• Cine Foro: se presentará el documental Compañeros de Lucha realizado por Campamento Playas Pa’l Pueblo. Será el miércoles, 25 de enero a las7:30 pm en el salón L-1 de la Escuela de Derecho UPR.

• “Deslinde participativo”: visita a los compañeros y compañeras del Campamento ubicado entre el Hotel Marriott y el Balneario de Carolina. Como parte de la actividad se realizará un deslinde de la Zona Marítimo Terrestre en los terrenos en controversia del “Caso Marriott”. Será el sábado, 28 de enero a las 2:00pm en el Campamento.

ANDA junto a la Sección de ambiente, energía y recursos de la American Bar Association (ABA), estarán auspiciando un internado o pasantía para estudiantes de Derecho durante el verano de 2012.  El Fellowship in Environmental Law está diseñado para alentar estudiantes cualificados a estudiar y seguir carreras en Derecho ambiental. La pasantía estará disponible a estudiantes en su segundo o tercer año (nocturnos) de Derecho.

El programa:

• Estipendio de $5,000 (8-10 semanas mínimo) por trabajar en materias legales junto a ANDA.
• Participación en actividades de la ABA.

Elegibilidad:

• Estudiante de primer o segundo año de Derecho (o tercer año nocturnos)
• Miembros de algún grupo social o económicamente desaventajado u otro grupo poco representado, incluyendo edad, orientación sexual, discapacidad, transfondo cultural, lingüístico o geográfico.

Criterios de evaluación:

• Interés en asuntos ambientales
• Récord académico (Bachillerato y estudios graduados)
• Cualidades personales y de liderato

Solicitud

• Formulario de solicitud debidamente completado
• Un resumé
• Transcripción de créditos de bachillerato
• Transcripción de crédito de estudios de Derecho (excepto estudiantes de primer año)
• Un ensayo de un máximo de dos (2) páginas que describa su interés en asuntos ambientales y las razones para querer participar del Programa.
• Dos (2) referencias, incluyendo una (1) de un profesor o profesora de Derecho. No se requiere carta de recomendación, sino información y autorización para contactar a estas personas, en caso de entenderlo necesario.

Sobre la solicitud: Favor de proveer respuestas detalladas  a la presuntas y los anejos indicados en la solicitud.   Toda la información recibida se mantendrá en confidencial, pero se compartirá entre las entidades auspiciadoras.  La solicitud está disponible en formato Microsoft Word y Adobe PDF.

El fellowship se otorgará basado en el ensayo, la transcripción, el resumé y la solicitud.  Miembros del comité de selección podrán llevar a cabo una entrevista telefónica o en persona con los candidatos para determinar que serán finalmente seleccionado.

Instrucciones: Enviar la solicitud junto a los documentos requeridos a ANDA, PO Box 364852, San Juan PR 00936-4852 o via correo electrónico a vgonzalez@andapr.org.  La solicitud completa y todos sus documentos deberán ser envados por correo regular  o electronico en o antes del 1ro de marzo de 2012.  Los solicitantes seran contactados dentro de las tres a cuatro semanas a después de la fecha límite.

Fecha límite: La solicitud completada y documentos relacionados deben ser enviado en o antes del jueves 1ro de marzo de 2012.

Para más información puede comunicarse con: Noemí Alvarez, ABA Section Environment, Energy, and Resources, 321 N. Clark St., Chicago, IL 60654, Teléfono: (312) 988-5625, Fax: (312) 988-5572, Noemi.Alvarez@americanbar.org o con Verónica González, ANDA, Inc., PO Box 364852, San Juan, Puerto Rico 00936-4852, vgonzalez@andapr.org. Puede acceder a la página de la ABA para más información sobre el fellowship y la Sección de ambiente, energía y recursos.

Puede descargar la solicitud más abajo luego de las instrucciones en inglés.

The ABA Section of Environment, Energy, and Resources, in conjunction with the National Environmental Law Association (ANDA), will be sponsoring a fellowship for eligible law students during the summer of 2012. The Fellowships in Environmental Law program is designed to encourage qualified law students to study and pursue careers in environmental law.  The ABA Diversity Fellowships in Environmental Law program is designed to encourage students who bring diversity to the environmental bar to pursue careers in environmental law. The program is open to first and second year law students and third year night students only.

The Fellowship:

• $5,000 summer stipend (8-10 week minimum) for work on legal matters for ANDA, an public interest organization working in the fields of environmental, energy, or resources law
• Participation in meetings of the American Bar Association’s relevant committees

Eligibility:

• First or second year law students (and third year night students)
• Members of economically or socially disadvantaged or other underrepresented groups, including, among others, age, ability/disability, sexual orientation, cultural, linguistic, or geographic backgrounds

Fellowship Criteria:

• Interest in environmental issues
• Academic record (undergraduate and law school)
• Outstanding personal qualities and leadership abilities

Application Requirements:

• A completed application form
• A resume
• An undergraduate transcript
• A law school transcript (except for first year law students)
• A two-page essay describing applicant’s interest in environmental issues and reasons for wanting to participate in the Fellowship
• Two (2) references, including one (1) law school professor

The Application: Please provide detailed answers to questions and required attachments specified in the application. The ABA Section of Environment, Energy, and Resources will maintain all information received from applicants in confidence but will share the information with the cosponsoring state entity and prospective employers. The Application is available in Adobe PDF or Microsoft Word format.

Selection Criteria: Fellowships in Environmental Law will be awarded primarily upon the applicant’s essay, transcript, resume, and application. Members of the selection committee will personally conduct a phone interview the most competitive candidates, to determine who will ultimately be selected to participate in the Fellowship.

Instructions: Please return completed applications along with the required documents to ANDA, PO Box 364852, San Juan PR 00936-4852 or by e-mail to vgonzalez@andapr.org. Applications should be either typed or handwritten in block letters. Completed applications and all related documents must be postmarked by or emailed no later than March 1, 2012. Successful applicants shall be contacted within three to four weeks of application deadlines.

Deadline: Completed applications and related documents must be postmarked by Thursday, March 1, 2012.

For More Information Contact: Noemí Alvarez, ABA Section Environment, Energy, and Resources, 321 N. Clark St., Chicago, IL 60654, Phone: (312) 988-5625, Fax: (312) 988-5572, Noemi.Alvarez@americanbar.org or  Verónica González, ANDA, Inc., PO Box 364852, San Juan, Puerto Rico 00936-4852, vgonzalez@andapr.org.

2012 Puerto Rico Application

Participación en procesos de expropiación y desahucio

ANDA pertenece a su membresía.  Así, son sus integrantes los/as encargados/as de adelantar la misión de ANDA y sentar las pautas de cómo opera la organización. En términos generales, las facultades de los y las integrantes activos de ANDA incluyen:

• Elegir y remover de sus funciones a los y las integrantes de su Junta de Directores;
• Modificar o vetar cualquier determinación de la Junta;
• Enmendar el reglamento de la corporación;
• Convocar reuniones de miembros;
• Votar en cualquier asunto presentado ante la consideración de la Membresía.

Para ser miembro de ANDA será necesario:

• Ser mayor de edad de acuerdo con las leyes de Puerto Rico;
• Demostrar que sus intereses van acorde con la misión y los objetivos de la organización. A su vez, su experiencia  previa deberán reflejar un compromiso genuino con las causas ambientales, el trabajo comunitario, los derechos humanos y la justicia social.
• Mostrar interés y entusiasmo en participar de las actividades que ANDA realice o auspicie, de acuerdo con sus cualidades, circunstancias y peritaje;
• No haber sido expulsado de ninguna otra entidad comunitaria, ambiental o sin fines de lucro por motivo de comportamiento o actitudes violentas contra otros miembros de la organización; monopolización de las discusiones; hostigamiento sexual; comentarios o actitudes racistas, sexistas, homofóbicas o xenofóbicas; así como cualquier otra conducta que pueda ser perjudicial para el funcionamiento de ANDA o la seguridad y bienestar de sus miembros.
• No será necesario ser abogado o haber recibido alguna formación en Derecho.

Todo miembro de ANDA debe comprometerse a:

• Brindar un mínimo de cuarenta (40) horas anuales de trabajo voluntario para la organización e informar las labores realizadas y el tiempo empleado en cada labor.
• Satisfacer una cuota anual de $100. Todo/a integrante que necesite un plan de pago o exención podrá solicitarlo.  Ninguna persona será rechazada o excluida de la Membresía por su incapacidad de cumplir con el requisito de cuota.
• Asistir a reuniones del pleno. La membresía activa tendrá derecho a, y el deber de, participar y votar sobre las decisiones que se tomen en pleno o a través de correo electrónico.
• Cumplir a cabalidad con los reglamentos aplicables.
• Cumplir y promover los principios, misión y visión de ANDA.

Aquellas personas interesadas en ser integrantes de ANDA deberán informar su interés mediante una solicitud que incluya:

• Resumé o curriculum vitae que incluya experiencias laborales o voluntarias en asuntos ambientales o comunitarios.
• Ensayo sobre las razones por las cuales interesa pertenecer a ANDA, así como las iniciativas que pueda interesar desarrollar con la organización. (Máximo de 300 palabras).
• El nombre e información de contacto de al menos dos (2) personas que puedan servir de referencia. Al menos una de las referencias deberá ser de una persona que pueda hablar del trabajo voluntario del candidato o candidata.

Interesados e interesadas deberán enviar una solicitud completa en o antes de 5 de junio de 2011 a info@andapr.org o al PO Box 364852, San Juan, PR 00936-4852

NUEVA FECHA PARA SOLICITAR: Debido al interés de los solicitantes, la nueva fecha para someter la solicitud de membresía será el domingo, 19 de junio de 2011.

Por Daniel Vázquez*

VI Jornada ambiental

Estudiantes y participantes en el ResiHuerto de la UPR durante la Sexta Jornada

Hace ya un par de semanas terminó la Sexta Jornada Ambiental: Agricultura Ecológica, Soberanía Alimentaria y Políticas Públicas para un Puerto Rico Sustentable que organizó el Capítulo Estudiantil de ANDA.

Los ‘viejos’ de ANDA, Inc. queremos reconocer el gran esfuerzo de los y las estudiantes de ANDA durante la Jornada; por su magnífica organización; por lo interesante de los temas seleccionados para las actividades; y por haber logrado tanta asistencia a los eventos. Además, durante e inmediatamente después de la Jornada la prensa escrita, televisiva y radial difundió artículos y programaciones relacionados a la Agricultura en general y orgánica y a la soberanía alimentaria. Dudamos que sin el empuje y dedicación de ANDA estudiantil esos temas hubieran alcanzado tanta repercusión pública. ¡Enhorabuena!

Únete a ANDA, Inc.

En ANDA Inc. estamos ahora mismo en medio de una reorganización. Acabamos de publicar una convocatoria para una nueva Junta de Directores.  Hay tres (3) puestos disponibles en la Junta, la cual es responsable por la supervisión general de la corporación. Sus funciones incluyen ayudar a guiar las políticas de ANDA, observar que se cumplan metas programáticas y de recaudación y manejo de fondos, y fomentar que se adelante la misión y visión de la organización. Interesados e interesadas en formar parte de este cuerpo, pueden presentar su nominación en o antes de 15 de mayo de 2011.

Y, lo más importante, pronto publicaremos una convocatoria para nuevos y nuevas miembros de ANDA Inc. Así que aquellos y aquellas que han participado de ANDA estudiantil y ya se graduaron, o interesados en luchar por un Puerto Rico en el que todas y todos, tengan garantías de participación activa en los procesos de toma de decisiones de impacto ambiental, obtengan el mismo grado de protección ante riesgos ambientales, y disfruten de acceso equitativo a los recursos naturales, estén pendientes. ¡Los y las queremos en nuestra organización!

A Adjuntas el domingo

El próximo domingo será la marcha contra el Gasoducto. El Gasoducto es una idea pésima. ¿Cuál será el truco mágico que bajará el costo de la electricidad? Aun cuando tal vez a corto plazo fuera concebible que pudiese bajar el costo de la luz el usar gas en algunas o todas las centrales generatrices, no vemos como la AEE está segura que el gas natural será siempre “más barato”. Recientemente la prensa local ha reseñado información que advierte de sólo un ahorro mínimo. El gas también es un combustible fósil. También se encuentra en gran medida en yacimientos en países que por razones geopolíticas no siempre lo proveerán. También viene del extranjero y fomenta muy poco el desarrollo de nuestra economía local y su extracción, transporte y distribución tienen muchos costos medioambientales y humanos. Los países extractores pueden imponer requisitos legales y/o medioambientales más estrictos que aumenten sus costos (costos nominales pues los reales sabemos que muchas veces están escondidos, por aquello de las externalidades) y también puede verse afectado por la demanda y según la teoría económica clásica (esa que el gobierno dice promover pero que no sabemos si entienden), si los demás factores se mantienen iguales un aumento en la demanda, con una oferta fija supondrá un aumento en el costo de un bien. Del mismo modo si los demás factores se mantienen iguales y hay una disminución en la oferta el precio también subirá. Ambos son escenarios posibles. ¿Qué nos dirá el gobierno cuando aumente la demanda de gas natural en el mundo entero? ¿Qué hará si los países productores reducen su oferta? ¿Qué hará si suceden ambas cosas? ¿Nos venderán entonces otro proyecto salvador? Además el gasoducto como proyecto de infraestructura es carísimo, y peligroso y hay mejores alternativas.

A esto habría que añadirle los ya ampliamente reseñados impactos al medioambiente, a nuestro patrimonio arqueológico y a las comunidades cercanas al gasoducto. Nos preocupan además los señalamientos sobre posible corrupción, u al menos negligencia en a quienes les dan los contratos para estos lucrativos trabajos de construcción y consultoría. Incluyendo irregularidades en el proceso. También haría falta un análisis sosegado de las emisiones de bonos hechas y proyectadas en relación al Gasoducto y de los recaudos gubernamentales proyectados y de como ambos incidirían en los verdaderos costos nominales del proyecto (de nuevo, esto es solo tomando en cuenta cuanto dinero se desembolsaría a lo largo del proyecto en el proyecto mismo, sin tomar en cuenta externalidades). No se han analizado sosegadamente.

El gobierno está mostrando improvisación. Queremos alternativas. Queremos racionalidad. Queremos progreso con sentido y queremos un gobierno sin corrupción. Por tanto, los esperamos el domingo 1 de mayo en la Marcha contra el Gasoducto, convocada por Casa Pueblo.** “Será un abrazo del pueblo,Y de ese abrazo, vamos a repartir la semilla para que la lucha continúe en cada rincón del país”. A. Massol

*El autor es abogado y miembro fundador de ANDA, Inc.

**Los de ANDA, Inc. vamos y haremos carpooling así que si necesitan pon o pueden dar pon por favor escríbannos.

Foto tomada de la página de ANDA – Capítulo Estudiantil

]]> http://blog.andapr.org/2011/04/26/lo-ultimo-en-anda-jornada-convocatorias-y-la-marcha-contra-el-gasoducto/feed/ 0 http://blog.andapr.org/2011/04/26/lo-ultimo-en-anda-jornada-convocatorias-y-la-marcha-contra-el-gasoducto/ http://feedproxy.google.com/~r/anda/~3/rZ7nlajt8us/ http://blog.andapr.org/2011/04/18/covocatoria-junta-de-directores/#comments Mon, 18 Apr 2011 17:46:21 +0000 veronica http://blog.andapr.org/?p=1117 La Asociación Nacional de Derecho Ambiental, Inc. (ANDA) convoca a su membresía y al público en general a someter nominaciones para tres (3) puestos disponibles en su Junta de Directores.

ANDA, Inc. es un centro de derecho ambiental, sin fines de lucro, dirigido a facilitar el acceso a la justicia a sectores de escasos recursos económicos, y a promover el apoderamiento comunitario. ANDA pretende alcanzar un Puerto Rico en el que todas y todos, sin discrimen alguno, tengan garantías de participación activa en los procesos de toma de decisiones de impacto ambiental, obtengan el mismo grado de protección ante riesgos ambientales, y disfruten de acceso equitativo a los recursos naturales. Los esfuerzos de ANDA están dirigidos a la educación, asesoría y el litigio.

Los y las miembros de la Junta de Directores son responsables por la supervisión general de la corporación. Sus funciones incluyen ayudar a guiar las políticas de ANDA, observar que se cumplan metas programáticas y de recaudación y manejo de fondos, y fomentar que se adelante la misión y visión de la organización.

Los candidatos y las candidatas a una posición dentro de la Junta de Directores deberán:

1. Estar comprometidos con los principios, misión y visión de ANDA;
2. Ser capaces de trabajar como parte de un grupo;
3. Representar públicamente a la organización;
4. Estar familiarizados con los asuntos ambientales y comunitarios de actualidad.

Los y las miembros de la Junta de Directores serán elegidos mediante voto directo de la membresía de ANDA durante su asamblea anual. Los elegidos y/o las elegidas deberán servir por un término de dos (2) años y las posiciones no son remuneradas.  No será necesario ser abogado para pertenecer a la Junta.

Las personas interesadas en ser consideradas para un puesto en la Junta de Directores deberán presentar una solicitud que incluya:

1. Carta de presentación (cover letter).
2. Curriculum vitae (CV) o resumé que incluya cualquier experiencia de trabajo comunitario o ambiental, ya sean pagadas o como voluntario.
3. Carta expresando porqué interesa formar parte de la Junta de Directores de ANDA y qué podría aportar a la organización. (Máximo de 300 palabras).
4. Carta de recomendación de alguna persona que pueda expresarse en cuanto a su capacidad e interés en asuntos ambientales y comunitarios.  (ej.: miembro de la comunidad servida, miembro de ANDA, colaborador, etc.)

Interesados e interesadas deberán enviar una solicitud completa en o antes de 15 de mayo de 2011 a info@andapr.org o al PO Box 364852, San Juan, PR 00936-4852

VI Jornada Ambiental:

Agricultura Ecológica, Soberanía Alimentaria y Políticas Públicas para un Puerto Rico Sustentable

Preámbulo a la Jornada: Cine Foro en Sierra Club

Jueves de Río Piedras, Jueves, 17 de marzo. 6pm, Sierra Club,  Calle González, Río Piedras

Participación Especial: Huerto Comunitario de Capetillo

Actividad de apertura de la VI Jornada Ambiental: Conferencia sobre Agricultura Ecológica en Puerto Rico: Contexto, Viabilidad y Opciones para la Sustentabilidad.

Miércoles, 23 de marzo a las 7:30pm en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la UPR (Salón L-1)

Nelson Alvarez Febles, especialista en agricultura ecológica y sustentabilidad rural, autor de los libros El huerto casero y La tierra viva.

Participación Especial: Obra de Teatro, Jóvenes del 98

Temas: Argumentos para respaldar la viabilidad agronómica  y económica de la agricultura ecológica. Sus implicaciones sociales, ambientales y económicas. Sustentabilidad. Utilización adecuada de nuestros suelos. Soberanía Alimentaría. Propuesta de fincas ecológicas familiares.

Vulnerabilidad de los Sistemas de Suministros de Alimentos en Puerto Rico.

Jueves, 24 de marzo. 7:30pm, Salón L-1.

Myrna Comas Pagán, profesora de Economía Agrícola en el RUM.

Video entrevista con Miguel Altieri, profesor de agricultura ecológica, agroforesteria y agricultura urbana en la Universidad de California, Berkley. Referente internacional de la agricultura ecológica y autor del importante libro: Bases científicas de la agroecología, entre otros estudios y publicaciones.

Taller Teórico y Práctico de Agricultura Ecológica, con Nelson Alvarez Febles y el agricultor ecológico Raúl Rosado.

Domingo 27 de marzo.

Visita a Finca en Producción en Cupey.

Abierto al público en general. 30 Espacios Disponibles. Puede reservar su espacio a través de anda.capituloestudiantil@gmail.com

Problemas Ambientales y Sociales de la Agricultura Contemporánea.

Martes 29 de marzo. 7:30pm, Salón L-1

Juan Rosario, Misión Industrial.

Carmelo Ruiz, Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico, periodista ambiental.

Luis Rivero Cubano, agrónomo, ex Secretario del Departamento de Agricultura.

Temas: ¿Cuáles son los problemas sociales y ambientales generados a partir del modelo industrial predominante de agricultura y alimentación? Consecuencias del control corporativo sobre el mercado de semillas, la agricultura y la alimentación. Implicaciones sobre Puerto Rico de los agrotóxicos, transgénicos y patentes sobre la vida.

Conversatorio sobre Agricultura Industrial: Sus Efectos en la Producción de Animales para el Consumo Humano.

Miércoles 30 de marzo. 7:30pm, Salón L-1

Luis Zambrana, Jesús Vázquez, miembros de la Organización Nacional de los Derechos de los Animales (ONDA) y de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, Capítulo Estudiantil (ANDA).

Situación y Proyección Futura de la Agricultura Ecológica en Puerto Rico, vista desde la Academia.

Jueves 31 de marzo. 7:30pm, Salón L-1.

Vivian Carro Figueroa, Decana Auxiliar, Estación Experimental Agrícola, UPR.

Franklin Román, Agrónomo de Extensión Agrícola, UPR.

Daniel G. Pesante, Entomología/Apicultura Tropical, UPR.

Joaquín Chong, Estación Experimental, UPR.

Cada ponente presentará, desde su institución y experiencias, su visión de la agricultura ecológica en Puerto Rico.

Mesa redonda: conversatorio con agricultores orgánicos sobre las  políticas públicas agrarias en Puerto Rico.

Sábado, 2 de abril. 9am-12:30am, Salón L-3 (Escuela de Derecho, UPR).

Raúl Rosado, Agricultor y Presidente Cooperativa Madre Tierra.

Silka Besosa, Siembra Tres Vidas, Inspectora de Fincas Orgánicas (I.O.I.A)

Adrián  Jordán, agrónomo de Lajas.

Freddy Pérez Martínez “Fello”, agrónomo de Cabo Rojo.

Mariel Rivera y Ramón Agosto, agrónomos San German.

Raulito Mari, agrónomo Lares.

Jordan Pinder, agrónomo y estudiante de tercer año de derecho de la UPR.

Moderador: Nelson Alvarez Febles.

Almuerzo Ecológico. 1230-130pm

Por favor confirmar asistencia escribiendo a: anda.capituloestudiantil@gmail.com, antes del miércoles 28 de marzo

Formas de organización para financiar y desarrollar proyectos de agricultura sustentable: cooperativas, corporaciones especiales de trabajadores, fideicomisos de tierra.

Sábado, 2 de abril, 1:30-4pm, Salón L-2

Ramón Colón López, agricultor y profesor de economía, Universidad del Turabo.

Neida Pumarejo, Directora del Departamento de Adquisiciones, servidumbres y donaciones del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico.

María Hernández, Clínica de Derecho Comunitario de la UPR.

Salvador Tió, ex director de American Civil Liberties Union, oficina de NY.

Seminario de capacitación: Organización, Producción y Mercadeo de Productos Orgánicos. Participación de agricultores ecológicos, comercializadores, productores y consumidores

Lunes, 4 de abril. 730 pm, Salón L-1.

Por la Cooperativa Madre Tierra y la Organización Boricuá de Agricultores Ecológicos.

Charla introductoria: Mercado Orgánico Placita de Roosevelt, Domingo, 3 de abril. 1pm.

Foro: Manejo Agroforestal y Biodiversidad en Puerto Rico.

Martes, 5 de Abril. 7:30 pm, Salón L-1

Ariel Lugo, Director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical.

Marie Angie Ramos, Dept. de Tecnología Agrícola de la UPR, Utuado, Junta de Directores Boricuá.

Maria Benedetti, investigadora, educadora etno-botánica y autora de varios libros sobre medicina popular puertorriqueña.

Video Entrevista con Ivette Perfecto, profesora de Ecología y Recursos Naturales en la Universidad de Michigan, co-autora: Nature’s Matrix: The Link between Agriculture, Conservation and Food Sovereignty

¿Como puede el manejo agroforestal contribuir al desarrollo de una agricultura ecológica en Puerto Rico? ¿Como puede aportar a la conservación de la biodiversidad, al manejo de los recursos naturales, a nuestra seguridad alimentaria, a formar economías sustentables locales y a mejorar la cantidad y calidad de nuestra alimentación? El impacto de los cambios de uso de terreno sobre las comunidades locales. Problemas y soluciones de política pública.

Foro: Seguridad Energética vs. Seguridad Alimentaria en Puerto Rico.

Jueves 7 de Abril, 7:30pm L-1.

Gladys González, Economista Agrícola de la UPR

Arturo Massol, Casa Pueblo

Jorge Gaskins, agricultor orgánico y gestor de una empresa de acuicultura que produce pescado, camarones y biocombustible mediante el cultivo de microalgas

Moderador: Pedro Sadeé, director de clínica de derecho ambiental, UPR.

PARA MAYOR INFORMACIÓN O ACCEDER EL PROGRAMA ACTUALIZADO:

http://andaestudiantil.tumblr.com/

http://www.facebook.com/event.php?eid=180573798653201

anda.capituloestudiantil@gmail.com;

Salvador Coleman Tió, 787-221-8846; Jesús Vazquez, 787-607-8788

El programa:

• Estipendio de $5,000 (8-10 semanas mínimo) por trabajar en materias legales para una organización trabajando en los campos de Derecho ambiental, energía y recursos naturales.
• Participación en actividades de la ABA

Elegibilidad:

• Estudiante de primer o segundo año de Derecho (o tercer año nocturnos)
• Miembros de algún grupo social o económicamente desaventajado u otro grupo poco representado, incluyendo edad, orientación sexual, discapacidad, transfondo cultural, lingüístico o geográfico.

Criterios de evaluación:

• Interés en asuntos ambientales
• Récord académico (Bachillerato y estudios graduados)
• Cualidades personales y de liderato

Solicitud

• Formulario de solicitud debidamente completado
• Un resumé
• Transcripción de créditos de bachillerato
• Transcripción de crédito de estudios de Derecho (excepto estudiantes de primer año)
• Un ensayo de dos (2) páginas que describa su interés en asuntos ambientales y las razones para querer participar del Programas.
• Dos (2) referencias, incluyendo una (1) de un profesor o profesora de Derecho.

Sobre la solicitud: Favor de proveer respuestas detalladas  a la presuntas y los anejos indicados en la solicitud.   Toda la información recibida se mantendrá en confidencial, pero se compartirá entre las entidades auspiciadoras.  La solicitud está disponible en formato Microsoft Word y Adobe ODF.

El fellowship se otorgará basado en el ensayo, la transcripción, el resumé y la solicitud.  Miembros del comité de selección podrán llevar a cabo una entrevista telefónica con los candidatos para determinar que serán finalmente seleccionado.

Instrucciones: Enviar la solicitud junto a los documentos requeridos a ANDA, PO Box 364852, San Juan PR 00936-4852 o via correo electrónico a vgonzalez@andapr.org.  La solicitud completa y todos sus documentos deberán ser envados por correo regular  o electronico en o antes del 15 de marzo de 2011.  Los solicitantes seran contactados dentro de las tres a cuatro semanas a después de la fecha límite.

Fecha límite: La solicitud completada y documentos relacionados deben ser enviado en o antes del 15 de marzo de 2011.

Para más información puede comunicarse con: Dana I. Jonusaitis, ABA Section Environment, Energy, and Resources, 321 N. Clark St., Chicago, IL 60654, Phone: (312) 988-5625, Fax: (312) 988-5572, dana.jonusaitis@americanbar.org o Verónica González, ANDA, Inc., PO Box 364852, San Juan, Puerto Rico 00936-4852, vgonzalez@andapr.org.

Puede acceder a la página de la ABA para más información sobre el fellowshio y la Sección de ambiente, energía y recursos.

Puede descargar la solicitud más abajo luego de las instrucciones en inglés.

The ABA Section of Environment, Energy, and Resources, in conjunction with the National Environmental Law Association (ANDA), will be sponsoring a fellowship for eligible law students during the summer of 2011. The Fellowships in Environmental Law program is designed to encourage qualified law students to study and pursue careers in environmental law.  The ABA Diversity Fellowships in Environmental Law program is designed to encourage students who bring diversity to the environmental bar to pursue careers in environmental law. The program is open to first and second year law students and third year night students only.

The Fellowship:

• $5,000 summer stipend (8-10 week minimum) for work on legal matters for a public interest organization working in the fields of environmental, energy, or resources law
• Participation in meetings of the American Bar Association’s relevant committees

Eligibility:

• First or second year law students (and third year night students)
• Members of economically or socially disadvantaged or other underrepresented groups, including, among others, age, ability/disability, sexual orientation, cultural, linguistic, or geographic backgrounds

Fellowship Criteria:

• Interest in environmental issues
• Academic record (undergraduate and law school)
• Outstanding personal qualities and leadership abilities

Application Requirements:

• A completed application form
• A resume
• An undergraduate transcript
• A law school transcript (except for first year law students)
• A two-page essay describing applicant’s interest in environmental issues and reasons for wanting to participate in the Fellowship
• Two (2) references, including one (1) law school professor

The Application: Please provide detailed answers to questions and required attachments specified in the application. The ABA Section of Environment, Energy, and Resources will maintain all information received from applicants in confidence but will share the information with the cosponsoring state entity and prospective employers. The Application is available in Adobe PDF or Microsoft Word format.

Selection Criteria: Fellowships in Environmental Law will be awarded primarily upon the applicant’s essay, transcript, resume, and application. Members of the selection committee will personally conduct a phone interview the most competitive candidates, to determine who will ultimately be selected to participate in the Fellowship.

Instructions: Please return completed applications along with the required documents to ANDA, PO Box 364852, San Juan PR 00936-4852 or by e-mail to vgonzalez@andapr.org. Applications should be either typed or handwritten in block letters. Completed applications and all related documents must be postmarked by or emailed no later than March 15, 2010. Successful applicants shall be contacted within three to four weeks of application deadlines.

Deadline: Completed applications and related documents must be postmarked by March 15, 2011.

For More Information Contact: Dana I. Jonusaitis, ABA Section Environment, Energy, and Resources, 321 N. Clark St., Chicago, IL 60654, Phone: (312) 988-5625, Fax: (312) 988-5572, dana.jonusaitis@americanbar.org or Verónica González, ANDA, Inc., PO Box 364852, San Juan, Puerto Rico 00936-4852, vgonzalez@andapr.org.

2011 DIVERSITY FELLOWSHIPS IN ENVIRONMENTAL LAW – Puerto Rico Application

Según los hechos reseñados por el Tribunal , Jennymar Corporation solicitó a ARPe la aprobación de un anteproyecto para la construcción de un desarrollo residencial en un solar ubicado en un distrito de zonificación residencial turístico (RT-0), en el Barrio Ensenada de Rincón, así como variaciones respecto a la altura, densidad poblacional y área bruta de piso del proyecto. ARPe celebró vistas públicas en las que comparecieron el señor Leon J. Richter y la Fundación Surfrider, para oponerse a las variaciones solicitadas.

Durante las vistas, la Fundación Surfrider alegó que es una entidad cuyos propósitos son la conservación de los océanos y la protección del acceso a las playas. Por su parte, el señor Richter alegó (1) que reside “en el Barrio Ensenada de Rincón, cerca del proyecto objeto del caso de autos”, (2) que actualmente está afectado por un problema de distribución de agua, (3) que “entiende que este problema se agravará con el aumento de consumo que significa este proyecto”, y(4) “que sus intereses se verán afectados porque este tipo de desarrollo aumenta la densidad poblacional y por lo tanto rompe la armonía y altera las características de su vecindario”. Huelga destacar que la corporación proponente y ARPe no cuestionaron que el Sr. Richter, quien también era presidente del capítulo de Rincón de la Fundación Surfrider, residiera cerca del proyecto en cuestión o que, en efecto, hubiera un problema de distribución y abasto de agua en dicha área. Finalizadas las vistas, ARPe aprobó el anteproyecto de manera condicionada y concedió las variaciones solicitadas.

Inconformes, el señor Richter y la Fundación Surfrider solicitaron reconsideración y, al ser ésta denegada, acudieron mediante revisión administrativa al Tribunal de Apelaciones. Luego del trámite de rigor, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia confirmatoria del dictamen recurrido, incluyendo allí una escueta mención de que coincidían con la corporación proponente del anteproyecto a los efectos que “los recurrentes no presentaron prueba “de en qué manera sus intereses quedarán afectados con este proyecto”.

Inconformes aún, el señor Richter y la Fundación Surfrider presentaron un certiorari ante el Tribunal Supremo. Evaluado el asunto, una composición anterior de jueces y juezas del Tribunal Supremo expidió el recurso. Es en el Alegato de la corporación recurrida, presentado con posterioridad a la expedición del auto, donde por vez primera se solicita la desestimación del caso por carecer el señor Richter y la Fundación Surfrider legitimación activa. El Tribunal Supremo, por voz del Juez Asociado Martínez Torres, coincidió con la parte recurrida y desestimó el recurso por falta de legitimación activa.

La opinión mayoritaria comienza su discusión con un repaso de los requisitos de justiciabilidad que limitan el ejercicio del poder judicial, haciendo énfasis en los requisitos de legitimación activa, como colorarios del requisito que los tribunales resuelvan “casos o controversias”. Aunque ello tiende a ser un asunto olvidado en la discusión de estos temas, conviene recordar que, a diferencia del Artículo III, Sección 2 de la Constitución de Estados Unidos, el Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no impone a la Rama Judicial un requisito de la existencia de un “caso o controversia” para el ejercicio de sus poderes. Dicho requisito, en cambio, fue incorporado a nuestra jurisdicción por el propio Tribunal Supremo en su opinión en ELA v. Aguayo, 89 DPR 552 (1958).

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, reiterada en Fundación Surfrider,

[C]uando un litigante solicita la revisión judicial sobre la constitucionalidad de una acción o decisión administrativa a través de un pleito civil, éste tiene que demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una relación causal razonable entre la acción que se ejercita y el daño alegado; y (4) la causa de acción debe surgir al amparo de la Constitución o de alguna ley.

Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Col. de Peritos Electricistas v. AEE, 150 DPR 327 (2000); Hernández Torres v. Hernández Colón , 131 DPR 593, 599 (1992)). Por su parte, en el caso de asociaciones, éstas pueden tener legitimación activa para vindicar sus intereses o los de sus integrantes. Cuando pretenden vindicar sus intereses, les “corresponde demostrar un daño claro, palpable, real, inmediato, preciso, no abstracto o hipotético” a la(s) entidad(es). Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Col. de Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124 DPR 559 (1989); Col. de Peritos Electricistas, supra). En cambio, si una entidad interesa reclamar los derechos de sus integrantes,

tiene que demostrar que el miembro (1) tiene legitimación activa para demandar a nombre propio; (2) que los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la organización; y (3) que la reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual.

Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Col. de Ópticos de PR, supra). Ninguno de estos requisitos se ve afectado por la opinión mayoritaria del Tribunal en Fundación Surfrider.

El Supremo también reafirma sus expresiones previas a los efectos de que el daño alegado “se puede basar en consideraciones ambientales, recreativas, espirituales o estéticas”, con la misma precisión de que ello no significa que “la puerta está abierta de par en par para la consideración de cualquier caso que desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de una política pública”. Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 DPR 716, 723 (1974)).

La opinión también reitera una distinción entre los requisitos para que una persona sea considerada como ‘parte’ dentro de un procedimiento administrativo y los requisitos para ser considerado un litigante con legitimación activa para cuestionar una decisión administrativa en los tribunales. Lo primero, conforme surge de las Secciones 1.3 y 3.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPAU), requiere la existencia de un “interés legítimo”, criterio que deberá ser aplicado con liberalidad. Lo segundo, según la Sección 4.2 de la LPAU, no sólo requiere que la persona sea ‘parte’ en el proceso administrativo cuya determinación final se impugna, sino que también sea “adversamente afectada” por dicha decisión. Así, el Tribunal expresa que cabe la posibilidad, aunque relativamente inusual, de que una persona o entidad satisfaga los requisitos para ser considerada ‘parte’ en un proceso administrativo, pero que no tenga legitimación activa para impugnar la decisión final de la agencia mediante revisión al Tribunal (de Apelaciones).

Aclarados dichos extremos, el Tribunal pasa entonces a examinar qué exactamente implica estar “adversamente afectado” para efectos de contar con legitimación activa para procurar revisión de un dictamen administrativo en los tribunales. Sobre este particular, luego de reconocer que dicha frase no es definida por la LPAU, la mayoría toma de la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal sobre el Administrative Procedure Act (APA)  que, según ésta sirvió de modelo para la LPAU, en virtud de la aplicación del canon de hermenéutica ” que dispone que la adopción de una disposición de ley que proviene de otra jurisdicción hace presumir que también se adoptó la interpretación dada a dicha ley en su lugar de origen”. Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Pueblo v. Matos, 83 DPR 335 (1961); Lagarreta v. Tesorero, 55 DPR 22 (1939)).

Sobre este particular, debe señalarse que la opinión disidente, suscrita por la Jueza Asociada Fiol Matta, refuta ambos el uso de la jurisprudencia federal interpretativa de la APA y la aplicación del canon de hermenéutica. Sobre lo primero, la disidente arguye que la Sección 4.2 de la LPAU, que establece el criterio de “parte adversamente afectada” en cuestión, fue tomada del Model State Administrative Procedures Act de 1981 y no de la APA, y que el Legislador optó incluso por liberalizar el estándar en cuestión, dado que, en el contexto de la evaluación de solicitudes de intervención, el MSAPA establece un criterio de afectación “sustancial”, más riguroso que el de “adversa”, establecido en la LPAU. En cuanto al canon de hermenéutica, la disidente fustiga a la mayoría por no reconocer que el caso cae bajo las considerables excepciones a su aplicación, particularmente debido a que las fuentes originales, la APA y la MSAPA, son más restrictivas en cuanto a estos aspectos que la LPAU.

La referencia mayoritaria a la jurisprudencia federal los lleva a tomar de Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972), la contención de que una parte adversamente afectada debe demostrar “que sufre o sufrirá una lesión propia y particular (injury in fact) a sus intereses y que su lesión fue causada por la determinación administrativa que se impugna mediante la revisión judicial”. Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Sierra Club, supra). De conformidad con lo anterior, el Tribunal concluye que

la frase “adversamente afectada” significa que la parte recurrente tiene un interés sustancial en la controversia porque sufre o sufrirá una lesión o daño particular que es causado por la acción administrativa que se impugna mediante el recurso de revisión judicial. El daño tiene que ser claro, específico y no puede ser abstracto, hipotético o especulativo. Esto asegura que resolvamos “controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”.

Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra (citando a Aguayo, supra).

Al aplicar los antemencionados principios a las alegaciones del Sr. Richter y la Fundación Surfrider, el Tribunal Supremo concluyó que ninguno tenía legitimación activa para instar el recurso de revisión administrativa para impugnar la determinación de ARPe. En particular, el Tribunal razonó que, pese a que el Sr. Richter indicó que era residente del Barrio Ensenada de Rincón, en donde se desarrollaría el proyecto residencial, nunca indicó exactamente dónde vivía, ni cuán próximo se encontraba al proyecto. En palabras del Tribunal, dado que “un barrio puede ser tan extenso que
contenga varios vecindarios”, el Sr. Richter no había demostrado cómo la construcción y operación del proyecto le afectarían directamente. Tampoco resultó satisfactoria para el Tribunal la alegación del Sr. Richter a los efectos de que había un problema serio de abasto y distribución de agua en el área, y que el proyecto lo agravaría. Dichas expresiones eran, a juicio de la opinión mayoritaria, “especulativa[s] y conclusoria[s]“.

A igual resultado llegó el Tribunal en torno a las alegaciones de la Fundación Surfrider. Sobre éstas, primero descartó que tuviera legitimación activa para entablar la reclamación a nombre de sus miembros, pues ninguno de estos había hecho alegaciones más específicas que las ya descartadas del Sr. Richter. Por su parte, el Tribunal razonó, sin gran discusión al respecto, que si bien el que la entidad tuviese entre sus objetivos la protección de las costas y la viabilización del acceso a las playas podía ser suficiente para que ésta participara en el proceso administrativo, dado que el proyecto en cuestión estaba ubicado en un municipio, Rincón, “reconocido por sus costas y sus playas”, ello no era “suficiente para cumplir con el interés requerido para ser “parte” con derecho a revisión judicial”. Fundación Surfrider, 2010 TSPR 37, supra. Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal desestimó el recurso por falta de justiciabilidad.

Varios elementos de la opinión del Tribunal resultan, como mínimo, problemáticos. De entrada, me parecen persuasivas las expresiones de la opinión disidente en cuanto a la improcedencia de la importación de doctrinas administrativas federales, en vista de la flexibilidad y liberalidad que permea nuestro ordenamiento bajo la LPAU. Igualmente, resulta cuestionable el que el Tribunal hubiere incorporado la jurisprudencia sobre legitimación activa para impugnar determinaciones bajo la APA cuando en Puerto Rico se ha aludido al hecho de que la política pública ambiental ostenta rango constitucional, Const. ELA, Art. VI, § 19, como elemento justificante de mayor laxitud en la aplicación de los criterios de la doctrina de legitimación activa. Vease Salas Soler, 102 DPR en las págs. 722-23; Cerame Vivas v. Srio. de Salud, 99 DPR 45 (1970). Tampoco se alude a que la liberalidad en torno a la aplicación de los criterios de legitimación activa para casos y controversias que involucraban asuntos de gran interés público respondía a una tendencia hacia la flexibilización de estos requisitos en las jurisdicciones estatales. Salas Soler, supra (citando a Asociación de Maestros de PR v. Pérez, Gob. Interino, 67 DPR 848, 851 (1947)).

Por otra parte, si bien la opinión del Tribunal toma prestado de su contraparte federal, el análisis se limita al caso de Sierra Club v. Morton, supra, tal vez el primer gran caso sobre legitimación activa en casos ambientales resuelto por el Tribunal Supremo federal. No se examina con detenimiento, sin embargo, lo que ha sido una evolución en la aplicación de los requisitos de legitimación activa en casos ambientales en la jurisprudencia, Summers v. Earth Island Institute, 129 S.Ct. 1142 (2009); Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497, 516 (2007); Friends of the Earth v. Laidlaw, 528 U.S. 167 (2000); Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992), muchos de los cuales versan también sobre legitimación activa en el contexto de la APA. Tampoco se presta atención al hecho de que la doctrina ha sido particularmente crítica de la aplicación de los requisitos de esta doctrina en estos casos. Vease, e.g., David N. Cassuto, The Law of Words: Standing, Environment, and Other Contested Terms, 28 Harv. Envtl. L. Rev. 79 (2004); Philip Weinberg, Unbarring the Bar of Justice: Standing in Environmental Suits and the Constitution, 21 Pace Envtl. L. Rev. 27 (2003); Gene R. Nichol, Jr., Standing for Privilege: The Failure of Injury Analysis, 82 B.U. L. Rev. 301 (2002); Robert V. Percival & Joanna B. Goger, Escaping the Common Law’s Shadow: Standing in the Light of Laidlaw, 12 Duke Envtl. L. & Pol’y F. 119 (2001); Sam Kalen, Standing of its Last Legs: Bennett v. Spear and the Past and Future of Standing in Environmental Cases, 13 J. Land Use & Envtl. L. 1 (1997); Cass R. Sunstein, What’s Standing After Lujan? Of Citizen Suits, “Injuries,” and Article III, 91 Mich. L. Rev. 163 (1992); William A. Fletcher, The Structure of Standing, 98 Yale L.J. 221 (1988); Cass R. Sunstein, Standing and the Privatization of Public Law, 88 Colum. L. Rev. 1432 (1988) . Incluso, el profesor Richard Lazarus ha argumentado que las nociones de tiempo y espacio del daño ambiental, esto es, que el daño ambiental no se aferra a categorías de inmediatez y cercanía geográfica, sino que se distribuye a través del tiempo y el espacio, requieren una reevaluación de los criterios tradicionales de la doctrina de legitimación activa, según éstos son aplicados a casos ambientales. En palabras de Lazarus,

Article III of the Federal Constitution provides for federal court jurisdiction only over “cases and controversies,” which the Supreme Court has ruled requires that the party bringing the lawsuit establish a “concrete” and “imminent” injury. The nature of cause and effect within the ecosystem–because of how cause and effect are so spatially and temporally spread out–makes it very hard, however, for environmental plaintiffs to establish that their injury is “concrete” or “imminent.”

The expansive temporal and spatial dimensions of ecological cause and effect defy traditional notions of concreteness and imminence as defined by the Court’s precedent. Environmental plaintiffs can harbor sincere, strong feelings about species that they may in fact never physically visit, but the injury they suffer from their extinction is no less intense or legitimate. Justice Scalia may, as he did writing the opinion for the Court in Lujan v. Defenders of Wildlife, mock such a connection as based on a “Linnaean leap.” But, for many Americans whose life experiences demonstrate such a connection with distant species, it is no leap at all.

The real disconnect is instead between the Court’s precedential touchstone for identifying the requisite injury for Article III standing and the kinds of causal connections sought to be vindicated by modern environmental protection law. It is incumbent upon the Court itself to bridge that gap and return to Article III’s basic requirement of ensuring an adequately adversarial judicial proceeding, lest the Constitution be unfairly read as presenting an insurmountable obstacle to the enforcement of important federal environmental mandates.

Richard J. Lazarus, Human Nature, the Laws of Nature, and the Nature of Environmental Law, 24 Va. Envtl. L.J. 231, 260 (2005) (notas al calce omitidas). De conformidad con lo anterior, el análisis de la opinión mayoritaria sobre la interpretación de estos requisitos en la jurisprudencia federal no sólo resulta insuficiente, sino que también parece ser algo superficial. Sirve de muy poco que se indique que el daño o lesión alegado puede responder a consideraciones ambientales o estéticas si los criterios para evaluar si una parte tiene legitimación activa para impugnar una decisión administrativa responden a categorías de daño a la vida o a la propiedad.

Por último, independientemente de los fundamentos esbozados por la opinión mayoritaria para restringir el cumplimiento de estos requisitos, la determinación de desestimar el caso, en vez de devolver el caso para que se permitiera al Sr. Richter y a la Fundación Surfrider someter evidencia que acreditara su interés en las controversias, resulta particularmente injusta. Debe tomarse en consideración que, según surge de las opiniones mayoritaria y disidente, el planteamiento sobre la falta de legitimación activa de estas partes fue levantado por primera vez ante el Tribunal Supremo, y sólo después que el caso fuera expedido. Así, no sólo la corporación que interesaba realizar el desarrollo y ARPe habían dado por buenas las alegaciones del Sr. Richter y la Fundación sobre este particular, sino que las mismas habían resultado suficientes para que el Tribunal de Apelaciones no desestimara el recurso por falta de legitimación activa.

Peor aún, la decisión del Tribunal sobre este particular es incompatible con la misma opinión citada del Tribunal Supremo federal, Sierra Club v. Morton. Allí, al resolver que el Sierra Club no había demostrado que sufriría un daño particularizado por la construcción de un complejo turístico-comercial en la reserva del Valle Mineral King en California, el mismo Tribunal reconoció que el Sierra Club tendría la oportunidad de enmendar sus alegaciones para hacer dicha demostración de daño particularizado. Sierra Club, 405 U.S. en la pág. 735 n.8 (“Our decision does not, of course, bar the Sierra Club from seeking in the District Court to amend its complaint by a motion under Rule 15, Federal Rules of Civil Procedure.”). Como cuestión de hecho, así ocurrió, y el pleito no sólo no fue desestimado, sino que el Sierra Club eventualmente triunfó en evitar que el referido desarrollo se llevara a cabo en dicho lugar. Así, pues, la desestimación decretada por la opinión mayoritaria no se ajusta al trámite dispuesto en el mismo precedente citado por ésta.

Mirando hacia el futuro, sin embargo, si bien la opinión del Tribunal en Fundación Surfrider parece evidenciar un interés de dicho Foro de establecer criterios más rigurosos para la aplicación de la doctrina de legitimación activa, no debe interpretarse que las puertas de los tribunales están mucho más cerradas para litigantes ambientales. Ello sólo requiere que las personas u entidades que interesen objetar determinaciones administrativas en los tribunales demuestren, mediante alegaciones específicas, tal vez incluso suplementadas con declaraciones juradas, que han sufrido el tipo de daños, incluyendo ambientales y estéticos, resarcibles mediante acción judicial. Resta por ver también si el tenor limitante de Fundación Surfrider será expandido a casos que no involucren la revisión de determinaciones administrativas bajo la LPAU. Si bien la discusión del Tribunal parece estar ceñida a la interpretación de la frase “parte adversamente afectada” de la Sección 4.2 de la LPAU, el Estado ha utilizado ciertas expresiones de la opinión mayoritaria para argumentar que dichos pronunciamientos deben ser extendidos a casos y controversias que no envuelven la LPAU, como lo son los casos recientes, y aún pendientes de adjudicación, sobre la eliminación de la reserva natural del Corredor Ecológico del Noreste y la evaluación expedita del Gasoducto del Norte.

Nota: Este comentario fue publicado originalmente en el Blog Ratio Decidendi, del cual el autor sirve de Co-Administrador. Para ver la publicación original, pulse aquí.

(incluye documento con comentarios al final)

Advierten Serias Deficiencias en el Borrador Final del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos

San Juan, Puerto Rico

La Asociación Nacional de Derecho Ambiental, Inc. (ANDA) presentó en el día de ayer, 18 de octubre de 2010, sus comentarios al último borrador del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, el cual dispondrá de los procedimientos bajo el nuevo sistema integral de permisos del gobierno. ANDA advirtió a la Junta de Planificación (JP) que el nuevo borrador tiene serias deficiencias y busca limitar aún más los espacios de participación ciudadana en la concesión de permisos.

De entrada, y en una medida sin precedentes en nuestro País, el borrador ahora dispone que varias solicitudes de permisos podrán quedar aprobadas por el mero transcurso del tiempo, independientemente de que algún funcionario se hubiese expresado sobre ellos. En otras palabras, según el Reglamento, ahora se podrán conseguir estos permisos sin que nadie los valide y, como nunca habrá una notificación de la agencia, tampoco habrá posibilidad de revisión. Según el Lcdo. Luis José Torres Asencio, miembro de ANDA, “ello no sólo es incompatible con la misma Ley de Permisos, sino que también representa una abdicación total de la responsabilidad por velar rigurosamente por el fiel cumplimiento de la política pública ambiental constitucional, así como de las leyes y reglamentos ambientales aplicables a dichas solicitudes”.

Por otra parte, lejos de responder a los comentarios de varias personas y entidades, como ANDA, que reclamaban una ampliación de los derechos de participación ciudadana y acceso a la información incluidos en el borrador anterior del Reglamento, la JP ha decidido cerrar un poco más las puertas a las comunidades y organizaciones ambientales al, entre otras cosas, reducir los términos de notificación de vistas públicas de 30 días a 15 días y en ciertos casos incluso a 5. Entendemos que “un término de 15 días no es suficiente para que una persona o comunidad haga la investigación necesaria, tenga acceso a los documentos pertinentes y se prepare para presentar su posición al respecto. El dar términos cortos y atropellados a la ciudadanía para su participación en los procesos administrativos hace de estas vistas unas pro-forma y, por lo tanto, tiene el efecto de negarle el derecho a la ciudadanía de fiscalizar y evaluar la razonabilidad de la gestión a autorizarse”, afirmó la Lcda. Eva L. Prados Rodríguez, también integrante de la organización.

ANDA también señaló que la inclusión de una nueva regla para incluir procedimientos para evaluar proyectos de energía bajo la nueva Orden Ejecutiva del Gobernador es improcedente, dado que dicha Orden Ejecutiva va a perder su vigencia en enero del próximo año. Además, se criticó que el reglamento siga transfiriendo a la Oficina de Gerencia de Permisos la facultad para emitir permisos sobre extracción de material de corteza terrestre, cuando la Ley de Permisos nada dispone sobre dicha función, actualmente realizada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. “Aunque se han corregido algunas de las deficiencias que tenía el borrador original, en temas relacionados a la participación ciudadana y a la responsabilidad del Gobierno de evaluar adecuadamente las solicitudes de permisos que le son presentadas, el borrador final representa un retroceso y una visión hace muchos años superada, de que la protección del ambiente y la participación del Pueblo en la toma de decisiones sobre proyectos que le afectan considerablemente, están subordinados a un supuesto ‘derecho’ a construir, sin importar sus consecuencias. Si este borrador se aprueba, no será posible establecer un balance entre todos estos intereses, como requiere nuestra Constitución”, concluyó la Lcda. Verónica González Rodríguez, Directora de Programas de ANDA .

El documento completo con los comentarios de ANDA está disponible en www.andapr.org

Contactos:

Luis José Torres Asencio
(787) 209-6375
ltorres@andapr.org

Verónica González Rodríguez
(787) 502-7886
vgonzalez@andapr.org

Comentarios de ANDA al borrador final del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos.

Comentarios al Borrador Final del Reglamento Conjunto de Permisos – oct 2010