• Área geográfica “A”, importe anual exento: $341,256.75
• Área geográfica “B”, importe anual exento: $331,620.75
•  Área geográfica “C”, importe anual exento: $323,463.00

 Por el excedente se pagará el impuesto sobre la renta.

Vigencia: A partir del 26 de mayo de 2012.

Fuente: idconline

 A la hora de establecer una empresa el emprendedor debe conocer la legislación que atañe a su actividad económica.

¿Qué leyes observar en la creación de empresas? El emprendedor que ponga en marcha su negocio debe tener en cuenta una serie de normas. He aquí las leyes básicas que deberá observar el emprendedor que inicia un negocio.

Ley General de Sociedades Mercantiles

Es la norma básica que regula las sociedades mercantiles ya sean estas anónimas o no. Si por estrategia  comercial  el emprendedor tiene necesidad  de asociarse con otras personas con objetivos comerciales iguales o parecidos, es indispensable que conozca los tipos de sociedades mercantiles que existen y la forma en que distribuyen sus utilidades entre los socios y los alcances de responsabilidad frente a terceros.

Código  o leyes estatales y municipales sobre la apertura de establecimientos

 
El Estado o Municipio donde el emprendedor desea abrir la empresa es el que regula el tema de las licencias. El local tiene que reunir una serie de requisitos y trámites para obtener la licencia. Si se opera sin ésta, el nuevo empresario puede enfrentarse al cierre del negocio y a multas.

Ley de Impuesto sobre la Renta

Toda persona física  o moral está obligada al pago del impuesto sobre la renta. Esta ley regula qué rendimientos del negocio están sujetos a este impuesto, qué deducciones y subsidios se pueden aplicar.

Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado

Este impuesto tiene efectos sobre el consumidor final, pero también repercute en el emprendedor. Por un lado, en las facturas que emite y, por otro, en los recibos que tiene que pagar. El empresario deberá realizar un balance entre que lo que retiene y lo que pagó para ver que deberá pagar, así como cumplir con una serie de requisitos de forma.

Ley Propiedad Industrial

Una marca es el símbolo o signo que sirve para diferenciar productos o servicios de una misma especie o clase en el mercado (artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial).

Básicamente se aplican tratándose de personas físicas o morales (empresas comerciales) dedicadas a la fabricación y venta de diversos productos o que prestan determinados servicios y que diseñaron imágenes que las distinguen de su competencia en diferentes niveles.

En México el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las reglas de cómo hacerlo se encuentran en la ley que nos ocupa.

Ley Federal  de Protección de Datos

El emprendedor que vaya a manejar datos personales de trabajadores, clientes y proveedores tiene obligaciones de información, de comunicación y protección de los datos frente al titular y el IFE.

Ley Federal del Trabajo

Si para prestar su servicio o elaborar su producto, el emprendedor requiere contratar los servicios de otras personas subordinadas, deberá observar las normas que regulan relaciones laborales que se encuentra plasmadas en este ordenamiento.

Leyes del Seguro Social e Infonavit

Como consecuencia de una relación laboral surgen otras obligaciones patronales, entre ellas la de cubrir las cuotas de seguridad social y las aportaciones para la vivienda. La periodicidad del pago, los conceptos por lo que proceden, así como las excepciones y  en su caso las sanciones que implican el incumplimiento de su pago se encuentran reguladas en estas leyes.

El conocer  estas leyes permite a los emprendedores tener una ventaja competitiva sobre los demás empresarios  al  usar los beneficios que las leyes les ofrecen, así como evitar riesgos que les impidan su desarrollo.

Las organizaciones más previsoras, previo a la contratación de alguna prestadora de servicios, verifican que cuente con elementos propios suficientes para hacer frente a sus deberes (efectivo, bienes muebles o inmuebles, propiedades, etc.), pues de no ser así las responsables solidarias de todas las obligaciones laborales frente a los colaboradores son ellas como beneficiarias de los servicios (art. 15, fracción I Ley Federal del Trabajo –LFT–).

Esta práctica ha generado que cuando un trabajador demanda laboralmente tanto a la outsourcing como al cliente de ésta; si la primera reconoce su responsabilidad respecto a aquél ante la autoridad, a la empresa receptora de los servicios se le libera de toda condena, siempre y cuando en el juicio no se hubiese rendido evidencia de que el subordinado demandante laboró bajo su subordinación, así como, en su caso, de que la prestadora de servicios sea solvente y por tanto afrontará las obligaciones que se le finquen.

No obstante sorpresivamente los tribunales laborales emitieron una tesis de jurisprudencia que cambia todo lo anterior, pues consideran que cuando se aportan todos los factores de la producción: bienes, trabajo, coordinación y entre todos logran producir un bien o un servicio existe una empresa. Ello sin importar que las personas que realizan esos aportes sean jurídicamente distintas y lo hagan porque así lo estipula un contrato.

A continuación el texto íntegro de la resolución en comento:

CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SI A TRAVÉS DE ÉL UN TERCERO SE OBLIGA A SUMINISTRAR PERSONAL A UN PATRÓN REAL CON EL COMPROMISO DE RELEVARLO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN LABORAL, AMBAS EMPRESAS CONSTITUYEN LA UNIDAD ECONÓMICA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y, POR ENDE, LAS DOS SON RESPONSABLES DE LA RELACIÓN LABORAL PARA CON EL TRABAJADOR.  Conforme al artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, el trabajo no es artículo de comercio. Por otra parte, el numeral 16 de la citada legislación establece que la empresa, para efectos de las normas de trabajo, es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. En este contexto, cuando una empresa interviene como proveedora de la fuerza de trabajo a través de la celebración de un contrato civil de prestación de servicios profesionales, o de cualquier acto jurídico, y otra aporta la infraestructura y el capital, lográndose entre ambas el bien o servicio producido, cumplen con el objeto social de la unidad económica a que se refiere el mencionado artículo 16; de ahí que para efectos de esta materia constituyen una empresa y, por ende, son responsables de la relación laboral para con el trabajador. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 5183/2006. International Target, SC y otro. 27 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente Héctor Arturo Mercado López. Secretaria Alma Ruby Villarreal Reyes.
Amparo directo 16803/2006. Martín Silva Rodríguez. 10 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente Alicia Rodríguez Cruz. Secretario Sergio Javier Molina Martínez.
Amparo directo 3/2007. Pablo Alejandro Montero Ampudia. 31 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente Héctor Arturo Mercado López. Secretario Pedro Cruz Ramírez.
Amparo directo 1394/2010. Juan Benítez Pérez. 17 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente Tarsicio Aguilera Troncoso. Secretaria María Guadalupe León Burguete.
Amparo directo 792/2011. Erika Yareth Hernández Gama. 17 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente Héctor Arturo Mercado López. Secretaria Yara Isabel Gómez Briseño.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, Libro V, p.1991, Materia Laboral, Tesis: I.3o.T. J/28 (9a.), Jurisprudencia, Registro 160324, febrero de 2012.

Como puede apreciarse, el hecho de que los tribunales hubiesen determinado que la outsourcing y su cliente son una “unidad económica” para efectos laborales implica que si los trabajadores de la primera detectan que la segunda obtuvo utilidades en cierto ejercicio, pueden solicitar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje correspondiente el pago del reparto de utilidades respectivo, demanda que podría ser procedente; o bien, afectar a la compañía beneficiaria por un posible emplazamiento a huelga con el ánimo de celebrar un contrato colectivo de trabajo; principales móviles por los cuales los empresarios han recurrido a las prestadoras de servicios.

Fuente: IDCONLINE

En el portal de Internet del SAT podrás encontrar la “Declaración automática” con información precargada, por lo únicamente deberás agregar tus deducciones, firmar la declaración y enviarla por Internet.

No olvides que el estímulo por el pago de colegiaturas, ya sean de preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato o equivalente, sólo es aplicable si realizaste los pagos con cheque o transferencia electrónica. En el portal del SAT podrás consultar el padrón de instituciones educativas que expidieron comprobantes con requisitos fiscales en 2011.

Si estás inscrito por honorarios, arrendamiento o ambos, y no obtuviste ingresos durante 2011, puedes presentar una declaración en ceros. Sólo debes llamar al 01 800 INFOSAT (46 36 728) y elegir la opción correspondiente.

Si te resulta impuesto a cargo, lo podrás pagar con tarjeta de crédito en los portales de Internet o las sucursales de BBVA Bancomer, Banamex y Banorte.

Tercera emisión de devoluciones

El SAT informó que el día de mañana 26 de abril comenzará el depósito de las devoluciones de saldos a favor del ISR para aquellos contribuyentes que presentaron correctamente su declaración anual entre el 9 y el 15 de abril de 2012. En esta tercera emisión, se autorizó el pago a casi 84,000 contribuyentes con un monto promedio de $9,000.00 a cada uno.

Fuente: IDCONLINE

El origen de la resolución partió del razonamiento de que la sanción pecuniaria prevista en el precepto impugnado era inconstitucional por ser desproporcional e irrazonable. La Primera Sala al considerar constitucional el rango mínimo de dicha sanción, estimó que no vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica previstos en el artículo 22 de la Carta Magna, ya que si el bien jurídico tutelado es, en la especie, el patrimonio de las personas y la confianza en las operaciones y actividades económicas que realizan con el uso de tarjetas, lo que de manera directa incide en el correcto funcionamiento del sistema financiero, es claro que la norma impugnada debido a la pena económica que prevé no resulta desproporcional.

El que la multa sea alta significa que ese tipo de sanción es la que prefirió el legislador para frenar tal delito, sin que por ello resulte excesiva de acuerdo con la importancia del bien jurídico, lo cual sin duda representa una manera de salvaguardar a la sociedad. Además, aun cuando las facultades del legislador no son ilimitadas y la legislación penal no está exenta de control constitucional, también tiene un amplio margen de libertad configuradora para apreciar, analizar y ponderar los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o causar, gozando de prerrogativas para disponer que el castigo por una conducta antisocial de extremada relevancia sea ejemplar y potencializar así la certidumbre de que los ciudadanos que respetan la ley lo sigan haciendo.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

La ley que regula a esas entidades ya ofrece la opción para que éstas no tengan un plazo específico de duración.

Ya no es necesario que las sociedades mercantiles incluyan su duración en el acta constitutiva, de acuerdo con la reforma a los Artículos 6, fracción IV; 62, y 89, fracción II, de la ley que regula a estas entidades, realizada por el Poder Legislativo en 2011 y vigente desde el 1 de enero pasado.

Antes de estas modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), a partir de la redacción del Artículo 6 de dicho ordenamiento, era usual que las sociedades se constituyeran por un lapso de 99 años.

¿Qué sucede entonces con las sociedades que poseen una duración definida en sus actas constitutivas? ¿Con esta reforma se prorrogará su vigencia?

No, las modificaciones a la LGSM no incluyen a las sociedades ya constituidas con una duración definida, sino sólo proporcionan la opción para que las nuevas entidades sean creadas con un lapso específico, si así se desea, o indefinidas, sin término alguno.

De esta forma, las sociedades que lleguen al término de duración establecido en su acta constitutiva quedarán disueltas en ese momento, de acuerdo con el Artículo 232 de la norma citada.

Sin embargo, si se desea incluir en la sociedad la duración indefinida, antes de que venza el plazo de aquella, se debe realizar una Asamblea Extraordinaria en la que se especifique que se elige dicha opción, según lo establece la fracción I del Artículo 182 de la LGSM.

Fuente: idconline.com.mx

Ante los altibajos de la economía mundial siguen las propuestas de cambios fiscales en diversos países. El gobierno español presentará varias novedades fiscales, y aun cuando no se sabe a ciencia cierta que se va aprobar, es un hecho  que  por la necesidad de una mayor recaudación se eliminen beneficios fiscales y deducciones entre ellas las relacionadas con gastos financieros.

Los Estados Unidos, y en específico su Departamento de Tesoro,  se analiza  la conveniencia de reducir la tasa del impuesto sobre la renta, y ampliar su base, eliminando beneficios fiscales, La mayoría de los países de la OCDE buscan  eliminar  las diferencias generalizadas entre las tasas nominales y las efectivas de los impuestos. La tasa nominal de los Estados Unidos estaría en torno al 39 por ciento, considerando los impuestos estatales, pero se recomienda una reducción al 28. Otra propuesta americana es la de disponer de un sistema fiscal que favorezca la inversión interna, ante el aumento de beneficios para empresas  americanas en territorios de baja imposición.

Por otra parte, las autoridades fiscales de Francia y Alemania aprobaron acuerdos de cooperación entre ambos países  para fiscalizar a las empresas. Estos países presentan grandes diferencias entre sus sistemas tributarios pero parecen apostar por una reducción de tasas y una ampliación de la base, asimismo se manifiestan a favor de la  deducción de los gastos financieros y de la exención de dividendos de fuente extranjera.

Gran Bretaña apuesta por las reducciones fiscales, aunque con subidas  polémicas como las que afectan a los pensionados. En el impuesto sobre sociedades, tiene una tasa nominal del  24 por ciento para este año fiscal, con reducciones de un punto porcentual cada año hasta llegar al 22 en 2014.

La tendencia en la mayoría de los países europeos es la de incrementar la base y disminuir las tasas de los impuestos, salvo el caso de Grecia.

Evidentemente  nosotros tenemos que esperar a que acabe el ciclo electoral para ver que tantos cambios revolucionarios nos esperan o quizás solamente se presenten iniciativas que tengan como base una copia de las que estén funcionando en otros países, por lo que de ser así, se apostará a incrementar la base y disminuir la tasa de los impuestos.

Fuente: Nuestra fiscalidad. Departamento fiscal de Garrigues. Diario Expansión

Al participar en el Tercer Foro de Precios de Transferencia, organizado por el Colegio Nacional de Economistas, Ricardo Manuel Cruz Sánchez, Héctor Alvarado Salinas y Gustavo Méndez de la Llata explicaron la importancia de contar con información financiera segmentada debido a que el análisis de precios de transferencia requiere de un análisis funcional para cada transacción.

Si bien es cierto que las empresas cuentan con información financiera, generalmente ésta muestra las cifras globales de ingresos, costos y gastos, Sin embargo, el estudio de precios de transferencia exige un análisis transaccional por lo cual se deben identificar las partidas que inciden en cada operación efectuada con partes relacionadas. Por ello, los gastos no identificables con una operación en particular deben prorratearse aplicando criterios de asignación razonables. Por ejemplo, si vamos a considerar la depreciación del inmueble, puede distribuirse en función de los metros cuadrados que se destinan a cada actividad; en el caso de luz y teléfono, podrían prorratearse con base a los ingresos que derivan de cada uno de ellos. Se enfatizó en el hecho de que al final es imprescindible validar que  la suma de todos los segmentos coincida con el gran total que refleja la información financiera auditada.

Toda vez que la materia de precios de transferencia aplica incluso a Pymes, se señaló la conveniencia de considerar en una futura reforma fiscal el establecimiento de un mínimo de documentación con el que este tipo de empresas puedan soportar este tipo de operaciones, pues el costo que implican un estudio de este tipo es  muy alto para ellas, y en lugar de destinar recursos en la elaboración del estudio, podrían destinarlos a activos que les permitan ser más competitivas.

Por último, ofrecieron tres sugerencias prácticas para que las empresas gestionen sus operaciones con partes relacionadas:

• elaborar y mantener un inventario de operaciones actualizado
• contar con un plan de trabajo para tener en tiempo y forma la documentación comprobatoria
• establecer políticas de operaciones entre partes relacionadas. Por ejemplo, políticas de préstamos y arrendamientos intercompañías.

Fuente: idconline.com.mx

De aprobarse la legislación, los  datos de los usuarios de los buscadores y de las redes sociales en la web no se podrán publicar salvo que los portales reciban una autorización expresa y todo ello, a pesar de que previamente los usuarios de las redes hayan dado su conformidad a facilitar sus datos personales.

El usuario podrá obtener una copia de los datos alojados en una red social y la libertad de trasladarlos a otra. Asimismo, las redes sociales deberán garantizar el acceso a los datos personales de los usuarios que así lo soliciten.

Con dicha propuesta, los gobiernos europeos integrantes de la Unión, estarían obligados a incorporar en sus legislaciones sanciones para todas aquellas empresas que operen dentro de la UE y vulneren el derecho de los ciudadanos.

Para algunos especialistas el avance en la protección de esos datos resulta aplaudible, sin embargo consideran que se corre el riesgo de convertirlo en un arma de censura. Las autoridades a su vez opinan que el derecho al olvido debe ser de control exclusivo de las personas. La problemática surge del  hecho de que ahora hemos convertido  a las redes sociales en el álbum de nuestros recuerdos y publicamos hasta aquellas poses que solamente enseñaríamos a nuestros nietos y cedemos con frivolidad el derecho consultarlas a cualquiera.

Sería importante, aunque parezca imposible, que todos los países regularan bajo un mismo esquema el tema, ya que esto facilitaría que la protección fuera real y no que se convierta para algunos en una ventaja económica por litigios de mala fe.

Fuentes: El Mundo.es  y  Diario de Sevilla

1. Comprobantes fiscales. Aun cuando parecen reformas de forma, el Código Fiscal y la Nueva Circular Miscelánea para 2012 contemplan cambios importantes en la expedición de comprobantes en papel y electrónicos, mismos que entrarán en vigor, en la mayoría de los casos, para junio de este año.
2. Datos personales. Ya tenemos Reglamento para la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, con este ordenamiento se aclaran diversas interrogantes que se tenían, y permitirá que entre en pleno vigor el ejercicio de los Derechos ARCO. Las empresas debieron haber ya realizado sus avisos de privacidad y para el 6 de enero tener en funcionamiento su ventanilla de atención al ejercicio de estos derechos.
3. Declaraciones de impuestos federales. Conforme a la reforma al artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, a partir de este año la omisión por más de 12 meses de las declaraciones definitivas (IVA), así como las de un ejercicio fiscal se sancionará con las penas del delito de defraudación fiscal.
4. Nuevos salarios mínimos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos dio a conocer los incrementos que regirán a partir del 1 de enero de este año y a pesar de que el incremento no es significativo, debe considerarse para la actualización de topes salariales de cotización  y exención de integración para el cálculo de las cuotas de seguridad social y para ciertas multas que se calculan en veces de salario mínimo.
5. Nuevo esquema de pago de impuestos federales. Si bien ya cierto sector de contribuyentes está pagando sus impuestos bajo el nuevo esquema, el SAT anunció que todas las personas morales deberán presentar los pagos provisionales del ISR, IETU y el mensual de IVA, bajo la generación de una línea de captura, lo que propiamente se realizará con el pago a enterar en el mes febrero.
6. Derogación del impuesto de tenencia vehicular. Este año por fin se deroga este impuesto federal, sin embargo cada Estado podrá legislar en esta materia, por lo que debemos estar pendiente de lo que cada Congreso determine.
7. Ventanilla única. La Administración de Aduanas puso en marcha la primera fase de la Ventanilla Única de Comercio Exterior con ella se busca simplificar operaciones de importación y exportación,  ya que podrán realizarse los trámites de manera electrónica y en un solo lugar.
8. Devolución de recursos de vivienda. Aunque está pendiente de publicación  en el DOF para su plena vigencia, se reformó el artículo octavo transitorio de la Ley del Infonavit publicado el 6 de enero de 1997, para señalar que los trabajadores que se pensionen bajo el régimen de 1973, también podrán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondiente a las aportaciones acumuladas hasta el bimestre de 1997 (vivienda 92) junto con los rendimientos que hubiesen generado, y además los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 y sus rendimientos; estos recursos solamente se recuperaban mediante la promoción de un amparo.

Cuántos de nosotros hemos sufrido por páginas de Internet que han vulnerado los derechos de autor, sin que sepamos que procede al efecto o ver pasar el tiempo, en caso de optar por ejercer alguna acción legal. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobará en lo que le queda de vida, el Reglamento de la Comisión de Propiedad Intelectual, también conocido como Ley Sinde o ley antidescargas, este documento sacudirá los cimientos del Internet español.

El futuro reglamento regula el bloqueo o cierre de páginas de Internet que permiten o favorecen la descarga de obras sujetas a derechos de autor. El procedimiento de clausura de webs se ejecutará en un plazo máximo de 10 días, todo ello previa decisión de una Comisión Administrativa que será árbitro ante los conflictos denunciados, siempre con el tutelaje de un juez.

Las sanciones que contempla este ordenamiento se aplicarán sobre aquellos que obtuvieran beneficios económicos. También se añaden medidas coercitivas para los infractores que sean reincidentes.

El reglamento sancionará la difusión por Internet de obras intelectuales sin autorización de los titulares, ya sea desde el acceso a servidores virtuales o a través de enlaces dedicados para la descarga de contenidos, tales como películas, canciones, libros electrónicos o videojuegos, entre otros.

Se pretende habilitar medidas que permitan terminar tanto con la infracción con respecto a un número limitado de contenidos, en la que el retiro de los mismos puede resultar suficiente, como con la actividad vulneradora masiva que desde determinados sitios web se realiza y contra los que las únicas medidas eficaces serían la interrupción del servicio, ya sea mediante el cierre del mismo o por el bloqueo del acceso al mismo.

También se espera introduzca mecanismos que eviten el abuso de la norma, consistente en finalizar el procedimiento a través del retiro voluntario de contenidos para volver a reintroducirlos una vez superado el proceso.

Aun cuando existen varios críticas sobre la eficacia que tendría este ordenamiento, sería importante que nuestros legisladores estudiaran la manera más eficiente de proteger los derechos de autor en Internet.

Fuente: Antonio Lozano: El gobierno aprobará el cierre de webs de descargas antes de disolverse, elEconomista.es

En España,  recientemente la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha acordado imponer a un usuario de la red social Badoo una multa de 2.000 euros por suplantar la identidad de otra persona.

Pero, ¿en qué casos estaríamos en presencia de una suplantación de personalidad en la red?  Si la conducta consiste simplemente en registrar un perfil ficticio sin utilizar los datos ni la fotografía de nadie en concreto, la acción no tiene repercusión desde el punto de vista jurídico, más allá del incumplimiento de los términos de uso de la red social y la posible eliminación del perfil por los administradores de la página.

Para el caso de que el perfil utilice nuestra fotografía o nuestros datos, se estaría suplantando nuestra personalidad. Esta conducta no se encuentra  tipificada de manera concreta como delito, salvo si bajo el uso de estos datos se realizan otros actos tendientes a que las personas incurran en error, lo cual pudiera tipificarse como fraude.

La legislación mexicana castiga penalmente la obtención fraudulenta de datos, los casos graves de uso de los mismos, y  las resoluciones de los tribunales giran en torno a la falsificación de documentación para cometer otros delitos, (pero no como robo de identidad).

Cabe señalar que en 2008 se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y el de Procedimientos Penales para tipificar el delito de robo de personalidad. En la exposición de motivos de esta iniciativa, se indica que es un acto recurrente, utilizado por la delincuencia organizada para defraudar financieramente a entidades bancarias, este delito se materializaría  cuando una persona usara el nombre, domicilio, nacionalidad y estado civil de otra, con un beneficio, que puede ser el acceso a un determinado lugar, ser parte de un acto, etc. Sin embargo no se ha concretado la reforma.

De acuerdo con la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), quien se ha dado a la tarea de conjuntar diferentes definiciones, el robo de identidad ocurre cuando alguien adquiere, transfiere, posee o utiliza información de una persona física o jurídica de forma no autorizada con la intención de cometer fraude u otros delitos. El robo de identidad no sólo conlleva un daño económico; además, las víctimas pueden ver dañada su reputación e imagen, siendo la recuperación del buen nombre una tarea compleja que lleva  tiempo y un importante desembolso económico.

No debemos olvidar que aun cuando no existe disposición concreta en nuestra legislación, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques”, por lo podríamos afirmar que es un derecho humano protegido por nuestra Constitución.

En este sentido, la intercepción de un correo no sólo está prohibida sino que además su obtención configurará un delito, asimilándose a los casos de interceptación de la correspondencia o de otros medios de comunicación como el telefónico y el telegráfico. Al interceptar un correo electrónico se estarían tipificando el delito del artículo 177 del Código Penal Federal (“intercepción de comunicación escrita”) al tiempo que se violaría el artículo 16 constitucional. No nos compete aquí examinar a los llamados “delitos electrónicos”, sin embargo, la dilucidación de este problema es trascendente por los efectos de permitir o no como medio probatorio a un correo electrónico interceptado por alguien que no era su verdadero destinatario.

Algunos autores nacionales e internacionales  se han manifestado en el sentido de atribuir al correo electrónico la naturaleza de correspondencia, por ejemplo la jurisprudencia peruana, francesa, española y belga. Al respecto se señala que: “El correo electrónico posee una idéntica naturaleza a la del correo tradicional con la diferencia de que las comunicaciones (equivalentes del correo tradicional) se transmiten a través de la Red mediante tecnología digital…”

Además  se dice que deberá ser sometido a los principios y a las reglas que rigen la prueba documental. La protección del correo electrónico abarca su creación, transmisión y almacenamiento.

Por su parte, los tribunales federales mexicanos han resuelto que:

1. todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica, deben quedar protegidas por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REALIZA LA COMUNICACIÓN OBJETO DE PROTECCIÓN. Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González
2. lo relevante para efectos de la protección constitucional del correo electrónico, es el proceso comunicativo en sí mismo, con independencia del tipo de computadora a través de la cual se acceda a la cuenta o de quién sea el propietario del ordenador, cuestiones meramente accidentales: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. IRRELEVANCIA DE LA PROPIEDAD DE LA COMPUTADORA PARA EFECTOS DE CONSIDERAR INTERCEPTADO UN CORREO ELECTRÓNICO. Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González
3. se entenderá que un correo electrónico ha sido interceptado cuando -sin autorización judicial o del titular de la cuenta-, se ha violado el password o clave de seguridad. Es en ese momento, y sin necesidad de analizar el contenido de los correos electrónicos, cuando se consuma la violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas: DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. MOMENTO EN EL CUAL SE CONSIDERA INTERCEPTADO UN CORREO ELECTRÓNICO. Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González

Además de preocuparse por las cuestiones laborales, entre otros tantos aspectos, el patrón debe cumplir con ciertas obligaciones ante los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a saber:

• pagar oportunamente las cuotas obrero-patronales causadas antes de la suspensión de labores, esto es, las relativas al período de pre-huelga y hasta que se lleve a cabo la audiencia de conciliación

• notificar el estallamiento de huelga dentro de los ocho días hábiles siguientes a este hecho. Para tal efecto deberá presentar un escrito libre, en la ventanilla de Escritos Patronales del área de Afiliación-Vigencia de Derechos de la subdelegación del IMSS correspondiente al domicilio de su registro patronal, el cual debe contener:

1. nombre o razón social
2. registro patronal
3. lugar y fecha de elaboración
4. domicilio completo del patrón
5. nombre y firma del patrón o representante legal
6. datos del estallamiento de huelga, (fecha y hora de inicio, número de expediente ante la Secretaría General de Huelgas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje correspondiente –JLCA– , nombre de las partes en el procedimiento). A dicho escrito debe anexarse la resolución del estallamiento de la huelga dictada por la JLCA y la tarjeta de identificación patronal

Si el patrón no presenta el escrito ante el Seguro Social, se obliga a restituirle a éste las prestaciones en dinero y especie que les hubiese proporcionado a los trabajadores y sus beneficiarios durante el lapso de huelga.Además se hace acreedor a la imposición de una multa, equivalente de 20 a 125 veces el salario mínimo general vigente en el DF, es decir, de $1,196.40 a $7,477.50.

• mantener vigentes los derechos de los subordinados y sus beneficiarios, a efecto de que se les otorguen las prestaciones médicas. De ahí que no procederán los avisos de baja presentados por el patrón, salvo que algún trabajador huelguista así lo solicite, a fin de tramitar su pensión o la continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social

• calcular y cubrir las cuotas causadas durante el período de huelga, observando cualquiera de las siguientes alternativas:

1. a la conclusión de la huelga, con las actualizaciones y recargos correspondientes, atendiendo al laudo emitido por la JLCA respectiva
2. puntualmente, esto es, el día 17 de cada mes durante el procedimiento de huelga, tomando como base los salarios comunicados al Seguro Social al estallamiento de ésta y posteriormente cubrir las diferencias atendiendo a la resolución emitida por la autoridad laboral, o
3. proporcionalmente a los salarios caídos, cuando las partes afectadas (patrón-sindicato) hubiesen celebrado un convenio de terminación previo a la resolución de la inexistencia o imputabilidad del conflicto. Aquí también se enterarán la actualización y recargos correspondientes.

Por lo que toca a las aportaciones, éstas deben cubrirse con los accesorios, en proporción a la determinación de los salarios caídos que se hubiesen señalado en la resolución correspondiente.

Las retenciones para el pago de las amortizaciones se deben efectuar a los salarios caídos, siempre y cuando, la JLCA hubiese dictado la resolución respectiva, en un plazo no mayor a dos años del estallamiento, después de ese plazo, le corresponde al trabajador el pago directo al Infonavit.

Ahora bien, si en este convenio de terminación de la huelga, las partes pactaron incrementos salariales, también se deben comunicar las modificaciones de salario respectivas en un lapso de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la ratificación de dicho convenio por parte de la Junta, y comunicar la terminación de la huelga dentro de los cinco días hábiles posteriores a la misma, mediante escrito libre, el cual debe de contener las características señaladas, anexando copia de la resolución o convenio que dé por concluida la misma

Todo lo anterior en términos de los artículos 447, 448 y 450 de la Ley Federal del Trabajo; 304-A, fracción XVIII y 304-B, fracción II de la Ley del Seguro Social; 10, 56 y 124 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y 14, 33, fracción IV Reglamento de Inscripción, Aportaciones y Entero de Descuentos al Infonavit.

Fuente: IDCONLINE

• Violación a la libertad de comercio.- Los artículos 22 y 24 de la Ley impugnada, son violatorios de la garantía de libertad de comercio que consagra el artículo 5 constitucional, toda vez que obliga al vendedor de libros a ofrecer como precio único de venta de este producto, el que fije la persona física o moral que edite o importe libros, impidiéndole enajenar libros al menudeo al precio que más considere conveniente, no obstante que dicha variación sea para favorecer con un precio menor al consumidor.  Se declara infundado dicho argumento, el establecimiento de un precio único de venta al público, no impide desarrollar la actividad comercial, sino que únicamente se establece la implementación de un precio único para la venta de libros al público en general, lo cual se estima justificado, ya que el legislador tuvo el propósito de facilitar el acceso equitativo al libro, garantizando un mismo precio de venta en todo el territorio nacional, sin importar donde se adquiera, para  incentivar la creación de librerías en aras de promover la lectura, lo cual responde a la necesidad de proteger el interés público. Adicionalmente no toca a la SCJN establecer si es mejor el precio único de venta o la libertad de mercado, salvo que se tengan parámetros constitucionales de los cuales se dé el análisis. Esto es, no corresponde analizar las políticas públicas de los pronósticos que hace el legislador con una determinada reforma, sino verificar si el legislador buscó fines que son adecuados.
• Violación a la garantía de igualdad. La quejosa sostiene que el establecimiento de un precio único en los libros a cargo de los editores o importadores, viola su garantía de igualdad, consagrada por el artículo 1º de la Constitución Federal, dado que sin justificación alguna da un trato preferente a importadores o editores, respecto de todos aquéllos que conforman la cadena del libro, acarreando con ello una desventaja competitiva y económica, pues son ellos los que determinan libremente la ganancia comercial; además de que tal desigualdad se pone de manifiesto al señalar que el precio único no será aplicado en la venta de libros antiguos o usados, creando por ello un trato inequitativo entre sujetos que se encuentran en las mismas circunstancias frente a la ley. No puede sostenerse que la disposición contenida en el artículo 25 de la ley impugnada, sea violatoria de la garantía de igualdad, ya que posibilita conceder descuentos a ciertos grupos de interés público, como son las escuelas, bibliotecas, instituciones educativas, etc., por obedecer a una consideración de orden cultural, es decir, se accede a un descuento por necesidades de investigación.
• Violación a la garantía de legalidad y seguridad jurídica.  La quejosa sostiene que el artículo 22 de la ley impugnada es violatorio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica, que consagra el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que no señala con claridad y precisión la manera y los lineamientos bajo los cuales los editores o importadores fijarán libremente el precio de venta al público, lo que la coloca en completo estado de inseguridad, por dejarle al gobernado y no a la autoridad el fijar dicho precio, restringiéndole con ello las ganancias derivadas de la operación de la venta de libros. Para la Corte la circunstancia de que no se establezcan para el editor o importador lineamientos bajo los cuales deberán fijar el precio del libro, tampoco genera inseguridad jurídica, pues esta determinación estará regida por los gastos generados en el desarrollo de esa actividad y el margen de ganancia que se pretenda obtener, tomando en consideración su distribución y venta, cuya recuperación se logrará en la medida que el producto sea accesible al comprador, pero además ello garantiza la competencia y el libre mercado, evitando la concentración de determinados títulos en poder de quien tenga más poderío económico.
• Violación a la libertad de concurrencia económica. Esto al permitir que los editores e importadores de libros a su libre arbitrio  determinen un precio único de venta sin que medie rango o parámetro alguno y no así a los sujetos que forman parte de la cadena del libro, como son los vendedores. El proyecto declara infundado tal argumento el establecimiento de un precio fijo de venta al público para el libro, no propicia la creación de monopolios prohibidos por el artículo 28 constitucional, pues con ello no se otorga a favor de determinadas personas el aprovechamiento exclusivo de ese producto, ni tampoco tiene el alcance de perjudicar al público en general o a cierta clase social, sino tiene como fin frenar el proceso de concentración en determinados puntos de venta y desplazar la competencia no respecto del precio, sino del servicio y variedad de los títulos propuestos; evitando la monopolización de las ventas por parte de los mayoristas en detrimento de los pequeños comerciantes, tampoco genera inseguridad jurídica  la determinación del precio ya que ésta estará regida por los gastos generados en el desarrollo de estas actividades y al margen de la ganancia que se pretenda obtener, es decir, no es la autoridad quien fija el precio, sino que lo fijan el editor e importador, siendo que ellos son los que tienen el conocimiento de los costos.

Se espera se dé cumplimiento a esta ley que pretende fomentar la lectura en la sociedad mexicana, pero cuyos resultados y cuestionamientos jurídicos están todavía por verse.

Fuente: Interiusris.com

• Primera. Características generales del aviso de privacidad. En ella se establece con claridad que el aviso de privacidad puede ser un documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable (persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales) que es puesto a disposición del titular, previo tratamiento de sus datos personales
• Segunda. Características y elementos del aviso de privacidad según la ley
• Tercera. Recomendaciones para el  contenido del aviso de privacidad.
• Cuarta. Medidas compensatorias, éstas se definen como una forma alterna de dar a conocer a los titulares de los datos personales, de manera masiva, la existencia del tratamiento de su datos personales y se utilizan cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o se exija al responsable esfuerzos desproporcionados, en consideración al número de titulares o a la antigüedad de los datos; el uso de estas medidas requieren de la autorización del IFAI
• Quinta. Consejos para la elaboración del aviso de privacidad
• Sexta. Modelos de aviso de privacidad. A manera de ejemplo se presentan diversos modelos, los cuales podrán utilizarse con las adecuaciones necesarias acordes a su empresa

En relación con las recomendaciones para la designación del responsable del documento destacan los siguientes puntos:

1. Realiza una diferenciación necesaria entre encargado y responsable de los datos personales. Al primero lo define como  aquella persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras, trate datos personales por cuenta del responsable, y a éste último lo conceptúa como la persona física o jurídica de carácter privado  que decide el tratamiento de los datos personales
2. La designación de una persona física que sea el responsable de los datos o la creación de un departamento dentro de la organización dependerá  de las capacidades materiales y humanas con que cuenta la persona u organización
3. La Ley no establece un protocolo específico para formalización de la designación del responsable, pero se sugiere se deje respaldo de dicha designación

Para que el responsable cumpla con las funciones encomendadas se recomienda que reúna el siguiente perfil:

1. Experiencia y conocimiento en el materia de protección de datos personales
2. Jerarquía y posición dentro de la organización que le permita implementar las políticas adecuadas
3. Visión de liderazgo y habilidades de organización y comunicación

El conocer con mayor profundidad estos documentos le permitirá cumplir de una manera más sencilla con las disposiciones en esta materia, la cual si bien es incipiente, poco  a poco adquirirá la importancia que merece en tanto que protege un bien universal.

Por último, ya está disponible en la página electrónica de la COFEMER el anteproyecto del Reglamento de la Ley que en breve deberá ser publicado para sus efectos en el Diario Oficial.

Con el objeto de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) dio a conocer en su página de Internet dos documentos que serán de gran utilidad para la elaboración, diseño y difusión del aviso de privacidad y para la designación del responsable de los datos personales.
La guía práctica para generar el aviso de privacidad  se divide en seis secciones:

• Primera. Características generales del aviso de privacidad. En ella se establece con claridad que el aviso de privacidad puede ser un documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable (persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales) que es puesto a disposición del titular, previo tratamiento de sus datos personales
• Segunda. Características y elementos del aviso de privacidad según la ley
•  Tercera. Recomendaciones para el  contenido del aviso de privacidad.
• Cuarta. Medidas compensatorias, éstas se definen como una forma alterna de dar a conocer a los titulares de los datos personales, de manera masiva, la existencia del tratamiento de su datos personales y se utilizan cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o se exija al responsable esfuerzos desproporcionados, en consideración al número de titulares o a la antigüedad de los datos; el uso de estas medidas requieren de la autorización del IFAI
•  Quinta. Consejos para la elaboración del aviso de privacidad
• Sexta. Modelos de aviso de privacidad. A manera de ejemplo se presentan diversos modelos, los cuales podrán utilizarse con las adecuaciones necesarias acordes a su empresa.

En relación con las recomendaciones para la designación del responsable del documento destacan los siguientes puntos:

•  Realiza una diferenciación necesaria entre encargado y responsable de los datos personales. Al primero lo define como  aquella persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras, trate datos personales por cuenta del responsable, y a éste último lo conceptúa como la persona física o jurídica de carácter privado  que decide el tratamiento de los datos personales
•  La designación de una persona física que sea el responsable de los datos o la creación de un departamento dentro de la organización dependerá  de las capacidades materiales y humanas con que cuenta la persona u organización
•  La Ley no establece un protocolo específico para formalización de la designación del responsable, pero se sugiere se deje respaldo de dicha designación

El conocer con mayor profundidad estos documentos le permitirá cumplir de una manera más sencilla con las disposiciones en esta materia, la cual si bien es incipiente, poco  a poco adquirirá la importancia que merece en tanto que protege un bien universal.

Por último, ya está disponible en la página electrónica de la COFEMER el anteproyecto del Reglamento de la Ley que en breve deberá ser publicado para sus efectos en el Diario Oficial.

Fuente: IDCONLINE

De ser aprobada por ésta, se incluiría un Capítulo nuevo exclusivamente destinado a regular dichas sociedades (IV Bis), donde se señalaría qué son, sus modalidades y las características especiales a cumplir.

Debido a la prevalencia de las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada  sobre las demás sociedades mercantiles, se contempla que esta nueva modalidad en la LGSM sería aplicable únicamente a estas sociedades, siendo que existirían aquéllas unipersonales desde su constitución y otras llamadas sobrevenidas: aquéllas que se constituyeran con dos socios o más y con posterioridad sólo quedara un único accionista.

Sus principales particularidades serían:

• denominación: las sociedades que optaran por constituirse por la modalidad de empresas unipersonales, agregarían a su denominación o razón social las palabras empresa unipersonal o su abreviatura, que según sea el caso sería EURL para las de responsabilidad limitada o EAU para las anónimas
• administración: en la empresa unipersonal el socio o accionista único ejercería las funciones de órgano de administración y sus decisiones se consignarían en acta, bajo su firma, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o accionista, su gerente general o por la persona designada como representante de la sociedad
• contratación: los contratos celebrados entre el socio o accionista único y la empresa tendrían que constar por escrito o bajo la forma exigida por la ley según lo aplicable, y sería necesario transcribir a un libro de actas que para tales efectos llevaría la empresa, mismo que sería firmado por el propio socio o accionista y formalizado ante fedatario público, así como inscribirse en el Registro Público de Comercio (RPCPara dar concordancia a las adiciones previstas, se reformarían también los artículos que hablan de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, así como todos aquéllos que tuviesen que armonizarse con la adopción de esta figura que ya opera en otros países.

Para el caso de México, se permitiría con el objeto de reactivar la economía, al eliminar el candado que implica el que forzosamente existan dos socios como mínimo para las sociedades indicadas para iniciar una empresa, y evitar la figura del prestanombres o testaferro (lo cual incluso serviría para disminuir el lavado de dinero), así como dotar de equidad al comerciante persona moral frente al comerciante persona física, pues éste, podrá, de ser aprobada la iniciativa, constituir una persona moral independiente, sin la obligación de responder con todo su patrimonio al limitarse su responsabilidad al monto de las aportaciones que diera al capital social de la empresa unipersonal, beneficio aprovechado por las personas morales que hasta ahora no tenía el comerciante persona física.

No obstante las ventajas planteadas, se está a la espera de la aprobación mencionada y su consiguiente publicación en el DOF.
Fuente: IDCONLINE

El Código Civil Federal  actualmente protege la imagen personal en el artículo 1916, al señalar que estará sujeto a la reparación del daño, aquel que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.

A su vez  la Ley Federal de Derecho de Autor reconoce la supremacía del derecho a la propia imagen sobre el derecho de autor.

En diversas legislaciones iberoamericanas la protección es nivel constitucional, baste señalar las siguientes:

•  España (artículo 18 constitucional)
•  Perú (artículo 2 constitucional)
•  Paraguay (artículo 33 constitucional)

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos también se encuentra protegida y México ha suscrito éste y otros tratados que amparan ese derecho.

Empero dado el dinamismo que han adquirido los medios electrónicos, principalmente el Internet, resulta  insuficiente su regulación, por lo que sería positivo que se aprobara dicha propuesta, pero ante todo que se establecieran en leyes secundarias una regulación más enérgica.

La afectación a la persona en su imagen en nuestra legislación sólo existe si se captó de manera ilegítima  y si esa captación daña a la persona en su honor y fama o vida privada, es decir va relacionada con el derecho a la privacidad.

Pero como se mencionó con los medios actuales, es necesario se desvincule el derecho a la privacidad y el derecho a la explotación de la imagen personal, ya que es válido firmar contratos para disponer de su imagen e incluso debería regularse en la legislación laboral para que el patrón, bajo el argumento de la subordinación, no explote de manera indebida la imagen de sus trabajadores.

Destaca de este decreto  la facilidad otorgada para que  pueda destinarse una parte de la vivienda que no exceda del 20% de la superficie de ésta, para la operación de un establecimiento mercantil de bajo impacto (actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios y que no se encuentran contempladas dentro de las consideradas de impacto zonal o vecinal).

Acorde a este decreto (artículo 37) quienes apliquen este beneficio solamente deberán presentar un aviso  manifestando la realización de esas actividades, sin que ello implique la modificación del uso del suelo.

Las condiciones que se establecen  para ejercer esta facilidad son:

•  el giro mercantil deberá ser atendido exclusivamente por los miembros de la familia que habite la vivienda de que se trate
•  no podrá establecerse giros mercantiles  que requieran para su operación grandes volúmenes de agua –lavanderías, tintorerías, lavados de auto, venta y distribución de agua embotellada—
•  tampoco podrán realizarse actividades que aunque se consideran de bajo impacto, se excluyen expresamente, entre ellas:

1.  clínicas médicas, asilos, jardín de niños, básico, bachillerato, técnica y superior
2.  talleres mecánicos, hojalatería, pintura, eléctricas, electromecánicas, de lavado y/o engrasado, vestiduras, instalaciones de alarmas y/o accesorios
3. estacionamientos públicos
4.  billares o boliches
5.  baños públicos, masaje y gimnasios
6.  salones de fiestas infantiles

La disposición que regula esta facilidad es muy escueta y se requerirá del reglamento para aclarar ciertos conceptos tales como: vivienda, ya que puede comprender desde un departamento hasta una residencia, y si el área del 20% de la vivienda que puede utilizarse como establecimiento mercantil, se aplicará sea cual fuere la superficie de ésta.

Esperamos que las disposiciones reglamentarias sean más claras al respecto, pero que no lleguen a limitar el beneficio que reconoce una realidad que vive esta ciudad.

Más de 2 millones de propiedades ubicadas en el Distrito Federal, están representadas en distintas plataformas, tales como fotografías aéreas rectificadas, ortofotos de cada uno de los predios, modelos digitales de terrenos en tercera dimensión y nuevos planos catastrales.

Con base en esta información se está realizando el  Programa de Modernización del Catastro (PROMOCA).

Si recientemente recibiste una carta del PROMOCA mediante el cual la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal te indica que existen diferencias en los datos catastrales respecto a tu boleta predial es muy importante que acudas a realizar las aclaraciones pertinentes a más tardar el 31 de enero de 2011.

Para tener una mejor atención, agenda una cita a través del portal de Internet de la SFDF o bien, acude directamente a la Administración Tributaria que te corresponda:

• Administración Tributaria San Jerónimo Av. San Jerónimo No. 45, Col. Cd. Universitaria C.P. 04510
• Administración Tributaria Perisur Rinconada Colonial s/n, Col. Pedregal de Carrasco C.P. 04700
• Administración Tributaria Taxqueña Canal de Miramontes No. 1785, Col. Country Club C.P. 04220
• Administración Tributaria Anáhuac Av. Mariano Escobedo No. 174, Col. Anáhuac C.P. 11320
• Administración Tributaria Parque Lira General Fuero y las Huertas, Col. Observatorio C.P. 11860
• Administración Tributaria San Antonio Av. San Antonio No. 12, Col. Nonoalco C.P. 03700
• Centro de Atención al Contribuyente Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores C.P. 06720

Información que debes llevar a tu cita:

• identificación oficial
• escrituras que avalen la propiedad del inmueble
• la última boleta predial
• croquis de ubicación

Eventualmente te podrán solicitar alguno de los siguientes documentos:

• avalúo original vigente que cumpla con los requisitos fiscales (antigüedad de hasta seis meses, elaborado por perito registrado y fotos a color)
• levantamiento topográfico
• constancia de uso de suelo 

Fuente: IDC Asesor Jurídico Fiscal