Reflexión en el Congreso

Las dos propuestas de la candidata referidas a seguridad y trabajo no son compatibles con las funciones de un congresista de la República por las siguientes razones:

1. Las políticas orientadas a incrementar la seguridad ciudadana están a cargo del Ministerio del Interior en coordinación con los demás órganos ejecutivos de la misma especialidad.

Base legal: ROF del Ministerio del Interior, L.O.P.E y Constitución Política.

Los congresistas proponen iniciativas que modifican el marco legal sobre el cual operan los sectores, así como las respectivas instituciones públicas. También, en el marco de su función de fiscalización, puede exigir a las autoridades la respectiva rendición de cuentas a fin de conocer su actuación sobre determinados aspectos.

2. Las políticas orientadas a desarrollar las condiciones para generar un mercado laboral con mayor demanda están a cargo del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo; así como, organismos especializados de carácter ejecutivo.

Base legal: ROF del Ministerio del Trabajo, L.O.P.E y Constitución política.

Para este caso, es función del Congreso, a través del marco legal respectivo, impulsar la creación de incentivos para que se promueva la inversión, mecanismo a través del cual puede contarse con una mayor disposición de puestos de trabajo.

En tal sentido, la oferta de la candidata sería viable si planteara una reforma a la legislación existente que regula los actos administrativos y de gobierno de los entes rectores encargados de tales políticas o si propusiera un proyecto de ley que implica la creación de una nueva legislación o modelo en materia de seguridad o trabajo.

La candidata Paola Aliaga, de la agrupación Acción Popular, propone:

- Implementación de políticas salariales.

- Políticas de empleo sostenible con trabajo decente.

Sobre las dos propuestas de la candidata debemos enfatizar que ambas responden a funciones ejecutivas:

- Políticas salariales a cargo del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Economía y Finanzas y demás organismos ejecutivos especializados.

Es preciso afirmar que las propuestas que hacen alusión a la creación de programas, implementación de políticas públicas o que se refieren temas ejecutivos, no corresponden a las atribuciones que se les ha otorgado a los congresistas.

Los congresistas tienen 3 funciones constitucionales:

- Representar (art. 93ª).

- Control o fiscalización (art. 97ª).

- Legislar (art. 102ª inciso 2).

De esta manera, las propuestas planteadas por la candidata no resultan viables.

La candidata Eleming Valle de la agrupación Frente Amplio, propone:

- Inversión en innovación tecnológica.

- Aumento y ajuste del sueldo mínimo.

Con respecto a la primera propuesta, la función corresponde al ente rector a cargo de implementar las políticas en materia de ciencia y tecnología. Este organismo es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación tecnológica, el cual se encarga de normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante la acción concertada y la complementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas, empresariales organizaciones sociales y personas integrantes del SINACYT.

Asimismo, la inversión que este órgano pueda llevar a cabo depende del presupuesto que se le asigne y de las facilidades que otorgue el Ministerio de Economía y Finanzas. En tal sentido, la inversión en ciencia y tecnología es una función ejecutiva y no corresponde a un congresista de la República.

La segunda propuesta está vinculada a las condiciones de libre competencia que consagra la Constitución. Además, el estudio e implementación relacionada al incremento del salario mínimo es función de los entes rectores especializados en la materia y no de un parlamentario nacional.

El candidato Pedro Olaechea de la agrupación Peruanos Por el Kambio, propone:

- Jóvenes mejor capacitados y con más trabajo.

Las propuestas del candidato se enmarcan en el ejercicio de funciones ejecutivas a cargo de:

- Ministerio de Educación

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Tanto las políticas educativas en sus tres niveles (básico regular, tecnológico y superior universitario); así como, las políticas destinadas a incentivar la promoción de la demanda laboral corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de cada ministerio, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Constitución Política del Estado.

Reflexión final

Es relevante que este 10 de abril los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto lo hagan de manera reflexiva, que estudien las propuestas de cada candidato, no sólo se dejen llevar por las buenas intenciones, sino que consideren la viabilidad de las propuestas del candidato desde su curul en el Congreso de la República.

[1] Afiche publicitario de la candidata.

[2] Afiche publicitario de la candidata.

[3] Entrevista realizada a la candidata en TV Perú.

[4] Afiche publicitario del candidato.

La viabilidad de las propuestas de los candidatos al Congreso – Parte V

2016-04-08T17:05:00.002-05:00

En esta quinta edición del análisis sobre la viabilidad de las propuestas de los candidatos al Congreso de la República, es pertinente mencionar, como principal soporte de este artículo, la base legal en la cual nos amparamos para refutar las propuestas más allá de las buenas intenciones de quienes las postulan.

1. La Constitución Política del Estado.

2. La Ley orgánica del Poder Ejecutivo ( en adelante L.O.P.E)

3. El Reglamento del Congreso de la República.

4. Reglamentos de Organización y funciones (ROF) internos de cada ente rector.

A continuación se muestran más ejemplos de candidatos que plantean propuestas que no conciernen a la función de un parlamentario.

Las tres propuestas del candidato Bruce son inviables directamente desde su función como parlamentario, debido a que no concuerdan con las funciones que debe cumplir un congresista de acuerdo a lo estipulado por la Constitución:

- Función de representación (art. 93ª)

- Función de control (art. 97ª)

- Función legislativa (Art. 102 inc. 1)

Las propuestas planteadas podrían ser abordadas desde la incorporación o modificaciones al marco legal sectorial y cuya aprobación requiere la aprobación de la mayoría parlamentaria, así como de los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo.

Del mismo modo, la oferta electoral no se aprecia compatible con las funciones asignadas por el Reglamento del Congreso de la República a un parlamentario:

- Derechos funcionales (art. 22ª)

- Deberes funcionales (art. 23ª)

En ese sentido, tales propuestas señaladas corresponden directamente a las funciones de los organismos del Poder Ejecutivo consignadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (art. 4ª).

Las políticas públicas orientadas a la creación programas que generen condiciones para que los ciudadanos puedan acceder a viviendas está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es decir, del Gobierno y no de un parlamentario.

El candidato Luis Olazabal de la agrupación Acción Popular, propone:

- Servicio de un plan de atención médica a través del Gobierno para que los peruanos que visiten el Perú puedan hacerse chequeos médicos.

La propuesta del candidato no coincide con las funciones de un congresista de la República. Como se ha mencionado anteriormente, las ofertas electorales no pueden ser realizadas sólo con buenas intenciones, sino que se circunscriban dentro de la competencia de los congresistas de acuerdo a la normatividad vigente, además de evaluando su viabilidad económica y social.

El Estado a través de sus entes rectores (ministerios del Poder Ejecutivo) es el encargado de proveer servicios a favor de la ciudadanía, tales órganos ejecutivos han sido dotados de facultades, competencias y atribuciones que se encuentran tipificadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la Constitución.

En este caso, la provisión de servicios médicos está a cargo del Ministerio de Salud, que trabaja en coordinación con los demás ministerios para lograr la articulación de la política nacional establecida por el Gobierno Central o Nacional.

De esta manera, la propuesta del candidato no resulta viable bajo ninguna circunstancia, salvo que se refiera a una propuesta de un proyecto de ley, alguna reforma legislativa (abrogación o derogación).

El candidato Jhony Pardavé de la agrupación Orden, propone:

- Mejora del acceso del transporte a zonas marginadas.

- Reducción del tiempo de viaje en zonas alejadas de Lima.

Las propuestas realizadas por el candidato se adscriben dentro de las funciones asignadas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (L.O.P.E) y al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De acuerdo al artículo 3ª del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo Nª 021-2007-MTC, las funciones generales del ente rector en cuestión son:

- Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones.

- Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo.

- Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia.

- Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones.

- Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos.

- Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos (el resaltado es nuestro) del Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia.

- Cumplir funciones ejecutivas en todo territorio nacional respecto a las materias de su competencia.

En tal sentido, queda confirmado que las propuestas formuladas por el candidato no corresponden a las de un congresista de la República.

Con respecto a las cuatro propuestas enunciadas por la candidata Hilda Chaccha, de la organización Perú Posible, es preciso señalar lo siguiente: cias ejecutivas en el Ministerio de educación. En sus tres niveles: Educación básica regular, educación técnica y educación superior universitaria.

- Las políticas destinadas a garantizar la seguridad ciudadana se encuentras atribuidas al Ministerio del interior en coordinación con organismos de la especialidad en los distintos entes rectores (ministerios).

- La política económica orientada al sector financiero tiene diversas instancias ejecutivas en las que se toman decisiones luego de un proceso de deliberación, tales instituciones son: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Dirección General de Política Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), entre otras. La coordinación interinstitucional corresponde al Poder Ejecutivo, como Poder del Estado a cargo de diseñar, planificar y ejecutar las políticas en materia económica de acuerdo al Reglamento de Organizaciones y Funciones del M.E.F., a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Constitución Política del Estado.

- La propuesta de disminuir el precio de la tarifa de luz no corresponde a la función de un parlamentario en la medida que atenta contra el art. 60ª de la Constitución en el extremo de distorsionar la libre competencia.

El Estado tiene un rol promotor y subsidiario, interviene cuando existen fallas en el mercado y no de manera arbitraria. En tal sentido, ninguna de las propuestas presentadas por la candidata resultaría viable únicamente desde una curul en el Congreso.

El candidato Abel Gilvonio de la agrupación Frente Amplio, propone:

- Programas escolares, laborales, y deportivos accesibles y gratuitos para alejar la delincuencia de los distritos (barrios).

[5]

Con respecto a las propuestas del candidato Gilvonio, hay que mencionar cuatro puntos centrales:

- Las políticas o programas destinados al desarrollo de la educación están a cargo del Ministerio de Educación y no desde las funciones que se le otorgan a un congresista (ROF del Ministerio de Educación, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Constitución Política del Estado).

- La promoción de políticas y/o programas de empleo están a cargo del Ministerio del Trabajo y promoción del empleo por las mismas razones legales consignadas en el punto anterior.

- El ente rector a cargo de la ejecución de las políticas y programas deportivos es el Instituto Peruano del Deporte.

- La propuesta sobre alejar a la delincuencia o, en términos concretos, disminuir los índices de inseguridad ciudadana están a cargo del Ministerio del Interior como ya se consignó en reiteradas oportunidades.

Por estas razones, las propuestas planteadas por el candidato devienen en inviables.

Reflexión Final

[1] Afiche publicitario del candidato.

[2] Afiche publicitario del candidato.

[3] https://www.facebook.com/Jhony-Pardave-756251004490514/?fref=ts (entrevista realizada al candidato, recuperada de su página oficial de facebook).

[4] Afiche publicitario de la candidata.

[5] Afiche publicitario del candidato.

La viabilidad de las propuestas de los candidatos al Congreso – Parte IV

2016-04-08T11:08:00.003-05:00

En esta cuarta edición del análisis sobre la viabilidad de las propuestas de los candidatos al Congreso de la República, resulta pertinente mencionar, como principal soporte de este artículo, la base legal en la cual nos amparamos para refutar las propuestas más allá de las buenas intenciones de quienes las postulan.

1. La Constitución Política del Estado.

2. La Ley orgánica del Poder Ejecutivo ( en adelante L.O.P.E)

3. El Reglamento del Congreso de la República.

4. Reglamentos de Organización y funciones (ROF) internos de cada ente rector.

A continuación se muestran más ejemplos de candidatos, en este caso, del interior del país que plantean propuestas que no conciernen a la función de un parlamentario.

La candidata Pilar Gutiérrez de la agrupación Alianza Popular por la región Amazonas propone:

- Gestión en conjunto con las autoridades competentes la construcción de una nueva carretera a nivel de BICAPA.

Con respecto a esta propuesta, corresponde mencionar que la gestión en la construcción de obras no constituye una función de los congresistas; ya que, como hemos acotado en anteriores artículos vinculados a las propuestas de los candidatos al Congreso, tales funciones están establecidas en las disposiciones constitucionales que se encuentran materializadas en los artículos 93ª (representación), 97ª (control) y 102ª inc. 2 (legislativa). En tal sentido, la colaboración y presión política que pueda realizar el congresista sobre la autoridad regional o local constituye a su función de representación y control; pero de ninguna manera co-gestión.

El candidato Oswaldo Obregón de la agrupación Fuerza Popular por la región del Cusco propone:

- Construcción de carreteras.

- Riego Tecnificado.

- Renegociación de los contratos de explotación del gas de Camisea.

La primera propuesta del candidato no corresponde, evidentemente, a las funciones otorgadas a los congresistas de la República. Las políticas de construcción de obras están a cargo de los entes rectores que el Gobierno Central designe de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Constitución, o por iniciativa de la articulación de los demás niveles de Gobierno establecidos.

Sobre la segunda propuesta, “riego tecnificado”, la ejecución corresponde al Ministerio de Agricultura de acuerdo al artículo 3ª de su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que entre otras funciones señala:

- Diseñar, establecer, ejecutar, supervisar, y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia agraria, aplicable a todos los niveles de gobierno.

- Realizar seguimiento respecto del desempeño y logros de la gestión agraria alcanzados a nivel nacional, regional y local y adoptar las medidas correspondientes.

- Coordinar la defensa jurídica de las entidades del sector Agricultura y Riego.

- Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el adecuado cumplimiento de las funciones transferidas, en el marco del proceso de descentralización.

En tal sentido, de acuerdo a lo descrito, la propuesta del candidato resulta inviable debido a que no corresponde a las funciones que asumiría si consigue los votos necesarios para asumir el cargo de congresista.

La tercera propuesta, además de ser inviable como oferta electoral por parte de un candidato al Congreso de la República, constituye abordar varios elementos jurídicos y políticos, incluso, para quien ejerza como presidente de la República, pues no sólo implica tener competencia ejecutiva sino que debe gestionarse de acuerdo a la coincidencia de voluntades por parte del Gobierno y las empresas implicadas del sector privado.

El candidato Arcadio Arroyo de la agrupación Alianza Para el Progreso por la región de Huancavelica propone:

- Descentralización del presupuesto público.

- Reducción de la pobreza.

- Educación de calidad

La primera propuesta del candidato resulta viable en la medida que pueda tener una participación significativa en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

La segunda propuesta atañe al Poder Ejecutivo, a la articulación de sus organismos y funcionarios para concretar políticas públicas nacionales y sectoriales; además, de implementar estas políticas como guía vinculante para los gobiernos regionales y locales.

La tercera propuesta corresponde al Ministerio de Educación por medio de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. De ninguna manera concierne a un congresista de la República.

La candidata Diana Ordoñez de la agrupación Frente Amplio por Lambayeque propone:

- Reactivación de la economía.

- Medicina barata.

- Cárcel para los corruptos

La primera propuesta está orientada a una función que le concierne al Poder Ejecutivo de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (art. 4ª) y a la Constitución. El ente rector a cargo de la ejecución de una política pública de esta naturaleza es el ministerio de economía y finanzas (MEF). Como hemos señalado anteriormente, las propuestas de los candidatos deben estar enmarcada por las disposiciones constitucionales que se les otorga en los artículos 93ª, 97ª y 102ª inc. 2.

La propuesta en ejercicio de la función legislativa debe ser concreta y referirse a la presentación de un proyecto de ley que señale reformas, derogación o abrogación de la legislación vigente; ya que, la indicación de una política pública resulta una competencia ejecutiva.

La segunda propuesta no sólo no corresponde al ejercicio parlamentario, pues la política económica y el Estado subsidiario, promotor o empresario, es decir, la presencia del Estado en la economía depende de las políticas del Gobierno Nacional (Poder Ejecutivo) y no desde las funciones que un congresista tiene desde su curul.

Finalmente, la tercera propuesta es una generalidad que no se ajusta precisamente a una oferta electoral real; ya que, los delitos contra la administración pública (corrupción) están contemplados en el código penal (art. 361ª al 426ª). La generalidad o abstracción de la propuesta no debe confundirse con las políticas preventivas que puedan llevarse a cabo desde el Ministerio del Interior o Poder Judicial.

La propuesta de la candidata sería viable si señalara un delito adicional que debe ser tipificado en el Código Penal o si se debe realizar alguna reforma en la legislación para generar las condiciones legales propicias que le permitan a los órganos competentes ser más eficaces contra corrupción.

Reflexión Final

[1] https://www.facebook.com/pilar.melgar.71?fref=ts (página de la candidate).

[2]https://www.facebook.com/OswaldoLuizarObregon/photos/a.1566488880245467.1073741828.1565553860338969/1844234255804260/?type=3&theater (afiche publicitario del candidato).

[3] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=200060017038061&set=a.154870788223651.1073741828.100011021926800&type=3&theater (Entrevista realizada a la candidata).

La viabilidad de las propuestas de los candidatos al Congreso – Parte III

2016-04-07T12:17:00.003-05:00

En esta tercera parte del análisis sobre la viabilidad de las propuestas de los candidatos al Congreso de la República, es pertinente mencionar, como principal soporte de este artículo, la base legal en la cual nos amparamos para refutar las propuestas más allá de las buenas intenciones de quienes las postulan.

1. La Constitución Política del Estado.

2. La Ley orgánica del Poder Ejecutivo ( en adelante L.O.P.E)

3. El Reglamento del Congreso de la República.

4. Reglamentos de Organización y funciones (ROF) internos de cada ente rector.

A continuación se muestran más ejemplos de candidatos que plantean propuestas que no conciernen a la función de un parlamentario.

El candidato Victor Sánchez de la agrupación Peruanos Por el Kambio propone:

- Educación de superior de calidad

Difícilmente alguien podrá estar en contra de la propuesta del candidato, pero desde el Congreso su cumplimiento resulta poco viable, puesto que la regulación de la educación superior está a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como organismo adscrito al Ministerio de Educación, así como la implementación de la legislación en la materia está comprendida por el mismo ente rector. Será atribución de los congresistas presentar o respaldar iniciativas legislativas que constituyan el marco legal sobre el cual las entidades educativas desarrollan sus actividades. La nueva ley universitaria, que dispuso la creación del SUNEDU, tiene poco tiempo de entrar en vigencia, por lo que en esta etapa lo que corresponde es fiscalizar su cumplimiento o proponer los ajustes respectivos.

La propuesta de la educación de calidad por parte de los candidatos al Congreso de la República se manifiesta de manera sistemática, pero es importante que los electores puedan identificar que el desarrollo del políticas educativas enfocadas a mejorar el sistema están a cargo del Ministerio de Educación y no de un parlamentario cuyos roles están establecidos por la Constitución y el Reglamento del Congreso.

La candidata Evelyn Orcón de la agrupación Alianza Popular propone:

- Niños con futuro para erradicar la pobreza.

- Coaching empresarial para el éxito de los emprendedores.

Sobre la primera propuesta, el diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas a favor de los niños forman parte de una política nacional que articula las políticas de los diversos sectores.

En este caso, la propuesta de una ley que crea fondos y organiza coaching depende de la planificación de la agenda de los entes rectores a cargo de la articulación antes mencionada. El planteamiento de una ley como la que propone la candidata Orcón asume que un parlamentario tiene facultades ejecutivas y, esto, como tal no corresponde de acuerdo a los artículos 93, 97 y 102, inciso 2, de la Constitución política del Estado; así como, contraviene la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Reglamento del Congreso.

El candidato Pedro Rosario de la agrupación Acción Popular propone:

- Gestionar el apoyo a la regularización de los ciudadanos indocumentados

La propuesta del candidato Rosario sobre gestionar el apoyo a la regularización de los ciudadanos indocumentados resulta incompatible con las funciones de un congresista de la República; ya que, esta es una función del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de acuerdo a las facultades otorgadas a ésta por la Constitución en el segundo párrafo del artículo 183ª que describe:

“El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil”.

En ese sentido, la gestión que implica la inscripción de ciudadanos indocumentados es una competencia exclusiva establecida por la Constitución al organismo RENIEC, la colaboración y promoción de una campaña para regularizar la situación de los ciudadanos indocumentados no significa que la competencia sea compartida o pueda ser delegada hacia un parlamentario nacional.

El candidato Paul Neira de la agrupación Fuerza Popular propone:

- Educación de calidad para todos.

- Competencia en el aprendizaje.

- Desarrollo profesional para el docente.

[5] http://www.minedu.gob.pe/digebr/

La primera propuesta del candidato infiere tres aspectos:

a. Educación básica regular

b. Educación superior técnica

c. Educación superior universitaria

En primer lugar, es preciso acotar que el desarrollo de políticas sobre la educación básica regular está a cargo de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación (MINEDU).

La función de esta Dirección General es responsable de “asegurar la formulación y propuesta articulada de la política, objetivos, estrategias pedagógicas, normas y orientaciones de alcance nacional para los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Depende del Viceministerio de Gestión Pedagógica”.[5] Por lo tanto, el primer aspecto de la propuesta del candidato no corresponde a la función de un congresista sino a un cargo ejecutivo ejercido desde la mencionada Dirección ministerial de acuerdo a la L.O.P.E

En segundo lugar, el desarrollo de políticas públicas para obtener resultados óptimos en la educación superior técnica está a cargo de la Dirección General de Educación Superior Técnico-profesional la cual es responsable de “formular, proponer y orientar la política pedagógica para la Educación Superior en la formación inicial y en servicio en los ámbitos pedagógico, tecnológico y artístico; así como en la Técnico-Productiva; y coordinar con el Sistema Universitario. Depende del Vice ministerio de Gestión Pedagógica”. De esta manera, el segundo aspecto de la primera propuesta del candidato no corresponde a las funciones que ejercería en el caso de que fuera elegido congresista de la República sino de la Dirección sometida al Ministerio de Educación.

En tercer lugar, la educación superior de calidad en el ámbito universitario está a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) organismo adscrito al Ministerio de Educación. Esta institución se encarga del “licenciamiento para el servicio educativo superior universitario. El licenciamiento es el procedimiento que verifica el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para que las universidades puedan brindar un adecuado servicio educativo”. En este extremo, la propuesta de educación de calidad en el aspecto de la educación superior universitaria corresponde a un ente rector y no a la de un congresista.

Con respecto a la segunda propuesta del candidato: competencia en el aprendizaje; el diseño, formulación e implementación de las políticas públicas responde a los entes rectores (ministerios) de acuerdo a lo estipulado por el art. 4ª de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (L.O.P.E).

Finalmente, con respecto a la tercera propuesta, el desarrollo profesional del docente corresponde a la Dirección General de Desarrollo Docente, la cual tiene entre sus principales funciones[6]:

- Diseñar, normar, conducir, monitorear y evaluar un sistema que integre y articule las políticas de evaluación, trayectoria, bienestar e innovación.

- Establecer un sistema de evaluación de los profesores que se desempeñan en la docencia, gestión institucional e investigación.

- Proponer iniciativas de nueva legislación y reglamentación para el desarrollo docente.

- Proponer lineamientos para el diseño de un sistema de información docente en coordinación con la Secretaria de Planificación Estratégica y la Unidad de Personal para diagnosticar la situación del profesor y su desarrollo profesional.

- Promover la participación de los profesores en el diseño de las políticas educativas.

- Monitorear y evaluar con los gobiernos regionales el impacto de las políticas docentes.

De esta manera, queda confirmado que las tres propuestas formuladas por el candidato no son compatibles con las funciones de un congresista sino con la de los funcionarios del Poder Ejecutivo.

La candidata Carmen Omonte de la agrupación Perú Posible propone:

- La cobertura a la atención de mujeres maltratadas debe ser total y prioritaria en los centros de salud.

La propuesta de la candidata corresponde a un servicio público que otorga el Estado en reconocimiento a los derechos universales reconocidos en la Constitución.

El servicio es producto de la articulación de políticas sectoriales complementarias como de salud o género.

Las funciones de un congresista, como ya se ha consignado, son representación, control y legislativa. En tal sentido, la mencionada propuesta no corresponde al ejercicio de un parlamentario sino a competencias ejecutivas contempladas en la L.O.P.E.

Por tanto, no queda claro cómo podrá alcanzarse esa buena intención de la candidata, si a través de una propuesta legislativa, lo cual ya está enmarcado, como a través de un mecanismo de fiscalización que garantice su real cumplimiento.

Reflexión final

Es relevante que este 10 de abril los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto lo hagan de manera reflexiva, que estudien las propuestas de cada candidato, no solo se dejen llevar por las buenas intenciones, sino que consideren la viabilidad de las propuestas del candidato desde su curul en el Congreso de la República.

[1] https://www.facebook.com/VictorSanchezPolitico/?fref=ts (Spot publicitario del candidato).

[2] Afiche publicitario de la candidata.

[3] Afiche publicitario del candidato

[4] https://www.facebook.com/PaulNeiraPeru/?fref=ts (Afiche publicitario en facebook del candidato).

[6] http://www.minedu.gob.pe/digedd/

La viabilidad de las propuestas de los candidatos al Congreso – Parte II

2016-04-06T16:12:00.001-05:00

En esta segunda parte del análisis sobre la viabilidad de las propuestas de los candidatos al Congreso de la República (http://reflexionenelcongreso.blogspot.pe/2016/04/la-viabilidad-de-las-propuestas-de-los.html), es pertinente mencionar, como principal soporte de este artículo, la base legal en la cual nos amparamos para refutar las propuestas más allá de las buenas intenciones de quienes las postulan.

1. La Constitución Política del Estado.

2. La Ley orgánica del Poder Ejecutivo.

3. El Reglamento del Congreso de la República.

A continuación se muestran más ejemplos de candidatos que plantean propuestas que no conciernen a la función de un parlamentario.

El candidato Alfredo Lozada de la agrupación Alianza Popular propone:

- El programa “vivienda para ti”, con el cual plantea que los ciudadanos accedan a la vivienda propia con todos sus servicios.

- Alto al abuso por los colegios privados.

En cuanto a la primera propuesta del candidato, el planteamiento de un programa implica el ejercicio de funciones ejecutivas de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (L.O.P.E).

El artículo 4 de la precitada ley alude a las funciones exclusivas del Poder Ejecutivo; en tal sentido, por la materia y especialidad de la propuesta, el ente rector a cargo de llevar a cabo esta política pública denominada “programa” es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por lo tanto, esta proposición electoral no atañe a las funciones de un parlamentario, lo cual resulta inviable. Si bien en el Congreso existe una Comisión de Vivienda, será a través de esta que un parlamentario podrá presentar iniciativas legislativas que atañen al sector, tales como crear condiciones para promover una mayor inversión en la construcción de viviendas.

Con respecto a la segunda propuesta, la supervisión de los colegios privados está a cargo del Ministerio de Educación que se ampara en la Ley de los Centros Educativos Privados (Ley N° 26549).

Esta ley consagra en el Capítulo V, artículo 13° lo que se refiere a la Supervisión y Control; en tal sentido señala:

“El Ministerio de Educación, a solicitud de parte o de oficio, supervisa el funcionamiento de los centros educativos, a través de sus órganos competentes, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley General de Educación”.

Asimismo, si el servicio otorgado por un colegio privado se enfoca desde la perspectiva de una relación de consumo entre proveedor (colegio) y consumidor (estudiante-tutor), también podría acudirse a las instancias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sobre la base del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N°29571) para la aplicación de la sanción correspondiente.

De esta manera, la oferta electoral del candidato en cuestión deviene en vacía y contradictoria, salvo que hubiera propuesto una reforma a la ley N° 26549 o a la Ley N° 29571 anteriormente citadas.

El candidato Marco Urteaga de la agrupación Peruanos Por el Kambio propone lo siguiente:

- Reactivar los proyectos de inversión pública que se encuentran paralizados.

- Fomentar la inversión pública, promover a inversión privada a través de la generación de nuevos empleos con beneficios tributarios.

En relación a la primera propuesta del candidato “reactivar los proyectos de inversión pública que se encuentran paralizados”, se debe precisar que todas las funciones descritas por la oferta corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de acuerdo a la L.O.P.E y por medio de la Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43 (que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas), la cual establece que el MEF debe cumplir con las siguientes atribuciones:

- Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política fiscal, financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad.

- Planear, dirigir, controlar las políticas de la actividad empresarial financiera del Estado así como armonizar la actividad económica.

- Planear, dirigir y controlar, los asuntos relativos a la política arancelaria.

- Administrar con eficiencia los recursos públicos del Estado.

La segunda propuesta representa un enunciado general que la Constitución contempla en los artículos 58°, 59° y 63° que corresponde al capítulo del régimen económico.

Los principios generales del modelo económico de economía social de mercado que se consignan en nuestra Constitución, están orientados a la ejecución de políticas públicas que materialicen las disposiciones desde los entes rectores y sus organismos.

Si observamos con atención, la propuesta debería estar enfocada en una o varias iniciativas legislativas cuyo contenido sea específico, de tal manera que permita al ciudadano a comprender en qué segmentos de la economía y de qué manera se fomentará la inversión pública y privada.

En la segunda parte de la misma propuesta, el candidato enfatiza que la promoción y fomento de la inversión debe ir acompañada de la generación de nuevos empleos y beneficios tributarios.

Sobre este extremo acotamos que una política de promoción de empleo es una función del Gobierno Central a través de una política nacional y sectorial que, en ese caso, atañe al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de acuerdo a la L.O.P.E.

De la misma forma, la aplicación de beneficios tributarios no es una función que corresponda a un congresista sino al Ministerio de Economía y Finanzas, de cuyo cumplimiento se encarga la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), en concordancia y sobre la base del Decreto Supremo N° 133-2013-EF que se denomina “Código Tributario”. Si bien el derecho tributario se sustenta en el principio nullum tributum sine praevia lege (no hay tributo sin ley previa), la propuesta del candidato debería estar enfocada en una iniciativa legislativa que modifique en todo o en parte el decreto mencionado con respecto a la parte de beneficios tributarios.

El candidato Mario Nuñez de la agrupación Orden propone:

- Vivienda Popular

La propuesta del candidato está orientada a proveer viviendas a personas de escasos recursos y otorgarle todos los servicios que corresponden. Sin embargo, ejecutar semejante planteamiento corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como parte de su política sectorial y en ejercicio de sus facultades como ente rector en la materia que le concede la L.O.P.E y la Constitución.

En tal sentido, la propuesta del candidato al Congreso de la República resulta inviable, constituye una sugerencia al Poder Ejecutivo (Gobierno) pero no concierne de ninguna manera a las funciones de un parlamentario consignadas por la Constitución en los artículos 93°, 97° y 102° inciso 2.

La candidata Indira Huilca de la agrupación Frente Amplio propone:

- Políticas públicas de generación de empleo para jóvenes entre 18 a 25 años.

- Promover políticas de igualdad a través del “sistema integral de cuidados”, que es la oferta de servicios públicos para que el Estado garantice las actividades no remuneradas que se realizan en el hogar.

La primera propuesta de la candidata no corresponde a la función de un parlamentario, está relacionada a las funciones ejecutivas asignadas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a cargo de las políticas sectoriales en materia laboral de acuerdo a la L.O.P.E y su Reglamento de Organización y Funciones interno.

La segunda propuesta no es del todo clara con respecto a la actividad que realizan las madres de familia, pero se refiere a la ejecución de un programa que propiciaría políticas públicas que corresponden al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El candidato Jaime Verástegui de la agrupación Fuerza Popular propone:

- Industrialización de la basura: preservación del medio ambiente y generación de empleo”

[5]

La propuesta del candidato se aleja de las reales funciones de un congresista en la medida que las políticas de preservación del medio ambiente están a cargo del Ministerio del Ambiente como ente rector en la materia; así mismo, la generación del empleo, como ya se acotó anteriormente, corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Todas aquellas propuestas que estén vinculadas a la ejecución de políticas públicas o programas, no están vinculadas a la labor de representación, control y legislativa que tiene un congresista de la república.

Reflexión final

[1] https://www.facebook.com/Alfredolozadabonilla8/?fref=ts (Spot publicitario del candidato).

[2] https://www.facebook.com/AhoraEsMarketing/?fref=ts (Spot publicitario del candidato).

[3] https://www.facebook.com/mjnc66 (Spot publicitario del candidato).

[4] https://www.facebook.com/Indira-Huilca-1713031818915980/?fref=ts (Entrevista realizada a la candidata).

[5] Afiche publicitario del candidato.

La viabilidad de las propuestas de los candidatos al Congreso - Parte I

2016-04-03T16:12:00.005-05:00

Ad portas de las Elecciones Generales del 2016, resulta importante evaluar la viabilidad de las propuestas que realizan los candidatos al Congreso de la República. La propaganda materializada en carteles publicitarios, spots radiales o televisivos, o anuncios virtuales, entre otros, puede generar confusión en la población si esta no conoce cuales son las reales funciones que ejercen los congresistas.

En ese sentido, hay que tener presente que las funciones que tiene un parlamentario están consignadas en la Constitución Política del Estado de la siguiente manera:

a. Función de representación (Art. 93º)

b. Función de control (Art. 97º)

c. Función legislativa (Art. 102º inc. 1)

Asimismo, el Reglamento del Congreso desarrolla de manera complementaria las disposiciones constitucionales y señala los derechos y deberes funcionales de los congresistas que a continuación evaluaremos en relación a las propuestas de algunos candidatos.

Si bien varias de las consignas o propuestas tienen como propósito llamar la atención del ciudadano, es posible que muchas de ellas respondan a buenas intenciones, pero si son analizadas en detalle, surge la duda respecto a su implementación, y sobre todo, a la competencia que le corresponde como parlamentario.

A continuación se muestran algunos ejemplos con el ánimo de ir un poco más allá de los simples planteamientos.

La candidata Marisa Glave de la agrupación Frente Amplio propone:

· Llevar a cabo políticas públicas para:

- Constituir un Estado laico.

- Acceso a la educación.

- Anticonceptivos para adolescentes y

- Derecho a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos (aborto).

Sobre estas propuestas es preciso acotar que, en primer lugar, un congresista no tiene competencia para ejecutar políticas públicas, la cual corresponde al Poder Ejecutivo (Art. 119ª de la Constitución). En segundo lugar, el Estado peruano consagra la libertad religiosa (Art. 2 inc. 2 de la constitución), al no estar adscrito ni sometido a ninguna organización religiosa debe ser considerado un Estado laico. En tercer lugar, el acceso a la educación es una función que corresponde promover al Poder Ejecutivo por medio de políticas públicas; así como, la política de salud referida a la distribución de anticonceptivos.

Finalmente, “el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo” o la “promoción del aborto”, es una propuesta que se enmarca dentro de las facultades de un congresista; puesto que, se puede materializar a través de un cambio en el marco legal mediante la presentación, debate y aprobación de un proyecto de ley.

El candidato Augusto Rey de la agrupación Acción Popular propone:

- Una comisión de educación sin conflicto de intereses.

- Educación superior pública de calidad.

- La educación privada no puede ser una estafa.

Sobre estas propuestas corresponde señalar que una comisión del Congreso de la República está conformada por, justamente, representantes de diferentes agrupaciones políticas; por lo que, es natural que existan distintas posiciones y propuestas, un congresista no puede evitar que otros representantes se opongan a distintas posiciones y medidas. Si bien se ha cuestionado que determinados congresistas decidan sobre aspectos que les atañe directamente, y que no lo manifiesten previamente, su puesta en ejecución resulta en la práctica bien complicada.

De otro lado, una ley no puede garantizar la calidad en la educación superior, esta es una función que corresponde al Ministerio de Educación a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), entidad que define, diseña, ejecuta y supervisa las políticas públicas en materia de educación superior pública y privada.

La candidata Úrsula Silva de la agrupación Alianza Popular propone:

- Empleo digno.

Sobre este punto, cabe acotar que la promoción del empleo constituye una política sectorial que está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, esta función está contemplada en el art. 4º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158). Esta es una oferta electoral que no corresponde a la función de un congresista debido a que no coincide con las tres principales atribuciones otorgadas a los congresistas por la Constitución en los artículos 93, 97 y 102 inc. 1.

El candidato Gino Costa de la agrupación Peruanos Por el Kambio propone refundar la policía por medio de:

- La creación de más comisarías.

- Mejor infraestructura.

- Mayor equipamiento y

- Tecnología de primera.

Las cuatro medidas ofrecidas por el candidato para llevar a cabo su propuesta son facultades que atañen al Ministerio del Interior. La oferta electoral no coincide con las funciones de un congresista, la base legal es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Constitución política en los mismos extremos que las propuestas de la candidata Úrsula Silva.

La candidata Paloma Noceda de la agrupación Fuerza Popular Propone:

- Programa cazatalentos para que todos tengan la oportunidad de ser vistos en materia de educación, deporte y emprendimiento.

- Acceso a la educación de la mano del deporte.