Con este saneamiento récord en la historia financiera de España, se pretende dar una solución definitiva al ajuste de valoración que precisan los activos de la entidad. Fuentes cercanas a la misma señalaron que se han analizado toda la cartera de crédito, todos los activos y las participaciones industriales y que las correcciones necesarias son enormes.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, recordó el miércoles en el Congreso que el grupo BFA tiene pendientes de cubrir provisiones por el crédito promotor de unos 7.100 millones y necesita dotarse de un colchón de capital de unos 1.900 millones. Ese sería el suelo de 9.000 millones mínimos que necesita BFA. Además, debe reconocer el valor razonable de las participadas y evitar así que sus cuentas tengan salvedades. BFA tiene contabilizado en libros su 45% de Bankia por 12.000 millones, cuando en Bolsa tiene un valor de menos de 1.500 millones y el auditor estaba dispuesto a admitir como máximo una valoración de unos 8.000 millones, antes de conocerse el deterioro adicional de la cartera. Solo poner a precio de mercado esta participación ya supondría un ajuste adicional de 10.000 millones en BFA, aunque no sería trasladable a Bankia. También requerirían fuertes ajustes otras participadas, como Iberdrola. Junto a ello, el análisis del resto de las carteras y activos puede haber arrojado ajustes multimillonarios para cubrir la pérdida de valor de créditos hipotecarios, a empresas y al consumo.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló el miércoles que el Gobierno inyectaría en el grupo de Bankia todo el capital que fuera necesario. Ante esta invitación, lo lógico es que José Ignacio Goirigolzarri, el nuevo presidente, pida el máximo posible de ayudas para dejar el balance completamente saneado. Cuanto más dinero público se pida, menos participación tendrán en BFA las cajas accionistas, que podrían llegar incluso a perder toda su participación.

Las acciones de Bankia cayeron ayer un 7,4% en Bolsa, penalizadas por el riesgo de que afloren fuertes pérdidas y sea ncesaria una macroampliación de capital que diluya la participación de los actuales accionistas.

Las necesidades de capital del grupo de Bankia desbordan las previsiones de Economía, formuladas por el ministro de Economía Luis de Guindos hace menos de dos semanas. El ministro aseguró que, para todo el sector, haría falta una cifra “claramente inferior” a 15.000 millones de euros y como préstamos retribuidos al 10%. Con una sola entidad se rondará esa cifra y como capital, sin intereses.

Ante las preguntas de la oposición sobre las otras entidades intervenidas o nacionalizadas, Guindos señaló que se están analizando estos casos y abrió la puerta reconsiderar las subastas. "Tenemos una nueva situación que ha sido la nacionalización de Bankia por parte del FROB y eso de algún modo te abre nuevas posibilidades de actuación, de combinación, de análisis y en última instancia de lo que está pretendiendo que es el saneamiento del sistema financiero español", dijo el ministro antes de reconocer: "El Gobierno está haciendo una reflexión. Todas las opciones están abiertas", ha apuntado.

Un alto cargo de Economía reconoció la semana pasada a Reuters que, tras la nacionalización de Bankia, los procesos de subasta de CX y NCG Banco no necesariamente tenían que resolverse dando a entender que, en caso de no recibir ofertas interesantes, pudiesen llegar a integrarse incluso en BFA.

"No supone un aplazamiento, veremos cuáles son las ofertas que se hacen y esas ofertas se analizarán basadas también en lo que es un entorno y unas posibilidades de actuación adicionales por parte del Gobierno", respondió ayer esta misma fuente preguntada sobre el proceso de subasta de CX.

Guindos explicó ayer que, ante los exámenes a la banca de las entidades independientes previstas para junio, están esperando "para ver si pueden tener sentido algunas alternativas". La resolución de la adjudicación de CX estaba prevista parar finales de junio, mientras NCG había solicitado agotar el plazo previsto por la ley hasta después de verano con el objetivo de seguir buscando inversores particulares.

Los pesqueros. Cano Negro, La Joaquina, Unión Vázquez Blanco -los tres que salieron ayer- y el No me apures han salido del puerto de Algeciras sobre las 21.30 escoltados por dos patrulleras de la Guardia Civil y se han dirigido a la bocana sur del puerto de Gibraltar. Se trata de la zona en la que Gibraltar no permite echar las redes y en la que ayer ya se produjo otro rifirrafe entre las patrulleras de la colonia británica, la Guardia Civil y los pescadores. Esta noche, antes siquiera de que prendieran el lucero con el que iluminan el mar para echar las redes, los pescadores han visto las luces de emergencia de las patrulleras gibraltareñas, que inmediatamente se han posicionado a su alrededor.

Según ha relatado a Efe uno de los pescadores que está a bordo del Unión Vázquez Blanco, las patrulleras gibraltareñas han llegado "con la misma agresividad de ayer", haciendo "maniobras peligrosas", cruzándose entre los pesqueros y dando vueltas a su alrededor a gran velocidad, hasta el punto que, al parecer, han llegado a tocar en la popa a uno de los barcos. Juan manuel Vázquez, patrón de este barco, ha asegurado que la tensión fue algo inferior a la de ayer y ha asegurado que no pretenden ningún tipo de provocación sino "solo ganarse el pan". Finalmente se ha preguntado: "¿Tiene que perderse una vida para que haya arreglo en este conflicto?". A su juicio, la protección de la Guardia Civil les da confianza, "pero no seguridad".

Uno de los pesqueros ha logrado calar la red y, aunque la policía gibraltareña se lo ha permitido, ha tomado nota de su matrícula y la filiación de la tripulación, abarloando la lancha con el pesquero, y ha advertido al patrón del delito cometido según las leyes medioambientales del Peñón. Fuentes aseguraron que la orden que han recibido es que no se actuara contra los barcos pesqueros.

El incidente se ha producido en el mismo lugar que anoche, junto a la bocana del puerto gibraltareño, en la zona conocido como del Almirantazgo. El acoso se está produciendo en estos momentos, aunque de momento los pesqueros españoles ha decidido seguir en la zona. La presencia de la Guardia Civil se ha visto reforzada por un barco oceánico (de mayor tamaño que los dos que salieron al auxilio ayer, las conocidas como las Heineken) y una goma o barca neumática. La pasada madrugada, pescadores españoles y patrulleras de la Guardia Civil cruzaron insultos y amenazas con las autoridades gibraltareñas y una embarcación de la Royal Navy en las aguas próximas al Peñón.

Este segundo altercado se produce después de que el titular británico para Europa, David Lidington, reiterase hoy al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que el Reino Unido no formará parte de unas negociaciones sobre la soberanía del Peñón en la que no estén incluidos los gibraltareños.

Durante una conversación telefónica, Lidington comunicó al mandatario gibraltareño que la posición británica sobre la soberanía del Peñón "no ha cambiado y no cambiará", según informó hoy a través de un comunicado el Ministerio británico de Exteriores. El comunicado enumera que durante la conversación entre el ministro británico y el mandatario gibraltareño también se trataron asuntos como "las disputas de pesca, los recientes incidentes en aguas territoriales británicas y el potencial impacto en Gibraltar de los cambios en la tasación de las apuestas online".

"El Reino Unido nunca llegará a un acuerdo a través de cual los gibraltareños tengan que asumir la soberanía de otro Estado en contra de su voluntad", dijo Lindington, señala la nota.

Las explicaciones que Carlos Dívar ofreció ayer en el pleno sobre sus 20 viajes no convencieron a la mayoría de vocales (cuatro de ellos pidieron explícitamente su dimisión y otro, José Manuel Gómez Benítez, que denunció los gastos del presidente del Supremo, los apoyó).

El atrincheramiento de Dívar y el debate suscitado por sus gastos causó enorme fractura en el consejo (incluso entre los grupos de vocales afines, conservadores y progresistas) y provocó un gran deterioro en la imagen del órgano de Gobierno de los jueces. Lo ocurrido ayer en el pleno amenaza también la gobernabilidad de uno de los poderes básicos del Estado. A los 20 vocales de ese consejo les queda aún algo más de un año de mandato.

Las explicaciones de Dívar ni siquiera convencieron a los vocales que ayer le expresaron su apoyo (15 de los 20) y que le permitieron mantenerse en el cargo aun sin aclarar los gastos de sus desplazamientos. Con 13 votos, Dívar habría sido destituido, pero solo hubo cinco.

La expectación ante las explicaciones del presidente del Supremo se evaporó pronto en una reunión que duró tres horas y media cargadas de tensión. Dívar aludió al “carácter reservado de sus viajes” para no explicarlos. También se escudó en el archivo por parte de la fiscalía de la denuncia por malversación que interpuso el vocal José Manuel Gómez Benítez.

En el debate afloraron los odios y las guerras internas que vive el consejo desde hace tiempo. Si Dívar no fue forzado a dimitir ayer es porque buena parte de quienes le respaldaron creen que “con la que está cayendo” no es el momento de “remover” al presidente de uno de los tres pilares básicos del Estado y porque tampoco quieren, según explicaron, reforzar el poder del grupo de cinco vocales que pidió su dimisión. “Aunque lo suyo de los viajes es para taparse la nariz”, coincidieron en señalar varios vocales en referencia a los desplazamientos a Marbella de Dívar.

En medio de fortísimas críticas de dentro y fuera del Poder Judicial por sus viajes de fin de semana, alguno de hasta cinco y seis días, y forzado por sus colegas del consejo, Dívar había convocado ayer una sesión plenaria extraordinaria para explicar, o eso creían los consejeros, los motivos de esos viajes. Y se limitó a decir que eran reservados y que diferenció en ellos los gastos privados de los oficiales (los 20 viajes han costado a las arcas públicas casi 13.000 euros, aparte de las dietas de los hasta siete escoltas que le acompañan en sus desplazamientos).

Los vocales no se conformaron con las parcas explicaciones de Dívar y le pidieron más detalles, pero el presidente del Supremo se amparó en el acuerdo del consejo de 1996 que exonera de justificar los gastos de representación y los motivos de los viajes. Las explicaciones de Dívar no agradaron a casi nadie. Y el pleno, el más crispado que se recuerda, “aunque sin perder nunca las formas”, se rompió en añicos.

El mutismo de Dívar indignó a los cuatro vocales que pedían su dimisión y que redactaron un contundente escrito pidiendo al presidente del Supremo que abandonara su puesto. Estos vocales eran Carles Cruz, Inmaculada Montalbán, Félix Azón y Margarita Robles, líder del grupo, todos ellos de Jueces para la Democracia. Aunque no firmó el escrito, a ellos se les unió después Gómez Benítez, exabogado del juez Garzón y otrora declarado enemigo de Robles. Caído Dívar, la intención de este grupo, según fuentes del consejo, era que el actual vicepresidente, Fernando de Rosa, le sustituyese como presidente interino durante el año que le queda de mandato a este consejo y que la presidencia del Tribunal Supremo la asumiese el presidente de la Sala Primera de lo Civil del alto tribunal, Antonio Xiol.

Los vocales liderados por Robles que pidieron la dimisión de Dívar, al considerar que sus explicaciones, exentas de disculpas, habían sido “insuficientes” y “quebrantado” la imagen del tercer poder del Estado, señalan en su escrito: “La exclusión por la Fiscalía General del Estado de responsabilidades penales no exime en ningún caso de las responsabilidades políticas, toda vez que con los hechos ocurridos han sido vulneradas las exigencias del ejercicio de transparencia y austeridad, que son especialmente exigibles a todo servidor público y mucho más a quien ostenta la representación del Poder Judicial”.

Pero surgió otro grupo de siete vocales, cinco conservadores y dos progresistas, que acordó exigir la renuncia de Gómez Benítez. Este grupo lo lideró el vicepresidente del consejo, Fernando de Rosa, y estaba compuesto además por los vocales Almudena Lastra, Concepción Espejel, Claro José Fernández Carnicero, Gema Gallego y Antonio Dorado. A ellos se sumó también la portavoz, Gabriela Bravo, que al igual que Lastra pertenece al sector progresista. En el documento firmando por estos vocales, y en términos muy duros, piden que Gómez Benítez renuncie a su cargo en un órgano en el que “según sus palabras no confía y al que ninguna lealtad profesa”. Además, afearon su conducta en el pleno por presentar una denuncia ante el fiscal sin plantear previamente el asunto ante el Poder Judicial. Y por ello le acusan de iniciar una campaña de “desprestigio y confusión intencionalmente creada”. Eso dicen al menos en el escrito, aunque en privado algunos de ellos admiten el déficit en las explicaciones de Dívar y sostienen que pedir ahora la dimisión del presidente del Supremo habría socavado uno de los tres pilares del Estado de derecho “en un momento de crisis especialmente convulso para este país”.

Muchas voces dentro de asociaciones judiciales y fiscales han pedido estos días la dimisión de Dívar, y exigido que diera explicaciones públicas. Pero el presidente rehusó hacerlo ayer, a pesar de que esta posibilidad también se planteó en el pleno. Conclusión: 15 vocales no quisieron dejarle caer. La portavoz del consejo lo explicó, con un rostro de escasa convicción: “Una amplia mayoría de vocales, entre los que yo me incluyo, consideraron suficientes las explicaciones de Dívar sobre los viajes realizados e incluso le manifestaron su confianza para mantenerse en el cargo”.

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, también terció tímidamente en este asunto. “La dimisión [en alusión a Dívar] es un acto voluntario y tendrá que ser el presidente el que evalúe si en el fondo, al estar amparado por la norma, tiene que presentar su dimisión”, explicó a Efe su portavoz, Pablo Llarena.

El contenido de Ciudadanía, que llegó hasta el Tribunal Supremo en la pasada legislatura, ha vuelto al centro de la controversia. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, había anunciado nada más llegar al cargo que la transformaría, rebautizada como Educación Cívica y Constitucional, para eliminar “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”. Pero tres comunidades autónomas (Andalucía, País Vasco y Cataluña) desaprueban el giro planteado por el ministerio y plantean modificar la parte del currículo que queda en sus manos- un 35% en el caso andaluz y el 45% en las otras dos- para devolverla a su actual esencia.

Los cambios que ha propuesto el ministerio “la alejan de la Constitución Española”, considera la consejera andaluza, Mar Moreno (PSOE), primera en apuntar a una revisión del temario a nivel autonómico para “corregir” los contenidos actuales “que se aprobaron con un debate a fondo con la comunidad educativa”, con la que anunció que volverá a contar para la revisión.

Cataluña reclamó la retirada de uno de los conceptos añadidos, el de “nacionalismo excluyente”. “Se interpreta de una forma u otra según quién lo recibe y dónde se recibe”, señaló la consejera Irene Rigau (CiU). El ministerio aceptó borrarlo del temario, según confirmó la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, que es la que ha comparecido ante los medios al término de la reunión en lugar del ministro Wert. Según Gomendio, el ministerio no se planteó que un concepto “incluido en el apartado de conflictos a nivel mundial” pudiese “herir la sensibilidad de ninguna comunidad autónoma”.

El País Vasco también considera “un despropósito” el cambio, según la consejera Isabel Celaà (PSE), que confirmó que la modificaría para mantener “contenidos como el diálogo para la solución de conflictos y la cultura de la paz ”. Madrid planteó directamente la retirada de la asignatura. La consejera Lucia Figar (PP) consideró que es una materia que ha dado “tres años de dolor de cabeza nacional” y que quita “un tiempo precioso” a materias troncales “como lengua, matemáticas e inglés”. “Mi opinión es que hay que suprimirla, tenemos problemas educativos gravísimos”, señaló. La retirada de Ciudadanía requeriría un cambio de ley orgánica.

Respecto al cambio de criterio en la concesión de becas, la secretaria de Estado señaló que afecta a las becas salario (que incluyen ayudas generales y un ‘sueldo’ mensual para los estudiantes) pero no a las generales, las de material o las de transporte. La nota de corte pasa del 5 actual a un 6 para las ayudas a FP y Bachillerato, señaló Gomendio, que no facilitó la cifra de cuántos alumnos acceden ahora a esta ayuda con la nota mínima. Cataluña planteó que se revisara cuál es la nota media que presentan ahora los alumnos becados en Formación Profesional de Grado Medio porque temen que la mayoría accedan con un 5, según expuso Rigau, que asegura que el ministerio se comprometió a recoger esa información. Las becas universitarias, que se tratarán en conferencia sectorial la próxima semana, también incluyen un endurecimiento de los requisitos académicos para su concesión.

La reunión también ha revisado el proyecto de Formación Profesional dual que quiere poner en marcha el ministerio. Gomendio ha indicado que los alumnos aumentarán las prácticas en empresas "entre el 33 y el 75%" del tiempo. El decreto establece que las empresas participen como mínimo en un tercio (33%) de la formación del alumno, en función de las características de cada módulo profesional y de la empresa participante. Algunas autonomías, como Andalucía y Cataluña, han planteado que el decreto "incluye lagunas", que se debe clarificar si solo afecta a empresas o también a otros organismos reconocidos o cuál será la relación exacta entre los centros y las empresas. El borrador tiene que ser revisado además por el Ministerio de Trabajo.

Eso es, precisamente, lo que pidieron los rectores al ministro, José Ignacio Wert, el miércoles —lo habían solicitado oficialmente semanas antes—: que se comprometiera públicamente a convocar esa reunión. Pero el ministro se negó y por eso los responsables de las universidades españolas reunidos en la Conferencia de Rectores (CRUE) decidieron dejarle plantado en el encuentro ordinario del miércoles. Gomendio dijo que volverá a convocar la reunión suspendida entonces, con el mismo orden del día, para la semana que viene. Hoy escribirá a los rectores para comunicárselo.

La tensión creciente de las últimas semanas por las declaraciones de Wert y por no consultar con la comunidad universitaria las medidas de recorte en educación culminó con ese plante, después de que Educación no incluyera en la reunión del miércoles el análisis del decreto de ajuste, como se le había solicitado formalmente. La norma, que da herramientas legales a las comunidades para recortar 3.000 millones de euros el próximo curso, afecta de lleno a la Universidad y tiene, aseguran los rectores, varios fallos técnicos de bulto.

Ahora, la decisión del ministerio, a falta de conocer los detalles, se parece mucho a una rectificación en toda regla para calmar los ánimos y empezar a recomponer las relaciones. Pero llegó, en cualquier caso, al final de un día en el que habían continuado las hostilidades.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, definió la decisión de los rectores como “una pataleta” y les advirtió de que actitudes “como las de dar portazos” no son las adecuadas, informa Europa Press. También aseguró, al igual que había insinuado el día antes el ministro de Educación, que los responsables de las universidades “no estuvieron a la altura de las circunstancias”. Además, acusó al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de “mangonear en las universidades”.

Por otro lado, fuentes del Gobierno advirtieron que el presidente Mariano Rajoy no tiene previsto de momento recibir a los rectores, pues el interlocutor lógico es el ministro del ramo. Los rectores anunciaron el miércoles en el comunicado leído tras el plante que pedirían una “reunión urgente” con el presidente.

Los responsables de los campus, por su parte, siguieron defendiendo durante todo el día de ayer su “dolorosa” decisión de plantar al ministro, por su “falta de respeto” a la comunidad universitaria —insistió la presidenta de la CRUE, Adelaida de la Calle— y por ser “tratados con menosprecio”, dijo el responsable de la Universidad de Valencia, Carlos Morcillo. El rector de Valladolid, Marcos Sacristán, llegó a decir que Wert debe pedir disculpas a la comunidad educativa, informa Efe. En todo caso, también habían deslizado entre las críticas mensajes sobre su disposición absoluta a recomponer las relaciones.

La victoria del socialista François Hollande ha acabado con el archifamoso directorio Merkozy, que generó bastantes resquemores entre aquellos socios que veían cómo París y Berlín —o mejor dicho, Berlín y París— cocinaban las decisiones que más tarde imponían al resto de la Unión.

Algunos se alegran de que la hasta ahora todopoderosa Angela Merkel, que apoyó sin tapujos a Nicolas Sarkozy antes de las elecciones, se haya topado con un contrapeso que le obligue a pensar en el crecimiento y en la creación de empleo, y no solo en la austeridad. Otros lamentan, sin embargo, que la ya de por sí errática dirección política de la UE pueda ahora atascarse en un momento clave.

La cumbre del miércoles sirvió para escenificar los nuevos tiempos, en los que los eurobonos se han convertido en la principal divergencia franco-alemana. “He presentado mi posición y el presidente francés ha expuesto la que ya había anunciado. Ha sido una discusión muy detallada”, aseguró la canciller, que solo estará dispuesta a garantizar la deuda de otros Estados cuando los alumnos díscolos hayan hecho todos los deberes en forma de reformas estructurales y dolorosos recortes.

Más directo fue el francés a la hora de explicar el encontronazo. “Merkel no considera un elemento de crecimiento, sino una perspectiva a largo plazo de integración. Yo creo que puede ser una ocasión de mutualizar la deuda futura que permita a los Estados una financiación más asequible”, aseguró Hollande en su bautizo en una cumbre.

La presentación en sociedad del flamante presidente francés fue precisamente, según fuentes comunitarias, uno de los motivos que llevaron al Consejo Europeo a convocar la cumbre informal del miércoles, más allá de la mencionada agenda por el crecimiento, cuya concreción llegará en la cumbre del 28 y 29 de junio. Otros motivos para que los jefes de Estado y Gobierno quisieran verse las caras, según las mismas fuentes, era la necesidad de Irlanda de mostrar el interés europeo por fomentar el crecimiento y la creación de empleo antes del referéndum del próximo 31 de mayo en el que sus ciudadanos se pronunciarán sobre la política de austeridad; así como la voluntad de evitar suspicacias entre los socios europeos y mostrar que las decisiones se toman entre los Veintisiete, y que Berlín y París ya no hablan por toda Europa.

Pese al choque inicial, nadie garantiza que la pareja Merkollande no acabe encontrando puntos en común. Los dos se necesitan demasiado como para empezar una guerra. Expertos como el politólogo alemán Stefan Seidendorf recuerdan que su relación ha empezado mejor que la de Jacques Chirac y Gerhard Schröder —“que no podían verse”—, o incluso que la de la propia Merkel cuando se las tuvo que ver en 2007 con un recién elegido Sarkozy. “Es normal que al principio no estén de acuerdo. Y que poco a poco vayan limando asperezas”, subraya una fuente diplomática francesa.

Frente a la división en torno a los eurobonos, Merkel y Hollande coincidieron en el diagnóstico sobre la madre de todos los problemas: ambos apuestan por la permanencia de Grecia en el euro y por el cumplimiento de las obligaciones a las que se ha comprometido. Sin embargo, según informó Reuters, responsables gubernamentales de la eurozona ya han dicho a los Estados miembros que preparan planes de contingencia por si finalmente Atenas abandona el club. La agencia de noticias, que cita tres fuentes familiarizadas con las conversaciones, asegura que el pasado lunes tuvo lugar una teleconferencia en la que se pidió a cada país que se preparara para lo peor.

Sin embargo, una alta fuente comunitaria desmintió que Bruselas dé ya por descontada la primera expulsión de la unión monetaria. “Grecia no va a salir del euro. No hay plan de contingencia ni plan B”, señaló el jueves con rotundidad, al tiempo que justificaba la obligación de los griegos de cumplir con sus compromisos. “Hemos de respetar a los votantes de una democracia. Pero también a los contribuyentes de 16 países que han ayudado a Atenas con 150.000 millones de euros, que es más que todo el PIB griego”, añadió.

La oposición no hará de los eurobonos un caballo de batalla para negociar con Merkel su apoyo parlamentario al Pacto Fiscal europeo. La coalición de centroderecha que ella preside precisa de sendas mayorías de dos tercios en ambas cámaras parlamentarias (Bundestag y Bundesrat) para ratificar el acuerdo, firmado en marzo por 25 de los 27 miembros de la Unión Europea. La canciller se reunió el jueves por la tarde en Berlín con los líderes de los dos principales partidos de la oposición, SPD y Los Verdes, para escuchar sus condiciones.

Tras el distanciamiento de Gabriel, también el jefe parlamentario de Los Verdes Jürgen Trittin, expresó sus reticencias hacia los eurobonos, “que en principio tendrían sentido, pero que ahora mismo son incompatibles con el Derecho” europeo. El rechazo a endeudarse junto a países con serios problemas de solvencia como España o Italia está muy extendido entre los votantes alemanes. Ahora mismo, el Tesoro alemán es capaz de ganar dinero con los intereses nimios a los que coloca sus bonos, mientras que la deuda española se ha encarecido por encima del 6%.

La reunión entre los dos partidos del Gobierno, el SPD y Los Verdes sirvió a todas luces para acercar las posiciones ante un posible acuerdo el próximo 13 de junio. Las diferencias entre Merkel y la oposición son menos enconadas que las que la separaron en Bruselas del socialista francés Hollande. Según explicó Gabriel tras la reunión del jueves, la canciller “ha avanzado” hacia las reclamaciones de la oposición y “ha levantado su bloqueo a un acuerdo por el crecimiento y las inversiones”. No se esperaba un acuerdo definitivo en la reunión del jueves, que según el líder parlamentario del SPD Frank-Walter Steinmeier era solo “un primer tanteo” en la negociación. Por su parte, el verde Trittin conminó a Merkel a “alcanzar el consenso con Francia, España e Italia” cuando se reúna con sus líderes en roma, a principios de junio.

El jefe de los democristianos (CDU/CSU) en la cámara baja (Bundestag), Volker Kauder, se dijo persuadido de que los diputados aprobarán “antes del verano” el Pacto fiscal y el fondo de estabilidad permanente ESM. Dado que el Pacto Fiscal obligará a los Estados federados a reordenar sus presupuestos, quedan por debatir las exigencias de los länder gobernados por el SPD.

Los 16 Estados determinan la composición de la cámara alta (Bundesrat), donde el equilibrio de fuerzas es desfavorable a la coalición entre CDU y liberales (FDP) que gobierna Alemania. El ministro de Hacienda de Renania del Norte-Westfalia, el socialdemócrata Norbert Walter-Borjans (SPD), ha expresado las dudas de su partido ante las estrictas reglas de ahorro que impondrá a los Estados la entrada en vigor del Pacto. Alemania, dijo el jueves, “ya tiene reglas muy ambiciosas de contención presupuestaria”, así que será “necesario” buscar “nuevos ingresos” que compensen las estrecheces económicas del nuevo pacto.

En este sentido, el SPD insiste en el impuesto a las transacciones financieras como condición irrenunciable para apoyar el Pacto Fiscal de Merkel. La canciller ya se ha mostrado dispuesta a adoptar dicha medida, que en su gobierno podría encontrar la resistencia del sector empresarial de la CDU y de buena parte del partido liberal FDP. Entre los socios europeos, Francia apoya el impuesto, mientras que Reino Unido lo rechaza. El SPD asegura que no habrá acuerdo sin dicho impuesto.

Porque, según repitió Gabriel el jueves, “no se trata de cambiar el pacto fiscal, sino de completarlo con iniciativas para el crecimiento y el empleo” que podrían financiarse con la tasa a las transacciones. Otra propuesta socialdemócrata contempla el refuerzo del Banco europeo de Inversiones. También quieren que los fondos de cohesión se dediquen a proyectos que promuevan el crecimiento económico. En palabras de Gabriel, “no podemos seguir dedicando el 40% del presupuesto europeo a las subvenciones agrarias”.

La hija del presidente de Cuba ha entrado en EE UU gracias al visado concedido por el Departamento de Estado, que ha hecho una excepción a una norma que impide acceder en suelo nacional norteamericano a altos funcionarios de la isla. El régimen cubano impide a sus ciudadanos salir libremente de la isla, y para ello les exige una tarjeta blanca, o permiso de salida.

"Un grupo de la mafia cubana en los Estados Unidos, ¿por qué le están quitando los derechos al pueblo estadounidense de viajar a Cuba? Eso no es justo", dijo Castro el miércoles, durante una conferencia ante médicos del Hospital General de San Francisco, según informa el diario El Nuevo Herald. "Ustedes son millones de personas contra una pequeña mafia de personas sin escrúpulos... Estamos luchando por los derechos de los cubanos y los derechos de los estadounidenses".

Castro acudió invitada por la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés), afiliada a la Universidad de Pittsburgh, que hasta el sábado celebra en San Francisco un congreso titulado ‘Hacia el tercer siglo de independencia en América Latina’. LASA no patrocina visados. Es el Departamento de Estado el que decide si autoriza la entrada de los académicos o no. La ponencia de Castro, programada para este jueves, se había presentado bajo el rótulo ‘Mirada a la diversidad sexual desde lo político’. Previamente a esta, Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, aprovechó para hacer política.

La Administración de Barack Obama ha facilitado notablemente el viaje a Cuba por parte de familiares de residentes en la isla. Castro se refería en sus críticas a los legisladores cubanoamericanos que se oponen a un mayor aperturismo hacia el régimen de Raul Castro. Precisamente varios de ellos, liderados por la presidenta del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, la republicana Ileana Ros-Lehtinen, enviaron la semana pasada una misiva a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para que prohibiera el viaje de Castro a EE UU, unas peticiones que esta desoyó.

Esta es la segunda ocasión en la que Mariela Castro visita EE UU. En 2002, bajo la presidencia del republicano George W. Bush, ya visitó Los Ángeles, Virginia y la zona metropolitana de Washington. Este viaje, sin embargo, ha provocado críticas a Obama por parte de los republicanos, incluida la campaña del candidato conservador Mitt Romney, que dijo que lo considera “una bofetada a todas aquellas valerosas personas en Cuba que sufren una persecución constante”.

La pelea por la autonomía y la seguridad del pueblo mexicano de Cherán ha sufrido un duro revés. Un líder comunal de este municipio, que desde 2011 se gestiona de manera comunitaria para luchar contra la tala ilegal de árboles y el crimen organizado, ha sido hallado muerto este jueves tras permanecer desaparecido ocho días. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Jesús Sebastián Ortiz, de 70 años, pero se teme lo peor: en abril del año pasado ocho vecinos fueron asesinados tras enfrentarse a supuestos taladores de montes.

Con la muerte de Ortiz ya son tres los líderes comunales del estado de Michoacán (al oeste de México) que han fallecido en circunstancias sospechosas. La semana pasada fue secuestrado, torturado y asesinado el líder comunal de Aquila y el pasado mes de diciembre apareció el cadáver uno de los dirigentes de Ostula, según datos de Europa Press.

La historia de Cherán, una localidad de 18.000 habitantes, es la de una insurrección espontánea y popular que ya dura un año. En abril de 2011 los vecinos, la mayoría de la comunidad indígena purépecha, reaccionaron a la creciente deforestación de sus terrenos: detuvieron a cuatro de los malos, como llaman a los taladores ilegales, y bloquearon e incendiaron sus camionetas. Después se organizaron montando unos 200 puestos de vigilancia y construyendo barricadas para controlar los accesos a la localidad.

Los cheranenses también decidieron emanciparse en materia de política. Decidieron elegir a sus autoridades de manera autónoma, siguiendo los usos y costumbres indígenas, y en febrero de 2012 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio la razón. Desde entonces la localidad es gobernada por el llamado Consejo Mayor de Gobierno Comunal, integrado por 12 ciudadanos.

“El mundo ha cambiado enormemente a lo largo de 2011. Los ciudadanos se han puesto en pie para demandar más respeto por la dignidad humana, más oportunidades económicas, más libertades políticas y mayor capacidad para decidir sobre su propio futuro”, ha dicho Clinton. Tras poner como ejemplo la transición democrática en Túnez, o las elecciones que se están celebrando estos días en Egipto, la secretaria de Estado ha llamado la atención sobre la fragilidad y la incertidumbre que suelen acompañar a las revoluciones políticas y sociales. “Crear una sociedad civil fuerte y un clima en el que se asiente la libertad de expresión y una cultura de transparencia política conlleva su tiempo y el camino muchas veces es inestable”, ha advertido.

Además de los avances en el respeto a las libertades fundamentales de países como Túnez, Libia, Egipto o Myanmar, Clinton también ha destacado los esfuerzos de Zambia –“que ha celebrado unas elecciones libres y creíbles”- y Colombia. Sobre el país suramericano, la responsable de la política exterior de EE UU y su subsecretario de Derechos Humanos, Michael Posner, han destacado los esfuerzos del Gobierno para enfrentarse a “décadas de violencia política” y asentar las bases para “acabar con la impunidad y el acoso a activistas, líderes sindicales, periodistas y profesores” y poner fin a los “asesinatos extrajudiciales”.

El informe destaca varios países en los que el respeto por los derechos humanos es prácticamente inexistente. En concreto, se citan los casos de Siria, Corea del Norte, Uzbekistán, Turkmenistán, Bielorusia, China e Irán. El estudio sobre el país persa presenta un escenario desolador en relación con la defensa de las libertades por parte de su Gobierno. “Adopta medidas brutales contra toda forma de disidencia [….] arresta, tortura y persigue a los manifestantes [….] ha condenado a muerte sin juicio justo a cientos de personas…”.

El estudio, como ha enfatizado Clinton, “aborda la defensa de los derechos humanos en el nuevo escenario del siglo XXI”. En este sentido, se hace especial hincapié en el respeto a las minorías étnicas y religiosas, pero también a la discriminación hacia las mujeres y los gais, lesbianas y transexuales, así como a las dificultades o la prohibición para acceder a Internet o a la consideración por parte de los Gobiernos con el trabajo de las ONG.

Respecto a los países del Continente Americano, además del caso colombiano, el informe destaca los problemas de Cuba, Venezuela, México, Honduras y Nicaragua. Respecto de este último Estado, se censura que las “irregularidades del proceso electoral han marcado una marcha atrás en su democracia y ha menoscabado a sus ciudadanos la posibilidad de controlar la labor de su Gobierno”.

De Cuba se resalta la “sistemática represión de los derechos civiles y las libertades fundamentales” y la intimidación por parte del Gobierno de grupos opositores, “en particular el de las ‘Damas de Blanco”. El documento destaca el incremento de la tasa de asesinatos en Honduras y el problema de la violencia generada por el narcotráfico, el mismo reto al que deben enfrentarse las autoridades mexicanas. La lucha contra los cárteles representa el mayor desafío a los derechos humanos del país norteamericano, según el informe. Sobre Venezuela, se alerta acerca de la concentración de poder en manos del presidente Hugo Chávez en el último año y su control de los medios de comunicación.

Hay otro cambio significativo: el contrato que permite a las empresas de menos de 50 trabajadores contar con un periodo de prueba de hasta un año, en el que se puede despedir sin indemnización, se ha condicionado a que la tasa de desempleo esté por encima del 15%, tras un pacto del PP con CiU. “Es un contrato de crisis”, definió en los pasillos del Congreso el director general de Empleo, Xavier Thibauld, uno de los arquitectos de la reforma.

A primera vista, esta modificación es un guiño a los sindicatos, muy críticos con esta figura por considerarla inconstitucional. Sin embargo, la realidad lo deja en un brindis al sol. El paro ahora está por encima del 24%. El mismo Gobierno, en sus previsiones, no espera que esta tasa baje en esta legislatura y el FMI, uno de los pocos órganos que hace pronósticos a largo plazo, vaticina un paro por encima del 20% en España hasta 2017.

El texto que este jueves aprobó la Comisión de Empleo del Congreso con los votos de PP y CiU no es definitivo. Ahora, la reforma laboral tiene que pasar por el Senado y posteriormente volver al Congreso, donde finalizará la tramitación parlamentaria, previsiblemente antes de que acabe junio.

Para el PP, los cambios introducidos dejan un texto "bastante completo", en una reforma que es "equilibrada y profunda", según definió, echando mano del argumentario habitual, la popular Carolina España. "La reforma vulnera todos los derechos de los trabajadores", atacó la socialista Concha Gutiérrez. Por su lado, el portavoz de la Izquierda Plural tildó el texto aprobado de "contrarreforma" que "tiene como único objetivo reducir salarios cargándose la negociación colectiva".

También los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), fueron muy críticos con lo aprobado este jueves. Para ellos, "las enmiendas agravan más" la reforma contra la que ya convocaron una huelga general, según las declaraciones que hicieron tras entregar una carta en el Congreso en la que pedían que no se aprobara la reforma laboral.

Para reducir de dos años a uno la prórroga en los convenios no renovados, el PP dio su apoyo a una enmienda de Foro. Fue la única que salió adelante del partido de Francisco Álvarez Cascos. Una vez el nuevo texto entre en vigor, cuando transcurran 12 meses sin acuerdo, el convenio no renovado decaerá y la referencia pasará a ser el pactado en ámbitos superiores (sectorial provincial, autonómico o estatal, donde los pactos suelen ser de mínimos). Si no existiera un convenio superior, el marco al que acogerse será el Estatuto de los Trabajadores.

El argumento del Ministerio de Empleo para aceptar este cambio es que, en la actualidad, el plazo medio de renovación de convenios es de siete meses. Además, Thibauld se muestra convencido de que serán muy pocos los convenios que decaerán porque no se renuevan. "No le conviene a nadie. Una empresa sin convenio es ingobernable", justifica.

Entre las enmiendas aprobadas, hay una que aumenta el poder empresarial para disponer de hasta el 10% de las horas que un empleado debe trabajar al año (unas 1.750 horas). Para hacerlo, bastará con que el trabajador sea informado del cambio con cinco días de antelación. Empleo justifica el cambio basándose en que es una recomendación para los negociadores de convenios que sindicatos y patronal pactaron en el acuerdo de negociación colectiva del pasado enero.

Entre las enmiendas que salieron adelante, hay una del PP que aclara que, para despedir por absentismo, las empresas no podrán contar las bajas justificadas causadas por enfermedades graves o tratamientos contra el cáncer. También se aprobó una pactada con CiU que da más protagonismo a la autoridad laboral en la tramitación de los despidos colectivos. Esta modificación no supone recuperar la autorización administrativa, pero sí que se otorga mayor control a la Administración que incluso podrá actuar como mediador o asesor en el proceso, si una de las partes lo solicita.

La última vez que el Times-Picayune se publicó sólo en Internet fue en 2005. Durante tres días de aquel año, el 30 y 31 de agosto y el 1 de septiembre, la inundación de la redacción del diario, en la avenida de Howard, llevó a suspender la impresión del diario. Éste se publicó en la Red en formato pdf. Finalmente tuvo que trasladar temporalmente su redacción central a Baton Rouge, 120 kilómetros al noroeste de Nueva Orleans.

Unos pocos periodistas temerarios quedaron sin embargo en Nueva Orleans, huyendo permanentemente de las inundaciones, narrando el desastre de primera mano, escribiendo entre evacuaciones y cadáveres. Las primeras planas del diario en aquellos días son una de las más diestras descripciones de los estragos del Katrina, y de la improvisación del Gobierno federal.

“Zona cero”, decía el 29 de agosto, antes de que la tormenta tocara tierra en Luisiana. Al día siguiente: “Catastrófico”, sobre la foto de un anciano evacuado de una casa hundida en el agua. “Bajo el agua”, aseguraba el 31, con una foto de la ciudad totalmente inundada. Abría el 1 de septiembre con el titular “Tocando fondo”, en referencia a las miserias de los evacuados. “Ayudadnos, por favor”, suplicaba la jornada posterior.

En los días en que se elaboró desde Baton Rouge, el Times-Picayune pasó de tener una circulación de 260.000 a sólo 60.000. Fue toda una proeza que se siguiera imprimiendo, dada la parálisis total del sur del Estado de Luisiana. Ante la desaparición de una buena parte de los kioscos, los propios empleados entregaban copias del diario en el centro de la ciudad, en las zonas que se habían salvado de la gran inundación, como el barrio francés.

Entonces, el diario ya probó con el desarrollo de su página web, bajo la dirección Nola.com (La palabra ‘nola’ resulta de unir las iniciales de Nueva Orleans, NO, y la abreviación del Estado de Luisiana, LA). A través de un foro, ofreció a los ciudadanos colgar mensajes de búsqueda de personas desaparecidas. En su primer día en funcionamiento, éste acumuló más de 4.000 mensajes. Alentó también a los damnificados a que compartieran sus historias personales, dentro de la línea del periodismo ciudadano que luego asumirían muchos otros medios.

El diario comenzó a imprimirse en 1837, años después de la derrota de los británicos por parte de los rebeldes norteamericanos. Un picayún era una moneda española que circulaba entonces por la excolonia de Luisiana, cuyo valor era de medio real. Ese era precisamente el precio del diario en aquella época. En 1962 compró la cabecera el magnate Samuel Irving Newhouse, y a sus herederos sigue perteneciendo, dentro de la empresa Advance Publications. Fue esta última quien anunció la reducción de días de impresión este jueves.

El diario se publicará a partir de otoño los miércoles, viernes y domingos. “Estos cambios se han hecho necesarios para poder mantener la empresa informativa, y para poder evolucionar y seguir centrándonos en lo digital, mientras mantenemos un equipo fuerte de periodistas profesionales que gozan de un gran conocimiento de la zona metropolitana de Nueva Orleans”, asegura el diario en su página web.

La familia Newshouse anunció que reducirá también los días de impresión de otros diarios de los que es dueña, en el estado sureño de Alabama: The Birmingham News, The Huntsville Times y The Press-Register. Los tres pasarán a depender eminentemente de sus páginas web.

Las tareas de espionaje político investigadas por la juez se reflejaron en unos partes mecanografiados sobre los que un empleado público de la Comunidad de Madrid escribió distintas anotaciones, según acreditó un informe pericial caligráfico encargado por la juez que instruyó el caso.

El espionaje político tuvo lugar, al menos, entre abril y mayo de 2008, cuando el PP nacional dirimía si el liderazgo seguía en manos de Mariano Rajoy o pasaba a manos de Esperanza Aguirre. Tanto Cobo como Prada, los dos espiados, forman hoy parte de la dirección nacional del PP. Prada fue destituido como vicepresidente autonómico unos meses después de sufrir el espionaje.

Pese a que la investigación recabó numerosas pruebas de los seguimientos a Prada y Cobo, tanto en lugares de trabajo como en actos privados, y que los partes del espionaje recogían notas manuscritas de un empleado público de la Comunidad de Madrid, la juez del caso, Carmen Valcarce, decidió archivar la causa, en la que estaban imputados hasta tres ex guardias civiles fichados por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, un empleado público de la dirección de Seguridad y el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en su día por la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Audiencia de Madrid ordenó en marzo de 2011 a la juez reabrir el caso, al encontrar “indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos”. Con fondos de la Comunidad de Madrid, según los argumentos de la Audiencia Provincial, se pagaron servicios de espionaje a dos cargos políticos del PP. La juez consideraba imposible calcular el dinero malversado, mientras la Audiencia le explicaba cómo podía descubrir la cifra.

Pese a ello, la juez volvió a archivar en febrero de 2012 la causa, tras algunas diligencias menores, con el argumento de que no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos seguimientos, pese a que todos los informes policiales y periciales así lo concluían de manera determinante.

En el auto de este jueves, la Audiencia vuelve a insistir: “Existen indicios suficientes de delito [de malversación de caudales públicos] (...) basados en las declaraciones de los tres asesores imputados, por su ausencia de credibilidad, en que los seguimientos no se compadecen con la idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria, en la pericial caligráfica que considera a [José Manuel] Pinto [empleado autonómico] autor de las anotaciones manuscritas que aparecen en algunos de los partes de seguimiento, en las declaraciones de los asesores que ponen de relieve que recibían instrucciones de Sergio Gamón, y en que los cinco imputados son funcionarios teniendo a su disposición teléfonos móviles, vehículos, combustible además de gozar de una nómina mensual durante el tiempo que se realizaron los seguimientos”.

Desde que estalló el escándalo del espionaje político en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre, que negó los hechos en todo momento y lo sigue haciendo, ha defenestrado a algunos de los principales sospechosos.

Sergio Gamón, al que Aguirre fichó como director general de Seguridad Ciudadana cuando estaba casado con su secretaria, dimitió de su cargo un año y medio después de estallar el escándalo.

Aguirre forzó esa decisión cuando la ex mujer de Gamón denunció que su marido hablaba con Ignacio González, vicepresidente autonómico, sobre los seguimientos a los cargos del PP. La mujer también fue despedida como secretaria en Telemadrid.

Francisco Granados, consejero de Interior que fichó a los tres ex guardias civiles que se encargaron de seguir día y noche a Prada, y en menor medida a Cobo, durante al menos dos meses, también fue defenestrado de su cargo en la Comunidad de Madrid y, posteriormente, de la secretaría general del PP de Madrid.

Ignacio González, sospechoso porque le citó expresamente la mujer de Gamón como el interlocutor de su marido para los seguimientos, permanece en el cargo y muy reforzado tras ser elegido secretario general del PP de Madrid.

Estos planes de ajuste, que los Gobiernos regionales tienen que presentar para garantizar la reducción del déficit público, revelaron que la Comunidad de Madrid duplicaba su desviación presupuestaria del 1,13% del PIB anunciado, al 2,2%, lo que representa unos 2.000 millones adicionales de gasto. También revelaron desviaciones adicionales en la Comunidad Valenciana, unos 868 millones y en menor medida en Castilla y León (137 millones). La desviación aflorada por los planes regionales ascendía a unos 3.000 millones.

A pesar de ello, el Ministerio de Hacienda publicó una nota el pasado viernes cerca de la medianoche en la que admitía que el déficit público pasaba del 8,51% del PIB anunciado a Bruselas al 8,9%, lo que suponía unos 4.000 millones de euros adicionales de desfase presupuestario.

Este nuevo cálculo del Gobierno revelaba una diferencia de 1.000 millones con los 3.000 millones de déficit adicional destapados en los planes de ajuste regionales. Hasta este jueves, el Gobierno ha evitado explicar a qué se debía esa diferencia y a cuál era el origen de esos 1.000 millones de déficit adicionales reconocidos por el Gobierno.

Pero este jueves explicó a los técnicos de Eurostat que corresponden íntegramente a la Comunidad Valenciana. Hacienda justifica que el plan de pago a proveedores afloró 1.842 millones de facturas sin pagar por el Gobierno valenciano. También estaban, al parecer, sin contabilizar. De esa cifra, 868 millones correspondían a 2011, cifra que el Ejecutivo valenciano procedió a registrar y a computar como nuevo déficit. Pero el resto correspondía a facturas de 2009 y 2010.

Hacienda cuenta que, siguiendo instrucciones de Eurostat, ha computado estas facturas, por Hacienda, además, ha explicado a Eurostat que de los 4.000 millones de nuevo déficit, 3.000 millones se deben a gastos sanitarios y el resto a gasto corriente por valor de unos 1.000 millones, "en el último ejercicio cerrado".

Pero eso significaría que el déficit de la Comunidad Valenciana también debería aumentar desde el 4,5% reconocido en el plan de ajuste a cerca del 5,5%. Hacienda descarta esa posibilidad, a pesar de que sí consignan esas facturas en el déficit estatal.

Además, Hacienda ha reconocido también otros 405 millones de inversiones no computadas ni pagadas por Cataluña. Corresponden a la sociedad pública Gisa y elevan el déficit regional catalán en 0,04 puntos. Y por tanto vuelve a obligar al Gobierno a retocar dos centésimas el déficit estatal.

El Gobierno ha advertido de que la cifra de déficit público no es definitiva y que probablemente será revisada al alza cuando concluya el examen de las facturas del plan de proveedores de las autonomías y, sobre todo, de los Ayuntamientos.

En la maniobra de hoy de encuentro con la estación, la Dragon, de 3,7 metros de diámetro y 4,4, metros de alto, ha pasado alrededor de la ISS a distancias entre 7 y 10 kilómetros y se ha acercado hasta 2,5 kilómetros en una fase de la operación, que ha durado varias horas, con varios encendidos de motores.

Según el plan de la misión, tras la captura mañana, y si todo va según lo previsto y la NASA lo autoriza, los astronautas abrirán la escotilla de la cápsula el sábado. A bordo van unos 500 kilos de carga, la mayor parte ropa y alimentos para los astronautas, así como una batería de repuesto, un ordenador y 15 experimentos diseñados por estudiantes. Como este vuelo es aún de prueba, no se ha metido en la Dragón nada esencial.

La Dragón, igual que el cohete Falcon-9 que la puso en órbita el martes pasado desde la base espacial de la Fuerza Aérea estadounidense de cabo Cañaveral (Florida), son desarrollos de la empresa SpaceX por encargo de la NASA en su programa, que ahora se inaugura, de transferir al sector privado las misiones de servicio de la ISS. De momento esta cápsula lleva solo carga, pero SpaceX está trabajando ya con la NASA en el desarrollo de una versión para transporte de astronautas, en la que los requisitos de seguridad, por tanto, son mucho más estrictos.

La ocurrencia de Unabomber no ha sentado bien a varias de sus víctimas y la Asociación de Antiguos Alumnos de Harvard no ha tardado en disculparse. En un comunicado explicaba que, como miembro de la promoción de 1962, Kacyznski fue invitado a enviar una breve reseña sobre su vida y logros para poderla incluir en una especie de anuario conmemorativo. “Como alumno de la clase del 62 se incluyó la actualización de su perfil, lamentamos públicamente sus referencias a sus condenas y pedimos perdón por el dolor que haya podido causar”.

Lo que no aclaran es si sabían que su compañero de graduación era el famoso terrorista y, en ese caso, por qué decidieron divulgar su perfil. Tanto la Asociación como la propia Universidad de Harvard han eliminado de sus respoectivas páginas web cualquier resto de información sobre Unabomber

Kacyznski fue un niño prodigio que ingresó en Harvard con 16 años, donde se graduó en Matemáticas (Después cursó dos másters y un doctorado en la Universidad de Michigan). Más tarde, se recluyó en una cabaña en Montana tan espartana que carecía de agua y electricidad. Desde ese refugio se dedicó, entre 1978 y 1995, a propagar el miedo al resto del país mediante el envío de una docena de cartas bomba a través del servicio postal estadounidense.

Durante más de 20 años, Unabomber se las ingenió para eludir la caza y captura a la que le sometió el FBI. Una llamada de su hermano, en 1999 -que reconoció la letra del terrorista en los extractos de sus misivas mortales publicados por la prensa-, precipitó la detención del hombre más buscado de EE UU. El año pasado se subastaron judicialmente por 250.000 dólares los objetos que Kacyznski acumuló en la cabaña para indemnizar a sus víctimas.

Boixareu, amigo del yerno del Rey, que llegó a ser presidente de la FemCAT (fundación privada de empresarios nacionalistas), facturó 30.000 euros al Instituto Nóos (sin ánimo de lucro), que eran en realidad “dinero dado por DT [Diego Torres] e IU [las iniciales del esposo de la Infanta Cristina]”, según manuscritos que obran en el sumario. El duque asumió el pago.

El amigo empresario de Iñaki Urdangarin figuró en el lanzamiento del nuevo “proyecto” de Nóos, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS). La fundación, con fines asistenciales, intentó prolongar la actividad de Nóos, hibernado tras el aparente veto que la Casa del Rey dictó en 2006 a Urdangarin. El duque recibió la indicación de apartarse de los negocios institucionales y de compartir iniciativas con su socio Diego Torres. No fue así. El abogado barcelonés Raimon Bergós, que medió en la operación entre Urdangarin y un emisario de La Zarzuela, está citado como testigo. En aquel encuentro el yerno del Rey quiso esquivar la petición de apartarse de la actividad empresarial privada, que le trasladó el asesor de don Juan Carlos, José Manuel Romero, Conde de Fontao.

Iñaki Urdangarin declaró al juez Castro que Boixareu cobró de él y su socio Torres por ayudarle a abrir puertas ante grandes empresas. La FDCIS recaudó más de 400.000 euros de donaciones en dos años. Boixareu fue socio fundador de la entidad y el duque se situó de presidente del consejo asesor. El presidente de FDCIS fue Mario Sorribas, apoderado del duque en sus firmas. FDCIS es la argolla que enlaza a Urdangarin con una de las supuestas vías de evasión que pivota en una empresa de Barcelona con una sociedad pantalla en el RU: De Goes Center. Esta compañía está en manos de la fundación que crearon Torres y Urdangarin con la ayuda de Boixareu. Sorribas mantiene el uno por ciento de la sociedad máscara.

Por otra parte, el juez Castro rechazó las pretensiones del imputado expresidente de Baleares, Jaume Matas, para que se inhibiera del caso y que paralelamente se tomase declaración a los políticos valencianos Francisco Camps y Esteban González Pons. Castro reprocha a Matas un "empecinamiento" en privarle de su competencia de instructor. Indica el magistrado que "hasta ahora nunca había parecido (al expresidente imputado) inquietarle" que él fuera el juez competente, en dos años.

El instructor en el mismo auto de Matas cita a decenas de testigos relacionados con actividades de Nóos en Barcelona y en Valencia. También emplaza a varios imputados ex políticos del PP, cuya implicación ya era conocida: Luis Lobón, que era secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos, e Isabel Villaonga, ex subsecretaria de Presidencia de la Generalitat Valenciana. El exvicepresidente de esa institución, imputado en la trama del caso Gürtel, Víctor Campos, es citado como testigo.

El juez Castro le reprocha a Matas un "empecinamiento" en privarle de su competencia de instructor. El magistrado indica que "hasta ahora (durante dos años) nunca había parecido (al expresidente imputado) inquietarle" que él fuera el juez competente.

Prat aseguró ayer en declaraciones a periodistas que es una suspensión temporal y que se volverá a recurrir a la web si hay nuevos episodios de violencia callejera. Hasta el momento, no tienen más personas implicadas en los graves incidentes de la huelga general del 29 de marzo a las que necesiten identificar, informa Efe. Los disturbios del 29-M motivaron la puesta en marcha de la página web.

Interior esperaba también un mayo de alto voltaje con incidentes de violencia callejera, como auguró el propio Puig en rueda de prensa el mismo día de la huelga general. Pero no ha sido así y los Mossos no tienen nuevos casos de personas sospechosas de haber participado en disturbios a las que identificar. También ha ido cayendo la participación ciudadana en la página web, según Prat, por lo que la medida ha perdido eficacia. La página ha recibido miles de visitas aunque las aportaciones significativas se limitan a 500, según Interior.

El departamento estudia ahora usar el mismo sistema para dar con fugitivos o con violadores, según anunció el director general de la policía. Pero Interior no ha especificado cuándo ni de qué forma lo harán en estos casos.

La página ha servido a la policía para identificar a 22 personas de las 67 cuyas fotos inicialmente publicaron en la página, divididas en carpetas individualizas con 231 fotografías y 3 vídeos. Al menos uno de los sospechosos era menor de edad y fue retirado de la red, después de que su padre se lo comunicase a la policía catalana. No todos los identificados serán detenidos, según admitió el propio Prat, pero aseguró que todos acabarán citados por el juez.

La página ha recibido críticas de diversos sectores. El Colegio de Abogados de Barcelona y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Fundamentales han pedido su cierre. También ha sido denunciada por presunta vulneración del derecho a la propia imagen, de la ley de menores y de la protección de datos por parte de varias personas que figuraban en ella. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una investigación de oficio y la fiscalía está estudiando su validez. Jueces para la Democracia fue un poco más allá y denunció que “roza la inconstitucionalidad de forma clarísima”.

Pero Interior sostiene que ninguna de esas quejas les ha llevado a retirar la web y que no cambiarán nada de ella si la reactivan porque nadie ha podido demostrar que sea ilegal. En el Parlament se votó una petición para eliminar la web que no fue aprobada porque CiU y el PP apostaron por mantenerla.

“La retirada de la web es una demostración del desbarajuste que hay en el Departamento de Interior, que hasta hace dos días decía que se negaban a retirarla”, reprochó ayer el diputado de ICV-EUiA y portavoz en la comisión de Interior, Jaume Bosch. “Han hecho el ridículo nuevamente”, añadió. Bosch aplaudió, sin embargo, la medida.

El anuncio, que se emite en televisión, muestra imágenes de una mujer, de un hombre que corre, de dos niños y varios aspectos del coche que se promociona. En el Instituto de la Mujer, que tiene un observatorio dedicado a velar contra el sexismo en la publicidad, aseguran que aún no han tenido respuesta de Alfa Romeo. Un portavoz de la compañía, Alfonso Ortín, afirma que la campaña, que se ha emitido en todas las grandes cadenas españolas desde otoño, "se canceló el pasado día 14", tras recibir la carta del Instituto de la Mujer. Asegura que la queja institucional les sorprendió, ya que el anuncio contaba con el visto bueno de Autocontrol (el organismo que vela por la veracidad de la publicidad). "Se ha emitido por toda Europa y no se había recibido ninguna queja", según Ortín. A partir de ahora, la compañía automovilística estudiará los posibles cambios en el anuncio denunciado.

El organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, también se ha dirigido a Danone para que "reflexione" sobre un anuncio de su producto Actimel en el que varios niños elogian a sus madres por las tareas domésticas que desempeñan. El Instituto cree que también deberían referirse a sus padres. "La idea es que el papá también sera héroe es casa. Hay que alentar la corresponsabilidad", afirman en el organismo público.

De producirse de inmediato la renovación del Constitucional, el equilibrio de fuerzas resultante podría dar la vuelta al sentido de la sentencia sobre la legalización de la formación abertzale.

“El viernes me reúno con el jefe de la oposición y estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo” sobre la renovación del Constitucional, aseguró Rajoy en París, donde almorzó con el presidente francés, François Hollande. “Conozco la petición del Constitucional, como no podía ser de otra manera, de que han pedido por unanimidad que se renueven a sus miembros. Creo que tienen razón”, dijo el presidente.

El pasado martes, coincidiendo con el inicio del pleno del Constitucional en cuyo orden del día está el debate sobre el recurso contra la ilegalización de Sortu por el Supremo, el alto tribunal amenazó al PP y al PSOE con tomar “las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean”, si los dos grandes partidos siguen sin alcanzar un acuerdo para renovar el tribunal. A esta declaración siguió ayer una vuelta de tuerca del presidente de la institución, Pascual Sala, que en la memoria correspondiente a 2011, daba a entender que podría aceptar las dimisiones que le presentaron hace un año los tres magistrados que tenían que haber sido renovados en noviembre de 2010. Según escribe Sala en la memoria, hace un año se vio obligado a “no aceptar las dimisiones” de los tres magistrados, aunque “la situación actual no puede prolongarse indefinidamente”.

La situación de tensión entre el Constitucional y el Congreso y la toma de posición de Rajoy en el sentido de que está “convencido” de llegar a un acuerdo con Rubalcaba mañana mismo dispararon ayer las elucubraciones en torno al tribunal y a lo que podría suceder en el caso de una renovación inmediata, antes de que la sentencia de Sortu sea votada por el pleno. Y el resultado es que, de producirse la renovación y aun en el caso de que el PP aceptase dar al PSOE dos de los cuatro magistrados que deben ser nombrados, la nueva mayoría podría afectar a la sentencia de Sortu y a la ponencia que está sobre la mesa, favorable a la legalización.

La renovación afecta a dos magistrados del sector progresista, el vicepresidente Eugeni Gay y la catedrática Elisa Pérez Vera, y a uno del sector conservador, el expresidente del Tribunal Supremo Javier Delgado Barrio. Pero el Congreso tiene que cubrir además la vacante del fallecido magistrado conservador Roberto García Calvo.

La correlación actual de fuerzas en el tribunal es de siete magistrados del denominado bloque progresista, frente a cuatro del sector conservador. Sin embargo, esa correlación de fuerzas se reduciría —siempre hablando en hipótesis— a un seis a cinco en el caso de la sentencia de Sortu, dado que el magistrado Manuel Aragón, designado a propuesta del PSOE, votó con el sector conservador en la sentencia de la coalición electoral Bildu, lo que en pura lógica le llevaría a votar en contra de la legalización del partido abertzale Sortu.

En este momento en que aún no se ha producido la renovación y con la actual correlación de fuerzas, sería factible trasladar la votación de Bildu al recurso de Sortu, de forma que la sentencia podría ser estimatoria por seis votos a cinco. Pero si antes de que se vote la sentencia se produce la renovación, los conservadores ganarían el puesto vacante del fallecido García-Calvo. En tal caso, aunque la correlación general de fuerzas quedaría en siete a cinco, para el caso específico de la sentencia de Sortu, en la que Aragón votaría con los conservadores, el resultado quedaría en empate a seis.

En el tribunal, las situaciones de empate se dirimen mediante el voto de calidad del presidente. El actual, Pascual Sala, del sector progresista, podría en hipótesis inclinar la balanza hacia la legalización de Sortu con su voto de calidad. Sin embargo, al producirse la renovación, los nuevos magistrados podrían reclamar que se celebre una votación para elegir presidente, según establece el artículo 9 de la ley orgánica del tribunal. En primera votación se requiere mayoría absoluta; si no se alcanzase, en la segunda vuelta resultaría elegido el que tuviera mayor número de votos. En caso de empate se celebraría una tercera votación y si en esta también se registrase un empate, sería “propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en el caso de igualdad, el de mayor edad”.

Si, tras la renovación, cada bloque votase a un presidente de su sector, en principio, Pascual Sala seguiría en su cargo, dada la correlación general de fuerzas de siete a cinco. Pero en los nombramientos de los últimos presidentes se han producido todo tipo de situaciones, por lo que una fuga en el sector progresista podría llevar a un empate en la votación final. En tal caso, si se registrase un empate en la última votación, la presidencia —y el voto de calidad del presidente— recaería en el conservador Ramón Rodríguez Arribas, que tiene la misma antigüedad en el cargo que Pascual Sala, pero es unos meses mayor que él en edad. Y la trayectoria de Rodríguez Arribas no deja lugar a dudas sobre su inequívoca postura contraria a la legalización de cualquier formación abertzale, sea coalición electoral o partido.

La ponencia favorable a la legalización sigue sobre la mesa y el pleno del Tribunal Constitucional sigue hoy.

La mayoría de los votantes dice haber votado a uno de los dos bloques en los que se dividen los candidatos favoritos. Por un lado está el bloque continuista en el que figuran Amro Musa y Ahmed Shafiq, dos felul, como los llaman aquí, es decir, dos políticos que ocuparon cargos en tiempos de Mubarak, al margen de que ahora renieguen de ello -más Musa que Shafiq-. Por otro lado, están los candidatos islamistas, con enorme tirón, como demostraron en las elecciones parlamentarias. Mohamed Morsi, el candidato oficial de los Hermanos musulmanes y Abdel Moneim Abdultuftú son los nombres que más suenan en el bando islamista. Alguna encuesta habla de un quinto candidato, Hamdin Shabahy, candidato de la izquierda nasserista.

En principio, los resultados oficiales de esta primera ronda no se conocerán hasta la semana que viene. El de hoy ha sido el segundo y último día de la primera vuelta de las presidenciales, en el que a los empleados públicos se les ha concedido el día libre para poder ir a depositar su papeleta. De no lograr ninguno de los candidatos en liza un mínimo del 50% de los votos, habrá segunda vuelta a mediados de junio.

La calma ha prevalecido durante las horas que ha durado la votación. Tan solo se ha registrado algún que otro incidente aislado como un cruce de acusaciones entre Musa y Shafiq antes del cierre de los colegios, tal como recoge el servicio en árabe de la cadena BBC.

En la calle, la gente hablaba sin miedo de sus candidatos y discutían unos con otros los asuntos políticos que han dominado la campaña electoral. El debate político callejero constituye también una novedad en un país gobernado con puño de hierro durante décadas. La revolución de la plaza Tahrir tumbó a Mubarak hace 15 meses y con él cayeron muchas de los usos y costumbres que hasta entonces parecían inamovibles.

Amro Musa, el ex secretario general de la Liga Árabe y Ahmed Shafiq, último primer ministro del antiguo régimen, son los nombres de los favoritos que más se repiten entre los cristianos de El Cairo que han votado en el segundo día de la primera vuelta de las presidenciales. De no lograr ninguno de los candidatos más del 50% de los votos, deberá celebrarse una segunda vuelta a mediados de junio.

A Mansiyat Naser también se la conoce como la ciudad de la basura. Aquí las montañas de desperdicios conviven con los humanos, en su mayoría cristianos coptos. Es algo así como una planta de reciclaje gigante, al aire libre y operada por personas en lugar de máquinas. Las callejuelas que separan los garajes llenos de restos están empapeladas con pósters de Cristos, vírgenes y retratos del recientemente fallecido papa Shenouda tercero.

En una de esas calles regenta Safhat Bibani algo parecido a un café, donde los hombres se juntan a fumar la pipa de agua. Bibani, de 53 años, como sus amigos que asienten con la cabeza cuando él habla, acaba de votar a Shafiq. “Si ganan los islamistas será un desastre para nosotros. Cerrarán los cafés, los cines, el paro se disparará y obligarán a nuestras mujeres a cubrirse la cabeza”. De poco sirve que tanto Mohamed Morsi como Abdel Moneim Abultfutú, los candidatos islamistas más populares hayan asegurado que piensan gobernar para todos los egipcios. Las respuestas de numerosos cristianos consultados destilan una desconfianza que va más allá de los hechos o las palabras. La ocasional violencia sectaria que afecta a la comunidad cristiana de Egipto no figura sin embargo entre las principales preocupaciones de los miembros de la comunidad consultados, que confían en que la paz llegue a las calles una vez esté encarrilada la transición política.

En la cima del monte de las afueras de El Cairo sobre el que se asienta el basural, se encuentra el gran monasterio de Samaen. Por ahí se dejan caer los fieles y en general todo tipo de paseantes cristianos. También el joven Michael Said con su prometida, que meriendan dulces sobre una mesa de hormigón. “Tengo miedo de que quieran imponer la sharia [ley islámica]. Yo no quiero que nadie le diga a mi prometida cómo se tiene que comportar”.

En Shubra, el barrio de El Cairo, en el que vive el mayor número de cristianos de la ciudad, se escuchan argumentos muy parecidos. Dicen los coptos de Shubra que desean que gane un líder fuerte, para que los defienda en caso de necesidad. Las credenciales militares de Shafiq, hacen que sea muy popular entre los miembros de esta minoría religiosa que representa el 10% de la población del país. Magdi Mihail es el supervisor de la iglesia de la virgen María de Al Gugú. Ha votado a Shafiq porque quiere que la policía vuelva a la calle, algo que dice, el candidato ha prometido hacer en 100 días. La inseguridad se ha convertido en uno de los principales temas de esta campaña. Ahora hay robos, secuestros y ataques por parte de matones que en tiempos de Hosni Mubarak eran impensables. Ahora, muchos habitantes de El Cairo se quejan de que a la policía está atemorizada y ni se la ve en las calles.

Mihail verbaliza además otros de los temores de los cristianos egipcios. “No queremos que venga un candidato islámico y nos suba los impuestos, para compensar con la zaka [la tasa islámica destinada a los pobres] ni que nos releguen en los empleos públicos”.

Mihail explica también que para ellos, el problema no son sus vecinos musulmanes, con los que conviven con naturalidad. Para ellos, el problema son las corrientes religiosas extremistas que han cobrado fuerza, o al menos se han hecho más visibles tras la caída de Hosni Mubarak hace 15 meses. Quedó patente en las elecciones parlamentarias de hace cuatro meses en las que se hicieron con un cuarto de los escaños del Parlamento. “Aquí vienen los musulmanes de a pie a la iglesia a encender las velitas. El problema no son ellos, son los salafistas. Sabemos cómo piensan y por eso sabemos que somos incompatibles”. Coincide con él Magda, vestida de negro y con la cabeza descubierta como muchas coptas egipcias. “Yo no quiero que me obliguen a llevar el velo, yo lo que quiero es que todas se quiten el velo”, se queja esta trabajadora de una fábrica textil, que asegura haberse sentido discriminada durante su vida laboral por ser cristiana.

España, país pionero en energía eólica terrestre, ha dejado pasar la eólica marina. Aunque sobre el agua el viento es más constante, la escasa plataforma continental junto a la Península dificulta la instalación de estos aerogeneradores. Mientras que en el mar del Norte la profundidad es pequeña incluso lejos del litoral, en España el fondo marino cae de forma abrupta al separarse de tierra.

Para comenzar a desarrollar la tecnología, el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC) impulsa el proyecto Zefir, frente a L’Ametlla de Mar (Tarragona) en colaboración con Acciona, Alstom y Gamesa. Se trata de una zona muy ventosa al norte del delta del Ebro. La primera fase busca situar los molinos a unos 2,3 kilómetros de la costa y 40 metros de profundidad, según explica el director general del IREC, Antoni Martínez. En la segunda fase, la más relevante desde el punto de vista de investigación, quiere instalar ocho aerogeneradores flotantes a 30 kilómetros de la costa. Para España, estos dispositivos son los más interesantes, ya que no se verían desde la costa y mitigarían las reticencias de los hosteleros, que ya han protestado por proyectos similares en Cádiz.

En la tramitación hubo que consultar al CSN, ya que a pocos kilómetros está la nuclear de Vandellòs II. El pleno del CSN aprobó el pasado 26 de abril un sí condicionado al proyecto. Según el acta de la reunión, publicada en la web del Consejo el pasado lunes, el miniparque eólico incluirá una “evaluación de seguridad, en el que se hagan constar los análisis de los riesgos potenciales derivados de su funcionamiento y su posible influencia en la seguridad y funcionamiento normal de la central nuclear de Vandellòs II”. En concreto, pide al IREC que realice un “análisis de posibles interferencias con eventuales sistemas de protección física en relación con incursiones en el espacio aéreo de la central nuclear de Vandellòs II”.

Jaume Morron, consultor especializado en energía, explica que “en Reino Unido la industria eólica y el Ministerio de Defensa llegaron a un protocolo de actuación para que los parques marinos no interfieran con los radares militares”. Reino Unido tiene un enorme programa de eólica marina de 40.000 megavatios. En enero pasado, anunciaron el ensayo de un radar a prueba de aerogeneradores en la costa de Norkfold, al este de Inglaterra. Hasta entonces, había vetado todos los parques cerca de radares militares por las interferencias que causan las palas, según anunció en el ministerio británico. Morron considera positivo que el CSN esté atento a las nuevas instalaciones.

Fuentes del IREC señalan que cumplirán las condiciones fijadas por el CSN y resaltan que el proyecto queda fuera del radio de 850 metros desde la nuclear (otra de las condiciones del Consejo).

Martínez señaló antes de que el CSN publicara el acta que habían tenido toda la colaboración de la nuclear, la única en España que se refrigera con agua de mar:

“El cable submarino pasa junto a la toma de refrigeración de la central”. El Banco Europeo de Inversiones ha seleccionado Zefir como uno de los favoritos para recibir financiación comunitaria.

La Plataforma, que es quien ha proporcionado estos datos, tiene un servicio de asesoramiento para canalizar todas las peticiones de colaboración de la gente y orientar a cada quien hacia un ámbito u otro en función de distintos criterios. Es en este servicio donde se ha percibido con claridad en estos meses de 2012 un incremento de interesados en ayudar sin afán lucrativo.

Para las ONG contar con voluntarios en estos momentos es de gran ayuda porque las necesidades que han de cubrir también se han incrementado exponencialmente con la crisis. Para prestar solidariamente horas de trabajo o dedicación a alguna tarea se requiere tiempo, algo de lo que disponen algunos millones de españoles en estos momentos, puestos que están desempleados. Pero las ONG han detectado que cuando se toma la decisión de ayudar sin que haya una verdadera convicción de compromiso el tiempo de colaboración suele ser corto. "Siempre que hemos hecho encuestas la gente decía que el tiempo era determinante y ahora se demuestra, con los jubilados, por una parte, pero también con los parados, tienen tiempo y ayudan. Y desde luego está el aliciente de ver lo que ocurre a nuestro alrededor, la situación es grave y eso llama a las conciencias y anima a colaborar", dice Amate. "Si cuando pase la crisis, esto va a remitir no podemos predecirlo", añade.

Es la primera buena noticia para el sector desde hace meses, tras el bloqueo del sistema de financiación y la drástica caída de pedidos. Pemex, según los términos del pacto que Feijóo hizo público hoy, utilizará, cuando esté operativo, el puerto exterior de A Coruña como base para el tráfico que realice en la fachada atlántica.

El anuncio se ha hecho esperar, envuelto hasta ahora en la cautela que los ejecutivos de la petrolera han desplegado en sus intervenciones en Galicia. Anteayer, el delegado en España, José Manuel Carrera Panizzo, se reunió en el Parlamento con Feijóo y con el conselleiro Javier Guerra en lo que se entendió desde el sector como "un contacto más" de los muchos que se han celebrado en los últimos meses.

El mandatario gallego ya había avanzado a mediados del pasado mes de abril, durante un viaje a México junto con el presidente Mariano Rajoy, que existía un "principio de acuerdo" con Pemex para que el sector naval gallego construya remolcadores y que, además, las empresas auxiliares participen en otra serie de barcos para ese país.