Actualidad Regional

LOS CAMINOS DEL DESARROLLO REGIONAL

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Mon, 19 Jul 2010 21:38:00 +0000

La concentración política y económica en la capital ha sido la peor herencia recibida del siglo pasado, entramos pues al nuevo siglo sin habernos extirpado ese tumor cancerigeno que es centralismo. La desconfianza frente a las capacidades de autogobierno de las regiones, la paranoia capitalina de la desintegración territorial y la tradición centralista de la capital han consolidado históricamente un modelo de concentración que ha ahogado todo esfuerzo autónomo de las provincias y de las regiones. Sin embargo, corremos el riesgo de quedar absorbidos por un perverso hurgar en el pasado, acaso porque en la inacabable búsqueda de explicación de nuestros atrasos, esperamos hallarnos eximidos de responsabilidad respecto a ellas?

Es hora pues de enfrentar y "tomar el toro por las astas" ello implica primeramente convencernos plenamente de que la descentralización es el camino mas corto para lograr el desarrollo y, aunque se habla de descentralización hace varias décadas, hoy día constituye el unico camino ante la inexistencia de ideas y propuestas alternativas.

Este concepto - descentralización para el desarrollo- ha adquirido una inusitada relevancia con el fenómeno de la globalización. Vemos paises que se desdibujan para reagruparse en estructuras políticas y economicas supranacionales, al mismo tiempo que sus regiones y ciudades se fortalecen para rescatar la identidad y para competir por capitales y tecnología. Todos anhelamos transitar por los caminos del desarrollo, donde la soberanía popular, la igualdad ante la ley y la confianza en el poder de autogobierno de las comunidades locales y regionales, sean principios rectores en nuestros países, anhelo que se hace mas ferviente en las circunstancias tan dramáticas por las que atraviesan las regiones.

En nuestros paises hasta ahora solo se han desarrollado tímidos procesos desconcentradores, pero no una auténtica descentralización que implique darle a las regiones un gobierno autónomo elegido por la misma región, con poder decisional y facultades amplias, con recursos presupuestarios manejados por las mismas regiones, que les permita impulsar el desarrollo regional basadas en sus propios intereses y decisiones. Los recursos provenientes de la tributación, tampoco son equitativamente redistribuidos entre las regiones; las capitales concentran no solo el poder, sino tambien las ganancias. El gobierno central en muchos años no ha mostrado la capacidad de formular politicas coherentes a partir de la descentralización para impulsar el desarrollo regional, ello demuestra que no se puede gerenciar las regiones desde un centenar de comodas oficinas capitalinas. La persistencia de un régimen perversamente centralista alimenta potenciales riesgos -discutibles por cierto- el primero tiene que ver con la estabilidad económica no solo de las regiones sino del país en su conjunto, dice Sergio Boissier "un país y una economía fuerte a largo plazo es un pais de "regiones fuertes". La macrocefália territorial exagerada es imcompatible con una economía que mantenga sus equilibrios macroeconómicos en el tiempo"; otro riesgo hace de las regiones focos potenciales de descontento, Alvin Toffler explica este en su conocido libro La Tercera Ola "Los gobiernos centrales continúan en general imponiendo políticas uniformes destinadas a una sociedad de masas, sobre públicos cada vez mas divergentes y segmentados. Se olvidan o ignoran las necesidades locales e individuales, haciendo que las llamas del resentimiento alcancen la temperatura del rojo blanco. A medida que progresa la desmasificación podremos esperar que las fuerzas separatistas centrífugas se intensifiquen dramáticamente y amenacen la unidad de muchas naciones-estados". Tales expresiones pareciera que se hubieran escrito pensando en la realidad actual de nuestras regiones.

Las estrategias de desarrollo regional del mañana no deben de venir de Lima ni de Santiago, si no deben hacerse en nuestras regiones. Los que vivimos en las regiones ya no debemos tolerar la llegada de expertos instantáneos de la capital, que apenas se bajan del avión, sin conocer nuestra realidad, vienen a ofrecernos sus recetas mágicas para la solución de nuestra problemática regional, ello ofende nuestras capacidades.

Es preciso intervenir, si no lo hacemos corremos el riesgo de convertirnos en cómplices del atraso de nuestras propias regiones. La responsabilidad del cambio nos incumbe a nosotros. Quedan dos caminos: sumarnos a la indolencia de simples espectadores o decir: me juego por mi región aunque perdamos para salvarlas. Debemos empezar por nosotros mismos, aprendiendo a abrir nuestras mentes a lo nuevo, a lo aparentemente radical, empecemos pues a actuar como auténticos descentralistas, demostremos si somos o no somos regionalistas. Formulemos un proyecto politico incitador de voluntades, que muestre un mañana imaginario capaz de disciplinar el hoy y, de orientarlo a la manera que el blanco atrae a la flecha y tiende el arco. Nuestra propuesta es unir esfuerzos en esta lucha sin considerar fronteras, pues el centralismo no es un problema exclusivo de un pais, tambien existe mas alla de la frontera y en una versión mas feróz aún. Parafraseando a Diego Benavente Millan: juntos somos siempre más aunque no estemos cerca.

Hacia una ciudad más compacta y sostenible - urbanización sin pobreza (ventajas y oportunidades)

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Mon, 21 Jun 2010 15:51:00 +0000

Eduardo López

Hoy día los pobres urbanos se urbanizan más rápido que el resto de la población. Escenarios focalizados en los pobres anticipan que muy probablemente la mitad de los cerca de mil millones de personas que viven con privaciones y diferentes tipos de carencias en el mundo seguirán siendo pobres toda su vida y acabarán por transferir su estatuto de pobreza a sus hijos (Outsights, 2004).

Sin embargo estas tendencias no tienen necesariamente que ser así. Hay signos de cambio en algunas ciudades y países que dan pie a un cierto optimismo. En los próximos cincuenta años, Brasil, Rusia, India y China --las economías de los países llamados BRIC que representan hoy el 42 por ciento de la población del mundo-- podrán constituirse en una de las fuerzas mayores de la economía mundial (Hawksworth & Cookson, 2008).

De acuerdo con las proyecciones económicas más actualizadas basadas en un escenario de crecimiento económico sostenido, China rebasará a los Estados Unidos de Norteamérica como la economía más grande del mundo en el año 2025 (Pricewaterhouse Coopers, 2006); India será para ese entonces el país más poblado del mundo y gracias a ese bono demográfico e importantes esfuerzos en la formación de capital humano, se estima que para el año 2015 tenga un ritmo de crecimiento más rápido que China y para el año 2050 se convierta en la tercera economía más grande del mundo; Brasil será el país latinoamericano que crezca más rápido con una tecnología de punta en ciertas áreas, recursos energéticos abundantes y un sistema estable de gobierno, lo que le permitirá superar a Italia, Francia, Inglaterra y Alemania entre los años 2025 y 2035, para desarrollar una economía similar a la de Japón en 2050 (Wilson & Purushothaman, 2003); Rusia continuará utilizando sus recursos energéticos como palanca para aumentar su influencia mundial, estimándose que para 2050 el país tenga el PIB per capita más elevado del grupo de los BRIC y una economía cuyo tamaño sea equiparable con la de los G6.

Si las cosas van bien en estos países, es decir, si los BRIC mantienen políticas y desarrollan instituciones que apoyen el crecimiento económico, crean condiciones para generar mejores niveles educativos, e instauran políticas favorables a los pobres, es muy probable que la pobreza pueda reducirse en forma significativa en los próximos veinte años.

Es verdad que hay diversos factores ya sea políticos, económicos, ambientales u otros que pueden configurar eventos diferentes y alterar las proyecciones. Por ejemplo, la amenaza del descenso significativo de la población en edad de trabajar y el rápido envejecimiento de la población en general (Rusia y China), conflictos energéticos (Rusia, India y China), problemas de desarrollo de infraestructura, crimen y corrupción (Rusia, Brasil), dificultades para mantener una cohesión política nacional (Rusia y China), problemas para reducir asimetrías regionales con posibles conflictos étnicos y sociales y la aparición de movimientos insurgentes regionales (India), etc. (NIC, 2008).

Sin subestimar la importancia de estas amenazas y desafíos, es posible creer que los líderes de estos países sabrán organizar las respuestas institucionales adecuadas, creando una mayor estabilidad, estableciendo instituciones más fuertes, mejorando los niveles de instrucción y desarrollando y manteniendo los marcos institucionales, políticos y económicos necesarios para crecer.

Otros países no BRIC podrán registrar cambios positivos en el futuro si inician hoy las reformas económicas, sociales y políticas necesarias para romper con tendencias pasadas y actuales que si siguieran como están no anunciarían buenas nuevas. Los países de América Latina y el Caribe deberán embarcarse en un programa de formación de capital humano, encontrando medios creativos y sostenibles para proporcionar acceso a la educación superior, mediante la canalización de inversiones y ahorro por parte de los sectores privado y social y una participación creciente del sector público. Deberán también introducir reformas tributarias, diseñar políticas anticíclicas y programas sociales innovadores (Burdman, 2004). Los países africanos deberán encontrar fórmulas para utilizar su crecimiento poblacional (que es el más rápido del mundo) para impulsar su crecimiento económico. Deberán también diversificar su economía y utilizar la tecnología de una manera más productiva y mejorar sus sistemas de gobernabilidad para gestionar mejor sus recursos naturales.

Estas ventajas y oportunidades para generar una mayor prosperidad económica generan optimismo, a condición de que se atiendan la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo que los países crezcan económicamente. En su reciente estudio sobre el estado de las ciudades del mundo UN-HABITAT muestra que es posible reducir los niveles de desigualdad urbana mientras se disfruta de un crecimiento económico positivo. Países tan variados como Indonesia, Irán, Malasia o Ruanda nos enseñan que las desigualdades económicas no son necesariamente una consecuencia del desarrollo económico, y por el contrario la reducción de estas desigualdades resulta ser una buena estrategia de crecimiento económico.

Hay también, por otra parte, indicios promisorios de una nueva tendencia que apunta a revisar el concepto de desarrollo y a redefinir prioridades en la noción de crecimiento. Es ya una corriente clara de cambio como el concepto de bienestar es paulatinamente ampliado más allá de la noción reductora de prosperidad económica. Otros términos como felicidad, bienestar subjetivo o bienestar social tomarán más importancia no sólo en el discurso político, sino también en la manera de entender y medir el desarrollo de las sociedades. Iniciativas igualmente importantes que toman como centro al ser humano tendrán cada vez más cabida en las políticas de cooperación internacional como la noción de seguridad humana entendida como una forma de proteger a las personas de amenazas críticas y generalizadas a la vida humana, sus medios de subsistencia y dignidad (Japan, 2007).

Es muy probable en ese sentido que se establezcan vínculos más estrechos entre esas nociones y otras como desigualdad, vulnerabilidad e inseguridad, acompañadas por políticas públicas con nuevos criterios en términos de costo-beneficio e impacto de programas. Sin embargo, un futuro así de simple con tendencias tan claras y directas parece demasiado bueno para ser verdadero. La posibilidad de reducir la pobreza y construir ciudades más compactas y sostenibles, con una geografía humana hecha de esperanza, solidaridad y dignidad requerirá tal vez primero que las diferencias se hagan más evidentes, los riesgos mayores y los costos sociales y económicos más altos; es decir, que haya más conflictos, agitación social y sobre todo una mayor percepción tanto para ricos como pobres de lo difícil, costoso, incómodo y perturbador que es vivir con semejantes asimetrías sociales y económicas.

El imperativo de luchar contra la pobreza no resultará pues sólo de un planteamiento a la conciencia moral, sino también y sobre todo como parte de un hecho fundamental para sostener el proceso de globalización y como un requisito esencial para mantener la estabilidad social. Es decir, es muy probable que las mudanzas en los comportamientos sociales éticos obedezcan más a cambios paulatinos que a avances sociales revolucionarios. Sin embargo, aún a pesar de que estos cambios sean promovidos por otros intereses no estrictamente éticos, es probable que ellos influyan en el desarrollo de un nuevo ethos que tal vez tenga la fuerza de promover un nuevo pacto social donde las conductas individuales, sociales y corporativas se centren más en el ser humano. Algunas tendencias identificadas apuntan a una revisión del papel que juega la filantropía en el mundo, no sólo la parte más mediática de las celebridades, sino también las fundaciones y algunas corporaciones que responden ya a su compromisos de responsabilidad social corporativa.

Es también muy factible que actores no estatales tales como las redes ciudadanas y las asociaciones de diferentes colectivos sociales continuarán a actuar a nivel global, regional o nacional demandando cambios sociales a través de medios no violentos en cuestiones tales como la desigualdad, la pobreza, la justicia social o el cambio climático, entre otros. Estas movilizaciones sociales alentarán la camaradería y el espíritu asociativo en pos de la igualdad de oportunidades. Es también muy plausible que nazca un número mayor de coaliciones locales en diversas ciudades, operando en ámbitos particulares vinculados a sus propias agendas, donde la confianza, el sentido de comunidad, la identidad urbana y otras formas de capital social despierten un interés genuino por resolver problemas de la propia comunidad.

Probablemente en esa corriente de cambio los políticos, la comunidad internacional y otros actores podrían seguir un proceso de transformación similar: «la marea sube y levanta todos los barcos». No obstante, un cambio de esta naturaleza conlleva una nueva actitud política donde compañías, corporaciones, individuos, incluso ciudades completas, adopten y usen la declaración de derechos humanos, extendiéndola al uso y disfrute de recursos naturales, derechos a la salud, e incluso el derecho a acceder al capital (Outsights, 2004). De no ser así el crecimiento económico en el mundo de los BRIC y otros países podría convertirse en un juego de suma cero sin ventajas claras en términos de desarrollo social más integral.

Existen pues razones de optimismo para pensar que las murallas y las fortificaciones caerán, acabando con el anverso y el reverso de las ciudades que normalmente no se pueden ver ni tocar: la pobreza por un lado y la riqueza por el otro. Sin embargo, para que deje de existir la ciudad de arriba y de abajo como coloquialmente se caracteriza esta separación, será necesario formular políticas económicas teniendo a los pobres urbanos en mente, con esquemas de gobernabilidad más incluyentes e invirtiendo en bienes y servicios públicos para los pobres y los sectores vulnerables. Este es un escenario factible que requiere formas de gobierno más modernas y eficientes, con reglas claras de donde se deriven obligaciones, responsabilidades y respeto institucional para todos.

Se requerirá también que gobiernos locales trabajen mano a mano con las autoridades centrales. Sería deseable, aunque poco probable en los próximos años, que las ciudades institucionalicen asociaciones inter-ciudades y desarrollen programas conjuntos de competitividad cooperativa a fin de dar una mayor visibilidad a lo local, potenciando al mismo tiempo el desarrollo regional. Estas redes de ciudades deberán articularse con los gobiernos centrales y trabajar con ellos a fin de lograr una articulación diferente y poderosa de los diferentes niveles de gobierno.

Un escenario de probabilidad considerable es que se erija un nuevo contrato social que hable de una sociedad responsable, un nuevo ethos social con una sociedad renovada que establezca un pacto entre autoridades locales y habitantes definiendo derechos, obligaciones y responsabilidades mutuas, las cuales por un lado comprometen a las autoridades a asegurar un mejor eficiencia, equidad, transparencia en el ejercicio de sus funciones y, por el otro lado, obligan a los habitantes a mostrar una mayor responsabilidad en la participación de la vida civil.

El futuro de las ciudades intermedias (ventajas y oportunidades)

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Thu, 10 Jun 2010 16:38:00 +0000

Eduardo López Moreno

Una tendencia actual clara es que el crecimiento urbano se reduce en casi todos los rincones del mundo. Los signos de descenso empezaron a mediados de los 90, cuando la tasa media anual de cambio poblacional pasó de 3,17 por ciento a 2,93 por ciento a finales del año 2000 en promedio para las regiones menos desarrolladas. Se estima que para el horizonte 2030 el ritmo de crecimiento se habrá reducido considerablemente hasta llegar a 1,88 por ciento (UNPD, 2007). Por supuesto el ritmo y los niveles de descenso serán muy asimétricos en las diferentes regiones: 2,8 por ciento en África, 1,76 por ciento en Asia y 1 por ciento en América Latina en el año 2030.

Las ciudades medias no son ajenas a estas tendencias y con toda certeza sufrirán también descensos similares, como los análisis de trayectorias lo demuestran. De acuerdo con extrapolaciones simples, ciudades de este tamaño en los países en desarrollo pasarán de una tasa de crecimiento anual de 2,7 por ciento en el año 2000 a 1,5 por ciento en 2030.

África seguirá manteniendo el ritmo más rápido de crecimiento mundial de ciudades intermedias con una tasa cercana al 2,52 por ciento; para ese entonces el continente será más urbano que rural, habiendo alcanzado su transición urbana precisamente en el año 2030. Las ciudades de tamaño medio de Asia crecerán para ese entonces a sólo 1,5 por ciento y el continente será mayoritariamente urbano en 2025. América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del sur global con un 80 por ciento de la población total viviendo en centros urbanos; se estima que las ciudades medias crecerán a un ritmo anual de 0,5 por ciento en el 2030, cuando la región sea un 85 por ciento urbana.

A pesar de que las ciudades medias seguirán creciendo más rápido que otro tipo de ciudades en el mundo en desarrollo es interesante constatar que la proporción de habitantes viviendo en ciudades de menos de un millón de habitantes se irá gradualmente reduciendo de 68 por ciento en 1975 a 62 por ciento en el año 2007 y cerca de 60 por ciento en 2025. Estos cambios se deben a dos fenómenos interconectados. El primero es que algunas ciudades en el sur global, particularmente las de talla media, han empezado a perder población y es muy probable que esta tendencia se haga cada vez más dominante en los próximos veinte años. El segundo es que varias ciudades intermedias crecen rápido y se convierten en mega y meta-ciudades en una tendencia pausada pero progresiva que llevará la proporción de habitantes en el mundo en desarrollo viviendo en las grandes ciudades pasar de 8,3 por ciento en el año 2007 a 9,6 por ciento en el año 2025 para las megápolis de más de diez millones de habitantes y 6,9 por ciento a 7,5 por ciento para las megaciudades de más de cinco millones de habitantes en los mismos años.

Los cambios del futuro en el tamaño y funcionalidad de las ciudades serán cada vez más dictados por el crecimiento urbano, pero también por la contracción de las ciudades. Estos procesos aparentemente diferentes son en realidad las dos caras de la misma moneda (Martínez Fernández & Wu, 2007). Las ciudades experimentan al mismo tiempo auge y disminución (y en ocasiones hasta decadencia) como parte de ciclos urbanos que es necesario entender para poder responder a ellos. El Informe Mundial de las Ciudades 2008 pone de relieve que mientras un poco más de la mitad de los centros urbanos del sur global crecieron a un ritmo rápido (UN-HABITAT, 2008a), aproximadamente el 10 por ciento experimentó la pérdida de población. Tal vez esta proporción para algunos sea más bien insignificante, pero creemos que ella es el preludio de una nueva tendencia urbana, la cual, si continúa, como es muy probable, marcará una discontinuidad mayor no sólo en el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano, sino también en el ejercicio de la planeación que en el futuro deberá contemplar y responder al crecimiento acelerado de algunos centros, al mismo tiempo que deberá anticipar y prever el declive poblacional de otros.

Es muy probable que en el futuro ciertos cambios en el uso de recursos y tecnología puedan alterar la definición del tamaño óptimo y la funcionalidad más adecuada para las ciudades medias. En los próximos veinte años las ciudades intermedias más eficaces jugarán un papel crítico en la descentralización de los servicios públicos, en la provisión de una variedad de bienes de consumo familiar y en la creación de pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra que generarán empleos y contribuirán de esa manera a reducir los problemas relacionados con la fuerte concentración de la población en las grandes aglomeraciones urbanas.

Sin embargo, el futuro de las ciudades intermedias tiene mucho que ver con el estadio de desarrollo de los países y regiones, la diversificación del sistema urbano, el nivel de descentralización y desconcentración de los estados, el crecimiento poblacional de los diferentes centros urbanos y el dinamismo económico de algunas regiones y ciudades.

En América Latina y el Caribe las ciudades intermedias concentrarán una proporción significativa y creciente de la población por lo que serán claves para el futuro urbano y el desarrollo de la región (Rodríguez, 2007). Un escenario de desarrollo muy plausible es que ciudades de este tamaño seguirán contribuyendo a diversificar el sistema urbano y de esta manera coadyuvarán a reducir la primacía urbana de varios países de la región. Es muy probable también que las ciudades intermedias sigan expandiendo la cobertura de los sistemas de educación y salud, mejorando los indicadores de calidad de vida. Numerosas ciudades intermedias verán mejoras substanciales en sus sistemas de transporte y en el sector de las telecomunicaciones, como resultado de crecientes inversiones públicas y privadas y como parte de las políticas de descentralización y desarrollo regional. Otras ciudades, particularmente en América Central y algunos países del Caribe, reflejarán enormes disparidades en los niveles de desarrollo entre ciudades y regiones, con una estructura piramidal que seguirá manteniendo relaciones muy pobres entre las ciudades del mismo nivel jerárquico. Estos desequilibrios en la estructura espacial serán un impedimento a la expansión económica regional y al desarrollo social.

En el África Subsahariana el futuro de las ciudades intermedias es más sombrío: conflictos, desastres, movimientos forzados de la población provocados por sequías, hambrunas, pugnas étnicas y guerras de diferentes intensidades, aunado a un crecimiento económico bastante errático, harán difícil que estas ciudades jueguen un papel importante en la promoción de desarrollo socio-económico a causa de una pobre acumulación de tecnología y la ausencia de economías de escala e infraestructuras adecuadas.

Las condiciones tan pobres de muchas de las ciudades intermedias (equiparables a pequeños poblados en lo que a infraestructura y desarrollo se refiere) seguirán siendo la expresión de un centralismo exacerbado y una gobernabilidad deficiente que continuará produciendo marcadas asimetrías en el desarrollo regional, que no sólo distorsionarán la economía, sino que también impedirán una mejor integración política. Es muy probable que en los próximos 20 o 25 años las tendencias de primacía urbana se continúen, con la emergencia azarosa de un número limitado de ciudades medias más vibrantes y dinámicas.

En marcado contraste, las ciudades intermedias del Norte de África, junto con otras ciudades de rango similar en Sudáfrica y Namibia --países en una transición urbana relativamente avanzada y con niveles intermediarios de desarrollo seguirán jugando un papel importante en el proceso de desarrollo regional, proporcionando nuevas oportunidades económicas para personas en busca de una mayor movilidad social. Es un supuesto muy plausible que estas ciudades funcionarán en el futuro como centros de transformación social, absorbiendo emigrantes rurales que de otro modo podrían dirigirse a los centros urbanos más grandes, y ofreciendo mejores condiciones a los propios habitantes gracias a sus ventajas comparativas y economías de escala que permiten una concentración de niveles básicos e intermedios de salud y educación. Las ciudades intermedias de estos países podrán funcionar cada vez más eficientemente como centros sub-regionales administrativos y de servicios, apoyando procesos de descentralización que hagan más accesibles facilidades e instalaciones no sólo para sus propios residentes urbanos, sino también para los habitantes rurales del interior.

En Asia el futuro de las ciudades intermedias es muy contrastado. La región es tan basta y heterogénea que desafía cualquier generalización: en ella residen las mayores y más ricas economías y también una de las más pobres. Quizá la característica más importante del proceso de urbanización en Asia sea la emergencia de megaciudades y el crecimiento metropolitano. En 2000, la región contenía 227 ciudades de más de un millón de habitantes y 21 ciudades con poblaciones de más de cinco millones de personas. De cada 10 megaciudades localizadas en el sur global, más de 7 son asiáticas (UN-HABITAT, 2008b).

Ante este fenómeno de metropolitanización el futuro de las ciudades intermedias asiáticas se presenta con cierta claridad: ellas deberán contrarrestar el crecimiento de las grandes ciudades haciendo el mejor uso posible del gran potencial que tienen, sirviendo como motores del desarrollo regional económico y social. Las estrategias que se puedan utilizar para ese fin, así como para redistribuir las poblaciones en forma más armónica, variarán en función de las características políticas de los países y sus niveles de desarrollo.

En los países donde la primacía urbana es todavía la tendencia principal de desarrollo como es el caso de Filipinas, Tailandia, Indonesia, entre varias otras naciones, el papel de las ciudades intermedias apuntará a interceptar los flujos migratorios que van del campo y de las ciudades pequeñas a las grandes metrópolis. En las naciones más industrializadas como Corea del Sur y la India, es muy probable que las ciudades de rango mediano funcionen como instrumentos para reducir desequilibrios regionales y mejorar las desigualdades de ingreso. Análisis de tendencias muestran que estas ciudades podrán crear en el futuro centros de investigación y desarrollo para innovaciones agrícolas y tecnológicas adecuados a la región. En los países menos industrializados, como Vietnam, Bangladesh y Filipinas, el avenir de las ciudades intermedias se percibe más como un puente que sirva a promover el crecimiento de las industrias rurales basadas en la transformación de productos agrícolas para la exportación.

El porvenir de las ciudades intermedias en China merece un comentario aparte: de las 125 ciudades de este rango que surgieron entre 1990 y 2000 en todo el continente, 119 fueron de este país (UN-HABITAT, 2008b). Si tomamos en cuenta que la mayoría de las ciudades intermedias chinas tienen una buena base industrial y comercial y sistemas eficientes de transporte, es de esperarse que en el futuro estas ciudades jueguen un papel más prominente en la organización de actividades económicas, el desarrollo de la producción y la reducción de desequilibrios regionales y la promoción de la integración regional.

Los cambios y continuidades sobre el futuro de las ciudades medias ignoran la posibilidad de choques adversos mayores como desastres naturales, revoluciones políticas y conflictos militares que en el caso que acontecieran sacarían a algunos países de su camino de desarrollo. No es ciertamente improbable tampoco que efectos devastadores provocados por el cambio climático o una nueva pandemia pudieran influenciar estas proyecciones. Por ejemplo, en las ciudades del Sureste asiático altamente pobladas y densas puede iniciarse una pandemia global como SARS o HPAI (NIC, 2008), con efectos devastadores sobre todo en las ciudades medias con menos capacidades de detección y respuestas médicas adecuadas.

Transferencias intergubernamentales en el Perú

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Mon, 24 May 2010 19:33:00 +0000

Otro mecanismo para el financiamiento local son las transferencias intergubernamentales. A menudo los ingresos de los gobiernos locales son insuficientes, es la razón principal para la existencia de transferencias fiscales intergubernamentales, en este caso el gobierno central tiene mayor posibilidad de recaudación y por tanto obedece a una centralización de la recaudación y una descentralización de los gastos, lo cual implica, que la capacidad fiscal local (ingresos) no dependa exclusivamente de la base tributaria local.

Esto se traduce en que gobierno nacional transfiere recursos a los gobiernos regionales y locales, por dos razones eficiencia y equidad, la primera se aplica tanto por la mayor eficiencia relativa que tiene la administración central en el recaudo de los tributos, como por la mayor eficiencia por parte de los gobiernos locales en la provisión de bienes y servicios públicos locales.

Las transferencias del gobierno central pueden adoptar diversas formas:

1. Transferencias no condicionadas, estas transferencias pueden concederse a los gobiernos locales sin condición alguna respecto a su uso. Las transferencias de este tipo son particularmente apropiadas si se trata de ayudar a las autoridades que tienen escasos recursos.

Las transferencias del gobierno central son:

a. Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)

El FONCOMUN fue creada con fines compensatorios básicamente, busca obtener una mejor homogeneidad en las bases económicas de las municipalidades y promover la inversión en las diferentes municipalidades del país, priorizando la asignación a las localidades rurales y urbano-marginales. Este fondo es originado por una serie de tributos creados y administrados por el Gobierno Nacional a favor de las municipalidades.

Esta transferencia se constituye con los siguientes recursos:

· El rendimiento del impuesto de promoción municipal.

· El rendimiento del impuesto al rodaje.

· El impuesto a las embarcaciones de recreo.

· El porcentaje del 25% correspondiente al impuesto a las apuestas.

De los recursos que perciban las municipalidades por el FONCOMUN, son utilizados íntegramente para los fines que determinen los gobiernos locales por acuerdo de su concejo municipal y de acuerdo con sus propias necesidades. Para ello, el concejo municipal debe fijar anualmente la utilización de dichos recursos en porcentajes para gasto corriente e inversiones, determinando los niveles de responsabilidad correspondiente.

b) Renta de Aduanas

Los recursos de la Renta de Aduanas, son rentas recaudadas que provienen del impuesto a las importaciones o aranceles, por cada una de las aduanas.

2. Transferencias condicionadas, estas transferencias en el Perú están delimitadas a gastos de inversión y programas sociales. Las condiciones restrictivas pueden adoptar otras formas: control sobre la forma de gastar la transferencia; restricciones en cuanto al tipo, nivel y calidad del servicio a suministrar; control del gasto municipal en el servicio.

a) El Programa Vaso Leche

Mediante esta transferencia las municipalidades actúan como agentes del gobierno nacional en la provisión de ayuda alimentaría, conjuntamente con el demográfico, aprovechando sus ventajas inherentes a la identificación de los beneficiarios. Esta transferencia se realiza mensualmente a las municipalidades para su uso en el Programa Vaso de Leche.

b) Canon y sobre Canon

Las transferencias por concepto de Canon constituyen retribuciones por la explotación de recursos naturales ubicados en las jurisdicciones de los gobiernos locales.

Estas transferencias están condicionadas a ser utilizadas exclusivamente para el financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto establecen una cuenta destinada a esta finalidad. Los gobiernos regionales entregarán el 20% (veinte por ciento) del total percibido por canon a las universidades públicas de su circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional.

Con relación a la distribución del canon, la ley establece lo siguiente :

a) La distribución del canon petrolero mantiene las condiciones actuales de distribución.

b) El canon es distribuido entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo con los índices de distribución que fija el Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta criterios de población y pobreza vinculados a la carencia de necesidades básicas y déficit de infraestructura. Su distribución es la siguiente:

1. El 10% del total recaudado para la municipalidad o municipalidades distritales donde se encuentra localizado el recurso natural.

2. El 25% del total recaudado para los gobiernos locales de la provincia o provincias donde se encuentra localizado el recurso natural, excluyendo al distrito o distritos productores.

3. El 40% del total recaudado para los gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones, excluyendo a la provincia o provincias donde se encuentra el recurso natural.

4. El 25% del total recaudado para los gobiernos regionales donde se encuentra el recurso natural.

GESTION MUNICIPAL

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Mon, 17 May 2010 20:19:00 +0000

LA ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

La estructura orgánica de las municipalidades está compuesta por el concejo municipal y la alcaldía.

CONCEJO MUNICIPAL

El concejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el alcalde y el número de regidores.

Los concejos municipales de los centros poblados están integrados por un alcalde y 5 (cinco) regidores.

El concejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras.

LA ALCALDIA

La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa.

ORGANOS DE COORDINACION

Son órganos de coordinación:

1. El Consejo de Coordinación Local Provincial.

2. El Consejo de Coordinación Local Distrital.

3. La Junta de Delegados Vecinales.

Pueden establecerse también otros mecanismos de participación que aseguren una permanente comunicación entre la población y las autoridades municipales.

ADMINISTRACION MUNICIPAL

La administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL:

El presupuesto es un elemento central en la gestión municipal.

No obstante, es uno de los aspectos menos abordados por las autoridades políticas, dirigentes y ciudadanos. Su elaboración queda generalmente en manos de un reducido grupo de funcionarios quienes presentan el proyecto de presupuesto al concejo municipal para su aprobación, sin que el alcalde, los regidores, ni menos los vecinos hayan tomado parte en su formulación. Las municipalidades pequeñas, que son muchas en nuestro país y no cuentan con el personal técnico necesario, se ven en la necesidad de contratar los servicios de asesores externos para la elaboración del presupuesto.

Es un instrumento para la planificación y la toma de decisiones pues todo lo planeado por las instituciones debe ser cuantificado en acciones en un lapso estimado generalmente en un año. Ello implica que las propuestas y los proyectos deben ser necesariamente valorizados, es decir, estimados en términos económicos.

Los planes integrales de desarrollo no podrán ejecutarse si no se concretizan en actividades y no se estiman los costos de cada una de ellas.

En resumen, ninguna institución puede funcionar si no define su presupuesto.

La ley orgánica de municipalidades -27972- establece, en su artículo 53, que: «Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El Presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación».

La misma ley agrega que «el presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que establece la normatividad sobre la materia» y que «para efectos de su administración presupuestaria y financiera, las municipalidades provinciales y distritales constituyen pliegos presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo».

¿QUÉ ES?

El presupuesto municipal es un instrumento de gestión que expresa la previsión de los ingresos y gastos de manera equilibrada, basado en las orientaciones, objetivos y políticas contenidos en los planes de desarrollo integrales formulados en cada municipalidad.

LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

Los presupuestos se estructuran en base a partidas de ingresos y partidas de gastos.

Los ingresos municipales

Los ingresos de las municipalidades son los siguientes:

ingresos corrientes
ingresos de capital
transferencias
donaciones
ingresos por endeudamiento.

Veamos ahora cada uno de ellos.

Ingresos corrientes, propios o directamente recaudados

Estos ingresos provienen del cobro regular y periódico de impuestos, contribuciones, tasas, venta de bienes, rentas de la propiedad, multas, sanciones y otros ingresos corrientes.

Ingresos de capital

Son los ingresos generados por las municipalidades mediante la venta de sus activos: terrenos, inmuebles, maquinaria. A diferencia de los ingresos corrientes que tienen un carácter regular, éstos tienen un carácter eventual.

Transferencias

Son los recursos financieros no reembolsables que el gobierno central transfiere a las municipalidades.

Estas pueden ser el canon y el sobre canon, la participación en la renta de aduanas, el fondo de compensación municipal, el derecho de vigencia de minas.

En el caso del canon, los hay de diversos conceptos como el canon minero, el canon gasífero, el canon hidroenergético, el canon pesquero, el canon forestal y el canon aduanero.

Otros ingresos por transferencias son los que se reciben para la ejecución de los programas asistenciales como el vaso de leche y los comedores populares.

Donaciones

Son los ingresos provenientes de otros gobiernos o de instituciones internacionales o nacionales, públicas o privadas recibidos a título gratuito.

Los ingresos por endeudamiento

También forman parte de los ingresos los créditos obtenidos de organismos nacionales, internacionales o extranjeros, públicos o privados.

Los gastos municipales

Los gastos se clasifican en gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda.

- Gastos corrientes

Son los pagos que hacen las municipalidades por la adquisición de bienes y servicios, las remuneraciones del personal activo y cesante, y otros. Estos gastos se caracterizan por no ser recuperables.

- Gastos de capital

Son los gastos destinados a la adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos tales como construcción de carreteras, postas médicas, mercados de abastos, canales de regadío, etc. También son conocidos como gastos de inversión.

- Servicio de la deuda

Se refiere al pago de amortización e intereses de la deuda contraída.

EL PROCESO PRESUPUESTARIO

El presupuesto municipal se estructura en fases que le otorgan un carácter dinámico. Se apoya en la evaluación de los ejercicios presupuestales anteriores y en las perspectivas de los ejercicios futuros.

Las fases del proceso presupuestario son cinco, a saber:

Programación
Formulación
Aprobación
Ejecución
Control y evaluación.

Fase de Programación

La fase de programación presupuestaria tiene los siguientes pasos:

Determinación de los objetivos institucionales de corto plazo.

· Diseño de las metas presupuestarias.

· Estimación de los ingresos.

· Previsión de gastos.

Fase de Formulación

Esta fase requiere un trabajo más técnico. Define la estructura funcional programática del Pliego Presupuestal en base a los objetivos institucionales y las metas presupuestarias propuestas en la fase de programación.

En esta fase se establece también la demanda total de gastos.

Fase de Aprobación

La aprobación del presupuesto es competencia exclusiva del Concejo Municipal, es decir, del alcalde y los regidores en sesión de concejo.

No obstante, los aspectos relativos al presupuesto participativo son trabajados con los Agentes Participantes según el procedimiento establecido en la Ley General del Presupuesto Participativo y su Reglamento, y coordinados y concertados en el Consejo de Coordinación Local, según el artículo 104 de la nueva LOM.

Fase de Ejecución

Mientras las fases de formulación y aprobación se realizan con anterioridad al ejercicio presupuestal, la fase de ejecución se realiza durante el año fiscal de la ejecución presupuestaria.

Modificaciones presupuestales

El presupuesto, una vez aprobado, puede ser modificado. Las modificaciones se hacen durante la fase de ejecución del presupuesto. La ley orgánica de municipalidades establece, en su artículo 9, inciso 16, que son atribuciones del Concejo Municipal:

«Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad».

Fase de Control y Evaluación

En esta etapa se mide y analiza la ejecución de los ingresos y los gastos y la consecución de las metas. Al hacerlo es posible encontrar variaciones que deben igualmente ser analizadas. Se trata de una evaluación cuantitativa y cualitativa.

A modo de conclusión, conocer el significado, la estructura y la importancia del presupuesto municipal nos pone en mejores condiciones para analizar las orientaciones de las instituciones del Estado sobre el gasto publico. Así, la sociedad civil podrá proponer alternativas para mejorar la calidad del gasto publico que, con demasiado frecuencia, no es alta.

Recursos Directamente Recaudados por los Municipios Peruanos

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Thu, 13 May 2010 21:29:00 +0000

Comprende los ingresos generados por las municipalidades y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo con la ley de tributación municipal y sus normas modificatorias. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de ejercicios anteriores.

A continuación se presenta en detalle los diferentes conceptos que conforman los recursos directamente recaudados, según la clasificación establecida por la Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales.

I. TASAS

DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Registro Civil.

DE EDUCACIÓN

Carnets, Educacionales, Turísticos.

DE SALUD

Certificado Médico, Carnets de Salud, Limpieza Pública.

DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

Licencia de Construcción, Inspección Ocular, Parques y Jardines, Urbanizaciones.

AGROPECUARIOS Y DE RECURSOS NO MINERALES

Derecho de Explotación y Extracción

DE INDUSTRIA, MINERÍA Y COMERCIO

Licencias de Funcionamiento, Otras Licencias, Puestos, Kioskos y Otros, Anuncios y Propagandas, Inspecciones y/o Calificaciones, Derecho de Aprobación y Autorización.

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Peaje, Derechos de Permiso de Operación, Derechos de Inscripción, Copias y Constancias, Certificadas, Guardianía - Depósitos de Vehículos, Estacionamiento de Vehículos.

OTROS

Serenazgo, Derechos de Extracción de Material de Acarreo.

II. CONTRIBUCIONES

PARA PENSIONES

Descuento para Pensiones.

POR OBRAS PÚBLICAS

Especial por Obras Públicas.

OTROS

VENTA DE BIENES

AGROPECUARIOS Y MINERALES

Venta de Agua.

DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA

Venta de Libros, Boletines, Folletos, Videos, Otros.

DE SALUD

Medicinas.

OTROS

Venta de Bases, Venta de Libros, Boletines, Folletos, Videos, Otros; Publicaciones.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y ALMACENAJE

Estacionamiento, Servicio de Transporte.

DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA

Seminarios, Forums, Charlas, Congresos, Conferencias y Otros; Vacaciones Útiles, Servicios de Capacitación.

DE SALUD

Atención Médica, Atención Dental, Análisis Clínico y Laboratorio, Vacunas, Baños Municipales, Servicios de Desinfección.

OTROS

Copias y Constancias Certificadas, Copias Simples, Servicios Catastrales, Servicios de Fumigación, Servicios de Comedor, Letrinas, Nomenclatura y Numeración de Inmuebles, Servicios Funerarios y de Cementerio, Reconocimiento de Carnes y Otros, Publicaciones.

RENTAS DE LA PROPIEDAD

DE LA PROPIEDAD REAL

Alquiler de Inmuebles, Alquiler de Muebles, Derechos de Vigencia, Alquileres.

DE LA PROPIEDAD FINANCIERA

Otros

MULTAS, SANCIONES Y OTROS

MULTAS Y ANÁLOGAS

Multas a Establecimientos, Farmacias y Otros; Multas por Especulación, Acaparamiento, Adulteración y Otros; Infracción al Reglamento de Tránsito, Infracción al Reglamento de Transportes, Infracciones Tributarias.

SANCIONES

Sanciones, Otros

OTROS INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DIVERSOS

Otros

III. INGRESOS DE CAPITAL

VENTA DE ACTIVOS

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

Inmuebles Nuevos (Excepto Terrenos), Inmuebles Usados (Excepto Terrenos)

TERRENOS URBANOS Y RURALES

Terrenos Urbanos, Terrenos Rurales y Eriazos, Adjudicación de Terrenos de Propiedad Fiscal.

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS (USADOS)

Vehículos, Equipos y Maquinarias (Usados).

OTROS

Chatarra, Otros

AMORTIZACIÓN POR PRÉSTAMOS CONCEDIDOS (REEMBOLSOS)

Otros

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

IV. TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

INTERNAS: DEL SECTOR PÚBLICO

Transferencias de Instancias Descentralizadas

EXTERNAS

Donaciones – Personas Naturales

Donaciones – Personas Jurídicas

OTROS

Características de los principales ingresos de las Municipalidades

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Tue, 13 Apr 2010 14:43:00 +0000

La mayor proporción de los ingresos de las municipalidades es de origen tributario. Y, a partir del año 1994 rige un nuevo marco normativo tributario para estas instituciones, debido a que el Congreso Constituyente Democrático, mediante Ley N° 26249, delegó en el poder ejecutivo la facultad de modificar la legislación del sistema tributario del gobierno nacional y de los gobiernos locales. El ejecutivo aprobó la Ley de Tributación Municipal, vía Decreto Legislativo N° 776, publicado el 31.12.93, el cual entró en vigencia el 1 de enero de 1994.

La mencionada ley ha tenido sucesivas modificaciones. Algunos especialistas en el tema consideran que a estas alturas no bastan las modificaciones, cuando se ha dispuesto la descentralización de diversas competencias y funciones gubernamentales en el país, y plantean que se debe expedir una nueva ley de tributación municipal. Al respecto, consideramos que ello es necesario, pero es imprescindible un proceso previo de fortalecimiento de las capacidades de administración tributaria de las municipalidades.

Con relación al contenido de la norma y sus respectivas modificaciones, la ley de tributación municipal establece que las municipalidades perciben ingresos tributarios por las siguientes fuentes:

Los impuestos municipales creados y regulados por las disposiciones de dicha ley.

Las contribuciones y tasas que determinan los concejos municipales, en el marco de los límites establecidos por esa ley.

Los impuestos nacionales creados a favor de las municipalidades y recaudados por el gobierno central, conforme a las normas establecidas en la propia ley de tributación municipal.

Las contempladas en las normas que rigen el Fondo de Compensación Municipal.

Los impuestos municipales son los tributos establecidos a favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los gobiernos locales. Los impuestos municipales son, exclusivamente, los siguientes:

a) Impuesto Predial: De periodicidad anual, grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Para tal efecto, se consideran predios a los terrenos, incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyen partes integrantes de dichos predios, que no puedan ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación.

La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la municipalidad distrital donde se encuentre ubicado el predio. Y son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera que fuera su naturaleza.

La base imponible para la determinación del impuesto esta constituida por el valor del total de predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. A efectos de determinar el valor total de los predios, se aplica los valores arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de diciembre del año anterior y las tablas de depreciación por antigüedad y estado de conservación, que formula el Consejo Nacional de Tasaciones y aprueba anualmente el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción mediante resolución ministerial.

Las municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al primero de enero del año al que corresponda el impuesto.

Están inafectos al pago del impuesto, los predios de propiedad de:

1. El gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

2. Los gobiernos extranjeros.

3. Las sociedades de beneficencia.

4. Las entidades religiosas.

5. Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales.

6. El Cuerpo General de Bomberos.

7. Las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva.

8. Las universidades y centros educativos.

9. Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al aprovechamiento forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones forestales.

10. Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones políticas.

11. Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas con discapacidad reconocidas por el CONADIS.

12. Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales, debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

Asimismo, se encuentran inafectos al impuesto los predios que hayan sido declarados monumentos integrantes del patrimonio cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, siempre que sean dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes de instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas o sean declarados inhabitables por la municipalidad respectiva.

Otros aspectos de este impuesto referidos a zonas francas, beneficios a pensionistas, deducciones de la base imponible, etc., se detalla en los correspondientes artículos del Decreto Legislativo N° 776 y sus modificatorias.

b) Impuesto de Alcabala: Grava las transferencias de inmuebles urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera que sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. La primera venta de inmuebles que realicen las empresas constructoras no se encuentra afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. Es sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el comprador o adquiriente del inmueble.

El impuesto constituye renta de las municipalidades en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble materia de transferencia. En el caso de municipalidades provinciales que tengan constituidos Fondos de Inversión Municipal, éstas serán las acreedoras del impuesto y transferirán bajo responsabilidad del titular de la entidad y dentro de los 10 días hábiles siguientes al último día del mes que se recibe el pago, el 50% del impuesto a la municipalidad distrital donde se ubique el inmueble materia de transferencia y el 50% restante al fondo de inversión que corresponda.

c) Impuesto al Patrimonio Vehicular : De periodicidad anual, grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) años, cuyo plazo se computa a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular . Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los vehículos señalados. Cuando se efectúe cualquier transferencia, el adquiriente asume la condición de contribuyente a partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hecho.

La administración del impuesto corresponde a las municipalidades provinciales en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo. El rendimiento del impuesto constituye renta de la municipalidad provincial.

d) Impuesto a las Apuestas: Grava los ingresos de las entidades organizadoras de eventos hípicos y similares, en las que se realicen apuestas. (Los Casinos de Juego se rigen por sus normas especiales)

El sujeto pasivo del impuesto es la empresa o institución que realiza las actividades gravadas. El impuesto es de periodicidad mensual y se calcula sobre la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes por concepto de apuestas y el monto total de los premios otorgados el mismo mes. La tasa del impuesto es 12% a las apuestas hípicas, y 20% a las otras apuestas.

La administración y recaudación del impuesto corresponde a la municipalidad provincial en donde se encuentre ubicada la sede de la entidad organizadora. El monto que resulte de la aplicación del impuesto se distribuye conforme a los siguientes criterios:

60% se destina a la municipalidad provincial.

15% se destina a la municipalidad distrital donde se desarrolle el evento.

25% se destina al Fondo de Compensación Municipal.

e) Impuesto a los Juegos: Grava la realización de actividades relacionadas con los juegos, tales como lotería, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos de azar. El sujeto pasivo del impuesto es la empresa o institución que realiza las actividades gravadas, así como quienes obtienen los premios.

f) Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos: Grava el monto que se abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales y parques cerrados, con excepción de los espectáculos culturales debidamente calificados por el Instituto Nacional de Cultura . La obligación tributaria se origina al momento del pago del derecho a presenciar el espectáculo.

Son sujetos pasivos del impuesto las personas que adquieran entradas para asistir a los espectáculos. Son responsables tributarios, en calidad de agentes perceptores del impuesto, las personas que organicen el espectáculo, siendo responsable solidario al pago del mismo el conductor del local donde se realice el espectáculo afecto.

La recaudación y administración del impuesto corresponde a la municipalidad distrital en cuya jurisdicción se realice el espectáculo.

Conforme lo establecen el artículo 74° y el inciso 5 del artículo 195° de la Constitución Política del Perú , las municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas y otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fija la ley. Al respecto, del Título III de la Ley de Tributación Municipal “Marco Normativo para las Contribuciones y Tasas Municipales”, se puede identificar, entre otras, las siguientes disposiciones específicas:

a) En aplicación de lo dispuesto por la Constitución, se establece las siguientes normas generales:

1. La creación y modificación de tasas y contribuciones se aprueban por Ordenanza, con los límites dispuestos por la ley.

2. Para la supresión de tasas y contribuciones las municipalidades no tienen ninguna limitación legal.

3. Las ordenanzas municipales que crean tasas, deberán ser prepublicados en medios de prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor a 30 días antes de su entrada en vigencia.

Las municipalidades no pueden imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y similares en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado. Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.

b) La Contribución Especial de Obras Públicas: Grava los beneficios derivados de la ejecución de obras públicas por la municipalidad. Para su aplicación ésta debe emitir las normas procesales para la recaudación, fiscalización y administración de las contribuciones.

c) Las Tasas Municipales: Son los tributos creados por los concejos municipales, cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las municipalidades de conformidad con su ley orgánica . No es tasa el pago que se recibe por un servicio de índole contractual.

Las municipalidades pueden imponer las siguientes tasas:

1. Tasas por servicios públicos o arbitrios: Son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente.

2. Tasas por servicios administrativos o derechos: Son las tasas que debe pagar el contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la municipalidad.

3. Tasas por las licencias de apertura de establecimientos: Son las tasas que debe pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento comercial, industrial o de servicios.

4. Tasas por estacionamiento de vehículos: Son las tasas que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo en zonas comerciales de alta circulación, conforme lo determine la municipalidad del distrito correspondiente, con los límites que determine la municipalidad provincial respectiva y en el marco de las regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad competente del gobierno nacional.

5. Tasa de transporte público: Son las tasas que debe pagar todo aquél que preste el servicio público de transporte en la jurisdicción de la municipalidad provincial, para la gestión del sistema de tránsito urbano.

6. Otras tasas: Son las tasas que debe pagar todo aquél que realice actividades sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario, siempre que medie la autorización del Congreso.

Las tasas por servicios públicos o arbitrios se calculan dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar. Los reajustes que incrementan las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el ejercicio fiscal, debido a las variaciones de costo, en ningún caso pueden exceder el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que determine el Instituto Nacional de Estadística a Informática (INEI), aplicándose de la siguiente manera:

Las tasas por servicios administrativos o derechos no deben exceder el costo de prestación del servicio administrativo y su rendimiento se destina exclusivamente al financiamiento del mismo. Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo son exigibles al contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), conforme a lo dispuesto por el artículo 30° del Decreto Legislativo N° 757.

d) Licencia de Apertura de Establecimientos: Tiene vigencia indeterminada. Los contribuyentes deben presentar ante la municipalidad de su jurisdicción una declaración jurada anual, simple y sin costo alguno, de permanencia en el giro autorizado al establecimiento. Las municipalidades no pueden cobrar al solicitante de una licencia de funcionamiento por concepto de peritajes o similares.

La tasa por licencia de apertura de establecimiento es abonada por única vez, y no puede ser mayor a una UIT vigente al momento de efectuar el pago. Las municipalidades deben fijar el monto de la tasa en función del costo administrativo del servicio. En el caso de contribuyentes que estén sujetos al régimen del RUS la tasa por licencia de apertura de establecimiento no puede superar el 10% de la UIT.

El Título IV de la Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776 norma también acerca de los tributos nacionales creados a favor de las municipalidades. A continuación se indican cuáles son esos tributos así como sus principales características, considerando también sus respectivas modificaciones:

a) El Impuesto de Promoción Municipal: Grava con una tasa del 2% las operaciones afectas al régimen del Impuesto General a las Ventas y se rige par sus mismas normas.

El rendimiento del impuesto se destina al Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).

b) El Impuesto al Rodaje: Se rige por el Decreto Legislativo N° 8, el Decreto Supremo N° 009 92 EF y demás dispositivos legales y reglamentarios, con las modificaciones establecidas en la ley de tributación municipal.

El rendimiento de este impuesto se destina al FONCOMUN.

c) La Participación en Renta de Aduanas: Las provincias y distritos donde existen y funcionan aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, tienen derecho a percibir el 2% de las rentas que se recauden por esa actividad, como Participación en Rentas de Aduanas (PRA), constituyendo recursos propios.

d) El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo: Es de periodicidad anual, que grava al propietario o poseedor de las embarcaciones de recreo obligadas a registrarse en las capitanías de puerto que se determine por decreto supremo.

El rendimiento del impuesto es destinado al FONCOMUN.

Según dicha ley, cuando en el sistema tributario municipal se establezcan plazos en días, se entenderán referidos a días calendario. Asimismo, las municipalidades pueden celebrar convenios con una o más entidades del sistema financiero para la recaudación de sus tributos.

Marco normativo municipal básico

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Tue, 30 Mar 2010 17:17:00 +0000

En la actual Carta Magna del país, el tema municipal está considerado dentro de su Capitulo XIV, “De la Descentralización”. Esta denominación ha sido establecida mediante Ley Nº 27680 (publicada el 07.03.02), la misma que han introducido un conjunto de modificaciones al mencionado capítulo.
En el texto de la Constitución, la descentralización es entendida como una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país; además, que el proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Y, se establece la división del territorio de la República en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local.
El artículo 190° de la Constitución señala que las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. Mediante referéndum pueden integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región; igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional.
Según la norma constitucional-El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones; promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.
La estructura orgánica básica de esos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. El presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años, y puede ser reelegido; los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es revocable e irrenunciable, conforme a ley.
La Constitución precisa que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, y que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, que corresponden al Concejo Municipal las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la Alcaldía, las funciones ejecutivas. Además, se establece que las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable pero irrenunciable.
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, así como la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Y, son competentes para:
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.
3. Administrar sus bienes y rentas.
4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley.
5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.
6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.
7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
8. Desarrollar y regular actividades o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.
Se establece que son bienes y rentas de las municipalidades:
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
2. Los tributos creados por ley a su favor.
3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por ordenanzas municipales, conforme a ley.
4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley.
5. Los recursos asignados del FONCOMUN, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.
6. Las transferencias específicas que les asigne la ley anual de presupuesto.
7. Los recursos asignados por concepto de canon.
8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a ley.
9. Los demás que determine la ley.
De acuerdo con la Constitución la capital de la República no integra ninguna región y tiene régimen especial en las leyes de descentralización y orgánica de municipalidades; asimismo, las municipalidades de frontera tienen régimen especial en la ley orgánica de municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la Provincia de Lima.
Se señala expresamente, además, que las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local, asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú. De otro lado, se añade que los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que debe organizar un sistema de control descentralizado y permanente.
Finalmente, la Constitución dispone que los gobiernos regionales y las municipalidades formulan sus presupuestos con la participación de la población, y anualmente rinden cuenta de su ejecución.

LOS CAMINOS DEL DESARROLLO REGIONAL

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Descentralización fiscal y discrecionalidad presupuestaria.

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Thu, 03 Dec 2009 11:21:00 +0000

El concepto de descentralización fiscal, como parte del cuerpo teórico de la economía pública, busca determinar qué nivel de gobierno debe realizar qué función y cómo estas actividades deben ser financiadas.
Oates (1972) y Musgrave (1991) plantean que las funciones de estabilización y de distribución no son descentralizables, es decir, se asignan al nivel nacional.
Por otro lado, a pesar de que la asignación de bienes y servicios es realizada por el mercado, existen algunos que por sus características de no rivalidad y de no exclusión en el consumo (bienes públicos) solo pueden ser provistos por el gobierno (sector público). No obstante, para una asignación más eficiente es necesaria la participación de otros niveles además del nacional, ya que dichos bienes están en función de las características y de la cobertura de los mismos.
Estas ganancias de eficiencia también están vinculadas al principio de subsidiariedad que dice: “siempre que sea factible, los bienes públicos deberían ser provistos por el nivel de gobierno más bajo posible, la regla; de lo contrario, subsidiariamente, por el nivel inmediatamente superior, la excepción” (Macón 2002).
La teoría también muestra que, en este nivel, los costos para financiar dichos bienes públicos son asimilados con mayor facilidad por los contribuyentes de la jurisdicción que, al verse confrontados con los costos de niveles alternativos de servicios,
demostrarán sus preferencias votando por candidatos políticos rivales o trasladándose a otras circunscripciones subnacionales votando con los pies (Tiebout 1956). En este aspecto, la política pública regional y local puede aproximarse a la eficiencia del mercado en la asignación de los bienes públicos locales (regionales) fijando precios y confiando en el proceso político local (regional) y en la movilidad de los ciudadanos para equilibrar el mercado.
El financiamiento de los bienes públicos regionales incluye tres mecanismos: la asignación de fuentes propias de ingresos, el uso de las transferencias fiscales intergubernamentales y las posibilidades de uso del endeudamiento subnacional (Ebel 2000). En el primer caso, está la descentralización de las fuentes de ingresos tributarios. La teoría identifica como potenciales tributos subnacionales a aquellos donde el Gobierno Subnacional fija la tasa, la base, recauda y se beneficia del mismo.
Se debe tener en cuenta dos principios básicos a la hora de fijar la financiación subnacional: primero, las fuentes de ingresos propios deberían, por lo menos en las jurisdicciones ricas, ser capaces de financiar con su tributación propia a la provisión de bienes públicos que son consumidos por los residentes de la jurisdicción; y, segundo, en la medida de lo posible, los tributos subnacionales debería ser recaudados solo de los residentes de la jurisdicción y preferiblemente vinculados a los bienes públicos que se les provee. A su vez, estos deberían tener en cuenta tres cuestiones importantes: los tributos subnacionales no deberían distorsionar la localización de los recursos, se debe asegurar un esfuerzo fiscal subnacional y no se debe perder de vista la nivelación de aquellas jurisdicciones que no cubren sus necesidades de gasto con su propia recaudación (Bird 2000).
Es conocido que cuando los niveles subnacionales de gobierno tienen mayores fuentes propias de tributación para financiar sus gastos, el gasto del Gobierno Nacional tiende a ser menor y se consigue mayor eficiencia (Bird 2000). Asimismo, una auténtica descentralización fiscal implica que los Gobiernos Subnacionales se financien exclusivamente de sus propios tributos y posean total autonomía en el manejo fiscal que les compete. Por ello, una descentralización de las finanzas públicas, en la medida de lo posible, debe agotar, primero, un financiamiento vía tributación propia, antes de acudir a las transferencias.
Por lo general, el arreglo fiscal de un país descentralizado parte del supuesto de que las jurisdicciones subnacionales deben proporcionar bienes públicos en un nivel promedio, financiándolos y ejerciendo un nivel promedio de recaudación fiscal. No obstante, es común que existan jurisdicciones que no pueden proveer un nivel promedio de dichos bienes públicos, por lo que es necesario reducir estas desigualdades fiscales. Las transferencias fiscales intergubernamentales constituyen la herramienta más común utilizada por el Gobierno Nacional para cerrar estas brechas fiscales entre los ingresos y los gastos subnacionales (Raich 1999).
Otro factor para usar las transferencias es la búsqueda de una eficiencia asignativa, es decir, para corregir externalidades interjurisdiccionales en la asignación de recursos, neutralizando la presencia de spillovers.
No obstante, la excesiva dependencia de las transferencias por parte de los niveles subnacionales de gobierno produce, si estas no se han diseñado adecuadamente, efectos negativos en la conducta fiscal subnacional, lo que desincentiva tanto la correspondencia fiscal como el esfuerzo fiscal regional y/o local. El principio de correspondencia fiscal es un elemento clave para la descentralización de las finanzas públicas porque vincula a los gastos subnacionales con sus fuentes propias de ingresos.
De otro lado, las transferencias afectan el esfuerzo fiscal subnacional, lo que conduce a una situación denominada como tragedia de comunes. En ella, los Gobiernos Subnacionales relajan su recaudación propia, que implica altos costos políticos, y recurren a las transferencias como una fuente de ingresos fáciles. Es decir, no cubren el costo total de sus necesidades de gasto, y tienen que ser financiados con recursos de otros niveles del gobierno y/o con recursos de otras jurisdicciones, a través de transferencias fiscales. En grandes términos, esto afecta al gobierno general, pues la presión tributaria general no cubre los gastos gubernamentales generales.
Entonces, ¿por qué se usan las transferencias como mecanismo de financiamiento subnacional, sin antes agotar las posibilidades de un financiamiento propio? La respuesta puede estar asociada a que las transferencias intergubernamentales en la práctica son usadas simplemente por una razón política: asegurar un control del Gobierno Nacional sobre las actividades de los Gobiernos Subnacionales. Ello, evidentemente, no contribuye a lograr mayores ganancias de eficiencia a través de una descentralización de las finanzas públicas.
Los avances logrados en la descentralización política en el nivel regional necesitan ser compensados con sus equivalentes esquemas fiscales, que permitan no solo avanzar en la descentralización del sector público, sino también, principalmente, contribuir a mejorar la gobernabilidad en las regiones del país vinculando la provisión de bienes públicos con los procesos democráticos en el nivel subnacional.

LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO LATINO-AMERICANO: UN RETO IMPOSTERGABLE.

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Sat, 24 Oct 2009 12:48:00 +0000

A partir de la década de los ochenta, las economías latinoamericanas y del Caribe Iniciaron un amplio programa de reformas estructurales, en el que se destacan el avance de los procesos de descentralización y la profundización democrática, que colocan a las municipalidades como centro del debate respecto a la organización del Estado y, en particular, en la búsqueda de una mejor asignación de responsabilidades y recursos que promuevan una eficaz prestación de los servicios, especialmente los sociales.
Este proceso pasa por la distribución adecuada de responsabilidades del sector público entre los distintos niveles de gobierno, cada uno de ellos con sus propias ventajas en la provisión de servicios y realización de actividades tendientes al mejoramiento de la calidad de vida; por la asignación de fuentes estables de ingresos que permitan a las localidades asumir los roles encomendados; y, en últimas, incrementar la efectividad del mismo sector público en su conjunto.
Si bien la descentralización plantea grandes expectativas y potencialidades para el fortalecimiento del desarrollo municipal, también plantea serios desafíos y retos comunes a la mayoría de los países de la región, que enunciamos a continuación.

1. Promover una mayor eficacia y transparencia de los gobiernos locales
Son indiscutibles los argumentos de eficiencia económica y social, y la posibilidad de desarrollo político que ofrece la descentralización: proporciona una vía para mejorar la prestación de servicios del Estado y mejorar los sistemas de información, dada la cercanía entre los prestadores de servicio y los beneficiarios.
Es importante reconocer que se trata de un proceso saludable que ha ganado terreno en las prácticas de muchos gobiernos, a la vez que de manera reciente y con bastantes dificultades, empieza a ganar terreno en las discusiones gubernamentales y legislativas de los países del Istmo Centroamericano y del Caribe.
El argumento descentralizador lleva hasta el nivel de la misma entidad prestadora, dado que allí se valida el argumento de eficiencia por efecto de la cercanía entre el prestador y el receptor del servicio, sea la escuela o el centro de salud, más allá que el mismo municipio.
Por tanto, en este terreno es importante tener buenos mecanismos para evaluar si efectivamente se están cumpliendo los propósitos económicos, sociales y políticos que se persiguen con el proceso de descentralización. A través de adecuados sistemas de seguimiento y evaluación del proceso y la promoción de una rendición de cuentas transparente y efectiva (accountability). Es urgente desarrollar mecanismos operativos que permitan medir la eficiencia en la prestación de los servicios estatales, la forma cómo se están promoviendo los instrumentos de participación ciudadana y cómo se está contribuyendo a mejorar la equidad en los países.

2. Avanzar en equidad del gasto público descentralizado
A pesar de la heterogeneidad de los procesos, la experiencia reciente de América Latina permite afirmar que los resultados en términos de equidad hasta el momento son preocupantes frente a las expectativas iniciales. De hecho, las localidades con mayor capacidad fiscal tienen un desarrollo mayor que las localidades de menor capacidad fiscal.
Por tanto, es claro que una función principal en un adecuado sistema de transferencias no solamente debe ser la redistribución de ingresos sino también la capacidad de gestión.
El principal apoyo de las entidades nacionales a través de sus programas y proyectos de fortalecimiento local debe dirigirse a las municipalidades como organizadoras de servicios, y en particular hacia áreas geográficas rezagadas, por medio de un seguimiento permanente del proceso de descentralización. Esperamos que esto genere mayor equidad regional en los países.
Desde la perspectiva territorial, la localidad cuenta con mayor información real para la priorización de inversiones, como grandes responsabilidades hacia el futuro: la administración de la prestación de servicios sociales para alcanzar mayor eficiencia y una focalización más directa del gasto público hacia los sectores poblacionales más deprimidos: es decir, mayor equidad social.
Finalmente, desde la comunidad se espera que la apertura de espacios reales de participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y seguimiento de las decisiones sobre las estrategias concertadas para el desarrollo, contribuyan a la equidad en el gasto y fundamentalmente a la democratización de la sociedad.

3. Garantizar una mayor autonomía y responsabilidad fiscal local
La práctica latinoamericana muestra que las municipalidades vienen recaudando una pequeña proporción de los ingresos a través de los recursos propios, lo que refleja la fragilidad de las finanzas locales y la alta dependencia de las transferencias. Por ejemplo, en la experiencia de Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, entre otros, los ingresos propios en promedio constituyen alrededor de la mitad de los ingresos totales y las transferencias representan el porcentaje restante.
Esta situación amerita la necesidad de lo que podríamos llamar un nuevo pacto fiscal a nivel territorial, que promueva una situación financiera más sólida y sostenible frente a las mayores responsabilidades que vienen teniendo estos niveles. En otros términos, un proceso de descentralización sostenible requiere tanto de una adecuada asignación de competencias como de esquemas de financiamiento basados en una mayor responsabilidad fiscal por parte de las localidades.
La dirección de las reformas debe apuntar a una mayor autonomía de las municipalidades para que generen sus propios ingresos en función del juego político entre el gobierno local y los ciudadanos, que demanda de éstos su apoyo político. Dentro de un proceso de descentralización, este sistema genera una economía política y una eficiencia económica mucho más satisfactoria que un sistema basado en la excesiva dependencia de las transferencias intergubernamentales.
Los países del Istmo Centroamericano establecen constitucionalmente la autonomía de las municipalidades, aunque en la práctica esto contrasta con el marco restrictivo (en algunos de ellos hasta inexistente) que en materia impositiva no permite un mínimo poder tributario local.
Para no confundirnos, es poco lo que una localidad puede hacer en materia tributaria, por loa inexistencia de facultades y por lo falta de aplicación de diversos impuestos eminentemente locales por naturaleza. Por ejemplo, El Salvador no cuenta con un impuesto inmobiliario, uno de los principales tributos del financiamiento local latinoamericano. Y aunque en República Dominicana está previsto a nivel nacional, su recaudación es prácticamente mínima.
Complementariamente, se aprecia una notoria rigidez en el sistema tributario local basado en tarifas impositivas uniformes y fijadas centralmente, en muchos casos con valores fijos y
desactualizados, que en su conjunto contribuyen a la baja presión tributaria local existente en la mayoría de países del Istmo y del Caribe. Recordemos, a manera de ejemplo, que los gobiernos locales de países como El Salvador y la República Dominicana tienen una presión tributaria con valores cercanos a cero.
Reforzando lo anterior, la estructura tributaria local de varios países de la región continúa siendo bastante precaria, con excesivos tributos carentes de una capacidad recaudatoria significativa, obsoletos y difíciles de administrar. Es el caso de Paraguay con 40 gravámenes y República Dominicana que tiene cerca de 70 tributos locales, la gran mayoría
de ellos (90%) de muy bajo potencial recaudatorio.
No obstante la debilidad de los códigos tributarios, en los últimos años se han promovido propuestas de simplificación y modernización en la administración tributaria local, que empiezan a tener mayor importancia en las discusiones gubernamentales.
En Nicaragua han primado fundamentalmente los principios de autonomía y autofinanciamiento de las municipalidades. En este país los impuestos locales tienen el mayor peso en la estructura de ingresos de toda la región latinoamericana. Mientras en Brasil o Colombia, los impuestos pesan el 23 % y 35 % respectivamente, en Nicaragua esta cifra promedia el 67 %. Esto no significa que los recursos sean suficientes y estén en mejores condiciones para enfrentar las crecientes necesidades de gasto local.
En síntesis, la descentralización fiscal resulta poco efectiva si las municipalidades no cuentan con los recursos adecuados que les permitan adelantar de manera responsable la provisión de los servicios asumidos.
El fortalecimiento de los ingresos propios a nivel local no solamente requiere modernizar la administración tributaria vigente, especialmente la de sus principales impuestos. Ya que el impuesto inmobiliario, las patentes industriales, comerciales y de servicios, y el gravamen a
los vehículos automotores, representan aproximadamente el 70 % del total de la recaudación municipal en los países de la región.
También demanda incentivar mayor creatividad financiera para promover la canalización de nuevos recursos, incluyendo la misma movilización de capitales privados a la financiación de la infraestructura municipal. Es el caso de las contribuciones de mejoras y de los contratos de concesión, instrumentos poco utilizados y todavía por explotar en las ciudades de la región. En la experiencia de los países del Istmo es bastante reducida su utilización y participación en la estructura del financiamiento local.

4. Asegurar una mayor prudencia y disciplina fiscal a nivel local
El principal motivo por el que un grupo importante de economistas desconfía de la descentralización hace referencia a los peligros y riesgos que ella ofrece. Aquí la pregunta no es si se debe dar prioridad al control macroeconómico, sino cómo se diseñan instituciones que hagan compatibles los beneficios de eficiencia económica, social y política de la descentralización con un adecuado control macroeconómico.
En este contexto, es necesario reconocer que para países como Brasil y Argentina, el tema del endeudamiento territorial se convirtió en el núcleo del problema del equilibrio macroeconómico, situación bastante diferente a la de los países del Istmo Centroamericano y del Caribe.
Respecto a esta materia y dada la experiencia de la región, no queda la menor duda que es necesario desarrollar instrumentos que permitan controlar el nivel de endeudamiento de las entidades territoriales. En otras palabras, se necesitan unas reglas ex-antes mucho más claras que establezcan límites al endeudamiento territorial.
En este sentido, en América Latina ya se han venido desarrollando algunas experiencias interesantes. En Colombia recientemente existe un sistema de evaluación que permite definir la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales, conocido como “sistema de semáforos”. Este sistema se alimenta con información sobre la relación del nivel de endeudamiento y los ingresos corrientes de la respectiva entidad, o el servicio de la deuda y su ahorro operacional.
En los países del Istmo Centroamericano es interesante discutir este tipo de desarrollo legal, ya que el tema del crédito y su utilización es bastante incipiente. No se trata de forzar el acceso a estos recursos, bastante limitados por la misma debilidad en la capacidad de ahorro de buena parte de las municipalidades del Istmo, sino contemplarlos con su adecuada reglamentación y uso responsable como parte integral del financiamiento local.

5. Rediseñar las transferencias intergubernamentales; Una tarea aún pendiente
Los sistemas de transferencias intergubernamentales en América Latina, generalmente han sido evaluados como poco óptimos desde el punto de vista económico y político debido a la rigidez en su diseño y ausencia de adecuados incentivos.
Aunque es un tema prioritario en la región, su desarrollo es débil y reciente en los países del Istmo (El Salvador y República Dominicana dependen bastante de esta fuente de recursos, entre los países del estudio). El rediseño de las transferencias debe incorporar nuevos criterios que tomen en cuenta tanto factores de distribución del ingreso y la pobreza, como de costo de los servicios, esfuerzo fiscal local y eficiencia administrativa.
La situación de los países del Istmo se caracteriza por la presencia de lo que hemos llamado fuertes desequilibrios fiscales horizontales (entre municipalidades) que justifican plenamente un esfuerzo para diseñar un sistema de transferencias que reduzca la injerencia política (caso de Costa Rica) y discrecionalidad del nivel central (caso de El Salvador).
Estos aspectos atentan contra la autonomía local y la promoción de mayor transparencia y estabilidad en su determinación y criterios de distribución, cuyo propósito fundamental es corregir las desigualdades socioeconómicas a nivel territorial y las disparidades entre las bases impositivas municipales al interior de los países.

6. Adoptar una mayor voluntad y compromiso político con la descentralización
La descentralización como proceso eminentemente político debe contar con un claro marco constitucional y legal, y requiere la profundización de una cultura descentralista. Es decir, se requiere la construcción de un nuevo acervo cultural basado fundamentalmente en la “confianza” entre los distintos niveles y actores del proceso.
En la práctica los niveles centrales desconfían de la capacidad de las localidades para resolver sus problemas y actúan exclusivamente de manera sectorial. Igualmente, en ciertos casos las municipalidades no se articulan y actúan con recelo frente al nivel central.
¿Cómo superar esta crisis de confianza que existe en nuestros países? Sin duda no puede resolverse con la simple expedición de normas y leyes, requiriendo transformaciones sustanciales que garanticen un Estado moderno y participativo. Es fundamental contar con programas de fortalecimiento de la gestión local y del recurso humano que aseguren un mayor compromiso con el proceso.
En las recientes Cumbres de Presidentes de América Latina y el Caribe y en sus propias reuniones, los mandatarios del Istmo Centroamericano han manifestado su apoyo a la descentralización como una de las estrategias de fortalecimiento de los gobiernos locales.
Sin embargo, es fundamental asegurar que ello no sólo se refleje en discusiones gubernamentales y legislativas sino que realmente se traduzca en un serio compromiso político con los ajustes y recomendaciones que deberán promoverse en las respectivas agendas gubernamentales.
En síntesis, en los países mencionados existe cierta voluntad política y una actitud más sensible pero igualmente prudente (por no decir temerosa) de profundizar el debate sobre el
proceso descentralista. Obviamente en cada país hay instituciones y sectores fuertemente comprometidos con las discusiones gubernamentales y legislativas, y en el apoyo técnico a las municipalidades.

7. Promover la cooperación y difusión de las mejores prácticas
Los países de la región han tratado de asumir una actitud de mayor pragmatismo frente a los avances del proceso, adoptando distintas prácticas para encarar muchas de las dificultades mencionadas.
Pero quizás éstas no han sido tan difundidas como los mismos problemas, razón por la cual es importante darles un realce especial. Es evidente que estas mejores prácticas han abordado los distintos campos de la problemática, comprendiendo en el plano financiero diferentes opciones que han promovido la modernización y fortalecimiento de la tributación local, y la aplicación de nuevas fuentes de ingresos que movilizan capitales privados al desarrollo local. En términos generales, un mayor esfuerzo de autofinanciamiento local.
De otra parte, la incorporación de una mayor racionalidad de los mecanismos de transferencias intergubernamentales.
Igualmente se viene observando esquemas de participación comunitaria que promueven mayor responsabilidad e injerencia efectiva de las comunidades en la fiscalización o control social del gasto, y finalmente, regulaciones al endeudamiento territorial tendientes a minimizar los posibles efectos macroeconómicos.
Sin duda, este conocimiento es un elemento básico que deben aprovechar países que recién comienzan sus debates (Paraguay, Venezuela y la mayoría de países del Istmo Centroamericano), mediante el intercambio y la difusión de experiencias exitosas entre las municipalidades de los países de la región.
En este aspecto, la cooperación técnica entre países es un campo de reciente actualización y de gran demanda en los países de la región, lo que amerita una apertura a la discusión.
Además resulta esencial la asistencia que pueden brindar las agencias y organismos internacionales activamente vinculados al tema.
A manera de síntesis, el avance de la descentralización en la región y la experiencia lograda hasta el momento (me refiero a éxitos y fracasos) es un gran activo que se tiene y se puede potencializar aún más a través de la cooperación técnica.
Asimismo, la experiencia de varios países permite afirmar que existen riesgos que se deben tener presentes, entre otros el deterioro en la calidad de los servicios, el clientelismo político, la baja capacidad administrativa y técnica de los gobiernos locales, los posibles impactos macroeconómicos. Sobre ellos debe trabajarse desde diferentes frentes para fortalecer institucionalmente a las localidades.

A MODO DE REFLEXION FINAL
Las municipalidades de la región latinoamericana y del caribe tienen que afrontar en los próximos años el desafío de lograr una mayor cobertura y calidad de los servicios básicos.
El camino no es fácil. Una premisa primordial para ello es la mayor responsabilidad fiscal y política de las localidades manifiesta en una modernización tributaria y mayor esfuerzo fiscal local, un mejoramiento de los sistemas de transferencias, un uso responsable de los recursos del crédito y una efectiva fiscalización del gasto.
Los aspectos mencionados son, entre otros, la base para una mayor eficiencia y efectividad de la gestión pública y significa avanzar particularmente en los frentes institucionales y de administración del proceso, acompañados de un mayor grado de consenso en su implementación y voluntad política. Es decir, un nuevo pacto fiscal a nivel local.
Finalmente, el fortalecimiento del municipio centroamericano y del Caribe es un proceso todavía por afinar y profundizar, sus logros son modestos en algunos aspectos e insuficientes en otros. Por tal motivo, estas reflexiones pretenden enriquecer el debate, identificar claramente los tópicos importantes y generar recomendaciones de políticas en el planteamiento de una agenda de trabajo para los próximos años.

Gestión municipal y desarrollo sustentable

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Mon, 05 Oct 2009 14:18:00 +0000

Por: Patricia Gillezeau B.
En el último decenio, el desarrollo local, ha sido la respuesta de las localidades y regiones a los grandes desafíos que se les presentan, así como a la insuficiencia de los modelos tradicionales de desarrollo, a la Reforma del Estado, y la descentralización, proponiéndose salidas a la movilización del capital, a las dinámicas territoriales, nuevas formas de acumulación, nuevos enfoques de exploración del crecimiento, nuevas fuentes de empleo, valorización de recursos endógenos, entre otras.
Estos procesos se conforman como mecanismos dinamizadores para impulsar la capacidad emprendedora local y mantener viva a la comunidad y sus identidades culturales, lo que conduce según Arocena (1995), al camino que va desde lo cultural a lo económico, donde convergen la necesidad de crear riqueza y salvaguardar los recursos naturales; la urgencia por generar empleos y responder a las necesidades esenciales de la población.
Según Di Pietro (2001), no existe una definición de desarrollo local única ni excluyente, por lo que presenta algunas consideraciones al respecto; la de Boisier quien señala que existe una confusión en su significación, ya que es una práctica sin teoría y tiene por lo menos tres puntos de origen: como respuesta a la crisis macroeconómica y al ajuste de los países, por otro lado como dialéctica global/local, y en última instancia, como una expresión lógica de regulación horizontal. Por su parte Vásquez, lo define remarcando el aspecto económico y de alianzas entre sectores.
Además, Coraggio (1999) señala, que todo proceso de desarrollo local debe sustentarse desde la perspectiva de condiciones endógenas e integrales, que movilicen los recursos económicos sin desmejorar el ambiente, las capacidades y las voluntades individuales y colectivas de la sociedad local, generando un espíritu de dinamismo, innovación y de expectativas para lograr que los cambios deseables sean posibles.
De ahora en adelante todo proceso, esta insertado en lo local, entidad subnacional de análisis, planificación y acción (Di Pietro, 2001), como se ha señalado el municipio y sus ciudades se constituyen en el nuevo escenario de acción con autonomía y legitimación democrática, es ahora el agente natural de desarrollo, que requerirá de una serie de relaciones, comportamientos, pautas y convenciones comunes articuladas por lo actores que lo conforman para poder enfrentarse a lo universal desde su propia especificidad.
Hoy día, el desarrollo local se visualiza como un mecanismo de mejoramiento de la autonomía económica-social local en apoyo de su autonomía política. Razón por la cual, se considera, al municipio en posición privilegiada para crear y estimular el desarrollo económico social, por lo que se hace vital la integración y participación de las comunidades dentro de la deliberaciones y acciones a tomar (Manual de la Federación de Municipios, 1999).
Es fundamental que debido a los cambios que atraviesa el mundo, el municipio se organice y planifique sus acciones, no puede dejarse al azar el desarrollo de los pueblos, ya que esto asegura que la comunidad prepare su plan, pueda alcanzar las metas, y lo más importante, conozca los recursos disponibles para la implementación de las acciones ha seguir, ello permitirá, sin lugar a dudas, la posibilidad de establecer responsabilidades y el aseguramiento de resultados exitosos.
De esta forma se puntualiza entonces que el Municipio se ha revalorizado, pasando de un rol pasivo, como prestador de servicios, a un rol activo, como gestor de entornos innovadores, convirtiéndose además, en EL nuevo centro de poder y decisión, esto como consecuencia de las reformas del Estado y el proceso de descentralización acontecido en casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe.
La descentralización, entendida como un proceso de distribución del poder desde el centro hacia la periferia, coadyuva a que las colectividades territoriales asuman su propio destino (Velásquez, 2001), casi veinte años después de su inicio, ha sido un proceso incoherente e inconsistente, ya que en la mayoría de los casos, aparece como una coexistencia de patrones tradicionales y modernos de la regulación estadal y del aseguramiento de la legitimación, sin un planteamiento uniforme de objetivos. Sin embargo, ofrece indudables perspectivas para consolidar y enriquecer una nueva calidad de gobernabilidad, ya que permite, como se ha señalado y argumenta Alburquerque (2001), otorgar competencias, recursos y responsabilidades a las diferentes instancias territoriales, además de la movilización de los actores sociales implicados en los procesos, que todo ello está referido a la teorización sobre este estilo de desarrollo, a lo deseable.
En consecuencia, a pesar de los pesares, no debe olvidarse que para el buen éxito y desenvolvimiento de estos procesos locales, la descentralización de servicios y responsabilidades gubernamentales hacia los niveles regionales y locales, acompañada de una asignación adecuada de fondos, es una meta central fundamental de los procesos requeridos para las reformas del Estado. Al mismo tiempo y tomando en cuenta la naturaleza endeble del proceso de democratización de los países latinoamericanos, esta puede abrir la caja de Pandora y crear espacios de maniobra y acceso a recursos para las elites y grupos de intereses tradicionales (Vellinga, 1998).
En este sentido se presenta la opinión de Gómez (2002) quien aduce que este proceso se traduce en una forma de transferencia y redistribución de poder político y económico mundial asociado al reordenamiento del sistema económico mundial y a la inserción de las economías regionales a este sistema, mediante la adopción de esquemas de economías de mercado neoliberal. En otro sentido, sigue planteando el autor, la descentralización también ha sido entendida como una vía para el avance de la democratización de estos poderes, ya que permite la realización de cambios institucionales y la participación de la sociedad civil en la esfera pública.
Sin lugar a dudas, la descentralización constituye una de las ideas-fuerza que ha acompañado los intentos de modernización y reforma del Estado en América Latina en las últimas décadas.
En este mismo orden de ideas, debe señalarse que un elemento fundamental de estos procesos e inherente a la descentralización, que no puede olvidarse, es la participación, ya que es el instrumento que canaliza la demanda social, es el complemento de los mecanismos de representación y de apertura de espacios para que los ciudadanos intervengan directamente en la toma de decisiones, es una forma de acción individual o colectiva que implica esfuerzo racional e intencional de un individuo o un grupo, en busca de logros específicos a través de una conducta cooperativa (Velásquez, 2001).
Para Kliskberg (2002), la participación se ha convertido en el centro del escenario del desarrollo, el autor refrenda esta aseveración señalando, que la participación de la comunidad cambio radicalmente los logros de las metas de los proyectos, dando resultados concretos y superiores a los esquemas tradicionales. La comunidad puede ahora desarrollar el sentimiento de propiedad de los proyectos a través de su participación, ello movilizará sus energías y esfuerzos para que los proyectos avancen y se fortalezca la posibilidad de sostenibilidad.
Finalmente, podría señalarse que la participación se ha convertido en un imperativo, una condición de supervivencia, en un instrumento que le abre la dignidad y las posibilidades al desarrollo, o simplemente como lo reseña Iglesias (2002, citado por Kliskberg la participación implica devolver a la población un derecho que le pertenece.
Además de estos elementos pueden sumarse los presentados por Edil (2001) que en cierta medida coliden con lo expuesto.
Tomando en consideración lo expuesto podría señalarse que el desarrollo de los países si se acoge a esta alternativa, tendría rasgos diferentes a la visión meramente económica, entre los que destacarían: - Valoración de las sociedades, así como los esfuerzos intentados por suscitar en los dominios económicos, sociales y culturales. - Autonomía de las decisiones y la investigación de los modelos endógenos propios a cada contexto histórico, cultural y ecológico. - Satisfacción de las necesidades humanas. – Importancia de la participación en la redistribución de los beneficios del desarrollo.
Y marcaría una transición entre las tradicionales estrategias y las que pautan el desarrollo equitativo y prudentemente ecológico, reconciliando a la humanidad con la naturaleza a fin de responder a las cuestiones claves que conciernen a la condición humana. Vista así, esta forma de planificación del desarrollo puede definirse como progente, proempleo y Pronaturaleza, dando alta prioridad a la reducción de la pobreza, al incremento del empleo productivo, a la integración social y a la regeneración ambiental, y por ende, a la reforma del Estado.

Los presupuestos participativos en América Latina: de la legitimación social a la legalización institucional

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Tue, 29 Sep 2009 14:57:00 +0000

Jaime Vásconez / Miguel Angel Bossano
Centro Internacional de Gestión Urbana, CIGU

A finales de la década de los años ochenta, algunos municipios de ciudades de Brasil iniciaron procesos de carácter experimental para que la ciudadanía pudiese participar de manera directa en la toma de decisiones sobre el destino de una parte de los recursos disponibles en sus presupuestos institucionales.
Tales procesos –entre los cuales se distinguió desde el inicio el de la ciudad de Porto Alegre, tanto por la jerarquía de esa ciudad como por la radicalidad de su experienciano fueron fruto de la casualidad, sino oportunas y bien pensadas iniciativas encaminadas a fortalecer el renacimiento de la democracia brasileña, luego de los duros años de dictadura militar que sufriera ese país sudamericano.
En poco tiempo, esas iniciativas precursoras se replicaron en otras ciudades del Brasil y paulatinamente también han sido imitadas por municipios de otros países de América Latina. Al inicio del presente siglo, ya algunas ciudades europeas habían emprendido procesos similares en sus propias localidades. En un estudio efectuado en el año 2004 y actualizado en el 2005, un reconocido especialista internacional en el tema, Yves Cabannes,2 analiza doce procesos de presupuesto participativo desarrollados en ciudades del Brasil; a los que suma otros doce de ciudades de Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México y El Salvador, siendo significativo que también se incluyeran otros seis procesos en funcionamiento en ciudades de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Ese tipo de decisiones no es tampoco simple coincidencia. Entre otros muchos aportes, es generalizada la percepción de que el presupuesto participativo es un mecanismo útil para afianzar los lazos sociales y para mejorar la gobernabilidad local, por la vía de fortalecer y vigorizar la democracia; que es un procedimiento idóneo para enfrentar la pobreza y la inequidad social y que, por otra parte, contribuye notablemente a transparentar la gestión y promover la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos y es, por tanto, un mecanismo para mejorar el funcionamiento del sector público, aparte de que resulta ser un buen antídoto contra la corrupción.
Se reconoce que una de las virtudes del presupuesto participativo es su flexibilidad y capacidad de adaptación a las realidades de muy diversos contextos: Se practica por igual en pequeñas localidades rurales o en grandes conglomerados urbanos; en las viejas, ricas y consolidadas ciudades europeas o en los recientes, precarios y extremadamente pobres asentamientos humanos del mundo en desarrollo. En realidad, ello se puede atribuir en gran medida al hecho de que no se trata de una teoría acabada, ni de una doctrina sometida a normas inexorables, sino más bien de un conjunto de procesos de carácter experimental, sujetos a unas pocas reglas de juego comunes, que por cierto los actores sociales involucrados están en capacidad de modificar periódicamente, a partir de las lecciones que genera y acumula la experiencia práctica. Un factor que explica esa virtud, al menos en muchos países de América Latina, es que en esa región la autonomía de los municipios fue tempranamente reconocida, desde el propio período colonial y se ha consolidado firmemente en la estructura institucional de la región. En efecto, es común a los gobiernos locales de los países latinoamericanos su capacidad de legislar, mediante reglamentos y ordenanzas locales, el funcionamiento de la gestión de sus jurisdicciones, aunque usualmente también deban someterse a los procedimientos y mecanismos de seguimiento y control que ejercitan las instancias superiores de gobierno. Según Cabannes (op.cit. 2005) el funcionamiento de los presupuestos participativos en las ciudades de Brasil se encuentra usualmente fundamentado en un simple reglamento, que expide y que periódicamente modifica el propio municipio, sin que aparentemente se requiera contar con adicionales soportes de carácter legal o normativo.
Algo diferente ocurre, según lo señala Cabannes, en las ciudades hispanoamericanas que han adoptado el presupuesto participativo. En ellas, parece ser inevitable la expedición de una ordenanza - acompañada del reglamento operativo para su aplicación- que debe ser discutida y aprobada por el cuerpo legislativo municipal para que tenga vigencia y validez legal dentro del territorio municipal. Ese requisito es, por lo visto, indispensable no solo para normar el funcionamiento del proceso de presupuesto participativo, como en el Brasil, sino también para conferirle validez legal.
Adicionalmente, ello también tiene el propósito de dar sustentabilidad futura al proceso, puesto que una ordenanza tiene fuerza de ley en el contexto local y solo puede ser derogada por una decisión del propio Cuerpo Legislativo Municipal. De ese modo, se procura evitar que un cambio de orientación política del ejecutivo municipal de pie atrás en el ejercicio del presupuesto participativo, como ya ha ocurrido en algunas ciudades brasileñas que incluyen, entre otras, a la de Sao Paulo.
Bien es verdad que la posibilidad de derogar una ordenanza de presupuesto participativo, como cualquier otra, es también posible y puede ser adoptada, pero presumiblemente el que ello no haya ocurrido hasta ahora -salvo en casos excepcionales- es resultado de lo costoso que puede ser en términos políticos, adoptar una resolución para abolir ese espacio de participación ciudadana. Posiblemente por ello, con mucha mayor frecuencia se adoptan estrategias que lo que en la práctica hacen es restringir y reducir la significación, la magnitud o el carácter del presupuesto participativo, pero sin suprimirlo por completo.
No se tiene registro alguno, al menos hasta el presente, de que una intervención de una instancia superior de gobierno o de un organismo regulador o de control de jerarquía nacional, hayan objetado el ejercicio del presupuesto participativo por infringir normas legales superiores. Por el contrario, son varios los casos en los que la participación ciudadana esta explícitamente reconocida al más alto nivel, tal como ocurre en varias de las Constituciones de los países de América Latina incluyendo, por ejemplo, el Ecuador, país en el cual la Ley Orgánica de Régimen Municipal dispone expresamente que ninguna función del Estado, ni otras autoridades ajenas a los municipios, podrá derogar, reformar o suspender la ejecución de las ordenanzas, reglamentos, resoluciones o acuerdos de las autoridades municipales, corroborando de ese modo el grado de autonomía jurídica que poseen los gobiernos locales.
En ese sentido, se diferencia claramente el caso del Perú. Durante el período de gobierno del presidente Fujimori, este país adoptó una política profundamente centralista que, con el pretexto de eliminar la oposición política, en la práctica liquidó la autonomía municipal, reduciendo a un mínimo las competencias -y los recursos municipales.
Como reacción, cuando ese período gubernamental terminó, en el año 2003 el Congreso de la República discutió y aprobó una Ley Nacional que determina que todos los gobiernos provinciales, distritales y municipales del país deben, de modo obligatorio, efectuar procesos participativos para la aprobación de sus presupuestos institucionales.
En la práctica, esa decisión ha generado varios problemas, pero al menos por ahora sigue siendo aplicada. La experiencia acumulada en varios municipios precursores del presupuesto participativo en el Perú (Villa el Salvador, Ilo, entre otros); el entusiasta apoyo de numerosos organismos no gubernamentales; la conformación de redes asociativas para impulsar el proceso, las cuales en la actualidad se encuentran agrupadas en la denominada “Red-Perú” y una notable producción de textos conceptuales, metodológicos, materiales de diseminación y capacitación, han permitido que ese país lidere, en términos cuantitativos, el ejercicio de los presupuestos participativos, con más de mil quinientos procesos en funcionamiento.
Es posible que este caso excepcional pueda replicarse en el futuro en otros países.
En efecto, muchas de las experiencias que en la actualidad se hallan en funcionamiento tanto en América Latina como en otras Regiones, han sido iniciadas, por vía experimental, en ámbitos restringidos, con recursos limitados, involucrando solo una parte de las competencias municipales, a solo algunas de sus unidades operacionales y únicamente a determinados actores urbanos. Posteriormente, extraídas y procesadas las lecciones de esos iniciales ensayos, los procesos han podido cambiar de escala, de modo paulatino y sucesivo a lo largo de varios años, hasta abarcar todo el territorio municipal, involucrar a toda la población, incidir en la totalidad -o al menos en una parte sustantiva- de los recursos presupuestarios disponibles y considerar todas las competencias y responsabilidades institucionales.
Existen suficientes evidencias que demuestran que, en muchas experiencias, el mismo tipo de lógica de crecimiento progresivo ha sido aplicado desde la perspectiva institucional, administrativa, operacional y también jurídico-legal.
En cuanto al marco jurídico – legal, en América Latina parece que ha llegado a adquirir preponderancia una corriente de la práctica del Derecho que considera que ideas como las que se examinan en el presente texto, es decir la participación ciudadana, el presupuesto participativo, la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos, etc. deben ser en primera instancia experimentadas en la práctica para que puedan convertirse luego en un pensamiento concreto y ejecutable, que defina un norte o una línea de orientación a seguirse. Para que ese pensamiento sea construido de modo consistente y coherente, esa corriente recomienda articular en su formulación tanto a quienes han estudiado desde el punto de vista teórico la temática a ser intervenida, como también a quienes han tenido oportunidad de desarrollarla en la práctica. Un pensamiento constituido de ese modo, incorporando el rigor académico y la riqueza de la experiencia, no solo se beneficia del amplio repertorio de los específicos enfoques de múltiples disciplinas, sino que hace suya toda la creatividad y capacidad de innovación que nacen de la práctica.
Establecida de ese modo inclusivo la dirección del pensamiento, puede transformarse en primera instancia en una política local y paulatinamente llegar a convertirse en una política de Estado. El disponer de una herramienta innovadora de gestión pública como el presupuesto participativo, por ejemplo, puede ser asumido como un aporte sustantivo al ejercicio de su mandato por las autoridades y los legisladores locales cuando son suficientemente perceptivos y poseen la voluntad política necesaria para adecuar la estructura de la entidad a su cargo, involucrar en su ejercicio a todas las instancias del aparato institucional y promover su desarrollo en el seno mismo de la colectividad, a fin de asegurar la aplicación de esa política.
Políticas de esa naturaleza, desarrolladas de manera clara, definida, bien sustentada y estructurada, mediante un pensamiento innovador, inclusivo e integral, que se han nutrido de las lecciones de la experimentación, a su vez dan origen a normas legales consistentes, ejecutables y pertinentes, que forman parte del proceso de cambio y de innovación de la cultura y lo promueven, en vez de oponerse al mismo. Mientras más inclusivo sea el proceso de formulación del marco legal, más cercano estará de ser exitoso y apropiado para satisfacer las expectativas y demandas de la población.
En definitiva, lo que ello plantea es que toda norma legal debe nacer al final de un proceso inclusivo, de experimentación práctica y de construcción de pensamiento teórico y que debe incorporarse a la cultura social, a la cual contribuye a reforzar. Tal orientación es tanto más necesaria cuando se trata, como en este caso, de una cultura que propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la administración de los recursos públicos. Desde esa perspectiva, la norma legal debe convertirse en el factor detonante de los cambios culturales, políticos e institucionales que precisa el conjunto de la sociedad para su desarrollo y, por otra parte, también se constituye en su más sólido sustento y garantía de permanencia, puesto que aporta lo que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho, la seguridad jurídica.
Por ahora, en la mayoría de los países de América Latina la participación ciudadana en general esta planteada en un conjunto de normas dispersas, algunas de las cuales se hallan explícitamente consagradas en las propias Constituciones Políticas de cada país, pero sin que se lleguen a plantear de modo sistemático y específico, salvo en casos excepcionales como el ya mencionado de la Ley de los Presupuestos Participativos de la República del Perú.
En efecto, en muchas de las Constituciones vigentes en América Latina se establecen los derechos políticos de los ciudadanos, entre los que se mencionan el derecho a elegir y ser elegidos; a presentar proyectos de ley a las instancias legislativas nacionales; a ser consultados; a fiscalizar actos de los órganos de poder político; a revocar el mandato que se confiere a los dignatarios de elección popular, etc. Tales preceptos constituyen el soporte constitucional que sustenta los mecanismos de participación ciudadana desde la perspectiva legal.
Asimismo, si bien las normas constitucionales de los países de la Región han consagrado el ejercicio de la democracia como el derecho de las y los ciudadanos a elegir o postularse a ser elegidos a diversas dignidades - en varios casos condicionando esa posibilidad a la necesidad de estar afiliado o al menos contar con el patrocinio de un partido político reconocido- hasta hace relativamente poco tiempo tampoco clarificaban o aludían a otras formas alternativas de ejercicio de la participación ciudadana, aparte de la que implica la elección popular de dignatarios.
En cuanto a los gobiernos locales o seccionales, es también reciente que en sus legislaciones en América Latina incorporen normas expresas para establecer formas de control social y de rendición de cuentas de esas entidades y sus autoridades.
Inclusive en casos en los que no existen expresas disposiciones legales para el establecimiento de sistemas de rendición de cuentas, existen municipios que han expedido ordenanzas que contienen mecanismos interesantes para cumplir con tales principios, a pesar de que, dentro de la lógica jurídica convencional, para la expedición de ordenanzas locales, que son instrumentos jurídicos de jerarquía reglamentaria, es necesaria la existencia previa de una Ley de carácter general, en la cual se sustenten las disposiciones locales.
Es evidente que aquellos municipios que han desarrollado procesos de participación que involucran a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el empleo de los recursos públicos, son los que han llegado a una mayor profundización en la búsqueda de mecanismos idóneos para la rendición de cuentas. Pero los demás, que siguen siendo la mayoría, simplemente se acogen al hecho de que al no existir norma legal expresa, no pueden expedir ordenanzas que posibiliten la aplicación de un proceso de rendición de cuentas.
Convenios internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual son signatarios los países de la Región, o como la propia Convención de Naciones Unidas, estipulan la obligatoriedad de los Estados suscriptores a crear, mantener y fortalecer mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
Esto es lo que se ha denominado como la contraloría social, es decir, la incorporación de la sociedad civil – en el sentido opuesto a la sociedad política – a tareas de supervisión y fiscalización de la gestión pública. En el estudio “Obligaciones derivadas de la Ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción: Análisis para su aplicación por los Estado - Partes” se manifiesta que para incorporar de manera efectiva a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción se requiere, entre otros, de mecanismos tales como:
- Reconocimiento y adecuada regulación del derecho ciudadano de acceder a la información inherente a la gestión estatal.
- Establecimiento de la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía impuesta a todo funcionario público, en especial a los de elección popular.
- Derecho y obligación cívica de denunciar actos de corrupción administrativa, por parte de todo ciudadano.
- Institucionalización jurídica de cuerpos intermedios, a través de los cuales se canalice la participación democrática de la ciudadanía en el control de la corrupción administrativa.
- Garantías suficientes a la libertad de los medios de comunicación para informar sobre hechos concernientes a la gestión pública y su control, para hacer viable el ejercicio de la contraloría social.
En ausencia de otras disposiciones legales, los legisladores municipales pueden fundamentarse en ese tipo de consideraciones para expedir normas locales que posibiliten la institucionalización de la participación ciudadana en la gestión local, recuperando y profundizando prácticas que no son ajenas a la propia naturaleza de sus funciones y que les permiten mantener un contacto directo y permanente con la ciudadanía.
En ese sentido, los municipios poseen las condiciones más adecuadas e incorporan usualmente en sus actividades cotidianas, diversos procedimientos para escuchar las demandas de la comunidad, para consultarla y para recoger sus opiniones sobre temas que son de su interés y para incorporar esos puntos de vista en los procesos de planificación y ejecución de políticas, programas, proyectos e iniciativas de gestión del propio Municipio. Pero son aún relativamente pocos los que han establecidos procedimientos para que la participación ciudadana supere el nivel consultivo y se ejercite para la toma de decisiones y el control social sobre el manejo del presupuesto municipal.
Empero, otra condición favorable que poseen los gobiernos locales es la amplitud de su capacidad de experimentación e innovación prácticas, que se derivan de la cambiante y dinámica realidad que generalmente existe en los contextos locales.
Gracias a ello, estas instituciones poseen un grado de flexibilidad mucho más amplio que el que se encuentra en otras esferas del sector público y en consecuencia pueden ensayar nuevos procedimientos, modificar sus propias estructuras y formular cambios en sus marcos legales, en la perspectiva de ensayar y comprobar, en la realidad concreta, formas de ejercicio de la democracia que la profundicen y la radicalicen, legitimando su funcionamiento en el propio contexto social.
En esa perspectiva, más allá de que las normativas nacionales puedan ser dispersas y aún contener diversas deficiencias conceptuales que limitan su aplicación práctica, los gobiernos locales y sus legisladores están mucho mejor posicionados para generar las condiciones y avanzar en el camino de formular marcos jurídicos coherentes y uniformes, desde el punto de vista legal, a procesos tales como los de los presupuestos participativos, merced a los cuales se pueden construir sociedades más democráticas desde el punto de vista político y más equitativas e incluyentes, desde el punto de vista social.

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Wed, 16 Sep 2009 17:05:00 +0000

Por: Edson Guerrero
Dentro del proceso de Reforma del Estado los temas de eficiencia, eficacia, transparencia y sostenibilidad han sido sujeto de reflexión y teorización de las instituciones públicas; y dentro de ellas con mayor nitidez en los Gobiernos Locales. La población y sus organizaciones han perdido credibilidad y confianza en sus gestores locales y por lo tanto dicen "queremos participar en la gestión municipal para garantizar la transparencia, la honradez y la calidad de las inversiones". Sobre ello hay pronunciamientos favorables de Organismos Internacionales como el Banco Mundial, El PNUD, la OPS, la OMS, y otros, donde establecen que los ciudadanos ya no deben ser beneficiarios sino sujetos o actores de su propio desarrollo.
Por estas razones me propongo señalar algunos elementos de juicio sobre participación ciudadana para empoderar mejor el concepto y su rol de cambio en nuestra región. Llamando la atención de aquellos Alcaldes que son autoritarios, déspotas, mentirosos e incumplidos con sus compromisos y aprovechen la oportunidad para dar un giro de 360º y busquen aliarce con las organizaciones de base para hacer una buena gestión municipal.

1) ¿QUE SIGNIFICA PARTICIPACION CIUDADANA?
Francisco Lliset Borrell, define participación como "....el conjunto de técnicas que permiten la intervención de los ciudadanos en la organización o en la actividad de la Administración Pública sin integrarse en las estructuras burocráticas (...). El que participa no se convierte, por supuesto, en funcionario, ni tampoco en un colaborador benévolo o interesado. El que participa actúa como ciudadano, preocupado por el interés general, y no como interesado personal y directo; el contenido de su acción no es económico, sino político".
El que participa no se convierte en empleado público y su actitud no debe interpretarse como un favor a la sociedad ya que es deber y derecho ciudadano el tomar parte de las decisiones de orden público más allá del simple acto de votar en elecciones periódicas.
La situación económica de nuestros pueblos y la necesidad de vías para el desarrollo hacen que se encuentre en la participación un mecanismo propulsor del desarrollo económico y social. Así, la participación es vista como un proceso a través del cual los individuos y la comunidad están activamente involucrados en todas las fases del desarrollo, lo que genera mayor equidad y sostenibilidad.
A partir de lo anterior se podría definir participación ciudadana como un "... proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve".
Bajo este ideario conceptual, las cosas cambian; los Alcaldes y los gestores de otros sectores públicos bajo el pretexto de participación ciudadana utilizan a las organizaciones y a sus integrantes para sacar beneficio propio o personal, pero la orientación científica de la participación es que la población sea protagonista del desarrollo, que sea responsable del éxito o del fracaso en su localidad. Que sea una participación vinculante y no especulativa, que asuma responsabilidades tácitas, que sea activo en todo el proceso de la gestión. Una participación ciudadana organizada y efectiva da muerte rápida a los viejos paradigmas de gestión: Autoritarismo, cuadillistas, enriquecimiento personal, etc. por eso dicen los ciudadanos "ABAJO LOS ALCALDES AUTORITARIOS" "REVOCATORIA A LOS ALCALDES INEFICIENTES, INEFICASES, POCO TRANSPARENTES..." ETC.

2) ¿CUANTAS FORMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA EXISTEN?.
Prats Catalá, distingue tres formas de participación ciudadana:

a) Participación: reivindicación.
Son movimientos de ciudadanos de reivindicación de derechos. Protegidos por las distintas convenciones de protección a los derechos humanos y por las constituciones de la mayoría de Estados. Por ejemplo, la organización de los discapacitados exigían igualdad de oportunidades, las organizaciones de las mujeres mayor equidad en el desarrollo local, las organizaciones de los homosexuales el derecho al matrimonio, la organización de los jóvenes más trabajo, las mujeres del vaso de leche mejor calidad y distribución de los productos, los empresarios promover las industrias locales, etc. son mecanismos de reivindicación institucional.

b) participación: control.
Asociación de contribuyentes, vecinos, usuarios, consumidores, etc., que demandan un mejor control del gasto público por parte de las Administraciones.
Control que se formaliza jurídicamente a través de leyes de información, denuncia, petición, de defensa de los consumidores, regulación de plebiscitos y referendos, audiencias públicas, etc.

c) Participación: gestión.
Que materializa una auténtica Administración sustitutoria o sumergida, ante la crisis del Estado del bienestar (guarderías, asistencia social, actividades deportivas o culturales, mantenidas por asociaciones voluntarias). El ciudadano a través de sus organizaciones ya no quiere ser un invitado inactivo, pasivo y melancólico; exige su rol de actor del desarrollo social y económico de su localidad; exige ser parte de la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de la gestión local.

Esta es la participación moderna y vinculante, la participación proactiva y comprometida con su propio bienestar, esta forma debemos desarrollarlo en el presente quinquenio, pero necesitamos mejorar nuestras capacidades para una activa acción y no convertirnos en agentes pobres del desarrollo. En esta forma de participación es la que otorga una mayor concentración los Organismos Internacionales anteriormente señalados y se pueden expresar en los niveles comunal, municipal y nacional, ya sea de manera individual o colectiva, a través de las cuales se pretende:

1) Cercanía y presencia ciudadana en los niveles de decisión
2) Establecimiento de mecanismos de control social.
3) Creación y fortalecimiento de instrumentos para lograr una democracia participativa.
4) Fortalecimiento municipal.
5) Descentralización y/o desconcentración de la administración pública para lograr justicia y equidad social.
6) Respeto a la diversidad organizativa y social.

Existen otras formas de participación ciudadana entre las que debemos destacar: pasivas y formas activas. La primera se caracteriza por que la población solamente es receptora de información y en base a ello emiten sus opiniones, sin que este tenga un efecto vinculante y de decisiones. Mientras que en la segundo tipo de participación, la ciudadanía participa de manera directa en la organización o en la actividad de administración pública. Dicha participación se puede expresar de manera individual (derecho a solicitar información o a optar a cargos públicos, por ejemplo) y de manera colectiva (grupos de interés, sectores laborales, partidos políticos, etc.).

3. BENEFICIOS PARA LA CIUDADANÍA
a) Los programas de gobierno afectan directamente las vidas de los ciudadanos y las instituciones y procesos tradicionales no siempre son capaces de identificar y resolver los problemas que los grupos de ciudadanos perciben como serios.
b) Desarrolla la capacidad de la participación responsable y amplia de la ciudadanía.
c) Los ciudadanos pueden hacer valiosas aportaciones a los procesos de planificación y ejecución sobre la base de su conocimiento detallado de las condiciones, necesidades y deseos locales.
d) En este último sentido, la participación desarrolla habilidades en los ciudadanos para la administración pública.
e) Contribuye además a la despolarización política de la sociedad al establecerse metas comunes.

La participación ciudadana en la gestión pública garantizará la calidad de la gestión: eficiencia, eficacia, sostenibilidad, transparencia, equidad, buenas rendiciones de cuenta y sobre todo desarrollo socio económico.

NÚCLEOS EJECUTORES

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Thu, 10 Sep 2009 14:15:00 +0000

Por: Edson Guerrero

La incapacidad en el gasto público ha sido una característica histórica común en nuestro Estado ineficiente y es la herencia que han recibido los Gobiernos Locales. No por ello hay que justificar tales trabas al desarrollo y a la lucha contra la pobreza, pero si buscar salidas compartidas en las que todo el Gobierno asuma la responsabilidad que le compete. No lavarse las manos y buscar salidas populistas desesperadas como las del discurso presidencial. La eficiencia en el Estado pasa por reformas efectivas, por pactos para llevarlas a efecto y por actitudes de cambio de las autoridades y los ciudadanos y ciudadanas.
Los antecedentes de los núcleos ejecutores, nos muestran experiencias que pueden ser interesantes en términos de una mayor participación comunal en la identificación, priorización y ejecución de proyectos de inversión local. Pero considero que la forma y el escenario en que se crearon estas formas de gestión obedecieron a una necesidad pragmática de simplificar trámites burocráticos que son parte de los procedimientos públicos para la ejecución de obras, así como a una relación directa entre el Gobierno Central (el poder autoritario de entonces) con las comunidades campesinas, dispersas, desorganizadas como parte de un tejido social desarticulado y afectado por la guerra interna del momento), sin planes de desarrollo que organicen y prioricen los proyectos y sujetos a una serie de relaciones inequitativas de poder con el aparato de FONCODES, los innumerables casos de manipulación, clientelismo, imposición y corrupción existentes.
A diferencia del núcleo ejecutor tradicional esta renovada forma de gestión compartida entre Municipio y Comunidad se acerca más a las nuevas relaciones de concertación entre Gobierno y Sociedad en el ámbito local que se ha venido promoviendo en el marco del actual proceso de descentralización. Estas son algunas de las ventajas resumidas de los núcleos ejecutores:
El Núcleo Ejecutor mixto supone un avance importante, en la medida en que permite la confluencia de esfuerzos entre los municipios y las comunidades. Ello permite que los municipios aporten a las obras (confluencia de esfuerzos entre comunidad y municipio).
Con los Núcleos Ejecutores mixto se evita la manipulación que suele darse en los Núcleos Ejecutores comunales, donde los representantes de la comunidad pueden ser manipulados por inspectores e ingenieros residentes.
El Poder Ejecutivo ha aprobado, a través de un decreto de urgencia, la formación y el funcionamiento de los núcleos ejecutores para desarrollar obras por un valor de hasta 100 unidades impositivas tributarias (S/.355 mil) en los tres niveles de gobierno: central, regional y municipal.
Los núcleos ejecutores tienen carácter temporal y poseen capacidad jurídica para realizar acciones administrativas y judiciales relacionadas con las obras, rigiéndose por las normas del ámbito del sector privado.
A su ves la comunidad constituye un núcleo ejecutor que estará formado por un mínimo de 100 personas, y habrá un presidente, un tesorero, un vocal y un fiscal que será designado por el nivel de gobierno que financie la obra, los cuales actúan ante las entidades asignantes, se acreditan ante el gobierno regional, municipal o un programa social.
Estos a su ves presentan un proyecto para construir, por ejemplo, cobertizos, centros de acopio, pequeños reservorios, minipresas, viveros, conservación de suelos, aulas, postas, saneamiento y agua, y también, mantenimiento, reparación o apertura de trochas carrozables, etc. El núcleo ejecutor de un asentamiento humano en la ciudad escoge muros de contención, escaleras, aulas de escuela, reparación de centros de salud, una obra saneamiento, etc. Una comunidad nativa puede escoger embarcaderos, reparación de caminos, comisarías, etc. Los núcleos de ejecución juvenil pueden encargarse de veredas, losas deportivas, tribunas y otras obras. Igualmente, las rondas campesinas, en temas agrarios, de caminos y de seguridad.

En este escenario es necesario fortalecer las capacidades de los representantes sociales.

Participación ciudadana a nivel municipal

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Tue, 01 Sep 2009 00:03:00 +0000

Por: Edson Guerrero

Forma y alcance de la participación de la sociedad civil en la gestión publica en el nivel municipal
La participación ciudadana puede ser individual u organizada. Las organizaciones de la sociedad civil tienen varias modalidades de participar (Artículo 122 de la LOM), sobre la base del más amplio acceso a la información, entre ellas las siguientes:
- Derecho de elección en cargos municipales.

- Iniciativa en la formación de dispositivos municipales.

- Derecho de referéndum.

- Derecho de denunciar infracciones y de ser informado.

- Cabildo abierto conforme a ordenanzas que lo regulan.

- Participación a través de Juntas Vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal.

- Comités de gestión.
Pero, además, se contempla como parte de los derechos de control vecinal la revocatoria de autoridades municipales y la demanda de rendición de cuentas (articulo 121) y la revocatoria del mandato (122).
Como parte del proceso de descentralización se ha reforzado la intervención ciudadana en los espacios de participación y concertación como los Consejos de Coordinación Local (CCL), que básicamente deben ofertar los planes de desarrollo concertado y los presupuestos participativos, en juntas vecinales o en comités de gestión. Pero en muchos municipios, por acuerdo entre organizaciones sociales y autoridades municipales se ha optado porseguir respetando la vigencia de las modalidades de participación previas a la vigencia de la actual Ley Orgánica de Municipalidades. En muchos municipios se considera que los consensos construidos a través de los procesos participativos tienen naturaleza vinculante tanto para las autoridades como para las organizaciones sociales.

Participación ciudadana y de grupos sociales
Si bien es creciente la toma de conciencia sobre el derecho y, al mismo tiempo, el deber de la participación, en la práctica predomina el carácter voluntario y quienes participan constituyen aún una minoría del conjunto de la población. La participación puede ser individualizada o a través de las organizaciones sociales. Estas últimas, conforme a las reglas de juego que establezcan las municipalidades, acreditan representantes ante los CCLs o los procesos de planeamiento concertado, presupuesto participativo y comités de gestión sobre temas diversos como la promoción de las economías locales, el turismo, la educación, la salud, entre otros. Lógicamente, participan comparativamente más los segmentos sociales que necesitan apoyo del Estado, entre ellos, organizaciones vinculados con el vaso de leche y programas alimentarios, padres de familia que requieren dotar a sus hijos de mejores escuelas, pequeños productores y comerciantes, jóvenes que gestionan infraestructura deportiva, organizaciones que gestionan la dotación de servicios básicos. Un aspecto a precisar es que la larga historia de asistencialismo y paternalismo ha condicionado, incluso en sectores pobres, la práctica de pedir o exigir el acceso a servicios o bienes públicos, sin expresar voluntad de apoyo al desarrollo comunal.
Sin embargo, la participación adolece de diversas dificultades. En efecto, en los procesos de presupuesto participativo, por ejemplo, existe aún una limitada participación relacionada con la inexistencia de una institucionalidad representativa, falta de credibilidad en el proceso participativo, poca difusión del proceso, o inexistencia de prácticas y experiencias de negociar intereses o renunciar beneficios particulares o zonales a favor de los sectores más pobres de la población. Participan menos los representantes de las comunidades distantes a las capitales distritales o provinciales. También existente una cierta pérdida de confianza de la población en los procesos de concertación, cuando sus requerimientos de recursos para proyectos no pueden ser atendidos. Se aprecia aún que los agentes participantes priorizan acciones de las organizaciones que representan, que no siempre coinciden con aspiraciones colectivas. Atención especial merece la no participación de los partidos políticos, hecho que limita las posibilidades de cambio de la cultura política. Se puede afirmar que en todas las experiencias la participación de las mujeres es significativamente menor a la de los varones, aunque se aprecia una débil tendencia ha disminuir estas brechas, pero la representación de género sigue siendo muy desigual. La participación de los jóvenes sigue siendo escasa o minoritaria en los PP.

El enfoque de género
Se viene logrando importantes avances en la perspectiva de género. Por ejemplo, el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) 2006-2010, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2005-MIMDES el 12 septiembre del 2005. A partir de allí se cuenta con una comisión multisectorial conformada por doce sectores: MIMDES, PCM, Salud, Educación, Justicia, Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura, Interior, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones y el INEI. Esta instancia está tiene como función hacer el seguimiento del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010.
Este hecho ha permitido institucionalizar la igualdad de oportunidades con equidad de género en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del Estado. Pero como bien se afirma “del dicho al hecho, hay mucho trecho”; aunque hay avances alentadores. Así, tenemos que las regiones de Loreto, Ayacucho y Apurímac, cuentan con un Proyecto de Ordenanza Regional para la integración del PIO 2006-2010. Las regiones de La Libertad, Junín, Pasco y Apurímac, cuentan con Ordenanzas Regionales que aprueban el PIO.
El funcionamiento de los programas sociales está enfatizando la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional y local constituyéndose en un espacio de concertación entre Estado y sociedad civil, principalmente entre los sectores de mujeres organizadas, tantas veces excluidas de los espacios públicos de toma de decisiones, y que ocupan peculiar importancia en el proceso de descentralización. Algunos gobiernos locales vienen incluyendo lineamientos de políticas con igualdad de oportunidades y con equidad de género.
Actualmente, algunas municipalidades cuentan con oficinas de la mujer, programas sociales para las mujeres, DEMUNAS para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual. Es de resaltar que en los procesos participativos se vienen diseñando y construyendo presupuestos participativos con perspectiva de género. Asimismo, en los procesos de planificación se elaboran Planes de Igualdad de Oportunidades a nivel local. Se han formulado políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades de su competencia, en concordancia con la política general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los gobiernos locales.
Como hemos podido apreciar, la perspectiva de género forma parte de la agenda local y no solamente forma parte del discurso sino que además se viene siendo implementado de manera transversal en algunas municipalidades.
De otro lado, el artículo 84, de la LOM, señala como función exclusiva de las municipalidades distritales, facilitar la participación y concertación en la planificación, y la gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo local. En esta perspectiva, los espacios de participación ciudadana se constituyen en una oportunidad para favorecer el desarrollo de los derechos ciudadanos de las mujeres, quienes desarrollan capacidad de propuestas y decisión.
La participación de las mujeres en política (entendido también como cuota de mujeres), así como en otras actividades en los últimos años ha ido en crecimiento. El nivel más alto de organización y participación se concreta con el crecimiento y rápida expansión de las llamadas organizaciones alimentarías o funcionales como el vaso de leche o comedores populares que se formaron en las décadas del 70 y los 80 con la finalidad de paliar la aguda crisis económica que envolvía a la totalidad de hogares de menos recursos y fueron constituyéndose en una expresión solidaria de enfrentar la pobreza y la adversidad.
Entonces las mujeres adquieren gradualmente mayor participación en la toma de decisiones, saltando de actividades profesionales o laborales institucionales hacia la política.
La OPS con el apoyo del Ministerio de Salud, señala en reciente estudio que la participación de las mujeres en el Congreso de la República para el periodo 2001-2006 fue de 23 mujeres frente a 97 hombres. Con relación a los gobiernos regionales fue de 22 hombres frente a 3 mujeres (presidentes regionales) y para autoridades municipales (alcaldes provinciales y distritales) fue de 62 mujeres frente a 1,745 hombres. Para el periodo 2007-2010 no se cuenta con ninguna presidenta regional y las alcaldesas han bajado de 73 (8 provinciales y 65 distritales) a 3 provinciales un número que bordea las 60 distritales. Es decir, se han perdido posiciones.

Las cuotas de los jóvenes y de pueblos originarios o comunidades nativas
Existen disposiciones favorables que promueven la participación de jóvenes y de los pueblos originarios. No se cuenta con información respecto a que los gobiernos locales formulen y/o ejecuten acciones concretas orientadas a la inclusión, preferencia y promoción de las comunidades campesinas y nativas en el ámbito de su jurisdicción, pese a que la RM 188-2006-MINEDU, incorpora y promueve el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones orales, escritas y simbólicas, documentos técnico normativos y material.

Gestión pública local del desarrollo

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Tue, 18 Aug 2009 17:38:00 +0000

El desarrollo de los proyectos y las reformas para la transformación, siempre son modificados por las dinámicas gestadas por los actores (Giddens, 1984; Clegg, 1990). Los costos y beneficios de la reforma económica, política y social pueden ser compartidos por los diferentes agentes dentro de marcos institucionales que faciliten la participación ciudadana. La reforma económica implica reformas al sistema político, el desarrollo de las instituciones políticas y la reforma del Estado. La participación de los ciudadanos en la gestión pública es uno de los objetivos de los procesos de gobernabilidad democrática. Para que la asociación y la participación ciudadana adquiera valor como instrumento democrático debe ir acompañada de libertad de expresión.

La flexibilidad organizacional queda manifiesta en la flexibilización de los sistemas de producción y acumulación que junto con la perspectiva de los costos de transacción permiten que las organizaciones lleguen a ser más flexibles a través de la desintegración vertical y horizontal. La fricción de la distancia se incrementa en importancia proveyendo un fuerte incentivo para el aglomeramiento geográfico (Appelbaum and Henderson, 1995) Esta flexibilización se expresa en estructuras de redes que facilitan las interrelaciones que tienen que desarrollarse en los diferentes niveles espaciales: local, nacional, regional y global, dando paso a la emergencia de una sociedad de redes apoyadas en la tecnología informática. La formación e integración de un sistema de redes de participación directa en la gestión pública local permiten la reinvención del espacio geopolítico y otorgan a los gobiernos locales las competencias requeridas para afrontar los retos de la globalización.

Conviene más hablar de transformación de las funciones del Estado-nación que de su inminente eliminación. Sin embargo, las transformaciones y mutaciones del Estado-nación no van siempre siguiendo una misma dirección. Ya no es el Estado-nación modelado como un actor que tiene coherencia y un destino propio dentro de una jerarquía de poder internacional y como resultado de una racionalidad de intereses. El espacio político del Estado-nación ya no se identifica ni depende del ejercicio soberano sobre un territorio nacional delimitado. El territorio se redefine para centrarse más en la gestión pública local bajo una nueva estructura territorial local.

Lo que la reforma del Estado está haciendo es transferir la responsabilidad para la gestión y resolución de conflictos sociales a los gobiernos locales, la cual se condiciona a la estructura social de las localidades. El instrumento de la reforma del Estado y modernización política es la descentralización del poder político de las instancias del centro a las instancias locales. Para que la reforma del Estado se centre en un redimensionamiento de las relaciones entre la sociedad, el mercado y el Estado, requiere de procesos de descentralización para lograr una gestión pública más eficiente.

La construcción territorial del espacio de las decisiones públicas de abajo hacia arriba, que privilegia con una mayor autonomía al gobierno local, debe considerar la corresponsabilidad de competencias en la gestión pública. El desarrollo local es un proceso orientado por estrategias y políticas que articula esfuerzos y recursos de agentes económicos y actores políticos con capacidad de acción territorial para lograr objetivos de crecimiento económico, desarrollo social y mayores niveles de bienestar de la población. Son actores y agentes todos los que toman decisiones que afectan al territorio (Marsiglia y Pintos, 2001). Por lo tanto, no existe un modelo único de desarrollo local sino distintas propuestas de proyectos.

Los actores son las personas e instituciones que desarrollan acciones directas en un territorio, así como también a las "estructuras, organismos y personas que por misión o acción tienen un lugar y un papel en los engranajes de los intercambios locales (Cachón, 1996). Tomando en consideración que el término local se asocia tanto a un territorio físico definido, como también a un grupo en movimiento en un espacio móvil, van Helmerick (2001) define una localidad o un sistema localizado como "un conjunto de elementos en interacción dinámica, localizado dentro de los límites de un espacio físico determinado, organizados en función de un fin". Una redefinición del territorio es la base para el nuevo espacio geopolítico que requiere la nueva gestión pública local para involucrar a los diferentes actores y agentes en la promoción del desarrollo de la sociedad.

Este conjunto de elementos se refiere a las personas que viven habitualmente y a las unidades económicas establecidas en un territorio. Marsiglia y Pintos (2001) conceptualizan el territorio local/regional como "una dimensión económica, una dimensión identitaria e histórica, una comunidad de intereses y como espacio con un potencial endógeno para potenciar el desarrollo. La reinvención del espacio geopolítico del gobierno local implica una nueva estructura territorial en la cual la gestión pública municipal se manifiesta como el escenario en que los diferentes actores y agentes interactúan en proyectos de colaboración conjunta para la solución de sus propios problemas.LA creación de un sistema democrático en el ámbito del gobierno local y municipal, permitirá la participación estrecha de la ciudadanía en los asuntos de la gestión pública y permitirá el fortalecimiento de la identidad comunitaria. La reinvención política del gobierno local tiene su expresión en el fortalecimiento espacial de las competencias del municipio en materia de desarrollo. Las tres relaciones más importantes en la reforma del Estado, son aquéllas de regulación que se dan entre los agentes privados y del gobierno, las relaciones de vigilancia y supervisión que se dan entre los políticos y los burócratas y las relaciones de responsabilidad y rendición de cuentas (accountability) que se dan entre los ciudadanos y los políticos.

La evidencia sugiere que la conexión positiva entre el crecimiento y los ingresos de los pobres no han cambiado mucho durante el período de la globalización, que anteriormente. El análisis entre las variables pobreza y desigualdad con el gasto social en Latinoamérica, muestran una correlación negativa y una baja eficiencia de la gestión pública en el área social en las últimas dos décadas, ya que se ha dado prioridad al equilibrio macroeconómico.

Esta gestión pública, al decir de Molina (2001) debe descansar en cinco variables que profundiza los retos consecuencia de una participación ciudadana y de procesos de descentralización: la ciudadanía efectiva, desarrollo económico local, gestión territorial, sociedad de la información y desarrollo sostenible. Sin embargo, este gasto social en la región latinoamericana se elevó casi al 25% durante la década, pero los retornos sobre las inversiones son muy bajas, debido a factores diversos tales como la corrupción.

El gobierno local está involucrándose cada vez más en un fuerte y persistente apego al concepto de autosuficiencia y autonomía. El gobierno local ha sido relegado a una política de descentralización que limita la reforma del Estado y a ser los ejecutores de políticas y decisiones que se toman en otros niveles del centro del Estado. La reconstrucción territorial que privilegia al gobierno local en la determinación autónoma de espacios de decisión pública de abajo hacia arriba, tiene que promover la corresponsabilidad de las competencias en la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno y en la concertación de proyectos conjuntos de desarrollo entre los sectores público y privado. Esto entre la mayor parte de los líderes de los grupos representados en los consejos (Leach et al, 1994), a pesar de que no todas las decisiones pueden ser descentralizadas a las instancias de poder local.

La participación política de la ciudadanía en los gobiernos locales no debe reducirse exclusivamente a la elección de representantes. Pueden asumir la responsabilidad de la institucionalización de una política social y de servicios públicos que estén menos centralizados. Pueden participar en decisiones de gestión pública local, tales como el gasto público e inversiones, así como en la obtención de fondos e ingresos presupuestales.

Para superar parte de estos problemas, una nueva territorialización es conveniente a efecto de que mediante el la formación de asociaciones que mancomunen los recursos y esfuerzos de varios municipios, se formalicen propuestas concretas de desarrollo mediante la creación de instrumentos de apoyo a la gestión municipal acorde al desarrollo regional. La gestión pública local requiere de una delimitación de la estructura territorial para aprovechar las ventajas de las negociaciones y estrategias del asociacionismo.

Estas nuevas formas de asociacionismo de municipios para la producción y entrega de servicios públicos, trascienden la división política misma para en contar soluciones conjuntas a problemas similares en forma más efectiva y mediante la generación de economías de escala, dadas las limitaciones espaciales, de capacidades y de recursos. Los municipios orientan su desarrollo económico en función de las estrategias del mercado, por lo que la satisfacción de los requerimientos y demandas de los agentes económicos tiene como finalidad incrementar la competitividad.

En la descentralización administrativa, la gestión administrativa de decisiones políticas territoriales implican su adopción en los niveles locales inferiores. La gestión pública local requiere de un nuevo diseño y una nueva reingeniería de la estructura territorial, para aprovechar las ventajas de la participación social local. La participación en la gestión administrativa se extiende a las organizaciones políticas y sociales.

La participación ciudadana en los procesos de descentralización política son muy limitados. La descentralización política permite a los gobiernos locales estimular la participación ciudadana para un mejor sistema redistributivo, más equitativo, con mayor diferenciación y eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. La participación ciudadana debe ser alentada por los gobiernos locales en los procesos de gestión pública, tales como en las decisiones presupuéstales de gasto e ingresos, sobre todo en aquellas decisiones que afectan el uso eficiente de sus propios recursos y el aprovisionamiento de bienes y servicios públicos.

Una política de descentralización exitosa debe crear estructuras de auto-gobierno regional al mismo tiempo que permitir el desarrollo de actores sociales capaces de auto-administrarse y de desarrollar una identidad, lo cual implica la necesidad de "construir" la región en términos sociales (Boisier, 1987: 143; Schönwälder, 1997:763). La falta de flexibilidad del Estado nación para reaccionar a los acelerados cambios de la globalización económica y la inercia de sus pesadas estructuras que no responden a las actuales demandas de la ciudadanía, hace necesario fortalecer a las regiones.

La región se define en general como" un área de territorio sobre la que puede identificarse una marcada unidad de problemas humanos y caracteres físicos con una fuerte tendencia hacia tal unificación. Es decir, con el predominio de ciertos factores tanto comunes como complementarios, que generan una suerte de identidad" siguiendo a Boisier (1988). Una nueva delimitación del espacio territorial del gobierno local es un requerimiento para promover una gestión pública orientada a lograr la participación social de los principales actores y agentes en la solución directa de sus problemas.

La nueva gestión pública

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Sat, 08 Aug 2009 17:34:00 +0000

Por: Edson Guerrero

La función Pública en este mundo globalizado en que vivimos, nos obliga a los que de una u otra manera estamos involucrados en los trabajos a desarrollar en bien de la sociedad moderna a una mejor calidad de las funciones que desempeñamos los profesionistas de niveles de mandos medios y superiores, para que la sociedad este más satisfecha con los programas que den transparencia y que la rendición de cuentas que reclaman los ciudadanos, se conviertan en una mejor calidad de vida de la sociedad, con mejores servicios de toda índole por parte de los gobiernos de la republica peruana, sus gobiernos regionales y municipios.
La problemática dentro de toda administración pública es muy variada, pero en esta ocasión trataremos los problemas que aquejan a la gestión pública.
La importancia de uno de los problemas de la gestión pública, es un cambio de actitud de los servidores públicos apáticos, indiferentes, y con excesiva burocracia a servidores propositivos y atentos que tengan la posibilidad de ese cambio, con mucha capacitación sobre todo en la recepción y la atención a las personas que están solicitando un servicio.
Muchos proyectos quedan truncados porque el servidor público no tiene la atención y el buen trato que tienen obligación de realizar, ya que para ello están percibiendo un salario y ese servicio debe de ser de buena calidad; es por eso que es de vital importancia el cambio de actitud en la recepción y el primer encuentro con nuestros clientes, que debe ser óptima, para que en todo el proceso se den las soluciones de los diferentes obstáculos que sobre la marcha de la gestión pública se vayan presentando y con este proceso se llegue a un buen servicio de gestoría, en el cual se requiere un gobierno que este comprometido para lograr una mejor calidad de vida de la sociedad.
Este concepto basado en la nueva gestión pública, principalmente en esa nueva propuesta reformadora que pretende sustituir a la gestión burocrática que tantos problemas ha ocasionado a todo los gobiernos subdesarrollados principalmente.
La nueva gestión pública sugiere que para recomponer un nuevo consenso alrededor de lo público, hay que reconsiderar las relaciones que el estado establece con la ciudadanía.
La nueva gestión pública ha traído una nueva visión del usuario de los servidores públicos.
La noción del cliente puesta en circulación por los reformadores, implica un cambio radical en la función pública.
El cambio de concepto de usuario al cliente; significa convertir el servicio público, en servicio al público, donde cada ciudadano puede transmitir su propia visión en la prestación que recibe, de su utilidad y de sus preferencias.
Los mejores servicios y la administración mas honrada, pueden no conseguir la aceptación y la legitimación a la que aspira, si no es capaz de satisfacer las decisiones de los ciudadanos.
En la actualidad debemos estar conscientes que para poder desarrollar el proyecto de una administración pública de calidad, donde se cambia el nuevo concepto de cliente de estos servicios por el concepto caduco y burocrático de los servicios públicos.
Una administración moderna, pretende que los ciudadanos sean parte activa de los proyectos y que participen y colaboren con los funcionarios para que se sientan parte de su gobierno, claro que con canales adecuados a la participación de la ciudadanía.
La demanda de la población principalmente en los municipios, debe ser una atención de los funcionarios en forma accesible, moderna y eficiente y que todo este trabajo redunde en coadyuvar el incremento de la productividad global de la economía y una exigencia del proceso democrático que vive Perú.
Por ello, la modernización pública pretende una transformación, que implica además los cambios de las regulaciones y procedimientos actuales a modificación de actitudes y conductas en todo el sector público.
Por ultimo, debemos reflexionar con solo un trabajo honrado, tenaz y perseverante y demostrando una voluntad férrea de servir al pueblo, empeñados en resolver los problemas mas sentidos de la ciudadanía.

Las iniciativas locales y el aumento de la productividad, en tiempos de crisis

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Mon, 03 Aug 2009 19:15:00 +0000

Por: Antonio Vázquez Barquero

Pero, es en el área de los instrumentos del desarrollo en donde las iniciativas locales contribuyen, de manera importante, a la búsqueda de un camino que conduzca a la salida de la crisis.
Su fortaleza reside en que buena parte de los instrumentos utilizados estimulan la obtención de rendimientos crecientes de las inversiones, lo que contribuye a aumentar la productividad (Vázquez Barquero, 2007).

i) Fomento de la creación y desarrollo de empresas y de clusters

La creación y desarrollo de las empresas es una condición necesaria en el proceso de desarrollo, ya que las empresas transforman el ahorro en inversión a través de los proyectos empresariales; además, cuando se estimula el desarrollo de redes y clusters de empresas, se propicia la aparición de economías externas de escala y la reducción de los costes de transacción.

ii) Difusión de las innovaciones
Otro de los ejes principales de la política de desarrollo local es la difusión de las innovaciones y el conocimiento en el tejido productivo local, lo que permite la introducción de nuevos productos y la diferenciación de los existentes, los cambios de los procesos productivos, la apertura de nuevos mercados.
Todo ello contribuye al aumento de la productividad y de la competitividad de las empresas.

iii) Cualificación de los recursos humanos
Si hay un objetivo específico de la política de desarrollo local, ese es la formación de los recursos humanos, ya que a través de ellos se incorpora conocimiento en la producción de bienes y servicios y en la gestión de la propia estrategia de desarrollo. Cuando las acciones de formación se insertan en la estrategia de desarrollo, la mejora de la calidad de los recursos humanos propicia el aumento de la productividad, estimula la competitividad, e incluso afecta al modelo cultural en el que se apoya el proceso de desarrollo.

iv) Construcción de equipamientos urbanos e infraestructuras
La construcción y mejora del capital social fijo y de las infraestructuras es uno de los instrumentos mas usados en las políticas de desarrollo local. Las empresas prefieren localizaciones en lugares accesibles y bien dotados de servicios que les permitan aprovechar las economías de aglomeración y el acceso a los mercados de productos y factores. Pero, además, la mejora de las infraestructuras atrae actividades industriales y de servicios a las localidades y regiones rurales, lo que genera economías de diversidad y favorece el aumento de la productividad.

v) Conservación y mejora del medioambiente y del patrimonio histórico
El desarrollo duradero es, sin lugar a dudas, uno de los objetivos estratégicos del desarrollo local, ya que la protección y el desarrollo de los sistemas ecológicos y de los recursos naturales, así como la mejora continua del patrimonio histórico y cultural, no solo tienen un efecto positivo en los sistemas medioambientales sino que además convierten a los territorios y ciudades en espacios atractivos para producir y vivir, y contribuyen a la mejora del bienestar de la población.

Finalmente, el desarrollo sostenible se hace visible en aquellas iniciativas que se proponen impulsar la conservación del patrimonio histórico y cultural, a través de la recuperación de los centros históricos, como sucede en los casos de la Habana Vieja y Cartagena de Indias; pero también, con iniciativas dirigidas a transformar espacios degradados dándoles una nueva funcionalidad dentro de la ciudad como sucede en Puerto Madero, en Buenos Aires, en donde se transformó el viejo puerto en una zona urbana que alberga actividades educativas, de servicios a las empresas, y de ocio.
La salida territorial de la crisis
Los países avanzados y emergentes atraviesan por un proceso de importantes cambios productivos y sociales, debido a que la crisis financiera ha hecho que el sistema bancario deje de ser un factor dinamizador del sistema productivo. El alcance de la situación es, por el momento, desconocido, ya que la falta de liquidez y la insolvencia de los bancos impiden que el crédito fluya en el sistema productivo y las empresas generen los beneficios necesarios para mantener la actividad, por lo que se produce el cierre continuo de establecimientos y la destrucción del empleo.

El artículo argumenta que para salir de la crisis es necesario que las administraciones públicas emprendan políticas que combinen acciones encaminadas a recuperar la confianza en las instituciones financieras y a que los bancos vuelvan a ser los instrumentos facilitadores de la actividad productiva, de un lado, con iniciativas dirigidas a aumentar la productividad y competitividad, de otro.
En este sentido, el artículo sostiene que la política de desarrollo local constituye una salida territorial de la crisis económica. Sus fortalezas residen en que es una estrategia que enfoca la restructuración y el ajuste productivo como una cuestión a resolver en el territorio, lo que le permite dar soluciones concretas a los problemas específicos de cada localidad y de cada región, usando precisamente el potencial de desarrollo existente en cada territorio y que no se utiliza a causa de la crisis.
Su mérito reside en haber utilizado una estrategia que estimula los rendimientos crecientes de las inversiones, y, por lo tanto, propicia el aumento de la productividad y de la competitividad de las economías.
Pero, el desarrollo local es una estrategia que, además, busca el progreso social y el desarrollo sostenible. Entiende que el desarrollo es un proceso en el que el crecimiento económico y la distribución de la renta son dos caras de un mismo fenómeno, ya que los actores públicos y privados, cuando deciden y ejecutan sus inversiones, lo hacen con la finalidad de aumentar la productividad y mejorar el bienestar de la sociedad. El desarrollo local es, también, una estrategia que se basa en la mejora continua de los recursos disponibles y particularmente de los recursos naturales y del patrimonio histórico y cultural, ya que con ello se contribuye a aumentar la ventaja competitiva del territorio y el bienestar de la población.
Finalmente, conviene no olvidar que el desarrollo local es una estrategia cuyos resultados no están garantizados. Se trata de una política de desarrollo que busca la creación de riqueza y de empleo, a través del estímulo al surgimiento y desarrollo de las empresas, por lo que el exceso de asistencia externa reduce la capacidad creativa de los actores locales y de la población, y por lo tanto, limita los resultados de las iniciativas. Además, es una política cuyo efecto está condicionado por la coordinación en el territorio de las acciones, por lo que pierde eficacia cuando las acciones se ejecutan de manera aislada, ya que limitan los efectos de la interacción entre las fuerzas del desarrollo. Por último, es una política participativa de la sociedad civil, en la que los actores locales son quienes diseñan y controlan su ejecución, por lo que sus resultados se ven afectados cuando, de forma unilateral, se imponen, localmente o desde el exterior, acciones o se condicionan los objetivos de la estrategia.

Desarrollo local, una estrategia para tiempos de crisis

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Mon, 27 Jul 2009 20:32:00 +0000

Por: Antonio Vázquez Barquero

Desde hace mas de treinta años, a la par que se intensificaba el proceso de integración económica a nivel global, han surgido y se han desarrollado múltiples experiencias de desarrollo local en los países pobres y de desarrollo tardío (Aghon et al. 2001; Scott y Garofoli, 2007; Vázquez Barquero, 2007 y 2005).
Con el fin de reducir la pobreza, crear empleo y favorecer el progreso económico y social, los actores locales promovieron iniciativas, como respuesta de las localidades y territorios a los desafíos que plantean el ajuste productivo y la creciente competencia en los mercados nacionales e internacionales.
Pero, el entorno económico, político e institucional, en el que habían surgido las iniciativas locales, ha cambiado desde mediados del año 2007, ya que las economías avanzadas y también las emergentes se han visto afectadas por la crisis del sistema financiero, que está bloqueando el funcionamiento de la economía real. Se han reducido sensiblemente las tasas de crecimiento, ha disminuido la actividad productiva, se reduce la demanda interna y externa, crecen las tasas de paro, y aumenta la pobreza en las zonas mas deprimidas. En este escenario, los decisores públicos y privados se plantean cómo abordar la solución de los problemas económicos y sociales que tienen planteados los países.
¿Qué tipo de acciones y políticas son las más eficaces en tiempos de crisis como los actuales? ¿Es suficiente con poner en marcha operaciones de rescate de las instituciones financieras o es necesario, además, intervenir con acciones que estimulen la productividad y la competitividad de las empresas? ¿Cuál es la aportación que la política de desarrollo local puede ofrecer al desarrollo de los espacios afectados por la crisis? ¿Son los instrumentos creados para la política de desarrollo local útiles en tiempos de crisis como los actuales?
El desarrollo local y la salida de la crisis
Las iniciativas de desarrollo local surgieron en los países pobres y de desarrollo tardío, con el fin de neutralizar los efectos negativos que la globalización y el ajuste productivo produjeron en el nivel de vida de la población, mediante la creación de empleo y el progreso económico y social.

a. La búsqueda de la salida de la crisis en el territorio

Aunque la estrategia del desarrollo local y las políticas estructurales comparten los mismos objetivos, abordan de forma diferente el tratamiento de los problemas de la crisis.
Mientras que las políticas estructurales adoptan una aproximación funcional, las políticas de desarrollo local definen sus acciones con un enfoque territorial. Para actuar sobre el sistema productivo, conviene hacerlo teniendo en cuenta que las iniciativas de desarrollo se realizan en territorios caracterizados por un sistema social, institucional y cultural con el que interactúan. Por ello, las medidas son más eficaces cuando utilizan los recursos locales y se articulan con las decisiones de inversión de los actores locales.
Dos cuestiones condicionan los resultados de las acciones, el potencial de desarrollo existente en cada territorio y las capacidades de organización de los actores locales.
Desde esta perspectiva, todas las localidades y territorios disponen de un conjunto de recursos, que constituyen su potencial de desarrollo, tanto en el caso de las áreas rurales, como los Cuchumatanes, en Guatemala, como en el de las ciudades dinámicas como Rosario, en Argentina. A nivel de cada localidad, país o territorio se detecta, por ejemplo, la dotación de una determinada estructura productiva, mercado de trabajo, conocimientos técnicos, capacidad empresarial, recursos naturales, estructura social y política, o tradición y cultura, sobre los que necesariamente se articulan las iniciativas locales.
Por otro lado, el desarrollo de una localidad o territorio requiere que los actores públicos y privados ejecuten sus programas de inversión de manera coordinada. En América Latina la política de desarrollo endógeno se basa en iniciativas en las que los proyectos económicos y sociales se coordinan y gestionan a través de nuevas formas de gobernación en las que participan los actores públicos y privados, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales (Costamagna, 1999). En Villa el Salvador se creó la Autoridad Autónoma del Parque Industrial del Cono Sur, que reúne a actores públicos y privados, con el fin de crear y desarrollar el Parque Industrial. En Jalisco, México, los empresarios locales, incluyendo a los directivos de las empresas multinacionales, juntamente con los actores públicos, participan en la creación de redes locales de proveedores.
Por último, la estrategia de desarrollo local conviene plantearla de manera específica en cada caso, ya que las necesidades y demandas de las localidades y territorios son diferentes, las capacidades de los habitantes, empresas y comunidad local cambian, y, además, cada comunidad visualiza de forma diferentes las prioridades que deben de incorporar las políticas de desarrollo. La planificación estratégica territorial se ha convertido, por ello, en un instrumento de gran valor para racionalizar la toma de decisiones y la gestión en las ciudades y regiones, con múltiples ejemplos como Rosario y Córdoba en Argentina, o en ciudades y regiones de Marruecos, Túnez y Libia, en donde se crearon las Agencias de Desarrollo Económico Local, animadas por el PNUD y la OIT, sobre la base de planes estratégicos (Canzanelli, 2003).

b. La innovación, factor estratégico en el ajuste productivo

El planteamiento de la crisis como una oportunidad para transformar el sistema productivo, de tal manera que se fortalezca y sea más competitivo a nivel internacional es una cuestión central en la salida de la crisis. El elemento clave es la introducción y difusión de las innovaciones en el sistema productivo, social e institucional, ya que es la forma más eficaz de asegurar, a largo plazo, el aumento de la productividad y competitividad, y, por lo tanto, el progreso económico y social.
Las políticas de desarrollo local enfrentan la cuestión del ajuste y de la restructuración de los sistemas productivos en función de la competitividad de las empresas en los mercados de productos y de factores. El crecimiento de la renta y los fuertes cambios en la demanda han provocado la diversificación de la producción tanto en las ciudades como en las áreas rurales. El desarrollo de la actividad turística en las ciudades de Cartagena de Indias y de la Habana Vieja, pero también la pujanza del turismo cultural en Chiapas y en la península del Yucatán, muestran cómo los cambios en la demanda internacional estimulan la diversificación productiva y plantean la necesidad de introducir continuamente innovaciones que fortalezcan la competitividad.
A medida que aumenta la integración económica, las empresas desarrollan sus ventajas competitivas en los mercados locales e internacionales. Así, los sistemas productivos están siempre evolucionando y, con frecuencia, la dinamización de los cambios se realiza a partir de la renovación del saber-hacer tradicional con la introducción de conocimiento nuevo durante el proceso de cambio estructural. En el caso de los Cuchumatanes, por ejemplo, se continuaron realizando actividades de producción de ganado ovino, de producción de café y de producción de bienes hortofrutícolas, pero introduciendo mejoras tecnológicas que permitieron diferenciar la producción y fortalecer sus sistemas comerciales.
En otras localidades y territorios la cuestión no reside tanto en la diferenciación de la producción o la reducción de costes como en encontrar nuevos productos para mercados en los que las empresas locales pueden mantener sus ventajas competitivas. Es el caso de Tapachula, en México, por ejemplo, en donde los productores de café tuvieron que reaccionar ante la fuerte competencia de los productores de Vietnam en los mercados internacionales, con los que no podían competir en precios. La respuesta fue cambiar la actividad productiva y dedicarse a la producción de flores tropicales para mercados como el de los Estados Unidos, por lo que tuvieron que adoptar nuevas tecnologías de producción procedente del exterior, introducirse en nuevos mercados y adaptar sus conocimientos a la nueva realidad productiva y comercial.
Las empresas y territorios apuntan, también, a la producción de nuevos bienes y servicios, cuya demanda aumenta en los mercados, así como a productos que incorporan alta tecnología y para los que existe una fuerte demanda interna y externa, como sucede con el cluster de la electrónica en Jalisco, México. Para que esta transformación tome cuerpo en los sistemas productivos, es necesario mejorar la calidad de los recursos humanos e introducir innovaciones de producto y de proceso en el tejido productivo.

La descentralización fiscal en el Perú

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Fri, 17 Jul 2009 16:55:00 +0000

Por: Edson Guerrero

La descentralización fiscal es el proceso por el cual se transfieren responsabilidades y competencias fiscales relacionadas con los ingresos y el gasto publico, desde el gobierno central a los gobiernos subnacionales, garantizándoles a estos últimos un cierto nivel de autonomía financiera. En este sentido, el actual proceso de descentralización del Perú n presenta características satisfactorias y se encuentra estancado. Ello se refleja en:
- Una asignación deficiente y no clara de las funciones y competencias de los tres niveles de gobierno.
- La ausencia de una estimación técnica y razonable de los montos de recursos que se requieren para ejecutar satisfactoriamente las competencias transferidas a los gobiernos regionales.
- El actual modelo de financiamiento basado en transferencias desde el gobierno central a los gobiernos sub-nacionales, que es discrecional, poco predecible y no promueve la equidad entre las regiones, dificultando además la elaboración de planes multianuales de inversión.

Las deficiencias que presenta el sistema de transferencias peruano afectan directamente el proceso de fortalecimiento institucional de los gobiernos subnacionales, limitando además su avance hacia mayores niveles de autonomía económica. Por lo tanto, resulta necesario llevar acabo modificaciones en los mecanismos de financiamiento existentes, con la finalidad de que los gobiernos regionales y locales puedan predecir mejor sus ingresos futuros y que las asignaciones presupuestales que reciben sean establecidas de manera equitativa, técnica y razonable.

Por otro lado, la uniformidad con que trata la normatividad los municipios limita extremadamente sus necesidades y capacidades, ello si tenemos en cuenta la heterogeneidad de éstas. Así una municipalidad de una aldea rural situada en los andes como Estiquepampa con 148 habitantes, tiene las mismas responsabilidades de gasto y fuentes de ingreso que un municipio urbano ubicado en la ciudad de Lima como San Juan de Lurigancho que cuenta con 713 mil habitantes.

La evolución de la tributación subnacional en los últimos años no ha mejorado sustancialmente. Esta situación demuestra la escasa capacidad de recaudación propia de las municipalidades y gobiernos regionales. Por ello, y teniendo en cuenta la situación actual, se hace necesario incrementar las fuentes de ingresos propios de cada gobierno subnacional para adecuarlos con sus atribuciones de gasto. Pero, ¿cómo conseguirlo?. A través de la corresponsabilidad fiscal.
Se entenderá que hay corresponsabilidad fiscal cuando los ingresos de los gobiernos subnacionales provienen de la recaudación tributaria directamente vinculada a los impuestos pagados por los ciudadanos residentes en dicho territorio. Por tanto, la corresponsabilidad fiscal se determinará en función del grado de autonomía financiera que tenga el gobierno subnacional con respecto al Gobierno Nacional.
Las características requeridas para que exista corresponsabilidad fiscal, a nuestro juicio son las siguientes:
a) incremento de la capacidad impositiva y recaudatoria por parte de los gobiernos subnacionales;
b) que sea posible financiar los gastos de la gobiernos subnacionales con sus ingresos;
c) que los ciudadanos sean conscientes de que sus pagos vía impositiva se realizan en gastos en la propia comunidad;
d) que los ciudadanos de cada municipalidad y región puedan exigir responsabilidades políticas por las decisiones de gastos e ingresos efectuadas por sus gobiernos subnacionales.

Todo lo anterior implica romper el desequilibrio vertical, o sea, hacer que las circunscripciones paguen sus gastos con sus propios impuestos. Consecuentemente, en el caso peruano, ello implica la necesidad de ampliar las responsabilidades tributarias de los gobiernos regionales y municipales.

El Gobierno local tiene un papel importante en la reducción de emisiones

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Fri, 10 Jul 2009 17:08:00 +0000

Asociación internacional de gobiernos locales y otras organizaciones dedicadas a cuestiones ambientales, ICLEI - Gobiernos Locales para la Sostenibilidad cuenta con más de 1.000 miembros en todo el mundo, de ciudades, municipios y asociaciones.

Debido a su alcance y la urgencia, el cambio climático se ha convertido en uno de los principales temas de trabajo de la institución y el proyecto llevó a las ciudades para la Protección del Clima. En esta entrevista, Laura Valente, quien es maestro en la gestión del medio ambiente, habla sobre el papel de los gobiernos locales y cómo pueden cooperar en la lucha contra el calentamiento global.

El tiempo en revisión – Específicamente con el cambio climático, ¿cuáles son los municipios que participan en la campaña?

Laura Valente - ICLEI fue la primera organización internacional a realizar el proyecto para la reducción de gases de efecto invernadero a nivel de municipios. Hoy en día existen más de 700 ciudades. En el Brasil, donde la campaña comenzó en el año 2000, son siete (São Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Betim, Goiania, Volta Redonda y Las Palmas) y Belo Horizonte viene.Todos estos tienen inventario de emisiones, utilizando la metodología desarrollada especialmente para América Latina, donde la campaña también está presente en Tomé, Chile y Buenos Aires y Avellaneda, Argentina.

El tiempo en revisión - ¿Por qué centrarse en el gobierno local es tan importante?

Laura Valente - En realidad, las competencias son diferentes y cada nivel de gobierno tiene su función, pero debe haber integración entre ellos. El gobierno local se ocupa de las cuestiones de la vida cotidiana. El poder legislativo y el ejecutivo municipal de actuar directamente en la vida de los ciudadanos.Al actuar como debe ser más eficaz en la sensibilización y la educación de las personas. Las medidas son más accesibles a la población local, porque la gente vive en la ciudad. El estado tiene una muy importante, porque como el medio ambiente no tiene fronteras, es el organismo que elabora el amarre.El gobierno de la identidad nacional a la cuestión más general. Pero el poder transformador, sin duda, es mayor en el nivel local - es el hormigón.

El tiempo en revisión - ¿Qué tipo de medidas el gobierno municipal puede tomar para reducir sus emisiones?

Laura Valente - Depende de la escala de la ciudad, pero algunas medidas son universales. La primera cosa que es inmediatamente perceptible, es la educación y la supervisión del tráfico. Cuando se crea un ciudadano más educado, se requieren mejores cosas.El gobierno local también tiene que trabajar la movilidad, lo que significa para la gestión de la movilidad y no para el tráfico de vehículos, que incluye aceras, carriles para bicicletas, etc signosAdemás, todas las estructuras municipales, incluidos los dirigentes y los servidores, deben dar el ejemplo, con medidas tales como: tener una flota de coches limpios, no cometer infracciones, tienen programas de recogida selectiva y la eficiencia energética en edificios públicos, han legalizado en obras y edificios públicos, la práctica comercial sostenible.
Fuente: Climate in Review, No. 10, IPAM / CES-FGV

Rol de las municipalidades peruanas en el desarrollo económico local.

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Fri, 03 Jul 2009 18:17:00 +0000

Por: Edson Guerrero

Como para todos es sabido, las ciudades y la planificación de su desarrollo es tarea de las Municipalidades, por lo tanto es responsabilidad del gobierno local que nuestras ciudades puedan cumplir de manera adecuada estas funciones centrales para el desarrollo económico de nuestras localidades y regiones. Aún en distritos o provincias donde existan ciudades muy pequeñas y la alternativa para el desarrollo de estas zonas sea implementar alianzas estratégicas con otras ciudades para que sean zonas con futuro en términos económicos, la implementación de estas alianzas es responsabilidad de las municipalidades, en tanto gobiernos locales y representante de los intereses generales de esa población.

a) El desarrollo económico local requiere voluntad política.
Las experiencias exitosas en este terreno, tanto en el Perú como en otros países de América Latina, requieren de una voluntad política que impulse de manera consciente estos procesos, porque estos no se generan de manera espontánea. ¿De donde podría provenir esta voluntad política para el desarrollo económico en los espacios locales?. La respuesta es obvia: sólo de los propios actores locales y el actor más representativo de los intereses colectivos en el ámbito local es la municipalidad. Por esto las experiencias más exitosas son aquellas lideradas y promovidas por los gobiernos locales, porque en los espacios locales las municipalidades son los actores principales en términos de voluntad política y representación de intereses de la población.

¿Qué factores tomar en cuenta para elaborar estrategias de desarrollo económico local?

Esta voluntad política se debe expresar en estrategias específicas de promoción municipal del desarrollo económico, las cuales deben tener en cuenta los siguientes factores o elementos en su formulación:
· Las municipalidades deben ser facilitadoras, promotoras del desarrollo económico local, no necesariamente actores directos en la creación de empresas o de empleo local, sino articularse y facilitar de manera adecuada la iniciativa privada de los pequeños productores y empresarios en el ámbito local.
· El objetivo que se busca conseguir es el Desarrollo Humano, es decir aquel que está centrado en las personas, que tiene como beneficiario principal a las personas y en el cual las personas sean los protagonistas y actores principales y por esto tiene que ser un proceso participativo y concertado.
· El desarrollo económico local debe ser parte de un Plan de Desarrollo Integral, en cuya formulación deben participar todas organizaciones sociales y las instituciones públicas y privadas de la localidad, porque superar la pobreza y construir el desarrollo local es una tarea demasiado grande para que sea sumida solo por la Municipalidad.
· En tanto voluntad consciente es una acción planificada y uno de sus objetivos principales es producir lo que se llama una “plataforma de competitividad”, es decir generar las condiciones para el desarrollo del factor humano, para que las ciudades retengan a los jóvenes profesionales, para que se agregue valor a la producción de bienes y servicios, para “transformar antes que transportar”.
· Que fomente la identidad local y la generación de visiones y sueños comunes.
· Que busque que las estrategias sean institucionalizadas y permanentes en el tiempo más allá de sus iniciadores.
· Que se proponga modificar no sólo procesos económicos, sino modificar también conductas, voluntades, valores y formas de comportamientos de las personas e instituciones. Esto es fundamental por que refuerza el capital social de las localidades y sin este capital es imposible pensar el desarrollo económico a largo plazo.
· Que se base en la legitimidad de la autoridad local, la cual se consigue mediante la transparencia de la gestión económica municipal, en el saber escuchar a todas las personas y actores locales y en producir logros concretos e inmediatos en la promoción del desarrollo económico local.

¿Qué instrumentos o iniciativas tienen las Municipalidades para promover el desarrollo económico local?

Es posible identificar un conjunto de iniciativas posibles a ser emprendidas por las municipalidades en materia del desarrollo económico local. Las iniciativas son posibles de ser organizadas de la siguiente manera:

· Iniciativas de Información y promoción de la localidad.

Es este respecto se pueden mencionar los siguientes instrumentos:
- Producir y difundir información sobre las ventajas que la localidad ofrece al inversionista (paginas web, folletos, etc)
- Elaborar bases de datos locales, que centralicen toda la información disponible en las instituciones públicas y privadas de la localidad y ponerlas al servicio de productores y autoridades.
- Uso de Internet para vincularse con otras municipalidades y buscar apoyos específicos.

· Producción de normas favorables al desarrollo económico local
- Producir ordenanzas municipales favorables a la inversión y expansión de las empresas locales.
- Apoyar la promulgación de leyes para una descentralización económica y política del país.
· Mejoramiento de la gobernabilidad local
- Promover formas de participación para la seguridad ciudadana.
- Crear instancias especiales para el tratamiento y solución de problemas sobre el desarrollo económico local.
- Fortalecer los presupuestos participativos en las municipalidades.
- Reconstruir el tejido social, especialmente en aquellas zonas afectadas por la violencia política.

· De reconocimiento publico al mérito empresarial
- Crear incentivos y premios de reconocimiento municipal a la iniciativa empresarial, por calidad de los productos, cuidado del medio ambiente, creación de empleos, etc.

· Promoción de los recursos humanos
- Subscripción de convenios con instituciones de formación y capacitación.
- Capacitación de recursos humanos locales especialmente en la formulación de proyectos.
- Promover la creación de Escuelas de formación de líderes, especialmente jóvenes y mujeres.
- Capacitar a los funcionarios municipales en este nuevo rol de las municipalidades.
- Otorgar becas para la formación de recursos humanos de la localidad con el compromiso de trabajar por el desarrollo del distrito o provincia.

· Promoción de la inversión privada
- Efectuar el saneamiento legal de los terrenos de la jurisdicción.
- Mejorar la recaudación municipal.
- Acondicionar centros turísticos locales.
- Dotar de infraestructura básica (agua, y energía eléctrica) a nuestras localidades.
- Mejorar instalaciones de Ferias Agropecuarias, Artesanales, Industriales y de servicios.
- Elaborar Planes de Desarrollo que identifiquen actividades económicas claves para el crecimiento económico local.
- Promover la reactivación del agro especialmente en municipalidades de la sierra y selva.
- Concertar con los empresarios locales y el sector público sobre la base de Planes de Desarrollo.
- Firmar convenios con instituciones técnicas para desarrollar proyectos productivos y para la búsqueda de su financiamiento.
- Promover la creación de fuentes de créditos locales para las micro y pequeñas empresas.
- Fomentar la asociación de municipalidades para emprender de manera conjunta proyectos que promuevan el desarrollo económico de sub-regiones o regiones.

Las mujeres, los gobiernos locales y la descentralización

noreply@blogger.com (Edson Guerrero Rumaldo) — Tue, 30 Jun 2009 16:06:00 +0000

Por Alejandra Massolo

El formidable protagonismo femenino en los espacios locales de la pobreza latinoamericana implica serios riesgos y costos físicos, emocionales y morales pero no es una visibilidad de víctimas, sino la de una fuerza social protagonista capaz de lograr mejorar las condiciones vida familiares y comunitarias, contribuyendo a mantener la gobernabilidad local. Sin embargo, el punto de vista y posturas de las mujeres prácticamente estuvo ausente de las opiniones, análisis y debates sobre la descentralización cuando entró a la escena latinoamericana. Difícilmente encontramos en la literatura sobre el tema planteamientos desde las mujeres en torno a la política de descentralización y las reformas municipales. Incluso las mujeres de los sectores populares urbanos que componen el movimiento social multifacético de las mujeres latinoamericanas, con su fuerte inserción en los espacios locales, no percibieron a la descentralización como una reforma del estado que les podría beneficiar. Aun a mediado de la década de 1990 se constataba en un estudio de organizaciones de base de pobladoras de Santiago de Chile, que entre las mujeres no se encuentra la noción de un estado descentralizado donde los niveles de gobierno tienen poder y ámbitos propios de decisión; el "ideal" para ellas si se quiere resolver un problema es llegar a La Moneda , sede del poder presidencial (Weisntein, 1995).

La debilidad, incapacidad y desprestigio de los municipios lógicamente no alentaban el cambio de perspectiva así como la marca "neoliberal" de las reformas generaba más suspicacias que adhesiones. Pero fue más bien la fuerza de atracción del estado central lo que se impuso, por sobre las iniciativas de descentralización del mismo estado. A inicios de la década de los noventa se comenzó a dar un giro de la mirada de género hacia lo local y la descentralización; los pensamientos y las voces de las mujeres entraron a la escena de los debates, los intercambios de experiencias y propuestas sobre el tema de la descentralización.
No se puede ignorar que el potencial de oportunidades de los espacios locales urbanos y rurales en América Latina están acechados por la realidad de la masiva pobreza y la feminización de la pobreza la cual se manifiesta, entre otros aspectos, en el fenómeno del aumento de hogares a cargo de una mujer sobre todo en las ciudades, las que son el principal sino el único sostén económico de la familia.

Resumiendo, la presencia y participación de las mujeres en los espacios locales, considerando su diversidad, reúne las siguientes características:

• Los espacios locales adquieren especial importancia ya que son el mundo público con los que las mujeres se encuentran más familiarizadas y donde despliegan sus habilidades de participación como gestoras sociales para el mejoramiento de la calidad de vida de la familia y la comunidad.
• Se proyecta su rol doméstico sobre el espacio público pero no se disminuyen o eliminan las desigualdades de género. La participación de las mujeres se concentra en cuestiones y tareas relativas a las necesidades básicas de la familia y la comunidad, mientras que los hombres se reservan la participación en los cargos de poder político en las organizaciones sociales y el gobierno local.
• Se percibe y aprecia la participación femenina únicamente en función de ser intermediarias de fines de bienestar para otros y por la eficacia que garantizan en la realización de los programas. Predomina una concepción instrumental de la participación femenina asociada a graves problemas y emergencias sociales, como los de la pobreza.
• Es inusual que se conciba y valore a las mujeres como sujetos sociales portadores de derechos propios, ni que se las aprecie como agentes de cambio en el desarrollo local.
• Todavía prevalece la creencia entre autoridades municipales y líderes de la comunidad de que las mujeres representan un servicio público gratuito, disponible todo el tiempo y para todo problema o emergencia social. Las mismas mujeres contribuyen a reproducir dicha convicción debido a la socialización en los roles de género (madre, ama de casa, esposa) y a la división sexual del trabajo, que recarga sobre las mujeres las labores domésticas y el cuidado de los niños.
• También aún prevalece la creencia de que las mujeres disponen de "más tiempo libre" que los hombres para dedicarse al servicio de las necesidades de la comunidad. Se da por descontado su disponibilidad incondicional ignorando las sobrecargas de trabajo, los desgastes físicos y emocionales y los malabarismos que tienen que hacer para darse el tiempo de cumplir con todas sus obligaciones de género.
• Para las mujeres, principalmente de bajos ingresos, la participación en el mundo público local es más una obligación por necesidad que un derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos.

En la denominada política "informal" o "comunitaria", que es una forma de hacer política desde del entorno social cotidiano, las mujeres se involucran en los asuntos de interés público y sus experiencias nos enseñan que:

- establecen relaciones de fuerza y presión ante las autoridades locales;
- demandan y gestionan recursos;
- protestan, negocian y ejercen influencia;
- contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo local;
- adquieren habilidades de ciudadanas competentes;
- logran autoestima y prestigio social;
- adquieren poder de liderazgo;
- representan un efectivo patrón de participación social en la vida política local (Massolo, 1994).

Una paradójica dinámica de inclusión-exclusión envuelve la presencia y participación femenina en la esfera pública local. El hecho que hayan adquirido visibilidad y voz pública no significa que son reconocidos sus problemas específicos de género, ni son valoradas seriamente sus capacidades y contribuciones. La revalorización de los gobiernos locales en América Latina no ha corrido pareja a la revalorización de las mujeres como ciudadanas titulares de derechos.

Siendo la municipalidad la instancia de gobierno y representación política más próxima a la ciudadanía vinculada a los asuntos de la vida cotidiana, paradójicamente no ha facilitado el acceso de las mujeres a los cargos del poder municipal. Las municipalidades latinoamericanas carecen de pluralidad de género puesto que son mayoritariamente encabezadas por hombres. Claramente no se verifica una correlación positiva entre mayor cercanía del gobierno y mayor participación política formal de las mujeres. Por lo cual, el principio de proximidad que legitima particularmente al gobierno local, no funciona como principio que favorece la equidad de género en el acceso al poder municipal. Los gobiernos locales están marcados por la inequidad de género, aunque algunos cambios y avances están ocurriendo.