Imagen de un Tor-M1 como los comprados por Irán. (Foto: AFP)

Hace ya algún tiempo, exacatamente en enero del 2.007, colgué este artículo en el blog en el que empecé mi andadura en esto de los blogs. Hoy, pasado el tiempo he acabado por hartarme de leer mensajes que solo son puro spam ya que el blog vive momentos muy bajos, abandonado por unos y otros debido a la deriva independentista y anti española que surgió hace algún tiempo.

Por lo tanto he decidido poner fin a la permanencia de este artículo en aquel lugar y ,aunque tiene tiempo, no ha perdido su valor dados los movimientos pseudo bélicos de la zona, la situación sigue muy caliente entre Israel, Irán y los paises de su órbita y Estados Unidos como garante de la presencia de Israel en la zona.

El artículo era de la publicación IAR Noticias que también pasa por muchos altibajos y es que la prensa independiente también tiene sus altibajos en este mundo globalizado.

Rusia vendió a Teherán 29 sistemas de defensa antiaérea: El poder militar islámico.

El final del año 2007 se destacó por una escalada de cruces agresivos entre Irán y el eje Washignton-Tel Aviv-Europa, a partir principalmente de la conferencia sobre el Holocausto realizada en Teherán y el “lapsus” de Olmert admitiendo que Israel es una potencia nuclear.Los movimientos y las “señales” -registradas por la prensa norteamericana- son indicativos de que el eje sionista Washington-Israel-Unión Europea se aprestan a dar un “desenlace militar” al dilatado conflicto con Irán, una pieza central en el tablero del Medio Oriente.

Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU votaba las sanciones contra Irán a fin de año, EEUU se disponía a enviar más barcos de guerra y aviones de combate destinados a reforzar su flota en el golfo Pérsico, según informó el jueves 21 de diciembre el diario The New York Times, citando fuentes del Pentágono.

De esta manera, el New York Times se hacía eco de las versiones lanzadas a partir del lunes en las cadenas informativas estadounidenses, que coincidían con la estimación de una escalada militar en Medio Oriente y en Asia en el 2007, donde Corea del Norte ya advirtió a EEUU -tras el fracaso de las negociaciones en Pekín- que lanzará nuevos ensayos y reforzará su capacidad de ataque nuclear.

Dando nueva  “señales” de la guerra, el nuevo jefe del Pentágono, Robert Gates, según el Times, está por aprobar el envío de un segundo portaaviones con su correspondiente grupo de combate, que podría llegar a la zona a principios de año, señala el influyente diario neoyorquino.
Por otra parte, el  sucesor de Rumsfeld en el Pentágono, ya anunció que va a solicitar a Bush un incremento  de 90.000 soldados más para las fuerzas armadas estadounidenses.
En este escenario de marcada confrontación,  Rusia anunció este martes que ha suministrado a Irán 29 sistemas de defensa antiaérea Tor en virtud del contrato suscrito por ambos países a finales de 2005, pese a la férrea oposición de Israel y de Estados Unidos.
“Hemos entregado a Irán los complejos de defensa antiaérea de alcance medio Tor M-1″, aseguró el viceprimer ministro ruso y titular de Defensa, Serguéi Ivanov, citado por las agencias rusas. Ivanov subrayó que Irán “no se encuentra bajo sanciones internacionales”, que le impidan importar armamento defensivo.
“Desarrollamos nuestra cooperación con Irán respetando las normas internacionales y si Teherán nos plantea la necesidad de comprar armamento militar, estaremos abiertos a dicha cooperación”, dijo el titular de Defensa ruso.
Cada sistema Tor está dotado de ocho cohetes tierra-aire con un alcance de entre 1,5 y 12 kilómetros de distancia y de entre 10 metros y 6 kilómetros de altura. Los Tor-M1 son los “únicos en el mundo” que son capaces de detectar, identificar y seguir hasta 48 blancos simultáneamente, además de abatir, al mismo tiempo, dos objetos en el aire que vuelen a alturas de entre 20 a 6.000 metros.
Irán tiene intención de utilizar estos sistemas para defender infraestructuras vitales como las centrales nucleares de Isfahán, Teherán y Bushehr, que es construida a orillas del Golfo Pérsico con ayuda de ingenieros rusos. Militares iraníes concluyeron a finales de diciembre en Rusia el curso de preparación para el empleo y mantenimiento de los sistemas antiaéreos de alcance medio.
De esta forma, según los expertos rusos, ahora Irán podrá hacer frente a una posible invasión o ataque aéreo israelí con cazas de la clase Stealth, helicópteros, misiles de crucero y bombarderos. Irán teme correr la misma suerte que Irak, cuya central de Osirak, a unos 30 kilómetros al sur de Bagdad, fue destruida por los bombardeos de la aviación israelí.
La semana pasada, en declaraciones a la agencia Interfax, el ex-comandante de la flota rusa del Mar Negro, el Almirante Eduard Baltin, señaló que los submarinos nucleares de EEUU que mantienen vigilia cerca de la costa de Irán indica que los planes militares del Pentágono no solamente incluye el control sobre la navegación en el Golfo Pérsico, si no también incluye ataques contra blancos iraníes”.
“La presencia de los submarinos nucleares en la región del Golfo Pérsico significa que el Pentágono no ha abandonado los planes de atacar sorpresivamente blancos nucleares en Irán. Con este propósito, un grupo de submarinos multiuso están situados en el área listos para cumplir la misión” afirmó el Almirante Baltin.
Israel ha calificado la venta de los sistemas de defensa antiaéreos como “una puñalada en la espalda”, mientras EEUU asegura que los Tor contribuirán a la inestabilidad en Oriente Medio. No obstante, Ivanov mantiene que los cohetes no alterarán la correlación de fuerzas en la región, pues los Tor son “estrictamente defensivos y no pueden ser utilizados para lanzar misiles de superficie”.
Según otro contrato firmado con Teherán, Rusia se comprometió a modernizar los aparatos de la Fuerza Aérea iraní, que está dotada de 35 cazas rusos Mig-29, 24 cazas-bombarderos Su-24 y más de 30 helicópteros de combate o transporte Mi-8.

EEUU cuenta ya en la zona con el portaaviones Eisenhower, que está escoltado por varios buques de ataque y un submarino, según The New York Times.
Estos navíos suelen transportar hasta 80 cazabombarderos y también son utilizados para operaciones que no son de combate.

Al portaaviones Eisenhower, que estará en la zona hasta mayo, se le sumaría previsiblemente el Stennis, que podría salir hacia la región en enero, según el Times. Según el diario neoyorquino, al doblar el número de portaaviones, los comandantes dispondrán de la capacidad necesaria para mantener un grupo de ataque cerca de Irán y otro fuera del golfo Pérsico para hacer patrullas en Afganistán.
“Actualmente existe un grupo de cuatro submarinos en el área del Golfo Pérsico. Hasta el momento, ellos controlan la navegación en el Golfo, el Golfo de Omán y el Mar de Arabia”, expresó. Ellos pueden recibir órdenes diferentes en el cercano futuro: bloquear el Golfo de Omán, que es la costa iraní, y si es necesario, atacar con misíles a blancos terrestres en Irán”, señaló a la agencia Interfax el almirante  Baltin.

Mensaje en el vientre de una manifestante a favor del derecho al aborto, por Santi Burgos.

El debate del aborto echa chispas mucho antes de tener siquiera un anteproyecto de reforma legal que debatir. Porque anuncios ha habido muchos esta legislatura, más o menos confusos, pero la hora de presentar una propuesta concreta se dilata desde el principio de la legislatura, cuando Gallardón sorprendió dando prioridad a la reforma.

Los clichés no funcionan siempre en este asunto, en el que se enfrentan lo ideal y lo razonable, visiones distintas de cuándo comienza lo humano y hasta dónde llega la libertad de la mujer, un peso histórico de la tradición religiosa frente al ejemplo de tolerancia legal en la mayoría de países avanzados. Muchos ingredientes para el simplismo, zonas grises, sensibilidades heridas. Personas que lo tienen muy claro no se han visto en el dramático dilema. Hay quien no aprueba el aborto, pero tampoco que se encarcele a quien llega a esa situación. No puede ser simple la solución a un problema complejo.

No es fácil debatir sobre el aborto tampoco dentro del PP. Buena parte de la derecha, la más laica, se echa las manos a la cabeza pensando en las consecuencias del plan de Gallardón para volver al aborto bajo prescripción médica rigurosa y sin aceptar como causa una malformación, por severa que sea. La idea de volver a ver a mujeres citadas al cuartelillo o sentadas en el banquillo chirría a muchos militantes y simpatizantes; también que se reabra el puente aéreo a Londres. Son muchos quienes no entienden que se abra ese frente, que no parece una prioridad de la ciudadanía, justo ahora, en un momento de emergencia económica y con demasiados conflictos abiertos.

Los dos portavoces parlamentarios del PP, Alonso y Hernando, se han desmarcado abiertamente del plan de Gallardón; Cospedal evita apoyarlo; Rajoy y Santamaría no se mojan o son ambiguos. Luego aparece Fernández Díaz soltando eso de que “el aborto y ETA tienen algo que ver, pero no demasiado“. Faltaba la diputada Beatriz Escudero, que tuiteó lo de que hoy se defiende más “a los cefalópodos y mamíferos porque sufren” que a los no nacidos. La parlamentaria que fue apercibida por el partido no fue ella, sino Celia Villalobos, multada por ausentarse del Congreso para no votar una moción del PSOE contra la reforma de Gallardón.

Tampoco es que la izquierda vea este asunto de una única manera. Fue el PSOE quienreguló el aborto en España las dos veces que se ha hecho: la despenalización en 1985, con Felipe González en La Moncloa, de tres supuestos: riesgo para la madre, malformación o violación. Los intentos de introducir el cuarto supuesto (el del “conflicto personal”) no cuajaron en 1995 porque acabó la legislatura sin su aprobación definitiva, pero Zapatero completó en 2010 el cambio de modelo e introdujo una ley de plazos. Con ella, el aborto es libre durante las primeras 14 semanas, condicionado a supuestos hasta la 22 y restringido tras ese plazo a casos muy excepcionales (como un feto sin cerebro, condenado a morir al nacer) que evalúa un tribunal médico. Desagradó a algunos sectores socialistas la insistencia en definir el aborto como un derecho (la ley se refería en realidad al “derecho a elegir la maternidad“), porque prefieren verlo como un mal menor. Algunos (pocos) objetaron que las menores puedan decidir sin sus padres. Pero con el modelo de plazos en sí no hubo gran debate, porque se entendió que es el dominante en Europa. El más claro y transparente.

Máscaras a lo Hannibal Lecter en una protesta antiabortista en Sevilla, por Alejandro Ruesga.

Enredado el debate del aborto en las contradicciones entre quienes se supone decidirán la reforma, y con la izquierda y las organizaciones de mujeres dispuestas a dar la batalla, convendría al menos saber de qué estamos hablando. Con ese fin pretendo aquí aclarar algunas confusiones.

1. Una ley más restrictiva evitaría miles de abortos. Falso. Ese titular apareció en un diario nacional pero no se sostiene. Una ley que impida abortar legalmente reduciría, obviamente, el número de abortos legales, pero aumentaría los clandestinos o en el extranjero. Un estudio de la OMS publicado en la respetada revista médica The Lancet en 2012 confirmaba que la tasa de abortos no es inferior, más bien al contrario, en los países que lo prohíben. Los abortos se practican allí en la clandestinidad con grandes riesgos sanitarios para la mujer. Pero se practican.

2. Una ley de plazos es más permisiva que la de supuestos. Según como se mire. Es más permisiva en el sentido de que no obliga a la mujer a dar una justificación (la más socorrida era el riesgo psicológico) en abortos en el primer trimestre de gestación. Pero la ley de 2010 es mucho más restrictiva para practicar abortos en embarazos avanzados, al introducir el criterio de la viabilidad fetal. Esto implica que incluso en caso de riesgo grave para la madre, un feto de más de 22 semanas no puede ser eliminado si hay posibilidad de sacarlo adelante (porque la medicina ha mejorado mucho la supervivencia de los neonatos prematuros). Sin embargo, con la ley anterior podía alegarse riesgo psicológico en cualquier momento del embarazo, porque la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985que tanto invoca Gallardón eliminó los límites temporales al aborto por peligro para la madre. Si a usted no le parece lo mismo un aborto el primer mes de gestación que en el octavo, puede considerar la ley de plazos más garantista para el no nacido. Otro ejemplo: el Reino Unido tiene una ley de supuestos tan amplia que en la práctica es de plazos. Durante décadas ese país ha recibido a mujeres llegadas de otros países para acogerse a ella. Francia, Alemania o Italia tienen leyes de plazos.

3. La reforma de Gallardón pretende volver al modelo de 1985. Incierto. El ministro ha hecho saber que no se considerará la malformación del feto como causa de aborto, lo que acaba con uno de los tres supuestos de esa norma. Además se plantea que cada aborto por riesgo para la madre sea acreditado por dos médicos ajenos al centro que practica el aborto, cuando con la ley de Felipe González era un único profesional, normalmente el de la clínica, el que certificaba el riesgo. Lo del riesgo psicológico era un coladero, sí. Todo el mundo lo sabía. Aznar no lo modificó en ocho años de Gobierno. ¿Cómo discutir que enfrentarse a una maternidad indeseada implica un problema psicológico?

4. La ley de 1985 funcionaba bien. Dudoso. Funcionaba en el sentido de que hacía posible, gracias al coladero citado, que se practicaran los abortos por el cauce legal. El detonante de la reforma de 2010 fue la constatación de que la norma anterior no resolvía la inseguridad jurídica, como se demostró cuando una unidad de la la Guardia Civil citó a declarar a decenas de mujeres que habían abortado en la clínica Isadora, en un caso que el juez archivó tachándolo de montaje. Por otro lado, un reportaje de una televisión danesadesveló que una clínica de Barcelona atraía a personas de toda Europa para abortar fuera del límite de 22 semanas. Este caso sí llegó a juicio pero los delitos no pudieron probarse yacabó en absolución. En todo caso influyó en la decisión de fijar plazos más estrictos.

5. Son las personas más incultas las que abortan. Lo dijo Escudero de forma rotunda y nada elegante, pero ningún dato lo constata. Las estadísticas del Ministerio de Sanidadindican que abortan mujeres de todas las edades, niveles de formación y perfiles socioeconómicos. Solo un 2,3% de los abortos corresponden a mujeres sin estudios; un 11% son de universitarias. Tampoco es demostrable con las cifras que el número de abortos sea más elevado en las clases más desfavorecidas, lo que no sería difícil de explicar en su contexto social. El dato que sí es constatable es que las inmigrantes recurren al aborto más que las españolas: un 40% de los abortos son de extranjeras, una proporción muy superior a su peso en la población.

6. El aborto lo deben decidir los médicos de la sanidad pública. Complicado. El empeño de Gallardón por asegurar que todo aborto responde a un criterio médico es uno de los asuntos más conflictivos de la reforma. ¿Está el sistema sanitario público preparado para participar, con un diagnóstico previo por partida doble, en decenas de miles de intervenciones cada año? En la sanidad está extendida una especie de objeción de conciencia tácita, que ha desviado casi todos los abortos al sector privado, aunque no se dispone de un registro general de objetores, así que se desconoce cuántos aceptarían participar en ellos. El asunto de fondo es que esta reforma trasladaría la responsabilidad final, la decisión última, de la mujer a su médico. ¿O tendría una mujer que peregrinar de doctor en doctor hasta que alguno avale lo que está decidida a hacer en cualquier caso? Sin duda lo encontraría.

7. Las mujeres no irán a la cárcel con la nueva ley. El ministro de Justicia lo afirma con grandilocuencia. Lo cierto es que las mujeres que abortan no iban a la cárcel con la ley de 1985 ni pueden ir con la de 2010, así que no se ve la novedad. La ley vigente sólo prevé multas para la mujer por aborto ilegal, no así para el médico. Incluso con una ley más dura puede ocurrir que no vayan a la cárcel si no tienen antecedentes, porque la condena máxima sea inferior a dos años de prisión, lo que no evita que se enfrenten a un proceso penal. Eso se quería evitar con la ley de 2010. Porque no beneficia a nadie ni repara nada: a un trauma añade otro.

Folleto de una campaña de la Conferencia Episcopal Española en 2009.

8. Se protege más la vida animal que la del embrión humano. Lo dijo esta semanaen Twitter Beatriz Escudero (refiriéndose al cefalópodo) y hace unos años lo decía la Conferencia Episcopal, con aquella campaña del lince que estaba más protegido que un niño talludito. Proteger el medio ambiente y la vida animal, en especial de especies amenazadas, es algo propio de países avanzados. Regular el aborto para que el fenómeno se encauce por vías legales también lo es. El lince ibérico es una especie autóctona, una riqueza de nuestro ecosistema, que gracias a los esfuerzos científicos se está salvando de la extinción. En los restaurantes se fríen cefalópodos (calamares, pulpo, sepia) todos los días y se sirven en un plato a quien quiera comérselos. ¿Qué demonios tiene eso que ver con que haya mujeres que se enfrentan a un embarazo indeseado?

9. ETA y el aborto tienen poco que ver, algo sí, pero no demasiado. Supongo que lo que quiso decir Fernández Díaz es que ambos fenómenos causan muertes de personas. La afirmación es muy propia de ese discurso político que detesta los matices y adora los mensajes simples. Y entonces todo es lo mismo: los nazis que los escraches; los terroristas que su víctima Eduardo Madina; Hitler y Stalin que Artur Mas. Con esa visión es el mismo pecado cortar un embarazo que poner un coche-bomba. Coherente con lo que se oye.

10. Existe una violencia estructural que empuja a las mujeres a abortar. Otro argumento de Gallardón necesitado de más explicaciones. Si quiere decir que las mujeres deciden sobre su embarazo coaccionadas, tendría que detallar por quién. Si lo que afirma es que hay circunstancias que presionan a favor del aborto se nos ocurren muchas: paro, precariedad laboral, falta de acceso a la vivienda, recorte de ayudas sociales de todo tipo, despidos fáciles, empobrecimiento. Ninguna de esas variables ha ido a mejor con el Gobierno de Rajoy.

11. El número de abortos es muy elevado en España. Esto sí es cierto. 118.359 abortos en 2011 no son una cifra menor (María R. Sahuquillo detalla los datos en este artículo). Era igualmente elevada antes de entrar en vigor la ley de plazos, y son factores demográficos (mujeres en edad fértil) y socioeconómicos (migraciones, crisis) los que explican mejor las variaciones anuales. Estamos en torno a 10 abortos al año por cada 1.000 mujeres, cifra que se sitúa en la media europea según un estudio de 2011 de la revista internacional de ginecología BJOG. Países con leyes flexibles para el aborto como Holanda están muy por debajo de las tasas españolas, en 7 por 1.000; los países de Europa del Este tienen los registros más altos de la Unión. Cifras abultadas en cualquier caso.

Si queremos reducir ese número de abortos, y creo que muchos apoyamos ese objetivo, ¿qué debemos hacer? ¿Reformar la legislación penal? ¿O apoyar de verdad la maternidad? ¡Si están desmantelando los servicios sociales! ¿Mejorar la educación sexual, educar en valores? ¡Si lo consideran adoctrinamiento! Quien espere resolver este problema llamando a la castidad no sabe en qué mundo vive. Y el que crea que el BOE persuadirá a muchas de abortar equivoca el tiro. ¿Están (estamos) contra el aborto? Promovamos un sexo responsable sin puritanismos. Y hagamos más fácil la vida de quien elige tener un hijo.

Una vieja viñeta de Manuel Summers comparaba terrorismo y aborto, recogida por Hazteoír.

Ricardo de Querol en Mujeres

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Alfredo Landa ha muerto a los 80 años de edad. Sus últimas apariciones públicas se remontan al año 2008, cuando recibió el premio de la unión de actores de España por su papel en “Luz de domingo”, de José Luis Garci, la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid y el Premio Príncipe de Viana a la Cultura 2008 en Pamplona. Sin embargo, quedará en el recuerdo el emotivo momento en que subió a por el Goya de Honor, la tercera estatuilla de su carrera, después de los obtenidos como mejor actor por El bosque animado (1987) y La marrana (1992). ”Tengo tanto dentro… este Goya de Honor se lo debo a mi profesión que ha sido lo mejor de mi vida, lo que más aprecio”, dijo Landa entonces.

“Torre de Babel” (1594), de Lucas van Volkenborth.

Los lingüistas están siguiendo estrechamente los pasos de sus colegas los biólogos evolutivos para reconstruir el pasado del lenguaje humano, la forma en que una hipotética habla ancestral fue ramificándose de manera incesante hasta producir la babel actual de 5.000 idiomas irreconciliables. Investigadores británicos y neozelandeses han hallado ahora sólidas evidencias de que todas las lenguas habladas actualmente en Europa y Asia, desde Lisboa a Pekín, provienen de una sola que se habló en el Mediterráneo hace unos 15.000 años, cuando la última glaciación empezó a remitir y las nuevas tierras emergidas del hielo perpetuo comenzaron a trazar las sendas que conectaron el gigantesco continente entero.

La primera teoría evolutiva, de hecho, precedió a Darwin en tres cuartos de siglo y no se refería a las especies biológicas, sino a los lenguajes. La formuló el jurista británico sir William Jones en 1787, en un discurso pronunciado ante la Sociedad Asiática de Bengala, y proponía que el sánscrito, el griego, el latín, el gótico, el persa y el celta provenían de un tronco común por divergencias sucesivas; nació así lo que hoy llamamos la familia lingüística indoeuropea, que seguramente hunde sus raíces en los primitivos asentamientos neolíticos que inventaron la agricultura en Oriente Próximo hace unos 10.000 años. La lengua eurasiática recién propuesta sería aún más antigua, de hace unos 15.000 años, y extendería su abrazo a lenguas no indoeuropeas como el chino o el vasco.

Al igual que los evolucionistas reconstruyen el pasado de las especies comparando genes de las especies actuales, Mar Pagel, Quentin Atkinson y sus colegas de las universidades de Reading (Reino Unido) y Auckland (Nueva Zelanda) han descubierto el eurasiático ancestral comparando palabras de las que se hablan en todo el continente actualmente. Esto no es nuevo para la lingüística. El problema para las reconstrucciones de largo alcance es que, según el conocimiento recibido en lingüística, las palabras cambian demasiado deprisa como para dejar trazas de su ancestro común más allá de unos 5.000 años.

La mayor aportación del nuevo estudio, presentado en Proceedings of the Nacional Academy of Sciences, es haber mostrado que, aun cuando eso sea cierto para la inmensa mayoría de las palabras, hay unos cuantos términos mucho más refractarios al cambio. Estas palabras ultraconservadas –que también tienen su equivalente directo en las secuencias ultraconservadas de los genomas biológicos— incluyen los numerales (los nombres de los números) y otros ingredientes del ‘metabolismo central’ de la gramática del tipo de yo, tú, aquí, como, no, allí y qué.

Los investigadores también han conseguido unas reglas que les ayudarán a encontrar el conjunto de palabras ultraconservadas más útiles en estudios futuros de otras lenguas. Como norma general, las palabras que aparecen en el habla común con una frecuencia mayor del uno por mil tienen entre 7 y diez veces más probabilidades que las demás de aguantar intactas, o al menos reconocibles, durante 10.000 o 15.000 años.

“Nuestros resultados”, dicen Pagel y sus colegas, “indican una considerable fidelidad de transmisión para algunas palabras, y ofrecen una justificación teórica para investigar características del lenguaje que pueden preservarse por grandes lapsos de tiempo y extensiones geográficas”. Los científicos no solo han comprobado este principio en las lenguas indoeuropeas*, sino también entre los hablantes de las familias uránicas, chino-tibetanas, altaicas, austronésicas y el sistema Níger-Congo.

Las secuencias genéticas más refractarias al cambio a lo largo de las eras geológicas representan a menudo ‘interfaces’ de una molécula (por ejemplo, cierta zona de una proteína) que interactúan con tantos ‘partners’ que cualquier ligero cambio en la secuencia causaría un auténtico desmoronamiento de un amplio número de sistemas biológicos. Las palabras más frecuentes en el habla parecen ser su equivalente lingüístico, lo que puede bastar para explicar su resistencia al cambio. Sea como fuere, los lingüistas ya disponen de un juego de ‘genes’ ultraconservados para analizar la noche de los tiempos.

Javier Sampedro en El País

Llamó a su pronosticador del tiempo y le preguntó el estado del mismo para las próximas horas.
Éste lo tranquilizó diciéndole que podía ir tranquilo pues no llovería.

Como la novia del monarca vivía cerca de donde éste iría, se vistió con sus mejores galas.
Ya en camino se encontró con un campesino montado en su burro quien al ver al rey le dijo:
“Señor es mejor que vuelva pues va a llover muchísimo.”

Por supuesto el rey siguió su camino pensando:
“Que sabrá este tipo si tengo un especialista muy bien pagado que me dijo lo contrario.
Mejor sigo adelante.”

Y así lo hizo… y, por supuesto llovió torrencialmente.
El rey se empapó y la novia se rió de él al verlo en ese estado.
Furioso volvió a palacio y despidió a su empleado.
Mandó llamar al campesino y le ofreció el puesto pero éste le dijo:
“Señor, yo no entiendo nada de eso,
pero si las orejas de mi borrico están caídas quiere decir que lloverá”

Entonces el rey contrató al burro.

Así comenzó la costumbre de contratar burros como asesores
que desde entonces tienen los puestos más remunerados en el gobierno.

Rouco Varela parece ser que está detrás de este retroceso a las catacumbas.

Nadie en el Gobierno ni en el partido que le sustenta ha explicado con argumentos sólidos la necesidad de cambiar la ley de plazos sobre el aborto. Porque no los hay. La norma, en vigor desde julio de 2010, reconoció el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad dentro de un límite general que permite interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Se trata de una ley que se ajusta a los estándares legales de los países de nuestro entorno, que se aplica sin problemas sociales, que no ha disparado el número de abortos —en contra de lo que algunos auguraron— y que goza del apoyo de la mayoría de españoles, según las encuestas de opinión. Pocas dudas caben, pues, de que la reforma que promueve el partido conservador responde a razones más inconfesables que las esgrimidas y avanza con firmeza impulsada por el chantaje a que, en este asunto, somete al Ejecutivo y al PP la cúpula de la Iglesia católica con el cardenal Rouco Varela a la cabeza.

La reforma que ahora se plantea, cuyos perfiles resulta difícil conocer con precisión por las confusas y contradictorias explicaciones que han ofrecido hasta ahora sus promotores, amenaza a los españoles con una norma incluso más restrictiva que la Ley de 1985. Se trata de una decisión que no responde en ningún caso a una demanda social y que no dispone de ningún tipo de soporte jurídico. El Tribunal Constitucional dictaminó sobre la antigua normativa y esta se adaptó a su criterio antes de entrar en vigor. Aún no se ha pronunciado sobre la ahora vigente, por lo que las pomposas disquisiciones sobre derechos o protecciones jurídicas de mujeres y no nacidos no tienen más fundamento que el retorcimiento de la realidad o la indisimulada voluntad de contentar a los obispos y al sector católico más ultra del partido en el poder.

Aunque afirmen que la reforma responde a exigencias de cambio en la norma por parte de los ciudadanos, el Gobierno y el PP saben perfectamente que, en este asunto, están mintiendo. El partido conservador ganó las elecciones con un mandato claro: sacar a España de la crisis, reducir el desempleo y acabar con el desgobierno económico del Gobierno socialista; no fueron elegidos, y lo saben perfectamente, para modificar leyes que solo molestan a la minoría de integristas entre sus filas (muy influyentes, por lo que se ve) y a la jerarquía de la Iglesia católica (incluso aquellos que se declaran creyentes mantienen posiciones mucho más moderadas); leyes (aborto, matrimonio gay) que la mayoría de españoles afirma que se corresponden con el país que desean iniciado el siglo XXI. Para acallar las protestas de esa minoría, la reforma, si finalmente se produce, resultará en una evidente involución que generará una situación de injusticia y desprotección.

Los estudios de la Organización Mundial de la Salud demuestran que las leyes más restrictivas no reducen el número de abortos y, sin embargo, elevan los riesgos para las mujeres al aumentar las intervenciones clandestinas con escaso control sanitario. Tales leyes condenan a una maternidad no deseada a las mujeres con menos recursos, permitiendo a las demás sortearlas viajando a otros países.

La reforma que se plantea, aun sin concretar, supone un grave retroceso. Ignora los dictámenes científicos sobre el embrión temprano —inviable de manera independiente—, rechaza una ley vigente que es más garantista con el feto y aporta mayor seguridad jurídica que la de 1985, y supone un ataque a la autonomía de las mujeres y a la capacidad de decisión sobre su cuerpo. La posibilidad de que la norma suprima o limite severamente el supuesto de malformaciones graves supone una aberración moral, denunciada de forma incansable por médicos cuyas vidas profesionales han sido entregadas a los cuidados de estas enfermedades, y un retroceso inaceptable en una democracia avanzada como pretende ser España.

Conviene recordar que la actual ley del aborto protege la libertad de las mujeres, pero no obliga a nadie a interrumpir un embarazo. Alegar que responde también a la necesidad de reforzar el derecho a la maternidad supone un sarcasmo que insulta a la inteligencia. Igualmente insultantes resultan las justificaciones de la reforma alegando que se busca defender a las mujeres de la “violencia estructural” de la sociedad que, según estos criterios oscurantistas, las presiona hasta conducirlas al quirófano para poner término a su embarazo. Violencia estructural es la que se producirá de nuevo si este país vuelve a una regulación del aborto que obligue a las mujeres a prácticas propias de la espesa atmósfera del franquismo y que los legisladores quisieron y pudieron resolver en la temprana hora de la democracia en España.

El País

Jorge Álvarez marga ferrer

Optó a las prejubilaciones del ERE en FGV pero hasta el lunes, tras participar en «Salvados», no le comunicaron el finiquito. Maquinista y sindicalista, es uno de los trabajadores de FGV que mejor conoce el accidente del metro.

LAURA BALLESTER ¿Qué detalles del accidente del metro se quedaron con ganas de investigar más?
Sobre todo que un tren laboratorio analizase la aceleración transversal del tren en el bache que había en el túnel en la zona de transición de vía sobre balasto a hormigón. Hubiese sido fundamental ver qué efecto tenía el deterioro de la vía sobre el vuelco.

¿Por qué? ¿Pudo influir?
Creo que el bache tuvo algo que ver en el hecho que el tren saltase de forma violenta de la via sin dejar apenas marcas. En las mediciones que hicimos los compañeros del comité de seguridad y de la Auditoría de seguridad en la circulación sobre el plano, en la transcripción de las cajas negras y en la descripción en imágen del mapa de velocidades entre Plaza de España y Jesús, todo indica que el bache es el punto exacto donde el tren despega de la vía, y no en la zona de curva.

¿Y cuando pidieron un tren labotario, qué les respondió FGV?
No nos concedieron el gasto extraordinario que suponía traer un tren laboratorio. Camps nos prometió un presupuesto para seguridad en la circulación de 3 millones de euros que se utilizó en comprar balizas y poco más. Pero no se investigaron a fondo las causas del accidente.

¿Qué les pareció la medición de la vía con un calibre y dos sacos?
Una forma muy rústica de hacer una medición. La policía científica hizo una medición topográfica y detectó un alabeo. Si a esa medición se añaden las de un tren laboratorio se puede medir las diferencias de inclinación o el perfil de inclinación de la vía en la zona de balasto o la rígida de hormigón y sería mucho más esclarecedor, sobre todo para los peritos que vinieron de fuera como Cortabitarte. No se investigó suficiente la influencia que pudo haber tenido ese punto crítico.

Sobre la fragilidad de los cristales. ¿Quién tenía la responsabilidad de decidir cómo se reparaban?
En 1998 se modificaron los cristales de las UTA para dotarlos de una película interna de plástico y evitar que entren en el tren las piedras que lanzaban gamberros. Y se cambia a un sistema de láminas de plástico para que el cristal, aunque se cuartee no permita pasar objetos ni se suelte. La decisión la toman el jefe de talleres y el director de explotación.

Ustedes denunciaron que los cristales se caían espontáneamente de los trenes en marcha.
Caían porque estaban poco fijados.

FGV dice que respetaba la normativa al mantener las ventanas.
Yo no digo que los cristales no estuviesen dentro de la normativa. La cuestión es que el cristal va con un marco de goma que, cada vez que se cambiaba un cristal había que cambiar el marco y los costes de explotación aumentan. El marco se fijaba a la estructura del tren con silicona estandar de pegar los azulejos. En el informe del jefe del taller y del director de la DASE reconocen que no quedó ni un sólo cristal en el tren siniestrado, la UTA 3736, de alguna forma denota que estaba mal fijado porque no quedó ni uno sólo.

¿Ese peligro ha desaparecido?
Con las nuevas unidades sí. Las 3900 y 4300 llevan un sistema de sellado distinto. Para quitar un cristal tienes que meter una cuchilla neumática y echar tiempo y esfuerzo… No sale un cristal con facilidad.

¿Sigue pensando que una baliza hubiera evitado el accidente?
Sí claro. El problema es que, a parte de la curva limitada a 40 km/h, todo el trayecto de Plaza de España a Jesús también estaba limitado a 60 km/h, que es la velocidad de itinerario máxima. Sigo sin comprender cómo la dirección de la empresa aprueba un libro de itinerarios en el que limitan la velocidad a 60 km/h entre Plaza de España y Jesús pero no activa las medidas de seguridad para que el FAP (frenado automático puntual) impidiese que el tren circulase a más de 60 km/h. Si se hubiese hecho el accidente no habría sucedido.

Porque las balizas que existían sólo protegían las estaciones.
Exacto, las balizas sólo estaban programadas para la precaución de entrada y salida de estaciones y las ordenes de las señales.

En aquella época el mantra era que «no se protegía la geometría de la vía…» (como las curvas)
El FAP se compró y diseñó para proteger solamente las señales, pero se podía utilizar para proteger la geometría de la vía o la velocidad máxima del itinerario en todo el túnel. La empresa considera una falta grave superar el 5% de un límite de velocidad, pero no ponía medios técnicos para evitar que se superaran. Por supuesto ellos no se sancionan a sí mismos. No es normal que se permitieran esas actitudes poco seguras. Hasta que no se produjo el accidente nadie analizó la velocidad de vuelco de un tren en una curva. Y ahora mismo tampoco tenemos un mapa de vuelcos de todas las curvas y su velocidad máxima. Antes de publicar un libro de itinerarios se deberían estudiar los puntos negros de la vía, las velocidad máximas y los puntos que se han de proteger.

¿No se hizo tras el accidente?
Sólo se hizo para la curva del siniestro. Si hoy sale un tren de la Font de l’Almaguer hacia Alginet (zonas con FAP), que es cuesta abajo y el tren se lanza a 84 km/h porque le ha dado un mareo al maquinista, ¿Quién para el tren?

Otra laguna es el libro de averías. ¿Por qué es tan importante?
Porque los maquinistas escribimos en él las anomalías técnicas que detectamos mientras conducimos. Del libro de averías del taller dedujimos, porque nos dieron una fotocopia borrosa, que aparece la UTA 3736 larga de frenos el 20 de junio.

¿Y eso que significa?
Que el maquinista detecta que, cuando quiere parar, le cuesta, el tren se va y le cuesta más parar.

Sobre los descarrilamientos anteriores de la UTA 3736 que se ocultaron ¿son importantes?
Es importante saber por qué descarriló en cada momento. De los tres descarrilos el que más relación tiene con el suceso de Jesús es el de Alberic: El tren saltó de la vía y descarriló pese a que no iba con mucha velocidad. Las UTA daban la impresión de que las suspensiones iban muy «rígidas» y que eran muy saltarinas.

La excusa que da FGV para no informar de los descarrilamientos es que le cambiaron los bogies y que ya no era el mismo tren…
Bueno, aunque se cambien los bogies la estructura y plataforma giratoria es la misma.

¿Podría volver a pasar lo mismo en las zonas FAP?
Debería protegerse más la circulación de los trenes y la velocidad de itinerario. En ningún caso se debe permitir que un tren pase de la velocidad que se asigne a cada tramo de via. Si ?rmas un libro de itinerario debes hacer que se cumpla. Si sólo confías en la pericia del maquinista, en algún momento puede fallar, o sufrir un episodio similar al de Jesús, marearse… Por eso mi reproche es que no se tomasen la molestia de estudiar más a fondo la estructura, las velocidades máximas y las medidas de seguridad que se tienen que adoptar.

Sobre todo tras el accidente de Paiporta-Picanya.
La Auditoría de seguridad en la circulación llevaba ya más de un año creada desde ese accidente. Y lo normal es que hubiese revisado los libros de itinerarios, el mapa de velocidades, que analizara las velocidades de vuelco de las curvas y adaptara los tiempos de marcha al estándar de seguridad que quiera poner FGV. Una auditoría no es poner señales y cuatro precauciones, considero que tiene que ser mucho más profunda.

¿Por qué se personaron los sindicatos en la investigación del accidente de Jesús?
El comité de empresa decidió personarse como acusación particular. Un letrado nos pidió una provisión de fondos elevada, pero el comité de empresa no tiene capacidad económica y no nos pudimos personar.

Jorge Álvarez en Levante-emv

Olimpiadas de Barcelona 1992, Exposición Universal de Sevilla 1992, Exposición Internacional de Zaragoza 2008 y Copa América 2007 en Valencia. Cuatro grandes eventos que transformaron profundamente las ciudades donde se celebraron, con efectos en el urbanismo, el turismo y hasta en las costumbres sociales de sus vecinos. Iniciativas comunes pero con una gran diferencia en el caso de la capital de la Comunitat: tuvo un apoyo menor, ínfimo, del Gobierno.

El plan financiero que negocia el Consorcio Valencia 2007 con el Ministerio de Hacienda ha puesto otra vez el foco en la devolución del préstamo de 319 millones de euros, dinero que sirvió para transformar la dársena interior y abrirla al mar con una nueva marina, coronada por el hito arquitectónico del edificio Veles e Vents.

Ese préstamo escuece en la memoria de la ciudad. Recuerda el trato discriminatorio del Gobierno socialista de Zapatero con el ‘cap i casal’ y también recupera tiempos oscuros cuando la única solución a las inundaciones por una riada fue financiar las obras con un sello, el famoso del Plan Sur, que en cada sobre mostraba a los valencianos la diferencia entre la ciudad del Turia y el resto de España. Es decir, nada nuevo pagar lo que se hace en casa.

Pero la realidad supera ese sentimiento. Las cifras que maneja el ayuntamiento lo dejan bien claro y refrendan la petición del vicealcalde, Alfonso Grau, y la propia alcaldesa Barberá de que se aplace la devolución del préstamo y que se tengan «en consideración» las necesidades del futuro de la Marina. Dejar de lado el agobio y prioridad que propugna el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para la devolución de la deuda los primeros años y destinar los recursos a adecuar la dársena y ponerla en el mercado para convertirla en un barrio más de la ciudad.

Algunas voces hablan de condonación, aunque en el gobierno municipal no se ha considerado esta opción, sino la de un aplazamiento hasta que la dársena sea rentable y dé los primeros beneficios.

Las inversiones públicas que se hicieron con motivo de la Copa América ascendieron a 1.847 millones de euros, según los datos que muestra un exhaustivo informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). De esta cantidad, 203 millones correspondieron al Gobierno, es decir, un 11%.

¿Qué ocurrió en los demás grandes eventos? La Exposición Universal de Sevilla supuso una inversión para la ciudad de 2.700 millones de euros (descontada la línea de alta velocidad con Madrid), según los datos que maneja el ayuntamiento. El Gobierno de Felipe González se empleó a fondo por la ciudad natal del presidente y no escatimó gastos. Nada más y nada menos que el 70% de todo el dinero público, lo que equivale a 1.890 millones de euros.

Sólo el recinto ferial de la Cartuja salió por 600 millones de euros, indican las mismas fuentes, casi el doble de lo que supuso el total de las obras en la Marina Juan Carlos I.

El mismo año, la capital catalana celebró unas Olimpiadas que sirvieron para poner a Barcelona en el mapa de manera definitiva. La canción de Freddie Mercury y Montserrat Caballé simbolizó la universalidad de una ciudad, aunque también recibió una «ayudita» de los Presupuestos del Estado, que hasta hace poco se ha pagado religiosamente.

De los 2.600 millones de euros que se invirtieron en la ciudad desde todas las Administraciones, el Gobierno central aportó 1.044 millones de euros, lo que equivale a un 40%. La ampliación del aeropuerto de El Prat, el estadio olímpico, la piscina cubierta y las rondas de carreteras que conectan los extremos de la urbe por su interior tienen hormigón que procede de los impuestos de todos los españoles.

Y como si fuera un espejo donde mirarse, la Exposición Internacional de Zaragoza en 2008, un año después de la Copa América, también recibió un 70% de las arcas del Estado. La capital aragonesa recibió una lluvia de euros que sirvieron para cambiar para siempre el paisaje de una parte de la ciudad. De los 1.500 millones que costó el evento, según los datos que maneja el Ayuntamiento de Valencia, un total de 1.050 millones salieron del lugar que se había negado unos años antes para la remodelación de la dársena.

El plan de la ribera del Ebro salió por 140 millones, los edificios por 205 millones y al aeropuerto fueron 53 millones de euros. Las infraestructuras viarias también se llevaron su parte con el llamado cuarto cinturón este, entre otras inversiones públicas.

Pero el agravio no acaba ahí, dado que en los años siguientes continuó el aporte de fondos hacia el mismo evento. Los Presupuestos del Estado de 2009 incluyeron una partida de 116 millones de euros para el desmontaje de varios edificios y su posterior reutilización. En las cuentas de este año, sin ir más lejos, la rehabilitación del Pabellón de España se lleva 2,1 millones de euros, de un coste total de 6,3 millones.

Lo mismo ocurrió con Sevilla en los presupuestos de 2009, al llevarse 21 millones para la adecuación de edificios construidos para la Expo de 1992. El gobierno municipal presentó una batería de enmiendas a través del grupo parlamentario popular, por un importe de 514 millones. No prosperaron en ningún caso.

En Valencia, la Generalitat aportó 1.159 millones de euros con obras más o menos relacionadas, mientras que el Consorcio invirtió 421 millones de euros (a devolver en su mayor parte con el famoso préstamo). El ayuntamiento tuvo que pedir autorización al Gobierno también para un préstamo de 64 millones destinados al embellecimiento y mejora de la ciudad, donde la parte más representativa fue la remodelación de la avenida del Puerto.

Las inversiones del Gobierno impulsaron la ampliación del aeropuerto de Manises, la reforma del parador de El Saler y mejoras en la V-30 y la V-21, entre otras infraestructuras. A modo de anécdota, el exministro Jordi Sevilla sumaba a esta cantidad el presupuesto de la remodelación del puerto, cuyo préstamo se debate ahora precisamente.

¿Por qué la Copa América se pagó con un préstamo y recibió tan poco dinero del Gobierno? El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, fue uno de los que justificó que la Expo era un proyecto de interés general, frente al «privado» de la Copa.

Esa fue la premisa del zapaterismo y lo que limitó todas las posibilidades del evento náutico, a pesar de que lo más importante debía ocurrir precisamente en tierra y no en el campo de regatas. José Luis Rodríguez Zapatero tardó 16 meses en presidir un acto de la Copa América tras su llegada a la Moncloa.

De ahí que a la remodelación de la dársena le faltó una visión de futuro, de continuidad, lo que se pretende enmendar ahora tras la cesión y el plan de usos. Una de las primeras decisiones del Gobierno fue nombrar un comisionado suyo para el evento, una especie de alternativa a la presidencia de la alcaldesa Barberá. Eligieron al exalcalde Pérez Casado, que pasó sin apenas repercusión para la opinión pública.

El equipo suizo Alinghi eligió Valencia como sede el 26 de noviembre de 2003 y Zapatero ganó sus primeras elecciones generales el 15 de marzo de 2004. En esos apenas cuatro meses se movieron pocas decisiones. Barberá contaba con un compromiso por escrito del Ejecutivo de Aznar de que el Gobierno aportaría la esperada lluvia de millones, como había ocurrido antes en Barcelona y Sevilla. Pero no ocurrió.

Con el nuevo Gobierno se produjo una lucha soterrada y en ocasiones en campo abierto y sin disimulos, con la empresa organizadora del evento negociando siempre a favor de su interés. Esto resultaba mucho más fácil ante un escenario político tan complicado.

La conclusión fue un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial, del que en la actualidad hay que devolver 319 millones de euros. Nada de ayudas a fondo perdido y a cargo de los presupuestos, como había ocurrido en las otras ciudades. Cuando finalizó la 32 Copa América empezaron los problemas deportivos entre los equipos que derivaron en el juicio de Nueva York entre el Alinghi y el BMW Oracle. Eso acabó de envenenarlo todo.

Cuando Larry Ellison se hizo con la Jarra de las Cien Guineas en 2009, la situación se había enredado al máximo. El consistorio acusaba al Gobierno de no pagar ni el canon, mientras que los segundos les recriminaban que no querían hacer frente a la devolución de la deuda.

De momento, el Tesoro ha hecho frente al pago de 50 millones de euros, indican fuentes próximas al Consorcio. El argumento del ayuntamiento y la Generalitat ha sido siempre que al pago de las letras debía hacerse frente con la explotación comercial de la Marina, lo que debe potenciarse a partir de ahora. Incluso se define así en el acuerdo alcanzado con el Gobierno de ZP.

Eso deja en al aire la cuestión de qué pasará con esos 50 millones. Las mismas fuentes apuntan que, si se sigue la literalidad, habrá que darlos por descontados en el plan financiero todavía sin aprobar del director general de la entidad, Pablo Landecho. Rajoy tiene la palabra de tener «consideración» con Valencia y aprobar una refinanciación del préstamo que permita despegar a la Marina, capitalizar la entidad y acometer las primeras obras en las antiguas bases de los equipos de la Copa, además de la urbanización del entorno. De momento, el único apoyo seguro es la ministra de Fomento, Ana Pastor, artífice de la cesión de la dársena.

Paco Moreno en Las Provincias

The New York Times

La información toma como punto de arranque el caso de la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, para repasar otros como el casoUrdangarin, la gestión del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, e incluso nombra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que dice que ha tenido que enfrentarse a una lista “en la que se registraba que miembros de su partido recibían dinero por debajo de la mesa”.

El periódico destaca los vínculos de las autoridades regionales y municipales con las cajas de ahorros que, en su opinión, “han creado las condiciones ideales para la corrupción en los años del boom de la construcción”. Al respecto, Manuel Villoria, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Juan Carlos I, explica que, “pronto, otros sectores comenzarán a ocupar el lugar” de la construcción. Así, ha indicado que “el sistema sanitario, que está siendo sometido a la privatización, fácilmente podría tomar el relevo al ladrillo en los escándalos de corrupción a menos que se realicen cambios”.

“Durante un almuerzo pueden decidir qué vas a hacer con 100 millones de euros”, explica al periódico Villoria, que añade que en este contexto los dirigentes “podían pedir lo que querían”. “A menudo no es para ellos, puede ser un apartamento para una hija o para los hijos de una hermana”, apunta Villoria.

Aunque The New York Times asegura que España “no es en absoluto el más corrupto de Europa”, también apunta que “mucho más está por venir”. Para el diario, la corrupción en España “es el resultado de una estructura política que pone un enorme poder en manos de las autoridades locales, en donde muchos de ellas pueden otorgar contratos o terrenos con poca o ninguna consulta”.

Reforzar el sistema judicial

La sanidad española, nuevo nicho de corrupción tras el ladrillo, según ‘The New York Times’.
La ministra de Sanidad, Ana Mato (EFE)

El diario estadounidense señala que “ya se habla de reformar la financiación de los partidos y las leyes de transparencia, así como el aumento de penas para la corrupción y el fortalecimiento de la independencia de los auditores”. Pero, según subraya el periódico, “muchos expertos creen que aún queda mucho por hacer para reforzar el sistema judicial insuficientemente financiado, que permite que muchos casos de corrupción queden sin resolver durante años”.

Para el diario, la corrupción “fue aceptada en el sur de Europa como un hecho normal, como una forma de distribuir el botín entre unas pocas personas, en muchos casos, los fiscales”. A su juicio, ha sido la llegada de la crisis la que, al “estancar proyectos”, acabó “por levantar el velo sobre los funcionarios corruptos, los sobornos, los pagos por favores y otros acuerdos que pocos imaginaban”.

“En un momento en que España, Italia, Grecia y Portugal están imponiendo planes de austeridad de reducción del déficit a unos ciudadanos en apuros, estas revelaciones de corrupción política generalizadaestán avivando un amargo resentimiento, están desestabilizando Gobiernos y minando la credibilidad de la clase política en su conjunto”, apunta el texto.

En este sentido, el director general adjunto de Transparencia Internacional, Miklos Marschall, ha declarado al diario estadounidense que “la clase política no tiene sentido en el sur de Europa”. Según ha señalado, “las instituciones públicas tienen que ser reconstruidas, paso a paso, para que el Gobierno pueda ser un actor creíble”. “Este es el principal desafío”, ha indicado.

No es la primera vez que The New York Times dedica alguno de sus reportajes a España. En septiembre de 2012 publicaba una serie de fotografías que, según explicaba, retrataban “la austeridad y el hambre” en el país. Además, el pasado mes de marzo, el diario estadounidense criticaba en un artículo el “lujo” de la Semana Santa.

El Confidencial

Ada Colau es la responsable última de intentar concienciar a los afectados por las hipotecas para participar en esta práctica pacífica procedente de tierras hispano americanas.

Ada Colau (Barcelona, 1974) no para. “No sé lo que es un día tranquilo”, confiesa al llegar a la entrevista. Viene de otro plató de televisión y le espera un tren para regresar a Barcelona. Las últimas semanas han sido frenéticas para la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que acaba de publicar junto a su pareja y cofundador de la plataforma, Adrià Alemany, su segundo libro titulado ¡Sí se puede! Crónica de una pequeña gran victoria (Destino), en el que repasa los motivos que han propiciado la actual situación hipotecaria, ya explicados en Vidas Hipotecadas (2012), y relata cómo vivieron la admisión a trámite de la ILP presentada en el Congreso.

- El lema de la PAH en las manifestaciones es “Sí se puede, pero no quieren”. ¿Qué es lo que quieren?

Que haya un mensaje de desesperanza: que no hay nada que hacer, que todo es culpa nuestra y que nos merecemos lo que nos pasa. Frente a eso, la ciudadanía se está organizando y está demostrando que no es cierto, que unos son más responsables que otros. Con la ILP culmina un proceso en el que hemos interpelado a las administraciones y al Estado por todas las vías posibles y hemos demostrado cuál es la voluntad ciudadana, que apoya nuestras demandas, perfectamente posibles. Por eso decimos “sí se puede, pero no quieren”. Todo el mundo sabe lo que hay en juego y que no aprobar estas medidas supone un sufrimiento insoportable a miles de personas.

- Después de la votación en el Congreso, que deja fuera las medidas de mínimos que recogía la ILP, ¿sigue pensando que sí se puede?

Desde luego. El Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias y ha cedido a la presión de los bancos. Pero las medidas están más vivas que nunca. Por eso pedimos retirar la ILP, porque vamos a seguir defendiéndola en la calle, donde nació. Esas demandas nosotros las hacemos efectivas cada día: parando desahucios, negociando con los bancos daciones en pago y alquileres sociales, y en los juzgados poniendo recursos para paralizar los procedimientos. Lo que exigimos es que el Congreso legisle para que no tengamos que estar batallando caso a caso y que eso sea realmente el derecho de todo el mundo.

- Una de las demandas de mínimos que no se aprobó es la dación en pago, ¿qué supondría para el mercado hipotecario?

La banca ha querido difundir la idea de que nosotros pedimos barra libre para que nadie responda a sus deudas. Nunca pedimos eso. Lo hacemos sólo para casos de primera y única vivienda y deudores de buena fe, algo regulado en países de nuestro alrededor. Además, la gente no la quiere, porque no quiere perder su vivienda, que es lo que implica la dación en pago, y toda la inversión realizada. Pero si se quedan en el paro y no pueden pagar, no tiene sentido que se queden con una deuda de por vida. Tampoco es cierto que vaya a suponer el hundimiento del sistema. Ya se está aplicando de forma masiva a las inmobiliarias, lo inaudito es que lo puedan hacer las inmobiliarias y no las familias vulnerables. El sistema financiero se ha hundido solo. Los estudios económicos hablan de que la dación supondría, como mucho, entre 5.000 y 20.000 millones en costes para la banca, nada comparado con los más de 100.000 millones que han percibido las entidades. También haría que los bancos fueran más responsables concediendo créditos y en sus tasaciones, y bajarían los precios de la vivienda, con lo que toda la sociedad saldría ganando.

- En el libro hablan de que se ha creado un paradigma social de que comprar era lo bueno, alquilar era lo malo, y que todo eso estaba orquestado por la banca…

Con la complicidad de los gobiernos de turno, tanto socialistas como populares.

- ¿Cuánto poder tiene realmente la banca?

Muchísimo, porque es quien ha concedido los créditos, quien ha inflado las tasaciones y quien ha decidido el precio de la vivienda. El banco calculaba que podías llegar a pagar 300.000 euros y tasaba la vivienda por ese importe. Son directamente responsables de esa alza incontrolada de los precios y de la burbuja inmobiliaria. Pero no dejan de ser empresas que buscan el máximo beneficio. Lo escandaloso es que los bancos, no sólo no hayan sido regulados, sino que el Estado ha participado de esa burbuja inmobiliaria, la ha animado y la ha inflado con políticas muy agresivas, que han incentivado sólo la compra, nunca el alquiler. Alquilar en España es caro, inestable y de mala calidad. Todo eran facilidades para el crédito: desgravaba la compra y no el alquiler. La gente no se ha vuelto loca porque sí. En España en los años 50 más de la mitad de la población vivía del alquiler y en muy pocas décadas ha habido un cambio muy radical.

- Curiosamente, procedente de un régimen franquista…

Lo increíble es que llega la democracia y profundiza y sigue la política que empezó con la dictadura. Eso se hace por intereses puramente económicos que están por encima de las ideologías de los partidos del Gobierno.

“NOS LLEGA GENTE PENSANDO EN PONER UNA BOMBA”

- Denunciáis también el control que tienen los bancos sobre los partidos políticos debido a sus grandes deudas.

Debido a las deudas y a la ‘puerta giratoria’ que parece que se ha normalizado y es escandaloso. Debería estar prohibido que un ministro vaya a un consejo de administración y, de allí, pase al Ministerio. El ejemplo del ministro De Guindos [titular de Economía] es uno de tantos. Rato es otro. Cómo puede pretenderse objetividad y defensa del interés general en De Guindos que ha estado en Lehman Brothers, que fue un fracaso histórico, y en Banco Mare Nostrum, que está recibiendo ayudas públicas. Y ahora que nos diga cómo salir de la crisis cuando, probablemente, cuando salga del Ministerio tiene el lugar asegurado en cualquier consejo de administración de un banco. Hay un conflicto de intereses que hay que regular, porque así no vamos a salir jamás de la crisis.

- Hablando de clase política, ¿cómo fue el recibimiento en el Congreso el pasado 5 de febrero?

Digamos que no es un lugar especialmente acogedor para alguien profano. Está muy pensado para los propios políticos y no te sientes cómodo en una comparecencia. Menos cuando hablas de manera directa y clara, cosa poco habitual en el Congreso, muy habituado al lenguaje políticamente correcto y a no llamar a las cosas por su nombre. En la mayoría de los presentes eso generó hostilidad. Hubo algunos que no reaccionaron igual, en concreto Joan Coscubiela (ICV) quien, cuando el presidente de la mesa me llamó la atención diciendo que tenía que retirar la palabra “criminal”[dedicada al vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero] y dije que no lo iba a hacer, él insistió en que el presidente de la mesa no le representaba y que no se había sentido incomodado. Fue un gesto más bien excepcional. En general les molestaba que hubiera algún ciudadano hablando como habla la gente en la calle.

- Una semana después, ustedes volvieron al Congreso para la votación de admisión a trámite de la ILP, ¿notaron un cambio en algunos grupos?

Todos los partidos habían mejorado su trato, algunos nos habían ofrecido ya su apoyo, como es el caso de Izquierda Plural, ERC, BNG. El PSOE modificó su postura muy en el último momento también. CiU, que había dicho que se abstendría y se había mantenido muy distanciada, también cambió su postura y dijo que iba a votar a favor. El PP, que anunció su veto, había cambiado su actitud, porque desde la comparecencia se visibilizó el masivo apoyo que teníamos en las encuestas. Nos recibieron a mediodía antes de la votación de la tarde. Aunque en ese momento nos decían que iban a votar contra la admisión a trámite, estaban muy nerviosos y se justificaban todo el tiempo. Se notaba que tenían un debate interno, que no lo tenían tan claro y que tenían mucha presión de sus propios votantes.

- En el libro cuentan que les pusieron un par de condiciones.

En el momento en que se estaba debatiendo, cuando todos los grupos se posicionaron a favor de la ILP y el PP se iba a quedar solo, dos diputados subieron hasta la tribuna de invitados, donde estábamos, y me pidieron que saliera al pasillo. Estaban muy nerviosos y me dijeron que se estaban planteando cambiar el sentido de su voto pero que nos pedirían que rebajáramos el nivel de la protesta social. Yo le dije que no tenía capacidad para negociar nada y que no íbamos a bajar la presión, porque íbamos a mantenerla hasta que se aprobaran las medidas, no sólo su admisión a trámite para que se debatiera. A pesar de que dijimos eso, el PP tuvo que admitir a trámite esta ILP por la presión social tan fuerte que había en la calle.

- Hablemos del parque público de viviendas, que la mayoría está en manos de los bancos. ¿Qué les parecen las medidas tomadas en Andalucía y en Canarias?

Se está empezando a responder a lo que es un clamor. Desde hace mucho tiempo estamos diciendo que es una vergüenza ser el país de Europa que más desaloja y el que más vivienda vacía acumula. Encima, gran parte de esta vivienda vacía está en manos de bancos que han hundido la economía y que las tienen sólo para especular. Eso es una anomalía terrible que hay que subsanar. Si no aceptan por las buenas ofrecerlas en alquiler, habrá que forzarlas de alguna manera, pero no podemos dejar a la gente en la calle. Una cosa es el enunciado del decreto, ahora hay que ver cómo se aplica en la práctica y habrá que estar muy vigilantes.

- ¿Cómo se podría reactivar el mercado del alquiler?

Hay que adecuar los precios a los ingresos de la población. No tiene sentido tener más de seis millones de parados y pretender que la gente pague alquileres de la burbuja inmobiliaria. Hay que hacer que sea asequible y estable. El PP ahora tiene un proyecto de ley para hacer más inestable el alquiler, porque reduce de cinco a tres años el contrato de duración. Para quien quiera hacer un proyecto de vida a largo plazo, el alquiler ahora no es una opción. Debería haber un parque público de alquiler, que en España no llega al 1%. Somos el país de Europa que más ha construido en los últimos años, pero todo ha sido en el mercado privado. Lo que necesita la gente es alquiler social proporcional a los ingresos. Ese parque social no existe pero las viviendas sí están ahí, vacías y estropeándose. Ahora habría una ocasión perfecta con el banco malo. En cambio, el Gobierno cede a los intereses de los poderes económicos y está ofreciendo esas viviendas a inversores extranjeros antes que a los ciudadanos.

“RESPONDEMOS AL PROBLEMA QUE DEBERÍA RESPONDER EL GOBIERNO”

- Ustedes afirman que si no se aprueban las medidas en esta ocasión, “será en la siguiente”, ¿cuándo va a ser?

Vamos a seguir defendiéndolas en la calle, negociando daciones en pago, parando desahucios e incluso abriendo esas viviendas vacías de los bancos para alojar a las familias que lo necesitan. Lo vamos a seguir proponiendo. Cuando haya voluntad política o cuando la presión social sea tan fuerte que no se pueda aguantar, esas medidas se pueden aprobar en cualquier momento.

- ¿Ven opciones a corto plazo?

Si hay presión social y el Gobierno se da cuenta de que tiene que aprobarlas, se puede hacer por Real Decreto. Si hay para cosas mil veces menos importantes que esta, que se haga también para esta.

- ¿Sentencias como la del Tribunal de Justicia Europeo ayudarán a ello?

Desde luego. Se le está diciendo al Gobierno desde todos lados. Si el poder judicial es tan contundente, es porque la ley no funciona y es profundamente injusta. Luego llega esta sentencia que dice que se ha vulnerado la normativa comunitaria y derechos fundamentales. También Naciones Unidas fue durísima en uno de sus informes. ¿Quién más lo tiene que decir para que el Gobierno deje de ceder a la presión de las entidades financieras y empiece a escuchar el clamor popular?

- ¿Qué pasará después de esta sentencia?

Todo el mundo esperaba que después de esta sentencia el Gobierno paralizara los procedimientos en curso, porque se están haciendo con una ley que vulnera derechos fundamentales. El Gobierno no lo ha hecho y lo ha dejado todo en manos de la ley que está tramitando, que no recoge el fondo de la cuestión. Como no se da una solución política y no se repara el daño cometido, ahora nosotros vamos a utilizar mucho más la vía judicial, porque la sentencia es de obligado cumplimiento para los jueces. De hecho, ya hay muchos jueces que están paralizando los procedimientos. Vamos a pedir que se decrete la nulidad de los procedimientos abiertos y también de los que ya se han realizado.

- ¿Eso es posible?

Totalmente. Se está creando un perjuicio. Es gente que ha sufrido un procedimiento que no respetaba la normativa comunitaria, se ha vulnerado sus derechos. Sería discriminatorio que los que están siendo afectados ahora se puedan acoger a esta normativa y los del año pasado no. Vamos a presentar escritos en los juzgados masivamente, unos juzgados que ya están colapsados y en donde se habla de 198.000 procedimientos en curso más los de los últimos años. Por eso insistíamos en que había que dar una solución política como la dación en pago, porque significa que el Estado reconozca que se ha equivocado y hacer un punto y aparte.

“NO ME SIENTO UNA HEROÍNA, SOY UNA PERSONA NORMAL”

- La PAH ha servido de sostén para gente que ha terminado casi al margen de la sociedad. Sin la dación en pago, ¿no van a colapsar ustedes también?

Lo más importante que ha hecho la Plataforma es demostrar que sí se puede. La gente llega a nuestras reuniones que no puede ni hablar, pensando en suicidarse o en poner una bomba. Nosotros canalizamos todo ese malestar y desesperación y lo volvemos positivo. Lo demostramos caso a caso, incluso cuando ya se ha producido la sentencia. La gente que llega encuentra una segunda oportunidad. El problema es la gente que todavía hoy no llega a una plataforma y lo está sufriendo en soledad.

- ¿Cómo se ha sentido tratada por los medios de comunicación con todo el asunto de los escraches?

Entre los periodistas ha habido en general muchísima sensibilidad por el problema tras verlo de cerca. Luego está la dirección de los grandes medios de comunicación. Cuando el PP ha decidido dar la espalda a la ILP, ha dado una orden y determinados medios se han alineado y han intentado criminalizar al movimiento diciendo barbaridades o hurgando en mi vida personal. Pero en realidad se les ha girado en contra, porque la gente conoce a la PAH, sabe que no somos violentos y que estamos respondiendo al problema al que debería responder el Gobierno. Digamos que no ha tenido éxito ese intento de criminalización y, al contrario, ha retratado la talla moral de quien se ha atrevido a banalizar con el nazismo y el terrorismo, que es una barbaridad y que es delito en otros países.

- Se ha hablado mucho de los hijos de los políticos.

Es terrible. Si determinados políticos se atreven a intentar criminalizar los escraches porque molesta el ruido a los niños, esto indigna más a la ciudadanía. Porque a los niños de los ciudadanos, no sólo les molestan con ruido en la calle, sino que los echan violentamente de sus casas. Vulneran su derecho a la intimidad, a la familia, a la seguridad, a la escolaridad, a todo. Niños que incluso están pasando hambre. Que los políticos se rasguen las vestiduras porque hay gente que está gritando en la calle, demuestra lo lejos que están de la ciudadanía y de la realidad social.

- ¿Se considera una heroína?

- ¡Nooooo! ¡Qué va! Soy una persona muy normal que tiene el honor, el orgullo y el privilegio de participar en un movimiento ciudadano ejemplar donde muchísima gente está haciendo un trabajo extraordinario. Yo he sido más visible porque cada uno pone sus habilidades a disposición del movimiento, me explico mejor en público y tengo habilidad para hablar con la prensa. También sé bastante de políticas de vivienda, porque llevo muchos años en el activismo por el derecho a la vivienda. En una sociedad mediática se tiende a personalizar mucho, pero la grandeza de este movimiento es que hay miles de personas muy comprometidas.

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