Reflexión en el Congreso

Las experiencias de Pedrito y Pablito a propósito de la “comida chatarra”

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Mon, 20 May 2013 13:51:17 PDT

Pedrito tiene once años y nació en Perusalén. Le gustan mucho las gaseosas y los snacks. Como en su país prohíben la venta de estos productos dentro de los colegios por considerar que no son saludables, sus padres le proveen de los mismos en su “lonchera” diaria y, además, le proporcionan una nada despreciable propina. Pedrito no usa esta última para las nutritivas ensaladas que venden en los kioskos (o cafeterías) del colegio, sino que espera el momento de la salida para comprar una gaseosa y más snacks en las tiendas ubicadas a las afueras de su colegio o cerca a su casa y, en varias ocasiones.

Pablito nació en Tangamandapio, a diferencia de Pedrito, tiene diez años. En estas tierras los niños pueden comprar dentro del colegio la más amplia variedad de gaseosas, snacks y similares porque no existen restricciones. A Pablito también le gustan mucho estos productos (sobre todo las papas fritas); pero, a pesar de que sus padres no los consideran como parte de su lonchera (la que destaca por ser muy saludable), él no usa su propina para comprarlos diariamente, lo hace solo en alguna ocasiones y siempre en cantidad moderada. Tiene esa conducta porque sus padres le han dicho y advertido que comer en exceso aquellos productos no es bueno para la salud.

A Pedrito le fascinan, también, las hamburguesas de todos los tipos, el pollo broaster o a la brasa con bastantes papas fritas y abundante mayonesa. No obstante que en Perusalén la publicidad de estos productos y la de los establecimientos donde los expenden se encuentra sumamente restringida, al igual que la de las bebidas gaseosas, los snacks y otros productos que el Estado considera que no son nada saludables, Pedrito siempre muere por ellos ya que sus padres, desde muy pequeño, lo han acostumbrado a consumirlos. Es más, algunos de sus amiguitos aseguran que aquel consume, tres o cuatro veces por semana, una hamburguesa o unas cuantas piezas de pollo broaster, acompañados de abundante gaseosa, y que sus padres hacen lo propio.

En contraste, en Tangamandapio no existen las referidas restricciones a la publicidad, por ello Pablito, cada vez que ve por televisión sus programas favoritos (“Los combatientes” y “si entran dos, entran tres”), recibe todo tipo de mensajes publicitarios que buscan incentivar el consumo de pollos broaster, hamburguesas, pizzas, gaseosas, snacks, etc.; inclusive, varios de sus personajes favoritos de los programas de televisión que sigue salen en la publicidad de estos productos (cosa que sería imposible si estuviéramos en Perusalen). Como es de esperar, Pablito no es inmune a esta publicidad y la verdad es que le encantan las hamburguesas y el pollo broaster, sin embargo, como sus padres saben que consumirlos en exceso puede perjudicar su salud, no lo llevan muy a menudo a los establecimientos donde los venden, de esta manera no lo privan de los mismos pero tampoco lo someten a un consumo excesivo.

Pedrito, en Perusalen, no hace deporte, sus padres no lo incentivan a practicarlo y, para colmo, la educación física no es obligatoria en los colegios de este Estado, en cambio, Pedrito es campeón de Fifa 13 en el Play Station 3. Ahora bien, recientemente le ha salido un buen sparring a Pedrito en este videojuego, se trata de Pablito que desde Tangamandapio juega con Pedrito a través de la conexión online, pero aquel no solo es un buen jugador de Fifa 13, sino que también destaca en el equipo de fútbol de su colegio y en atletismo, de más está decir que en Tangamandapio el Estado es un gran impulsor de la práctica del deporte en los colegios.

Ud. puede opinar sobre esta y otras propuestas y leyes en 131 Voces.

Efectos negativos de la legislación sobre descansos por maternidad y paternidad

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 10 May 2013 10:45:41 PDT

En junio de 2012 se presentó el proyecto de ley 1265 [1] que propone la “Ley de protección de la trabajadora gestante”. Si bien podría parecer que se pretenden introducir en el ordenamiento legal peruano disposiciones a favor de las trabajadoras en estado de gravidez, lo cierto es que se trata de una propuesta que no plantea nada novedoso y solo persigue consolidar en un solo texto legal nueve leyes (vigentes actualmente) que otorgan derechos y beneficios a favor de las referidas trabajadoras.

Pues bien, a propósito del referido proyecto de ley, que mantiene el statu quo, realizaremos algunas observaciones o críticas al descanso en el trabajo que se otorga a mujeres y varones en caso maternidad y paternidad, respectivamente, los mismos que estarían asignando inequitativamente las responsabilidades que varones y mujeres deberían asumir en el hogar por el nacimiento de un niño, así generando otros efectos negativos.

El descanso pre y post natal y la licencia por paternidad

De acuerdo a la Ley 26644 y normas complementarias, la trabajadora gestante tiene derecho a disfrutar de noventa días de descanso. En principio, 45 días deben ser gozados antes del parto (descanso pre natal) y los restantes 45, luego del mismo (descanso post natal)[2], sin embargo, la trabajadora tiene la prerrogativa de acumular a su descanso post natal los días de descanso pre natal, ya sea parcial o totalmente[3] y, también, posee la facultad de acumular el periodo de descanso vacacional pendiente a los días de descanso post natal.

En contraste, los varones solo pueden gozar de una licencia por paternidad de cuatro días hábiles consecutivos, derecho establecido recién el año 2011 por la Ley 29049[4].

Efectos negativos de la regulación sobre descansos y licencias por maternidad y paternidad

Como se puede apreciar líneas arriba, existe una gran diferencia entre la cantidad de días de descanso que pueden ser gozados por mujeres y varones en caso de nacimiento de un hijo o hija. Si bien, ello podría explicarse en el hecho de que la trabajadora es quien sobrelleva en el propio cuerpo todo el proceso de embarazo y que el recién nacido tiene un vínculo más estrecho con la madre, básicamente por necesidades alimenticias (lactancia), ello no es suficiente razón para que las normas sobre descanso en el trabajo tiendan a cargar en aquella las responsabilidades que sobrevienen con el nacimiento de un hijo o hija, de forma casi exclusiva.

Decimos que las normas tienden a cargar la responsabilidad del recién nacido en la madre porque son las que prescriben que es esta la que puede gozar de noventa días de descanso pre y post natal, acumular con el descanso post natal su periodo vacacional pendiente y disfrutar de una hora diaria por lactancia durante un año[5] mientras que el varón solo cuenta con cuatro días de licencia[6].

La situación descrita refuerza prejuicios y roles sociales desfasados que conciben a la mujer como la encargada de las labores del hogar y el cuidado de los hijos y al varón como el que provee el sustento del hogar (a través de trabajo remunerado fuera del hogar). Prejuicios y roles que por muchos años han relegado a la mujer en el mercado trabajo y retrasado su incorporación en las distintas áreas (inclusive hoy en día subsisten rezagos de ello como la concepción de que las mujeres solo sirven para algunas labores (enfermeras, profesoras, secretarias, etc.), la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, la dificultad de estas últimas para acceder a puestos de mayor jerarquía en las empresas, entre otras.).

Por otra parte, el largo periodo fuera del trabajo puede provocar que la madre trabajadora pierda oportunidades laborales (ascensos, aumentos de remuneración, etc.)[7] en vista que las mismas podrían ser aprovechadas por compañeros de trabajo mientras aquella se dedica a cuidar al recién nacido en casa. En cambio, el padre, con solo cuatro días de ausencia en el trabajo, no tendría este problema.

Asimismo, el reparto inequitativo de responsabilidades también puede ser perjudicial para el padre y el recién nacido en caso la madre fallezca luego del parto, quede invalida o permanezca por largo tiempo en el hospital luego del mismo, ello porque, en estos casos, no contará con días de licencia previstos en una ley para atender las responsabilidades que surgirían para la atención del hijo o hija[8].

En síntesis, la legislación actual sobre descansos o licencias por maternidad y paternidad tienen, al menos, los siguientes efectos negativos: (i) carga en la madre, casi exclusivamente, las responsabilidades surgidas en el hogar por el nacimiento de un hijo o hija y libera de las mismas al padre (al menos en las horas de trabajo) (ii) genera el riesgo de que la madre pierda importantes oportunidades laborales en su centro de trabajo, (iii) refuerza prejuicios y roles sociales desfasados nada favorables para la mujer y (iv) perjudica al padre y al recién nacido en caso surjan contingencias con la madre que no le permitan o impidan atender al hijo o hija luego del parto.

Un cambio de enfoque: responsabilidades compartidas

Con el fin de romper el referido reparto inequitativo de responsabilidades en el hogar y los problemas que este acarrea, tal vez convendría que el descanso que se brinda a la trabajadora gestante así como la licencia por paternidad que se le da al trabajador se fusionen en un solo derecho. Así, sería una bolsa de días de descanso entregada a la pareja para que libremente esta decida cómo usarlos[9].

Así, por ejemplo, si se dan 100 días de descanso a la pareja, esta podría gozarlos de diferentes maneras:

Que la madre tome 60 días de descanso (30 de pre natal y 30 de post natal) y el padre los 40 días restantes de post natal.
Que cada miembro de la pareja tome 50 días de descanso post natal.
Que la madre tome 30 días de descanso pre natal, 10 de post natal y una vez transcurridos estos últimos sea el padre el que se quede en casa por 60 días para cuidar al recién nacido.

Los ejemplos no se agotan en los mencionados ya que las posibilidades son múltiples, lo importante y novedoso es que el padre y la madre quedan en plena libertad para distribuir el tiempo de descanso y, así, repartir entre ambos las tareas del hogar de acuerdo a las necesidades que se presenten y conjugar el tiempo de descanso con las responsabilidades en sus centros de labores, reduciendo el riesgo de perder oportunidades laborales (por ejemplo, a la pareja podría preferir que la madre solo descanse 40 días para que no pierda la oportunidad de un ascenso y que el padre se quede en casa los días restantes de descanso para cuidar al recién nacido).

Ud. puede opinar sobre este y otros proyectos de ley en 131 Voces.

[1] Iniciativa legislativa presentada por la bancada Solidaridad Nacional por iniciativa de la congresista Esther Capuñay.

[2] A la trabajadora gestante se le otorgan 30 días adicionales de descanso si el parto es múltiple o si el recién nacido nace con alguna discapacidad.

[3] El periodo de descanso de noventa días no es remunerado por el empleador, en lugar de ello la seguridad social otorga un subsidio a la trabajadora gestante equivalente a la remuneración que le hubiera correspondido recibir por aquellos días.

[4] Los cuatro días de licencia sí son remunerados por el empleador.

[5] Leyes 27240 y 27403.

[6] TOYAMA, Jorge. Los supuestos de suspensión laboral. En AA.VV., Temas Centrales del Derecho del Trabajo en el Siglo XXI. ARA editores. Lima. 2009. pp. 239-266.

[7] Ibíd.

[8] Ibíd.

[9] Ibíd.

Aprobación el Congreso desciende mientras los gastos en planilla van en aumento

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Wed, 08 May 2013 09:26:30 PDT

Congreso de la República
Ejecución de gasto - Personal administrativo (S/. Millones)
	2009	2010	2011	2012	2013*
Funcionarios elegidos por elección política (congresistas)	22.60	24.22	24.03	24.90	25.27
Personal administrativo nombrado (régimen público)	0.86	0.93	1.63	2.43	2.57
Personal con contrato a plazo indeterminado (Régimen laboral privado)	39.14	41.27	56.86	51.28	52.20
Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral privado)	45.35	46.45	48.37	71.02	80.84
Contrato administrativo de servicios (CAS)	10.28	9.66	9.11	8.02	12.78
	118.23	122.53	140.00	157.65	173.66
* Presupuestado para 2013
Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF

A pesar de que la aprobación del Congreso de la República cada vez es más baja, sucede lo contrario con los niveles de gasto que realiza el Parlamento en cuanto a su personal, tendencia que lamentablemente se ha ido acentuando en los últimos años, y que, como lo sugieren las cifras oficiales, para este año 2013 se acentuará más.

Cabe recordar que una encuesta de Ipsos Apoyo de abril de este año mostraba un nivel de aprobación del Congreso de la República de 20%, cuatro puntos porcentuales debajo del nivel registrado en diciembre del 2012, de 24%.

Sin embargo, según información del Portal de Transparencia administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se aprecia un crecimiento sostenible en los gastos remunerativos del Congreso desde el año 2009, lo cual se hizo más pronunciado en el 2012 y se espera que continué en 2013.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la ejecución de gastos en el Congreso de la República se han ido incrementando en casi todos los regímenes laborales, pero donde se evidencia el mayor aumento es el correspondiente a los gastos de personal con contrato a plazo fijo y bajo el régimen laboral de la actividad privada, que han aumentado de S/. 45.35 millones ejecutados en el 2009 hasta S/. 71.02 millones el año pasado. Más aún, de acuerdo al presupuesto institucional de 2013, se espera que en este mismo rubro se realice un gasto que supere los S/. 80 millones. Es decir, estamos hablando de un aumento del 13%.

Por lo general en este régimen se encuentran los asesores de confianza de los parlamentarios y de las diversas dependencias del servicio parlamentario del Congreso.

Lo mismo puede verse en el caso del personal con contrato a plazo indeterminado, también bajo el régimen laboral privado, donde los gastos de han incrementado de S/. 39.14 millones el 2009 a S/. 51.28 millones el 2013, y para este año se ha presupuestado un monto por S/. 52.20 millones.

En el caso del gasto correspondiente a las contrataciones por administración de servicios (CAS), el aumento ha sido menos pronunciado, pues de S/. 10.28 millones del 2009 ha pasado a S/. 8.02 millones el 2012, y se prevé para este año un gasto por este concepto de S/. 12.87 millones.

No cuestionamos que el Congreso de la República cuente con los servicios de asesoría y administrativos que requiere para cumplir sus funciones constitucionales en forma eficaz y eficiente, pero los niveles de incremento en el gasto de personal son, cuando menos, preocupantes, pues, en lo que se refiere a este rubro, con tan solo hacer una simple operación aritmética podemos concluir que cada parlamentario requiere que el Congreso gaste anualmente para su asesoría y apoyo alrededor de un millón trescientos mil soles o ciento diez mil soles mensuales.

Además, desde otra perspectiva, según datos oficiales del propio Congreso de la República, hasta el último trimestre de 2012 el número de trabajadores parlamentarios era de 2204, es decir, 16 por congresista, encontrándose que el mayor número de ellos son técnicos (809) y auxiliares (583), y a los que hay que sumar los 855 pensionistas (entre ellos ex parlamentarios) que engrosan la planilla.

Según el último reporte parlamentario global de 2012, elaborado y publicado por la Unión Interparlamentaria, el 60% de los Parlamentos del mundo tienen menos de 500 empleados. Los diez Parlamentos con mayor presupuesto tienen un promedio de 4268 empleados y los diez Parlamentos con menor presupuesto cuentan en promedio con 70 empleados. Y en cuanto al número de empleados por parlamentario, son los Parlamentos de las américas los que muestran el mayor promedio: 9.55 empleados por parlamentario. No obstante, como advierte la misma Unión Interparlamentaria, este promedio está sesgado por el altísimo número de empleados del Congreso estadounidense, cuya planilla de personal duplica la del Parlamento que le sigue en la lista, que probablemente es el mexicano con 7 257 empleados.

Finalmente anotamos que el Parlamento que tiene el mayor número de empleados a nivel mundial es el Congreso de los Estados Unidos, con 15 907 trabajadores (29.73 por parlamentario) y el de menor número es el de Tuvalu, con cinco empleados (0.33 por parlamentario).

Conozca la votación de los congresistas en marzo de 2013

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 30 Apr 2013 16:17:22 PDT

Reflexión Democrática pone a disposición de la ciudadanía la votación de cada uno de nuestros parlamentarios en el Pleno del Congreso en noviembre y diciembre de 2012.

Ud. puede acceder a las votaciones aquí.

Proponen que las comisiones por pago de "recibos" de servicios públicos sean asumidas por las empresas que los proveen

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Thu, 25 Apr 2013 10:15:51 PDT

Antecedentes

Actualmente, cuando una persona quiere pagar su cuenta mensual por el uso de algún servicio público es común que se le cobre una comisión cuando el lugar en el que efectúa el abono es uno distinto (por ejemplo: un banco) a los centros de recaudación de la empresa que provee el servicio.

Pues bien, el proyecto de ley 683, presentado en enero de 2012, propuso prohibir dicho cobro de comisiones y que sean las empresas que proveen los servicios de saneamiento, electricidad y telecomunicaciones las que asuman dicho costo.

Dicho proyecto fue enviado a la Comisión de Defensa del Consumidor para su respectivo estudio, y esta ha emitido dos dictámenes, uno en mayoría, que recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa, y otro en minoría, que sugiere su archivo.

Apuntes sobre la propuesta

La asociación “Contribuyentes por respeto” ha señalado que una medida como la propuesta puede tener dos consecuencias[1]:

Los bancos no aceptan seguir ofreciendo el servicio de recaudación aunque las empresas que proveen servicios públicos asuman el costo del mismo (las comisiones). La razón sería que la comisión de recaudación es la herramienta que desincentiva que en las agencias bancarias existan aglomeraciones de gente que busquen pagar sus cuentas de luz, agua, telecomunicaciones, etc., y, por otro lado, incentiva el uso de otros canales bancarios que actualmente son gratuitos: como cajeros, internet, agentes, y banca telefónica.

Las empresas de servicios públicos asumen el costo de la comisión y los bancos aceptan seguir ofreciendo el servicio de recaudación (sin cobro a los consumidores). En este caso, dicho costo podría ser incorporado en la tarifa del servicio público y, consiguientemente, todos los usuarios del mismo pagarían el costo que implican las comisiones pague o no su cuenta en centros de recaudación que cobran comisiones. Así, se perjudica a quienes utilizan medios o canales gratuitos para el pago de sus cuentas de servicios públicos.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que actualmente existe una multiplicidad de medios y canales para el pago de las cuentas por el uso de servicios públicos (agua, luz, teléfono, etc.) los mismos que, en unos casos, son gratuitos y, en otros, no lo son. En este sentido, el consumidor tiene una gran cantidad de opciones a su disposición para pagar dichas cuentas y, en consecuencia, tiene plena libertad para escoger el medio o canal que más le convenga.

Precisamente, la competencia existente entre los distintos centros de recaudación es la que ha generado la creación de canales gratuitos para este fin (distintos a los centros de recaudación de la propia empresa que presta el servicio público) y quizá, lo único que haga falta es que se brinde una mayor información a los consumidores de todos los estratos sobre la existencia y disponibilidad de aquellos canales.

Por todo lo mencionado, consideramos que la propuesta legislativa es innecesaria y no debería convertirse en ley.

[1] CACERES, Fernando. El Congreso no cree en la competencia. El Estado estaría interviniendo en un mercado en donde ésta abunda. En: http://www.respeto.pe/articulo.php?id=213

Proponen más prohibiciones a la publicidad de cigarros y otros productos derivados del tabaco

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 16 Apr 2013 16:38:21 PDT

El Congreso, a través de sendos dictámenes de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Salud, viene impulsando un propuesta legislativa destinada, entre otras medidas, a establecer mayores prohibiciones a la publicidad de cigarros, y demás productos derivados del tabaco, en los lugares en los que todavía puede darse (por las restricciones establecidas por la Ley 28705 y modificatorias), así como la exhibición de los mismos en los lugares donde se expenden.

Si se revisa la sustentación de los referidos dictámenes, se aprecia que el principal argumento para las medidas mencionadas es que la publicidad y exhibición de cigarros serían fuertes incentivos para su consumo entre la población (poniendo énfasis en los jóvenes).

Ahora bien, la eventual imposición de las prohibiciones descritas ha despertado crítica que merecerían ser tomadas en cuenta.

La publicidad tiene poca incidencia en la demanda de cigarros

Así, se ha señalado que se debe tener en cuenta que la principal razón por la que las personas consumen cigarros u otros productos derivados del tabaco no es la publicidad ya que se trata de productos adictivos (demanda inelástica), o sea, los consumidores los requerirán independientemente de la poca o mucha publicidad que exista sobre los mismos[1]. Pero, además, en el caso de nuevos consumidores (digamos, adolescentes y jóvenes), se afirma que la publicidad queda en un segundo plano ante factores más poderosos como la moda, la imitación, la presión social, etc.

Prohibir la publicidad restaría información a los consumidores

Por otra parte, los críticos sostienen que la propuesta legislativa considera a la publicidad como una mera herramienta de persuasión a favor del consumo y no se la reconoce como una fuente de información para los consumidores, la cual es necesaria a efectos de que estos puedan elegir los productos que más le convengan entre los muchos que se ofertan.

En esta línea, afirman que la prohibición casi absoluta de la publicidad de los cigarros y otros productos derivados del tabaco provocará que las personas no cuenten con información imprescindible sobre marcas, precios, tamaños, calidades, etc., existentes en el mercado, y consiguientemente, que se conformen o resignen a los productos que ofrece la empresa que actualmente concentra el 85% del mercado de cigarros, lo que consolidará este cuasi monopolio[2].

En un mercado tan concentrado, la empresa dominante tampoco tendrá incentivos para mejorar su oferta de productos (en calidad y precio) ya que los consumidores, por la falta de publicidad, no tendrán como saber si las tabacaleras que compiten con aquella ofrecen mejores productos a mejores precios.

El riesgo de la informalidad

Por otro lado, quienes critican las prohibiciones la exhibición de cigarros (y otros derivados del tabaco) y su publicidad en los lugares de expendio, señalan que los países que ha adoptado medidas similares no han experimentado una disminución en el consumo de dichos productos, pero sí un incremento de la venta informal de los mismos, originándose mercados negros del tabaco; así, ponen como ejemplo a Canadá[3].

Sobre este último punto, creemos que es muy difícil que la prohibición de la exhibición y publicidad de productos cuyo comercio es libre, como los cigarros, haya originado un mercado negro o incrementado la venta de informal de los mismos. Ello porque estos efectos se producen cuando se prohíbe la comercialización de manera absoluta (no existe una manera legal de conseguir el producto) o cuando el precio en los mercados informales es muchísimo menor que en los formales (el consumidor obtiene ahorros significativos en el mercado informal). Y eso es lo que ha pasado en Canadá, además de las prohibiciones de publicidad y exhibición, el precio de los cigarros en el mercado formal es muy superior al del mercado negro porque la venta en aquel se encuentra sobre gravada con impuestos con el fin de incrementar artificialmente su precio (y así desincentivar su consumo).

Por tal razón, consideramos que el riesgo de la informalidad no es tal porque el consumidor tendría la misma facilidad para conseguir cigarros en cualquier bodega, autoservicio, etc., que la que tendría para conseguir un chocolate sublime a pesar de no estar en exhibición o con carteles de publicidad dentro del establecimiento.

Comentario final

Teniendo en cuenta las objeciones a la propuesta legislativa objeto de estas líneas, validas en su mayoría, y sin desconocer que los productos derivados del tabaco son dañinos para la salud de las personas, creemos que el Congreso debería hacer una evaluación más profunda de la misma, teniendo en cuenta, además, que la comercialización de los mismos no se encuentra prohibida (es legal) y que son las personas quienes optan libremente por consumir dichos productos a pesar de que conocen su nocividad.

[1] ZUÑIGA, Mario. Informar, no prohibir. Propuestas peligrosas que menosprecian el derecho a elegir del consumidor. En: http://www.respeto.pe/articulo.php?id=211

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

Proponen que los intereses que generan las deudas laborales se puedan capitalizar

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 12 Apr 2013 11:53:28 PDT

Resumen de la propuesta

El proyecto de ley 2011 propone que los intereses que generen las deudas de tipo laboral puedan capitalizarse.

¿Qué son los intereses?

Los intereses son un incremento en la deuda original (dineraria o de otra especie) entre un acreedor y un deudor que se genera de manera paulatina en un período determinado de tiempo. Los mismos se dirigen a compensar o indemnizar al primero por la falta de uso o disfrute del dinero y/o bienes que se le adeudan[1].

Ahora bien, cuando se habla de intereses, paralelamente se suele hablar de “tasa” la cual es usada para determinar la magnitud o medida en que se incrementará la deuda original.

Los intereses por deudas distintas a las laborales

Para acreencias distintas a las laborales, un acreedor puede pactar libremente con su deudor la existencia de intereses, así como la tasa de interés compensatorio (es una contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien) y/o moratorio (tiene por finalidad indemnizar la mora o retraso en el pago de la deuda u obligación) aplicable a la deuda que este le tiene, ello siempre que no supere la tasa máxima que es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)[2].

Además, si no se pacta la tasa de interés compensatorio, es de aplicación la tasa de interés legal fijada por el BCRP[3], la que es de carácter efectivo y, por lo tanto, capitalizable[4]. Asimismo, si no se acuerda el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, la referida tasa de interés legal[5].

Los intereses por deudas laborales

El Decreto Ley 25920, vigente en la actualidad, señala en su artículo 1:

“A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable”[6].

De acuerdo con la citada norma legal, la falta de pago de remuneraciones, beneficios sociales y cualquier otra de carácter laboral genera los respectivos intereses moratorios, no obstante, estos no se pueden fijar libremente y es de aplicación el interés legal fijado por el BCRP. Además, la norma señala que aquellos no son capitalizables, existiendo, entonces, una diferencia sustancial con los intereses generados por deudas de distinta naturaleza, que sí son capitalizables.

¿Qué diferencia existe entre los intereses que son capitalizables y los que no lo son?

Los intereses capitalizables pueden sumarse a la deuda base y, así, generar una nueva base (mayor) para el cálculo de nuevos intereses; por su parte, los no capitalizables, no pueden sumarse a la deuda inicial, así, la base de cálculo de intereses se mantiene estática.

En el siguiente cuadro se puede apreciar, con mayor claridad, la diferencia entre los referidos tipos de interés utilizando, como ejemplo, una tasa anual de 10%:

	Deuda original	Intereses (tasa de 10%) luego de un año	Base para cálculo de intereses luego de un año	Intereses (tasa de 10%) luego de dos años	Deuda final
Deuda con interés capitalizable	1000	100	1100	110	1210
Deuda con interés no capitalizable	1000	100	1000	100	1200

Entonces, a un acreedor le conviene la capitalización de intereses porque ello incrementa en una magnitud más grande el monto que el deudor deberá pagarle. En contraste, al deudor le conviene que los intereses no se capitalicen para evitar un incremento mayor de la deuda.

Comentario

Teniendo en cuenta que en las relaciones laborales los trabajadores son la parte débil y que, por ello, las normas laborales tienen un carácter protector hacia estos, no parece razonable ni justificado otorgarles a las deudas laborales un distinto tratamiento, en cuanto a la generación de intereses, del que se les da a las deudas de naturaleza distinta como viene ocurriendo en la actualidad.

[1] JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Roxana. Intereses, tasas, anatocismo y usura.

Disponible en: http://dike.pucp.edu.pe/doctrina/civ_art28.PDF

[2] Artículos 1242 y 1243 del Código Civil.

[3] Artículos 1244 y 1245 del Código Civil.

[4] Ver: http://www.bcrp.gob.pe/sistemas-de-pagos/calculadora-virtual-de-intereses-legales.html

[5] Artículo 1246 del Código Civil.

[6] El subrayado es nuestro.

Proponen flexibilizar el acceso a la jubilación anticipada

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Wed, 03 Apr 2013 07:50:49 PDT

Se ha presentado al Congreso de la República el proyecto de ley 1802 que propone flexibilizar el acceso de las personas a la jubilación anticipada en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Jubilación anticipada en el Decreto Ley 19990

Actualmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 del Decreto Ley 19990, los trabajadores varones tienen derecho a una pensión de jubilación si han cumplido 55 años de edad y han aportado por 30 años, mientras que las mujeres tienen ese mismo derecho si han cumplido 50 años de edad y 25 años de aportaciones.

Los cambios que introduce el proyecto de ley

En contraste, la propuesta reduce y uniformiza a 20, los años de aportación necesarios para que varones y mujeres tengan derecho a una pensión de jubilación. Sin embargo, la iniciativa plantea que para acceder a la misma se debe demostrar un estado de desempleo por doce meses consecutivos o con intervalos de actividad e inactividad.

Complementariamente, el proyecto de ley plantea que en caso la persona que se haya acogido a la jubilación anticipada encuentre un nuevo empleo (reinicio de actividad remunerada), luego de la culminación definitiva de este último, se debe proceder a una nueva liquidación de la pensión sobre la base de los últimos tres años aportados, no obstante lo cual, la nueva remuneración de referencia no podría exceder a la anterior en una cantidad mayor a la remuneración mínima vital.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada en el SNP
	Edad mínima (en años)		Tiempo de aporte mínimo (en años)
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Legislación actual	55	50	30	25
Proyecto de ley 1802	55	50	20	20

Algunos comentarios sobre el proyecto de ley

El proyecto de ley tiene como objetivo que los varones y mujeres mayores de 55 y 50 años, respectivamente, que no cuenten con un empleo estable y hayan aportado al menos 20 años al SNP puedan contar con una pensión de jubilación que les sirva de sustento.

La falta de un empleo estable se explicaría por las mayores dificultades que tienen las personas de 50 años o más para conseguir un empleo luego de haber perdido el que tenían.

Ahora bien, al reducirse los años de aporte para acceder a la jubilación anticipada se generaría un detrimento de ingresos en el fondo de pensiones del SNP[1] a la vez que se produciría una mayor cantidad de egresos precisamente porque quienes se acojan a la jubilación anticipada dejarían de aportar a dicho fondo y pasarían a cobrar sus pensiones con recursos provenientes de este.

Al respecto, se considerar que el fondo del SNP es uno de carácter colectivo y no individual como el de las AFP, es decir, se trata de uno en el que aportan todos los trabajadores activos afiliados del SNP hasta el día de su jubilación y del cual provienen los recursos para cubrir el monto de las pensiones de quienes ya se hayan jubilado y de quienes se jubilen en un futuro. Asimismo, cabe señalar que el fondo del SNP es un fondo deficitario, o sea, los ingresos del mismo no alcanzan a cubrir sus egresos, razón por la que el Estado debe emplear otros recursos para cubrir dicho déficit.

Entonces, siendo que el fondo del SNP es uno que actualmente es deficitario, se debe tener mucho cuidado con las medidas que en lugar de cuidar sus ingresos ocasionarían una merma en los mismos así como una mayor cantidad de egresos.

Por otro lado, el planteamiento del proyecto de ley podría significar un desincentivo para la búsqueda de un nuevo empleo en los trabajadores que se acojan a la jubilación anticipada. En efecto, como estos ya tendrían ingresos por su pensión de jubilación, pueden perder interés o motivación para buscar y conseguir un puesto de trabajo, lo cual no es deseable en personas que están aún en edad de seguir produciendo.

Una solución intermedia para no generar tal desincentivo podría ser no otorgar una pensión completa, sino una fracción de la misma de acuerdo al tiempo que lleva desempleado, así, quien se beneficie de la jubilación anticipada tendría aún interés por conseguir un empleo que le procure mayores recursos que la pensión.

[1] Estos fondo es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Congresistas deudores

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 02 Apr 2013 14:17:30 PDT

Un reportaje del programa de televisión “Sin Medias Tintas” reveló que al menos 14 congresistas deben a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) varios miles de soles por deudas que actualmente se encuentra en estado de cobranza coactiva.

Dicha información se obtuvo de los reportes públicos del organismo recaudador y muestra los montos y los conceptos por los que figuran las respectivas deudas.

Congresistas como el oficialista Freddy Otárola, Marisol Espinoza y Wilder Ruiz figuran en la relación, así como los representantes de la oposición, tales como los de la bancada fujimorista Ángel Neyra, Aldo Bardález, o de Perú Posible, Juan César Castagnino, entre otros.

Se aprueba ley que reduce monto de las aportaciones sociales de los maestros al servicio del Estado

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 02 Apr 2013 10:12:37 PDT

Recientemente, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 1923, presentado por el Poder Ejecutivo, dando origen a la Ley 30002 que establece que, durante el año fiscal 2013, está afecta a las cargas sociales y es pensionable solo el 65% de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) que se paga a los maestros en las distintas escalas magisteriales. Es decir, a efectos de determinar el monto de las contribuciones sociales (Essalud y contribuciones para fines previsionales) se considerará que el maestro al servicio del Estado solo percibe el 65% de su remuneración real.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, el objetivo es reducir los costos que se originaron para el Estado a causa de los incrementos salariales otorgados a los maestros por la Nueva Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) y reducir los descuentos a los maestros para que puedan gozar de un mayor ingreso líquido.

Como se sabe, al trabajador le corresponde asumir las contribuciones sociales para fines previsionales (sea al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de pensiones), mientras que las contribuciones sociales para fines de salud deben ser asumidas por el empleador. En el primer caso, se descuenta y retiene un porcentaje de la remuneración al trabajador y, en el segundo caso, el empleador debe pagar un porcentaje de la remuneración como contribución.

Ahora bien, el Estado al considerar solamente el 65% de la RIM que perciben los maestros como base para el pago de las contribuciones a Essalud se estaría ahorrando un 35% de lo que realmente debería aportar, no obstante, ello significan menores ingresos para Essalud que, en cualquier caso, no podrá reducir sus prestaciones de salud a los maestros y los deberá atender como si por ellos se aportará el 100% de lo que realmente corresponde.

Como señala Miguel Palomino, destacado economista del IPE, “las contribuciones a Essalud se deberían aplicar a todas las remuneraciones, y no deberían existir excepciones ni reducciones de tasas para ningún aportante porque todos recibirán los mismos servicios”. Refiere, además, que “es injusto que la mayoría cargue con el costo de que el Estado o alguna empresa se ahorren alguito”[1].

Cabe mencionar, además, que esa reducción en los ingresos de Essalud puede afectar la calidad del servicio que brinda que ya, actualmente, deja bastante que desear.

En lo que toca a las contribuciones previsionales, considerar solo el 65% de la RIM como base para determinar el aporte de los maestros genera que a estos se les aplique un descuento menor a sus sueldos pudiendo contar con mayor liquidez, no obstante, en este caso también se origina un desmedro en los fondos del Sistema Nacional de Pensiones que por años viene siendo subsidiada por el Estado, y también una merma en las cuentas de capitalización individual en caso el maestro haya optado por aportar a una AFP (Sistema Privado de Pensiones).

[1] PALOMINO, Miguel. Leyes para que el Estado no pague contribuciones sociales. En: http://blogs.gestion.pe/reformasincompletas/2013/03/leyes-para-que-el-estado-no-pa.html

Proponen modificar forma y plazo para elegir tipo de comisión en las AFP

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 22 Mar 2013 07:52:35 PDT

Se han presentado al Congreso de la República los proyectos de ley 1822 y 2022 que inciden sobre la elección del tipo de comisión de los afiliados a las AFP. La primera iniciativa persigue modificar la forma en la que los afiliados a las AFP eligen el tipo de comisión que estas cobran por la administración de los fondos de pensiones. Por su parte, el segundo proyecto de ley busca ampliar el plazo para que los afiliados a las AFP elijan el tipo de comisión aplicable a sus fondos.

El proyecto de ley 1822

El proyecto de ley 1822 propone modificar el inciso d) del artículo 24 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF), inciso que fue insertado por la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (Ley 29903).

Actualmente, dicho inciso establece que a los afiliados existentes de las AFP les resultará de aplicación una comisión mixta (comisión por saldo)[1] respecto de sus nuevos aportes, salvo que maniﬁesten expresamente su decisión de permanecer bajo una comisión por ﬂujo (la que se ha venido aplicando hasta ahora) en los plazos y medios que establezca la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Entonces, bajo este marco legal los afiliados que deseen permanecer en su actual modalidad de comisiones por flujo deben realizar un trámite ante su AFP para no pasar a la otra modalidad.

Ante ello, el proyecto de ley busca que la regla sea inversa. Así, propone que para permanecer en la modalidad de comisiones por flujo no sea necesario trámite alguno y que, en cambio, los afiliados que deseen cambiar a la modalidad por saldo sean los que realicen el referido trámite.

El planteamiento del proyecto de ley es perfectamente razonable ya que resulta lógico que la persona que desee permanecer en su actual modalidad de comisiones no sea obligada a realizar algún trámite y que el que sí desea variarlo sea el obligado a realizar las gestiones para tal fin.

El proyecto de ley 2022

El proyecto de ley 2022 plantea que no se pueda dar un plazo menor a doce (12) meses para que los actuales afiliados a las AFP manifiesten su voluntad de permanecer en la modalidad de comisiones por flujo.

En este punto se debe precisar que la SBS, a través de la Resolución SBS 8514-2012 y de la Resolución SBS 9353-2012, estableció un plazo para manifestar dicha voluntad: entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2013 y, complementariamente dispuso que los afiliados que hayan optado por permanecer en la comisión por flujo tendrán un plazo adicional de seis (6) meses para revocar dicha decisión y, así, pasarse a la comisión por saldo.

Entonces, el proyecto de ley 2022 busca ampliar el plazo para que los afiliados a las AFP puedan optar por el tipo de comisión que, a su entender, les convenga con lo cual el límite del 31 de marzo de 2013 quedaría sin efecto.

La eventual aprobación de este proyecto evitaría las aglomeraciones que se vienen produciendo en los establecimientos de las AFP por parte de los afiliados que desean mantenerse en las comisiones por flujo.

ACTUALIZACIÓN: LA SBS ANUNCIÓ QUE EL PLAZO PARA QUE LOS AFILIADOS OPTEN POR EL TIPO DE COMISIÓN SE HA AMPLIADO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2013.

[1] Fue creada en 2012 por la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones.

Proponen regular procedimiento para fijar la remuneración mínima vital - RMV (sueldo mínimo)

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Thu, 07 Mar 2013 15:26:36 PST

1. La remuneración mínima vital

A la remuneración mínima vital o sueldo mínimo se le puede definir como la menor cantidad o monto a que tiene derecho todo trabajador que labora una jornada de trabajo ordinaria completa. Pero, además, dicha cantidad debe ser una que permita que el trabajador y su familia mínimas condiciones de bienestar tomando en consideración las posibilidades de cada país.

Al respecto, la Constitución señala en su artículo 24 que:

“El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

(…)

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”[1].

2. ¿Cómo se fija la remuneración mínima actualmente?

En la actualidad, no existe una norma que regule el proceso de establecimiento del monto de la remuneración mínima. No obstante, de acuerdo con la Constitución y demás normas vigentes[2], es el Estado, a través del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, el que fija el monto de la remuneración mínima, participando, como órgano consultivo, el Consejo Nacional del Trabajo (entidad en la que están representados los gremios de trabajadores y empleadores).

3. ¿Qué novedades introduce el proyecto de ley para fijar la remuneración mínima?

El proyecto de ley 1898/2012-CR [3] propone una regulación integral del procedimiento para fijar la remuneración mínima vital. Sus principales innovaciones son las siguientes:

Mayor injerencia del Consejo Nacional del Trabajo

La iniciativa legislativa plantea que el Consejo Nacional del Trabajo sea quien proponga la remuneración mínima y que, si esta proposición se da por consenso o unanimidad, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo la apruebe automáticamente.

Criterios para fijar la remuneración mínima

Por otra parte, el proyecto de ley propone que los reajustes a la remuneración mínima no podrán ser inferiores a los índices de inflación acumulados desde la fecha en que el monto de aquella se estableció por última vez y que los mismos deben tener por fin cubrir la canasta básica de consumo familiar fijado por el INEI[4].

Pero, además, propone que dichos reajustes deben tomar en cuenta los siguientes criterios:

a) Los índices de variación de precios al consumidor fijada por el INEI.

b) La canasta básica de consumo familiar fijada por el INEI.

c) Productividad del trabajo.

d) El crecimiento económico en el país.

e) Capacidad de pago de los empleadores.

Plazo de vigencia de la remuneración mínima y reajuste progresivo anual

Por otro lado, la propuesta plantea que la remuneración mínima tenga vigencia anual. No obstante, propone también que si dentro del año de vigencia se producen cambios sustanciales, se pueden dar reajustes transitorios.

Teniendo en cuenta que se plantea una vigencia anual de la remuneración mínima, el proyecto de ley contempla que, a más tardar, el 31 de julio de cada año se realice el respectivo reajuste anual de la misma.

Remuneraciones mínimas diferenciadas

Finalmente, el proyecto de ley contempla la posibilidad de establecer remuneraciones mínimas diferenciadas considerando el área geográfica, las actividades económicas, la naturaleza de la actividad laboral y el tamaño de las empresas. Así, por ejemplo, puede existir una remuneración mínima para Lima y otra para la selva, una para grandes empresas y otra para las MYPE , etc.

[1] El subrayado es nuestro.

[2] La Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (Ley 29381) y el Reglamento de Organización y Funciones del citado ministerio (D.S. 004-2010-TR).

[3] Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Acción Popular – Frente Amplio.

[4] Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Algunos números de la primera legislatura del segundo periodo anual de sesiones del Congreso

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Mon, 04 Mar 2013 14:59:49 PST

1. La cantidad de proyectos de ley

En la última legislatura (primera del periodo anual de sesiones 2012-2013) y su respectivo periodo de receso se presentaron 590 proyectos de ley; 470 corresponden a la legislatura propiamente dicha (27 de julio a 15 de diciembre de 2012) y 120, al periodo de receso parlamentario (26 de diciembre de 2012 a 28 de febrero de 2013).

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

En el gráfico se constata que en las tres legislaturas que se han dado hasta la fecha, la cantidad de proyectos de ley en cada una es exorbitante. Esto, constituye un mal síntoma en el cumplimiento de la función legislativa por parte de los parlamentarios, principales responsables de la cantidad de proyectos de ley, ya que existe evidencia de que mientras más iniciativas legislativas estos elaboren, más pobre es su contenido. Esta es una regla que se cumple casi de manera infalible.

Pero, además, el exceso de iniciativas legislativas también sobrecarga en demasía el trabajo parlamentario: provoca que las comisiones del Congreso tengan que utilizar una mayor cantidad de tiempo para el estudio y dictamen de proyectos de ley, pudiéndose retrasar el debate de los temas más importantes que llegan al Congreso.

Así, una mayor cantidad de proyectos de ley no es sinónimo de un buen trabajo parlamentario, sino, por lo general, de uno mediocre. Por ello, los congresistas deberían variar su paradigma y enfocarse en presentar pocas pero buenas iniciativas legislativas.

Proyectos de ley por grupo parlamentario

En la última legislatura, dos son las bancadas que han superado el ciento de iniciativas legislativas: los grupos Nacionalista Gana Perú, con 155 proyectos de ley, y Acción Popular – Frente Amplio, con 101.

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Como ya hemos señalado, la presentación en exceso de proyectos ley es un síntoma del mal ejercicio de la función legislativa. Por ello las bancadas, sobre todo las que hemos mencionado, deberían ser más cuidadosas y rigurosas al momento de aprobar la presentación de proyectos de ley de los congresistas que las integran y, asimismo, los congresistas deberían ser más cuidadosos al momento de dar su respaldo a cualquier proyecto de ley elaborado por cualquiera de sus pares y no prestarlo a cambio de la promesa de un apoyo posterior.

Llama la atención, y no para bien, que el grupo parlamentario Acción Popular – Frente Amplio, con tan solo diez congresistas, haya presentado 101 proyectos de ley.

2. El trabajo legislativo en las Comisiones del Congreso

Las Comisiones Ordinarias del Congreso son las encargadas, entre otras funciones, del estudio y dictamen de las iniciativas legislativas que se presentan al Parlamento. Estas son enviadas, de acuerdo al tema o temas que que abordan a, por los menos, dos comisiones.

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

En el cuadro se puede observar que la comisión con mayor carga fue la de Justicia y Derechos Humanos, con 100 proyectos de ley, seguida por Economía (76) y la de Constitución y Reglamento (66).

Las cifras del cuadro revelan, además, los temas que prefieren abordar los congresistas en sus proyectos de ley, así, al parecer, los asuntos concernientes al sector justicia y Derechos Humanos son los preferidos de los parlamentarios.

Por otro lado, las comisiones de Ciencia Innovación y Tecnología y de Inclusión Social creadas recientemente (en este periodo congresal), solo han recibido seis y cuatro proyectos de ley, respectivamente. Ello indica que los temas que abordan las referidas comisiones son de escaso interés para la mayoría de los congresistas por lo que cabría evaluar si sería mejor que se deberían fusionen con comisiones afines.

La cantidad de dictámenes emitidos por las Comisiones del Congreso

En la última legislatura, la comisión que más dictámenes emitió fue la de Economía, banca, finanzas e inteligencia financiera, con 21, seguida por la de Relaciones exteriores y la de Defensa nacional con 19, cada una. Se podría decir que dichas comisiones han sido las más activas de la legislatura.

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

3. Las normas aprobadas por el Congreso

En cuanto a la producción legislativa propiamente dicha, el Congreso, en la última legislatura, aprobó 90 normas: 63 leyes, 25 resoluciones legislativas y 2 resoluciones legislativas del Congreso.

Fuente: Congreso de la República

Elaboración: Reflexión Democrática

Proponen medidas para la reglamentación oportuna de las leyes

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 26 Feb 2013 08:56:32 PST

La potestad reglamentaria

La Constitución, norma suprema del Estado Peruano, establece en su artículo 118, inciso 8, que le corresponde al Presidente de la República:

“Ejercer la postestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas o desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones”.

Esta potestad otorgada al Presidente de la República consiste, a grandes rasgos, en la facultad de emitir las normas y preceptos que desarrollen el contenido de las leyes con el fin de que estas puedan aplicarse y cumplirse. De esta forma, el Ejecutivo complementa la tarea legislativa del Congreso(1).

Por otra parte, debemos precisar que las normas emitidas en virtud de la referida potestad (es decir, los reglamentos) se encuentran en un nivel jerárquico inferior a las leyes, o sea están subordinada a estas, de ahí que no puedan transgredir ni desnaturalizar su contenido.

El plazo para aprobar los reglamentos

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley 29158) establece en su artículo 13, inciso 2, que las normas que se den en ejercicio de la potestad reglamentaria deben aprobarse dentro del plazo establecido, el cual es generalmente dado por la propia ley a ser reglamentada.

No obstante, existe evidencia que demuestra que no se vienen los plazos dados para emitir los reglamentos:

Como se puede apreciar en el cuadro, desde 2005 y hasta el 31 de enero de 2013, existen 80 leyes cuya reglamentación aún se encuentra pendiente y 57 de ellas ya se encuentran con el plazo vencido. Llama poderosamente la atención que no se hayan reglamentado leyes desde el 2005 ya que ello significa que han transcurrido varios años de inacción del ejecutivo.

Esta inacción conlleva a que muchas de esas leyes, por más que hayan sido aprobadas, promulgadas y publicadas, no puedan ser aplicadas porque contienen disposiciones que condicionan su eficacia a la aprobación del respectivo reglamento (eficacia diferida).

Proyecto de ley busca que se cumpla oportunamente con la potestad reglamentaria

El proyecto de ley 1933 propone algunas medidas para que la potestad reglamentaria dada al ejecutivo se ejerza de manera oportuna. Así, introduciría tres cambios en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo:

1) Establecería que: “El reglamento de la ley deberá entrar en vigencia dentro del plazo legal previsto en la ley materia de reglamento, bajo responsabilidad del ministro o ministros de sector, o en su caso del titular de la entidad competente”.

2) Dispondría como función de los ministerios: “aprobar los proyectos de reglamento de las leyes y gestionar su difusión antes en el plazo establecido en la ley materia de reglamento”.

3) Establecería que: “Los Ministros de Estado son responsables de disponer la elaboración de los proyectos de reglamento de las leyes, así como de gestionar su entrada en vigencia dentro del plazo establecido en la ley materia de reglamento. El incumplimiento de esta función generará responsabilidad política ante el Congreso de la República por parte del Primer Ministro y del Ministro a cuyo sector corresponde el refrendo de la norma reglamentaria”.

De acuerdo con los referidos cambios, se buscaría que la responsabilidad política en la que podrían incurrir el Primer Ministro y los ministros involucrados en la emisión de un reglamento si esta se da fuera del plazo pueda funcionar como un incentivo para que aquel se emita oportunamente.

Como se sabe la responsabilidad política ante el Congreso de la República acarrea la censura del ministro y, por lo tanto, su destitución del cargo.

Al respecto, debemos decir que la posible sanción para la no emisión oportuna de un reglamento (la destitución del ministro o ministros responsables) podría ser demasiado drástica, considerando que se trataría de un ministro de Estado e, inclusive, el Primer Ministro.

Una alternativa sería sancionar en primer término al funcionario o funcionarios directamente responsables de la elaboración del reglamento y, en un segundo término, al ministro o ministros solo si se comprueba que tienen una responsabilidad directa en la no emisión oportuna del reglamento.

(1) MAZUERA GOMEZ, Daniel. La Potestad Reglamentaria del Presidente de la República. Themis. Bogotá. 1979. p. 12.

Conozca el proceso de creación una ley

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 22 Feb 2013 07:42:11 PST

Reflexión Democrática y su proyecto "131 Voces" te enseñan el proceso de creación de una ley a través de este video:

Conozca la votación de los congresistas en noviembre y diciembre de 2012

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 22 Feb 2013 06:55:35 PST

Reflexión Democrática pone a disposición de la ciudadanía la votación de cada uno de nuestros parlamentarios en el Pleno del Congreso en noviembre y diciembre de 2012.

Acceda a las votaciones de noviembre aquí.

Acceda a las votaciones de diciembre aquí.

Reforma del Servicio Civil

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Wed, 06 Mar 2013 07:37:04 PST

A principios de año el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley 1846, llamada Ley del Servicio Civil, iniciativa que propone una reforma completa del servicio civil peruano con la intención de constituir un sistema que se sustente en la meritocracia, esté orientado al ciudadano y que proteja los interés generales del país.

Esta reforma, cuya necesidad de ejecución se viene discutiendo hace algunos años[1], tiene el propósito de reemplazar los tres regímenes actuales de contratación para los servidores públicos del Estado por un solo sistema meritocrático, en el que se defina claramente las funciones de los servidores públicos y semejore la calidad de los servicios que se ofrece a la ciudadanía. Los regímenes actuales son:

a) El régimen de la carrera administrativa (Decreto Legislativo 276).

b) El régimen laboral privado (Decreto Legislativo 728).

c) El régimen CAS (Decreto Legislativo 1057).

¿Qué es el Servicio Civil?

El Servicio Civil es el conjunto de reglas que orientan la gestión de los servidores públicos. Estas regulan el ingreso de trabajadores al servicio público, la movilidad del servidor entre instituciones, su capacitación, evaluación y la gestión de sus remuneraciones. Estas, en su mayoría, son implementadas por los procesos de gestión de recursos humanos.

El Servicio Civil peruano está formado por todas las personas que trabajan al servicio del Estado, a quienes se les denomina servidores públicos porque las funciones que realizan están orientadas a servir a la ciudadanía. Su actividad está regulada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir[2], entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que tiene como finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado. Se podría decir que Servir es la gerencia de recursos humanos de la administración pública.

Problemática actual del servicio civil[3]

Según cifras del Poder Ejecutivo, los servidores públicos al servicio del Estado en los distintos niveles (local, regional y nacional) suman actualmente más de 1,4 millones de personas, y se estima que cada año ingresan alrededor de 40 mil nuevos trabajadores, lo que significa un aumento en la planilla pública anual de más de 1,000 millones de soles. Para el Ejecutivo, el ingreso de estas personas al sector público se produce sin reglas claras, y en la mayoría de casos, sin haber superado un concurso público que asegure la meritocracia en el ingreso del personal ni perfiles claros que establezcan estándares mínimos de capacidades, según el puesto y la responsabilidad a cumplir.

El crecimiento desbordado en el tamaño del Estado se ha visto reflejado desde hace más de diez años en un incremento preocupante del costo de la planilla, a una tasa promedio de 9% anual, según el Ministerio de Economía. Así pues, si en el año 2000 el costo de la planilla ascendía a 6,200 millones de soles, en el 2011 alcanzó los 22,300 millones de soles, lo que equivale a casi un tercio del presupuesto del sector público. Sin embargo, este crecimiento no ha ido de la mano con un mejor desempeño de las instituciones del sector público, pues el ciudadano lo siente muy distante, y en muchos casos hasta ausente.

Otro de los elementos que ayuda a comprender esta situación ha sido el crecimiento desordenado en los últimos quince años de la normativa referida a los regímenes laborales en el sector público, a tal extremo que actualmente existen más de 500 normas relacionadas al empleo público y 400 formas diferentes de pago. Esta situación ha ocasionado que trabajadores de distintos regímenes laborales realicen funciones similares, pero con obligaciones e ingresos distintos, lo cual ha deteriorado el clima laboral en las distintas entidades del Estado.

Uno de los mayores problemas del servicio civil es la gestión las compensaciones. Existe una gran variedad de conceptos de pago en la carrera administrativa, siendo la mayoría de ellos de naturaleza no remunerativa, y que no toma en cuenta las necesidades de los trabajadores. Esta situación genera mucha inseguridad entre los trabajadores y evita que gente cualificada considere atractivo ingresar a la carrera administrativa, o en última instancia retener al personal mejor calificado.

En cuando al proceso disciplinario de los servidores públicos existen diferentes reglas para cada unos de los tres regímenes actuales. En tal sentido, una misma falta puede acarrear sanciones diferentes dependiendo del régimen laboral en el que se encuentra el servidor o de los mecanismos internos de las diversas entidades para regular dichas faltas.

Además de lo mencionado, podemos agregar la dificultad de los servidores públicos para avanzar de puesto en la carrera administrativa. Si bien en teoría existe una línea de carrera y desarrollo profesional, en la práctica para ascender hay que esperar que se llame a concurso de méritos cuando alguna plaza se encuentre vacante (renuncia, invalidez, muerte). Esta situación desmotiva a la gente interesada en trabajar para el Estado e impulsa a los servidores públicos calificados a buscar mejores empleos, pues al no poder ascender de puesto tampoco pueden conseguir aumentos de sueldo. También suceden casos en que los servidores públicos no encuentran incentivos para fortalecer sus capacidades, pues no vislumbran una mejora laboral. Y en muchos casos, al tener casi asegurado su puesto, cumplen con lo necesario para mantenerse como tal, sin ofrecer un desempeño de mejora que contribuya al crecimiento de la institución.

Como resultado, de un lado, sucede que los servidores públicos más capacitados migren al sistema privado en busca de mejores condiciones laborales y mayores oportunidades, privando al Estado de personal competente a largo plazo y desmotivando a su vez a la población joven (técnica o universitaria) de buscar trabajo en la carrera administrativa. Y, por el otro, también genera que se vayan quedando en el Estado servidores conformistas, poco comprometidos ni ambiciosos de una mejora laboral, lo cual afecta en la calidad de servicio que ofrece la respectiva institución.

Estructura del nuevo modelo de Servicio Civil

La estructura del nuevo servicio civil clasifica a los servidores públicos en cuatro grupos diferentes, cada uno de los cuales con un grupo normativo distinto y específico, y de acuerdo a la naturaleza diferenciada de sus funciones:

1. Funcionarios Públicos

2. Directivos Públicos

3. Servidores Civiles de Carrera

4. Servidores de Actividades Complementarias

Clases de trabajadores del nuevo Servicio Civil

Funcionarios Públicos: Los funcionarios están principalmente compuestos por los representantes políticos y los titulares de las entidades públicas, y son elegidos en base a la normativa vigente dependiendo del puesto específico que se trate. Por lo que las reglas establecidas para este grupo están determinadas por la naturaleza política de sus funciones.
Directivos Públicos: Corresponde al grupo de los directivos públicos la función de conducir el diseño e implementación de servicios públicos y buscar el cumplimiento de los objetivos que le han sido específicamente asignados por un periodo de tres años, con la capacidad de renovar su contrato hasta por dos periodos en caso de haber cumplido las metas asignadas.
Servidores de Carrera: Los servidores de carrera son agrupados en función al ejercicio de la función administrativa, la supervisión, control y la prestación de servicios públicos que realizan en beneficio de la ciudadanía y sus actividades se realizan tanto en la funciones sustantivas como en las funciones de administración interna de las entidades públicas.
Servidores de Actividades Complementarias: Que son los que realizan las funciones de soporte, complemento o apoyo a las funciones sustantivas y administrativas que realizan las entidades públicas.

Beneficios de la reforma del Servicio Civil

Según Servir y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), esta reforma presentaría los siguientes beneficios al actual sistema del servicio civil:

Un sistema basado en la meritocracia, a través del concurso de meritos.
Evaluaciones anuales y capacitación a los servidores públicos, permitiendo el despido de los servidores públicos por bajo desempeño.
El nuevo servicio civil se organizará en “familias de puestos”. Cada familia se agrupa por puestos con características similares. Por ejemplo, la familia de puestos de gestión financiera, de sistemas administrativos, de atención al ciudadano, entre otros.
Los servidores públicos conservarán sus beneficios laborales fundamentales tales como jornada laboral de 48 horas, gratificaciones, vacaciones, CTS, pensiones y salud. Sus remuneraciones se fijarán en función al puesto y se moverán en base al mérito. La finalidad es que mejoren sus condiciones laborales en el tiempo en base al mérito.

Esta reforma busca ordenar la política remunerativa del Estado en su conjunto y el nuevo servicio civil adoptaría criterios objetivos y generales para definir la remuneración, lo que permitirá un mayor control de los pagos inadecuados.

Además, los trabajadores que decidan cambiar de régimen su régimen laboral actual al nuevo régimen laboral de carrera pública recibirán los siguientes beneficios:

Mejoras	CAS	D. Leg. 276	D. Leg. 728
Incremento en ingresos vía gratificaciones y CTS	X	X
Incremento en ingresos futuros (mayor remuneración pensionable)	X	X
Carrera y capacidad de progresión y movilidad entre entidades	X	X	X
Mayor permanencia (por carrera)	X	X	X
Capacitación, mayor equidad remunerativa, claridad en régimen sancionador, entre otros.	X	X	X

Fuente: Servir

Costos e Implementación de la reforma

Se ha previsto que la reforma del servicio civil se hará de manera progresiva, en un promedio de 5 a 7 años, y según la disponibilidad fiscal y de acuerdo a lo programado en las leyes anuales de presupuesto. En las entidades donde comience la implementación del nuevo régimen, se realizará un mapeo de puestos, un análisis de los servicios que ofrece la entidad y la carga laboral que demanda. De ser necesario, se realizará una propuesta de reorganización de la entidad que, en concordancia con el diseño de familia de puestos, incluirá una nueva definición de perfiles, la valorización de los puestos y la estimación de la cantidad de personal necesario. En el marco de la reestructuración, se efectuará el tránsito de los servidores hacia el nuevo régimen de servicio civil. Dicho tránsito se llevará a cabo previo concurso. Luego de este proceso, los puestos vacantes en una entidad serán sujetos a concurso público de méritos.

El cuanto al costo del traslado de los servidores públicos al nuevo régimen laboral de la carrera pública, si se considera que el 100% de los ingresos que reciben los servidores serian de naturaleza remunerativa, esto supondría el pago adicional de dos gratificaciones y una por concepto de compensación por tiempo de servicios.

Según el Por Ejecutivo, el costo de la reforma al terminar de implementarse sería de 2,328 millones de soles, mientras que el costo final anual de la planilla ascendería a 14,467 millones de soles, un incremento de 16% respecto al costo actual. Y considerando que actualmente cada año se destinan cerca de mil millones de soles adicionales para el pago de la planilla, considera que el beneficio a largo plazo superaría con creces la inversión que se estaría haciendo. Sin embargo, debemos darnos cuenta que estas cifras se mantendrían siempre y cuando no se contrate a nuevo personal en el sector público, en sus distintos niveles.

	Número de servidores	Costo actual de la planilla por régimen laboral ( Millones de soles)	Costo total anual de la planilla al pasar a los 276 y CAS al nuevo régimen (Millones de soles)
Administrativos D. Leg. 276	198,273	4,460	5,575
Régimen Privado D. Leg. 728	85,796	2,820	2,820
Sin Régimen Laboral (CAS)	218,066	4,857	6,072
Total	502,135	12,137	14,467
Fuente: MEF – Módulo de Gestión de Recursos Humanos – Oct. 2012; INEI – RENAMU2010 Nota: Estimación ajustada para 500 mil servidores. Elaboración: SERVIR – GPGRH

En conclusión, consideramos acertado que el Ejecutivo haya puesto en debate el tema del servicio civil, una reforma pendiente desde hace mucho tiempo y reclamada por distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, esperamos que su discusión, análisis y ajustes que se realicen respondan a consideraciones técnicas, que eviten su politización, y que apunten a través de la meritocracia a mejorar la calidad de servicio que ofrecen las instituciones públicas, pero sin afectar las cuentas fiscales, de lo contrario podrían derivar en otro tipo de problemas y mayores costos.

[1] Comentarios en el portal web de ESAN http://bit.ly/W0BRHi

[2] Portal web de Servir: http://bit.ly/XrkexS

[3] Portal web de la Presidencia del Consejo de Ministros: http://bit.ly/YXe5A4

Se acentúa la desaprobación del Congreso de la República

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 22 Jan 2013 14:07:40 PST

Encuesta de Ipsos Apoyo señala que la aprobación del Congreso desciende al 13%, aunque el 64% considera que sería ilegal e inconstitucional su cierre.

En medio de la discusión mediática que supuso en las últimas semanas el intento de los congresistas de incrementar el bono de representación, la desaprobación del Parlamento se ha ido acrecentando, hasta situarse en el peor momento del período congresal 2011-2016.

Según revela la encuesta elaborada por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, y publicada el domingo en el diario El Comercio, la aprobación del Congreso se redujo de 24% en diciembre pasado a 13% en enero, es decir, una caída de once puntos porcentuales.

Y si bien el intento de los congresistas por aumentar sus ingresos pudo afectar la confianza de la ciudadanía de este poder del Estado, también es cierto que hay que sumarle la serie de denuncias de los últimos meses en que los parlamentarios han estado involucrados, y la percepción de la ciudadanía de un trabajo poco eficiente.

Sin embargo, la encuesta también revela que a pesar de este escenario, un 64% de los encuestados considera que el cierre del Congreso sería ilegal e inconstitucional, mientras que un 62% se pronunció en contra de un auto golpe Es decir, la mayoría de la población se muestra en contra de ese tipo de salidas, que en el pasado se ejecutaron con el respectivo apoyo popular.

La encuesta también muestra que el 50% de los encuestados coinciden en que sin el Congreso de la República no podría haber democracia, frente a un 39% que considera que la democracia puede funcionar sin Congreso.

Del mismo modo, la encuesta señala algunos de los acciones que deberían realizarse para que el Congreso pueda mejorar su imagen: reducir el sueldo que reciben los congresistas (51%), reducir o eliminar escándalos por corrupción (46%), retirar a los congresistas con conductas poco éticas (45%), dar mejores leyes (42%) y trabajar por el bien común y no intereses privados (32%).

Para ver la noticia aquí: http://bit.ly/VGd3Vk

Proponen mayor flexibilidad para postergar pasajes de transporte público

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Mon, 21 Jan 2013 11:28:36 PST

La congresista Julia Teves, integrante de la bancada oficialista Gana Perú, presentó al Congreso el proyecto de ley núm. 1847, que propone modificar el inciso 7 del artículo 66 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, e incorpora nuevos alcances para la postergación de los boletos de pasaje para transporte público en la modalidad de ida y vuelta.

Según la iniciativa, actualmente el problema se presenta cuando el usuario –por diversas circunstancias- no puede hacer uso efectivo del boleto adquirido, o requiere de una prórroga para hacer el viaje, y que si bien ya está normado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, considera algunos aspectos que recomienda ser precisados.

¿Qué cambios introduce el proyecto de ley?

Cuadro Comparativo
Legislación Actual (Ley 29571)[1]	Modificación propuesta (proyecto de ley 1847)
66.7) Los consumidores del servicio de transporte nacional en cualquier modalidad pueden endosar o transferir la titularidad del servicio adquirido a favor de otro consumidor plenamente identificado o postergar la realización del servicio en las mismas condiciones pactadas, pudiendo ser considerado como parte de pago según lo pactado, debiendo comunicar ello de manera previa y fehaciente al proveedor del servicio con una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas de la fecha y hora prevista para la prestación del servicio, asumiendo los gastos únicamente relacionados con la emisión del nuevo boleto, los cuales no deben ser superiores al costo efectivo de dicha emisión.	66.7) Los consumidores del servicio de transporte nacional en cualquier modalidad pueden endosar o transferir la titularidad del servicio adquirido a favor de otro consumidor plenamente identificado o postergar la realización del servicio en las mismas condiciones pactadas en un plazo que no puede superar los 30 días naturales, siendo considerado el boleto o pasaje adquirido como parte de pago del valor del nuevo boleto que el consumidor utilizará siempre y cuando exista temporada alta, debiendo comunicar ello de manera previa y fehaciente al proveedor del servicio con una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas de la fecha y hora prevista para la prestación del servicio, asumiendo los gastos únicamente relacionados con la emisión del nuevo boleto, los cuales no deben ser superiores al costo efectivo de dicha emisión.

De acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29571, es posible endosar o trasladar los derechos de viaje a otra persona[2], pero si este servicio no se realiza en la fecha convenida, el pasaje se pierde sin que el usuario tenga derecho a ninguna retribución, en tanto que la empresa podría vender el boleto a otra persona.

Lo que propone la iniciativa es establecer un plazo de hasta 30 días para que el usuario pueda postergar su pasaje sin perderlo, siempre que avise a la respectiva compañía como máximo con 24 horas de anticipación, sin ocasionarle algún costo adicional, a menos que el plazo de postergación se encuentre en período de temporada alta[3], en cuyo caso el cliente deberá pagar la diferencia sobre el precio del pasaje adquirido.

El proyecto de ley también propone que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establezca las denominadas “temporadas alta” a nivel nacional e informarle a las empresas de transporte público para que puedan definir mejor los precios de los boletos. Sin embargo, la característica de temporada alta o baja es bastante relativa, dependiendo del destino, la de fecha de festividades, clima, etc.

Costo - Beneficio[4]

De aprobarse la iniciativa, su aplicación favorecerá a los usuarios, quienes dispondrán de un plazo de hasta 30 días para hacer efectivo el servicio desde la fecha inicialmente prevista. Sin embargo, también debería considerarse que se está constituyendo un mecanismo que incentive al usuario a utilizar esta modalidad para postergar su fecha de viaje, pues no se establece restricciones para su aplicación, salvo que coincida con un período de temporada alta, en la cual deberá asumir un mayor costo.

Por el lado de los proveedores del servicio, ya la aplicación del Código del Consumidor aprobada en el 2010 les ha significado un mayor costo, puesto que la referida disposición permite que el servicio, por ejemplo de transporte aéreo, contratado para una fecha pueda realizarse en una distinta sin penalidad alguna. De esta manera un consumidor podría comprar un pasaje aéreo a tarifa promocional, y utilizarse en otra fecha –no necesariamente de temporada alta- pero más cara. Cabe indicar que el mercado aerocomercial es muy dinámico, y los precios del servicio varían de acuerdo al día y la hora en que se presta el servicio. En tal sentido, establecer nuevas condiciones para permitir al usuario cambiar la fecha de sus pasajes, implica mayores restricciones para la compañía de poder vender ese espacio, y por tanto, afrontar el costo que ello le represente. Para asumir ese riesgo, lo más probable es que el costo de los pasajes se vea incrementado para hacer frente al riesgo que representa la postergación indiscriminada de los pasajes.

[1] Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29571, art.66.7

[2] http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=314

[3] Se considera como temporada alta a los periodos del año más adecuados para el turismo.

[4] http://reflexiondemocratica.org.pe/documentos/Informativo%20149.pdf

Conozca la votación de los congresistas en Octubre

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Fri, 22 Feb 2013 06:57:15 PST

Reflexión Democrática le ofrece a la ciudadanía la votación de cada uno de los Congresistas de la República en el mes de octubre de 2012.

Vacancia por nepotismo en los gobiernos regionales

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Wed, 12 Dec 2012 14:14:20 PST

1. Resumen de la propuesta

El proyecto de ley 1061 propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con el fin de que los actos de nepotismo sean una causal de vacancia en los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejero Regional. Para ello, dichos actos se deben presentar conforme a la ley de la materia.

2. El nepotismo y la normativa peruana al respecto

Nepotismo

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al nepotismo como la “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”.

La Ley 26771

Ahora bien, los actos de nepotismo son sancionados por el ordenamiento jurídico peruano. En efecto, la Ley 26771 establece prohibiciones para ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en casos de parentesco, así, en su artículo 1 señala:

“Los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del Sector Público Nacional, así como de las empresas del Estado, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio”.

La referida ley deja al respectivo reglamento el establecimiento de sanciones.

El reglamento de la Ley 26771 (Decreto Supremo 021-2000-PCM)

El reglamento de la Ley 26771 introduce algunas precisiones a esta. Así, en su artículo 2 señala que el acto de nepotismo descrito en el artículo 1 de la ley:

“(…) se configura cuando los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la entidad ejerzan su facultad de nombramiento y contratación de personal respecto de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio; o cuando los funcionarios descritos precedentemente ejerzan injerencia directa o indirecta en el nombramiento y contratación de personal”.

Además, dicho artículo establece que se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe injerencia directa cuando el funcionario de dirección o de confianza que guarda el referido parentesco tiene un cargo superior a aquel que tiene la facultad de nombrar o contratar al personal, al interior de la entidad a la que pertenece.

Por otra parte, el artículo 3 del reglamento prescribe que las prohibiciones establecidas por el artículo 1 de la ley comprenden:

· La prohibición de ejercer la facultad de nombrar, contratar, intervenir en los procesos de selección de personal, designar cargos de confianza o en actividades ad honorem o nombrar miembros de órganos colegiados.

· La prohibición de ejercer injerencia directa o indirecta en el nombramiento, contratación, procesos de selección de personal, designación de cargos de confianza o en actividades ad honorem o nombramiento de miembros de órganos colegiados.

En lo que concierne a las sanciones, el reglamento señala que los funcionarios de dirección y/o personal de confianza que incurran en actos de nepotismo pueden ser sancionados con la destitución, despido o resolución del contrato, previo procedimiento administrativo.

No obstante, dentro de dicha categoría de funcionarios no están comprendidas las autoridades electas como: alcaldes, regidores, presidentes regionales, etc. Tan es así que la Ley Orgánica de Municipalidades, al regular la vacancia de alcaldes y regidores, establece expresamente que la misma también se producirá cuando existan actos de nepotismo de los mismos.

En vista de todo lo señalado, lo que haría, en última instancia, el proyecto de ley bajo comentario es establecer un trato similar entre las autoridades electas de los gobiernos municipales y las de los regionales respecto a los actos de nepotismo, prescribiendo que estas últimas también serán vacadas si incurren en los mismos.

Ud. puede enterarse y comentar sobre este y proyectos de ley en 131 Voces.

Reforma educativa y crecimiento económico

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Sat, 08 Dec 2012 16:37:17 PST

1. Educación y crecimiento económico

Existen estudios que demuestran que el crecimiento económico de un país no se explica solamente por factores tradicionales sino que en este juegan un rol significativo otras variables tales como las economías de escala, el progreso tecnológico y el mejoramiento en la calidad de la fuerza laboral. Así, por ejemplo, se comprobó que el crecimiento en 23% del producto nacional bruto entre 1930 y 1960 en los Estados Unidos fue fruto, en buena medida, de la mejora del nivel educativo de la fuerza laboral (capital humano).

Pues bien, el capital humano es el nivel de habilidades y recursos productivos incorporados en el individuo a través de la educación, y su acumulación es, sin duda, una inversión. O sea, una actividad en la que se usan recursos actuales con el objetivo de aumentar el potencial productivo futuro (incrementando también los ingresos futuros), tanto del individuo como de la nación en su conjunto.

Los mecanismos a través de los que el nivel educativo de la población influye en el crecimiento económico son:

El incremento de la capacidad productiva del individuo, pues mejora su capacidad de aprendizaje y de acceso a nueva información.
La generación en el individuo de la capacidad de ser más receptivo a la introducción de cambios en el plano productivo, en su entorno institucional y en su medio ambiente.
La mejora de la capacidad creativa del individuo, generando así no sólo innovaciones técnicas, sino también innovaciones institucionales.
La mejora la capacidad de lectura y de cálculo del individuo, permitiéndole suscribir contratos (laborales y financieros) cada vez más sofisticados y un mejor manejo de la información económica y legal, creando con ello las condiciones para el desarrollo de nuevos mercados e instrumentos financieros, lo que facilita a su vez una mejor asignación de recursos.
La generación de familias más educadas, creando un ambiente familiar y social más propicio para el mejor desarrollo de las futuras generaciones en los planos intelectual, corporal y nutricional.
El incremento del costo de oportunidad de tener y mantener hijos, lo que genera una menor tasa de natalidad y, consecuentemente, un menor crecimiento poblacional.
La generación de externalidades positivas; por ejemplo, la capacidad productiva de un individuo es más elevada en una sociedad donde el nivel educativo promedio (y en particular, de sus compañeros de trabajo) es más elevado.
El incremento de la disponibilidad de capital humano, hace que éste atraiga a otros factores (capital físico, por ejemplo) y eleve la productividad de todos los factores de producción.

Todo lo descrito en las líneas precedentes indica que si un país desea emprender un proceso de crecimiento económico sostenido y sostenible en el tiempo, es condición necesaria (aunque no suficiente) la inversión en la educación de su fuerza de trabajo[1].

2. El nivel de la educación en el Perú

En 2009, Perú participó en las pruebas PISA, evaluaciones que realiza la OCDE para medir los niveles de dominio de matemáticas, ciencias y lectura por parte de muestras representativas de jóvenes de 15 años ambos sexos en 65 países del mundo, los resultados de las mismas no fueron sorpresivos y confirmaron el paupérrimo nivel de la educación en nuestro país.

En efecto, en universo de 65 países, el Perú ocupó los puestos 63, 63 y 64 en comprensión de lectura, competencia matemática y competencia científica, respectivamente. Estos lugares son similares a los de la prueba PISA de 2001 en la que nos ubicamos últimos en un universo de 43 países; así, luego de ocho años, la calidad educativa en nuestro país se mantiene rezagada.

Este pobre nivel también se refleja claramente en el Reporte de Competitividad Global 2012 - 2013, que elabora el Foro Económico Mundial [2]:

Reporte de Competitividad Global 2012 - 2013
Rubro	Posición de Perú	Universo de países
Calidad de la educación primaria	138	144
Calidad de la educación en matemáticas y ciencias	141	144
Calidad del sistema educativo	132	144
Capacidad para la innovación	103	144

3. Una receta para mejorar el nivel de la educación en el Perú[3]

A pesar de que el panorama de la educación en el Perú no parece ser nada halagüeño, varios países han emprendido reformas y políticas que les han permitido lograr mejoras sustanciales en periodos relativamente cortos. Así, si se toman las decisiones correctas en materia educativa, puede haber una luz al final del túnel.

En efecto, un valioso estudio elaborado por la prestigiosa compañía McKinsey & Company titulado How the world’s most improved school systems keep getting better (¿Cómo los sistemas educativos que más mejoran continúan mejorando?) revela que un sistema educativo puede mejorar significativamente en menos de seis años sin importar el nivel en que se encuentre.

Lo crucial para ello son el tipo de medidas específicas que se adopten en el respectivo nivel y no un mero incremento a ciegas del gasto en educación (algunos países, desde 1970, duplicaron y hasta triplicaron su inversión en esta pese a lo cual el rendimiento de sus estudiantes se mantuvo o, en el peor de los casos, se produjo una regresión).

En el referido estudio se investigó a sistemas educativos en el mundo que han logrado mejoras sostenidas en el tiempo, determinando que, sin importar el especial contexto de cada país, existe una vía que conduce a aquellos a pasar de un nivel pobre a uno aceptable, de aceptable a bueno, de bueno a muy bueno y, finalmente, de muy bueno a excelente. Asimismo, el estudio puntualiza que para pasar de un nivel a otro existe un específico conjunto de medidas que deben ser adoptadas.

De un nivel pobre a uno aceptable

El paso de un sistema educativo pobre a uno aceptable requiere que se centren los esfuerzos y recursos en obtener logros en habilidades verbales y numéricas básicas a través de las siguientes intervenciones:

Tema	Descripción
Proveer soporte y motivación para los profesores y directores poco calificados	Lecciones guía: crear objetivos de enseñanza, planes de clase y materiales de aprendizaje para las lecciones diarias de los profesores en lugar que estos se dediquen a prepararlas.
	Entrenamiento en el plan de estudios: implementar un buen equipo de campo de capacitadores para que visiten los colegios y trabajen con los profesores en clase en el efectivo desarrollo del plan de estudios.
	Incentivos por buen desempeño: recompensar a los colegios y profesores (monetariamente y con reconocimientos públicos) que logran que los estudiantes mejoren sus resultados según los objetivos previstos.
	Visitas a los colegios por los líderes: los administradores o líderes del sistema deben visitar los colegios para observar, conocer y motivar al staff de profesores y directores y discutir con ellos el desempeño.
	Tiempo de enseñanza: incrementar la jornada de clase.
Conseguir un estándar mínimo de calidad en los colegios	Objetivos, datos y evaluaciones: establecer un mínimo de objetivos de competitividad para las escuelas y estudiantes, aplicar evaluaciones frecuentes a estos (cada tres o cuatro semanas) vinculadas a los objetivos de la lecciones impartidas, y registrar la información y datos de estos procesos para monitorear el progreso.
	Infraestructura: mejorar las instalaciones y recursos materiales de los de los colegios poniendo como base un “umbral mínimo adecuado” a efectos de incrementar la concurrencia a los mismos y el aprendizaje.
	Libros de texto y recursos para el aprendizaje: proveer libros, recursos y materiales de aprendizaje a cada estudiante.
	Apoyo a los colegios de menor rendimiento: implementar un fondo de apoyo específico que se destine al apoyo de los colegios con más bajos resultados.
Incrementar número de estudiantes	Expandir cobertura educativa: incrementar la disponibilidad de colegios y vacantes para lograr el acceso universal a la educación.
Incrementar número de estudiantes	Atender integralmente las necesidades básicas de los estudiantes: los colegios deben proveer a los estudiantes las necesidades básicas (alimentación, indumentaria, transporte, etc.) para asegurar que más estudiantes asistan a clases y disminuya el ausentismo.

De un nivel aceptable a uno bueno

Las medidas para que un sistema educativo pase de un nivel aceptable a uno bueno debe concentrar sus esfuerzos en consolidar las bases o fundamentos del mismo:
.

Tema	Descripción
Las bases en materia de información y rendición de cuentas	Transparencia y rendición de cuentas: implementar evaluaciones para estudiantes e inspecciones a colegios para obtener información y datos confiables sobre el rendimiento de los mismos y hacer que las escuelas se hagan responsables por la obtención de mejoras.
	Mejora de áreas: utilizar la información y datos obtenidos para identificar y atacar áreas específicas en donde existan rezagos en los rendimientos.
Las bases en materia financiera y organizativa	Estructura organizativa: adoptar las medidas para hacer que el sistema educativo y su administración o gobernanza sea manejable y para delinear la toma de decisiones que conduzcan a ello. Por ejemplo: optimizar el número de colegios y profesores, descentralizar la administración y la las finanzas del sistema educativo, incrementar los fondos y cambiar los patrones de asignación de los mismos, efectuar una reingeniería organizacional, etc.
Las bases en materia financiera y organizativa	Estructura financiera: establecer un eficiente y equitativo mecanismo de asignación fondos para los colegios.
Las bases en materia pedagógica	Modelo de aprendizaje: escoger un modelo de aprendizaje consistente con el incremento de las capacidades de los estudiantes y diseñar los indispensables instrumentos y materiales de respaldo para este nuevo modelo (estándares, planes de estudio, libros de texto, etc.).

De un nivel bueno a uno muy bueno

En esta etapa las intervenciones deben enfocarse en lograr una formación integral y de calidad en los profesores o maestros, es decir, en los profesionales dedicados a la tarea de educar:

Tema	Descripción
Incrementar la capacidad de los nuevos profesores y directores	Reclutamiento: subir el estándar de entrada para los nuevos postulantes a profesores.
	Preparación e inducción: elevar la calidad de entrenamiento o capacitación y los requisitos de certificación (logros profesionales) para los candidatos a profesores.
Elevar la capacidad de los profesores y directores que ya están en los colegios	Desarrollo profesional: incrementar los requisitos de desarrollo profesional para los maestros que ya estén en ejercicio y proveer más oportunidades para la mejora sus conocimientos y capacidades ya sea a través de mecanismos que emprenda cada profesor por sí mismo, por iniciativas grupales o por la capacitación del Estado.
	Capacitación en la práctica: los capacitadores de maestros deben trabajar con estos para fortalecer sus habilidades en áreas tales como la preparación de clases, el análisis de las información y rendimiento de los estudiantes y técnicas de pedagogía dentro de la clase.
	Trayectoria profesional: crear especializaciones profesionales y liderazgos a través de la implementación de líneas de carrera docente, incrementando las expectativas o posibilidades así como las remuneraciones conforme avanzan en aquella.
Los colegios como centros de toma de decisiones	Autoevaluación: generar en los colegios capacidades propias que tiendan a la mejora a través de la introducción de mecanismos de autoevaluación y de recolección de datos de rendimiento para que estén más disponibles para los mismos.
Los colegios como centros de toma de decisiones	Flexibilidad: dar a los colegios la flexibilidad para perseguir programas especializados para sus estudiantes, e incrementar la descentralización de facultades pedagógicas.

De un nivel muy bueno a uno excelente

En esta etapa las intervenciones se deben enfocar en el aprendizaje entre pares y la innovación:

Tema	Descripción
Incremento de la capacidad de entrada de profesores y directores	Comunidades de aprendizaje: brindar facilidades para la formación de comunidades de aprendizaje en los colegios para generar apoyo y ayuda inter pares así como mecanismos de rendición de cuentas entre unos y otros.
	Flexibilidad: proveer educadores o maestros con gran autonomía pedagógica.
	Rotaciones: implementar un sistema de rotación de profesores con el fin de expandir y esparcir el aprendizaje y proveer diferentes variedades de estilos de enseñanza y de maestros.
Mecanismos adicionales de apoyo para los profesionales	Apalancamiento: proveer un staff administrativo en los colegios para permitir que los profesores y directores se dediquen en mayor medida a tareas educativas en lugar de administrativas.
Patrocinio de la innovación en los colegios	Innovación: se debe auspiciar e identificar ejemplos de prácticas de innovación en los colegios y, posteriormente, desarrollar mecanismos para compartirlas en todas las escuelas.

4. Apuntes finales

Como se puede observar en los cuadros anteriores, el camino para la mejora de nuestro sistema educativo y la obtención de una educación de calidad, que redundará en el crecimiento y desarrollo del país, es bastante largo y complejo, para atravesarlo con éxito se requiere decisión política, liderazgo y una importante inversión de recursos. Pero, sobre todo, se necesita que los actores involucrados tengan el compromiso de ejecutar las intervenciones antes descritas con la debida responsabilidad y rigurosidad.

En efecto, de nada serviría que, por ejemplo, se implemente un sistema de capacitación para los profesores o que exista una carrera magisterial (como la que recientemente acaba de ser reformada por el Congreso) que contemple una evaluación periódica del rendimiento de estos y que, en teoría, incentive el crecimiento profesional de los maestros, entre otras medidas, si estas se implementan solo por “cumplir”, es decir, como parte de una mera formalidad, ya sea para justificar el gasto o el incremento de remuneraciones, y no teniendo como auténtico objetivo la mejora real de la calidad de la educación en el Perú.

Como quedó de manifiesto en las líneas precedentes, se pueden lograr mejoras sustanciales en la calidad del sistema educativo en un periodo relativamente corto de tiempo si se toman las medidas idóneas para ello, no esperemos que pasen otros ocho años y que nuestro país siga a la zaga en este importante rubro del desarrollo humano.

[1] Los postulados e ideas de este apartado han sido extraídas de: TERRONES, Marco y CALDERON, César. Educación, capital humano y crecimiento económico: El caso de América Latina. GRADE. 1993. Disponible en: http://www.grade.org.pe/download/pubs/NPD/NPD09-2.pdf

[2] World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2012–2013. (Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf).

[3] El contenido y los cuadros de esta sección del informe han sido extraídos de: MOURSHED, Mona; CHIJIOKE, Chinezi y BARBER, Michael. How the world’s most improved school systems keep getting better. McKinsey & Company. 2010. (Disponible en: http://mckinseyonsociety.com/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keep-getting-better/).

Cuestionamientos públicos a los Congresistas a noviembre de 2012

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Tue, 04 Dec 2012 06:51:32 PST

Reflexión Democrática brinda a sus lectores el listado de cuestionamientos públicos a los Congresistas en ejercicio producidos hasta noviembre de 2012.

Proponen beneficios a favor de los trabajadores de empresas tercerizadoras

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Thu, 22 Nov 2012 13:49:23 PST

1. Resumen de la propuesta
El proyecto de ley 1052 propone establecer los siguientes derechos para los trabajadores de las empresas tercerizadoras: (i) igualdad en las remuneraciones con los trabajadores de la empresa principal que realicen las mismas labores, (ii) participar en la distribución de utilidades de la empresa principal, y (iii) volver a ser contratados para nuevas labores en caso de contratos temporales.

2. Análisis

2.1 La tercerización

De acuerdo con la Ley 29245, la tercerización es la contratación de empresas (llamadas tercerizadoras) para que desarrollen actividades especializadas u obras por encargo de otra (llamada principal), siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación.

2.2 Sobre el derecho a la igualdad de remuneraciones

El proyecto de ley señala que los trabajadores de las empresas tercerizadoras que presten labores en los establecimientos de la principal deben tener la misma remuneración que los trabajadores de esta última, siempre que realicen las mismas labores.

En el Derecho Laboral, existe el principio: “igual remuneración por trabajo de igual valor”. El mismo que ha sido recogido por diversos Tratados de Derechos Humanos suscritos por el Perú:

· Artículo 23, numeral 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”.

· Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales:

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

(…)

Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie (…)”.

· Artículo 2.1 del Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo:

“Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor”.

Teniendo en cuenta dicho principio y los referidos tratados, el Tribunal Constitucional (TC) ha señalado que:

“(…) la remuneración como retribución que percibe el trabajador por el trabajo prestado a su empleador no debe ser sometida a ningún acto de discriminación, ni ser objeto de recorte, ni de diferenciación, como por ejemplo otorgar a unos una mayor remuneración que a otros por igual trabajo”[1].

Es decir, el principio de “igual remuneración por trabajo de igual valor” se aplica solo a trabajadores que presten labores para un mismo empleador y no respecto de trabajadores de empleadores distintos aún cuando sus labores sean iguales o similares.

Entonces, no tendría ningún sustento jurídico el pretender equiparar, como lo plantea el proyecto de ley bajo análisis, las remuneraciones de los trabajadores de las empresas tercerizadoras con las de quienes laboran para la empresa principal en la medida que pertenecen a empresas distintas y sin ningún vínculo más allá del meramente contractual.

Además, el proyecto de ley podría provocar el efecto contrario, precisamente, que trabajadores que realizan una misma labor para una misma empresa (la tercerizadora) terminen siendo remunerados de manera distinta, violando así el principio anteriormente mencionado.

En efecto, podría darse el caso que trabajadores de una empresa tercerizadora que realizan una labor “X” sean desplazados a dos empresas distintas “A” y “B” (principales) dónde remuneran al personal propio que realiza la labor “X” con 10 y 20, respectivamente, entonces, según lo que postula el proyecto ley, los trabajadores de la tercerizadora deberán ganar 10 y 20 dependiendo de si son desplazados a “A” o “B” sin importar que realicen la misma labor. Así, serán remunerados de manera desigual trabajando a pasar de trabajar para la misma empresa.

2.3 Sobre el derecho a participar en la distribución de utilidades de la empresa principal

El artículo 29 de la Constitución reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, es decir, a recibir un porcentaje de las ganancias que generan sus empleadores.

El proyecto de ley plantea que los trabajadores de las empresas tercerizadoras, que tienen derecho a las utilidades que producen estas, también reciban las utilidades que genera la empresa principal.

No obstante, no se tiene en cuenta que el derecho a recibir utilidades está concebido únicamente para quienes tienen un vínculo laboral con determinada empresa y ello no se da entre los trabajadores de las empresas tercerizadoras y la principal. Precisamente por este motivo, aquellos no podrían tener derecho a las utilidades que genera esta última.

Además, una medida como la propuesta por el proyecto de ley perjudicaría a quienes laboren en la empresa principal ya que verían reducidos sus ingresos por utilidades ya que deberán ser repartidas entre una mayor cantidad de trabajadores (los de la empresa principal y los de la o las tercerizadoras).

2.4 Sobre el derecho a volver a ser contratados para nuevas labores en caso de contratos temporales

El proyecto de ley propone que los trabajadores de las empresas tercerizadoras que presten labores a través de contratos temporales deben ser nuevamente empleados luego de la culminación de su vínculo laboral si, dentro de los 2 años luego de vencido este, aquellas son contratadas para la realización de labores similares; para ello las empresas tendrían la obligación de contactar a los trabajadores por carta notarial o través de un juez de paz con 15 días de anticipación al inicio de labores y estos contarían con un plazo de 5 días para responder, luego del cual perderían el derecho.

Además, de los trámites burocráticos que la medida implica, esta atenta contra la libertad de contratar, derecho consagrado en los artículos 2, inciso 14, y 62 de la Constitución y que, de acuerdo con el TC, consiste en la facultad de decidir cómo, cuándo y con quién se contrata.

Por otra parte, la propuesta iría en contra de la búsqueda de eficiencia por parte de las empresas tercerizadoras ya que se convertiría en un obstáculo para contratar al personal que consideren más calificado e idóneo.

[1]Fundamento 8 de la sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente 04922-2007-PA/TC.

Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04922-2007-AA.pdf

PCM pide al Congreso priorizar 19 proyectos de ley

noreply@blogger.com (Reflexión Democrática) — Wed, 21 Nov 2012 07:50:35 PST

En la relación figuran proyectos de ley sobre negacionismo, creación del SENACE, apoyo para retorno de migrantes y promoción en la masificación del gas natural, entre otros.

En un documento enviado al Congreso de la República[1], la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) identificó 19 proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo para que sean priorizados en su tratamiento y eventual aprobación por el Parlamento.

Esta comunicación la efectuó la PCM en respuesta al pedido del Congreso de la República para que el Ejecutivo priorice los proyectos de ley que este había enviado al Congreso, de tal manera que pueda organizarse el trabajo legislativo.

Cabe indicar que en el curso del período parlamentario 2011-2016, es decir, desde julio del 2011 a la fecha, el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República 168 proyectos de ley, 98 de estos tienen la solicitud de tratamiento con carácter de urgencia. Esta cantidad de proyectos de ley se suma a las iniciativas presentadas por los congresistas de la República y por las demás instituciones que tienen dicha prerrogativa, tales como los organismos autónomos o los gobiernos regionales y locales. Todas, en conjunto, suman 1720 propuestas de ley en el referido período.

En el caso de los proyectos de ley priorizados por el Ejecutivo, la mayoría de iniciativas se encuentra a nivel de comisiones del Congreso. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos concentra trece de estas propuestas. El resto se encuentra en las comisiones de Constitución, Producción y Pequeña Empresa, Energía y Minas, Educación y Economía, entre otras.

En cuanto a la temática de las iniciativas priorizadas, destacan la propuesta de reforma magisterial, la incorporación del negacionismo como delito de terrorismo, la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para inversiones sostenibles (Senace) y el programa para facilitar el retorno de peruanos que residen en el extranjero.

También figuran las propuestas de ley sobre el proceso de ejecución coactiva, la regulación del Registro de Deudores de Reparaciones Civiles, el fortalecimiento de la SUNARP y el endurecimiento de las penas de delitos cometidos contra efectivos de las Fuerzas Armadas, Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público.

Finalmente, se tiene la propuesta para modificar el Código de Ejecución Penal, modernizar el sistema de publicación de las notificaciones por edictos desarrollados en los procesos judiciales, modificar la Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico, así como aprobar disposiciones destinadas a promover la masificación del gas natural.

[1] Ver: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/6710af15cad42df805257abb006ce86e/$FILE/Oficio%20247.pdf