que fuera adjuntado a uno de los "mails", y que el propio Sr. Grandi -gerente de marketing- manifestó que guardaba similitud con el que fuera agregado por el actor como prueba documental (fs. 268/269, pto. 13, y fs. 397 punto 2.a). De dicho organigrama puede observarse que el actor y la testigo Cosenza -que figuraba como "coordinadora"- se hallaban en el mismo nivel y con idénticas tareas. Y cabe señalar, asimismo, que el testigo Cinto Courtaux admitió que, al ser contratado, se reestructuró el sector de marketing de la demandada, con un responsable y dos coordinadores, y el actor debajo.-
En suma, por lo expuesto, no comparto la decisión a la que arribó la Magistrado de la anterior instancia de que las funciones cumplidas por el actor correspondieran a las de un asistente, por cuanto las pruebas reseñadas dan cuenta de otro nivel de tareas y que, a mi juicio, se comportó en los hechos y frente a terceros como coordinador de marketing de la firma demandada.-

En otro orden de ideas, las constancias obrantes en el expediente demuestran que la remuneración mensual de Blanco era menor a la de otros empleados que cumplían las mismas tareas. Así, de la peritación contable se observa que existió una diferencia sustancial entre el salario devengado por el actor durante el lapso que -como encuentro acreditado- se desempeñó como "coordinador" y las remuneraciones correspondientes a Cosenza y Cinto Courtaux, quienes estaban en la misma categoría que aquél (cfr. fs. 308/309 pto. 4, fs. 311 pto. 22, fs. 311/312 pto. 25, y fs. 312 ptos. 26 y 27), aspectos corroborados incluso por estos mismos testigos en sus declaraciones.-
En ese sentido, memoro que el art. 78 de la LCT, en la última parte del primer párrafo, dispone que "si el trabajador fuese destinado a tareas superiores, distintas de aquellas para las que fue contratado, tendrá derecho a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo de su desempeño, si la asignación fuese de carácter transitorio", lo que no se advierte cumplido por parte de la accionada.-

Pero, además, la demandada sostuvo que la remuneración del actor era acorde a su categoría, que éste nunca se desempeñó como coordinador y que la índole de las tareas de Cosenza, sus responsabilidades, experiencia y capacitación justificaban la diferencia en las remuneraciones, lo que -prima facie- encuadraría dentro de las previsiones del art. 81 LCT en cuanto establece que no se considerará que existe trato desigual cuando el diferente tratamiento se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del dependiente.-
Al respecto, se ha sostenido que "sin establecer presunciones legales, el art. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo ha fijado con el carácter de obligación para el principal, la igualdad de trato para sus dependientes en ‘identidad de situaciones’. Luego, el tratamiento diferenciado, para no resultar lesivo de derechos debe justificarse en razones objetivas. Por lo mismo, cada una de las partes deberá probar el presupuesto de la norma que invoca como fundamento de su pretensión o excepción: el trabajador deberá acreditar sus circunstancias y quien se excepciona aduciendo que la desigualdad obedece a la valoración de los méritos del dependiente o a circunstancias de bien común, debe acreditar estas afirmaciones" (del voto de los Dres. Petracchi y Bacqué en la causa "Fernández, Estrella c/ Sanatorio Güemes S.A." [Fallo en extenso: elDial.com - AA7E64], C.S.J.N., 23/08/1988, public. en DT, 1989-A, 580).-

Sin embargo, las afirmaciones vertidas en su responde aparecen como dogmáticas, toda vez que no ha siquiera intentado demostrar esa "índole de las tareas de Cosenza, sus responsabilidades, experiencia y capacitación" -que, a mayor abundamiento, ni siquiera precisó-, máxime cuando, como quedó dicho, se probó que el actor se desempeñaba en la misma categoría y funciones que aquella. Y por ello es que considero que ese dispar tratamiento salarial para con el trabajador resultó arbitrario (ver, asimismo, "Ceramella, Adriano E. c/ S.G.S Argentina S.A. s/ Despido", SD Nº 94.566 del 17/03/2010, del registro de esta Sala).-
En consecuencia, por todo lo expuesto, la actitud asumida por la demandada ante los justos reclamos del actor, constituyó una injuria de tal magnitud que hizo imposible la prosecución del vínculo, por lo cual entiendo que la decisión rupturista del trabajador resultó justificada (arts. 242 y 246 LCT).-
En razón de lo expuesto, propicio revocar la sentencia de grado y hacer lugar al reclamo de autos.-

V) De igual modo, considero demostrado el dispar tratamiento salarial invocado por el actor en su demanda con relación al salario de la Srta. De Ancizar, quien revestía en igual categoría y funciones.-
En efecto, observo que la empleadora no aportó ninguna prueba a fin de acreditar la existencia de una causa objetiva que avalara su proceder discriminatorio en orden a la categoría y consecuente remuneración otorgada a De Ancizar a diferencia del actor -cfr. lo informado por la perito contadora a fs. 310 pto. 19, que no fuera cuestionado- no obstante que este último efectuara idénticas tareas con igual grado de responsabilidad.-
Así las cosas, con sustento en lo previsto en los arts. 14 bis de la CN, 17 y 81 de la LCT, propongo admitir el reclamo por diferencias salariales pretendidas por el actor, con el alcance que seguidamente expondré.-

VI) En este estado, y conforme lo expuesto en el Considerando anterior, deviene necesario expedirme respecto al planteo efectuado por la accionada a fs. 108 párrafo 3º, en el cual solicitó que se declarara prescripto el reclamo del actor por las diferencias salariales correspondientes al año 2006, en los términos del art. 256 LCT.-
Es útil recordar que la prescripción liberatoria constituye un medio que las leyes prevén de perder una acción por la suma de dos circunstancias: el transcurso del lapso indicado por las normas, más la inacción del titular durante ese tiempo. Se trata de un mecanismo tendiente a dar seguridad jurídica y evitar que los reclamos puedan iniciarse sin un límite temporal. Sólo afecta la acción pero no el derecho del acreedor, es decir, que al operar la prescripción liberatoria por haber transcurrido el plazo legal sin que el acreedor inicie su reclamo, se lo despoja de la acción para demandar pero, según lo dispuesto en el art. 515 inc. 2 del Código Civil, eventualmente la obligación subsiste como natural (conf. "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", dirigida por Miguel A. Maza, 3ª edición actualizada y ampliada, pág. 425 y sgtes., Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009).-
Ahora bien, surge de las constancias obrantes en la causa que el 8/07/2008 el actor envió el TCL 73866002 (obrante en el sobre I del anexo Nº 2824) mediante el cual se consideró despedido, e intimó al pago de las diferencias salariales por cambio de área, lo que constituyó la intimación fehaciente que exige el art. 3986 párrafo segundo del Código Civil para constituir en mora al deudor.-

Debe tenerse presente, en el caso concreto, que el plazo de prescripción debe computarse a partir de que cada suma se habría hecho exigible. Al respecto, se ha sostenido que "…la causa fuente de una obligación de tracto sucesivo no puede valorarse con prescindencia del momento a partir del cual se produce la exigibilidad de la prestación correspondiente a cada período mensual. Por ello, corresponde ubicar el punto de partida de la prescripción de la acción referida a las diferencias que pudieron haberse originado en cada período en el momento en que resulta exigible el crédito reclamado -transcurridos cuatro días en función del plazo con el que cuenta el empleador para pagarlos, de acuerdo con el art. 128 de la LCT- que es aquél en el cual el derecho respectivo puede hacerse valer porque los créditos reclamados se vinculan a diferencias retributivas que se generan a partir de una prestación laboral periódica" (cfr. CNAT, Sala II, in re "Pacios, Carolina E. c/ Telefónica de Argentina S.A. y otro", Impuestos, 2008-23-2038; esta Sala, en autos "García de Mita, Leandro Pablo c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Despido", SD Nº 96.907 del 26/02/2013).-
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la fecha de interposición de la presente demanda (2/06/2009, cfr. cargo inserto a fs. 38 vta.) y el momento a partir del cual se hicieron exigibles las sumas reclamadas (cfr. art. 128 LCT), entiendo que la acción para reclamar las diferencias salariales correspondientes al período comprendido entre Marzo y Junio de 2006 inclusive (cfr. liquidación de fs. 30 vta.) se hallaba prescripta (cfr. art. 256 LCT).-
Por el contrario, no se encuentra prescripta la acción para reclamar las diferencias salariales correspondientes al mes de Julio de 2006, en tanto dicho crédito recién se hizo exigible una vez pasados los cuatro días hábiles que el empleador tiene para abonar los salarios de ese mes (cfr. art. 128 LCT), esto es, a partir del 7/08/2006. En función de ello, la comunicación efectuada por el trabajador el día 8/07/2008 -que se tradujo en la intimación fehaciente que exige el art. 3986 párrafo segundo del Código Civil para constituir en mora al deudor- suspendió el plazo de prescripción por el término de un año, de modo que a la fecha de interposición de la demanda (2/06/2009), no había fenecido el plazo previsto en el art. 256 de la LCT.-

VII) Sentado lo expuesto, sugiero diferir a condena el pago de las indemnizaciones por antigüedad, preaviso omitido e integración del mes de despido, estos dos últimos rubros con la incidencia del SAC (conf. arts. 245, 232 y 233 de la LCT).-
Para determinar el quantum indemnizatorio estaré a la fecha de ingreso registrada (1º/07/2001) y la mejor remuneración informada por la perito contadora a fs. 313 pto. 32 ($3.750) tomando como parámetro la categoría de "Coordinador" que tenían los testigos Cosenza y Cinto Courtaux, y sin que obste a ello la manifestación de disconformidad efectuada por la demandada en la impugnación de fs. 336 vta. pto. 2. De conformidad con las pautas apuntadas, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador (7 años y 7 días) y el salario informado, el rubro indemnización por antigüedad ascenderá a la suma de $26.250 (cfr. art. 245 LCT).-
A los fines de calcular la indemnización sustitutiva del preaviso omitido y la integración del mes de despido (ambos con la incidencia del SAC), tengo que cuenta que, en estos supuestos, la LCT busca colocar al trabajador en una situación remunerativa lo más cercana posible a aquélla en que se encontraría si hubiera prestado tareas durante el periodo de preaviso como si la rescisión no hubiese operado. Y, en ese sentido, estaré al salario del mes de junio de 2008 -informado por la perito contadora a fs. 312 pto. 27- que asciende a $3.750, por lo que dichos rubros prosperarán por las sumas de $8.125 (cfr. art. 232 LCT) y $2.883,06 (cfr. art. 233 LCT).-
De igual modo, y en función del salario considerado anteriormente, deberán recalcularse los montos correspondientes a los días de julio de 2008 y a las vacaciones proporcionales correspondientes a dicho año con su SAC, que ascenderán a la suma de $1.088,71 y $3.412,50, respectivamente, y no los montos que se determinaron en la anterior sede.-
Con relación al reclamo por diferencias salariales correspondientes al mes de julio de 2006 y al período comprendido entre marzo de 2007 y mayo de 2008, de conformidad con lo expuesto en los Considerandos VI y IV, respectivamente, del presente pronunciamiento, estaré a lo informado por la perito contadora a fs. 310 punto 19 y fs. 312 puntos 26 y 27. Así, el monto correspondiente a las diferencias salariales de julio de 2006 ascenderá a la suma de $297,90, mientras que el restante rubro prosperará por la suma de $11.966,95, ambos con la incidencia del SAC.-

Cabe condenar a la accionada, también, al pago de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323, pues se hallan presentes los requisitos para su procedencia, es decir: 1) que haya mediado un despido injustificado; 2) que el trabajador haya efectuado fehacientemente la intimación para que se le abonaran las indemnizaciones respectivas (cfr. TCL 73866002 del 8/07/2008); y 3) que haya debido iniciar cualquier instancia previa de reclamo y/o demanda judicial para obtener su reconocimiento. Así, de aceptarse mi propuesta, dicho rubro prosperará por la suma de $18.629,03 [(26.250 + 8.125 + 2.883,06) x 50%].-
Admitiré, asimismo, la multa prevista en el art. 45 de la ley 25.345. Ello así, en primer lugar, pues aun partiendo de la tesis de la demandada de que ha puesto a disposición los certificados en cuestión, sin que sea necesario que sean consignados judicialmente (tal como lo ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, ver entre otros "Rojas, Christian A. c/ Campo Austral S.A. s/ Despido", SD Nº 95.264 del 31/03/2001, y "Coronel, José Alberto c/ Hurón Construcciones S.A. s/ Indemn. Art. 80 LCT L. 25.345", SD Nº 96.538 del 10/09/2012), lo cierto es la documentación acompañada por la accionada no era la exigida por el art. 80 LCT, sino que se trataba sólo del Formulario de ANSES PS.6.2, omitiéndose el certificado de trabajo.-
Pero, además, se le ha reconocido al actor un salario superior, por lo que se extrae que el instrumento agregado a la causa no refleja la realidad de las condiciones laborales de la relación habida entre las partes.-

En consecuencia, entiendo que la condena en concepto de indemnización prevista en el art. 80 de la LCT (modificado por art. 45 de la ley 25.345) resulta procedente, la que ascenderá a la suma de $11.250, en función del salario del trabajador que he tomado en consideración.-
Por el contrario, no tendrá favorable acogida en mi voto el reclamo con fundamento en la ley 24.013. Ello así, en razón de que dichas normas operarían ante la situación de clandestinidad -ya sea total o parcial- en que se encontraría la relación laboral, y este supuesto no se dio en la presente causa.-

VIII) En función del resultado que he dejado propuesto no cabe más que condenar a la demandada a entregar mediante depósito en autos, dentro de los cinco días contados a partir de que queden notificados de la liquidación del art. 132 LO, las certificaciones indicadas en el Considerando anterior -es decir, el Certificado de Servicios y Remuneraciones ANSES PS.6.2 y el Certificado de Trabajo-, expedidas según los datos contractuales fijados en el presente pronunciamiento, bajo apercibimiento de las astreintes que se fijarán en la instancia de origen si ello correspondiese.-

IX) En suma, teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos que anteceden, al Sr. Blanco le correspondería percibir:
Indemnización por antigüedad $26.250 Indemnización sustitutiva del preaviso más SAC $8.125 Integración mes de despido más SAC $2.883,06 Días trabajados de julio 2008 $1.088,71 Vacaciones prop. 2008 más SAC $3.412,50 Dif. Sal. Julio 2006 $297,90 Dif. Sal. Marzo 2007 – Mayo 2008 $10.865,13 Art. 2 ley 25.323 $18.629,03 Art. 45 ley 25.345 $11.250 Total $82.801,33
Resta señalar que el monto total de condena devengará -desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago- un interés equivalente a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo difundido por la Prosecretaría General de la Cámara, de conformidad con lo acordado en la Resolución de Cámara de fecha 7 de mayo de 2002 (Acta Nº 2357).-

X) Conforme el resultado sugerido, corresponderá dejar sin efecto lo dispuesto en la instancia previa en torno de las costas y regulaciones de honorarios y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN).-
En orden a ello y en atención a los mutuos vencimientos y a las respectivas proporciones de éxito obtenidas por las partes entiendo que las costas de ambas instancias deberán ponerse a cargo de la parte demandada, vencida en lo principal (cfr. art. 68 CPCCN). Cabe añadir que la fijación no resulta ser una cuestión meramente matemática, en la medida que los jueces no solamente deben tener en consideración la cuantía por la que prosperan los créditos, sino esencialmente los motivos por los cuales se llega al litigio.-

En atención a la extensión y calidad de las tareas realizadas, el valor económico del litigio y los mínimos arancelarios vigentes, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, los de la representación letrada de la demandada y de los peritos contadora y licenciado en sistemas, por sus actuaciones en primera instancia, en el 16%, 13%, 8% y 8% -respectivamente- del monto total de condena, que comprende los intereses (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839, ley 24.432 y decreto ley 16.638/57).-
Por último, y de acuerdo al desenlace del recurso interpuesto, propicio regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora y los de la representación letrada de la demandada, en el 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen (art. 14 ley 21.839).-

XI) En consecuencia, de compartirse mi voto, corresponderá: 1) Revocar la sentencia de grado y consecuentemente hacer lugar a la demanda, condenando a JARDIN DEL PILAR S.A. a abonar al actor DARÍO DAMIÁN BLANCO, dentro de los cinco días de quedar notificada la liquidación del art. 132 LO y mediante depósito en autos, la suma de pesos ochenta y dos mil ochocientos uno con treinta y tres centavos ($82.801,33), cifra a la que se aditarán los intereses dispuestos en el considerando IX de la presente resolución; 2) Condenar a la demandada a que, en el mismo plazo establecido en el acápite anterior, entregue al actor las certificaciones previstas en el Considerando VIII de este pronunciamiento, con adecuación a las pautas establecidas en el presente pronunciamiento, bajo apercibimiento de las sanciones que determine la Sra. Juez de grado; 3) Dejar sin efecto lo dispuesto en la instancia anterior en cuanto a la imposición de las costas y las regulaciones de honorarios; 4) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada; 5) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la demandada y de los peritos contadora y licenciado en sistemas, por sus actuaciones en origen, en un 16%, 13%, 8% y 8%, respectivamente, del monto total de condena, que comprende los intereses; 6) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, por las labores cumplidas ante esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen.-

El doctor Héctor C. Guisado dijo:
Por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede.-
Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de grado y consecuentemente hacer lugar a la demanda, condenando a JARDIN DEL PILAR S.A. a abonar al actor DARÍO DAMIÁN BLANCO, dentro de los cinco días de quedar notificada la liquidación del art. 132 LO y mediante depósito en autos, la suma de pesos ochenta y dos mil ochocientos uno con treinta y tres centavos ($82.801,33), cifra a la que se aditarán los intereses dispuestos en el considerando IX de la presente resolución; 2) Condenar a la demandada a que, en el mismo plazo establecido en el acápite anterior, entregue al actor las certificaciones previstas en el Considerando VIII de este pronunciamiento, con adecuación a las pautas establecidas en el presente pronunciamiento, bajo apercibimiento de las sanciones que determine la Sra. Juez de grado; 3) Dejar sin efecto lo dispuesto en la instancia anterior en cuanto a la imposición de las costas y las regulaciones de honorarios; 4) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada; 5) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la demandada y de los peritos contadora y licenciado en sistemas, por sus actuaciones en origen, en un 16%, 13%, 8% y 8%, respectivamente, del monto total de condena, que comprende los intereses;; 6) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, por las labores cumplidas ante esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen.-
Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.//-
Fdo.: HÉCTOR C. GUISADO - SILVIA E. PINTO VARELA
ANTE MI: SILVIA SUSANA SANTOS, Secretaria

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Fallos que declaran la inconstitucionalidad de la Reforma judicial

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 05 Jun 2013 17:19:00 +0000

Las discusiones por la reforma del Consejo de la Magistratura pasaron del ámbito legislativo al judicial en un solo paso. Con la sanción de la Ley y su posterior y rápida publicación en el Boletín Oficial, las presentaciones en su contra no tardaron en aparecer: asociaciones de magistrados, colegios de abogados y particulares llevaron a cabo las acciones tendientes a que la nueva normativa no entre en funcionamiento.

En una de las pretensiones llevadas por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF) ante la Justicia, se precisaba que “los artículos 1; 2; 4; 6, 18, y 30 que se impugnan de la Ley 26.855 comportan una inexcusable violación del orden jurídico constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional (CN), procurándose con esta acción la tutela jurisdiccional frente a la conducta ilegítima y arbitraria del Estado Nacional”.

Pero la respuesta no vino de la Ciudad de Buenos Aires, sino de las ciudades bonaerenses de San Nicolás y Mar Del Plata, donde los jueces Martín Martínez y Alfredo López dieron una respuesta a los planteos realizados en este sentido.

López, juez federal en lo Civil, Comercial, Contencioso Administrativo y Laboral, decretó la medida cautelar ordenando, de esta forma, al Poder Ejecutivo a suspender la “constitución del nuevo Consejo de la Magistratura como así también el llamado a elecciones para representantes del estamento de abogados en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias previstas para el 11 de agosto de 2013”

En tanto, Martínez, titular del Juzgado Federal I de San Nicolás se pronunció de igual manera, aceptando el pedido realizado por el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Ricardo De Felipe, ordenando de esta forma al Poder Ejecutivo Nacional “que se abstenga de aplicar la Ley 26.855 debiendo suspender el llamado a elección formulado en el Decreto 577/2013, hasta tanto se resuelva en definitiva”.

En su fallo, López destacó que la ley sancionada recientemente es “incompatible con el texto del artículo 114 de la Constitución Nacional”, que establece que “el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.

En este orden, el magistrado también manifestó que la normativa “afectaría el equilibrio y representación previstos”, por lo que su decisión “no afecta el interés público sino que lo resguarda, máxime el peligro en la demora que implicaría acceder tardíamente a la pretensión del accionante, en virtud de la oportunidad de la convocatoria electoral”.

Por su parte, Martínez destacó que “se puede apreciar que la ley 26.855 rompe el equilibrio exigido por la Constitución pues a través de la composición del Consejo –artículo 2- y el procedimiento que establece en el artículo 4, como 3 bis para elegir a los Consejeros, y el quórum para decidir –artículo 7- se refleja una hegemonía política que contraría el espíritu de la Constitución Nacional”.

La Ley de Cautelares es inconstitucional

Los mismos jueces federales declararon a su vez la inconstitucional parte de la nueva ley de medidas cautelares que establece un régimen más favorable al Estado en estos recursos judiciales.

El juez López interpretó que la ley "restringe el dictado de medidas cautelares limitando la evaluación de las circunstancias del caso que debe formular el magistrado, alterando la división de poderes en relación a la caución, máxime, cuando el presente caso no tiene carácter patrimonial".

Para el magistrado, varios artículos de la norma "afectan gravemente el principio de tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y división de poderes vulnerando de forma palmaria los arts. 14, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional".

Ambos jueces declararon la inconstitucionalidad de la obligación de darle traslado al Estado antes de dictar una medida cautelar.

Para Martínez, "a través de esta normativa a todo aquel que accione cautelarmente contra el Estado o sus entes, se le impone una carga adicional, pero además de ello colocan a éste (al Estado) en una posición ventajosa sobre cualquier otro litigante particular, al tomar conocimiento anticipado de las pretensiones y fundamentos del accionante, antes que le sea notificada la demanda".

No obstante, los magistrados tuvieron distintos criterios sobre el plazo de seis meses -prorrogables por otros seis cuando sea indispensable- para la vigencia de las cautelares.

López consideró, finalmente, que "resulta una incongruencia pues las mismas (las medidas cautelares) tienen como finalidad asegurar que el derecho no se frustre antes del dictado de la sentencia de fondo".

FALLO

Inconstitucionalidad Ley Cautelar by migeye

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Solidaridad en el pago de los aportes

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 05 Jun 2013 16:57:00 +0000

Los jueces Estela Ferreirós, Carlos Rodríguez Brunengo y Beatriz Fontán, de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, resolvieron confirmar una condena que hizo lugar a una demanda por despido y sancionó a los codemandados en los términos de los artículos 80 y 132 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Los autos se caratularon “Aguilar, Luis Gustavo c/ Vicumoco S.A. y Otros s/ Despido”, y llegaron al la Alzada luego de la apelación de las vencidas en el pleito.

Las mismas se habían agraviado, entre otras cosas, porque consideraron que el juez determinó mal la fecha de ingreso del actor a prestar servicios a favor de la demandada. Aseguran que Vicumoco S.A. no se encontraba constituida al momento de su ingreso declarado.

Ese agravio fue rechazado debido a que ese argumento no logró “desbaratar la realidad de los hechos que se condicen con lo denunciado al inicio. Por ende debe aplicarse el principio de primacía de la realidad donde deben prevalecer los hechos acreditados por encima de las constancias documentales”. Para resolver así, los jueces partieron de las declaraciones testimoniales.

Sobre esto último, las codemandadas se quejaron de que se le dio entidad al testimonio de una persona que se encontraba en un juicio laboral contra las mismas, pero ello no fue razón para que el Tribunal se apartase de lo resuelto.

En tal sentido, los jueces expresaron que esa circunstancia no invalidaba los dichos, sino que requería “una apreciación más estricta y cuidadosa que no enerva el valor probatorio de su declaración, puesto que la ley procesal vigente ni siquiera entra en el juego de las tachas absolutas y relativas”.

La queja relativa a la sanción en virtud de los artículo 80 de la LCT tampoco prosperó, debido a que la demandada “no ha procedido a acompañar a estas actuaciones los certificados previstos en la norma, razón por la cual corresponde no sólo su percepción, sino también la entrega de dicha documentación en las condiciones que prevé el decisorio de grado”.

Por otro lado, la multa del artículo 132 bis fue confirmada, pese a que la demandadas manifestaron que no correspondía “porque el actor no dio cumplimiento a lo preceptuado en el art. 1º del Dec. 146/01 que reglamenta el art. 43 de la ley 25.345 cuya inobservancia determinaría, a su criterio, la inviabilidad del rubro”.

Para la Cámara, como una de las demandadas había contestado en una carta documento que “los aportes previsionales fueron y son realizados en tiempo y forma ante los organismos pertinentes”, no era necesario analizar si el trabajador la había intimado dentro del plazo establecido en el decreto.

“En consecuencia, como la contestación de la demandada no se condice con los hechos demostrados en la presente causa”, que no habían sido cuestionados, “habilitan la percepción de la multa prevista en el art. 132 bis”.

Además los magistrados aclararon que “no tiene relevancia alguna decir que el actor no se encuentra legitimado para la percepción de los aportes, cuando en realidad, lo que persigue el actor es sólo la percepción de la multa”.

La sentencia, por otra parte, también extendió la condena, de manera solidaria, hacia dos personas de existencia visible. Lo hizo con fundamento en la teoría del “corrimiento del velo societario”.

De este modo, el fallo expresó que “la sanción que contiene la norma no presupone la ilicitud de la sociedad sino la existencia de una sociedad lícita cuya actuación es ilícita, en el caso, la precarización del contrato del actor que, como se resolviera supra, quedó demostrada”.

“Estando demostrado que no se le reconoció al actor la real antigüedad detentada, con las consecuencias que ello trajo aparejadas, a lo que se suma el desconocimiento de las horas extraordinarias, dando como resultado un registro de la remuneración inferior al efectivamente devengado”, el Tribunal decretó que se habían reunido las circunstancias para la aplicación de los arts. 59 y 274 Ley 19.550 “para hacer efectiva la condena a quienes detentaron la administración de la persona jurídica empleadora”.

FALLO
CAUSA Nº 45.817/2009 -SALA VII- JUZGADO Nº 36
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de abril de 2013, para dictar sentencia en los autos: “AGUILAR LUIS GUSTAVO c/ VICUMOCO S.A. Y OTROS s/ DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:
I. Contra la sentencia de primera instancia que admitió en lo principal la demanda interpuesta se alzan las demandadas a tenor del memorial obrante a fs. 582/598.
Disienten en lo sustancial con la condena dictada en autos. A tal fin controvierten la determinación efectuada por la Juez A-quo respecto de la fecha de ingreso del actor, horario, categoría y salario empleado como base de cálculo. Critican el rechazo de la defensa de prescripción. Se agravian en torno a lo decidido con relación a las horas extras. Asimismo, cuestionan las sanciones dispuestas con fundamento en los arts. 80 y 132 bis. LCT. También se quejan de la extensión de solidaridad dispuesta a las personas de existencia visible demandadas. Por último discrepan con la imposición de costas y apelan los honorarios regulados en favor de la representación letrada de la parte actora y perito contador por considerarlos elevados.
A su turno, la perito contadora apela los emolumentos que le fueron regulados por estimarlos exiguos (fs. 576).
Lo propio acontece con la representación letrada de la parte actora a fs. 599.
Corrido el pertinente traslado de los agravios, la parte actora procedió a contestarlos a mérito de la pieza agregada a fs. 608/616.
II. Comenzaré por abordar los agravios que se dirigen a cuestionar que el despido estuviera ajustado a derecho.
Liminarmente, me interesa aclarar que en lo relativo a la falta de mención de la empresa UNION PIZZA CAFÉ S.A. en el intercambio epistolar no constituye un hecho alegado al contestar la demanda y su introducción en esta etapa del proceso deviene innovativa y por ende obsta al derecho de defensa (art. 18 Constitución Nacional), por lo que no corresponde su tratamiento.
III. También, la apelante cuestiona la fecha de ingreso determinada en el fallo recurrido. En este sentido, basa parte de su crítica al sostener que VICUMOCO S.A. no se encontraba constituida sino a partir del 08/07/2004 y se inscribió en la Inspección General de Justicia el 23/07/2004.
Sin embargo, este punto de la queja no tendrá favorable recepción, pues la validación que se pretende a partir de la fecha en que VICUMOCO S.A. comenzó a funcionar no logra desbaratar la realidad de los hechos que se condicen con lo denunciado al inicio. Por ende debe aplicarse el principio de primacía de la realidad donde deben prevalecer los hechos acreditados por encima de las constancias documentales. Ya en el Derecho Romano se estableció: "Non tam scriptun, quan veritas considerari solet".
Estos hechos son los que se desprenden de la declaración de los testigos B. y L.(fs. 473/474 y 475/476 respectivamente) cuyo análisis efectuado en la instancia anterior comparto y que han ubicado al año 2001 como época de ingreso del actor en el local sito en C. y N..
El disenso que expone la demandada en la parte de su memorial que refiere que “estos testigos se contradicen entre sí” (ver fs. 584 vta. in fine y 585), carece de sustento argumentativo, toda vez que las consideraciones allí expuestas, respecto de que B. conocería al actor y al codemandado Conde, mas no a Fernández y Vicumoco, y que L. comenzó a trabajar para los demandados en el año 99, de ningún modo obstan a las conclusiones antes arribadas. Luego, si bien la recurrente insiste en la ineficacia probatoria de dichos testigos, lo cierto es que no apoya esta observación en otra premisa que la descripta.
Por lo demás, la circunstancia de que el testigo L. tuviera juicio pendiente contra la sociedad aquí demandada, no invalida sus dichos, sino que requiere una apreciación más estricta y cuidadosa que no enerva el valor probatorio de su declaración, puesto que la ley procesal vigente ni siquiera entra en el juego de las tachas absolutas y relativas. En el art. 427 del CPCCN se enuncian cuáles son los testigos excluidos y allí no se menciona a los que tienen juicio pendiente contra la demandada. En todo caso corresponderá a quien pretende descalificarlos, demostrar la sinrazón de sus dichos (en igual sentido ver, entre muchos otros de esta sala, S.D. Nº 34.392 del 30/11/00, “Fernández, Miguel Ángel c/ Autocomposición S.A. y otro s/ despido”), lo que no ha ocurrido en el presente caso.
IV. En cuanto a la aplicación de la normativa emanada de los arts. 225 y 228 LCT y la doctrina del plenario “Baglieri”, la demandada considera erróneo que la Magistrada de la instancia anterior hubiera invertido la carga probatoria.
Sin embargo, considero que la accionada omite tener en cuenta los sólidos fundamentos invocados en la pieza recurrida.
En efecto, de la lectura de la pieza en crisis surge acreditado que el demandante ha cumplido tareas en forma ininterrumpida desde el 06.03.01 en el local gastronómico sito en la calle Cuenca 2998, que luego pasara a ser explotado por la firma Vicumoco hasta su egreso.
Si bien es cierto que -como dice la demandada- VICUMOCO S.A. no funcionó sino a partir del año 2004, no lo es menos que habiéndose demostrado el ingreso del actor en una fecha anterior al establecimiento, la demandada no adujo ningún motivo por el cual continuó utilizando los servicios del trabajador, privando así de resolver de otro modo y resultando de plena aplicación lo establecido en los arts. 225 y 228 LCT.
Cabe destacar que estas circunstancias se encuentran apoyadas también por lo declarado por los testigos B. y L. respecto de la actuación del codemandado Conde, que también se produjo sin solución de continuidad desde antes que el actor ingresara.
Con relación a la naturaleza relacional habida entre las partes, veo necesario recordar que en precedentes de esta misma Sala, como lo son: "Sánchez, Claudio c/ Arcos Dorados S.A.”, he expresado “...es sabido que en materia laboral rige el principio de primacía de la realidad, por lo cual la validez de las condiciones que se pacten entre trabajador y empleador tienen valor relativo y condicionado a que no se violen (mediante ellas) los deberes que las leyes laborales establecen ya que, de ocurrir así, tales cláusulas son nulas (tal como lo establece el art. 13 de la Ley de Contrato de Trabajo); por lo que hay que tener en cuenta la REALIDAD sobre LO PACTADO -el destacado es mío- (conf. arg. arts. 7, 13 y 14 L.C.T.); (Ver también autos: “BONAZZI, Eduardo c/ Ministerio de Economía Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación y otros/ despido"; S.D. nro. 34.637 del 28.02.01).
Memoro aquí que, Bernardino Herrero Nieto, en su clásica obra “La simulación y el fraude a la Ley en el derecho del trabajo" (Editorial Bosch, Barcelona, 1958), dice que: “Toda la habilidad desplegada por el legislador para proteger la Ley puede ceder ante las artimañas que la vida emplea para violarla, minarla y hacerla sucumbir".
Con estas impresionantes palabras, describe Ihering el fenómeno social que había observado en el estudio del Derecho Romano, consistente en la resistencia disimulada e hipócrita que, contra el imperativo de la Ley, oponen los intereses particulares a los que aquélla hiere con frecuencia. "No basta -añade el mencionado autor- para alcanzar el fin deseado, ordenar una cosa, ni que la Ley tenga una hoja bien afilada para que el golpe vaya directamente al corazón; el golpe más tremendo, si el adversario lo evita, no es más que un sablazo en el agua." Y quién puede dudar que de las formas más peculiares y sutiles de evadir los propósitos del legislador no sea esta de hacer parecer lo que no es?”.
Sabido es que la misión del Juez, y de manera más intensa en el Juez del Trabajo, consiste en la búsqueda de la verdad sustancial, más allá de las formas que las partes dieran a "contratos" destinados a cubrir el fraude y contrariar el Principio de Primacía de la Realidad, tan imperativo en nuestra disciplina. El Juez del Trabajo es parte activa en el proceso, no mero espectador pasivo frente a los hechos y actos jurídicos enderezados por las partes. Más allá de las apariencias debe avanzar, como enseñaron los maestros italianos, en "l`indagine giuridica" (Conf.: Carnelutti, Calamendrei y otros insignes procesalistas), escrutando las entrañas del caso, en la búsqueda de los signos necesarios para la aprehensión de la verdad y su encuadramiento jurídico en la normativa vigente para arribar a la solución acertada.
Así se cumple una de las reglas que Rudolf Stammler señala corresponder al Juez en la actividad creadora del Derecho (vide: "Die Lehre von dem Richtingen Recht"). Luis Recasens Siches, siguiendo a Georges Ripert marca el camino: el Juez debe vivificar la Ley haciendo intervenir la Moral en sus fallos, ya que el Derecho queda bajo el dominio de las concepciones morales. Lo contrario sería -en el caso- apañar el fraude y la simulación en detrimento de la verdad objetiva y del carácter protectorio del Derecho Laboral.
Por lo expuesto, sugiero confirmar este segmento de la pieza recurrida.
V. Con relación a la queja tendiente a revocar lo decidido en torno al trabajo efectuado en horario extraordinario, considero que lo resuelto por la Judicante de grado encuentra fundamento no sólo por la inversión de la carga probatoria que efectúa, sino también en lo relatado por los propios testigos que declararon a instancia de la actora.
En efecto, BARCO manifestó que mientras él ingresaba a las 15,30 o 16 horas, el actor ya estaba trabajando y cuando el primero se iba a las 24 horas, el segundo a veces continuaba. También el testigo LOPEZ señala que el horario del actor iba de 12 o 13 horas a 23 horas o 01 de la mañana.
A mayor abundamiento, recuerdo que la obligación de llevar un registro horario surge del art. 8 inc. C) del Convenio Nº 1 y del art. 11 inc. C) del Convenio Nº 30 ambos de la OIT, por lo que habiendo sido adoptados en el ámbito de una organización internacional gozan de la misma naturaleza y regulación que los tratados internacionales (cfe. Art. 5 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados) y, desde que han sido expresamente ratificados por nuestro país se encuentran incorporados al bloque de constitucionalidad que surge del art. 75 inc. 22 de la norma fundamental, sin perjuicio de destacar que en el orden interno la obligación de llevar registros viene dada por el art. 6 de la Ley 11.544.
Tampoco habrá de prosperar, en mi opinión, la argumentación relativa a este tópico que pone acento en el consentimiento prestado por el actor respecto del horario de trabajo y la forma en que quedara remunerado, en tanto el hecho de que el actor nunca antes efectuara el reclamo tendiente al cobro de horas extras, no obsta a ulteriores reclamos, porque implicaría la renuncia de derechos que emanan de la propia ley (arts. 12 y 260 LCT).
VI. La pieza recurrida decide rechazar el planteo de la prescripción (art. 256 LCT) sobre la base de considerar como fecha de exigibilidad a tal fin la que corresponde con la denuncia del contrato de trabajo, concluye que el lapso de tiempo transcurrido hasta la fecha de promoción de la demanda no supera los dos años.
Ahora bien, el recurso deberá rechazarse, pues la quejosa yerra al considerar “que ha operado la prescripción de gran parte de la antigüedad pretendida” porque según su criterio a la fecha del distracto 01.10.09 habrían prescripto todas los rubros cuya extensión temporal superara los dos años.
Esta apreciación no puede aceptarse, porque equivaldría a pulverizar todo el sistema legal sobre el que se ha edificado el derecho del trabajo, al no admitir créditos cuyo cómputo superaran el plazo legal que pretende hacer valer el recurrente.
VII. La condena a abonar la indemnización prevista en el art. 80 LCT también será confirmada, porque a pesar de su extensa exposición, lo cierto es que no ha procedido a acompañar a estas actuaciones los certificados previstos en la norma, razón por la cual corresponde no sólo su percepción, sino también la entrega de dicha documentación en las condiciones que prevé el decisorio de grado.
La solicitud de reducción del monto de astreintes no corresponde sea tratada, toda vez que la sentencia de grado no dispone su cuantía.
Con respecto al plazo para la aplicación de astreintes, cabe precisar que resulta abstracto abocarse ahora al análisis del planteo que esgrime porque el supuesto de incumplimiento aún no ha acontecido. Por lo tanto, no resulta ser esta etapa del proceso la oportunidad para cuestionar su procedencia ya que corresponderá hacerlo en el caso que efectivamente se configure el incumplimiento por parte de la demandada. (art. 513 del C.P.C.C.N.).
VIII. No se encuentra discutido en esta instancia que la demandada no ha ingresado los aportes retenidos al actor con destino a los organismos de la seguridad social.
Sobre este punto, cuestiona la procedencia de la multa prevista en el art. 132 bis por dos motivos.
El primero de ellos porque el actor no dio cumplimiento a lo preceptuado en el art. 1º del Dec. 146/01 que reglamenta el art. 43 de la ley 25.345 cuya inobservancia determinaría, a su criterio, la inviabilidad del rubro.
No obstante, la propia demandada ha acompañado a estas actuaciones la epístola que luce a fs. 115 (del día 01.10.09), que da cuenta del requerimiento del actor dirigido a que acreditara “haber efectuado las inscripciones y aportes previsionales ante los organismos de recaudación”. De la propia contestación que obra a fs. 116 (07.10.09) la demandada expresa que “los aportes previsionales fueron y son realizados en tiempo y forma ante los organismos pertinentes”.
Por esta razón y ante la respuesta categórica de la demandada se torna innecesario aguardar el requisito temporal al que alude la apelante.
En consecuencia, como la contestación de la demandada no se condice con los hechos demostrados en la presente causa, que reitero no han sido cuestionados, habilitan la percepción de la multa prevista en el art. 132 bis. LCT.
El segundo motivo también debe desestimarse, pues no tiene relevancia alguna decir que el actor no se encuentra legitimado para la percepción de los aportes, cuando en realidad, lo que persigue el actor es sólo la percepción de la multa.
IX. La queja que suscita la condena solidaria de los codemandados RUBEN ALBERTO FERNANDEZ y JUAN MANUEL CONDE también será desestimada.
En primer lugar, conviene recordar que el art. 54 ley 29.550 dice en su (tercera parte) “Inoponibilidad de la personalidad jurídica: La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria a ilimitadamente por los perjuicios causados”.
La sanción que contiene la norma no presupone la ilicitud de la sociedad sino la existencia de una sociedad lícita cuya actuación es ilícita, en el caso, la precarización del contrato del actor que, como se resolviera supra, quedó demostrada.
Estas circunstancias apuntadas no son desbaratadas por la invocación que se hace de ciertos precedentes emanados de nuestro Máximo Tribunal en anteriores integraciones como “Palomeque, Aldo R. c. Benemeth S.A. y otro”, del 3/04/2003 ó “Carballo, Atiliano c/ Kanmar S.A. (en liquidación)”, del 31/10/2002.
En efecto, resulta de interés poner de resalto que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en su actual integración con el precedente “Benítez, Horacio Osvaldo C/ Plataforma Cero S.A. y otros”, del 22/12/2009, T. 332, P. 2815; recalcó la necesidad de que los jueces examinen con criterio propio y sin apegarse a un ritualismo excesivo respecto de las opiniones emanadas de la Corte, huérfano del análisis de los hechos del caso concreto y con simples citas mecánicas de precedentes ya analizados (v. “Benítez…” párr. 6º), en similar sentido, ver esta Sala in re “Giacobbo, Maximiliano Andrés C/ Smartphone S.A. y otro S/ Despido”, S.D. nro.: 42.642 del 30/04/2010).
Con esta línea de enfoque, respecto del precedente citado en primer término por los recurrentes (“Palomeque…”), fallo emanado de una anterior composición de la C.S.J.N., considero que no es de aplicación a este caso ya que directamente vacía de sentido lo previsto en el art. 54 LSC en tanto se modifica la hipótesis de lo que se debe probar, esto es, que no sería el obrar violatorio del art. 54 LSC (ya que se trataba de un socio), sino el hecho de que la sociedad hubiera sido creada para cometer el acto ilícito, todo lo cual hace que los apelantes confundan que, en realidad, esta normativa operaría en el nivel de la “actuación de la sociedad” y no en el de “creación de la sociedad”, por lo que, al fijar su razonamiento en la “creación fraudulenta de la sociedad” es lógico que pidan el rechazo de lo pretendido por el actor pero, tal como lo remarqué, confunden conceptos, en tanto, el supuesto al que aluden, con sustento en “Palomeque…” caería en lo previsto en los arts. 18 y 19 LSC que se refieren al nivel de creación societaria, por lo que se interpreta un artículo con el sentido de otros obstáculos contenidos en el mismo cuerpo legal.
Similar criterio corresponde aplicar con relación al fallo “Carballo, Atiliano c/ Kanmar S.A. (en liquidación”), pues en aquel otro caso la condena se sustentó, pura y exclusivamente, en el relato de demanda del actor sin mencionar el respaldo de otras pruebas producidas (y ello motivó que el Tribunal -en adhesión al dictamen del Procurador General- revocase el pronunciamiento v. tercer párrafo in fine del considerando 4° del dictamen referido).
Pero, lo concreto, es que el art. 54 LSC trata de una “actuación contraria a derecho” y pone la ilicitud del acto en cabeza de los socios o controlantes que hicieron posible la actuación fraudulenta de la sociedad, esto es un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros; sin que se haga referencia alguna a la “creación de la sociedad” por parte del socio y/o controlante ya que de esta hipótesis se ocupan los arts. 18 y 19 de la Ley.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la condena solidaria de RUBEN ALBERTO FERNANDEZ y JUAN MANUEL CONDE, el primero de ellos en su calidad de Presidente del directorio de VICUMOCO S.A., conforme él mismo reconoce en la contestación de demanda de fs. 122 y el instrumento que dispone su designación agregado a fs. 63/64. Y, el segundo en su carácter de apoderado de la aquí demandada, circunstancia que se encuentra avalada por las constancias que lucen de fs. 497/517 y los testigos valorados en la pieza recurrida, a cuyo análisis en honor a la brevedad me remito.
X. En mi opinión, la imposición de costas efectuada en la instancia anterior deberá ser confirmada, ya que sin que corresponda ceñirse a un criterio estrictamente aritmético, he de estar al principio general que rige la materia, que emana del artículo 68 del C.P.C.C.N. y que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota.
En conclusión, de prosperar mi voto, deberá confirmarse el decisorio recurrido en todos cuanto ha sido materia de agravios.
XI. Abocándome por último a la apelación de honorarios que deducen las respectivas representaciones letradas de la parte actora y demandada y perito contadora, cabe destacar que, atendiendo a la importancia, complejidad, extensión, mérito y calidad de las tareas llevadas y lo normado por los arts. 3 del dec. 16.638/57, y art. 38 de la L.O., los honorarios regulados en la anterior instancia lucen adecuados, razón por la cual propondré confirmarlos. XII.- En virtud del modo de resolverse la cuestión traída a estudio, no encuentro motivo para apartarme del principio rector en la materia, por lo que propondré que se impongan las costas de esta instancia solidariamente a cargo de las demandadas vencidas (art 68 1º párrafo del CPCCN).
XIII. Regular los honorarios de los firmantes de los escritos de fs. 582/598 y 608/616 en el 25% para cada uno de ellos que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en origen.
LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA DIJO:
Analizadas las constancias de autos adelanto que he de adherir a la propuesta de voto de mi colega preopinante.
La demandada apela la extensión de la condena respecto de las personas físicas demandadas, pero en mi opinión el recurso no puede tener andamiento.
La Señora Juez “a quo” basó su decisión en lo dispuesto en los arts. 59 y 274 de la Ley 19.550, por lo que los argumentos de la recurrente relativos al “corrimiento del velo” de la persona jurídica son inconducentes.
Por otra parte, en lo que hace a la condena efectivamente impuesta, la presentación recursiva que trato no excede de meras afirmaciones dogmáticas sin sustento en las pruebas objetivas producidas en autos.
En ese sentido, advierto que estando demostrado que no se le reconoció al actor la real antigüedad detentada, con las consecuencias que ello trajo aparejadas, a lo que se suma el desconocimiento de las horas extraordinarias, dando como resultado un registro de la remuneración inferior al efectivamente devengado, considero sobradamente cumplidos los extremos previstos en los arts. 59 y 274 Ley 19.550 para hacer efectiva la condena a quienes detentaron la administración de la persona jurídica empleadora.
En todo lo demás que ha sido materia de recurso adhiero por sus fundamentos al voto de mi distinguido colega Dr. Néstor Rodríguez Brunengo.
LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS: no vota (art. 125 de la ley 18.345). A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el decisorio de grado en todo cuanto ha sido materia de agravios. 2) Disponer que las costas de Alzada sean solidariamente a cargo de las demandadas. 3) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos de fs. 582/598 y 608/616 en el 25% (veinticinco por ciento) para cada uno de ellos que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en origen.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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La Cámara falló a favor de Clarín

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 18 Apr 2013 17:35:00 +0000

La Cámara Civil y Comercial Federal resolvió la "inconstitucionalidad" de una parte del artículo 45 de la Ley de Medios que trata sobre el límite a la propiedad de las licencias, mientras que declaró "constitucional" otra, que ordena la redistribución del espacio radioeléctrico.
Además, la Sala I estableció que el artículo 48 que regula la concentración indebida es también "inconstitucional".

En cambio, el 161 -que otorga el plazo de un año para desinvertir- y el 41 -que legisla sobre la transferencia de licencias- fueron considerados "constitucionales", informaron a DyN fuentes judiciales.

El fallo fue dictado por los jueces Francisco De las Carreras, Ricardo Guarinoni y María Susana Najurieta y ahora se aguarda el proceso de apelaciones de ambas partes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Bajo la lupa
En forma unánime, los camaristas declararon constitucional el artículo 161, que fija plazos para que un medio se desprenda de señales cuando supere el límite fijado por la ley.
"Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición", sostiene dicho artículo, según citó Infobae.
El Tribunal también decretó la constitucionalidad del artículo 41, el cual establece: "Se autoriza la transferencia de acciones o cuotas partes de las licencias luego de cinco años de transcurrido el plazo de la licencia y cuando tal operación fuera necesaria para la continuidad del servicio, respetando que se mantenga en los titulares de origen más del cincuenta por ciento (50%) del capital suscripto o por suscribirse y que represente más del cincuenta por ciento (50%) de la voluntad social".
Asimismo, la Sala I decretó constitucional el artículo 45 sobre el tramo que establece la redistribución del espacio radioeléctrico. Sin embargo, respecto de este mismo punto de la ley consideró inconstitucional el límite a la propiedad de los canales de cable.
También el Tribunal, en un fallo que -según Infobae- sorprendió incluso a las partes, decretó la inconstitucionalidad del artículo 48.
"Previo a la adjudicación de licencias o a la autorización para la cesión de acciones o cuotas partes, se deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social", fija el mismo.
Es de prever que la sentencia sea apelada por el Grupo Clarín pero también por el Gobierno nacional, con lo cual será la Corte Suprema de Justicia la que defina la constitucionalidad o no de los artículos.
Mientras tanto, la aplicación de la ley continuará en suspenso, tal como lo está desde 2009.

FALLO COMPLETO

Ley de Medios by migeye

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Justicia acepta causal de despido

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 17 Apr 2013 17:43:00 +0000

Un trabajador que interpuso una demanda contra su empleador por despido injustificado, fue vencido en el pleito. La sentencia de los autos caratulados “Domínguez, Marcos Ismael c/ Millan SA” , fue dictada por la Sala Unipersonal de la Cámara del Trabajo de Mendoza, a cargo de Leandro Fretes Vindel Espeche.

Las tareas del actor eran estar a cargo del ingreso de mercadería la bodega propiedad de la demandada, para lo cual tenía, junto con un compañero, acceso a las llaves del lugar, y las entregaba al personal de seguridad de la empresa al finalizar su jornada laboral.

En una oportunidad, durante un allanamiento en el domicilio del actor, se encontraron botellas de vino cuya producción pertenecía a la demandada. Del análisis del contenido de la botella, se determinó que no correspondía la etiqueta del vino con el contenido de la botella.

Enterado de ello, la empresa despide al actor, y lo denunció penalmente por el delito de fraude, junto con su compañero de trabajo que también tenia acceso a la bodega.

La demandada, al contestar la demanda incoada, indicó que resultaba evidente “que si salió mercadería, vinos y cajas, es porque no cumplió con el procedimiento que tan minuciosamente describe el actor, de lo contrario no habrían sucedido los hechos”.

El actor se había defendido de esa acusación en tanto que era “extraño entender el despido supuestamente causado hacia el accionante, ya que la Fiscalía Correccional interviniente, constató todos lo remitos que se encuentran dentro del establecimiento. Llegando a la conclusión que no existían anormalidades en los mismos, y que además que los ingresos y egresos de partidas de vino, coincidían”.

Sobre la base de la sana crítica racional, el Tribunal tuvo por acreditado los hechos endilgados al accionante. “Importa entonces recordar que la injuria constituye un incumplimiento contractual de tal gravedad que habilita la ruptura vincular, y puede ser valorada en base a un criterio cualitativo o cuantitativo”, afirmó al respecto.

Según el juez, la valoración debía ser de carácter cualitativo, en tanto la misma “implica una inobservancia que, independientemente de otros factores (como, por ejemplo, la antigüedad, antecedentes disciplinarios) por su gravedad, torna imposible o insostenible la prosecusión del vínculo laboral”.

En tal sentido, para el magistrado “el contrato de trabajo resulta, antes que un vínculo económico, un ligamen esencialmente ético, en el cual el trabajador no debe ser tratado como un mero instrumento de producción, y las partes se deben recíprocos deberes de comportamiento que conllevan buena fe, colaboración, solidaridad y fidelidad”.

La Cámara estimó que los hechos probados “sin lugar a dudas habilitan, por su componente cualitativo, la gravedad suficiente para generar en el empleador una injuria que justifique el despido directo”.

Entonces, por mérito de la letra del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, o sea del análisis prudencial de la injuria, el sentenciante consideró que le asistió la razón al demandado y en consecuencia era menester rechazar la demanda traída en pretensión.

“Es importante por último recordar, que la acusación de pérdida de confianza sirve para legitimar la ruptura del contrato de trabajo, y en su esencia revela que el empleador ha perdido la fe y el respeto que debe merecerle el trabajador, al cual ya no considera digno de su confianza para permanecer integrando a su organización empresarial”, destacó el fallo.

“Por todo lo expuesto, las sumas reclamadas en concepto de preaviso, integración de mes de despido e indemnización por despido no resultan procedentes”, finalizó el pronunciamiento.

FALLO COMPLETO

En la Ciudad de Mendoza a los veintiún días del mes de marzo de dos mil trece se hace presente en Sala Unipersonal del Tribunal el Señor Conjuez de la Excma. Cámara Cuarta del Trabajo - Dr. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE, con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos Nº23.699, caratulados "DOMINGUEZ, MARCOS MISAEL c/MILLAN SA", de los que

RESULTA:

Que a fs. 11/12 comparece el Sr. MARCOS MISAEL DOMINGUEZ, por intermedio de apoderado, promueve demanda por despido contra de MILLAN S.A. por el cobro de $7.861,719 o lo que resulte de la prueba a rendirse, con más intereses y costas.

Relata que ingresó a trabajar para la demandada, en subordinación técnica, económica y jurídica, el día 27/06/08. Que su trabajo era de embalar mercadería (vino) y manejar el autoelevador. Que estaba bajo el mando del Sr. Ángel Adrián Vega.

Que cumplía una jornada diaria de 8 a 17 horas.

Que el procedimiento de control impuesto por el empleador consistía en que la oficina de la cava de Millán trabajaba con remitos, los mismos se encontraban por triplicado. Es decir que al momento de ingresar el camión a la planta el chofer firma uno de los remitos, posteriormente el personal de la oficina le entrega al conductor las otras dos copias restantes, después de cargar y descargar la mercadería, el chofer entrega al encargado de la bodega, una copia del remito, como copia del embalaje. Antes de salir del establecimiento, el personal de seguridad controlaba la última copia del remito.

Finalizada la jornada, el Sr. Ángel Vega procedía a entregar las llaves del establecimiento en la oficina de la cava de Millán, previamente el personal de seguridad constataba que el portón del depósito se encontrara totalmente cerrado. Una vez controlado procedía a precintarlo.

El 21 de septiembre del 2010 se realizó un allanamiento en una vivienda del departamento de Luján de Cuyo, donde se encontraron botellas de vinos, cuya producción pertenece a la empresa Millán SA.

Al parecer el contenido de la botella (vino), no coincidía con la calidad expresada en las etiquetas.

Al tomar público conocimiento del posible delito por fraude, la empresa decidió despedir directamente al actor. Acusándolo junto con el Sr. Ángel Vega, de ser los artífices del hecho ilícito.

Que le resulta extraño el proceder del despido, pues la Fiscalía Correccional interviniente constató todos los remitos que se encuentran dentro del establecimiento, llegando a la conclusión que no existían anormalidades, y que además los ingresos y egresos de partidas de vino coincidían.

Practica liquidación. Ofrece pruebas. Peticiona se haga lugar a lo reclamado, con costas.

A fs. 14 se corre el traslado de la demanda.

A fs. 45/47vta. comparece Millán SA, por intermedio de apoderado, contesta demanda solicitando el rechazo de la misma, con costas.

Efectúa una negativa general y particular de los hechos expuesto por el actor.

Reconoce la relación laboral, las funciones denunciadas por el actor. Manifiesta que las funciones realizadas por el actor eran de suma importancia y de gran responsabilidad, ya que el mismo manipulaba y debía controlar la entrada y salida de mercadería de la bodega, y que no cumplió su trabajo defraudando a su empleador quién había depositado la confianza en él.

Que el trabajador ya había sido objeto de numerosas advertencias por cuanto tenía el manejo de las llaves con su compañero Vega. Que la responsabilidad de ambos consistía en que la cámara quedara cerrada. Que su superior, el Sr.Piozzini, detectó en varias oportunidades que la cámara estaba abierta y no se encontraba en ella ni el actor ni su compañero, lo que constituía una falta grave, ya que en ese lugar transitan camiones de varias bodegas, que guardan sus vinos en las cavas. De allí la importancia de no dejar la puerta de la cava abierta, por cuestiones de seguridad y control de la mercadería.

Que el actor, tal como se le comunicara por carta documento, incurrió en incumplimientos a sus deberes y a la buena fe, en pérdida de confianza, por los hechos que se conocieron el 22/09/2010 a raíz de un allanamiento realizado por la policía de Maipú, certificado por el INV, se descubrió una cantidad de 750 cajas de vino pertenecientes a Millán SA. Que esa mercadería se encontraba bajo la custodia del actor, desde que era de la cava de Millán SA, donde el actor cumple funciones junto al Sr. Ángel Vega, teniendo ambos la única llave de acceso a la misma, y que cuando se retiran queda precintada y con candado. Que por los graves hechos detectados por la autoridad pública se le ha perdido la confianza en él depositada.

Que resulta evidente que si salió mercadería, vinos y cajas, es porque no cumplió con el procedimiento que tan minuciosamente describe el actor, de lo contrario no habrían sucedido los hechos.

Cita jurisprudencia y doctrina. Funda en derecho. Ofrece prueba. Reserva recursos. Peticiona se rechace la demanda con costas.

A fs. 50 el actor contesta el traslado del art. 47 CPL.

A fs. 52 se admiten las pruebas ofrecidas y se ordena su producción

A fs. 57/58 obra oficio informado por correo Del Oeste Argentino.

A fs. 64 se reciben los autos 45.117 caratulados "VEGA ANGEL c/MILLAN SA p/DESPIDO" proveniente de la Primera Cámara del Trabajo.

A fs.124 obra el acta que da cuenta de la realización de la audiencia de vista de causa, y se llaman autos para dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

De conformidad con lo normado por el art. 69 del C.P.L. modificado por ley 6644, se procedió a plantear y resolver las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTION: Relación Laboral. Competencia

SEGUNDA CUESTION: Rubros Reclamados.

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

Que en los obrados se ha acreditado la existencia de una relación laboral entre el Sr. MARCOS M. DOMINGUEZ y la empresa MILLAN SA, fecha de inicio, jornada y categoría profesional, ello ha sido reconocido en forma expresa y tácita por la demandada, no siendo objeto de controversia. Por ello, con base al mencionado reconocimiento de ambas partes, tengo por acreditado que entre dichas partes de éste proceso existió un contrato de trabajo, bajo la regulación de la ley 20.744 (LCT), lo que determina la competencia del Tribunal (art. 1.1.a CPL), constituido al efecto en Sala Unipersonal de acuerdo a lo establecido por el art. 1.2.c del CPL.

ASI VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

Acreditada la existencia del vínculo laboral entre las partes, paso a analizar la procedencia de los rubros reclamados por la parte actora.

1. Indemnización por despido incausado: el actor reclama en sus pretensiones rubros indemnizatorios por despido (demanda, fs. 11). Funda su pretensión, en que el 21 de septiembre del 2010 se realizó un allanamiento en una vivienda del departamento de Luján de Cuyo, dónde se encontraron botellas de vinos, cuya producción pertenece a la empresa Millán SA, y que al tomar público conocimiento del posible delito por fraude, la empresa decidió despedir directamente al actor. Acusándolo junto con el Sr.Ángel Vega, de ser los artífices del hecho ilícito.

A lo que expresa que le "Resulta extraño entender el despido supuestamente causado hacia el accionante, ya que la Fiscalía Correccional interviniente, constató todos lo remitos que se encuentran dentro del establecimiento. Llegando a la conclusión que no existían anormalidades en los mismos, y que además que los ingresos y egresos de partidas de vino, coincidían" (Sic, demanda fs. 11 vta.).

Por su parte la accionada, al contestar demanda, controvierte los hechos expuestos por el accionante, y resiste la acción manifestando que el actor, tal como se le comunicara por carta documento, incurrió en incumplimientos a sus deberes y a la buena fe, en pérdida de confianza, por los hechos que se conocieron el 22/09/2010 a raíz de que por un allanamiento realizado por la policía de Maipú, y certificado por el INV, se descubrió una cantidad de 750 cajas de vino pertenecientes a Millán SA. Que esa mercadería se encontraba bajo la custodia del actor, desde que era de la cava de Millán SA, donde el actor cumple funciones junto al Sr. Ángel Vega, teniendo ambos la única llave de acceso a la misma, y que cuando se retiran queda precintada y con candado. Que por los graves hechos detectados por la autoridad pública se le ha perdido la confianza en él depositada.

Cabe, por la invariabilidad de la causal de despido (art. 243 Ley 20.744, LCT) hacer foco en la causa utilizada por el empleador a fin de extinguir el vínculo con el trabajador.

En este sentido dable notar que el texto utilizado por el empleador para el despido directo obra en la carta documento del 23/09/2010 (a fs.5 y 38) y expresa "Comunicámosle que queda despedido con justa causa y por su exclusiva culpa por pérdida de confianza e incumplimiento a sus deberes y de la buena fe contractual conforme a los hechos que se tomaran conocimiento el día 22/09/2010 a raíz de un allanamiento realizado por la policía de Maipú y certificado por personal del Instituto Nacional de Vitivinicultura ... se descubrió una cantidad de aproximadamente 750 cajas de vinos... siendo que esta mercadería se encontraban bajo su custodia y responsabilidad en la Bodega Wine Valley de Millán SA por que es mercadería de la cámara H de Cavas de Millán de donde usted cumple sus funciones junto con el Sr. Ángel Adrián Vega..." (Sic).

El texto es claro respecto de la causal invocada para disponer el despido directo, la misma es pérdida de confianza e incumplimiento a los deberes y a la buena fe contractual. Lo demás configura los hechos en los cuales sustenta el empleador la consecuencia jurídica que atribuye. Veamos si la demandada ha demostrado la plataforma fáctica en la cual sustenta su defensa.

Cabe partir del propio reconocimiento realizado por el actor respecto a que "El día 21 de septiembre del presente año, se realizó un allanamiento en una vivienda del departamento de Luján de Cuyo, donde se encontraron botellas de vinos, cuya producción pertenece a la empresa Millán SA" (Sic, demanda a fs. 11 vta.). Como también surge de los hechos expuestos por el trabajador (fs.11/11 vta.) el riguroso procedimiento que se debía seguir para la seguridad de los vinos almacenados en la cava de Millán.

En el análisis de las testimoniales brindadas en la causa, cabe citar a la testigo Marcia Mallea, quien describió que "... Yo era operaria, hacía etiquetas manuales, control de calidad, pedidos... Hay más de siete cámaras que se alquilaban a otras bodegas... Millán tenía personas que eran encargadas de su producción, las demás como Chandon o La Esperanza tenían su propia gente... el portón se cerraba, cada vez que se abría se pedía la llave a un encargado Ángel Vega y se cerraba. Se entraba sólo para retirar pedidos. No había personal adentro. La llave estaba en la oficina de fraccionamiento y la tenía Ángel Vega, y cada vez que tenía un pedido hablaba con él... El Sr. Domínguez era clarkista, la mercadería que nosotros sacábamos él la llevaba a la cava de Millán. El clarkista lleva la mercadería, carga y descarga mercadería... había comentarios de falta de mercadería... Como ellos llevaban el control, yo sólo hacía el pedido...".

La testigo Verónica Brino, compañera de trabajo, que presta servicios en la parte de fraccionamiento, control de calidad, no aportó datos significativos respecto a la controversia aquí planteada.

Por su parte, el testigo Victorio Piozzini quien manifestó ser el encargado de la operación de las dos bodegas de la empresa, manifestó que "... Domínguez era clarkista y tenía la llave de un depósito dónde guardábamos el producto terminado, eso era cavas de Millán, pegado a la bodega... Hay 13 cámaras, de las cuales una sola correspondía a Millán., de la cual los responsables eran Vega y Domínguez. Los únicos que tenían la llave y eran responsables eran Vega y Domínguez, yo personalmente se las di... esas llaves abrían solamente esa cámara.El encargado de control de stock era Ángel Vega y el que la movilizaba era Domínguez. Una vez se sacaba la mercadería la debían cerrar y precintar inmediatamente... Se precintaba y la llave quedaba en control vigilancia... precintaba la gente de vigilancia. Ingresaba nadie más que ellos dos a la cava... en una oportunidad al darle la llave les dije que eran los custodios y responsables... un día llego a la tarde y la puerta estaba abierta de par en par, los amonesté y le di una sanción... Hubo un allanamiento en un barrio a 5 cuadras de la bodega y se encontraron productos de Millán... esos vinos son los que se guardan en la cava de Millán... nunca hubo faltante... se hizo una investigación y faltaron productos nuestros por eso se los despidió, porque eran custodios y responsables de esos productos... yo soy encargado de operación de dos bodegas, gerente de operaciones... yo no entraba si no estaban ellos, ellos tenían la llave... Cuando fraccionábamos se avisaba a Vega quien abría y Domínguez cargaba el Clark...El precinto quedaba después de las seis de la tarde, no había precinto durante la jornada, solo al finalizar y hasta el otro día... en las horas de trabajo normal hay esos controles por remito, luego de la hora de cierre no debe quedar nadie y los portones precintados... pasó que hubo faltantes cuando se hizo el control luego del allanamiento...".

El testigo Jesús Olguín manifestó que "... Era encargado de las Cámaras ahí en Perdriel, Domínguez manejaba los autoelevadores... A ellos le habían dado la cámara H, y a esa nosotros no teníamos acceso porque era solo de vinos de Millán... A esa cámara solo entraba Vega y Domínguez.Uno manejaba el Clark y el otro armaba los pedidos, la llave la tenían ellos porque tenía candado y se cerraba al fin del día con precinto... al salir nos revisan, se mira la bolsa, mochila y cuando es camión también se revisa...".

Es menester significar que ningún testigo sufrió tacha a su declaración. Y que a su vez la testimonial del Sr. Victorio Piozzini debe ser analizada con estrictez debido a su vínculo gerencial con la empresa demandada.

Respecto a la apreciación de la prueba, cabe recordar que aunque no existe ningún lugar donde las reglas de la sana crítica se encuentren escritas, ellas se pueden derivar del razonamiento que, con un método científico, debe realizar el juez, con base en disposiciones legales, principios y un orden lógico en el tratamiento de las cuestiones (Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Laboral, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2012, p. 818).

Aclarado lo anterior, debo decir que del análisis integral y armonioso de las pruebas instrumentales y testimoniales, apreciadas bajo la sana crítica racional, tengo por probado -en claro convencimiento- el hecho objetivo invocado por la empleador de que el Sr. Marcos Misael Domínguez se desempeñaba para el empleador Millán SA en calidad de operario del autoelevador (Clark) en la bodega Wine Valley de Millán SA, que tenía bajo su custodia y responsabilidad la llave de la cava H (testimonio de Piozzini, llamado de atención a fs.19, carta documento del actor a fs. 31), que se realizó un allanamiento en una vivienda y se encontraron botellas de producción de Millán, y que eran de las que se guardaban en la cava H (testimonio de Piozzini, demanda del actor a fs. 11). Que únicamente los Sres.Vega y Domínguez poseían la llave de la cava H, en la cual se guardaban los vinos de Millán SA, que luego de la jornada se precintaba la cava H (testimonios de Mallea, Piozzini y Olguín).

Pues cabe analizar aquí si la circunstancia de que mercadería (vinos) a la cual solamente tenía acceso el Sr. Domínguez, cuya llave tenía en su poder junto con el Sr. Vega, y cuya custodia y responsabilidad se le había asignado, aparezca luego en un allanamiento realizado por la policía provincial, constituya una injuria que habilite el despido directo. Debo así recordar que la empleadora, por estos hechos, adujo pérdida de confianza, incumplimientos a los deberes y de la buena fe (carta documento del 23/09/2010, fs. 5)

Importa entonces recordar que la injuria constituye un incumplimiento contractual de tal gravedad que habilita la ruptura vincular, y puede ser valorada en base a un criterio cualitativo o cuantitativo. Al respecto, siguiendo a Pirolo, vemos que el criterio cualitativo implica una inobservancia que, independientemente de otros factores (como, por ejemplo, la antigüedad, antecedentes disciplinarios) por su gravedad, torna imposible o insostenible la prosecusión del vínculo laboral. Se atiende pues, únicamente, a la calidad de la falta incurrida por la contraparte (Pirolo, Miguel Ángel, Tratado jurisprudencial y doctrinario, Pirolo M. A. -dir-, Pavlov F. -coord.-, La Ley, Buenos Aires, 2010, tomo 1, p. 459).

En cambio, la valoración desde una óptica cuantitativa se refiere a la reiteración de incumplimientos contractuales pues, si bien cada uno de ellos -aisladamente valorados- no justificaría la resolución del contrato de trabajo, su cúmulo es el que determina la gravedad constitutiva de la "injuria". Pues, cuando se trata de faltas imputables al trabajador, para que tal valoración sea factible, es necesario que los incumplimientos anteriores hayan sido oportunamente sancionados y, a su vez, exista uno último que actúe como desencadenante (Pirolo, Miguel Ángel, Tratado jurisprudencial y doctrinario, Pirolo M. A. -dir-, Pavlov F. -coord.-, tomo 1, p.459).

El caso trata sin dudas de un análisis del tipo cualitativo, lo que conlleva analizar si los hechos revisten de la gravedad suficiente que constituya una injuria de las que habilita la extinción del vínculo. A lo que se debe recordar lo dispuesto por el art. 242 LCT, respecto a que son los jueces los que tienen que valorar prudencialmente la injuria, teniendo en consideración el carácter de las relaciones, según las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

En este sentido el contrato de trabajo resulta, antes que un vínculo económico, un ligamen esencialmente ético, en el cual el trabajador no debe ser tratado como un mero instrumento de producción, y las partes se deben recíprocos deberes de comportamiento que conllevan buena fe, colaboración, solidaridad y fidelidad (arts. 62, 63 , 85 LCT). Con dicho anclaje axiológico, resulta claro en mi convicción que los hechos objetivos probados en la causa, verbigracia el allanamiento que conllevó a que se encuentren vinos de la cava del empleador, la circunstancia -bastamente probada- respecto a que únicamente tenían llave de la cava el trabajador Domínguez junto a su compañero Vega, que luego de finalizada la jornada la cava quedaba bajo precinto, que únicamente entraban a la cava el Sr. Domínguez y Vega, y que aun cuando lo hacía el Sr. Piozzini lo era con la apertura de la cava por éstos (ver testimonial de Piozzini), dichos hechos sin lugar a dudas habilitan, por su componente cualitativo, la gravedad suficiente para generar en el empleador una injuria que justifique el despido directo.

Corresponde entonces decir, que por mérito de lo dispuesto en el art. 242 LCT, o sea del análisis prudencial de la injuria, considero que le asistió la razón al demandado y en consecuencia es menester rechazar la demanda traída en pretensión.Es importante por último recordar, que la acusación de pérdida de confianza sirve para legitimar la ruptura del contrato de trabajo, y en su esencia revela que el empleador ha perdido la fe y el respeto que debe merecerle el trabajador, al cual ya no considera digno de su confianza para permanecer integrando a su organización empresarial (Cám. 6 Trab. Mza, "Uriza Juan T. c. Nazar y Cía SA", RF Cuyo, 1994-12-180).

Por todo lo expuesto, las sumas reclamadas en concepto de preaviso, integración de mes de despido e indemnización por despido no resultan procedentes.

2. Rubros de pago obligatorio: El actor reclama el pago de los rubros no rete nibles (fs. 11 vta.), empero a fs. 18 y 20 obran, respectivamente, el recibo de haberes por liquidación final y el acta de Subsecretaría del Trabajo y Seguridad Social de Mendoza en la cual consta el pago de los rubros no retenibles como la entrega del certificado de trabajo. Con lo cual cabe rechazar el reclamo de dichos rubros.

ASI VOTO

A LA TERCERA CUESTION DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

Conforme al resultado del litigio y la naturaleza de la acción, atendiendo a que el resultado del proceso dependió de la prueba producida en autos, y considerando que el actor pudo creerse con derecho o razón probable para litigar, estimo prudente imponer las costas del juicio en el orden causado, ello respecto al reclamo de indemnización por despido injustificado, a cuyo efecto el monto económico se determina en la suma de $6.755,56, al solo fin del cálculo de honorarios y gastos causídicos (arts. 31 CPL y arts.35/37 CPC). Respecto al reclamo por rubros de pago obligatorio, no asistiéndole razón alguna para su petición al actor, y en vista del resultado negativo del mismo, corresponde imponer las costas al actor vencido, a cuyo efecto el monto económico se determina en $1.790,47, al único fin del cálculo de honorarios y gastos causídicos (arts.31 CPL y arts.35/37 CPC).

ASÍ VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar la sentencia que a continuación se inserta.

Mendoza, 21 de marzo de 2.013.

Y V I S T O S: El acuerdo arribado, el Tribunal

R E S U E L V E:

1.- Rechazar en todos sus términos la demanda interpuesta por MARCOS MISAEL DOMINGUEZ en contra de MILLAN S.A., conforme a lo resuelto en la Segunda Cuestión.

2.- Imponer las costas en el orden causado respecto al reclamo de indemnización por despido injustificado, a cuyo efecto el monto económico se determina en la suma de $6.755,56. Imponer las costas al actor, respecto al reclamo por rubros de pago obligatorio, a cuyo efecto el monto económico se determina en $1.790,47. Conforme a lo resuelto en la Tercera Cuestión.

3.- Diferir la regulación de honorarios para cuando los profesionales acrediten y pongan en conocimiento del Tribunal la categoría que revisten frente al IVA y su CUIT.

4.- Emplazar a las partes a que en el término de DIEZ (10) DIAS, abonen el aporte de la ley 5059; en el de TREINTA (30) DIAS, la tasa de justicia pertinente, y cumplan con lo dispuesto por el art. 96 inc. g. de la ley 4976, ello en su respectiva proporción, y bajo apercibimiento de ley. Notifíquese a la Dirección General de Rentas y Caja Forense por cédula.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE.

Leandro Fretes Vindel Espeche - Conjuez

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Democratización de la Justicia: Opiniones

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 04 Mar 2013 22:14:00 +0000

En la apertura del 131° período de sesiones ordinarias, la presidenta Cristina Kirchner anunció que enviará al Congreso un paquete de medidas para "democratizar" el Poder Judicial.

En este sentido, reclamó por "una Justicia democrática no corporativa y no dependiente de los factores económicos" para luego aclarar: "Quédense todos tranquilos, no se va a reformar ninguna Constitución".

El mencionado paquete de proyectos de ley apunta a que el pueblo sea quien elija los miembros (consejeros) del Consejo de la Magistratura para que "tenga representación popular en la totalidad de sus integrantes", a crear Cámaras de Casación en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso Administrativo y en lo Laboral y Previsional para agilizar las causas judiciales y a reformar aspectos clave que hacen a la presentación de medidas cautelares con el fin de que los litigios no se perpetúen en el tiempo, entre otras cuestiones.

"De esta manera se terminan con los amiguismos", señaló la mandataria.

Las iniciativas anunciadas

A continuación, según indicó la Presidenta en su discurso, en qué consiste cada proyecto que el Poder Ejecutivo impulsará para que se conviertan en ley:

1. Consejo de la Magistratura

La Presidenta anunció que remitirá al Congreso un proyecto de ley para que los integrantes del Consejo de la Magistratura sean electos a través del voto popular.

Sostuvo que el eje de la iniciativa es la "representación popular" en la totalidad de sus miembros.

"Los jueces, abogados, académicos y científicos tienen que ser votados por sus conciudadanos, en absoluta regla con lo que expresa la Constitución", dijo la mandataria y afirmó que "el constituyente delegó en el Poder Legislativo la forma y el número de esos consejeros. Hay que darle a ese organismo una representación popular en la que la sociedad se vea reflejada y representada", indicó.

Además, según consignó prensaargentina.ar, destacó que esto "es necesario".

2. Cámaras de Casación

Cristina dijo que será presentada al parlamento una iniciativa que busca crear la Cámara de Casación en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso Administrativo y en lo Previsional y Laboral, como una tercera instancia que "aligere y pueda darle mayor transparencia al sistema".

En este sentido, destacó los "excelentes resultados" que hoy demuestra la Cámara de Casación Penal a fin de acelerar los juicios.

3. Nuevo registro de causas e información pública

La Presidenta aseguró que es clave el acceso a la información para que "cualquier ciudadano sepa cuáles son las causas que tienen los jueces y cuánto tiempo están".

Y explicó que "con un sistema de software se debe poder establecer un sistema transparente".

4. Impuesto a las Ganancias

Cristina Kirchner explicó que "técnicamente ya hay una Ley que ha sido objeto de interpretación constitucional", es decir la Ley 24.631 para que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias, respecto de la cual "la última palabra la tiene la Corte Suprema".

Y aclaró que esto es así porque "es la única que puede modificar su propia jurisprudencia".

5. Medidas cautelares

Cristina indicó que enviará al Congreso de la Nación un proyecto para reglamentar las medidas cautelares que, señaló, "se han transformado en una verdadera distorsión de derecho, una fuente de injusticia" ya que detienen la administración de la Justicia sin discutir la cuestión de fondo".

En ese sentido, indicó la Sala de Prensa de la Presidencia, recordó los casos en la Gendarmería y Prefectura, "un negocio formidable de algunos jueces subrogantes que dictan miles de cautelares y luego se declaran incompetentes".

También dijo que fue un juez subrogante el que dictó una medida cautelar contra las antenas de TDA y después se declaró incompetente.

"Tiene que haber una reglamentación, no una eliminación de las cautelares", sostuvo y afirmó que "tienen que volver a su verdadera funcionalidad dentro del sistema jurídico argentino".

6. Ley de Responsabilidad del Estado

La Presidenta anunció que el Ejecutivo va a presentar un proyecto de Ley de Responsabilidad del Estado, con el objetivo de que el "Estado no sea tratado igual que un particular".

"Necesita otro tratamiento, no privilegiado, pero tampoco castigado", aseveró y explicó que las relaciones que rigen el Código Civil y Comercial, actualmente en tratamiento, son entre privados o con el Estado como actor de derecho privado.

7. Ley de Transparencia del Poder Público

Para que se garantice el acceso público a las declaraciones juradas de los integrantes de los tres poderes del Estado, la mandataria propuso el tratamiento parlamentario de un proyecto de Ley de Transparencia del Poder Público.

"Salvo la mía, nadie puede conseguir la declaración jurada de nadie", manifestó Cristina y criticó que "es selectivo el conocimiento público y el acceso a esas declaraciones".

Reacciones de la Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, no movió un músculo de la cara cuando los diputados y senadores oficialistas aplaudían de pie este viernes el anuncio de la Presidenta respecto al envío de un proyecto de ley para la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura.

Previamente, durante la transmisión de la cadena nacional, la televisión lo mostró asintiendo las palabras de Cristina Kirchner, quien reclamaba alguna limitación a las excarcelaciones de presos condenados.

El ministro del mismo tribunal Eugenio Zaffaroni quedó mirando a los "aplaudidores" y el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli permaneció en silencio. Los opositores no hicieron un solo gesto de aprobación y se pusieron a hacer comentarios con sus vecinos de bancas.

Reacciones de magistrados

Varios jueces habitualmente identificados como kirchneristas pusieron en duda la conveniencia de las medidas anunciadas por la mandataria. "Tal vez lo hace para asustar a los jueces, pero las medidas no tienen sustento", dijeron dos camaristas federales consultados por La Nación.

Por otro lado, no se sorprenden por el embate de la Presidenta para que paguen Ganancias. "La mandataria le puso presión a la Corte, para que de una vez por todas lo disponga, pero en la Corte ya hace tiempo que se viene hablando de eso, porque hay opiniones en ambos sentidos, y se está buscando un mecanismo adecuado."

En cambio, llamó la atención "la acumulación" de medidas anunciadas ayer: la elección popular de los jueces y abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura; la creación de varias Cámaras de Casación, y la limitación de las medidas cautelares que dictan los jueces contra el Estado.

Uno de los camaristas más destacados del fuero Contencioso Administrativo, habitualmente cerca de las posiciones del Ejecutivo, consultado por el matutino señaló: " Se puede reglamentar un poco el otorgamiento de cautelares, pero no se lo puede prohibir. Es irracional. Los jueces dictan cautelares desde hace más de un siglo y tienen mucha utilidad para evitar daños".

"Tal vez el bombero agita la manguera para asustar, pero la idea no tiene sustento. La Justicia frenó el corralito de 2001 con cautelares", agregó.

"No puedo juzgar los motivos de la Presidenta para modificar el Consejo. Pero la ley actual, que fue elaborada por ella cuando era legisladora, así como también el actual anuncio de elegir por voto popular a abogados y jueces del Consejo, van en la misma dirección de darle al Gobierno cada vez más control sobre los jueces", dijo Daniel Ostropolsky, representante de los abogados en el Consejo.

La Asociación de Magistrados

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación realizará un planteo de inconstitucionalidad contra la iniciativa oficial para que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular.

"La Constitución dice que los jueces y abogados del Consejo tienen que ser elegidos por sus pares, no por el voto popular", le dijo al diario La Nación Luis Cabral, presidente de la Asociación.

"Lo que propone la Presidenta no se puede hacer sin reformar la Constitución. Si se aprueba ese proyecto, plantearemos la inconstitucionalidad ante la Justicia", agregó.

Durante la apertura del año legislativo, la mandataria anunció que remitirá al Congreso un proyecto de ley para que los integrantes del Consejo de la Magistratura sean electos a través del voto popular.

Sostuvo que el eje de la iniciativa es la "representación popular" en la totalidad de sus miembros.

"Los jueces, abogados, académicos y científicos tienen que ser votados por sus conciudadanos, en absoluta regla con lo que expresa la Constitución", dijo la Jefa de Estado y afirmó que "el constituyente delegó en el Poder Legislativo la forma y el número de esos consejeros. Hay que darle a ese organismo una representación popular en la que la sociedad se vea reflejada y representada", indicó.

Además, según consignó prensaargentina.ar, destacó que esto "es necesario".

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PRIMER FALLO QUE APLICA LA NUEVA LEY DE ART

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 27 Feb 2013 23:08:00 +0000

La ley de ART es, y ha sido, uno de los temas que más preocupación generaba y genera en el mundo de las empresas. Antes, por la falencia de un marco normativo. Ahora, por cómo aplicarán los jueces el flamante régimen.

Los accidentes laborales siguen a la orden del día, los reclamos se multiplican en tribunales y todo indica que la aplicación de la nueva ley ya comienza a dejar su huella.

También en el ámbito laboralista era mucha la inquietud por conocer las primeras sentencias que iban a dictaminar los magistrados, la interpretación del régimen y el criterio aplicado.

Un motivo adicional de preocupación lo da el hecho de que el accidente lo sufrió el empleado de una firma tercerizada y los magistrados aplicaron la responsabilidad solidaria.

La sentencia disparará fuertes polémicas y, por cierto, traerá aparejada gran preocupación en el ambiente empresario. No sólo por este caso particular en sí, sino porque el mismo sienta un importante precedente en cuanto al criterio aplicado para fijar la condena.

Es que, de forma inusual, el pronunciamiento se basó en una norma que fuera emitida con posterioridad a los hechos (el caso sucedió antes de la sanción de la nueva Ley de ART).
Pero esto no es todo. Además, tomó como referencia al proyecto de reforma del Código Civil y Comercial -que impulsa el oficialismo- cuando todavía es una iniciativa y no tiene fuerza de ley.

Es por ello que los expertos consultados por este medio advirtieron sobre los efectos que traerá aparejados esta condena.

El primer fallo millonario
Tras enterarse de la triste noticia del fallecimiento de su esposo, padre de una menor de edad, la mujer decidió recurrir a la Justicia para reclamar el pago de un resarcimiento por muerte en ocasión del trabajo, más un adicional por daño moral.

El empleado en cuestión cayó desde una pasarela que fue considerada riesgosa por no tener barandas, que estaba dispuesta a poco más de 3 metros de altura. La empresa para la que trabajaba era una subcontratada por la firma principal.

Tras analizar los hechos y pruebas aportadas a la causa, el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a la empleadora Equipaire y a las empresas Cablevisión y Multicanal a resarcir a los familiares directos del dependiente.

Conocida la sentencia, éstas se presentaron ante la Cámara laboral para cuestionar la extensión de la responsabilidad.
Sin embargo, los camaristas remarcaron que la condena era producto "del riesgo en las condiciones que la víctima trabajaba al momento del infortunio, conforme el artículo 1.113 del Código Civil".

Y agregaron que la violación de normas, que los jueces consideraron básicas (por la carencia de barandas de protección para trabajar a esa altura) quebrantaba "los deberes de seguridad previstos por la Ley 19.587".
En este sentido, cabe mencionar que el artículo 1.113 del Código Civil establece que la obligación del que ha causado un daño se extiende "a los que causaren los que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado", regulación en la que -a entender de los letrados- encuadraba la situación analizada respecto de las firmas que apelaron la condena.
En tanto, el segundo párrafo de dicha norma señala que el único causal que exime de responsabilidad a una compañía es que la víctima haya tenido la culpa o dicha culpa sea de un tercero por quien no tenga que responder.

Asimismo, dichas tareas podían generar un resultado dañoso por lo que -según la normativa vigente- se las considera riesgosas y, por lo tanto, incluidas en las previsiones del artículo del Código Civil mencionado.
Un aspecto clave es que los camaristas también utilizaron como referencia para emitir su sentencia el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial, aun cuando esta iniciativa esté lejos de ser convertida en ley.
El mismo incorpora la responsabilidad por "actividades riesgosas o peligrosas (...) por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización".

Pero esto no fue todo. En cuanto a la incapacidad psicológica (es decir el perjuicio producto de lo acontecido) los magistrados fijaron un resarcimiento por daño moral para la esposa e hija, ya que entendieron que se trataba de una "lesión indirecta consecuencia del hecho dañoso sufrido por el familiar directo de las reclamantes".
A tal efecto, los jueces volvieron a remitirse al "proyecto de Código Civil y Comercial" que establece que, en caso de muerte, "la indemnización consiste en los gastos de asistencia, lo necesario para alimentos del cónyuge, hijos menores hasta los 21 años de edad con derecho alimentario", explicaron los camaristas.

Además, afirmaron que el importe fijado por el magistrado de primera instancia resultaba "razonable" ya que "si se aplicara la prestación dineraria prevista en la LRT se llegaría al 60% del monto establecido".

En cuanto a la aplicación de la nueva ley de ART, la misma estipula una "indemnización adicional de pago único" equivalente al 20% de la tarifa.

Respecto al daño moral, el mismo comprende:
a) El dolor físico de la víctima y el daño moral que se refleja en la pena, la tristeza y el sufrimiento -no físico- de la víctima o, en este caso, de sus familiares cercanos.

b) El daño a la vida de relación (imposibilidad de ejercitar ciertas actividades de placer, de ocio, deportivas o de cualquier otro tipo que afecte su vida social o personal).

En suma, los camaristas ordenaron abonar -por cada derecho habiente- los montos de:
$367.000 por daño material.
$73.500 por daño moral.
$30.000 por daño psicológico.
Es decir, $470.500 para la esposa y una cifra igual para la hija.

Así, la condena ascendió a un total cercano a $1.000.000, resultante de aplicar a los casi $950.000 los intereses calculados a partir de la tasa activa del Banco Nación.

Qué dice la nueva ley
La Ley 26.773 establece lo que se conoce como "opción excluyente".
Esto significa que el reclamante podrá percibir el resarcimiento de la ART o, como resultado de un juicio civil, la reparación tarifada por ley.

En cuanto a las tarifas del sistema, las mismas se elevaron un 20% respecto del viejo régimen y también se estableció la actualización semestral de los montos respectivos.
Con respecto a los importes aplicables para casos de incapacidad laboral permanente, la nueva norma señala que se ajustarán en el lapso señalado según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Dicho indicador, que calcula ese organismo desde enero de 2010, llevó la base de $180.000 a $460.000.
Un aspecto clave que también estipula la nueva norma está vinculado con el lugar en donde acontece el daño.

Cuando éste se produzca en el trabajo -o bien mientras el accidentado se encuentre a disposición del empleador, sea donde fuere- el damnificado (víctima o derechohabiente) percibirá una indemnización adicional de pago único como resarcimiento por cualquier otro daño no reparado.

Primero polémica, luego preocupación
La polémica se disparó luego de que la sentencia fuera acercada por iProfesional.com a expertos laboralistas.

"La aplicación de una norma sancionada con posterioridad a los hechos sucedidos en el pasado resultaría violatoria de cláusulas constitucionales", afirmó Juan Manuel Lorenzo, abogado del estudio Salvat, Etala&Saraví.

Esto se debe a que el artículo 18 de la Constitución Nacional señala con claridad que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso...".

Asimismo, indicó el experto, la propia Ley 26.773 -en su artículo 17, inc. 5- destaca que las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esa ley entrarán en vigencia "a partir de su publicación en el Boletín Oficial".

Es decir, según Lorenzo, "esto impide expresamente su aplicación retroactiva".

Por otra parte, advirtió que "el recurso argumental de justificar la sentencia -con la pretendida referencia a un proyecto de reforma de Código Civil aún no sancionado- no solo implica la aplicación de una iniciativa como si ya tuviera la autoridad de ley sino que implicaría la imposición de deberes y sanciones a los sujetos respecto de los cuales ciertamente aún no están obligados".

"En este sentido, es donde la afectación constitucional sería planteable y la Corte Suprema encontraría elementos para estudiar la sentencia en análisis, dado que se estaría juzgando un caso en base a una ley que, al día de la fecha, aún no es tal ni sabemos si lo será", agregó el abogado.

En tanto, Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani& Asociados, consideró que "es preocupante cómo el principio de legalidad cede y termina siendo desplazado por consideraciones apoyadas en la legitimidad de los derechohabientes damnificados".

"Hay tribunales que intentan fijar una suerte de tendencia consistente en anticiparse al tratamiento parlamentario de las leyes y validar sus contenidos aunque éstos integren un proyecto de ley y, por tal, no exhiban status legal", enfatizó García.

Y agregó que, como si esto no bastara, se tomaron las mayores indemnizaciones y reparaciones económicas vigentes desde el último trimestre del 2012 (al sancionarse la reforma), dispositivo legal que no debería ser considerado si se trata de un reclamo por vía judicial.

"De este tipo de fallos se insinúa cierto afán, interés o vocación de algunos sectores del Poder Judicial por impulsar "políticas distributivas del ingreso".

"Sin dudas", agregó, "estamos ante una muestra de los riesgos que se podrían desprender cuando la "justicia distributiva" intenta desplazar a la "justicia conmutativa", cuando es sabido que esta última es la piedra angular que debe orientar la administración de justicia en apego a derecho", concluyó el especialista.

FALLO COMPLETO

Expte. 8.836/2011- "Tonelli Maria Del Carmen p/si y en rep. de su hija menor A. N. N. c/Equipaire Obras y Servicios S.R.L. y otros s/accidente - accion civil" - CNTRAB - SALA VI - 14/12/2012

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.//-

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 311/316 que hizo lugar a la demanda por accidente de trabajo con fundamento en el derecho civil se alzan las partes: la empleadora demandada EQUIPAIRE OBRA Y SERVICIOS SRL a fs. 321/324;; las codemandadas CABLEVISION SA y MULTICANAL SA a fs. 317/320; la parte actora a fs. 326/327 y su réplica a fs. 374/376.-
Apela por bajos sus honorarios la perito psicóloga (fs. 325)) y los letrados de la actora (fs. 330). Las codemandadas los apelan por elevados.-

II. La codemandada EQUIPAIRE OBRA Y SERVICIOS SRL se agravia por cuanto la sentencia de grado establece un monto de condena que considera elevado y coincidente con el peticionado por las actoras, considerando violada la garantía de defensa en juicio.-
De una detallada lectura del memorial recursivo en el punto entiendo que no supera las meras afirmaciones dogmáticas no () constituyendo agravio en el sentido técnico de ese instituto, limitándose a relatar las circunstancias de la causa, citar jurisprudencia y expresar su discrepancia con el decisorio. Tampoco utilizó los recursos procesales con la denunciada o preterida omisión de pruebas por parte del sentenciante, ya que el auto de fs. 281 fue consentido por las partes.-
No logra superar la exigencia de una crítica detallada y concreta de todos y cada uno de los puntos del decisorio apelado, ni aporta elementos objetivos que permitan apartarse del decisorio. No demuestra en mi criterio lo que pudo ser erróneo, injusto o contrario a derecho para delimitar los límites precisos de la actividad revisora del Superior tal como es doctrina inveterada de esta Sala (CNAT Sala VI 16.11.87 DT 1988-623). Su esfuerzo no supera la mera disidencia con la valoración del juzgador de grado.-
No encuentro que el recurso se baste a sí mismo en cuanto a fundamentar una errónea apreciación de los hechos materia del litigio; errónea aplicación del derecho o equivocada valoración de los medios de prueba que puedan implicar errores en el contenido de la sentencia in iudicando subsanables por vía recursiva.-
No cumple en consecuencia los recaudos del art.116 - 2°párr. de la LO y por ende no puede prosperar.-

III. Las codemandadas CABLEVISION SA y MULTICANAL SA se agravian conjuntamente por cuanto la sentencia de grado:
1. Las condenó solidariamente con las restantes codemandadas.-
Reconocen las apelantes ser las propietarias del lugar donde ocurrió el hecho dañoso que produjo la muerte inmediata del esposo y padre de las actoras al caer desde una pasarela de reja sin barandas desde 3,60 mts. de altura.-
Señalan que no concurren ninguno de los presupuestos que autoricen a extenderle la responsabilidad "...dentro del ámbito de la jurisdicción del trabajo (art. 29, 30 y 31 LCT)" según lo expresan a fs. 317/vta.-
Sin embargo omite analizar que la condena no es producto de éstas normas sino del riesgo en las condiciones que la víctima trabajaba al momento del infortunio (fs. 314 y ss.) conforme el art. 1113 del Código Civil y la violación de normas de seguridad básicas como quedó acreditado ante la carencia de barandas de protección en ese trabajo de altura, quebrantando los deberes de seguridad previstos por la Ley 19587. Ello surge con meridiana claridad del informe pericial técnico (fs. 255/258) y no resulta desbaratado en modo alguno por la impugnante.-
El art. 1113-1er párr. del Código Civil establece que la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado, regulación en la que puede subsumirse la situación de las apelantes en el litigio de autos.-

Como también en el segundo párrafo de dicha norma ya que al existir riesgo en las condiciones de trabajo la única causal de exculpación de responsabilidad de las apelantes era la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder y ello no fue articulado ni probado.-
Ha dicho la doctrina judicial con aporte de Juan C. De Lazzari que trascendiendo el puro concepto físico del término "cosa", no cabe omitir la ponderación razonada de la incidencia que posea la tarea desempeñada por el trabajador, pudiendo la propia actividad laboral constituirse en factor de causación porque en el ámbito del art. 1113 del Código Civil no cabe una interpretación estrecha de dicho concepto (SCBA causa L. 72.690, sent. del 5 XII 2001; causa L. 81.184, sentencia del 10 IX 2003, etc.).-
El término 'cosa' a que refiere el art. 1113 del Código Civil, no tiene la misma significación que la del art. 2311, ya que posee un alcance mucho mayor.-
Tanto aquella flexibilidad indefinida como los avances tecnológicos hicieron que, un siglo después, fuera necesario ampliar el campo de referencia semántico/jurídico que Vélez había otorgado a la palabra "cosas", para incluir en él a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación (dec. ley 17.711, de 1968) y entre ellos que duda cabe el trabajo.-
La doctrina civil que es conteste en aceptar que también las actividades riesgosas ingresan en el ámbito del art. 1113 (entre muchos, A. A. Alterini y R. López Cabana, "Temas de responsabilidad civil", Bs. As. 1995), quedando así equiparadas a las 'cosas' a que esa norma se refiere.-
Si a ello se agrega que cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso, deben ser incorporadas al concepto de riesgosas, de donde se deriva que deben quedar incluidas en las previsiones del art. 1113 del Código Civil.-
En la misma dirección que se propone el art. 1757 del Proyecto de nuevo Código Civil y Comercial de la Nación incorpora la responsabilidad por el "hecho de las cosas y actividades riesgosas o peligrosas"... por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.-
Queda sellada así la suerte adversa a la queja en el punto.-

2. Tomó el porcentaje de incapacidad psicológica del 25% de los actores dictaminado por la pericia de autos.-
Sostienen las apelantes que el juez de grado soslayó las impugnaciones que le efectuaran al informe pericial psicológico en cuanto tomó el porcentaje de incapacidad determinado en el citado estudio.-
Señalan que el porcentaje de incapacidad otorgado es transitorio propio de un proceso de duelo (fs. 318) agregando que carece de la característica de definitivo.-
Afirman que el sentenciante no valoró ni tomó en consideración las impugnaciones que le efectuaran lo que evidenciaría la arbitrariedad del decisorio.-
Asiste razón a la queja ya que no se expresan en sentencia las razones por las que se confirmó el informe pericial sin aludir a las impugnaciones al informe pericial psicológico transformando en definitivo la incapacidad calificada como transitoria.-
Tampoco la perito psicóloga contestó las impugnaciones formuladas por las codemandadas (fs. 211/213 y fs. 214/215), lo que impidió contar con elementos que clarificaran el alcance de la incapacidad.-
Debo decir que no encuentro desvirtuada la conclusión de la perito en cuanto al tratamiento terapéutico que necesitan las actoras frente a la irreparable pérdida de su esposo y padre respectivamente en forma súbita y violenta. Por ende habré de propiciar se confirme lo decidido en la especie.-
En cuanto a la incapacidad psicológica fijada por daño psicológico, estimo que considerando el carácter transitorio de la misma propongo fijarla conforme el principio de congruencia y las circunstancias de la causa en la suma de $30.000 para cada una de las actoras, ya que se trata de una lesión indirecta como consecuencia del hecho dañoso sufrido por el familiar directo de las actoras. (art. 34 inc. 4 y ss. del CPCCN).-

3. Estableció un monto de condena por daño material que considera arbitrario y no demostrado.-
Se disconforman las apelantes respecto al quantum indemnizatorio fijado en origen, considerándolo injustificado y arbitrario. Cuestiona asimismo por cuanto no explica como arriba al monto de incapacidad psicológica y el daño moral.-
No puede haber duda en cuanto al perjuicio sufrido por las actoras, que no solo es el profundo dolor por la pérdida del ser querido -esposo y padre- y que entraría en el concepto de daño inmaterial sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito y que en este Código se designa por las palabras "pérdidas e intereses" (art.1069 C. Civil).-
El proyecto de Código Civil y Comercial en avanzado trámite parlamentario establece que en caso de muerte la indemnización consiste en los gastos de asistencia y posterior funeral de la víctima; lo necesario para alimentos del cónyuge, hijos menores hasta los 21 años de edad con derecho alimentario; ...el juez debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima sus condiciones personales y la de los reclamantes (art.1745).-
En éste marco aprecio que el monto fijado por el magistrado de grado resulta razonable ya que si se aplicara la prestación dineraria prevista en la LRT se llegaría al 60% del monto establecido. Debo considerar que las prestaciones dinerarias han sido luego actualizadas y que la nueva normativa (Ley 26.773) establece una indemnización adicional de pago único equivalente al 20% de la tarifa. Si consideramos que la vía escogida en la demanda se funda en el derecho civil, considero que el importe de condena por daño material debe ser confirmado para cada una de las actoras.-
En cuanto al daño psicológico ya fue abordada en el agravio anterior y a lo allí dicho me remito.-
Se quejan luego por cuanto el sentenciante no aclara en base a que formula o procedimiento arriba al monto fijado en concepto de daño moral.-
En tal materia, sabido que no existe tarifación ni que necesariamente debe guardar su importe una proporcionalidad con el daño material.-
Es una variable de equidad que se otorga al juez quien debe guiarse por las circunstancias particulares de cada caso.-
Sabido es que la obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende además de la indemnización por pérdidas e intereses la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima (art. 1078 - 1er. Párr. Código Civil).-
La Corte Federal en la causa "Migoya Carlos A. c/ Provincia de Bs.As. s/ Daños y Perjuicios" [Fallo en extenso: elDial.com - AA727C] (CSJN 2011/12/20 - cita on line AR/JUR/84373/2011), estableció un piso cuantitativo para el daño moral, valorando los padecimientos anímicos y espirituales de una víctima de un ilícito. En el caso de la citada causa se cuantificó tratándose de un hecho brutal determinando su resarcimiento en un monto similar al salario que percibe un ministro del Tribunal Superior.-
El daño moral comprende:
a) el "pretium doloris" que involucra el dolor físico de la víctima y el puro daño moral, que se refleja en la pena, la tristeza y el sufrimiento -no físico- que puede sufrir la víctima o en este caso sus derecho-habientes.-
b) el daño a la vida de relación (privación de satisfacciones, pérdida de la posibilidad de ejercitar ciertas actividades de placer u ocio, como las artísticas y deportivas pero de cualquiera que afecte las satisfacciones sociales o interpersonales de la vida);
Sabido es que el reconocimiento de una suma de dinero no puede reemplazar el daño a los sentimientos, que significa sufrir un daño. Se procura la mitigación o remedio del dolor por medio de bienes deleitables que mitigan la tristeza, desazón, penurias (ED 112-280; "De los daños a la persona" y Revista de Derecho de Daños Nº. 6 "Daño Moral" p. 197).-
Por tanto entiendo que forma parte de la zona de razonable y equitativa apreciación judicial, conforme las circunstancias de la causa fijar el monto del daño moral el que no es menester que guarde una proporción fija con el perjuicio material. Por ello entiendo que el importe fijado luce adecuado en el marco de la relatividad que significa compensar la pérdida de una vida con dinero.-
En consecuencia de prosperar mi voto se hará lugar a la demanda debiendo las accionadas abonar a cada una de las actoras la suma de $367.000 por daño material; $ 73.500 por daño moral o inmaterial;; y $30.000 por daño psicológico alcanzando $470.500 para cada una y sumando $941.000 para el total, con más intereses desde la fecha del hecho conforme las pautas del Acta 2357/02 de la CNAT.-
Con la salvedad apuntada propicio en consecuencia confirmar lo decidido en el punto.-

IV. La parte actora se agravia por cuanto la sentencia de grado estableció intereses sobre el monto de condena computables a partir del momento del pronunciamiento.-
Asiste razón a la queja.-
Si se hubiera tomado el salario correspondiente a la categoría del actor vigente al momento de la sentencia no merecería reparo.-
Conforme doctrina de Sala no hay motivos que justifiquen un apartamiento del principio general de las obligaciones civiles ("Araujo Narciso c/ La Palmira SA y Otro") razón por la cual propicio confirmar el pronunciamiento en el punto estableciendo que el cómputo de los intereses será desde el momento del fallecimiento del trabajador cónyuge y padre de las actoras respectivamente (art. 1083 Código Civil).-
El proyecto de nuevo Código Civil y Comercial se encuentra en línea con la doctrina citada. En su art. 1748 establece que el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio.-
Respecto a la tasa de interés aplicable a las sentencias, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió el día 7 de mayo de 2002 el Acta 2357 (modificada por resolución 8 del 30 de mayo) lo siguiente: "Acordar que, sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2001, a partir del 1º de enero de 2002 se aplicará la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara".-
Y es así que resuelvo el presente agravio.-

V. Honorarios. Teniendo en cuento el valor del litigio, el mérito y la importancia de los trabajos efectuados y las características del procedimiento laboral (art.38 LO) y atento el resultado del proceso, normas arancelarias vigentes, regla general en la materia, estimo que el porcentaje de los honorarios regulados lucen razonables y deben ser confirmados sobre el monto de condena, respondiendo solidariamente las codemandadas.-

VI. Costas de la presente instancia atento a como se resolvió la cuestión se imponen a las codemandadas vencidas (art. 68 CPCN) y se establecen los honorarios en el 25% de lo fijado en la etapa anterior (art. 14, ley 21.839).-

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que, por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.-

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: a) Modificar el capital de condena el que se fija en la suma de $941.000 con más interés desde el momento del accidente acaecido el 26 de agosto de 2010 conforme las pautas fijadas por el Acta 2357 de ésta Cámara, por la que deberá responder las condenadas en origen, aclarándose que la aseguradora responsable es QBE ARGENTINA ART SA conforme constancia de fs. 238. b) Confirmar la sentencia en lo restante que decide. c) Imponer las costas de Alzada a las demandadas. d) Regular los honorarios de Alzada de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación primera instancia.-
Regístrese, notifíquese y vuelvan.//-

Fdo.: LUIS A. RAFFAGHELLI - GRACIELA L. CRAIG

La Corte rechazó el Per Saltum contra Clarín

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 10 Dec 2012 23:38:00 +0000

La Corte Suprema rechazó esta tarde el per saltum presentado por el Gobierno contra la medida cautelar que prorrogó la Cámara en lo civil y comercial federal a favor del Grupo Clarín que suspende dos artículos de la ley de medios, confirmó una fuente de tribunales.

Fuentes judiciales informaron que el rechazo -unánime- se debió a errores procesales de la presentación que hizo el viernes pasado el Gobierno contra la extensión de esa medida de no innovar hasta que haya sentencia defintiva en el juicio por la constitucionalidad los artículo 45 y 161 de la ley de medios.

FALLO
Clarin Per Saltum

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Clarín: Prorrogan medida cautelar

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 06 Dec 2012 22:29:00 +0000

La Cámara Civil y Comercial Federal prorrogó hoy la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín que suspende la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios "hasta que haya sentencia definitiva".

Se trata de la llamada cláusula de desinversión, que obliga a las empresas de radio y televisión por cable y por aire a desprenderse de las licencias que superen el límite establecido por la normativa.

Según la sentencia de la Cámara, la medida estará vigente hasta que "haya sentencia definitiva" en la causa en la que el Grupo Clarín plantea la inconstitucionalidad de la ley. El fallo fue firmado por los camaristas María Susana Najurieta y Francisco De las Carreras.

En otra sentencia, los magistrados rechazaron la recusación masiva que hizo el Gobierno ayer a los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal.

La decisión de la Justicia de extender la cautelar le impide al Poder Ejecutivo avanzar desde mañana, como había anunciado, sobre el Grupo Clarín para que se desprenda de algunas de sus licencias. El llamado 7D había convertido en una causa y consigna política del oficialismo.

Ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, había advertido que si un fallo extendía la cautelar se generaría un "conflicto de poderes" y hasta habló de un "alzamiento" judicial.

Además, en los últimos días, el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, manifestó reiteradas veces que tras el llamado 7D, es decir cumplida la jornada de mañana, el organismo que conduce iba "a actuar de oficio para darle cumplimiento" a la ley de Medios. No obstante, la extensión de la cautelar impide que el Gobierno concurse las licencias.

FALLO COMPLETO

Fallo Clarin

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Reformas del Código Civil: Herederos

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Oct 2012 22:56:00 +0000

En la Argentina, si una persona fallece no puede dejarle todos sus bienes a otra a través de un testamento ya que -en la actualidad- rige la figura de los herederos forzosos, que son familiares directos.

Este sistema es distinto al de los Estados Unidos, que se puede ver recreado en las películas, mediante el cual es posible dejarle todo a quien se quiera y nada a un familiar cercano con el cual solamente existe un vínculo sanguíneo y se comparte muy poco o nada desde el aspecto afectivo.

De acuerdo con la normativa vigente, los causantes -como se conoce a las personas que mueren y dan lugar al proceso sucesorio- pueden disponer únicamente del 20% (o un quinto) del total de sus bienes.

Ello se debe a que está en juego lo que se conoce como la "legítima", un derecho de sucesión limitado a determinada porción de la herencia correspondiente a los denomidados herederos forzosos.

Es decir, los mismos no pueden ser privados de ese derecho sin una justa causa de desheredación, como podría ser intentar matar al causante o abandonarlo a su suerte.

En otros términos, en la práctica, los descendientes, ascendientes y cónyuge reciben una porción de la herencia independientemente de la voluntad de la persona que falleció.

Por lo tanto, por testamento la persona podrá decidir sobre la distribución de su patrimonio hasta la concurrencia de la legítima que la ley reservó a sus herederos, pudiendo hacer disposiciones testamentarias sobre esa parte que se conoce como "porción disponible".

La propuesta de modificación del Código Civil de la Nación, que se encuentra bajo análisis en el Congreso, plantea una suerte de flexibilización en las cuestiones relacionadas con la herencia de las personas.

Y si bien el régimen actual se mantiene casi en su totalidad, el proyecto redactado por la comisión compuesta por los integrantes de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Aída Highton de Nolasco y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, intenta lograr la aprobación de dos reformas fundamentales:

Por un lado, aumentar la porción disponible de bienes al momento de realizar un testamento.

Por otro, habilitar la incorporación de personas no nacidas en la herencia. Por ejemplo, se va a permitir que se utilicen los óvulos o espermatozoides congelados y una vez nacido el nuevo ser que éste reciba una porción del patrimonio de la persona fallecida.

A pesar de que continuará existiendo la "legítima", en caso de aprobarse el proyecto la porción disponible de bienes para que el testador se lo de a quien prefiera se incrementará a un tercio.

"Esa cantidad podrá ser destinada a quien quiera" el que firma un testamento, indicó Kemelmajer de Carlucci.

Por ejemplo, agregó, "se puede aumentar la porción correspondiente de uno de los herederos",

Cambios importantes

La profesora de Derecho de Familia y Sucesiones y autora de diversos artículos de la especialidad, Graciela Medina, explicó que la iniciativa apunta a formular algunas modificaciones en lo relativo a:

a) Las formas: se limitarán sólo a dos -el testamento ológrafo y el testamento por acto público-, suprimiéndose el testamento cerrado por su complejidad y poco uso y los especiales -militar, marítimo, de epidemia, otorgados en distritos rurales- que se justificaban en el siglo pasado pero que carecen de razón de ser en la actualidad.

b) La interpretación: en los actos de última voluntad se deberán interpretar las palabras y las disposiciones adecuándolas a la voluntad real del causante en el contexto en que se produjo el acto. Los términos técnicos tendrán que entenderse según el alcance que pudo asignarles el autor aunque no se correspondan con su significación precisa.

c) Validez testamentaria de las disposiciones extrapatrimoniales: se aceptarán como válidas por lo que se amplía el fundamento del testamento superando el límite de lo meramente patrimonial, respetando el poder del sujeto para ejercer actos extrapatrimoniales después de la muerte como un reconocimiento del respeto de la autonomía privada.

"El testamento hoy se presenta, entonces, como un instrumento idóneo para regular con eficacia una pluralidad de intereses de índole no patrimonial y de tal manera contribuye a valorizar la persona humana", indicó la especialista.

"Por lo tanto, es también testamento la manifestación de voluntad de quien consigna en el documento testamentario sólo disposiciones extrapatrimoniales, revelando querer servirse de un instrumento jurídico idóneo para expresar sus inquietudes de orden únicamente personal, familiar o extrapatrimonial", agregó.

En el sistema vigente se permite que el testador realice algunas disposiciones extrapatrimoniales, como el nombramiento de tutor y curador, la disposición del cadáver y de los órganos y el reconocimiento de hijos extramatrimoniales.

"Pero existen otras que exceden el concepto de disposición de bienes contenido en el objeto legal de los testamentos, como ser: el destino de los papeles privados, diplomas, títulos, cartas; la prohibición de publicación de una obra por un plazo determinado; la exclusión de una persona como tutor o curador de los incapaces a cargo; instrucciones sobre la educación de los hijos", remarcó Medina.

En ese aspecto, destacó que "resulta valioso que el Proyecto de Código Civil amplíe el objeto de los testamentos a las disposiciones extrapatrimoniales y admita su validez".

Por otro lado, señaló que se aplicarán en materia testamentaria, las nomas generales de los actos jurídicos.

Al considerarse dicho instrumento como un negocio jurídico se aplicarán a él los principios generales sobre validez del acto. "Esto contribuye a dar claridad al complejo tema de la nulidad del testamento", señaló Medina.

La especialista explicó que en la iniciativa se enumeran los siguientes supuestos de invalidez del mismo, tal como se detalla a continuación:

- Violar una prohibición legal.

- Fundarse en error o en una causa ilícita.

- Defectos de forma.

- Incapacidad del testador, salvo que se pruebe que tenía discernimiento al momento de realizar el testamento.

- Falta de razón del testador al momento del acto. "La falta de discernimiento debe ser demostrada por quien lo impugna", explicó Medina.

- Haber sido efectuado por error, dolo o violencia.

- Por favorecer a una persona incierta, a menos que por algún evento se pueda llegar determinar.

"Esta norma, sumada a otras, fija un régimen de invalidez de los testamentos que en el sistema es inexistente", destacó Medina.

Adriana Guglielmino, colaboradora de microjuris.com.ar, señaló que el proyecto receptó la crítica de diversos especialistas y ajusta los porcentajes de la legítima a lo que se considera más adecuado a la realidad que estamos viviendo.

"La disminución de la legítima con su correlativo aumento de la porción disponible permitirá que el testador que quiere beneficiar a herederos no forzozos, pero cercanos a sus afectos o extraños a la familia, como ahijados, hijos de crianza, amigos, pueda disponer de una mayor porción de sus bienes en beneficio de sus elegidos", destacó.

Luego enfatizó que "la posibilidad de disponer de mayor parte de la herencia incentivará a las personas a manifestar su voluntad a través de testamentos, beneficiando relaciones dentro y fuera del ámbito familiar, pudiendo mejorar a sus herederos legitimarios o transmitir derechos o bienes por disposiciones testamentarias a nietos o bisnietos desplazados por sus padres o abuelos. Así, la voluntad del causante se fortalecerá como fuente del derecho sucesorio".

Sucesores pos mortem

La iniciativa también incorpora nuevas personas que podrán participar de la sucesión y señala que aquellas que pueden suceder al causante son las existentes al momento de su muerte; las concebidas en ese momento que nazcan con vida; las nacidas después de su fallecimiento mediante técnicas de reproducción asistida (si se cumplen ciertos requisitos); y las personas jurídicas existentes al tiempo del deceso y las fundaciones creadas por su testamento.

En cuanto a las personas nacidas con técnicas de reproducción asistida, las mismas tendrán derecho a percibir una herencia tras la muerte del sujeto siempre y cuando se cumpla lo previsto en el artículo 563 del Código.

Éste versa sobre la filiación post mortem en las técnicas de reproducción. Aquí se establece que "en caso de muerte del o la cónyuge o conviviente de la mujer que da a luz, no hay vínculo filial entre la persona nacida del uso de las técnicas de reproducción humana asistida y la persona fallecida si la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella no se había producido antes del fallecimiento".

Sin embargo, el mismo artículo plantea excepciones que están relacionadas con la herencia cuando la persona consiente en su testamento que sus gametos (óvulos o espermatozoides) -o embriones producidos con sus gametos- sean transferidos en la mujer después de su muerte o si la concepción en ella o la implantación del embrión se produce dentro del año siguiente al deceso.

Es decir, a través del testamento, se podrá estipular que se le dé parte de la herencia a un hijo aún no concebido, pero que se producirá dentro del año siguiente a la defunción.

Conozca el proyecto que modifica las ART

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 01 Oct 2012 18:30:00 +0000

Proyecto de Modificacion Ley ART

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Fidelidad por tres años más.

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 07 Aug 2012 19:12:00 +0000

Los fallos civiles en torno a divorcios vinculares aparecen cada vez más desapegados del artículo 214 del Código Civil, que establece un plazo de tres años desde la separación de hecho para que se decrete el divorcio vincular. En ese mismo sentido, ese lapso es aplicable para el deber de fidelidad, una posición que fue desestimada por la Suprema Corte bonaerense hace dos meses.

Pero los jueces de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, integrada por Eduardo Zannoni, Fernando Posse Saguier y José Luis Galmarini, entendieron, en los autos “B., R. A. c/ A., C. É. s/ divorcio”, que el deber de fidelidad debía mantenerse durante el plazo estipulado en el precepto normativo mencionado.

En el caso, y como una base para entender los votos de los magistrados, que fueron disidentes, se recordó que la jueza de primera instancia había considerado como una causal de adulterio el hecho de que una de las partes hubiera compartido la habitación de un hotel con otra persona.

El camarista Posse Saguier fue quien aseveró: “Discrepo que la causal de adulterio deba ser dejada sin efecto. Coincido con el señor Fiscal General en que de los elementos que allí analiza -a los cuales me remito "brevitatis causa"- surgen indicios suficientemente precisos y concordantes como para concluir en la existencia de una relación adulterina por parte del actor”.

“No quiero dejar de remarcar que la impugnación que ahora pretende realizar el apelante con relación a las fotocopias del Libro de Pasajeros del Hotel Yporá, según el cual R. B., M. L. K. y F. (sin mención del apellido), de once años, habrían estado hospedados entre el 24 y 27 de marzo de 2005 en la habitación 114, resulta a todas luces extemporánea al no haber objetado oportunamente su agregación al expediente. Ahora bien, no creo que las implicancias de la cuestión resulten abstractas”.

Aseguró en este sentido que “una vez más se renueva en este proceso el debate acerca de la subsistencia del deber de fidelidad ante el supuesto de la separación de hecho de los cónyuges, haya sido ésta acordada -como en el caso- o unilateral o por abandono de hecho recíproco. Como es sabido, esta cuestión ha generado diversas respuestas tanto por parte de la doctrina como de la jurisprudencia”.

Asimismo, precisó que “ya he tenido oportunidad de pronunciarme a favor de la subsistencia del deber de fidelidad cuando ha existido separación de hecho de los cónyuge, tanto en diversos precedentes de esta Sala, así como también en el comentario que efectuara al artículo 198 del Código Civil que ilustra acerca de los distintos criterios interpretativos adoptados por nuestra doctrina y jurisprudencia”.

Por otra parte, recordó: “No dejo de reconocer que integrando la Sala "A" de esta Cámara, adherí al voto del doctor Li Rosi en el que también se planteaba el tema de la subsistencia o no del deber de fidelidad ante la separación de hecho de los cónyuges. Sin embargo, en ese supuesto se trataba de cónyuges que habían estado separados desde hacía muchos años (más de veinticinco), lo que, a mi juicio, llevó a compartir el criterio del vocal preopinante que entendió irrazonable considerar al cónyuge incurso en infidelidad.

“Esta tesitura, que pone el acento en el lapso transcurrido desde que se produjo la separación de hecho, de alguna manera participa de aquella corriente interpretativa que considera que el deber de fidelidad, en el supuesto de la separación de hecho, se extingue en el lapso de tres años, que es el presupuesto que la ley exige para obtener el divorcio vincular y así poder contraer nuevo matrimonio.”

Por estos motivos es que enfatizó que “en el caso en examen, no se trata de una separación de los cónyuges de larga data; por el contrario, está acreditado que la separación de hecho se remonta al 19 de julio de 2003, por lo que, a la época que ilustra el Libro de Pasajeros del Hotel Yporá (entre el 24 y 27 de marzo de 2005), ni siquiera había transcurrido el plazo de tres años a que se aludiera en el apartado anterior”

Esto autoriza a “sostener, a mi criterio, que la conducta del marido quede también encuadrada en la causal de adulterio, tal como lo hiciera la señora juez de la anterior instancia y lo propicia el señor Fiscal General. En suma, adhiero al voto del doctor Zannoni (su colega de Sala), salvo en lo que respecta a la causal de adulterio del marido que propongo se confirme la sentencia recurrida en todo cuanto decide”.

FALLO

Partes: B. R. A. c/ A. C. É. | divorcio
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Sala/Juzgado: F
Fecha: 4-may-2012

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 04 días del mes de mayo de dos mil doce,
reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
Sala F, para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión a fin
de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.
Practicado el sorteo correspondiente, resultó el siguiente orden de votación: ZANNONI - POSSE
SAGUIER - GALMARINI.
A la cuestión propuesta el DOCTOR ZANNONI, dijo:
1. La sentencia dictada a fs. 999/1004, rechaza la demanda de divorcio que dedujera R. A. B. contra C.
E. A. a quien imputó injurias graves en los términos del art. 202, inc. 4° del Cód. Civil. En cambio,
hace lugar parcialmente a la reconvención de la demandada y decreta el divorcio por culpa exclusiva
del actor por considerarlo incurso en las causales de adulterio e injurias graves (art. 202, incs. 1° y 4°
del Cód. Civil).
De lo así decidido apeló el actor, cuyos agravios se vierten en el memorial agregado a fs. 1088/1102,
que fue contestado por la demandada reconviniente a fs. 1106/1108. El Señor Fiscal General produjo su
dictamen a fs. 1110/1112, propiciando la confirmación de la sentencia apelada.
2. El memorial del actor pretende que la sentencia sea modificada: ello es, se decrete el divorcio por
culpa de la demandada, y se rechace la reconvención de ésta.
He de analizar los agravios en el orden metodológico que siguió la sentencia apelada.
a) Acerca del adulterio del actor. Se acogió la causal de adulterio invocada por la demandada haciendo
mérito de los testimonios prestados por Patricia Nélida Buttice (a fs. 643, respuesta a la pregunta 12°) y
Liliana Mabel Lampuri (a fs. 650, respuesta a la pregunta 21°), a lo informado a fs.666 por la
Licenciada Luz Nieto, psicoterapeuta de la hija del matrimonio Stephanie, y al Registro de Pasajeros
del hotel Yporá de Santa Rosa de Calamuchita (Provincia de Córdoba), que en fotocopia simple se
agregó a fs. 792 bis/793 de autos.
El actor, en su memorial, se detiene a cuestionar los testimonios antes referidos, aunque más allá de las
valoraciones que en él se hacen, de la propia sentencia se colige, sin dificultad, no han sido decisivos
para la Señora Juez a quo porque sólo integran -en su entender- un elenco de presunciones con los
restantes elementos probatorios. Sin embargo, como bien lo destaca el Fiscal General en su dictamen,
los testimonios de Buttice y Lampuri respecto a la relación íntima entre el actor y la señorita L. K. se
limitan a repetir lo que escucharan de labios de la hija del matrimonio. Señala el Fiscal que "...es
evidente que más allá de que se trata de testimonios ex auditu (de oídas), estas referencias no pueden
ser tenidas en cuenta, pues indirectamente violarían la exclusión dispuesta por el art. 427 del CPCC. Lo
mismo -se concluye en el dictamen- cabe decir del informe de la Licenciada Nieto de fs. 664/668 vta.".
De tal modo, el único elemento de ponderación serían las constancias del Registro de Pasajeros del
Hotel Yporá, según las cuales entre el 24 al 27 de marzo de 2005 se alojaron en la habitación 114 el
señor R. B., médico, y la señora L. K., ama de casa, coincidiendo los demás datos de ambos: DNI y
domicilio.Considera el Señor Fiscal que el hecho de compartir la misma habitación uno de los
cónyuges con persona del otro sexo es prueba cabal del adulterio, por lo que adhiere al criterio de la
sentencia apelada y propicia su confirmación en este aspecto.
En este punto debo detenerme a analizar el valor probatorio de la constancia que se halla en una
fotocopia simple, enviada por Correo, recibida por el Juzgado y agregada al expediente según la
atestación de fs. 795 y la providencia de fs. 796.
Nótese algo que es curioso. La demandada reconviniente había ofrecido el informe de dos hoteles en
relación con el posible alojamiento en ellos del actor y la Sra. L. K.: el "Cariló Soleil" y el "Yporá".
Los oficios se libraron en noviembre de 2006.
A fs. 237 la parte demandada acompañó copia simple del librado al Hotel Cariló Soleil -a fin de
acreditar su diligenciamiento- en el cual solicitaba del establecimiento que informase "...si el Dr. R. B.,
desde diciembre de 2004 a la actualidad estuvo alojado en dicho hotel, indicando nombre y apellido de
los acompañantes, documentos de identidad y periodos de estadía; informe del mismo modo si la Sra.
L. K. DNI 92.532.028 estuvo alojada en cualquier periodo o en cualquier otro".
Según la constancia que luce en la fotocopia, al dorso, el oficio fue recibido por el Sr. José Luis Olivari.
Sucede sin embargo que el requerimiento ya había sido respondido el 1° de diciembre y agregado a los
autos a fs. 221 con fecha 5 de diciembre del mismo año. En tal respuesta el apoderado [debo suponer
del hotel], José Luis Olivari, hace saber que si bien según el voucher en su poder no se registra el
ingreso de "A. R. B.", en el mes de diciembre de 2004 lo hizo una persona llamada "R.B.", que ingresó
el 19 de diciembre y egresó el 23 de diciembre de 2004 acompañado de una persona mayor y de dos
menores de 9 y 14 años, no estando identificados los nombres de los acompañantes. La demandada
impugnó este informe a fs. 286, solicitando se librara un nuevo oficio para que el Cariló Soleil
informase si la persona mayor que acompañaba al Sr. R. B. era del sexo femenino, tipo y número de
documento, si compartían la misma habitación, si tenía cama matrimonial, y si la acompañante era L.
K. El establecimiento respondió en los términos del escrito presentado a fs. 702 y vta. en el cual pone
en conocimiento del juzgado que por tratarse de un Apart Hotel no tiene libro de Registro de Pasajeros,
sin poder brindar otras precisiones acerca de los datos de las personas, edad ni sexo de las personas que
integraban el grupo familiar que se alojó en el departamento del Apart con el Sr. B.
Mientras tanto, el 8 de febrero de 2007 -ver fs. 310-, la demandada solicitó se librase un nuevo oficio al
Hotel Yporá en razón de que según el informe de la diligenciadora Lamas y Cia., obrante a fs.308, la
empresa se habría negado a recibirlo. El Juzgado ordenó el libramiento del nuevo oficio a fs. 311. Con
fecha 21 de junio de 2007 (ver cargo de fs. 821) la demandada reconviniente a fs. 820 acompañó
fotocopia simple del oficio, que habría sido diligenciado a través del Juez de Paz de Santa Rosa de
Calamuchita. Pero a la sazón ya se hallaban agregadas desde hacía casi dos meses -fs. 792 bis/793- las
fotocopias simples del supuestamente Libro de Pasajeros según el cual R. B., M. L. K. y F. (sin
mención del apellido), de once años de edad, habrían estado hospedados entre el 24 y el 27 de marzo de
2005 en la habitación 114.Las fotocopias habrían sido enviadas por correo, con remitente manuscrito
del Hotel Yporá. Aunque se trata de un documento que no identifica al emisor, ni está refrendado por
éste, ni tampoco ha sido acompañado con un informe del establecimiento hotelero requerido, lo cierto
es -como destaca el Fiscal General- que se ordenó su agregación a los autos y que el actor no lo
impugnó, ni siquiera al alegar, por lo que su crítica -ahora- deviene extemporánea.
Aún así las implicancias de la cuestión resultan de algún modo abstractas si se tiene en cuenta que el
hecho habría ocurrido más de un año y medio después de la separación de hecho acordada por las
partes, al retirarse el marido del hogar, con la conformidad de la esposa, el 9 de septiembre de 2003
(ver fs. 6). De tal modo, como lo tengo dicho en diversos precedentes -remito, en lo pertinente, a mis
votos en los autos "Bellizi, Graciela c./ Bastitta, Alberto Raúl, s./ Divorcio" (Sentencia Libre n°
332.681 del 26/12/2006); "Gewürzmann, Gustavo Daniel c./ Marchesi, Jorgelina s./ Divorcio"
(Sentencia Libre n° 506.503 del 23/3/2009)-, la abdicación recíproca del proyecto de vida común
mediante la interrupción de la convivencia sin voluntad de unirse -máxime en este caso en que ambos
se dispensaron recíprocamente el deber de cohabitación-, implicó que ambos cónyuges aceptaron
sustraerse para el futuro del denominado débito conyugal, es decir de la entrega física y afectiva que
preside la unión intersexual. Por eso ninguno de ambos podría pretender mantener relaciones sexuales
con el otro. Por otra parte, en efecto, no hay prueba suficiente que demuestre que el actor reconvenido
mantenía, al tiempo en que se alejó del hogar o desde antes, una relación íntima con la señora K., ni
que fuese esa relación la causa del alejamiento.
b) Acerca de las injurias graves imputadas al actor y por éste a la demandada.La sentencia también
acoge la reconvención por injurias graves deducida por la demandada C. E. A. En este punto debo
llamar la atención en el sentido de que la sentencia apelada, apoyándose en los testimonios ofrecidos
por aquélla, ha llegado a la conclusión que diversas afirmaciones del actor en la demanda, en modo
alguna probadas, revisten el carácter de injurias vertidas en el juicio, acerca de lo cual no existen
estrictamente agravios por parte del actor.
Especialmente me refiero a las experiencias que el actor consideró humillantes hacia su persona: los
problemas de la esposa con la bebida, las amistades "raras", haber ella regresado de madrugada al hogar
"borracha y luego de haber fumado marihuana, traída por dos amigos homosexuales en andas
[...]Luego, con la presencia cada vez más constante de sus amigos homosexuales -debo aclarar (dice)
que uno de ellos padece SIDA-, que comienzan a frecuentar asiduamente nuestro hogar, quedándose
incluso a dormir por largas temporadas...". Alude también a la sensación clara y concreta de que esposa
mantenía una relación amorosa con otro hombre..." (fs. 6).
En el memorial el actor pretende abonar algunas de tales afirmaciones transcribiendo tramos breves y
en algunos casos haciendo citas descontextualizadas de algunas declaraciones testimoniales por él
ofrecidas. Otras manifestaciones no se han intentado, siquiera, probar. Por ejemplo, el testimonio de
Eduardo Eguren Gravi, encargado del edificio donde vivía el matrimonio, que declara a fs. 504/506.
Según ese testimonio, la esposa del actor habría tenido relaciones con el arquitecto que dirigió las
refacciones en dicho edificio, según comentarios de los vecinos, aunque aclara que sólo le consta por
"los dichos que uno escucha en el edificio", y aclara que ninguno de los copropietarios le dijo nada. En
suma, un chisme.
Parecido comentario hace la testigo Rosa Lepellere que declara a fs.788/789 quien al responder una
pregunta refiere la versión recibida por comentarios que le hizo una compañera de trabajo, María de los
Ángeles Pereyra, a quien a su vez le habrían comentado que "...supuestamente la señora Cristina tenía
muy buenas relaciones con el arquitecto que estaba haciendo en ese momento la obra..." (fs. 789,
respuesta a la pregunta 6°). Otro ejemplo es el de la testigo Stella Maris Taboada, ex esposa del actor,
quien declara a fs. 752 que el hijo Ricardo le comentó que en una oportunidad, a raíz de una discusión
que él tuvo con una vecina del edificio, le dijeron que Mora -la aquí demandada- "era una chorra y su
padre era un cornudo". Más discutible resulta el testimonio de Fernando Celani a fs. 509/512, quien
refiere que la demandada tenía un grupo de amigos que le parecían raros, como "la esposa del chavo
Fuks que tenía aspecto como de falopera (sic.)"; o la amistad de dos muchachos homosexuales, a
quienes cierta vez cedió su cama matrimonial hallándose en Pinamar, facilitándole a uno de ellos la
bata de baño de Richard (sic.). Por cierto el testigo dice, al ser repreguntado que no sabe sus nombres ni
por qué les habría facilitado la cama matrimonial.
Estos testimonios, en suma, no resisten el análisis del plexo probatorio desde la perspectiva de las
reglas de la sana crítica (arg. arts. 386 y 456 del CPCC) teniendo en cuenta la verosimilitud de los
dichos, las razones de la convicción que denotan y la confianza que inspiran al juez.El cúmulo de
conductas no probadas, constituyen, sin dudas, y en esto coincide el Señor Fiscal General en su
dictamen, injurias vertidas en el juicio pues si bien, desde un punto de vista, en este tipo de procesos
debe respetarse el derecho de defensa de las partes, también la jurisprudencia ha resuelto en diversas
oportunidades que son injuriosas y constituyen por sí mismas causal de divorcio, las imputaciones
hechas por un esposo al otro cuando aparecen introducidas de mala fe, con el único fin de injuriar o
difamar y exceden las inmunidades de la defensa (Así, CNCiv, Sala A, 18/9/84, LL, 1985-D-580, nº
5498; íd., íd., 4/7/2000, LL, 2000-F-39; íd., Sala C, 18/12/84, LL, 1985-A-557; íd., Sala D, 13/11/63,
LL, 114- 708; íd., íd., 21/12/64, LL, 118-921, 12.192-S; íd., íd., 24/7/72, LL, 149-3; íd., íd., 17/12/74,
LL, 1975-C-497, 32.620-S; íd., Sala E, 20/7/73, LL, 154-460, con nota de Lezana, Las injurias en
juicio y la tenencia de los hijos menores; íd., Sala F, 10/3/66, LL, 122-133, etcétera).
Correlativamente, al no contener el memorial del actor una crítica constitutiva de agravios sobre este
punto, la causal de injurias graves atribuida por el actor a la demandada carece de sustento probatorio
suficiente.
c) Las costas. Pretende el actor se modifique el modo en que se han impuesto las costas. El principio
del vencimiento contenido en el art. 68 del CPCC no parece arbitrario en el caso si se atiende que la
demanda fue rechazada y el divorcio se decreta por culpa exclusiva del actor, que fue reconvenido.Por
otra parte, no advierto que hayan existido circunstancias particulares que permitan inferir que el
perdidoso actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado (Sala E,
12/2/96, LL, 1996-C-747; Sala A, 21/5/96, LL, 1997-A-81), no bastando una mera creencia subjetiva
del litigante sino la existencia de circunstancias objetivas que justifiquen eximirlo (Sala A, 15/5/95, LL,
1996-C-765, fallo 38.661-S; íd., 26/8/94, ED, 161-225; Sala B, 8/4/94, LL, 1995-D-830, sumario
10.515; íd., Sala H, 18/7/97, LL, 1998-A-225, etcétera).
3. En suma, si se comparte este criterio, la sentencia apelada debería confirmarse en lo principal que
decide y que fuera materia de agravios, dejando sin efecto sólo la imputación de adulterio del actor.
Con las costas de esta instancia también a su cargo por aplicación del principio objetivo de la derrota
(art. 68 del CPCC).
El doctor Posse Saguier, dijo:
Comparto totalmente las consideraciones efectuadas por mi distinguido colega Dr. Eduardo A. Zannoni
para desestimar los agravios que formulara el actor en torno a la causal de injurias graves.
En cambio, discrepo que la causal de adulterio deba ser dejada sin efecto. Coincido con el señor Fiscal
General en que de los elementos que allí analiza -a los cuales me remito "brevitatis causa"- surgen
indicios suficientemente precisos y concordantes como para concluir en la existencia de una relación
adulterina por parte del actor.
En especial, no quiero dejar de remarcar -tal como lo expresara con todo acierto el doctor Zannoni en
su voto- que la impugnación que ahora pretende realizar el apelante con relación a las fotocopias del
Libro de Pasajeros del Hotel Yporá, según el cual R. B., M. L. K. y F. (sin mención del apellido), de
once años, habrían estado hospedados entre el 24 y 27 de marzo de 2005 en la habitación 114, resulta a
todas luces extemporánea al no haber objetado oportunamente su agregación al expediente.Ahora bien,
no creo que las implicancias de la cuestión resulten abstractas.
Una vez más se renueva en este proceso el debate acerca de la subsistencia del deber de fidelidad ante
el supuesto de la separación de hecho de los cónyuges, haya sido ésta acordada -como en el caso- o
unilateral o por abandono de hecho recíproco. Como es sabido, esta cuestión ha generado diversas
respuestas tanto por parte de la doctrina como de la jurisprudencia.
A este respecto, ya he tenido oportunidad de pronunciarme a favor de la subsistencia del deber de
fidelidad cuando ha existido separación de hecho de los cónyuge, tanto en diversos precedentes de esta
Sala (conf.: causas libres n°s 506.503 del 23/03/2009; 448.825 del 12/09/2006 -éste con voto en primer
término del doctor Galmarini- y 141.719 del 12/10/1994; véase también en CNCiv. Sala "C" en causa
libre n° 341.671 del 30/10/2002, entre otras), así como también en el comentario que efectuara al art.
198 del Código Civil que ilustra acerca de los distintos criterios interpretativos adoptados por nuestra
doctrina y jurisprudencia (conf.: Llambías-Raffo Benegas-Posse Saguier, en "Código Civil Anotado" t.
I-A, pág. 576 y sgtes., núm. 4).
Por otro lado, no dejo de reconocer que integrando la Sala "A" de esta Cámara, adherí al voto del
doctor Li Rosi en el que también se planteaba el tema de la subsistencia o no del deber de fidelidad ante
la separación de hecho de los cónyuges. Sin embargo, en ese supuesto se trataba de cónyuges que
habían estado separados desde hacía muchos años (más de veinticinco), lo que, a mi juicio, llevó a
compartir el criterio del vocal preopinante que entendió irrazonable considerar al cónyuge incurso en
infidelidad (conf.: mi voto en causa libre n° 500.292 del 26/05/2008). Esta tesitura, que pone el acento
en el lapso transcurrido desde que se produjo la separación de hecho, de alguna manera participa de
aquella corriente interpretativa que considera que el deber de fidelidad, en el supuesto de la separación
de hecho, se extingue en el lapso de tres años, que es el presupuesto que la ley exige para obtener el
divorcio vincular y así poder contraer nuevo matrimonio (conf.: Borda, G.A. "Separación de hecho y
deber de fidelidad" pub. en LL 1996-B-893; véase CNCiv. Sala "J" en ED 176; LL 1999-C-724).
En ese precedente de la Sala "A" ya citado, también destaqué que nuestra legislación no contiene una
norma similar al inciso 1° del art. 82 del Código Civil Español -que rigió hasta que se derogó el sistema
del divorcio-sanción por ley 15 del 8 de julio de 2005-, que impedía que ante la separación de hecho de
los cónyuges, cualquiera de ellos, pudiese invocar la infidelidad como causal de separación personal o
divorcio. Se podrá decir que en nuestro país se impone la misma solución, pero lo cierto es que la
ausencia de una norma expresa en nuestra legislación es lo que ha llevado, precisamente, a la
subsistencia de la controversia doctrinal y jurisprudencial.
En el caso en examen, no se trata de una separación de los cónyuges de larga data; por el contrario, está
acreditado que la separación de hecho se remonta al 19 de julio de 2003, por lo que, a la época que
ilustra el Libro de Pasajeros del Hotel Yporá (entre el 24 y 27 de marzo de 2005), ni siquiera había
transcurrido el plazo de tres años a que se aludiera en el apartado anterior, lo que autoriza a sostener, a
mi criterio, que la conducta del marido quede también encuadrada en la causal de adulterio, tal como lo
hiciera la señora juez de la anterior instancia y lo propicia el señor Fiscal General.En suma, adhiero al
voto del doctor Zannoni, salvo en lo que respecta a la causal de adulterio del marido que propongo se
confirme la sentencia recurrida en todo cuanto decide. En función de ello, propicio también que las
costas de alzada se imponen al vencido.
El doctor Galmarini dijo:
Adhiero al voto del Dr. Zannoni en lo atinente a la causal de injurias graves, y por razones análogas a
las expresadas por el Dr. Posse Saguier acerca de la causal de adulterio voto en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acto.
EDUARDO A. ZANNONI
(disidencia parcial)
FERNANDO POSSE SAGUIER
JOSÉ LUIS GALMARINI
Buenos Aires, mayo de 2012.
Y VISTOS:
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia
apelada en todo cuanto decide y fuera materia de agravios. Con las costas de esta instancia también a
cargo del actor por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
En atención a los trabajos realizados, apreciados por su importancia, extensión y calidad, etapas
cumplidas, resultado obtenido, apelaciones por bajos de fs. 1.011; fs. 1.029 y fs. 1.041 y por altos de fs.
1.018; fs. 1.039; fs. 1.043; fs. 1.045 y fs. 1.048 y teniendo en cuenta lo dispuesto por los arts. 6 incs. b)
a f), 9, 10, 30, 38 y concs. de la ley 21.839 -mod. por la ley 24.432-, por encontrarlos ajustados, se
confirman los honorarios de la DRA. LAURA INES TRUCCO, patrocinante de la parte
actora-reconvenida. Asimismo, se confirman los honorarios de los DRES: RAMIRO G. FLORES
LAVALLE; LAURA PAULINA PANACCIO; ISAAC DAMSKY y M. CLAUDIA
MANGIALAVORI, por la representación letrada de la demandada-reconviniente.
Por la tarea desarrollada por el perito CALÍGRAFO GUILLERMO F. LATOUR, apreciada por su
importancia y calidad; teniendo en cuenta las apelaciones por bajos de fs. 1.058/1.059 y por altos de fs.
1.018 y lo establecido por el decreto ley 20.243 y en lo pertinente por la ley 24.432, se fijan sus
honorarios en ($.) y por haber sido apelados únicamente por altos, se confirman los del DR. ANTONIO
R. GARCIA GUIÑAZÚ y LIC. ELSA NOEMI COGAN.
Por la labor de alzada (art. 14 del arancel), se regulan los honorarios de la DRA. MANGIALAVORI,
en ($.) y los del DR. LUIS FERNANDO CÚNEO LIBARONA, letrado apoderado de la
actora-reconvenida, en ($.).
Notifíquese, al señor Fiscal General en su despacho, y devuélvase.

Fuente: Diario Judicial
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Autorizan a una pareja a adquirir dólares

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 07 Aug 2012 17:47:00 +0000

El juez Alfredo López, titular del Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata, hizo lugar este martes a una acción de amparo iniciada por una pareja y, en consecuencia, ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que otorgue en forma inmediata la correspondiente autorización para la adquisición de las sumas necesarias de dólares estadounidense para la compra de un inmueble, siempre y cuando se encuentre regularizada la situación fiscal de los amparistas.

"En caso de no ser así, deberá emitir resolución debidamente fundada y conforme a derecho en ese sentido, en tiempo real o en el término de un día hábil si la complejidad del caso así lo exigiere, explicitando los motivos de su pronunciamiento y los parámetros empleados", informó CIJ.com.

Con su presentación, la pareja perseguía obtener la autorización o el cese de la restricción a la compra de 16.000 dólares estadounidenses, destinados a cubrir parte de una operación de compraventa inmobiliaria.

FALLO
Autorizan a vender dólares

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Moretones como causal de divorcio

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 16 Jul 2012 17:00:00 +0000

La sala H de la Cámara Civil, con las firmas de Jorge Mayo, Liliana Abreut de Begher y Claudio Kiper, confirmó una sentencia de grado que decretó el divorcio vincular de un matrimonio por reconvención por culpa del esposo.

Se trata de la causa “BRE c/ FCM; s/ divorcio. Ordinario”, donde, en primera instancia el magistrado de grado probó únicamente las injurias graves por parte del esposo y, por ende, “hizo lugar a la reconvención y rechazó el planteo actor fundado en la misma causal, más la de abandono voluntario y malicioso” ya que este profería “malos tratos” a su mujer”.

El hombre inició una demanda de divorcio contra su mujer por injurias graves y abandono del hogar de esta, tras casi dos años de casado, aunque el magistrado de la instancia anterior “justificó el alejamiento de la accionada del hogar conyugal” debido a estos malos tratos. El actor apeló y la causa recayó en la Cámara.

En su apelación sostenía que la mujer era “mentirosa” ya que “atacó su reputación y honor ante sus familiares y amigos, denunciándolo injustamente por violencia familiar” ya que para él “buscó rédito económico con el casamiento a una edad sexagenaria con un hombre de mayor edad, como era él”.

Asimismo le endilgó que su alejamiento del hogar “fue inesperado, provocándole gran pesar y dolor emocional” alegando, además, que “su cónyuge tenía problemas psicológicos previos al matrimonio, de larga data, y que en ello no influyó la situación conyugal”.

Aunque, intentando justificarse, remarcó que “los moretones o magullones que denunciaron las testigos, podrían ser producto de una enfermedad de la piel que ella padecía” ya que él “no maltrató físicamente a la accionada”, y “prueba de ello” es que “la denuncia por violencia familiar fue desestimada por falta de prueba”.

Sin embargo, la Cámara sostuvo que se trataba de una “relación matrimonial desquiciada” ya que “el actor trató violentamente a la actora, sometiéndola a su “mal humor”, y ello fue producto de sus “picos de frustración que desencadenan violencia física” y verbal”.

Los testigos además acreditan que “su difícil situación emocional [la de la mujer] provocada por el maltrato conyugal, que la avergonzaba, inclusive frente a sus propios hijos”. Los jueces explican que “no sólo me refiero a su carácter irascible –reconocido por el propio actor en las consultas psicológicas- sino hasta las agresiones físicas”.

Por ello encontraron “justificado el accionar de la reconviniente” y consignaron que el alejamiento de la mujer, “si bien fue voluntario, se debió a la culpa del actor, quien con su accionar la llevó a que tuviera que abandonar el domicilio conyugal”.

Por lo que se “justifica plenamente el ‘abandono’ del hogar” de la esposa como “una forma de preservar su integridad psicofísica… y no puede decirse que el mismo fue malicioso”. Lo que llevó a los camaristas a confirmar la sentencia de primera instancia y decretar el divorcio vincular por culpa del esposo.

FALLO

“BRE c/ FCM ; s/ divorcio. Ordinario”, Expte. 79.805/2006, Juzgado 86, R. 588.984

En Buenos Aires, a 27 días del mes de abril del año 2012, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “BRE c/ F , CM ; s/ divorcio. Ordinario” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher dijo:
I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación concedido libremente que fuera interpuesto por el actor a fs.632 contra la sentencia de fs. 620/29 que rechazó la demanda de divorcio por injurias y abandono, e hizo lugar a la reconvención por la primera de las causales mencionadas, con costas.
Expresa agravios a fs. 644/48 los que son contestados por la demandada a fs. 652/654, y a fs. 656/7 por el Sr.Agente Fiscal.
II-La sentencia de grado.
Luego de un análisis pormenorizado de la causa, la a quo tuvo por probado únicamente las injurias graves que el esposo profirió a su cónyuge; por ende, hizo lugar a la reconvención y rechazó el planteo actor fundado en la misma causal, más la de abandono voluntario y malicioso.
Tuvo en cuenta para decidir como lo hizo, los testimonios aportados a a la causa, más las constancias de las historias clínicas, y denuncias ante sede administrativa –extrajudicial– como judicial, que acreditaron los malos tratos que le profería el actor y que encuadran en la causal subjetiva de injurias graves. Además, entendió que la gravedad de la situación familiar planteada entre los consortes provocada por el marido, justificó el alejamiento de la accionada del hogar conyugal.
Indicó claramente que el actor no produjo prueba alguna conducente a la demostración de las injurias invocadas en el libelo inicial, por lo que rechazó la demanda, con costas.
III-Los agravios del accionante.
El actor en su escrito de apelación solicita que se revoque la sentencia de grado, haciéndose lugar a la demanda de divorcio por culpa de su cónyuge, y el rechazo de la reconvención.
Dice que su esposa atacó su reputación y honor ante sus familiares y amigos, denunciándolo injustamente por violencia familiar, por lo que la rotula como “mentirosa”, que buscó rédito económico con el casamiento a una edad sexagenaria con un hombre de mayor edad, como era él; y que nunca fue una persona violenta, lo cual acreditó con las declaraciones de los testigos ofrecidos en el escrito postulatorio del proceso, inadecuadamente valoradas por la sentenciante (vgr. Russo; Otero; Mónaco; Pérez, y Lupieri).
Expone que el alejamiento de su esposa del hogar conyugal fue inesperado, provocándole gran pesar y dolor emocional. Indica que su cónyuge tenía problemas psicológicos previos al matrimonio, de larga data, y que en ello no influyó la situación conyugal –se remite a los informes del Centro de Salud Mental n°3; e historia clínica del Hospital Francés–.
Remarca que no maltrató físicamente a la accionada, y que los moretones o magullones que denunciaron las testigos, podrían ser producto de una enfermedad de la piel que ella padecía (vgr. eczematide); arguyendo en prueba de ello que la denuncia por violencia familiar fue desestimada por falta de prueba.
Si bien la accionada plantea en su contestación de agravios de fs.652 la deserción del recurso, adelanto que ello no puede prosperar en tanto de la lectura de la pieza procesal de fs.644/8 se advierte que cumple con los requisitos del art.265 y cc CPCC.
A continuación paso al análisis del sustento fáctico, siguiendo luego con los agravios del actor-reconvenido.
IV-Antecedentes fácticos
Ya he dicho anteriormente en otro voto de esta Sala, que para valorar correctamente las pruebas producidas y así tomar una decisión ajustada a derecho, especialmente dentro del ámbito del derecho de familia, resulta imprescindible apreciar el marco en el cual han acontecido los hechos, y tener en cuenta las circunstancias que influyeron en el comportamiento adoptado por las partes involucradas (esta Sala, “R., A. c/ L, M. T.; s/divorcio” .expte. 41.522/2007).
Es muy matrimonio de personas mayores, que convivieron muy pocos años. Contrajeron enlace en el mes de mayo de 2003, y en abril de 2005, la accionada se retiró del hogar conyugal debido a las agresiones recibidas de parte del actor.
Coincido con el Sr. Fiscal General de Cámara que, efectivamente, las pruebas acercadas al proceso son suficientes, graves, precisas y concordantes para tener por acreditado que el actor trató violentamente a la actora, sometiéndola a su “mal humor”, y ello fue producto de sus “picos de frustración que desencadenan violencia física” y verbal (conf. reconocimiento del accionante en la consulta psicológica de fs.501 y también de fs.484).
Dichas circunstancias se encuentran corroboradas con las declaraciones de las testigos Delgado (fs.212); López Aramburu (fs. 188/90); Ferraiana (fs.217/219) que relataron haber visto los magullones, como también presenciado alguna situación anómala alejada del respeto que los esposos deben conferirse.
Por el contrario, no observo prueba alguna que demuestre esa misma situación por parte de la accionada, en este caso, la víctima. Todos los testimonios de las personas ofrecidas por el actor (Russo; Mónaco; Pérez y Lupieri), exclusivamente se refieren a su carácter, pero no a la conflictiva conyugal que las psicólogas analizan in extenso en las consultas que debió realizar F hasta decidir alejarse de su marido, para preservar su integridad física y psíquica.
V-Injurias graves.
El concepto de injurias graves implica un comportamiento o una omisión realizada con discernimiento, intención y voluntad, en el sentido que se trata de un acto voluntario que se traduce en una actitud agresiva y contraria a los deberes conyugales, en especial, el debido respeto que debe existir entre los esposos o la dignidad de la familia. (CNCiv., Sala C, LL, cita online: AR/JUR/9685/2006).
Es sabido que la causal de injurias graves comprende todo hecho o expresión, verbal, escrita o gestual que comporte una afrenta para el otro cónyuge y le hiera en sus susceptibilidades, y su gravedad debe apreciarse teniendo en cuenta el contexto familiar, y también, ampliamente, social y cultural; o sea, en otras palabras, la educación, la posición social y la entereza de los esposos (conf. Eduardo Zannoni, Derecho de Familia, Astrea, 1989, 2da.ed. actualizada y ampliada, T 2, pág.83; CNCivil, esta Sala H, in re “M., P. c/B., C.A.; s/divorcio”, del 25/10/2010, R 548.865; ídem sala E, in re “J. C. c/ P. R. D. s/ divorcio”, expte. 569.577 del 23/03/2011, elDial.com - AA6AC0).
En cuanto a las injurias que alega el actor habría incurrido su esposa, no advierto de modo alguno tal situación, en tanto la circunstancia de haber utilizado F los mecanismos administrativos y/o judiciales para preservar su integridad física y moral, no puede de ello derivarse que atacó ilegítimamente el honor o reputación de su consorte –vgr. Denuncia por violencia familiar; ver informe de fs.135 del GCBA; diagnóstico de fs.220/2 y 242/4 del centro de Salud Mental n° 3; historias clínicas de las partes, fs.418/474; fs. 483/513; fs. 525/577-.
La demandada simplemente procedió a denunciarlo por violencia familiar, y su prueba, aun cuando no se aportó en ese proceso –no se conocen los motivos, aún cuando se intuyen a la luz de las constancias del informe de Salud Mental y las constancias de la HC-, surge del presente a tenor de las declaraciones de los testigos mencionados ut supra y que fueran meritadas in extenso por la Sra. Magistrado. Ellas acreditan su difícil situación emocional provocada por el maltrato conyugal, que la avergonzaba, inclusive frente a sus propios hijos. Y no solo me refiero a su carácter irascible –reconocido por el propio actor en las consultas psicológicas- sino hasta las agresiones físicas.
Por lo tanto, juzgo que se encuentra justificado el accionar de la reconviniente; de ahí que la demanda fue bien rechazada por la Magistrado de grado.
Por el contrario, la conducta matrimonial del actor a la que hacen referencia los testigos de la demandada, más los documentos –vgr. informes e HC- aportados a la causa, y que fueran analizados impecablemente por la Magistrado de grado y por el Sr. Fiscal, brindan un panorama de las relación matrimonial desquiciada, y hacen que la causal de injurias graves imputada al actor sea procedente para dar motivo al divorcio culpable (conf. art.202 inc.4 C. Civil); por lo que la reconvención se encuentra correctamente receptada.
VI-Abandono del hogar conyugal: justificado para la esposa.
La causal de abandono voluntario y malicioso como causal de divorcio subjetivo, consiste en el alejamiento de uno de los cónyuges del hogar común, por motivos que le son exclusivamente imputables, con la intención de sustraerse a las obligaciones emergentes del matrimonio, en particular las de cohabitación y asistencia" (Zannoni E., Derecho de familia, Astrea, 1989, 2da.ed. actualizada y ampliada, T 2, pág.93 y ss; Borda, Familia, t. I, p. 437 y ss.; Belluscio, Derecho de familia, t. III, p.298 y ss; Spota, Tratado de Derecho Civil, vol. 12, p.732 y ss). Para ello, resulta necesario la concurrencia de dos factores: el hecho físico y el elemento intencional.
En cuanto al primero, que constituye la situación objetiva, implica necesariamente que los cónyuges interrumpan la cohabitación y se alberguen en lugares diferentes. Lo que resta cotejar es si, además, concurre el elemento intencional, lo cual dependerá de si media o no una causa justificada para el cese de la convivencia (Azpiri, Jorge, Derecho de Familia, pág. 250/251).
Pues, el esposo que abandona el hogar conyugal es quien tiene a su cargo demostrar las causas legítimas y valederas del alejamiento y así desvirtuar la presunción de voluntariedad y malicia que pesa sobre su acción.
En principio, resulta voluntario y malicioso el abandono del hogar conyugal en que incurrió el esposo (art. 202, inc. 5, Cód. Civil), si no se aportó ninguna prueba que acredite la existencia de causas graves que tornaban imposible la convivencia (CNCiv, sala L, 16/2/2006, M., D. H. c. M., M. S., LL, 2006-D, 398, 2006-E, 491). Esta situación es precisamente lo acontecido en autos; me refiero a la prueba de la justificación del abandono acreditada en autos por la accionada.
Las angustias, miedos, vergüenza, y falta de fuerza para afrontar una situación de vejación, claramente aludidas por las especialistas psicólogas que trataron a la demandada, son una prueba irrefutable que la permanencia en el hogar por parte de F podía tornarse peligrosa para su integridad tanto física como psíquica.
De este modo, su alejamiento si bien fue voluntario, se debió a la culpa del actor, quien con su accionar la llevó a que tuviera que abandonar el domicilio conyugal (conf. Borda, Tratado, Familia, T I, n°505-a; Fanzolato en Highton-Bueres, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, 2003, T 1B, comentario art.202 inc.5, pág.141).
Lo referido, justifica plenamente el “abandono” del hogar por F , como una forma de preservar su integridad psicofísica (conf. art.199 C.Civil), y no puede decirse que el mismo fue malicioso (conf. art.202 inc.5 C.Civil; esta sala expte. 5440/2003, L.509.476, in re "K., S. J. c/ S., A. s/ Divorcio Ordinario", del 28/09/2009, en elDial - AA596C).
Las razones expuestas, hacen que daba rechazarse este agravio, y por ende, la causal invocada por el accionante se encuentre bien rechazada por la aquo.
VII-Costas.
Las costas de segunda instancia se imponen al actor perdidoso, por el principio objetivo de la derrota (conf.art.68 CPCC).
VIII-Colofón.
Por los argumentos que preceden, propongo al Acuerdo de Sala de mis distinguidos colegas: I-Confirmar la sentencia de grado, con costas (art.68 CPCC).
Los Dres. Mayo y Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.
FDO. Jorge A. Mayo, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.

///nos Aires, de abril de 2012.
Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I-Confirmar la sentencia de grado, con costas (art.68 CPCC).
II- Por su actuación ante esta Alzada que culminara con el dictado de la presente, regúlanse los honorarios de la Dra. Adriana Hebe Verdi, patrocinante de la demandada en la suma de $ 3.000 y los de la Dra. Edith Cristina Segovia, patrocinante del actor, en la de $ 2.550 (art. 14 del Arancel).-
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. .
FDO. Jorge A. Mayo, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.-

Podrán las mascotas viajar en transporte público?

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 13 Jun 2012 19:21:00 +0000

La diputada María José Lubertino organizó una mesa de trabajo con el objetivo de presentar el proyecto de ley “Animales domésticos bienvenidos en transporte público y locales gastronómicos”.

“Leímos legislaciones de distintas partes del mundo, no es algo delirante, ni exótico y no estamos planteando nada nuevo. En los ferrocarriles y cercanías de la mayoría de las ciudades españolas como Madrid, Zaragoza y Barcelona se puede posible viajar con perros en fin de semana, siempre que vayan atados y con bozal. También desde hace tiempo en países como Bélgica, Francia, Suiza, Finlandia o los animales de compañía son admitidos en hoteles, iglesias, subtes, tiendas y restaurantes”, señaló Lubertino al iniciar su exposición.

Al referirse a la situación actual de nuestro país, Lubertino recalcó que “no hay demasiados datos estadísticos, los censos no preguntan si hay mascotas en las casas, pero encontramos una encuesta actualizada de una consultora nacional Millward Brown (que fue publicada en el diario Perfil el año pasado). La misma señala que Argentina es el país con más animales de compañía en Latinoamérica, hay 9 millones de hogares que tienen perros y 3 millones tienen gatos. La encuentra fue realizada a personas de 18 a 65 años que viven en Gran Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, determinando que el 78 por ciento de los encuestados tiene animales de compañía, de este 78 por ciento, 63 por ciento tiene perros y el 26 por ciento tiene gatos. Dentro del primer porcentaje el 70 por ciento de los perros y 46 por ciento de los gatos viven dentro del hogar. El 30 por ciento de los encuestados definió a sus perros o gatos como parte de la familia y el 15 por ciento los definió como sus hijos/as, razón por la cual deducimos que reciben los cuidados de salud y pulcritud acordes a los de cualquier miembro del hogar”.

Lubertino señaló la importancia de lograr una ciudad amigable “para las personas con perros y gatos sin importar su universo económico. Nosotros entendemos que es necesario que exista una oportunidad para que en el transporte público (sea en el subte o en los colectivos) haya posibilidades de subir con un perro o un gato. Esto tiene que ser una construcción colectiva, no tiene que ser imposición para nadie. Estamos tomando el mecanismo donde el comercio, el restaurant, el lugar que presta un servicio público puede decidir si ser amigable o no y el Estado promueve que haya estos lugares a través de la difusión de una guía lugares "amigables" para perros y gatos. Lo mismo para el caso de los taxis y los remises”.

Estuvieron presentes el diputado Adrián Camps (Proyecto Sur) que junto a la diputada María Rachid (FpV) acompañan el proyecto. Además, Leonardo Anselmi (presidente de la Asociación Animalista Libera) colaboró en la redacción del mismo. Expusieron en la mesa Javier Puelles (de la Sociedad Protectora de Animales Sarmiento); María Antúnez (de la Agencia de Protección Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires -APRA-); Lucia Sabate (de la Legión Proteccionista Zoe); Marcelo Rainieri (de Soy Pet Fiendly); representantes de la Fundación Crecimiento Madryn y de la Fundación Bayh. Enviaron su adhesión el Grupo Proteccionista Catalinas Sur y el Centro Michimiau, entre otros.

Para concluir, la diputada Lubertino invitó a un "Abrazo Gatoperruno a la Legislatura" que se llevará a cabo el día jueves 5 de julio a las 15 hrs con el objetivo de convocar a miembros de la sociedad y sus mascotas para efectivizar el pedido de una ciudad que contemple también los derechos de los animales de compañia. "Tenemos la seguridad de que si los/as niños nos dijeran lo que tenemos que hacer, este proyecto de Ley estaría aprobado porque no me cabe duda de que todos/as los/as niños/as adoran a los animales y que cuando vamos poniéndonos un poco mas mayores la gente se vuelve mas intolerante en la diversidad. Así que espero que podamos aprobar este proyecto como si en esta Ciudad fuéramos todos niños/as que queremos vivir en una Ciudad más humana y más igualitaria".

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Depósitos Judiciales: solo en el Banco Nación?

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 12 Jun 2012 17:09:00 +0000

La norma, impulsada por la diputada nacional Diana Conti, modifica el artículo 2 de la ley 20.785, estableciendo que “en cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán, como pertenecientes a aquella, en el Banco de la Nación Argentina, sin perjuicio de disponerse, en cualquier estado de la causa, la entrega o transferencia de dichos bienes si procediere”.

Asimismo se dispone que “los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argentina. También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado Nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”.

El proyecto ya despertó críticas en la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto impide que el Banco Ciudad retenga a partir de ahora esos dineros. En efecto, el artículo 5 del proyecto señala puntualmente: “El Banco de la Ciudad de Buenos Aires transferirá al Banco de la Nación Argentina las cuentas correspondientes a todos los depósitos judiciales comprendidos en los artículos anteriores”.

La iniciativa recuerda que en el año 1965 y con el fin de sostener y favorecer la actividad crediticia del entonces Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 16.869 dispuso que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal, a excepción de los civiles, se efectuarán en esa entidad. “Sin analizar las razones políticas que inspiraron tal norma, en la actualidad ellas no resultan vigentes y además, no resultan adecuadas al orden jurídico–constitucional que nos rige, así como tampoco lo estuvieron en aquella oportunidad”, puntualiza el proyecto de Diana Conti.

Recuerda la iniciativa que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha instituido su propio Poder Judicial y a él se le han ido transfiriendo algunas competencias pero no fueros o tribunales. “En fin, los límites territoriales de la justicia Nacional, al igual que el de los diferentes tribunales federales, no le dan en ningún caso carácter local”, remarca la iniciativa, que establece por lo tanto que “los fondos de los depósitos judiciales que a ella correspondan deben incrementar los depósitos de un banco nacional a fin que sean aplicados a proyectos de orden federal”.

“Se trata, en general, de depósitos de largo plazo y bajo costo; es decir, con ventajas competitivas ideales para financiar proyectos sociales, o estructurales de alcance federal, tal como impone el principio federalista que conforma nuestro sistema político-constitucional”, recuerda el proyecto.

Otras propuestas

En una contraofensiva al proyecto de Diana Conti (FpV), los diputados del Frente Amplio Progresista Claudio Lozano, Liliana Parada y Victoria Donda presentaron una iniciativa de ley para mantener en el Banco Ciudad los depósitos judiciales de la Justicia Nacional Ordinaria con asiento en este distrito, y para que a su vez el Banco Nación trasfiera las cuentas que correspondan a la entidad porteña.

Lozano explicó que “el retiro de los fondos del Banco Ciudad sería ir en contra de la Constitución” porteña, y que “los trabajadores son rehenes de una disputa entre dos gobiernos”. “Esto no es distinto a la discusión sobre el subte, la basura o el nuevo ente metropolitano”, advirtió el diputado.

Asimismo, consideró “un disparate” e “impracticable” el proyecto de Conti, aunque aclaró que “esto no es para defender la gestión actual del Banco Ciudad”. Además, alertó que “no se está teniendo en cuenta la autarquía del Poder Judicial”.

En la misma línea, Parada consideró que los Gobiernos nacional y porteño “utilizan el tema de la autonomía según sus intereses” y que “detrás de esta disputa están los trabajadores de la Ciudad”. “El proyecto del Frente para la Victoria retrocede la situación”, dijo.

Donda se sumó al reclamo por la autonomía porteña y consideró que “lo que busca el Gobierno (nacional) es una política del vaciamiento del Banco”. También acompañó la conferencia de prensa la diputada Graciela Ocaña (Udeso).

Por su parte, los integrantes de la Junta Interna de Delegados Adolfo Ierasi y José Peralta anunciaron que preparan para este martes un paro de 24 horas en todas las casas del Banco Ciudad, y que unos 3200 trabajadores se movilizarán a partir de las 14 en defensa de las fuentes de trabajo y de la soberanía porteña.

Por último, Lozano informó sobre una carta enviada al titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y al presidente de la Comisión de Justicia, Jorge Yoma (FpV), advirtiendo que la iniciativa debe ser girada a la Comisión Bicameral Ciudad de Buenos Aires, que “ni siquiera está constituida”, ya que de lo contrario su tratamiento sería “ilegal”.

El presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, asistirá este martes a las 14 a la Comisión de Justicia para brindar su opinión sobre el tema, teniendo en cuenta las críticas que despertó el proyecto de Conti por cuanto impide que el Banco Ciudad retenga este dinero.

El proyecto opositor, que también lleva las firmas de los diputados Victor De Gennaro, Graciela Iturraspe (Unidad Popular); Margarita Stolbizer, Gerardo Milman, Omar Duclós (Gen) y Elida Rasino (Partido Socialista), remarca la autonomía legislativa, judicial y administrativa de la que goza la Ciudad desde la reforma constitucional de 1994, y explica que en este proceso de transferencia judicial en marcha, sólo algunas competencias penales son las que se encuentran bajo la órbita del Poder Judicial de la Ciudad.

La reacción del Banco Ciudad

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que encabeza el riojano Jorge Yoma (FpV), recibirá este martes a las 14 la visita del presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, quien brindará su opinión respecto del proyecto presentado semanas atrás que establece que a partir de su sanción los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales y Federales se efectúen en el Banco de la Nación Argentina.

A todo esto, trabajadores de la entidad bancaria efectuaron un paro de 24 horas y una movilización hacia el Congreso en rechazo del proyecto y “en defensa de las fuentes de trabajo y de la soberanía porteña”.

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Buscan triplicar las indemnizaciones por despido

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 07 Jun 2012 20:34:00 +0000

En la actualidad, las normas laborales permiten endurecer las indemnizaciones que fija la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) cuando las compañías no registran a sus empleados, o lo hacen de manera deficiente.

Tal es el caso de la Ley 25.323, que establece que el resarcimiento se deberá incrementar al doble en estos casos e, incluso, fija una suba del 50% cuando el dependiente inicia juicio para cobrar sus acreencias.

No obstante, algunos diputados consideran que la normativa debería ser aun más dura con quienes no se ajusten a ella.

En este contexto, la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se apresta a emitir dictamen sobre un proyecto que, de convertirse en ley, significará un duro castigo para las compañías y prenderá luces de alerta en muchas de ellas.

Ocurre que la iniciativa también considera que, a estos fines, no sólo deben contemplarse a losdependientes amparados por la LCT sino, también, a aquellos tutelados por las leyes especiales, como viajantes de comercio, encargados de edificio, trabajadores rurales, amas de casa y periodistas, entre otros.

De este modo, se busca alcanzar al mayor universo de gente posible.

No sólo eso: la iniciativa va más allá porque propone que las empresas abonen unresarcimiento equivalente al de un despido sin causa, en caso de empleo en "negro" o con registración deficiente.

Como si fuera poco, elimina el tope existente, por lo que el pago resultaría adicional a las indemnizaciones que pudieran derivarse de la quiebra del empleador o por casos de fuerza mayor, entre otros.

Las consecuencias que traería la aprobación de esta iniciativa ya preocupan a los empresarios que están al tanto del tratamiento del proyecto.

En tanto, los expertos en cuestiones laborales consultados advirtieron que su visto traerá un alto impacto financiero para los empleadores, estimulará aún más lalitigiosidad y se agudizará la inseguridad jurídica.

Otro aspecto clave de la reforma propuesta es que actualmente -de acuerdo con la Ley 25.323- laindemnización por antigüedad en despidos sin causa se incrementa hasta 50%, si es que el empleado debe iniciar un juicio para cobrarla. A tal efecto -de convertirse en ley la modificación propuesta- este número se elevará al considerarse conceptos tales como salarios adeudados, vacaciones y aguinaldos proporcionales, a los fines del cálculo.

Propuesta polémica
En concreto, la comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja, analizará la iniciativa que sustituye los artículos 1 y 2 de la Ley 25.323 que fuera presentada por Héctor Recalde, con el acompañamiento de Facundo Moyano, Juan Pais y Roberto Robledo.

Una vez que se firme el dictamen -que se presume será de rápido tratamiento ya que el presidente de la comisión es el propio Recalde- estará en condiciones de ser debatida en el recinto.

El primero de los artículos del proyecto propone sustituir el artículo 1 de la ley mencionada por el siguiente texto:

En tanto, el otro artículo busca sustituir el artículo 2 de la ley 25.323, por el siguiente texto:

Los cambios, en la práctica

A modo de ejemplo, los especialistas consultados por este medio señalaron que en el caso de una relación de trabajo que cesa por incapacidad laboral total -derivada de una enfermedad no imputable al empleador- la normativa vigente estipula que se debe pagar una indemnización igual a la contemplada en el artículo 245 de la LCT (resarcimiento por despido sin causa).

En cambio, de aprobarse el proyecto alentado por Recalde, el empleado tendría derecho a cobrar el triple de dicho resarcimiento.

Es decir, que se aumentará:
Una vez por la remisión al artículo 245 de la LCT que trata sobre la indemnización por antigüedad.

Otra, por la aplicación del primer párrafo del artículo 1 de la Ley 25.323, que duplica el monto del mencionado artículo 245 por omisión o mala registración y protege a quienes estén contemplados por la LCT.
Y un tercer incremento, si el contrato no se hubiera extinguido por renuncia o por la voluntad de las partes, derivado de la reforma propuesta.

Por otra parte, para el cálculo de ese resarcimiento no se tendrá en cuenta el tope indemnizatorio -el triple del salario promedio de convenio colectivo de trabajo- que contempla el artículo 245.

Esto implica que se debería pagar una multa -ya de por sí elevada- y a la cual no se le puede aplicar el máximo establecido por la LCT, ni por la postura adoptada por la Corte Suprema en el caso Vizzoti.

Repercusiones
Los impulsores del proyecto sostienen que siempre que culmina una relación de dependencia no registrada, el dependiente se ve privado del resarcimiento correspondiente, por su falta de registración.

En este sentido, Recalde considera que la multa prevista en la normativa vigente debe ampliarse en los casos en los que el empleador omite el pago de los rubros de cancelación obligatoria, tales como los salarios adeudados, vacaciones y aguinaldos proporcionales, así como las indemnizaciones por fuerza mayor o por disminución de trabajo.

Al respecto, Juan Carlos Cerutti, socio de Cerutti - Darago & Asociados señaló que un aspecto clave, que va más allá del mayor monto por resarcimiento para todos los asalariados, está vinculado con la ampliación del universo de influencia.

En este sentido señaló: "De convertirse en ley, será aplicable a todas aquellas relaciones de empleo regidas por estatutos especiales, como ser amas de casa, trabajadores rurales, encargados de edificios y viajantes de comercio".

Consultado, Héctor Alejandro García, socio de García, Pérez Boiani & Asociados, señaló que "tendrá un altísimo impacto indemnizatorio para los empleadores,estimulando aún más la litigiosidad y desalentando la empleabilidad".

En tanto, Glauco Marques, socio de Adrogué, Marques, Zabala & Asociados, consideró que "la norma vigente presenta algunos puntos que, de haber sido legislados con la técnica correcta, no se hubieran desnaturalizado, por haberse evitado una redacción ambigua".

Concretamente, el especialista resaltó que, pese a la modificación propuesta, "se continúa castigando y juzgando con la misma vara a aquél que no registró la relación así como a los empleadores que entendían que no correspondía el pago de algún rubro de dudosa aplicación".

Otro problema que consideraron los expertos consultados es el de la mayor inseguridad jurídica que genera.

Para el socio del estudio Adrogué, Marques, Zabala & Asociados, esto se debe a que "se seguirá dejando en manos del juez el criterio sobre si el motivo pudo o no ser justificado".

"Si se respeta la redacción del proyecto, se podría aplicar en cualquier momento de la relación laboral ante el pago de, por ejemplo, un salario mal liquidado", concluyó Marques.

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Trabajó un mes y la indemnizan con 12 sueldos

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 22 May 2012 17:08:00 +0000

En materia laboral, el período de prueba le sirve a las compañías para evaluar a sus empleados durante los tres primeros meses de la relación y analizar si son competentes o no para ocupar el puesto para el que fueron seleccionados.
Incluso, la firma cuenta con la ventaja de no indemnizar al dependiente si decide desvincularlo durante dicho plazo.

Sin embargo, para tener esta posibilidad, el empleador deberá cumplir con una serie de formalidades, tales como registrar al empleado y pagar las contribuciones a la Seguridad Social. Caso contrario, se entenderá que la firma renunció al período de prueba.

Es decir que, si decide contratar a un trabajador sin cumplir con estas formalidades, puede perder los beneficios que le otorga el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en conformidad con lo dispuesto por el texto de la Ley 25.877.

En caso de ser condenadas, las empresas no sólo se verán en la obligación de pagar las indemnizaciones correspondientes al despido sin causa, sino que también deberán soportar diversas multas, que le provocarán un incremento en el monto del resarcimiento.

Una situación como esta se dio a conocer hace pocos días. La Justicia laboral consideró el reclamo de una empleada que se consideró despedida en período de prueba, luego de que su empleado no registrara el vínculo.

La dependiente cobraba cerca de $2.000 por mes pero, por los incumplimientos de la compañía, terminó percibiendo más de $24.000 por solo un mes de trabajo.

Falta de registración y despido
La empleada había ingresado a trabajar a principios de mes y, ante el incumplimiento de la empresa en registrarla, se consideró despedida habiendo transcurrido los 30 días.

Al poco tiempo, se presentó en la Justicia para reclamar las indemnizaciones correspondientes al despido sin causa. Consideraba que no estaba operativa la norma que contempla el período de prueba porque nunca la habían inscripto.

Además de dicho resarcimiento, solicitó que se le abonen las multas por la ausencia de registración y por la falta de entrega de los certificados laborales.

El juez de primera instancia rechazó el pedido, por lo que la asalariada apeló la sentencia. Reafirmó que, a pesar de que trabajó menos de tres meses, correspondía que se haga lugar a su reclamo.

Finalmente, los magistrados de la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones avalaron a la dependiente. Para ello, tuvieron en cuenta que la empresa nunca ofreció pruebas.

"Dada la realidad de un inmenso mercado de trabajo informal y la exigüidad de los puestos de trabajo ofrecidos, es normal que los trabajadores toleren, con tal de no perder la fuente de trabajo, situaciones irregulares", explicaron los jueces.

Así, para los magistrados, fue verosímil que la empleada haya aceptado esta situación por un tiempo, hasta efectivizar el reclamo por la irregularidad registral.

Por otro lado, recordaron que el artículo 92 bis inciso 3 de la LCT, establece que "el empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el período de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho período".

En base a la falta de respuesta de la empresa, los camaristas destacaron que se debía tener por cierto que la dependiente no estaba registrada y, por lo tanto, que la firma había renunciado al período de prueba.

Asimismo, pese a existir un fallo plenario ("Sawady, Manfredo c/ SADAIC") que establece lo contrario, los jueces entendieron que éste no debía aplicarse ya que "el artículo 303 del CPCCN - que consagra la obligatoriedad de los fallos plenarios- resulta inconstitucional, porque viola la independencia judicial".

En consecuencia, como la empleada se consideró despedida porque no le abonaron la indemnización del mes y porque no se aclaró su situación laboral -falta de registro-, los magistrados consideraron que correspondía que se le pague el resarcimiento por antigüedad previsto en el artículo 245 de la LCT.

De este modo, aceptando el salario de $ 1.900, afirmaron que le corresponderá percibir por ese concepto una suma similar.

Asimismo, señalaron que resultaba procedente la compensación contemplada en el artículo 80 pues la dependiente había reclamado el certificado de aportes y servicios, sin obtener una respuesta de la firma.

"La entrega (...) en oportunidad de la extinción de la relación laboral, es una obligación de la empleadora, que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación", se lee en la sentencia.

"No hay razones para considerar que el cumplimiento de esta obligación dependa de que el trabajador concurra a la sede de la empresa a retirar los certificados, sino que corresponde entender que, en caso de que así no ocurra, el empleador debe, previa intimación, consignar judicialmente los certificados laborales", agregaron.

De esta manera, la multa por la falta de entrega de los mismos se fijó en $5.700 y, en consecuencia, el monto final de la condena se fijó en $24.250 más intereses.

Peligro para las empresas
"Dentro del riesgo empresario que importa la contratación de un empleado sin la debida registración laboral, se encuentra la pérdida directa al amparo de los beneficios que otorga el período de prueba", explicó Juan Manuel Minghini, socio del estudio Minghini, Alegría & Asociados.

De esta manera, quién no registra la relación no puede valerse de este beneficio, ya que ello implicaría avalar una conducta contraria al espíritu y finalidad que tiene la norma prevista en el artículo 92 bis de la LCT.

"La falta de registración no sólo implica la inexistencia del plazo de tres meses de preaviso, sin pago de indemnización, sino la aplicación de multas y sanciones que agravan considerablemente la contingencia laboral", remarcó.

Para Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados, este fallo da cuenta de ciertos excesos que el derecho judicial exhibe en estos tiempos.

En dicho sentido, cuestionó que "a una rebeldía procesal se le de una significacion tal que violente las previsiones de un Plenario de la propia Cámara que no admite el pago de indemnización por despido cuando una relación de empleo no llega a los 3 meses".

"En este fallo se termina por plantear la inconstitucionalidad del procedimiento para la unificación de jurisprudencia, lo cual resulta cuanto menos inquietante en términos de seguridad jurídica", agregó.

En el mismo sentido se expresó Pablo Mastromarino, socio del estudio Tanoira & Cassagne, al expresar que "el aspecto más importante del fallo es que la sala III declara la inconstitucionalidad del artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que consagra la obligatoriedad de los fallos plenarios, tanto para los propios jueces de cámara como para los de primera instancia".

"Si bien en el caso, la declaración de inconstitucionalidad trajo como consecuencia que no se aplicara la doctrina plenaria fijada en el Plenario "Sawady", ello puede constituir un precedente que, de repetirse, podría traer aparejado la declaración de inconstitucionalidad de otros fallos plenarios que han sido cuestionados en los últimos años", agregó.

Para el abogado de Tanoira & Cassagne, el análisis sobre la constitucionalidad del mencionado artículo debe ser abordado con extrema cautela y rigurosidad, ya que el hecho que determinados fallos plenarios puedan verse desvirtuados sin otro fallo de igual naturaleza ni jerarquía, podría terminar atentando contra la propia seguridad jurídica.

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