SUONTRAJ SECCIONAL MÉRIDA

Foro Penal: Seguiremos defendiendo los derechos humanos apegados a las leyes y la Constitución

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Thu, 25 Oct 2018 01:09:00 +0000

ON 24 SEPTIEMBRE, 2018

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AT 6:09 PM

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“Somos defensores de los derechos humanos, así que no somos ni seremos parte de la diatriba política”, aseguró Alfredo Romero en respuesta a los ataques proferidos contra él y el Foro Penal, por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien en rueda de prensa el domingo pasado, acusó al director presidente de la ONG de “haber lanzado un pote de humo” a través de un vídeo sobre la detención de una ciudadana. “Esos (vídeos) que lanzan esas ONG para encubrir asesinos”, llegó a decir Rodríguez.

No es la primera vez que el Foro Penal es atacado o amenazado y de nuevo Romero se vio en la necesidad de ratificar que la organización que representa jamás se saldrá de la Constitución, “lo que sí hace con frecuencia el gobierno venezolano al irrespetar la presunción de inocencia, las libertades políticas, el debido proceso, el derecho a la defensa y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos”, precisó Romero este lunes en rueda de prensa.

Insistió en que las ONG de DDHH son un canal por el que sin discriminación, ciudadanos de cualquier ideología denuncian violaciones a sus derechos humanos y obtienen protección.

Precisó Romero, que en el video difundido a través de las redes sociales, se transmitió la denuncia de familiares de una ciudadana detenida que dirige una ONG de protección de animales. El contexto de tal detención, el Foro Penal lo conoció a través de la versión difundida por el Ministro de Comunicación, puesto que a la detenida la mantienen incomunicada.

Romero recordó que en Venezuela hay 236 presos políticos de los cuales 71 son militares. Hay 35 mujeres detenidas y 3 adolescentes. Dos tienen boletas de excarcelación. Y casi todos han sido condenados públicamente por el Ejecutivo, sin haber sido procesados y sin derecho a su defensa.

Por su parte, Gonzalo Himiob vicepresidente del Foro Penal, recordó el rigor con que los miembros de la ONG trabajan para la verificación de los casos, información que ha sido validada por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

El Foro Penal asiste gratuitamente a las víctimas que les han violado los DDHH. Sus miembros insistieron en su voluntad para seguir prestando tan importante servicio a los venezolanos.

Foro Penal afirma que bomberos arrestados en Mérida son presos políticos

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Thu, 25 Oct 2018 01:08:00 +0000

ON 24 SEPTIEMBRE, 2018

AT 3:00 PM

“Ratificamos que en efecto se trata de dos auténticos presos políticos, en tanto que las características de esta detención se corresponden con las de los estándares internacionales sobre lo que es un preso político, dijo uno de los abogados de la ONG Foro Penal

María Fernanda Rodríguez | El Pitazo

septiembre 24, 2018 2:17 pm

Representantes de la ONG Foro Penal en Mérida aseguraron este lunes 14 de septiembre que Carlos Varón y Ricardo Prieto, funcionarios arrestados por grabar, presuntamente, un video en el que comparaban al presidente Nicolás Maduro con un burro, son presos políticos.

En rueda de prensa, Fernando Cermeño, vocero de la ONG, dijo que en Mérida contabilizan siete presos políticos de 236 que registra la organización en todo el país. “Ratificamos que en efecto se trata de dos auténticos presos políticos, en tanto que las características de esta detención se corresponden con las de los estándares internacionales sobre lo que es un preso político. Son personas detenidas arbitrariamente por motivos de carácter político, por intolerancia del Gobierno”, afirmó Cermeño.

Lee también: Bomberos detenidos en Mérida fueron trasladados a retén de Bailadores

El abogado penalista también aseguró que los detenidos no han cometido delito alguno, porque en la legislación venezolana “no existe ninguna clase de delito que diga que hacer una parodia o hacer una sátira sea constitutivo de delito”.

Así mismo, Cermeño aclaró que la defensa técnica de Varón y Prieto no está a cargo de ningún miembro de Foro Penal, sino de dos abogados de la Gobernación. “No compartimos con el gobernador el que no trate el caso con carácter político”, puntualizó.

Cermeño explicó que en este caso se han violado los principios de presunción de inocencia y legalidad penal, debido a que no se ha constatado que la grabación del video haya sido realizada por los detenidos.

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“Se está violentando el principio de legalidad penal en un doble sentido. En su sentido político, en tanto que se les está aplicando a estos dos nuevos presos políticos una ley que no es expresión de la voluntad popular emitida por la Asamblea Nacional, sino que esta es una ley que fue creada por un organismo incompetente que no tiene facultades para crear y, mucho menos, aplicar leyes penales”, expresó.

En segundo lugar, afirmó que se vulnera “el sentido técnico del principio de legalidad penal, en tanto que la instigación al odio que les fuera imputado a estos dos nuevos presos políticos es un contrasentido, ya que esa parodia lo que provoca es risa, no odio”.

Posible destitución

Sobre el procedimiento administrativo iniciado en contra de los funcionarios bomberiles, que podría desencadenar en la destitución de ambos, Cermeño explicó que corresponde a los entes a los que están adscritos abrir este tipo de procedimientos.

“Este procedimiento fue abierto por el Cuerpo de Bomberos del estado Mérida, que es una institución adscrita a la Gobernación del estado, y allí hay varias administraciones: el comandante del Cuerpo de Bomberos, un inspector, el encargado de recursos humanos y una unidad de disciplina. Todas estas dependencias son las que tienen que instruir un expediente administrativo y son las que pueden promover la apertura de este procedimiento, como efectivamente lo hicieron”, precisó el representante de Foro Penal.

Ricardo Prieto y Carlos Varón permanecen recluidos en el retén de Bailadores, municipio Rivas Dávila del estado Mérida, mientras transcurren los 45 días estipulados para las averiguaciones del caso.

Ambos podrían enfrentar una pena de 20 años de prisión por el delito de incitación al odio con agravante, estipulado en los artículos 20 y 21 de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada el año pasado por la Asamblea Nacional Constituyente.

Fuente: El Pitazo

http://elpitazo.info/los-andes/foro-penal-afirma-que-bomberos-arrestados-en-merida-son-presos-politicos/

El derrumbe de las exportaciones petroleras

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Thu, 24 May 2018 04:48:00 +0000

José E. Rodríguez Rojas

El problema que enfrentamos en la actualidad no es la amenaza de un embargo petrolero por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino el derrumbe de nuestras exportaciones que impiden a PDVSA cumplir con las demandas de sus clientes en el exterior. Unido a ello, la caída de las exportaciones implica un nivel de ingreso de divisas que es insuficiente para cubrir los requerimientos de divisas que se plantean este año, por concepto de importaciones y pago de deuda. Situación que puede agravarse si se concretan las amenazas de Cocono Philips.

Durante una conferencia, señala el economista José Toro Hardy, uno de los asistentes le preguntó: ¿Qué pasaría si Estados Unidos aplica sanciones a las compras de petróleo venezolano? Toro Hardy discrepó del asistente y planteó que lo pertinente era preguntarse: ¿Qué pasaría si Venezuela se queda sin suficiente petróleo para exportar a los Estados Unidos? La inquietud de Toro Hardy surge del desplome que viene sufriendo la producción petrolera venezolana.

Los señalamientos de Toro Hardy se hicieron en un artículo publicado en el diario El Nacional en febrero pasado, donde señaló que en 1998, cuando Chávez llegó a la presidencia, la producción de Venezuela era de 3.400 millones de barriles diarios. En el mes de diciembre pasado la producción había caído a 1.621.000 barriles diarios, de acuerdo a cifras de la OPEP. En este contexto, las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos eran de 1.800 millones de barriles diarios en el año 1998 y cayeron a 416.000 barriles. Es decir, se contrajeron en un 80%. Ante la caída de las exportaciones venezolanas, los Estados Unidos han tenido que buscar otros proveedores que han ido asumiendo la cuota de mercado de Venezuela.

Las exportaciones de Venezuela a Estados Unidos han venido disminuyendo, no por un embargo, sino por el colapso de la producción petrolera de PDVSA. En consecuencia, es de esperar según Toro Hardy, que en el año 2018 las exportaciones hacia los Estados Unidos sigan cayendo en forma dramática, por lo que lo pertinente es interrogarse, no sobre un hipotético embargo, sino sobre las limitaciones que hemos mostrado para cumplir con las demandas de clientes tradicionales de Venezuela como los Estados Unidos. La realidad es que, hasta el presente, los gringos han estado interesados en comprarnos petróleo, pero Venezuela no ha tenido suficiente petróleo para venderles.

Las previsiones de Toro Hardy para el año 2018 se han cumplido, pues nuestra producción petrolera ha continuado reduciéndose. Jorge Piñón, un experto petrolero de la Universidad de Texas, señaló que la producción de Venezuela se ubica actualmente entre 1.4 y 1.5 millones de b/d, o sea que se han reducido en unos 300 mil b/d aproximadamente, con respecto a diciembre pasado. Después de deducir la producción orientada al consumo interno, obtenemos las exportaciones, las cuales se ubican en 800 mil b/d según el experto señalado. Estos niveles de exportaciones no son suficientes para satisfacer la demanda de los clientes de PDVSA, como los Estados Unidos.

Los señalamientos de Jorge Piñón se dieron durante una entrevista que le hiciera el periodista Xavier Serbiá en una edición reciente de CNN Dinero. Serbiá señaló que las cifras de exportación dadas por Piñon no permiten al Estado Venezolano cuadrar sus cuentas. En otras palabras, el Estado venezolano no tiene las divisas suficientes para costear las importaciones que se requieren y los compromisos asociados al pago de la deuda. En el cuadro 1 podemos observar que los ingresos en divisas generados por las exportaciones petroleras no llegan a cubrir ni la tercera parte del monto de las divisas que se erogaron el año pasado en importaciones y pago de deuda. Hay un déficit de aproximadamente 22 mil millones de dólares.

Cuadro 1. Ingreso de divisas del año 2018 como proporción de los requerimientos de divisas para importaciones y pago de deuda.

Concepto	Millones de dólares
Valor de las exportaciones petroleras (1)	10.293
Requerimientos de divisas para importaciones y pago de deuda (2)	32.691
Déficit	-22.398
Proporción (1/2 x 100)	31,5%
Fuente: Cuadro 2. Nota: En el cálculo del valor de las exportaciones asumimos 60 dólares el barril y un nivel de exportaciones de 800.000 barriles diarios. A estos le deducimos 330.000 barriles diarios que exporta Venezuela hacia China para pagar préstamos. En la estimación de los requerimientos de divisas asumimos el valor de las importaciones más el pago de deuda realizados en el año 2017 (Ver cuadro 2)

La situación descrita puede ser peor pues la empresa Conoco Philips amenaza con embargar instalaciones y productos petroleros almacenados en Curazao y otras islas del Caribe, en compensación por 2.000 mil millones de dólares que le adeuda el gobierno por la expropiación de sus instalaciones en el año 2007. La citada empresa ha sido autorizada por un tribunal de Curazao a proceder a tomar posesión de los productos almacenados en tanques y buques. Adicionalmente a ello, el gobierno de los Estados Unidos ha cortado las ventas de nafta a PDVSA, la cual se utiliza para diluir el petróleo pesado venezolano en las refinerías, con el propósito de adaptarlo a los requerimientos de los clientes de PDVSA en el exterior. El efecto combinado de las acciones de Conoco Philips y los recortes en la venta de nafta, reducirían aun más los niveles de exportación de PDVSA. Dicha reducción pudiera alcanzar los 500.000 barriles diarios según Jorge Piñón, el experto petrolero mencionado.

Cuadro 2. Venezuela. Valor de las importaciones de bienes y servicios y de los pagos asociados a la deuda externa (intereses y capital), año 2017.

Concepto	Valor (millones de dólares)
Importaciones de bienes y servicios (1)	23.000
Pago de deuda externa (intereses y capital) (2)	9.691
Total egresos de divisas	32.691
Fuente: (1)Estimaciones aportadas por la empresa Torino Capital publicadas en: Gerente com. “Las importaciones siguen cuesta abajo en el 2017”. Disponible en: www.gerente.com; (2) Kapital. Consultoría económica y financiera. Disponible en: Kapitalconsultores.com

Nota: en el cuadro 1 la estimación de las exportaciones de Venezuela hacia China toma como referencia las cifras de exportación del año 2017. Según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (con base en Washington) dichas exportaciones durante el año 2017 fueron de 330.000 barriles diarios las cuales no generan efectivo pues se envían en pago por préstamos (El Nacional. 2018. “China se adueña de crudo de Venezuela”. El Nacional, 6 de abril del 2018.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

La hiperinflación diluye a la banca venezolana y la deja sin fuerza para dar crédito

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Wed, 25 Apr 2018 12:20:00 +0000

Abr 24, 2018 8:19 am

Los bancos también están sobreviviendo REUTERS/Marco Bello

La hiperinflación que vive Venezuela devoró el patrimonio de la banca local hasta dejarla, en conjunto, del tamaño de un banco de la pequeña República Dominicana y sin capacidad para sacar de la recesión a la que fuera tiempo atrás una de las cuatro mayores economías de Latinoamérica.

Tras una década de tasas reguladas en un máximo de 28 por ciento y con una inflación que trepó a cuatro dígitos, los bancos del país petrolero no son rentables y tienen poco interés en inyectar capital a pérdida para ampliar los montos de los créditos y apalancar el consumo de empresas y personas.

Si bien aún operan bancos como el estadounidense Citibank o el gigante español BBVA en espera de tiempos mejores, el valor de las 31 entidades financieras privadas que seguían en pie al cierre de 2017 equivalía a 40 millones de dólares a la tasa de cambio oficial usada como referencia ante la falta de divisas.

“Los bancos están sobreviviendo”, dijo un asesor de la banca privada que prefirió no revelar su nombre. “Hacen esfuerzos por mantenerse operando pero sin expandir el crédito”, dijo.

Con tan poco respaldo, los bancos venezolanos prestan apenas un 28 por ciento del torrente de bolívares que manejan, según cifras oficiales a enero, muy lejos del promedio de los sistemas bancarios en América Latina que en 2017 mantenían volúmenes de crédito equiparables con los depósitos, según datos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

El Gobierno parece tener prisa en revertir esta situación. En febrero el ente regulador de los bancos ordenó aumentar el máximo a prestar en cada tarjeta de crédito de 36 a 60 millones de bolívares, un poco menos de 300 dólares, según una resolución difundida en su web.

Ni la Superintendencia de Bancos (Sudeban) ni el Ministerio de Información respondieron a varios correos solicitando su opinión.

Pero Beglis Villanueva, una docente con tres tarjetas emitidas por el Banco Provincial, filial de BBVA en el país, no tuvo suerte con el aumento de cupos. El límite en sus tarjetas es menor a dos dólares y no ha cambiado en el último año.

“Las uso para comprar pan, que es lo único que puedo comprar con ellas”, dijo al salir de su trabajo en un colegio privado.

Un mal negocio

La banca venezolana -que en los últimos años ha cerrado centenares de oficinas y redujo miles de empleos- tiene restricciones para el cobro de comisiones y limitaciones legales para invertir en otra moneda, por lo que depende principalmente de la venta de créditos para subsistir.

Pero a diciembre había prestado un volumen de dinero que, según datos oficiales, equivale a 13 dólares por persona, en una nación con 30 millones de habitantes, que en su mayoría se salta alguna comida al día por la pérdida de su poder adquisitivo.

El tamaño de la cartera de créditos es ínfimo frente a los números de la banca en Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina y México, el grupo de las principales economías de la región al que pertenecía Venezuela hasta 2009. En todos los casos prestan más de 2.000 dólares por persona, según una revisión que hizo Reuters de datos de Felaban a fines de 2017.

Yenny Bastida, una diseñadora de modas venezolana, ha visto cómo la banca local le redujo el crédito. Este año ofrecieron a su empresa el equivalente a 300 dólares que debe pagar en seis meses, la mitad del plazo que recibió de dos bancos en 2016.

“El monto es ridículo, apenas cubre un 20 por ciento de lo que financié dos años atrás”, dijo.

A las grandes y medianas empresas la banca privada local le presta no más del equivalente a 25.000 dólares y en casi todos los casos está exigiendo garantías en dólares, aseguró un consultor de grandes compañías que operan en el país.

“El crédito está perdiendo razón de ser”, dijo el profesor Leonardo Vera que trabajó por años en la unidad de investigación de un banco privado local. “Una economía sin crédito no crece, las empresas se quedan sin capital de trabajo para expandirse y el hogar tampoco puede aumentar el patrimonio”, apunta.

Tres años antes, la banca venezolana prestaba 59 por ciento de los depósitos y el volumen de la cartera de créditos equivalía a casi 100 dólares per capita, según datos oficiales.

Con el escenario de la hiperinflación venezolana, las empresas y personas tienen todos los incentivos para pedir préstamos, pues cómo máximo le cobran una tasa del 28 por ciento desde 2005, bajo una inflación que en marzo se ubicó en 8.878 por ciento anual, según la medición del Congreso opositor.

Pero la mayoría de los bancos hizo solo leves mejoras en los créditos al consumo, según dijeron tres ejecutivos del sector financiero, porque deben inyectar capital para ampliar los límites a financiar al ritmo que suben los precios.

“Los dueños de los bancos no van a traer dólares para capitalizar. Eso es pensamiento mágico”, dijo un alto ejecutivo de una de las instituciones más grandes del país, advirtiendo que cualquier aporte de los accionistas se lo devora en tres o cuatro meses la desmedida inflación.

Al cierre de 2017, los bancos ganaron 115 por ciento en proporción al patrimonio, muy por debajo de la voraz inflación que cerró en 2.600 por ciento, según data oficial y a contramano de lo que sucedió en las siete economías más grandes de la región, donde la banca ganó en términos reales.

La mayoría de los bancos privados solía inyectar todas las ganancias al patrimonio para ampliar el crédito en los últimos años de inflación alta, pero cuando los precios subieron por encima de cuatro dígitos se rompió el ciclo, dijeron fuentes del sector.

“Paños calientes”

“Señores de la Banca todavía tienen tiempo … traigan los dólares y compren petros”, dijo el vicepresidente Tareck El Aissami en marzo, al anunciar que permitirán aumentar capital con la compra en divisas de esa nueva moneda digital venezolana para que los bancos puedan fortalecer el patrimonio.

También para reanimar la banca, el Gobierno relajó el año pasado en dos oportunidades algunas normas contables para permitir a los bancos revalorizar sus activos, muchos de ellos inmuebles, y así otorgar más créditos. Y este año, al eliminar la tasa de cambio subsidiada, subió el valor en moneda local de la cartera de bonos denominados en dólares y creció ligeramente el patrimonio.

“Son paños calientes, el gobierno debe aprobar un aumento de las tasas de interés”, dijo una fuente cercana a las negociaciones que por meses mantienen sin éxito los bancos con autoridades, convencido que el rezago en el crédito irá a peor.

La banca privada local dejó de otorgar créditos a empresas y personas a largo plazo. Seis de cada 10 bolívares que prestó en 2017 fue para créditos comerciales, que reciben desde industrias hasta comercios y deben pagar en menos de 24 meses, indican la data oficial a enero y fuentes bancarias.

“La banca dejó de cumplir su rol”, dijo un ejecutivo de una compañía local que prefirió reservar su nombre. “Consigues mejor financiamiento con los proveedores”, apuntó el directivo de una compañía a la que le ofrecen créditos que no alcanzan siquiera para comprar 15 días de materia prima.

La coyuntura aún no ahuyenta a la mayoría de los banqueros, que aguardan regresen los tiempos donde Venezuela les aportó las mejores ganancias bajo la bonanza petrolera y en un mercado donde hay millones de clientes bancarizados.

“La banca sobrevivió a la hiperinflación en Perú y aquí también lo harán las instituciones que tienen enormes inversiones en inmuebles”, afirmó un operador por décadas del sector financiero. “Habrá sí reacomodos”, dijo.

Es el caso de la unidad de Citibank que comenzó a suspender tarjetas de crédito y cuentas a clientes el año pasado, en una estrategia de “reducir el mercado objetivo”, dijeron dos fuentes del sector y en diciembre el banco registró una pérdida de 43,1 por ciento sobre el patrimonio invertido, según datos oficiales.

El dueño del banco Banesco, la mayor entidad financiera de Venezuela por activos, afirmó en enero que la entidad no estaba a la venta, ni sería adquirido por el Gobierno pero compró el negocio minorista del alemán Deutsche Bank en Portugal, mostrando su intención de expandirse. Sus asesores dijeron que pese a esto permanecerá en el país.

En los últimos dos años sólo el banco portugués Novo Banco vendió su filial en Venezuela, pactando con el local Banca Amiga su salida de un mercado donde entró hace menos de una década. Como exigen las leyes locales, el gobierno aprobó la operación.

El BBVA desconsolidó su unidad local Provincial, que llegó a estar entre las más rentables del grupo, pero hace año y medio desestimó una oferta de compra de un banquero local, dijo una fuente cercana a la negociación. BBVA declinó comentar sobre esta propuesta.

“Venezuela es una tragedia”, dijo Francisco González, presidente del grupo financiero español a periodistas en un encuentro en Davos en febrero. “Desde luego no queremos irnos (…) yo confío que algo va a pasar”.

Reuters

REUTERS/Marco Bello

OMS: Venezuela tiene el mayor incremento de casos de malaria en el mundo

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Wed, 25 Apr 2018 12:15:00 +0000

24 de abril, 2018 - 9:35 am

Agencias

Venezuela registra el mayor incremento de casos de malaria en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que teme no solo por las consecuencias internas, sino por la expansión de la enfermedad en los países limítrofes que reciben refugiados venezolanos.

“El caso de Venezuela nos preocupa significativamente. Los casos de malaria están creciendo de una manera muy preocupante a causa de la drástica reducción de las campañas antipalúdicas que se llevan a cabo en el país”, afirmó hoy en rueda de prensa el director del programa contra la malaria de la OMS, Pedro Alonso.

El especialista recordó que en la primera campaña de erradicación de la enfermedad en los años 1950-60, Venezuela destacó por ser el primer país en el mundo que pudo erradicar el paludismo en amplias zonas del país y que fue certificado por ello.

“Ahora tenemos incrementos masivos que probablemente lleguen a medio millón de casos por año. Es el mayor incremento registrado en el mundo”, denunció.

Oficialmente, en 2016, Venezuela reportó 245.000 casos y una muerte, mientras que la OMS estimó que, en realidad, el número de contagios ascendió al menos a 300.000 y el de decesos a 280.

Para 2017, la OMS estima que al menos se dieron 406.000 casos, una cifra muy difícil de verificar dado que el sistema epidemiológico del país es muy precario.

Alonso sostuvo que la OMS y específicamente su oficina regional, la Organización Panamericana de Salud (OPS), trabajan intensamente con el Gobierno para “tratar de aliviar las preocupantes condiciones”.

Además, la OPS ofrece a Venezuela medicamentos antipalúdicos y tratamientos preventivos como mosquiteras impregnadas de insecticida.

Alonso advirtió que el riesgo no sólo recae en la población venezolana que reside en su propio país, sino también en los que huyen de las duras condiciones venezolanas y buscan refugio en naciones limítrofes.

“Estamos viendo casos de malaria entre la población de refugiados venezolanos que llegan a Brasil, Colombia y Ecuador y otros lugares”, indicó.

“Tememos que haya nuevas transmisiones en esos países si no se controla bien a la población refugiada”, agregó.

Es por ello que apeló a los países vecinos a “asegurar una diagnosis y un tratamiento adecuado y gratis para cualquiera que vaya a un centro médico, porque no hay nada más peligroso que pacientes con acceso limitado a causa de su estatus financiero o legal”.

Por otra parte, Alonso dijo que si bien en números absolutos los casos de paludismo han crecido en América Latina, en general, la región marcha por el buen camino y que la enfermedad está controlada en la mayoría de los países a excepción de Venezuela, dado que si hay casos, éstos son puntuales.

Evocó, por ejemplo, nuevos casos en Colombia en las zonas abandonadas por guerrilleros desmovilizados y donde nunca antes se habían hecho controles epidemiológicos, o focos puntuales en Brasil y Ecuador. EFE

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Wed, 25 Apr 2018 12:14:00 +0000

FOTOS | Finca Experimental de la ULA sigue invadida y la GN no actúa

Temen que se pierdan 1.000 litros de leche almacenada, que los invasores no dejaron sacar este martes

Nora Sánchez | Mérida | El Pitazo

abril 24, 2018 5:23 pm

| Los invasores tomaron la finca el pasado 13 de abril, al final de la tarde |Foto: Cortesía @NuaaULA

Mérida.- Once días han transcurrido desde que un numeroso grupo de personas invadió, al final de la tarde del viernes 13 de abril, la finca experimental Judibana de la Universidad de Los Andes (ULA), ubicada en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida. A la fecha, la Guardia Nacional (GN) y los organismos de seguridad no han actuado en defensa de las propiedades de esta casa de estudios.

En la finca funciona el Núcleo Experimental Alberto Adriani y, desde allí, se hace docencia, investigación, extensión y se desarrollan proyectos de distintas facultades y núcleos de la universidad.

Al menos 100 personas mantienen tomado el portón de entrada y limitan el acceso a los predios de la ULA. Un afiche del expresidente Hugo Chávez acompaña la invasión del grupo que dice llamarse “Consejo Socialista Lucha, Batalla y Victoria”, que se adueñó de un espacio, que ya había sido invadido en dos oportunidades.

Germán Rodríguez, coordinador de la Finca Experimental Judibana, denunció actitud hostil. (Foto: @NuaaULA)

La acción fue denunciada en su oportunidad por el rector de la ULA, Mario Bonucci, quien además de notificar el hecho a las autoridades también señaló que ocurren delitos como el abigeato, pues informó que los invasores sacrificaron dos reses que forman parte de las dinámicas de proyectos de investigación.

En la finca Judibana hay aproximadamente 200 animales y, desde hace dos años, son blanco de acciones de abigeato, lo que ha conllevado a la pérdida de, al menos, 20 reses.

Germán Rodríguez, director de la Finca Experimental Judibana, agredido y amenazado por los invasores este martes cuando se disponía a tomar una muestra de la leche almacenada, denunció que hay 1.000 litros de leche que pueden perderse porque los invasores, con actitud hostil y con armas blancas, impiden el ingreso del camión de la empresa láctea para llevarse el producto y procesarlo.

Pese a la inspección realizada, la GN no actúa para desalojar a los invasores (Foto: @NuaaULA)

No hay procedimientos pese a medida cautelar

Efectivos de la GN conocieron de la invasión en su momento y la respuesta para las autoridades universitarias fue que deben esperar órdenes superiores para actuar.

Lee también: Trabajadores de la ULA iniciaron protestas debido a “salarios de hambre”

Sin embargo, Germán Rodríguez recordó la medida cautelar que existe sobre la finca desde el año 2016 cuando hubo la primera invasión y solicitó a los organismos proceder a la desocupación antes de que se generen daños irreparables.

“Hay un cordón de miseria y la justificación de los invasores es que van a producir y lo que vemos al frente (de la finca), que es donde viven los invasores, es hacinamiento, servicios públicos de mala calidad y eso es lo que quieren replicar en Judibana”, subrayó Rodríguez, al tiempo que pidió la desocupación.

Este martes, los invasores no permitieron tomar muestra de la leche almacenada, la cual temen las autoridades que ya se esté dañando. | (Foto: @NuaaULA)

En el año 2016, el Tribunal Superior Agrario, el Ministerio de Agricultura y Tierras, el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (Inti) y el entonces Ministerio del Ambiente determinaron que la finca experimental Judibana tiene vocación académica, de investigación y de extensión, más no productiva.

El Instituto de Aeronáutica Civil (Inac) suscribió tal pronunciamiento de los entes correspondientes, sobre todo porque la finca está en el cono de aproximación de la pista del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo de El Vigía. Ante esta nueva invasión, el Inac también ha guardado silencio y no da respuesta a la solicitud de actuación que realizan las autoridades universitarias.

Hace dos años, un tribunal superior agrario determinó que la finca Judibana debe respetarse por su vocación académica, de extensión e investigación | (Foto: @NuaaULA)

En riesgo el núcleo universitario

Si los organismos de seguridad no hacen cumplir la medida cautelar y no hacen respetar la decisión del Tribunal Superior Agrario, la continuidad del núcleo universitario Alberto Adriani de la ULA está en riesgo.

El director de la finca experimental, Germán Rodríguez, señaló con preocupación que la invasión perjudica considerablemente el desarrollo del núcleo universitario de El Vigía, ya que la semana pasada debieron comenzar clases estudiantes de las carreras de Técnico Superior Agrícola y Técnico Superior Agrario y, a la fecha, no han podido iniciar las actividades, “porque no podemos colocar a los estudiantes en riesgo, teniendo presente que la finca es el espacio natural para el laboratorio de clases de esas carreras técnicas”, dijo.

Ante la matanza de dos reses, el impedimento para sacar la leche que se produce en la finca Judibana y la agresión al personal universitario, el rector de la ULA, Mario Bonucci, aseguró que la invasión pasó a ser destrucción y vandalismo.

Por la falta de acción de los organismos de seguridad que esperan, según dijeron, órdenes superiores para desalojar a los invasores, Bonucci se preguntó ¿será que actuarán cuando ya sea demasiado tarde?.

El corazón petrolero de Venezuela, paralizado por los cortes de luz

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Wed, 25 Apr 2018 12:11:00 +0000

Abr 25, 2018 7:29 am

Cabimas, Venezuela (REUTERS/Isaac Urrutia)

El Estado de Zulia —la entidad petrolera que aún da de comer a Venezuela y la de mayor población— está sumido en el caos por la agudización de un racionamiento eléctrico que comenzó a finales del año pasado y que desde la semana pasada ha dejado a la población más de la mitad del día a oscuras y a algunos con apenas una hora de luz en 24 horas. Así lo reseña elpais.com

Por Florantonia Singer

El fin de semana, Maracaibo, la segunda en población del país sudamericano, era un pueblo fantasma. La semana comenzó igual. Negocios cerrados, calles oscuras con la huella de las protestas nocturnas y la gente resistiendo las altas temperaturas que superan los 30 grados centígrados en una región donde el aire acondicionado es casi un artículo de primera necesidad.

“El lunes los niños no tuvieron clases y este martes las maestras nos avisaron a media mañana que podíamos llevar a los niños porque había llegado la luz”, cuenta Andreína Parra, de 36 años de edad, mientras hacía una fila por más de dos horas para cargar combustible en una de las pocas estaciones que estaba prestando servicio porque tenía luz.

La empresa estatal de electricidad, Corpoelec, ha informado que el racionamiento eléctrico era solo de tres horas. La medida se comenzó a aplicar a finales de año para enfrentar los rigores de una sequía que es cíclica en el país tropical, que suele afectar las fuentes de energía hídricas, y que al gobierno se le ha ido de las manos más de una vez.

Este martes, en una rueda de prensa, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, ha dicho que la causa la crisis eléctrica en la entidad es el sabotaje de dirigentes de la oposición contra el gobernador del estado, Omar Prieto, un aliado de Nicolás Maduro.

El funcionario también ha anunciado la detención de 29 personas, gran parte de ellas fueron arrestadas este martes durante una protesta frente a la sede la empresa estatal en Maracaibo, y entre las cuales está el presidente de la cámara municipal de la ciudad, el edil Carlos Armijo, y dos periodistas que cubrían la manifestación. Prieto no mencionó que en otra protesta ocurrida en la noche del lunes en rechazo a los apagones, fue asesinado Anderson Olivares, un adolescente de 15 años herido por un arma de fuego que presuntamente accionó un conductor que pasaba por la Circunvalación 3, cerca del barrio La Antena, informó la ONG de derechos humanos Provea.

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En 48 horas se solventará la distribución del agua en un 70 por ciento

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Wed, 25 Apr 2018 12:10:00 +0000

Noticias de Mérida

Publicado: Miércoles, 25 Abril 2018 02:16

Escrito por NoticiasVe

Para dar a conocer todo el esfuerzo humano y financiero que realiza el Gobierno regional para dar solución a la crisis del servicio de agua potable, el mandatario regional, Ramón Guevara, ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que las condiciones que actualmente se presentan en la empresa Aguas de Mérida son producto de la calamitosa situación en la que la actual gerencia recibió dicho ente.

El Gobernador sostuvo que durante la presente semana aspiran poner en funcionamiento, en un 70 por ciento, la distribución del agua en la ciudad, una vez que la compañía encargada en reparar las bombas las coloque en funcionamiento en un plazo no mayor de 48 horas a partir de este martes.

“Entendemos la incomodidad que tiene el pueblo de Mérida sobre los servicios públicos en general, pero es mi deber también asumir el costo de aquellos que no hicieron nada para mantener a tono el mantenimiento de la empresa Aguas de Mérida”.

Guevara autorizó a la presidencia de la hidrológica y su adjunto a programar los diferentes cortes del servicio de agua, mientras se recupera la producción del vital líquido.

Dijo que igualmente han autorizado al presidente de la referida empresa, Henry Dávila, para que en el transcurso de las próximas horas entregue un informe oficial a Hidroven, ente rector del agua en el país, para que desde el punto de vista financiero dé una respuesta.

Señaló que están en la búsqueda de recursos que rodean los nueve millardos de bolívares, que serán destinados exclusivamente para activar las cinco bombas de agua que se han deteriorado por el uso a lo largo de más de 30 años, y que no han recibido mantenimiento en las últimas dos décadas.

La primera autoridad del estado destacó que representantes del Gabinete regional se reunieron con el gerente de Corpoelec en la región, quien se comprometió en dar fluido eléctrico permanente para mantener el sistema de bombeo en los sectores Milla, El Vallecito y La Hoyada de Milla, ya que funciona con electricidad.

Los químicos utilizados para la potabilización del vital líquido no están llegando, añadió, y el estado solo ha podido adquirir 15 toneladas de las 300 que se requieren para las ciudades de Mérida y El Vigía.

Respecto al tema de intervención de la hidrológica, opinó que “el problema no es la intervención, el problema es buscar los más de 20 millardos de bolívares que requiere la empresa Aguas de Mérida para darle solución a la crisis del agua”. Prensa OCI

¿Cómo saber si alguien es (o no) preso político?: Estos son los criterios

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Wed, 25 Apr 2018 11:58:00 +0000

On 24 marzo, 2018

At 8:08 pm

Las características definidas por ONG venezolanas son estudiadas a nivel internacional

“Si en algo ha sido innovador el Gobierno es en crear nuevas fórmulas de persecución”, indicó Himiob

El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, expuso este jueves los tres criterios que considera su organización para definir a una persona como presa política en Venezuela, ante los cambios que ha habido en las fórmulas para la persecución en el país.

Estos criterios han sido trabajados por diversas organizaciones no gubernamentales nacionales y, según explicó Himiob, están siendo estudiados a nivel internacional, en la Organización de Estados Americanos y han llegado a ser analizados por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

“Son criterios que se están validando a nivel mundial, porque si un país ha innovado en esto (la persecución) es Venezuela”, señaló Himiob durante un foro sobre justicia militar organizado por la ONG Acceso a la Justicia.

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Criterios para considerar a alguien como preso político

1) Debe haber sido privado de libertad de forma arbitraria. El artículo 44 de la Constitución plantea dos escenarios principales para que una persona sea detenida: cuando es capturada en flagrancia o cuando hay una orden de detención en su contra. Si la persona es detenida sin orden y no está cometiendo un delito, es una detención arbitraria.

2) La persona no debe haber recurrido a la violencia en el hecho en el que fue detenida. Este criterio —explicó Himiob— es de Amnistía Internacional para considerar a alguien como preso de conciencia.

3) La detención debe tener motivos políticos.

Foto: Rafael Briceño – Contrapunto/Archivo

En el trabajo para la creación del proyecto de Ley de Amnistía, las organizaciones no gubernamentales que participaron llegaron a definir hasta 33 criterios para determinar una motivación política en una detención.

Estos señalamientos fueron explicados y reducidos por Himiob a tres fundamentales:

1) La persona es detenida para ser neutralizada por lo que significa o representa a nivel individual. Es decir, aquellos que son detenidos por su significado para un grupo de personas o su liderazgo.

En este aspecto, el caso principal y más representativo es el de Leopoldo López. Como él, los de Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y otros dirigentes políticos detenidos por su significado y peso en el sector opositor.

2) Detención de una persona no por su significado individual, sino por su pertenencia a un grupo u organización que el Gobierno quiere neutralizar. No son detenidos por sus acciones individuales, sino para enviar un mensaje al grupo al que pertenecen.

Es el caso de los estudiantes detenidos en protestas o de la propia jueza María Lourdes Afiuni, cuyo caso no respondía solamente a su acción judicial, sino que sirvió de mensaje a los jueces que actúen de forma contraria a las líneas de gobierno.

3) Detenciones para crear una narrativa oficial que justifique fallas del Gobierno en algunos sectores. El Gobierno captura a varias personas y los responsabiliza por situaciones que necesita incluir en su narrativa.

Este es el caso de los detenidos entre los panaderos acusados de supuestamente acaparar pan, de los capturados por su presunta relación con Óscar Pérez, a quienes señalan de una supuesta conspiración, o de los comisarios de la Policía Metropolitana cuya prisión es necesaria para mantener la narrativa oficial que responsabiliza a la oposición por los hechos del 11 de abril de 2002, explicó Himiob.

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Foto: Rafael Briceño – Contrapunto/Archivo

Cumplir —o no— estas características es lo que diferencia a los listados del Foro Penal sobre el total de presos políticos a los que mantienen los partidos políticos, cuyos criterios no siempre responden a las definiciones jurídicas en este sentido.

Esto, explicó Himiob, se refiere a la categorización de las personas como presas políticas. Hay otros casos, muchos, de detenciones injustas o arbitrarias, que en efecto tienen incumplimientos al debido proceso, pero no representan prisión política.

“Toda detención política es arbitraria, pero no toda detención arbitraria es política”, puntualizó Himiob.

Declaración Sindical VIII Cumbre de las Américas

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Wed, 25 Apr 2018 11:52:00 +0000

http://csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12303

En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, el movimiento sindical continental, representado por su organización la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) y por el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) de la CIMT /OEA, se ha reunido en ciudad de Lima, Perú, el día 11 de abril de 2018, para reflexionar y debatir sobre la situación de las y los trabajadores de las Américas, adopta esta “Declaración de COSATE – CSA ante la VIII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de las Américas”

“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”: la visión de los trabajadores y de las trabajadoras de las Américas.

La gobernabilidad democrática desde la visión de los trabajadores y de las trabajadoras de las Américas, debe tener como sustento la idea de la consolidación de la democracia y los mecanismos reales para su gobernanza.
Para ello se requiere la participación de la sociedad en las decisiones, como garantía para su práctica efectiva y protegerla de la violencia, de la guerra, del militarismo, de la criminalidad y otros flagelos que son germen de la corrupción institucionalizada.

Insistimos que la gobernabilidad democrática debe proporcionar justicia social, promover la libertad sindical y la negociacion colectiva, asegurar la igualdad entre géneros, entre grupos generacionales y étnicos e incidir para la superación de las desigualdades y las asimetrías que afectan a nuestra region.

El lema bajo el cual ha sido convocada esta Cumbre “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, se confronta con un escenario regional complejo, cuyas principales características son la radicalización de las agendas conservadoras, antidemocráticas y con programas económicos y políticos que llevan a la región a etapas que creíamos superadas y cuyos impactos afectan a las mayorías de los sectores sociales y populares, pero especialmente a quienes son más vulnerables: mujeres, jóvenes, grupos étnicos, migrantes, sectores empobrecidos, defensores de los derechos humanos y otros líderes sociales.

Los objetivos de la VIII Cumbre expresan una profunda contradicción y cinismo, porque contrastan con la realidad, ya que el supuesto combate a la corrupción es utilizado para minar las bases de la democracia y limitar sus mecanismos e imponer agendas que están lejos de las necesidades del pueblo.

Desde el movimiento sindical, la corrupción la denunciamos como un fenómeno que corroe estructuralmente a nuestras sociedades e instituciones democráticas; que goza de impunidad, desvía ilícitamente importantes recursos que deberían estar al servicio de la superación de las graves desigualdades y asimetrías que violentan los derechos políticos, económicos, sociales y ambientales de miles de personas de todos los sectores, particularmente de la clase trabajadora.

La corrupción es funcional al sistema económico dominante ya que permite, que miles de millones de dólares sean apropiados por reducidos grupos de actores públicos y privados, desviados a paraísos fiscales y con otros instrumentos financieros ilícitos, sin que existan mecanismos efectivos para su combate y castigo, asimismo, impone las reglas que soportan al modelo neoliberal que es el gran beneficiario del saqueo de los recursos nacionales y de la apropiación del trabajo de millones de personas.

Una de las prácticas de corrupción más extendidas y que más perjudican es el desvío de recursos por la evasión y elusión fiscal practicada por grandes empresas y grupos económicos, sin que las mismas sean objeto de condena por los grandes medios de comunicación, ni perseguidas por las instituciones policiales o judiciales, lo que demuestra el falso moralismo de quienes detentan el poder, obviando el mandato de ejercer la gobernabilidad democrática. Los trabajadores impulsamos una justicia fiscal, por estarnos convencidos que una regulación adecuada, la transparencia y la rendición de cuentas impacta siempre en la distribución de la riqueza para lograr trabajo decente y la reducción de la pobreza y de las desigualdades en todas sus formas.

Las trabajadoras y los trabajadores luchamos contra la corrupción, tanto de los corruptos como de aquellos que son corruptores, vengan de donde vengan. Los trabajadores combatimos las causas estructurales de la corrupción y la ingeniería jurídico del sistema político que se establece para perpetuarla como forma de dominación y explotación
Pero advertimos que el combate a la corrupción puede ser utilizado de forma parcializada y politizada, como está ocurriendo en algunos países, usada para combatir a los rivales políticos, judicializar y criminalizar a unos sectores y ocultar y amparar la corrupción practicada por otros.

Los trabajadores no queremos que se use la bandera de la corrupción para acallar u ocultar otros problemas fundamentales de los pueblos.

Rechazamos la idea manipuladora que la corrupción es el principal problema de la región y no compartiremos que sea usada como el “nuevo enemigo”, tal como antes lo fue el comunismo y el narcotráfico.

El caso más grave de desvío de la lucha “anticorrupción” lo vemos en Brasil, donde el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva fue preso sin haberse comprobado delito alguno, violando los instrumentos legales, la Constitución y su legítimo derecho a la defensa, con la clara intención de negar sus derechos políticos e impedir que pueda participar de las elecciones presidenciales de 2018.

La persecución a Lula es el más escandaloso crimen que se comete contra la democracia, en nombre de un “combate a la corrupción , sumado al golpe parlamentario, judicial y mediático contra la presidenta Dilma Rousseff, que ha permitido la implantación de una agenda antipopular, antinacional y al servicio de los intereses del capital.

Lula, es inocente, y por esto lo consideramos Preso Político y convocamos en ejercicio de la solidaridad a la lucha internacional hasta lograr su liberación.

En la actual coyuntura regional la posibilidad de una globalización equitativa con justicia social está cada vez más distante.

Los cambios tecnológicos, las transformaciones en los modos de producir y la influencia extrema del sistema financiero con su consecuencia en la insistencia de políticas de ajustes estructurales y la desregulación laboral, han generado fuertes asimetrías entre los países, encontrando solo competitividad en la merma de los derechos para los trabajadores y trabajadoras.

Esta financiarización de la economía ocasiona la masiva pérdida de puestos de trabajo y la precarización laboral; que genera situaciones de trabajadores pobres y sin derechos, para quienes el trabajo ya no es garantía de integración social. Constatamos que si están debilitando los servicios públicos (educación, salud, seguridad social, provisión del agua etc.) para justificar su privatización.

La “nueva” oleada neoliberal en la región se sustenta en la profundización de la lógica de los tratados de libre comercio y tratados de libre inversión, cuyos efectos verdaderos son ampliamente conocidos para el movimiento sindical. La agenda económica de la derecha en el poder se afirma en una mayor liberalización comercial, en mayores garantías para el capital, mayor flexibilización laboral y más ajustes en las políticas sociales.

Las grandes empresas y especialmente las empresas transnacionales (ETN) continúan siendo las mayores beneficiarias de estas políticas económicas. Las ETN´s son favorecidas por políticas de atracción de inversión extranjera directa que, sin mayores costos para ellas, entrega la explotación de recursos naturales, crea pocos y precarios puestos de trabajo, otorga regímenes especiales de exención de impuestos, permitiéndoles influir políticamente para la modificación de la legislación social y ambiental que no sea favorable a sus negocios. Este mecanismo de influencia económica, jurídica y legislativa de las ETN es uno de los factores de mayor corrupción en nuestros países, que desestabilizan a la democracia y vulneran la capacidad de los Estados para ejercer sus funciones.

En poco tiempo América Latina y el Caribe, pasó de ser una región que se proyectaba como espacio de integración regional, de cooperación entre los países, de complementariedad económica y de solidaridad entre pueblos y naciones, a ser nuevamente un espacio de influencia de intereses coloniales, de agendas pro imperialistas y al servicio del capital transnacional. Las iniciativas de integración alternativa, como UNASUR y CELAC, están bloqueadas por que varios gobiernos, y los intereses que los soportan, prefieren un realineamiento con la agenda de intereses de los EE. UU., que promover iniciativas de soberanía regional en favor del desarrollo, la consolidación democrática y la paz.

Expresamos nuestra preocupación por la situación en la República Bolivariana de Venezuela y condenamos la forma como grupos de gobiernos con intereses particulares, se sobreponen a la institucionalidad internacional para promover acciones de injerencia contra un Estado democrático soberano y crear un clima de desestabilización, enfrentamiento y violencia entre su población.

Rechazamos la adopción de medidas de bloqueo – que perjudican al pueblo venezolano - sanciones y otras acciones económicas, financieras y diplomáticas, porque violan el derecho internacional y profundizan la situación de deterioro social, económico y político del pueblo venezolano. Demandamos el respeto a las decisiones soberanas de su población, por vía de los instrumentos y la institucionalidad democrática contenidos en su constitución nacional.

Condenamos la injerencia externa en ese país y demandamos de los gobiernos de la región un compromiso responsable con la democracia, la paz y la soberanía, sin exclusiones, promoviendo el efectivo entendimiento entre los diversos actores políticos y favoreciendo el diálogo y la negociación.

El sindicalismo de las Américas y su compromiso con la democracia, la justicia y la verdadera integración.

El movimiento sindical hemisférico reafirma su posición como activo sujeto social y político de la democracia.

Expresamos que no existe posibilidad de ejercicio democrático, ni gobernabilidad en una región que continúa siendo la más desigual del mundo a pesar de todas sus riquezas y del esfuerzo de millones de hombres y mujeres que trabajan.

Rechazamos el autoritarismo económico y político como medio que pretende imponer la minoría sobre la mayoría, para resolver los graves problemas de la región. No serán los muros, reales y virtuales, que frenarán el deseo de dignidad y justicia de millones de seres humanos en el Continente. Rechazamos categóricamente la criminalización de los trabajadores migrantes y denunciamos la militarización de las fronteras.

Es fundamental el libre ejercicio de todas las libertades democráticas, de todos los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. En ese sentido, los Estados tienen la responsabilidad de garantizar su efectiva realización, en un clima de paz, entendimiento, respeto e inclusión. Cada persona, mujeres, hombres, jóvenes, grupos étnicos y demás sujetos sociales mayoritarios, deben ser visibles y sus voces incluidas en todas las decisiones que les atañen.

Las trabajadoras y los trabajadores sufrimos el retroceso de la instituciones de derecho en nuestra región, que afectan a nuestros pueblos y que debe revertirse para lograr un desarrollo sustentable e inclusivo, Sostenemos nuestras aspiraciones en materia de transparencia en ejercicio de la política, libertad de expresión, en la justicia independiente del poder político y de las grandes corporaciones y en el fortalecimiento de la libertad sindical y dialogo social como piedra angulares de la democracia.

La CSA manifiesta su respaldo y solidaridad con el pueblo y el sindicalismo peruano movilizado a nivel nacional para protestar contra la corrupción y los pactos de impunidad que buscan institucionalizarse.
Saludamos la realización de la Cumbre de los Pueblos como expresión del ejercicio soberano, democrático de representación legítima de los intereses, aspiraciones y deseos de la diversidad que representamos como pueblos de las Américas.

Consejo sindical de asesoramiento técnico de la CIMT-OEA (COSATE)
Confederación Sindical de Trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA)

Lima, 11 de abril de 2018

CSA condena el asesinato de la lideresa indígena y defensora de los derechos culturales en Perú, Olivia Arévalo

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Wed, 25 Apr 2018 11:51:00 +0000

http://csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12304

La CSA manifiesta su profundo repudio ante el brutal asesinato de la lideresa indígena y defensora de los derechos culturales en Perú Olivia Arévalo, dirigente del pueblo shipibo konibo, ocurrido este jueves 19 de abril, en la comunidad Victoria Gracia, provincia de Coronel Portillo, en la región peruana de Ucayali

Foto: TeleSur TV

El asesinato fue perpetrado al medio día por un sicario que la ejecutó con cinco disparos en el pecho. Olivia Arévalo era una reconocida defensora de los derechos culturales indígenas, de la medicina tradicional de la Amazonía y de los cantos sagrados de su pueblo shipibo konibo.

El 2014, en la misma región de Ucayali, los líderes indígenas de la comunidad asháninka de Saweto, Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, fueron brutalmente asesinados a balazos por sicarios contratados por mafias empresariales madereras. Los dirigentes asesinados luchaban por la titulación de sus tierras ante la apropiación ilegal de invasores madereros. El caso fue denunciado por las organizaciones sindicales ante la OIT.

Muchos líderes y lideresas indígenas de las Américas son estigmatizados, enjuiciados, amenazados y asesinados por el hecho de defender los derechos de los pueblos indígenas. El cobarde asesinato en marzo del 2016 de Berta Cáceres de Honduras es un caso paradigmático que evidencia la estigmatización y la alta vulnerabilidad que padecen las/os dirigentes indígenas, ante la codicia de proyectos económicos multinacionales coludidos con autoridades estatales.

El movimiento sindical de las Américas está comprometido con la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la promoción de su derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo y la protección de sus valores culturales basados en el fomento del respeto hacia la madre tierra y la relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza.

La CSA manifiesta su solidaridad con los pueblos indígenas, exige al Estado peruano identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del crimen contra la lideresa Olivia Arévalo, y exhorta a los Estados de la región a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y brindar protección a los líderes indígenas que enfrentan amenazas de muerte y hostigamientos por parte de mafias empresariales criminales, en connivencia con autoridades estatales.

Red de Derechos Humanos CSA-CSICSA - Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas

Rua Formosa, 367 - Conj. 450 - Edifício CBI
Centro - São Paulo - CEP: 01049-00- São Paulo - Brasil
Tel: 55 11 2104-0750 | http://www.csa-csi.org | derechoshumanos@csa-csi.org

CSA condena la violencia, lamenta las pérdidas de vidas y llama al diálogo para la paz en Nicaragua

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Wed, 25 Apr 2018 11:50:00 +0000

http://csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12306

CSA llama al diálogo y la negociación para restablecer la paz y la seguridad en Nicaragua

La CSA condena la situación de violencia vivida en los últimos días en Nicaragua, en medio de manifestaciones contra la aplicación de la Reforma del Sistema de Pensiones adoptada por el gobierno de ese país, y que ha ocasionado lamentables pérdidas de vidas de jóvenes y policías, destrucción de infraestructura pública y privada y creando un espiral de violencia altamente preocupante.

Rechazamos el intento de imposición de reformas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) en contra de la soberanía y la democracia de los pueblos. Las recetas que recomiendan implementar el FMI y el Banco Mundial están orientadas a generar mayores sacrificios y privaciones al pueblo trabajador, en favor de los grupos económicos nacionales y transnacionales. Los sindicatos a nivel internacional enfrentaremos la promoción por parte de las instituciones financieras internacionales de medidas que obliguen a los gobiernos a imponer mayores sacrificios a la población, puesto que esto podrá conducir a situaciones explosivas, como las que estamos evidenciando en estos días de caos y violencia en Nicaragua.

Abogamos por el cese de actos de violencia y vandalismo contra las empresas, el comercio y la infraestructura pública. Llamamos al diálogo tripartito y con otros sectores interesados para abordar la problemática de la seguridad social y las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en interés del bienestar del pueblo y en favor de la paz y la armonía en Nicaragua.

La CSA lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas ocasionadas en el marco de las protestas, demanda del gobierno y los demás poderes públicos el establecimiento de las responsabilidades y el castigo a los culpables de estas muertes y expresa su solidaridad a los familiares de las víctimas y al pueblo nicaragüense.

Red de Derechos Humanos CSA-CSICSA - Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas

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EL FORO PENAL ANTE LAS AFIRMACIONES FORMULADAS POR NICOLÁS MADURO EN ENTREVISTA CONCEDIDA A JORDI EVOLE EN EL PROGRAMA DE TV “SALVADOS” TRANSMITIDO EN FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2017

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Tue, 14 Nov 2017 03:15:00 +0000

ON 13 NOVIEMBRE, 2017

AT 2:09 PM

EL FORO PENAL ANTE LAS AFIRMACIONES FORMULADAS POR NICOLÁS MADURO EN ENTREVISTA CONCEDIDA A JORDI EVOLE EN EL PROGRAMA DE TV “SALVADOS” TRANSMITIDO EN FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2017

Durante la noche del 12 de noviembre de 2017, en el programa “Salvados” transmitido en España y a través de las redes sociales, conducido por el periodista español Jordi Evole, fue presentada una entrevista hecha al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de Venezuela. En dicha entrevista, el ciudadano Maduro Moros afirmó textualmente, entre otras cosas, que “…El Foro Penal Venezolano es un organismo que es dirigido por gente que estuvo incursa en delitos graves en el país, delincuentes, y es financiado por organismos de inteligencia de los Estados Unidos…”.

En este sentido expresamos lo siguiente:

PRIMERO: Rechazamos categóricamente tales afirmaciones y señalamientos. Tal y como puede verificarlo fácilmente el gobierno venezolano cuando así lo considere conveniente, ninguno de los miembros de la Directiva del Foro Penal, ni sus abogados voluntarios, han sido condenados o han incurrido jamás en la comisión de delito alguno, mucho menos en la comisión de supuestos “delitos graves”.

SEGUNDO: Ratificamos nuestro compromiso con Venezuela, con la libertad, con la construcción de un mejor país y con la defensa objetiva, imparcial, gratuita y al alcance de todos los ciudadanos, sin sesgos o distinciones, de los DDHH en general. Para ello, estamos a la disposición de quien así lo requiera, incluso si se trata de órganos del Poder Público o del gobierno en Venezuela que, por cierto, en no pocas oportunidades ha validado la objetividad y el legítimo desempeño del Foro Penal, y no ha dudado en solicitar de nuestra ONG, cuando así lo ha considerado conveniente, datos y estadísticas sobre el fenómeno de la persecución por motivos políticos en el país, tal y como ocurrió recientemente, cuando en fecha 23 de agosto de 2017, según oficio No. SE-2017-0003, por parte de la “Comisión para la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública”, nos fue requerida información a nuestra disposición sobre el número e identidades de los, para esa fecha, presos políticos en Venezuela.

TERCERO: Nuestro objetivo, que no abandonaremos, es la defensa y promoción de los derechos humanos, independientemente de quien sea la víctima, quien sea el que los vulnere o de quien esté coyunturalmente en el poder. Históricamente, incluso quienes han estado en el gobierno muchas veces han solicitado nuestra asistencia cuando han sido víctimas de violaciones graves a los DDHH, y así será también en el futuro, para todos los ciudadanos, incluso en el supuesto de que eventualmente quienes hoy militan en las filas del oficialismo sean víctimas de violaciones a sus DDHH. Cuando se trata de defender los DDHH, el Foro Penal no discrimina.

CUARTO: No hemos recibido, ni recibiremos, financiamiento o aportes monetarios ni de ningún otro tipo por parte de organismos o agencias de inteligencia o de contrainteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica ni de ningún otro país.

Desde el Foro Penal reiteramos nuestra absoluta disposición a lograr que el respeto a los DDHH se haga un punto de encuentro entre todos los venezolanos para lograr, desde su promoción y defensa, una transición hacia un país en libertad.

En Caracas, a los 13 días del mes de noviembre de 2017.

Foro Penal

Alfredo Romero – Director Ejecutivo

Gonzalo Himiob Santomé – Director

Alonso Medina Roa – Director

Robiro Terán – Director

Mariela Suárez – Coordinadora Operativa Nacional

Dimas Rivas – Coordinador Estado Aragua

Luis Armando Betancourt – Coordinador Estado Carabobo

Laura Valbuena – Coordinadora Estado Zulia

Ezequiel Monsalve – Coordinador Estado Bolívar

Raquel Sánchez – Coordinadora Estado Táchira

José Armando Sosa – Coordinador Estado Monagas

Lucía Quintero – Coordinadora Estado Barinas

José Reyes – Coordinador Estado Falcón

Pedro Troconis – Coordinador Estado Lara

Fernando Cermeño – Coordinador Estado Mérida

Alberto Iturbe – Coordinador Estado Miranda (Altos Mirandinos)

Adriana Nápoles – Coordinador Estado Miranda (Valles del Tuy)

Rossana Carreño – Coordinadora Estado Anzoátegui

Olnar Ortiz – Coordinador Estado Amazonas

Néstor Gutiérrez – Coordinador Estado Cojedes

Pedro Arévalo – Coordinador Estado Nueva Esparta

José Torres Leal – Coordinador Estado Portuguesa

Daniel Salazar – Coordinador Estado Sucre

Rafael Maldonado – Coordinador Estado Trujillo

Gabriel Gallo – Coordinador Estado Yaracuy

Wiecza Santos – Coordinadora Estado Apure

Apula Humanidades rechaza injusta detención del profesor Isaac López

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Sat, 14 Oct 2017 17:00:00 +0000

Enviado por Prensa ULA el Vie, 13/10/2017 - 4:50pm

El catedrático se encontraba en una protesta ciudadana

La Seccional de la APULA en la Facultad de Humanidades y Educación envió un comunicado ante la injusta detención del profesor Isaac López en Pueblo Nuevo península de Paraguaná, estado Falcón durante una protesta ciudadana.

La Seccional de la APULA presidida por el profesor Rafael Cuevas, manifiesta que el profesor Isaac López, es un docente y reconocido investigador adscrito al Departamento de Historia de América y Venezuela de la Escuela de Historia ULA, y calificó la detención como preocupante, puesto que López se encontraba la noche del 10 de octubre del presente año durante el desarrollo de una protesta ciudadana en Pueblo Nuevo, Estado Falcón, sitio en el que actualmente reside por encontrarse en condición de becario elaborando su tesis doctoral.

"Desde nuestra seccional queremos denunciar este hecho y exigir a las autoridades del estado Falcón la inmediata liberación del profesor, toda vez que el ejercicio de la protesta ciudadana, causa de su injusta detención, es un derecho consagrado en el Art.º 68 de la aún vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", reza el comunicado.

Apula Humanidades expresa toda su solidaridad y apoyo al profesor López; "queremos también solicitar a nuestros agremiados colaborar difundiendo y denunciando este nuevo atropello contra otro miembro de la comunidad universitaria ulandina", concluye el oficio. (Prensa Apula O.M. CNP:18.195 Foto: Prensa ULA).

Foro Penal Venezolano dio a conocer cifras de presos políticos en Mérida

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Sat, 14 Oct 2017 16:43:00 +0000

Enviado por Anny Maldonado el Vie, 13/10/2017 - 12:30pm

Este viernes 13 de octubre de 2017, se realizó una rueda de prensa por parte de los abogados del Foro Penal Venezolano, capítulo Mérida, para dar a conocer la cifra de presos políticos en Mérida, así como también el número de personas procesadas, las causas y motivos políticos de las persecuciones que, según su opinión, no han cesado en el estado después del mes de julio del 2017.

En la rueda de prensa participaron los abogados: Raquel Caicedo, Marisol Molina, Henry Valdez, Francisco Cermeño y Jesús Briceño.

Ellos expusieron a los medios de comunicación presentes, que más de 200 ciudadanos han sido procesados por tribunales penales ordinarios sin haber cometido delito alguno, y que solo manifestaban su descontento contra el Gobierno Nacional. Foro Penal confirmó 191 procesados y lleva la defensa de 173 casos. Comunicaron que por Jurisdicción Penal los casos suman 183, la mayoría procesados bajo medidas cautelares y en TRibunales penales son 8 personas, la mayoría están privadas de libertad. Hay 18 presos políticos repartidos en 7 por tribunales militares y 11 por tribunales penales. Se conoció que el Tribunal MIlitar declinó su competencia en algunos casos que fueron pasados a jurisdicciones penales ordinarias. de momento son 10 las personas que de estas instancias militares fueron pasadas a tribunales penales ordinarios.

Aseveraron que desde el mes de julio han continuado los allanamientos y las persecuciones con la operación denominada por el Gobierno Nacional “Tun tun”. Esa operación elabora una especie de listas en cada uno de los municipios y eso ha sido causa de terror para la población. Afirmaron que este procedimiento es ilegal y una arbitrariedad.

Dieron a conocer que en Santo Domingo, capital del municipio Cardenal Quintero del estado Mérida, existen 8 presos políticos y el Foro Penal está a la expectativa de confirmar qué va decidir el Tribunal de Control con respecto a ellos, dado que ya el Ministerio Público presentó una acusación contra esos ciudadanos de manera extemporánea y, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, existe un decaimiento de medida privativa de libertad y es por eso que el Foro Penal en Mérida interpuso un recurso de amparo por la vulneración de la libertad. El Foro Penal espera que sea acatado el recurso en las próximas horas se dé la libertad estos ciudadanos.

Durante abril y agosto más de 200 ciudadanos fueron detenidos por protestar según FPV

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Tue, 10 Oct 2017 23:12:00 +0000

Posted on 10 octubre, 2017 by Jade Delgado in Regionales

Durante las protestas antigubernamentales registradas en el estado Mérida entre abril y agosto de 2017, más de doscientos ciudadanos fueron detenidos por manifestar su derecho a la libertad de expresión y la libre protesta, asimismo, varias personas fueron objeto de maltratos crueles y denigrantes por los cuerpos de seguridad del Estado, refirió el Foro Penal Venezolano (FPV) Capitulo Mérida.

El representante de la ONG en la región, Fernando Cermeño, dijo a Caraota Digital que 29 ciudadanos están privados de libertad y son considerados “presos políticos” por el FPV, mientras que 11 enfrentan cortes militares, “apelamos por la defensa de estos ciudadanos inocentes y exigimos la libertad de todos, no han cometido ninguna clase de delito y actualmente están enjuiciados de manera injusta violándose el debido proceso, además de las normas establecidas en la Constitución Nacional”, comunicó.

Explicó también, que más 150 de los ciudadanos son defendidos por la organización que representa.

Violaciones de derechos humanos fueron escaladas ante la OEA y UE

Respecto a la violación de los derechos humanos, Cemeño comentó que han elevado una serie de denuncias ante la Organización de Estado Americanos (OEA) con detalles del número de causas de lo sucedido a más de doscientas personas procesadas en la entidad, “nuestro director ejecutivo Alfredo Romero puso de manifiesto lo sucedido, una serie de denuncias sobre derechos humanos y delitos de lesa humanidad, estamos convencidos que se han cometido en Venezuela y particularmente en Mérida contra ciudadanos que salieron a manifestar de forma pacífica”, expuso Cermeño.

El abogado defensor, aseveró que el informe realizado desde la organización que representa fue reconocido por la Unión Europea (UE), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión de la Tortura y el alto comisionado de la ONU, “es una de las fuentes principales que utilizan los organismos internacionales para constatar que en Venezuela hubo violación de derechos fundamentales a los ciudadanos disidentes del Gobierno nacional”.

http://www.caraotadigital.net/regionales/durante-abril-y-agosto-mas-de-200-ciudadanos-fueron-detenidos-por-protestar-segun-fpv/

Sistema de justicia debe ser reforzado para garantizar funcionamiento

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Tue, 10 Oct 2017 22:09:00 +0000

septiembre 14, 2017

La opacidad informativa del sistema de justicia, la falta de coordinación entre los órganos que lo integran y el déficit presupuestario y de personal son los principales hallazgos de la Evaluación del Desempeño del Sistema de Justicia Venezolano (2001-2015), realizada por Acceso a la Justicia.

El sistema de justicia se refiere a los órganos del Estado e instituciones sociales vinculados directamente a la operación del derecho en la solución de casos o conflictos individuales. La Constitución en su artículo 253 establece: “El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los demás tribunales que determine la ley, Ministerio Público, Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, sistema penitenciario, medios alternativos de justicia, ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio”.

Aunque la Constitución no lo haga, debe incluirse como parte del sistema a la Defensoría del Pueblo por ser esencial para garantizar la protección de los ciudadanos frente al Estado en caso de violación de sus derechos humanos.

En Venezuela, algo fundamental como lo es el personal clave del sistema de justicia falla porque es insuficiente. Datos de 2016 dan cuenta de 2.139 jueces activos, de los cuales 73% no son titulares, es decir, no tienen estabilidad en su cargo. Ello deriva en que su imparcialidad e independencia pudieran verse comprometidas por el riesgo de ser removidos en el caso de que tomen una decisión que no obedezca a los intereses políticos del Gobierno.

A esto se añade que para 2016 contábamos con 6,9 jueces por cada 100 mil habitantes. Para 2013, el promedio latinoamericano se ubicaba en 11 jueces por cada 100 mil habitantes.

También nos faltan policías (el estudio tomó en cuenta a la Policía Nacional Bolivariana y la policía científica CICPC, no la policía municipal). Entre 2006 y 2014 hubo una disminución en el número de funcionarios al pasar de 83.177 a 85.057. Para 2014 la tasa de efectivos por cada 100 mil habitantes era de 281, y en 2011 ese promedio en Latinoamérica se ubicaba en 368 policías por cada 100 mil habitantes.

El panorama mejora con la cantidad de fiscales y de defensores públicos. Los fiscales del Ministerio Público pasaron de 1.292 en 2004 a 2.246 en 2017, con un incremento de 44% y una tasa de 7,1 funcionarios por cada 100 mil habitantes. En 2011 el promedio en América Latina era de 7 fiscales. Pero el aumento en el número de quienes se encargan de imputar delitos en representación del Estado no va de la mano de la estabilidad de los cargos, pues sólo 1% de ellos son titulares, ni de la disminución de la impunidad en el país. Los crímenes sin castigo se evidencian por ejemplo en la cantidad de presos, con 50.892 para 2015 cuando en 2014 había 54.895 reclusos, aun cuando la tasa de homicidios aumentó de 82 a 90 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

En cuanto a los defensores públicos, hubo un importante aumento de 147% entre los años 2003 (607 defensores) y 2015 (1.500 funcionarios), pero tampoco este incremento ha sido cónsono con una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos, ya que el organismo suele ser un apéndice del Poder Judicial, el cual a su vez está sujeto a los designios del Ejecutivo Nacional.

Si se observa el presupuesto destinado al sistema de justicia se puede encontrar la explicación al creciente déficit de personal, de infraestructura y la falta de modernización de sus procesos en el ámbito nacional. Los recursos asignados a la totalidad del sistema representaron solamente 2,6% del presupuesto nacional en 2005. Para 2015 la situación había empeorado con una asignación de apenas 1,6% con respecto al balance nacional de ingresos y egresos, aunque la Constitución exige un mínimo de 2%.

El órgano que menos dinero recibe es la Defensoría del Pueblo, con apenas 0,00001% (2015) con respecto al presupuesto de la nación, mientras que el Poder Judicial (TSJ, Cortes de Apelaciones y Tribunales) está a la cabeza con 0,8%, habiendo representado su presupuesto 1,8% en el año 2001 y llegando a un máximo de 2,2% en 2007.

Por otro lado, si bien cada institución tiene en su página web información valiosa como sus informes anuales, presupuesto, recursos humanos y estadísticas no suele estar publicada o en el mejor de los casos es irregular en líneas generales, sea porque no se publica en determinados años del período en estudio o es incompleta.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Para que el sistema de administración de justicia funcione y sea eficiente necesita recursos, funcionarios, infraestructura y tecnología adecuados, así como modernizarse en cuanto a procesos, aparte de cumplir requisitos indispensables como la independencia y la imparcialidad, sólo de esta forma los ciudadanos podrán tener la garantía del acceso a una justicia justa y oportuna. Lamentablemente esta no es la realidad venezolana, en la que los órganos encargados de impartir justicia, con el TSJ a la cabeza del Poder Judicial, responden únicamente a los intereses del Poder Ejecutivo que ni así les asigna suficientes recursos, con la consecuente crisis institucional que padecemos y que ha sido reconocida por organismos internacionales que velan por los derechos humanos.

Enlace al informe: https://goo.gl/GyQFv1

Cronología del caso de Gilber Caro

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Tue, 10 Oct 2017 19:22:00 +0000

febrero 8, 2017

El pasado 11 de enero el diputado suplente a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, Gilber Caro, fue detenido de forma arbitraria por las fuerzas policiales del país, según el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, Caro habría sido “agarrado in fraganti” en un acto de terrorismo, sin embargo, el parlamentario permaneció desaparecido por más de una semana y no fue tomada en consideración su inmunidad.

La Constitución Nacional ordena que si un diputado de la Asamblea Nacional (AN) es detenido cometiendo un delito, su sitio de reclusión debe ser su domicilio, hasta que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considere enjuiciarlo y le solicite permiso al Parlamento. Esto no se cumplió en el caso de Gilber Caro, de quien fue revelado su paradero tras 11 días de desaparición.

Su detención ocurrió cuando el diputado se trasladaba por la Autopista Regional del Centro (ARC) en Carabobo, le acompañaba Steyci Escalona, también dirigente del partido. En el peaje de Guacara ambos fueron interceptados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) aproximadamente a las 11:20 a.m del pasado 11 de enero.

Caro, quien ya en el pasado había cumplido una pena de 10 años en prisión, pese a su investidura de parlamentario volvió a estar tras las rejas. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Violencia, quien al igual que Caro, también es un caso de éxito en la reinserción aseguró: “Casi ningún ex presidiario ostenta un cargo público y si lo ocupa, no hablan de su pasado por temor a lo que la gente pueda pensar”, empero, fue precisamente el conocimiento de su pasado lo que hizo más vulnerable a Caro para entrar en la lista de presos políticos en Venezuela, que hoy día asciende a un centenar.

El 22 de enero El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que el diputado de la Asamblea Nacional, Gilber Caro se encuentra privado de libertad en el centro penitenciario 26 de Julio, de San Juan de los Morros, estado Guárico.

Detalló que sostuvo una conversación con la ministra Iris Varela, quien confirmó el estado de Caro y el lugar de reclusión, más tarde ella publicaría imágenes del parlamentario recibiendo atención médica y alimentación.

El primer ex presidiario de la historia de Venezuela en ocupar un curul en la Asamblea Nacional, supuestamente fue apresado por planear un golpe de Estado; aún no tiene fecha de audiencia.

Miércoles 11 de enero: Gilber Caro es detenido arbitrariamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el peaje Guacara- San Joaquín. Se conoció que el parlamentario fue trasladado a la sede del Sebin, ubicada en Naguanagua estado Carabobo.

Lunes 16 de enero: El también diputado a la AN Freddy Guevara, escribió en su twitter: “El régimen viola la inmunidad parlamentaria del diputado @gilbercaro al mantenerlo secuestrado más de 120 horas #LibertadParaGilber”.

Martes 17 de enero: El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró darle acompañamiento al proceso que se le sigue al diputado, Gilber Caro, para garantizarle sus derechos.

Domingo 22 de enero: Autoridades informan sobre el paradero de Gilber Caro. La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, compartió en su cuenta en la red social Twitter fotos del diputado de la Asamblea Nacional, desde la cárcel 26 de julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico. El partido Voluntad Popular rechazó su detención arbitraria.

Jueves 30 de marzo: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ordenó enviar al diputado a ser juzgado por un tribunal militar. Dos magistrados salvaron sus votos. Uno de ellos, Danilo Mojica informó por su cuenta de twitter que lo salvó porque consideraba que Gilber Caro goza de inmunidad parlamentaria desde su proclamación.

Secretario General de la OEA presenta cuarto informe sobre Venezuela

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Tue, 10 Oct 2017 19:17:00 +0000

septiembre 26, 2017

Hoy ponemos a disposición de los Países Miembros de la OEA y la opinión pública hemisférica el cuarto informe sobre Venezuela, que demuestra que la democracia fue completamente eliminada el 30 de julio de 2017, tras la instauración de una ilegítima Asamblea Constituyente.

Los tres informes que he presentado hasta ahora tuvieron el objetivo de denunciar cómo desde la “alteración del orden constitucional” se fue pasando a la “total ruptura del orden democrático”.

Desde que asumí mis responsabilidades como Secretario General, manifesté que mi compromiso es con los valores democráticos y con los pueblos que los defienden. El trabajo de la OEA es prever y apoyar soluciones para alcanzar el más permanente desarrollo de la democracia en los países que la integran.

La Secretaría General de la OEA ha venido documentando, denunciando y presentando pruebas de la alteración del orden constitucional, de la ruptura del orden democrático y de las agresiones continuas a la institucionalidad en Venezuela.

El Régimen en Venezuela avanzó a paso firme avasallando los derechos de su gente.

En Venezuela se han violentado en forma sistemática y reiterada los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la Democracia como los define la Carta Democrática Interamericana. Esa Carta Democrática -no lo olvidemos- forma parte del Derecho Interamericano aceptado por los Estados y cuyas disposiciones son coherentes con la Carta de la OEA y, por tanto, no constituyen intervención en los asuntos internos de los Estados Miembros.

En Venezuela no hay hoy respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, no hay Estado de Derecho y se atenta permanentemente contra los partidos y organizaciones políticas. Tampoco hay separación e independencia de los poderes públicos y, a partir del 30 de julio, ya no hay elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo.

El proceso que llevó a la instalación de la Asamblea Constituyente quebrantó las disposiciones constitucionales sobre universalidad del voto. Fue un proceso viciado desde su origen, plagado de irregularidades y violencia, en el que se violaron las libertades básicas de la ciudadanía.

El propio rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, denunció la inconstitucionalidad, la falta de controles y la gravedad de lo ocurrido. La empresa Smartmatic que trabaja en la plataforma tecnológica de votación con el gobierno de Venezuela desde 2004, dijo abiertamente que hubo “manipulación”. La Comisión de Venecia, en fin, denunció que no se respetó el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, por cuanto la información para la conformación de los registros electorales “pudo fácilmente ser manipulada”.

La ilegal Asamblea Constituyente despojó de sus funciones legislativas a la legítima Asamblea Nacional, aquella que fue electa por el pueblo en sufragio universal, directo y libre a finales de 2015. En una burla absoluta al orden institucional, la presidenta de la Asamblea Constituyente declaró que la Asamblea Nacional no ha sido disuelta, sino que sigue siendo un poder legislativo pero sin funciones legislativas.

Las dos primeras acciones de la Asamblea Constituyente, dirigidas a neutralizar la Asamblea Nacional y la Fiscal General, confirman que la separación de poderes es ya en Venezuela una entelequia. Aunque ambos poderes legítimos del Estado han intentado salvar el principio del control mutuo, éste ha sido totalmente abolido por el Régimen.

En Venezuela hay hoy un Régimen que ha perdido su legitimidad de origen. Nicolás Maduro puso su cargo a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente, y ésta se lo reintegró. Esta validación por un órgano ilegítimo y fraudulento vuelve su cargo definitivamente inconstitucional.

Esta deslegitimación surge del tortuoso proceso que comenzó con la ilegal anulación del referéndum revocatorio en 2016 -equivalente a anular una elección. A partir de ahí, el Régimen ha desconocido los principios básicos del Estado de Derecho, y ha violado el sistema legal y sus instituciones. Este Régimen ha desconocido el Poder Legislativo, ha coparticipado los poderes Judicial y Electoral y ha retirado a los ciudadanos sus garantías fundamentales. Este Régimen, en fin, ha desconocido los fundamentos jurídicos esenciales y ha actuado por fuera de la Constitución y la ley.

No se trata de aislar al pueblo venezolano, se trata de apoyarlo, condenando al régimen dictatorial.

Es por eso que hago las siguientes peticiones:

Primero: Reiterar la solicitud que formulamos en el pasado para que la comunidad internacional continúe aplicando sanciones cada vez más duras contra el Régimen y sus autoridades

Segundo: Reconocer a los países del Hemisferio que han declarado que no aceptarán los resultados de la Asamblea Constituyente del 30 de julio de 2017 y que, en consecuencia, los actos derivados de la misma carecen de legitimidad.

Tercero: Reafirmar la solidaridad con el pueblo de Venezuela.

Cuarto: Admitir que la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela representa un riesgo para la paz y seguridad hemisférica, debido a la grave crisis humanitaria y migratoria y los vínculos comprobados de estructuras del Estado con el crimen organizado internacional.

Quinto: Ordenar la reparación al pueblo venezolano por la violación de los instrumentos internacionales mencionados anteriormente mediante las siguientes acciones:

– La anulación del proceso de Asamblea Constituyente.

– La cesación inmediata de la represión.

– La liberación de TODOS los presos políticos.

– La investigación a gran escala de los actos de figuras clave del Régimen y sus subordinados, para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población civil.

– La realización de elecciones libres, justas y universales, a la brevedad y con observación internacional calificada.

– El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de los poderes públicos.

– El establecimiento de un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción.

– La integración al Tribunal Supremo de Justicia de los magistrados juramentados.

Exigimos que no se negocie la paz, la democracia ni la libertad, porque son nuestros bienes más altos y son irrenunciables, no podemos permitir que el Régimen haga abdicar de sus bienes más altos a los venezolanos. Paz, democracia y libertad deben ser el resultado del diálogo, y no materia de negociación. Las partes en diálogo deben escuchar la voz de la OEA en la defensa de sus principios, que son los que le darán garantías al pueblo venezolano.

Ninguna negociación debe estar basada en el reparto de poder, sino en la redemocratización del país.

http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/secretario-general-de-la-oea-presenta-cuarto-informe-sobre-venezuela/

¿Cuál es la trampa detrás de la decisión de la Sala Electoral del TSJ?

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Tue, 10 Oct 2017 19:08:00 +0000

9 de octubre de 2017

Con la celeridad que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene reservada a las decisiones que benefician al poder, las salas Constitucional y Electoral decidieron que algo que era un derecho se convirtiese en una potestad arbitraria por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE): la sustitución de candidaturas de cara a las elecciones regionales del 15 de octubre.

Mediante la admisión de un recurso de interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), el TSJ ratificó que la sustitución de candidaturas de cara a las elecciones regionales de este 15 de octubre, tenía como fecha límite 10 días antes de los comicios. El problema estuvo en que, según denunciaron partidos políticos de oposición, el CNE —que optó por el silencio— no tramitó el reemplazo de los abanderados inscritos inicialmente por los ganadores de las primarias. De manera que el lapso venció y la campaña opositora se centra ahora en evitar que sus simpatizantes incurran en votos nulos por la confusión con las candidaturas.

La presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, reapareció y ratificó que efectivamente el lapso se venció y aseguró que sí tramitaron 189 solicitudes de modificaciones de candidaturas. ¿Pero de quiénes? No lo dijo.

El artículo 63 de la Lopre es claro: “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”. Como nítidamente señala la norma citada, es un derecho de los partidos políticos el modificar las postulaciones que hagan siempre que sea en el mencionado lapso previo a la elección de que se trate.

En la decisión del TSJ se interpretó que dicho artículo no dice lo que dice, sino que en realidad se trata de algo diferente, pues para la Sala Electoral una cosa es el derecho de los partidos para hacer modificaciones y otra cosa es que el CNE no pueda fijar “la oportunidad para el cambio o modificación de postulación de candidatos o candidatas”, pues esto es de su competencia y por tanto “podrá establecerla mediante lapso o término que apreciará de acuerdo a las particularidades y requerimientos técnicos de cada proceso electoral, siempre y cuando no sobrepasen los diez días anteriores al acto de votación”.

Lo primero que debemos decir de este argumento es que el artículo 63 en ninguna parte menciona al CNE, de modo que interpretar un derecho de los partidos como una potestad del ente comicial es ajeno a la norma interpretada, y en segundo lugar, si el artículo indica que los cambios se pueden hacer hasta diez días antes de las elecciones no tiene sentido que se dé el poder al CNE para que sólo se pueda hacer dos meses antes (y en un solo día), pues a partir de ello la norma queda vacía de contenido.

Conveniente confusión

Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente ordenó que las elecciones regionales se adelantaran mediante un “Decreto Constituyente” (figura esta que no se encuentra prevista en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico), de fecha 12 de agosto de este año. El CNE hizo una reprogramación de las actividades electorales y, curiosamente, ese mismo día publicó un nuevo cronograma electoral que estableció como fechas para la postulación de candidatos los días 13 y 14 de agosto y apenas 24 horas después de este cierre, es decir para el 16 de agosto, como único día para que los partidos hicieran las sustituciones y modificaciones de candidatos que consideraran conforme lo establece la ley sobre la materia.

Llama la atención que el CNE no había dicho nada hasta ahora, sabiendo que la MUD realizaría las elecciones internas (10 de septiembre) y tampoco contestó a las solicitudes de la coalición de sustituir a los candidatos elegidos en primarias.

Debemos indicar que la decisión del CNE, ahora aprobada por la Sala Electoral, viola el artículo 67 de la Constitución, que indica que los ciudadanos tienen derecho a formar partidos políticos y que al efecto “sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes”. Ahora bien, dar apenas 24 horas entre la postulación y la oportunidad para hacer modificaciones impide, obviamente, que se realice ningún tipo de primarias, así que sólo por esta razón la decisión del CNE y de la Sala Electoral es contraria a la Constitución y violatoria de los derechos humanos de los electores, quienes deberían estar informados fielmente de cuáles son los verdaderos candidatos a ser elegidos. Ahora ocurrirá que los ciudadanos se encontrarán en el tarjetón a personas que renunciaron y que no son abanderados, dando paso a la confusión a la hora de votar por los gobernadores de cada estado.

Es decir, si alguien que no sabe que el candidato de su preferencia renunció a su pretensión de ser electo en favor de otro, este voto será considerado nulo en perjuicio no sólo del candidato que quedó elegido sino también del propio elector que no tenía conocimiento de este cambio. Esta es la trampa detrás de todo este tinglado. Ahora la tarea de la oposición de aquí al domingo de informar a los votantes será ardua, ya que por supuesto el CNE no hará nada al respecto.

Por otro lado, queremos destacar el hecho de que la Sala Constitucional fue la que inicialmente conoció (4 de octubre) el recurso de interpretación del artículo 63 de la Lopre, introducida por el ciudadano Omar Ávila. El mismo día 4 dicha instancia declinó la competencia, el día 5 la Sala Electoral tomó el caso y en esa misma fecha dictó sentencia. Tal celeridad no la vemos, por ejemplo, en el caso del juicio de los diputados de Amazonas, que ya tiene 22 meses sin decisión, dejando sin representación legislativa a todo un estado y que ha servido de excusa para justificar el desacato de la Asamblea Nacional y anular toda su actuación.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando un tribunal, como es la Sala Electoral del TSJ, dicta una decisión en apenas unas horas para facilitar los intereses del poder y tratar de respaldar decisiones arbitrarias y violatorias de los derechos humanos, como lo es la del CNE, queda una vez más en evidencia la parcialidad de ese órgano jurisdiccional, y sobre todo se afecta nada menos que la fuente realmente originaria del poder de este país como lo es la soberanía popular, pues la misma se verá afectada al presentarse una oferta electoral que no fue la que decidieron los ciudadanos, sino la que le interesa al poder.

http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/cual-es-la-trampa-detras-de-la-decision-de-la-sala-electoral-del-tsj/

Magistrados venezolanos perseguidos por el régimen de Maduro ejercerán sus funciones desde el exilio

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Thu, 05 Oct 2017 16:36:00 +0000

Los jueces iniciarán una gira por al menos cinco países para intentar crear un cerco internacional contra el régimen

Ricardo Sánchez-Silva | 8/28/2017, 10:53 a.m.

JUECES. Ramsis Ghazzaoui y Miguel Ángel Martín (der.) en DC. | RICARDO SÁNCHEZ-SILVA

Diez magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, nombrados legalmente por el Parlamento opositor de ese país, se encuentran en EEUU tras la voraz persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Los funcionarios se organizarán como cuerpo colegiado para asumir sus funciones Constitucionales y trabajar de la mano de ONG e instituciones de justicia en al menos cinco países.

La información la dio a conocer el juez electo, Miguel Ángel Martín junto a su colega, Ramsis Ghazzaoui, en un foro realizado en la sede de la organización Freedom House en Washington DC, llevado a cabo junto a El Tiempo Latino y Tu País Foundation.

“El objetivo en EEUU es iniciar funciones como magistrados, no desde el punto de vista jurisdiccional, sino de nuestro deber Constitucional para luchar por la soberanía de nuestro país, el rescate de la democracia y el Estado de Derecho resquebrajado en Venezuela”, declaró Martín.

Según Ghazzaoui, además de USA, visitarán Colombia, Argentina, México, España y Bélgica (Parlamento Europeo en Bruselas).

La designación

El TSJ en Venezuela está compuesto por 32 magistrados principales. En esta oportunidad la Asamblea Nacional designó 33, incluidos los suplentes. La diferencia de otros procesos similares anteriores, es que antes de realizar tal nombramiento más de 7 millones y medio de votantes respaldaron la renovación de poderes.

“Formamos parte de un cuerpo colegiado que ha sido designado, elegido y juramentado, siguiendo los pasos estrictamente como lo establece la Constitución vigente en Venezuela y la ley, es inédito porque se produce la legitimidad de origen, que es parte del nombramiento hecho por la Asamblea Nacional, se creó un comité conformado por diputados del parlamento y miembros eminentes de la sociedad civil, se abrieron las postulaciones e inscribieron a unos 156 profesionales para aspirar al cargo de mayor jerarquía en el sistema de justicia venezolano, como es el de magistrado del TSJ”, aseveró Martín.

La revisión de las credenciales de los participantes fue exhaustiva por parte del comité, quien además realizó entrevistas personalizadas a cada postulante sobre la visión de la justicia en Venezuela, la ley y la sociedad. Todos los pasos se cumplieron a cabalidad, a diferencia de la designación de los jueces que ahora usurpan los cargos, la cual se realizó por la Asamblea Nacional chavista saliente en 2015 con una serie de irregularidades que violan la Constitución .

La persecusión

Los magistrados aprovecharon la oportunidad para denunciar las torturas, tratos crueles e inhumanos que sufre su colega, Ángel Zerpa, detenido de manera ilegal por el régimen de Maduro. Martín aseguró que “se encuentra en un baño y sin comida” hace más de 20 días.

“Apenas ayer recibió la visita de sus familiares y evidentemente la tortura y forma tan clandestina como ha sido tratado el caso del compañero Zerpa tiene que llamarnos la atención. Esta fue una detención inconstitucional e ilegal porque para poder enjuiciar a un magistrado del TSJ, así como al presidente o vicepresidente de la República tiene que declararse un Antejuicio de Mérito por la Sala Plena. Por supuesto, en el caso nuestro no podían hacerlo porque nosotros formamos parte de ella”, indicó.

Foro Penal Venezolano, Ante el Anuncio de la ANC de Promover y Discutir Una Ley de Amnistía para los Presos Políticos

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Thu, 05 Oct 2017 16:28:00 +0000

Octubre 5 de 2017. foropenal.com

En fecha 4 de octubre de 2017, a través de la ciudadana Delcy Rodríguez, se hizo del conocimiento público que la Asamblea Nacional Constituyente discutiría un proyecto de Ley de Amnistía para favorecer a los presos políticos en Venezuela. Sobre este particular, el Foro Penal Venezolano expresa lo siguiente:

1. Toda fórmula legitima, apegada a la Constitución y leyes vigentes, que implique el cese definitivo de la prisión y de la persecución por motivos políticos en Venezuela es bienvenida. Desde el punto de vista constitucional y legal, y con base en la Constitución de la República Bolivariana de 1999, que sigue vigente (Art. 187, numerales 1º y 5º), la facultad de legislar y la de decretar amnistías reside exclusivamente en la Asamblea Nacional (AN), por lo que es a este órgano del Poder Público al que le corresponde emitir la amnistía, incluso bajo la forma inmediata y plenamente vinculante del Decreto Legislativo, sugerida formalmente a la AN por el FPV a la AN EL 11 de enero de 2016.

2. Toda amnistía debe ser amplia y plena, y debe abarcar la totalidad de las investigaciones penales, disciplinarias o sancionatorias relacionadas con los todos hechos de trascendencia nacional que en nuestra historia reciente dieron lugar a la injusta y arbitraria persecución judicial, fiscal, policial, laboral o administrativa de ciudadanos por motivos políticos. Además, debe contemplar y abarcar no solo a los presos políticos, esto es, a aquellos que, al momento de su entrada en vigencia, efectivamente se encuentren privados de su libertad, sino además a los miles de personas que se mantienen en libertad restringida (bajo medidas cautelares) y con procesos penales pendientes, también por motivos políticos, y a quienes hayan sido forzados al exilio a causa de su posición opositora o disidente contra el gobierno venezolano, tanto desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de la República, como antes, desde que Hugo Chávez Frías fue electo presidente hasta el momento en el que dejó de serlo.

3. Para que una Amnistía sea verdaderamente acatada por todos los órganos del Poder Público, y más allá, para que sea respaldada y aceptada por la ciudadanía, debe ser consultada con todos los actores sociales, especialmente, debe consultarse a los presos, perseguidos y exiliados políticos, con las víctimas de la represión y con las ONG y demás factores que consecuentemente se han encargado del registro de las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que se han materializado en nuestro país en los últimos lustros. Una Amnistía que solo refleje el sentir de un sector político o que recoja las opiniones de unos pocos no pasará de ser un reconocimiento expreso de la realidad de la persecución por motivos políticos en Venezuela, y no es ni será legítima ni vinculante.

4. Desde el Foro Penal Venezolano, hemos promovido la amnistía en diversas oportunidades y en distintas instancias desde el año 2007, y estamos a la orden de toda Venezuela para contribuir con nuestros datos, conocimiento y experiencia, en el logro de la libertad de todos los presos políticos y en el del cese absoluto y sin condiciones de cualquier forma de persecución por motivos políticos en nuestra nación. Nuestro camino es la libertad.

Foro Penal Venezolano

Alfredo Romero - Director Ejecutivo

Gonzalo Himiob Santomé - Director

Alonso Medina Roa - Director

Robiro Terán - Director

Mariela Suárez - Coordinadora Operativa Nacional

Dimas Rivas - Coordinador Estado Aragua

Luis Armando Betancourt - Coordinador Estado Carabobo

Laura Valbuena - Coordinadora Estado Zulia

Ezequiel Monsalve - Coordinador Estado Bolívar

Raquel Sánchez - Coordinadora Estado Táchira

José Armando Sosa - Coordinador Estado Monagas

Lucía Quintero - Coordinadora Estado Barinas

José Reyes - Coordinador Estado Falcón

Pedro Troconis - Coordinador Estado Lara

Fernando Cermeño - Coordinador Estado Mérida

Alberto Iturbe - Coordinador Estado Miranda (Altos Mirandinos)

Adriana Nápoles - Coordinador Estado Miranda (Valles del Tuy)

Rossana Carreño - Coordinadora Estado Anzoátegui

Olnar Ortiz - Coordinador Estado Amazonas

Néstor Gutiérrez - Coordinador Estado Cojedes

Pedro Arévalo - Coordinador Estado Nueva Esparta

José Torres Leal - Coordinador Estado Portuguesa

Daniel Salazar - Coordinador Estado Sucre

Rafael Maldonado - Coordinador Estado Trujillo

Gabriel Gallo - Coordinador Estado Yaracuy

Wiecza Santos - Coordinadora Estado Apure

El apartheid del hambre

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Sat, 30 Sep 2017 18:28:00 +0000

El acceso a la alimentación como arma proselitista queda en evidencia en la forma descarada en como los candidatos del PSUV a las elecciones regionales utilizan el programa, en el que solo tienen cabida sus supuestos seguidores, que seguramente no votarán por ellos porque saben que son los responsables de la tragedia que vivimos.

Carlos Tablante

Esta semana se conoció que la mortalidad por desnutrición en los hospitales pediátricos ha aumentado en los últimos tres años en 260 %. Los niños venezolanos están muriendo de hambre. Esto sucede en un país que solo hasta 2014 había destinado mas de 2.400 millones de dólares a la compra de un millón de toneladas de comida. De esa suma, solo se habría entregado el 14 por ciento. El resto fue hallado en estado de descomposición en contenedores ubicados en Puerto Cabello, Valencia y Tinaquillo, en lo que se conoce como el caso Pudreval.

No había interés en distribuir los alimentos, comprados con sobreprecio y en su mayoría a punto de caducar, sino en obtener dólares preferenciales a través de sobornos a los responsables de asignar contratos en CASA, Veximca, Suvinca, Pdvsa-Pdval-Bariven y de certificar el ingreso al país, deber del Seniat, el Ministerio de Salud y la GNB.

Lo que debió ser un plan para alimentar a los sectores más vulnerables con la importación de alimentos a dólares preferenciales, terminó siendo el episodio mas escandaloso en la historia de la corrupción. Además, es el caso con mayor impunidad ya que ni un solo funcionario o contratista ha sido condenado por este macro fraude a la nación.

Robar los recursos destinados a la alimentación no sólo es un delito penal, es un delito contra los derechos humanos, es decir, contra los Derechos económicos, sociales y culturales de la Humanidad (DESC).

Más allá del perjuicio al patrimonio público hay un daño profundo e irreversible: la muerte de venezolanos por desnutrición. Se trata de una violación directa del derecho a la salud y a la vida.

En la actualidad, continúan las operaciones irregulares en la adquisición de alimentos por parte del régimen de Maduro. Los escándalos alrededor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción o programa CLAP, así lo confirman.

Como si fuera poco, a la corrupción se suma la discriminación política con la venta de las cajas CLAP, a las que solo tienen acceso los ciudadanos que poseen el denominado “carnet de la patria”.

El jefe del Centro Nacional de Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, ha dicho que “las cajas de los CLAP son solamente para los sectores “más vulnerables” de Venezuela, porque “las clases media y media alta tienen recursos suficientes para comprar en el mercado normal venezolano, e incluso traerlos importados”.

Nosotros nos preguntamos ¿A qué clase media se refiere Bernal? A la misma que eliminó este sistema anacrónico, fiel copia del fracaso cubano? La clase media venezolana no existe. Actualmente solo hay dos clases, los pobres, que son la mayoría, y los ricos, los enchufados y sus relacionados.

Estas declaraciones demuestran claramente que el régimen está consciente de que está condenando a morir de hambre a una gran parte de la población venezolana, a la que cínicamente considera de clase media, la cual en la realidad no tiene los recursos necesarios para comprar alimentos a los monstruosos precios que marca la hiperinflación generada por la corrupción y el despilfarro del propio régimen.

Tampoco es cierto que este programa llegue a la mayoría empobrecida en todo el país, como demuestran los altos indicadores de pobreza extrema y crítica que aumentan aceleradamente, así como el constante reclamo de los sectores populares por la ausencia de alimentos. No hay carne, no hay pollo y ahora ofrecen conejos como la gran solución. Es una burla macabra inaceptable.

Someter a un pueblo a la tortura del hambre y a la muerte por desnutrición de manera selectiva (los que no tienen el carnet de la patria) y sistemática (antes con Pdval y ahora con las cajas Clap), es una brutal violación de los derechos humanos que puede ser incluida en el expediente del Tribunal Penal Internacional de La Haya.

25 de septiembre de 2017

www.carlostablante.com

@TablanteOficial

Soy bolichico y no lo sabía

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Sat, 30 Sep 2017 18:25:00 +0000

Entiendo que en Venezuela 25 millones de dólares es un choreo infantil de un aficionado menor, pero en mi vida pequeñoburguesa podría resolver, bien resueltas, a 25 generaciones de mis descendientes

Laureano Márquez

Buscando un correo electrónico traspapelado. No sé si esta expresión cabe también para los papeles virtuales, comencé a buscar en diversas carpetas de mi correo. Abrí los llamados “correos no deseados”, carpeta en la que casi nunca suelo meterme, porque, como su nombre lo indica, uno no desea saber de la gente que te escribe por allí. Casi siempre se trata de cadenas, con lo despreciables que estas siempre suelen ser. Para mi sorpresa, me encuentro con un correo en inglés suscrito por el CEO del Banco Central de Nigeria, Dr. Godwin Emefiele. Como es del dominio público, CEO significa “Chief Executive Officer” por sus siglas en inglés, como dice la gente instruida. En la comunicación Mr. Godwin –entiendo que su nombre tiene como primer componente a Dios y de segundo ganar, es decir, Diosgana– me dice lo siguiente: “your name with all your information from our central computer stating that abandoned fund worth of $25,000,000,00 (Twenty Five Million United State Dollars) belongs to you, Please; I want to know from you the reason why you abandoned such big fund here in our bank”.

Lo primero que me vino a la cabeza fue responder de inmediato con un breve: “pussy panita, I forgot those reales, Can you transfer them to me from one?”. Es decir: “coño, panita, me olvidé de esos reales, ¿me los puedes transferir de una?” Acto seguido, pensé, lo primero que debo hacer es buscarme en la lista de Trump a ver si aparezco, si es el caso, debo buscar un paraíso fiscal. Ni siquiera me pregunté de dónde vinieron esos reales ni cómo me los gané, entre bolichicos nunca nos preguntamos esas cosas. Entiendo que en Venezuela 25 millones de dólares es un choreo infantil de un aficionado menor, pero en mi vida pequeñoburguesa podría resolver, bien resueltas, a 25 generaciones de mis descendientes: el futuro de los Márquez asegurado hasta el año 3015, por lo menos.

Esto debe ser una broma de Emilio, fue lo segundo que pensé. Tengo que googlear a Godwin. Para mi sorpresa, el hombre existe y Google dice que con toda certeza es el “governor” del Banco Central de Nigeria, donde se encuentra mi cuantiosa fortuna, que tiene 54 años, la foto muestra un señor afrodescendiente, cosa que es lógica porque Nigeria queda en África (además yo también soy afrodescendiente, mis padres también eran africanos de Canarias, así que estamos entre paisanos), es cabeza de una bella familia. ¿Y si la vaina es verdad? y si tengo ese dinero abandonado por allá y este señor se ha tomado la molestia, ha tenido la finesa de ubicarme, para devolverme mis fondos –obviamente mal habidos– porque un pobre de solemnidad sabe exactamente cuánto tiene y dónde lo tiene y el esfuerzo que te ha costado cada céntimo ahorrado. ¿Por qué metí esos reales en Nigeria? ¿Seré un bolisonámbulo?, fue lo otro que me pregunté. Existen Caimán, Suiza y la celebrada Andorra, que está a punto de ser declarada como territorio venezolano, por la abundancia de nuestros fondos allá. Why Naiyiria? Am I an stupid? Yes I do.

Seguí leyendo. Me dice el pana Godwin que como yo no he aparecido a reclamar esos reales, me los han depositado en una ATM card a mi nombre. Es decir a una tarjeta de débito. Y hasta me manda la clave, cuyo pin obviamente no voy a revelar. Ni que fuera yo bolsa para decirles que la clave es 2116. Los bolichicos somos astutos. ¡Godwin de mi vida, me vienen los escraches! –pensé– que yo esté en el Peter Luger Steakhouse, de lo más tranquilo, enfrentado a una punta argentina con una botella de vino Protos, del bueno y se me pare alguien enfrente: “¡devuelve esa carne, corrupto!", y uno vomitando todo. Comencé a odiar a la oposición que tanto he defendido. Son unos traidores todos, es verdad.

Dr. Godwin me pide que le mande mis señas: dirección, teléfono, mi cuenta bancaria y mi firma escaneada. Por favor, que algún bolichico con más experiencia que yo, me ayude: ¿qué hago, le mando todo?

Un mal comienzo

noreply@blogger.com (SUONTRAJ seccional Mérida) — Fri, 29 Sep 2017 17:37:00 +0000

Jesús María Casal H

La postura gubernamental de señalar públicamente que el reconocimiento por la oposición de la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, como instancia “plenipotenciaria”, es una de sus exigencias en la nueva fase de diálogo anunciada, es un grave error. En primer lugar, porque coloca ante la opinión pública de manera unilateral un asunto que, de haber sido planteado, debía mantenerse dentro de la confidencialidad de la etapa preliminar del ensayo de negociaciones. En segundo término, y esto es lo más importante, porque compromete de entrada su viabilidad y pone el acento donde no debe estar.

En una situación de extrema polarización y pugnacidad política como la que sufre Venezuela, que se ha prolongado por varios años y que ha sido estimulada por conflictos de gran intensidad y por la invocación oficial de una ideología totalizante que niega espacios legítimos para el pensamiento contrario, comenzar por una cuestión de principio vinculada a la expresión más reciente del antagonismo y de la fractura política es una demostración de insensatez o de ausencia de voluntad para la negociación.

La confrontación en desarrollo en el país es de tal calado que no resulta posible empezar por el reconocimiento de las manifestaciones más puras o radicales de las posiciones políticas de cada parte. Solo es factible partir de un arreglo práctico en el que los contendientes, sabiendo que de momento no pueden entenderse en relación con temas de fondo de enorme trascendencia, procuran identificar áreas de interés común en las que dar pasos coordinados, con el propósito de alcanzar una Paz verdadera, como iniciativa que acaso pueda conducir en un futuro a una reconciliación más amplia.

Cronograma y garantías

Por ejemplo, hay que discutir sobre el cronograma electoral, y acerca de las correspondientes garantías electorales, pues cabe suponer que ambas partes asumen como necesarias las consultas electorales pendientes de acuerdo con la Constitución y las que deben celebrarse en el 2018. También sobre el respeto a la Asamblea Nacional, pues no hay Democracia sin Parlamento, y así en relación con otros temas. El gobierno nacional, a su vez, considerará seguramente indispensable abordar asuntos económico-financieros ligados a la imperiosa obligación de detener la destrucción de las condiciones de vida de la población que avanza aceleradamente. En cambio, pedir a la oposición que sea reconocida la denominada Asamblea Nacional Constituyente es intentar doblegarla en uno de los planteamientos centrales de su denuncia nacional e internacional sobre la profundización de la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrida en Venezuela.

Una cosa es que dicho órgano, considerado con razón por buena parte de la nación como espurio, sea empleado por el gobierno para implementar acuerdos que deba cumplir en el marco del diálogo, lo cual puede ser asumido por la oposición como un hecho, sin que se entre en el debate sobre la legitimidad de ese órgano ni ello implique un reconocimiento, y otra muy distinta es que se quiera exigir a la oposición renunciar a principios sustantivos de su lucha para que pueda existir una negociación.

¿Confusión?

Pudiera aducirse que es contradictorio requerir respeto a la autonomía y atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y luego decir que es inaceptable solicitar a la oposición el reconocimiento de la supuesta Constituyente. Sin embargo, no deben confundirse estas demandas. La Asamblea Nacional no quiere ser “reconocida” por el gobierno, ya que su legitimidad no es controvertida, sino tan solo pretende no ser derribada por decisiones judiciales y gubernamentales arbitrarias que le impiden ejercer sus facultades constitucionales. A lo que aspira es a que la dejen trabajar, a que el Tribunal Supremo de Justicia le permita cumplir la función que es propia del Parlamento en una democracia.

Si hay buena fe en el llamado a la reapertura del diálogo, deben abandonarse las posturas inquisitoriales, en las que el progreso de las conversaciones se sustente en la abdicación por las partes de sus posturas de principio. Si la Paz que se pregona es verdadera, ha de comprenderse que ésta no puede lograrse buscando aplastar al adversario en las ideas que inspiran su acción, sino únicamente tolerándolas y esforzándose en hallar áreas de coincidencia en pro de un bien superior. El silencio y parálisis sepulcral que hoy se observa en las calles del país, que ni siquiera es tranquilidad pública porque la delincuencia hace de las suyas sin miramientos, está muy lejos de testimoniar la Paz que el gobierno dice haber logrado con la Constituyente y ojalá no sea un anticipo del tipo de diálogo que quiere llevarse a cabo y de sus consecuencias.

jesusmariacasal@gmail.com