En representación de la UGR acudieron la vicerrectora de Internacionalización, Inmaculada Marrero Romero, y la directora de Proyectos y Redes Internacionales, Irene Pedreira Romero. Su presencia en este foro no es una anécdota: la elección refuerza el peso de Granada en una de las principales redes académicas de la zona y llega en un momento de especial relevancia para la cooperación euromediterránea. La asamblea se celebró los días 7 y 8 de octubre y sirvió también para conmemorar el 35.º aniversario de la organización.

Un puesto en el consejo que decide las líneas estratégicas

El Consejo de Dirección de UNIMED está formado por una veintena de representantes de universidades asociadas. Sus tareas pasan por contribuir a diseñar las prioridades de la red y orientar el desarrollo de sus actividades. Con esta incorporación, la UGR podrá intervenir de manera directa en un espacio multilateral de diálogo y cooperación entre instituciones de distintas regiones. No en vano, compartirá mesa con universidades de Italia, Portugal, Turquía, Chipre, Jordania, Líbano, Libia y Marruecos, entre otros países.

La propia asamblea puso en valor la trayectoria de la Universidad de Granada en el ámbito euromediterráneo. Esa implicación se ha plasmado en programas de movilidad para estudiantes y personal, en la coordinación y participación en proyectos internacionales y en actividades de investigación conjunta. El reconocimiento no se limita a un nombramiento, sino que avala un trabajo sostenido durante años con universidades y entidades de ambas orillas.

Cooperación académica, movilidad y proyectos compartidos

La entrada en el consejo permitirá a la UGR profundizar en ese compromiso y participar en la definición de iniciativas comunes en áreas consideradas estratégicas. Según se desprende del encuentro, el objetivo es fortalecer las relaciones académicas e institucionales con las universidades socias, favorecer el intercambio de conocimiento y buscar respuestas conjuntas a los desafíos que comparten los países del espacio mediterráneo.

Durante la asamblea se abordaron asuntos de calado, como las iniciativas que impulsa la Comisión Europea dentro del Pacto para el Mediterráneo, el apoyo a estudiantes e investigadores que trabajan en zonas afectadas por crisis y conflictos, el futuro de Erasmus+ y Horizonte Europa, la participación del estudiantado en la red y el papel de las universidades frente al cambio climático. Son cuestiones que marcan la agenda universitaria europea y mediterránea y en las que la UGR quiere tener voz propia.

UNIMED agrupa a más de doscientas universidades de veinticinco países del Mediterráneo, África subsahariana, Oriente Medio y los Balcanes occidentales. La red promueve la cooperación académica entre esas regiones y desarrolla iniciativas en múltiples áreas científicas. Entre sus fines está impulsar la investigación y la formación en el ámbito euromediterráneo y en territorios cercanos, además de reforzar la dimensión internacional de las universidades que la integran mediante formación para personal académico y administrativo, movilidad de estudiantes, profesorado e investigadores, redes temáticas y congresos internacionales.

Una relación que viene de lejos

La Universidad de Granada es miembro de UNIMED desde 1998. En la última década ha tomado parte en más de cuarenta proyectos internacionales de cooperación académica, de los cuales nueve siguen en ejecución. Esa participación ha permitido consolidar vínculos con más de sesenta universidades asociadas a la red, tanto de países de la Unión Europea como de terceros países. Entre ellos figuran Argelia, Egipto, Jordania, Iraq, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Níger, Palestina y Túnez.

El nuevo mandato en el Consejo de Dirección se presenta, por tanto, como una oportunidad para seguir tejiendo alianzas y para que la institución granadina aporte su experiencia en cooperación universitaria. A fin de cuentas, la presencia en órganos de gobernanza como este permite influir en las decisiones y no solo adaptarse a ellas. La UGR lleva años apostando por una internacionalización basada en proyectos concretos, movilidad real y trabajo compartido con socios de distintas regiones.

La coincidencia con el 35.º aniversario de UNIMED añade un simbolismo especial al nombramiento. La red ha ido creciendo hasta convertirse en un punto de encuentro para universidades de orillas muy diversas, y la incorporación de Granada a su cúpula directiva encaja con esa evolución. El reto ahora es trasladar los principios de cooperación a iniciativas prácticas que tengan impacto en la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento.

En los próximos tres años, la UGR tendrá que compaginar esta responsabilidad con su día a día académico, pero también podrá aprovecharla para ampliar contactos, captar oportunidades de financiación europea y dar más visibilidad a sus grupos de investigación. La elección supone un espaldarazo a la estrategia internacional de la universidad y refuerza su posición en un área, la mediterránea, donde la cooperación es especialmente valiosa.

La asamblea de Barcelona no solo sirvió para elegir a los nuevos responsables del consejo. También fue un termómetro del momento que atraviesan las universidades de la región, con retos como la financiación, la fuga de talento, la crisis climática o la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo en contextos complicados. En ese escenario, contar con una voz granadina en el órgano de dirección de UNIMED no es un detalle menor.

Con esta incorporación, la Universidad de Granada consolida una línea de trabajo que combina presencia internacional, cooperación académica y búsqueda de soluciones compartidas. El nombramiento se apoya en una trayectoria de casi tres décadas dentro de la red y en una participación activa en decenas de proyectos. La institución tendrá ahora que demostrar que ese peso en la gobernanza se traduce en resultados tangibles para sus estudiantes, investigadores y socios mediterráneos.

La Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación de Castilla-La Mancha ha hecho públicas las instrucciones para repartir fondos entre centros públicos de FP de la comunidad. La finalidad es costear proyectos de innovación que se desarrollen a lo largo del curso 2026/2027 y que sirvan para estrechar lazos con el sector productivo, las universidades y los centros de formación para el empleo.

La convocatoria no es una acción aislada, sino una pieza más de la estrategia regional para acercar la FP a la realidad de las empresas y mejorar la cualificación del alumnado. En total, se repartirán 516.000 euros entre distintas modalidades, con cuantías máximas por proyecto que van de los 6.000 a los 15.000 euros.

Modalidades y líneas de financiación

La modalidad A está pensada para proyectos de carácter general y cuenta con 300.000 euros, con un tope de 15.000 euros por iniciativa. La modalidad B se divide en tres submodalidades: la B.1 impulsa alianzas interautonómicas; la B.2 se centra en la colaboración con asociaciones sectoriales de apoyo a pymes y micropymes; y la B.3 está orientada a fomentar la cultura de la FP en la empresa y modelos de excelencia.

Los centros que pueden acogerse son IES, IESOs, CEPAs y CIFPs de titularidad pública que impartan enseñanzas de FP. Un mismo centro puede participar en varios proyectos, aunque cada iniciativa solo podrá presentarse a una modalidad>. Además, como máximo, un centro podrá resultar adjudicatario de dos proyectos de los que sea titular por cada modalidad.

Requisitos, socios y temas prioritarios

Los proyectos deberán ser originales y ejecutarse entre el 1 de septiembre de 2026 y el 15 de junio de 2027. En su desarrollo tendrán que participar docentes con destino en el centro solicitante y alumnado matriculado en el mismo. Salvo en la submodalidad B.2, será obligatorio que intervengan al menos dos centros públicos de FP, y se valorará especialmente que se sume un mayor número de colaboradores.

Junto a los centros educativos podrán participar empresas, organizaciones, asociaciones, fundaciones, organismos públicos, universidades públicas y centros de formación para el empleo dependientes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. La titularidad del proyecto recaerá sobre uno de los centros participantes y, entre los resultados, se deberá elaborar al menos una guía didáctica de aplicación y difusión.

Las temáticas admitidas abarcan la digitalización, la industria 4.0 y la economía circular; las acciones para equilibrar alumnas y alumnos en ciclos STEAM; la prevención del abandono y la creación de nuevos itinerarios; el emprendimiento y la transición al mundo laboral; los viveros de empresas; los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; y la actualización de competencias técnicas, profesionales y pedagógicas del profesorado.

El diseño de cada proyecto se organiza en tres fases. La fase A se dedica a la definición y planificación de la propuesta; la fase B, a la formación necesaria; y la fase C, al desarrollo, la evaluación y la difusión de los resultados. También se exige que el proyecto prevea su aprovechamiento o transferencia a otros centros, entidades o empresas, y que no haya recibido otra financiación para el mismo fin.

Presupuesto, plazos y presentación de solicitudes

El reparto económico queda dividido de la siguiente manera: la modalidad A dispone de 300.000 euros y un máximo de 15.000 euros por proyecto; la B.1, de 60.000 euros y 10.000 euros por iniciativa; la B.2, de 60.000 euros y 6.000 euros; y la B.3, de 96.000 euros y 8.000 euros. Estas cantidades buscan que los centros puedan organizar actividades y comprar recursos sin depender de una sola fuente de ingresos.

Las solicitudes se presentarán de forma telemática y con firma electrónica a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El plazo estará abierto del 6 de octubre al 4 de noviembre>. Cuando varios centros participen en un mismo proyecto, será uno de ellos, elegido de común acuerdo, el que presente la solicitud en representación del resto.

La entrega de fondos se hará en un único abono una vez dictada la resolución correspondiente. Cada centro deberá adjuntar la documentación exigida por la convocatoria y asumir los compromisos previstos. La resolución también fija que la persona responsable del proyecto será el director o la directora del centro designado como titular.

Reconocimiento al profesorado

El profesorado coordinador contará con dos horas lectivas para desarrollar sus funciones. En las fases A y B se podrán certificar hasta dos créditos como coordinador o coordinadora y hasta dos créditos como asistente. En la fase C, el reconocimiento será de hasta un crédito de innovación para la coordinación y otro para las personas participantes.

Para certificar esos créditos será necesario presentar una memoria específica que describa las actuaciones realizadas, el grado de participación y las evidencias del trabajo. Quien participe en más de un proyecto solo podrá certificar por aquel en el que se le reconozca un mayor número de créditos, y no se certificarán periodos parciales.

UGT muestra su rechazo a la convocatoria

UGT ha hecho público su rechazo a esta convocatoria. El sindicato sostiene que se pretende impulsar la innovación a coste cero y a costa del esfuerzo extra del profesorado>. Señala que no se contempla reducción de carga lectiva ni complementaria, salvo esas dos horas para coordinadores, y que antes al menos existía algún tipo de reducción para quienes asumían esta tarea.

En su opinión, la situación choca con lo que ocurre en la Universidad, donde sí hay horas reconocidas en el horario semanal para innovación. Añade que tampoco se habla de compensación económica y que, al no dotar de horas para estas funciones, la innovación seguirá descansando en la voluntariedad del profesorado>. Solo se menciona el reconocimiento de algunos créditos como formación.

UGT también critica que la formación no pueda realizarse fuera del horario laboral. Recuerda que se habla de reconocer hasta 50 horas, mientras que la orden de organización y funcionamiento fija un máximo de 42 por curso, y además solo se conceden si no coinciden con los periodos libres del profesorado. Para muchos docentes, esos créditos no resultan útiles ni para el concursillo ni para los sexenios, por lo que el reconocimiento, en la práctica, no compensa el esfuerzo>.

El sindicato cita el artículo 105.b de la LOE, que alude al reconocimiento de la labor docente mediante incentivos económicos y profesionales cuando se implantan planes de innovación educativa. A su juicio, no reducir horario, no retribuir estas funciones y exigir formación fuera del horario laboral invisibiliza la dedicación del profesorado, por lo que considera la convocatoria no aceptable>.

La nueva convocatoria de fondos para proyectos de innovación en FP en Castilla-La Mancha busca, sobre el papel, reforzar la colaboración entre centros públicos, empresas y otros agentes, con 516.000 euros repartidos en varias modalidades y un plazo de solicitud que arranca en octubre. El modelo incluye requisitos exigentes, fases de diseño, formación y difusión, y un reconocimiento académico para el profesorado que participa. Sin embargo, el rechazo de UGT evidencia que el debate no está cerrado: la clave será comprobar si esos incentivos y esas dos horas lectivas bastan para que los proyectos salgan adelante con garantías o si, como denuncia el sindicato, acaban apoyándose en la buena voluntad de los docentes.

Las Becas MEC 2026-2027 son el sistema de ayudas al estudio que convoca cada curso el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Sirven para financiar matrícula, desplazamiento, residencia y otros gastos de alumnos de Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas y universidad. No se trata de un pago único ni igual para todos, sino de una suma de componentes que depende de la renta familiar, el nivel de estudios y el expediente académico.

La meta que repite la normativa es que nadie abandone la formación por falta de recursos. Es, en la práctica, la principal política de becas del sistema educativo español y se publica cada año en el Boletín Oficial del Estado. La solicitud se presenta una vez por curso por vía telemática y, si se concede, se extiende a todo el año académico.

Qué enseñanzas cubren y quién puede pedirlas

La convocatoria general llega a enseñanzas postobligatorias: Bachillerato, ciclos de FP de grado básico, medio y superior, enseñanzas artísticas superiores, grados y másteres. La renta familiar actúa como primera criba para entrar en el sistema. Además, existen convocatorias específicas, como la de apoyo educativo para alumnos con necesidades específicas y la beca para enseñanzas artísticas o la de colaboración para últimos cursos de grado.

El trámite se completa en la sede electrónica del Ministerio con la identificación del solicitante, el justificante de matrícula y la documentación de la unidad familiar. Matricularse no basta: hay que acreditar ingresos y rendimiento conforme a las bases. El portal oficial becaseducacion.gob.es concentra la tramitación telemática.

Cuánto dinero se puede recibir

La ayuda se divide en varios bloques. La beca de matrícula cubre el precio público de los créditos cursados por primera vez. A esa parte se suman una cuantía fija ligada a la renta, otra vinculada a vivir fuera del domicilio familiar y una cuantía variable que depende de la renta y del expediente. Los importes exactos se concretan en la convocatoria anual publicada en el BOE.

En los estudios universitarios, la convocatoria maneja cifras como 1.700 euros de renta, hasta 2.700 euros por residencia, entre 50 y 125 euros por excelencia académica y un mínimo de 60 euros en la cuantía variable. La excelencia se escalona por nota media: 50 euros para 8-8,49; 75 para 8,50-8,99; 100 para 9-9,49; y 125 para 9,50 o más. Para profundizar, puedes consultar la guía sobre becas de excelencia y trayectoria.

Si alguien reúne los máximos de las cuantías fijas, podría sumar 4.525 euros entre renta, residencia y excelencia, sin contar matrícula ni variable. Para matrículas parciales de 48 a 59 créditos hay una regla propia: 350 euros de renta y 350 de residencia, además de matrícula y variable mínima.

Umbrales de renta y requisitos académicos

El sistema se organiza en tres umbrales de renta familiar. El umbral 1 corresponde a los hogares con menos ingresos y abre la puerta a las cuantías más altas; los umbrales 2 y 3 amplían la ayuda a familias con más recursos, aunque con importes menores. Cuanto menor es la renta, mayor suele ser la ayuda, y la matrícula queda cubierta en todos los tramos.

En lo académico, la convocatoria exige superar un porcentaje mínimo de créditos o asignaturas. En enseñanzas técnicas y de ciencias el listón puede ser más bajo que en otras ramas. No repetir curso es clave en la beca básica y, en la universidad, el rendimiento del curso anterior condiciona la renovación.

El cálculo final depende de la unidad familiar: cuentan los miembros computables, la renta y, en su caso, el patrimonio. Por eso dos alumnos con notas parecidas pueden recibir cantidades distintas. La comunidad autónoma y la situación familiar también influyen en el resultado.

Plazos, solicitud y pago

La convocatoria general del curso 2026-2027 se pudo pedir entre el 7 de abril y el 19 de mayo de 2026. Las ayudas de apoyo educativo estuvieron abiertas del 19 de mayo al 10 de septiembre de 2026, y del 7 al 28 de septiembre se habilitó un periodo para actualizar datos. El calendario se renueva cada año y se publica en el BOE.

Sobre el cobro, el Ministerio no fija una fecha única para todos. El expediente pasa por comprobaciones y resolución, y el plazo máximo para la resolución definitiva es de seis meses desde que se dispone de la información para calcular la variable. Para saber cómo saber el estado de la beca MEC, se recomienda acceder a la sede electrónica dentro del apartado de expedientes.

Las partes de la beca pueden tramitarse por separado: la matrícula se compensa con las universidades y la variable requiere datos adicionales. Para el curso 2026-2027, el calendario presupuestario prevé libramientos a las administraciones gestoras a partir del 15 de noviembre de 2026, aunque eso no significa que el alumnado cobre ese día.

Cambio en Cataluña y gestión autonómica

Una novedad importante afecta a los solicitantes cuyo domicilio familiar estuviera en Cataluña a 31 de diciembre de 2025. En ese caso, no pueden pedir la beca estatal y deben acogerse a la convocatoria de la Generalitat. El traspaso de competencias cambia la ventanilla, aunque el marco general sigue siendo estatal.

El marco normativo se apoya en la LOMLOE y en la normativa que regula las becas y ayudas al estudio. El Ministerio fija umbrales y cuantías; las comunidades gestionan sus programas; las universidades y centros certifican el rendimiento; y las familias acreditan ingresos. El gasto anual en becas y ayudas al estudio ha superado los 1.700 millones de euros en convocatorias recientes.

Qué se espera para próximas convocatorias

De cara al curso 2027-2028 se espera una nueva convocatoria con un calendario similar al de los últimos ejercicios, previsiblemente en primavera de 2027. Aún no hay fechas publicadas por el Ministerio. Los interesados pueden consultar condiciones y requisitos en el portal de becas.

El debate sigue abierto: organizaciones de estudiantes y universidades plantean si los importes cubren el coste real de estudiar fuera de casa. La convocatoria anual es la que marca la diferencia entre recibir una ayuda suficiente o insuficiente.

Las Becas MEC combinan matrícula, cuantías fijas y variables, requisitos de renta y rendimiento, un calendario que se renueva cada curso y la necesidad de pedir las ayudas al estudio en tiempo y forma. La clave está en revisar la convocatoria oficial, cumplir los plazos y guardar la documentación familiar y académica. Para el alumnado de Bachillerato, FP y universidad, estas ayudas siguen siendo el principal instrumento para que el dinero no sea el motivo de dejar los estudios.

Si te apasiona descubrir rincones nuevos y tienes esa chispa por las relaciones humanas, el Grado en Turismo es probablemente la opción ideal para ti. No se trata solo de organizar viajes, sino de convertirte en un experto en la gestión de actividades de ocio, dominando un sector que en España es una auténtica locomotora económica y un motor fundamental para el empleo.

Esta carrera surge para profesionalizar un ámbito que antes se manejaba de forma más empírica. Hoy en día, estudiar Turismo implica sumergirse en una disciplina interfacultativa que combina la economía, la sociología, el derecho y la geografía, permitiendo que el graduado no solo gestione hoteles, sino que lidere la planificación estratégica de destinos sostenibles.

Detalles Administrativos y Acceso

Para quienes buscan matricularse, es importante saber que el título consta de 240 créditos ECTS distribuidos habitualmente en cuatro años. En centros como la UNED, por ejemplo, se ofrecen plazas mixtas que permiten cursar el grado simple o un Doble Grado con ADE, lo que potencia enormemente el perfil empresarial del alumno. Los precios varían según la matrícula, siendo más económicos en la primera inscripción y aumentando progresivamente en las sucesivas.

En cuanto a los requisitos, se valora mucho que el alumno tenga una base de bachillerato en Ciencias Sociales y Jurídicas, con nociones de matemáticas y estadística. Además, el dominio de idiomas es clave; se recomienda empezar con al menos un nivel A1+ de inglés, aunque para estudiantes de países no hispanohablantes suele ser imprescindible acreditar un nivel B2 de español.

Estructura Académica y Especializaciones

El plan de estudios ha evolucionado para adaptarse a los tiempos modernos. Mientras que los planes antiguos se basaban en competencias genéricas y específicas, las nuevas implantaciones se centran en Resultados de Aprendizaje, divididos en conocimientos, habilidades y competencias. Esto asegura que el alumno sepa aplicar la teoría a problemas reales del entorno turístico.

Un aspecto innovador es la introducción de menciones de especialización. Los estudiantes pueden orientar su carrera hacia la Gestión de la Empresa Turística o hacia la Planificación de Destinos Turísticos, cursando asignaturas optativas específicas que les permitan destacar en un área concreta del mercado laboral.

• Formación Básica: Materias fundamentales para asentar los conceptos del sector.
• Asignaturas Obligatorias: Núcleo duro de la carrera que abarca desde el derecho turístico hasta la economía.
• Optativas y Menciones: Espacio para personalizar el perfil profesional.
• Trabajo Fin de Grado (TFG): Proyecto final obligatorio para obtener el título.

El Desafío de los Idiomas

En este sector, no saber idiomas es como intentar conducir sin ruedas. Por ello, el plan educativo exige el estudio de una segunda lengua extranjera además del inglés. La oferta suele ser muy amplia, incluyendo francés, alemán, italiano, griego actual y portugués. El objetivo es que el graduado pueda comunicarse con fluidez en contextos multiculturales y profesionales.

Además de los niveles básicos, existen asignaturas enfocadas al idioma en el ámbito cultural y profesional, donde se aprende el vocabulario técnico y las fórmulas de cortesía necesarias para atender a clientes internacionales o negociar con proveedores extranjeros, mejorando así la eficiencia operativa en el puesto de trabajo.

Competencias y Perfil del Graduado

El graduado no solo aprende a gestionar un hotel; desarrolla una capacidad crítica para analizar los impactos sociales, ambientales y económicos que genera el turismo. Se busca que el profesional sea capaz de diseñar modelos de desarrollo sostenible que eviten la degradación de los recursos naturales y culturales, garantizando la viabilidad del destino a largo plazo.

Entre las habilidades más destacadas se encuentran la orientación al servicio al cliente, la capacidad de trabajar en equipo y el manejo avanzado de las TIC aplicadas al turismo. Asimismo, se fomenta el espíritu emprendedor, preparando al alumno para crear su propia empresa turística o liderar departamentos de marketing y dirección comercial.

Salidas Profesionales y Mercado Laboral

El abanico de oportunidades es inmenso, ya que el turismo es una actividad transversal. En el sector privado, los titulados pueden trabajar en la dirección de hoteles, campings, resorts, agencias de viajes, tour operadores o en la organización de grandes eventos y congresos. También hay un campo muy fuerte en el transporte aéreo, ferroviario y marítimo.

Por otro lado, el ámbito público ofrece plazas en organismos oficiales de turismo, donde se diseñan las políticas regionales o nacionales de promoción. Además, existe la posibilidad de dedicarse a la docencia e investigación, analizando las tendencias del mercado para anticipar las necesidades del turista del futuro.

Para aquellos que quieran colegiarse como Economistas, es posible lograrlo siempre que hayan cursado un número determinado de créditos en materias de economía y empresa, lo que les abre las puertas a una consultoría financiera más especializada dentro del sector.

Esta formación integral permite que cualquier persona con curiosidad y ganas de aprender se convierta en un pilar del sector más dinámico de España, combinando la gestión empresarial con la puesta en valor del patrimonio cultural y la sostenibilidad ambiental.

La ciudad de Alicante ha sido escenario de un suceso trágico que ha conmocionado al cuerpo policial. Un agente de la Policía Nacional, de 38 años, ha perdido la vida tras ser arrollado por su propio vehículo patrulla durante un servicio. El fallecido, identificado como José Daniel Guisado Ponce, era natural de Arahal, un municipio de la provincia de Sevilla, y se encontraba destinado en el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Alicante. El accidente ocurrió en la calle Campo de Mirra, en las inmediaciones del parque móvil policial, poco antes de las nueve de la noche del miércoles.

Según las primeras informaciones, el agente había acudido a esas instalaciones junto a un compañero en prácticas para realizar una gestión rutinaria y entregar un parte. Al bajarse del coche y abrir el maletero, el vehículo comenzó a desplazarse. Al parecer, el freno de mano no estaba accionado, lo que provocó que el automóvil se moviera sin control. José Daniel intentó detenerlo por sus propios medios, pero quedó atrapado entre la puerta del coche y un bolardo de la vía, sufriendo heridas de extrema gravedad.

El compañero en prácticas, testigo directo de la escena, dio aviso inmediato a los servicios de emergencia y comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU, una dotación de Bomberos y patrullas de la Policía Local y Nacional. Los sanitarios continuaron con las tareas de reanimación durante varios minutos, pero no lograron salvarle la vida. El fallecimiento se confirmó poco después.

La comisión judicial autorizó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante. Allí está previsto que se le practique la autopsia para determinar las causas exactas del deceso. Las autoridades investigan si el movimiento del vehículo se debió a una avería mecánica o a un fallo humano, aunque todo apunta a que el freno de mano no estaba echado.

El fatal desenlace y la intervención de los servicios de emergencia

La noticia ha causado una profunda conmoción en Arahal, localidad natal del agente. El Ayuntamiento de la localidad sevillana ha lamentado ‘profundamente’ el ‘trágico fallecimiento’ de su vecino, destacando su condición de servidor público. También la Policía Local de Arahal y la Jefatura del municipio han expresado su pesar y han trasladado su apoyo a la familia, allegados y compañeros del fallecido.

Los sindicatos policiales también han reaccionado con dolor. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha compartido un mensaje en el que expresa su cariño y apoyo a los seres queridos del agente y a toda la plantilla. JUPOL, por su parte, ha dedicado unas palabras de aliento al compañero en prácticas que presenció el accidente, recordando que se trata de un agente en formación. Ambas organizaciones han coincidido en señalar la dureza de este tipo de sucesos.

Reacciones de conmoción y condolencias

José Daniel Guisado Ponce, conocido cariñosamente como ‘Sevi’ entre sus allegados, tenía 38 años y llevaba tiempo destinado en Alicante. Pertenecía al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), una unidad de la Brigada de Seguridad Ciudadana que se encarga de la atención directa al público y de labores de prevención. Su muerte se produce apenas unas semanas después de que otro agente de la misma plantilla falleciera de forma inesperada el pasado mes de septiembre a los 42 años.

Las circunstancias exactas del accidente siguen siendo investigadas. Fuentes policiales han confirmado que el agente quedó atrapado entre el vehículo y un bolardo, lo que le provocó una hemorragia interna que resultó mortal. El coche patrulla no contaba con el freno de mano puesto, según las primeras hipótesis, aunque no se descarta que pudiera haber existido un fallo mecánico previo. La Policía Local se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer lo sucedido.

Trayectoria y circunstancias del agente

El suceso tuvo lugar cuando el agente y su compañero se disponían a realizar un trámite administrativo en el parque móvil. Al abrir el maletero para sacar unos documentos, el vehículo empezó a moverse hacia atrás. José Daniel intentó frenarlo manualmente, metiendo parte del cuerpo en el interior, pero la puerta le aprisionó la pierna contra un bolardo. La rápida actuación de su compañero no fue suficiente para evitar el fatal desenlace.

La pérdida de este policía nacional en Alicante ha dejado un profundo dolor en el cuerpo y en su localidad natal. Las investigaciones continúan para aclarar si el accidente se debió a un fallo mecánico o a un descuido con el freno de mano. Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros le dan el último adiós a un agente que, con 38 años, falleció en acto de servicio. Las muestras de cariño y apoyo se han multiplicado en las últimas horas, reflejando el impacto de una tragedia que pudo haber ocurrido en cualquier patrulla.

Un servicio rutinario que acabó en tragedia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el Real Decreto 905/2025, la norma con la que el Gobierno central quería apretar las tuercas a la creación y autorización de universidades privadas. La decisión no se apoya en el contenido de las exigencias, sino en la forma: el Ejecutivo no justificó bien la urgencia con la que tramitó el texto y se saltó la consulta pública previa.

El fallo, celebrado por varias comunidades y promotores privados, devuelve la pelota a las autonomías y obliga al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a replantear su estrategia. Mientras unos hablan de seguridad jurídica, otros avisan de que el debate sobre la calidad universitaria sigue abierto.

Una sentencia por la puerta formal

El Alto Tribunal estima íntegramente el recurso balear y concluye que el Consejo de Ministros no motivó lo suficiente la vía de urgencia. Esa tramitación acelerada impidió la consulta pública previa, algo que la Sala considera una nulidad de pleno derecho por omitir un trámite esencial.

La norma anulada introducía requisitos como superar los 4.500 alumnos en los seis primeros años, disponer de alojamiento equivalente al 10% de las plazas presenciales y cumplir nuevas exigencias sobre profesorado doctor y verificación de títulos.

Al caer el decreto, desaparecen también otras modificaciones sobre creación, reconocimiento y funcionamiento de universidades y centros universitarios. El Supremo no entra a valorar si esas medidas eran acertadas, sino que se limita a tumbar el procedimiento seguido.

El Ministerio sostiene que respeta la decisión judicial, pero no la comparte, y subraya que la sentencia no se pronuncia sobre el contenido material. Añade que la necesidad de regular era urgente y que ya trabaja en una nueva norma.

Desde el departamento se defiende que el texto se tramitó con garantías y que hubo información pública con alegaciones. La versión oficial choca con la conclusión del Supremo: para los magistrados, la urgencia no estaba amparada y no podía justificar omitir la participación previa.

Reacciones, proyectos bloqueados y pulsos políticos

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) valora la sentencia de forma positiva y sostiene que la norma anulada generaba incertidumbre jurídica. Para esta patronal, la calidad universitaria debe construirse con diálogo y rigor técnico, no con atajos normativos.

Una decena de proyectos estaban paralizados. En Aragón, el fallo afecta a iniciativas como Uniar, The Power University y Nicolo Cusano, que confían en reactivar sus trámites y en que las autonomías retomen los expedientes.

Los promotores aragoneses se muestran satisfechos, aunque con cautela. The Power University estudia si mantiene la memoria presentada o si la ajusta; Nicolo Cusano espera instrucciones de Educación; y Uniar celebra que se despeje parte del camino. Todas miran ahora a la normativa autonómica.

En Oviedo, la Universidad Alfonso X el Sabio ha inaugurado su centro en el Calatrava. El equipo de gobierno del PP cambió la fecha del pleno municipal para que el alcalde y varios concejales pudieran acudir al acto, una decisión que IU criticó por subordinar el Ayuntamiento a una empresa privada.

El Govern balear, que había recurrido la norma, vio estimadas sus pretensiones. Su consejero de Educación reprochó que el decreto se aprobara sin escuchar a las comunidades autónomas, mientras el Ministerio insiste en que el problema de fondo sigue sin resolver.

La reacción del sector no es unánime. ACADE respira aliviada, pero desde el ámbito universitario público se ha advertido de que el fallo puede dejar menos protegido al estudiantado y favorecer que prime la lógica económica sobre la calidad académica.

El Gobierno ya ha anunciado que prepara un nuevo texto para aprobarlo cuanto antes, dentro del marco que fije la resolución judicial y con garantías jurídicas. La intención es recomponer el control sobre las universidades privadas sin repetir los errores formales que tumbaron el decreto anterior.

El tablero universitario español queda así en un momento de incertidumbre y oportunidades. El Supremo ha dicho que el fondo del asunto no era el problema inmediato, pero también ha dejado claro que una urgencia mal explicada no sirve para cambiar reglas de tanto calado. Las comunidades, los promotores, los estudiantes y el Ministerio tendrán que mover ficha en los próximos meses.

Los estudiantes andaluces que lleguen a la universidad dentro de dos cursos ya tienen una referencia provisional en el calendario. La propuesta que manejan las universidades públicas de la comunidad fija la Prueba de Acceso a la Universidad, conocida popularmente como Selectividad, para los días 1, 2 y 3 de junio. Esa sería la convocatoria ordinaria, mientras que la extraordinaria se reservaría para el 29 y 30 de junio y el 1 de julio.

Nada está cerrado todavía. El documento tendrá que recibir el visto bueno en una reunión prevista para el 16 de octubre en Córdoba, ciudad cuya universidad asume este curso la coordinación de la prueba. Además, quedan pendientes las comisiones académicas, los órganos donde se terminarán de concretar contenidos, horarios y otros detalles de los exámenes. Hasta entonces, las fechas son una propuesta que las universidades andaluzas discutirán y, previsiblemente, ratificarán.

Calendario propuesto: junio como eje principal

La convocatoria ordinaria se concentraría en tres jornadas consecutivas, del martes al jueves de la primera semana de junio. En esas fechas se desarrollarán tanto la Fase de Acceso, de carácter obligatorio, como las materias que elijan los alumnos para la Fase de Admisión. Esta última es voluntaria y permite elevar la nota final hasta un máximo de 14 puntos, ya que se pueden sumar hasta cuatro puntos extra según las calificaciones y la ponderación de cada asignatura respecto al grado solicitado.

La convocatoria extraordinaria, pensada para quienes no superen junio o quieran mejorar su calificación en alguna materia, se ha previsto para finales de junio y comienzos de julio. En concreto, 29 y 30 de junio y 1 de julio. La organización recuerda que esta segunda oportunidad sirve tanto para aprobar como para subir nota de cara a la adjudicación de plazas.

Las fechas elegidas no son un caso aislado. Coinciden con las aprobadas por otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias o Murcia, que también han situado los exámenes entre el martes y el jueves de la primera semana de junio. Desde hace años existe la intención de unificar el calendario de la PAU en toda España para que los estudiantes compitan en condiciones similares al solicitar plaza en cualquier universidad pública.

El hecho de que la reunión se celebre en Córdoba tiene que ver con el sistema rotatorio de coordinación. Cada curso, una de las universidades públicas andaluzas se encarga de organizar los aspectos técnicos de la prueba. En esta ocasión le toca a la Universidad de Córdoba, que ejercerá de anfitriona en el encuentro del 16 de octubre. La Comisión Coordinadora Interuniversitaria integra a representantes de la Junta y de las nueve universidades públicas con estudios de grado.

Resultados de la última Selectividad en Andalucía

Mientras se prepara la próxima convocatoria, los datos más recientes sirven de referencia. En la Fase de Acceso de 2026 aprobaron 38.058 de los 41.993 estudiantes presentados, lo que equivale al 90,63%. El porcentaje fue ligeramente inferior al de 2025, cuando la tasa de aprobados llegó al 91,98%. La diferencia entre ambos cursos superó el punto porcentual, aunque el resultado se mantuvo por encima del 90%.

Por género, los números quedaron muy ajustados. Se presentaron 23.681 mujeres y aprobaron 21.415, un 90,43%. Entre los hombres, fueron 18.312 los examinados y 16.643 los que superaron la prueba, un 90,89%. En términos absolutos, ellas fueron mayoría entre los presentados, pero la tasa de éxito fue ligeramente superior en ellos.

La distribución de notas de esa fase obligatoria deja un panorama variado. Hubo 1.608 sobresalientes, el 3,82%; 12.242 notables, el 29,06%; y 9.263 bienes, el 21,99%. El aprobado fue la calificación más repetida, con 15.106 alumnos, el 35,86%. No superaron la prueba 3.905 estudiantes, el 9,27% del total.

Las puntuaciones más altas también quedaron repartidas por varias provincias. Dos alumnos lograron un 10 en la Fase de Acceso, uno en Cádiz y otro en Málaga. Después aparecieron dos 9,94 en Sevilla, nueve 9,938 en Granada, Cádiz, Córdoba y Málaga, tres 9,880 en Sevilla y trece 9,875 repartidos entre Sevilla, Granada, Jaén, Cádiz, Málaga, Córdoba y Almería. También se registraron dos 9,850 en Granada y Sevilla, un 9,830 en Cádiz y veintidós 9,813 en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga.

Esa nota máxima de 10 en la parte obligatoria no es el techo definitivo. La Fase de Admisión permite sumar hasta cuatro puntos más, de modo que la calificación final puede alcanzar los 14 puntos. La puntuación adicional depende de las asignaturas elegidas y de su ponderación para el grado concreto, por lo que dos estudiantes con la misma nota de acceso pueden acabar con resultados diferentes en el proceso de acceso.

Cambios en las ponderaciones que llegan con la próxima PAU

La próxima convocatoria incorporará novedades en las ponderaciones de las materias de modalidad. La Junta de Andalucía anunció hace meses unos cambios que no se aplicaron el curso anterior y que sí entrarán en vigor en los próximos exámenes. El primero afecta a la consideración de las Matemáticas en la nota de admisión de 37 grados. Cuando Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II ponderen con el máximo coeficiente, se tendrá en cuenta solo la que resulte más favorable junto a otra materia.

El segundo cambio supone una reducción de la ponderación de las Ciencias Generales para el acceso a 47 titulaciones. Con estas medidas se busca ajustar mejor el perfil del alumnado a las competencias que exigen los planes de estudio, facilitar el éxito en los estudios y reducir el abandono universitario. La administración educativa había detectado que muchos estudiantes elegían las dos modalidades de Matemáticas para arañar los cuatro puntos máximos de la fase de admisión, en perjuicio de otras materias igual de relevantes para la carrera que querían empezar.

El impacto se reparte entre tres de las cinco ramas de conocimiento. En Ciencias de la Salud se ven afectados 14 grados, entre ellos Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Podología, Nutrición, Óptica y Optometría, Veterinaria, Psicología y Odontología. En Ciencias, la modificación alcanza a diez de los catorce grados, como Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias del Mar, Estadística y Geología. En Ciencias Sociales y Jurídicas afecta a 13 de las 33 titulaciones, entre las que están Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing e Investigación de Mercados, Análisis Económico e Inteligencia y Analítica de Mercados.

Además de los 37 grados simples, la revisión de las ponderaciones también cambiará la puntuación de 42 dobles grados, cuyos parámetros se calculan a partir del procedimiento establecido para las titulaciones simples. Para los estudiantes, esto implica revisar con calma qué asignaturas conviene elegir según la carrera deseada, porque la estrategia que servía hasta ahora puede no ser la más ventajosa.

El calendario de la Selectividad andaluza para 2027, con junio como fecha central, todavía debe pasar por Córdoba el 16 de octubre y por las comisiones académicas. A la espera de la confirmación oficial, los cambios en las ponderaciones y los resultados de la última convocatoria marcan el contexto que afrontarán los futuros universitarios.

Los cuerpos generales de la Administración de Justicia han vivido una jornada clave con la celebración de los exámenes correspondientes a la convocatoria de 2.305 plazas. Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial han concentrado la atención de miles de aspirantes en toda España. La cita, amparada por la Orden PJC/1549/2025, de 22 de diciembre, ha puesto a prueba la preparación de quienes buscan un puesto fijo en este ámbito.

La fecha marcada en rojo era el 3 de octubre de 2026. Ese día, los opositores se enfrentaron a los ejercicios en un llamamiento único fijado a las 9.00 horas, con una hora menos en Canarias. Desde primera hora, los aspirantes pudieron consultar la distribución por aulas en Madrid, un detalle que muchos habían estado esperando para planificar su desplazamiento con antelación. La organización fue un factor clave para evitar sorpresas de última hora.

Reparto de plazas y características de la convocatoria

El volumen de plazas ofertadas por turno libre asciende a 2.305 puestos. De ellas, 725 corresponden a Gestión Procesal y Administrativa, 1.155 a Tramitación Procesal y Administrativa y 425 a Auxilio Judicial. Una parte de estos puestos está reservada para personas con discapacidad, lo que refuerza el compromiso con la igualdad de oportunidades. Tramitación concentra el mayor número de vacantes, mientras que Auxilio Judicial se mantiene como la puerta de entrada más demandada.

Los ejercicios presentan diferencias notables según el cuerpo. Gestión y Tramitación cuentan con tres pruebas eliminatorias, mientras que Auxilio Judicial consta de dos. Todos los ejercicios de cada cuerpo se realizan en un único acto, y la convocatoria establece notas mínimas para superar cada parte. Esto implica que un buen resultado global no compensa suspender una de las pruebas eliminatorias. Para Tramitación, por ejemplo, el examen incluye un test teórico, un caso práctico y un cuestionario sobre Windows 10 y 11 y Microsoft 365.

Plantillas provisionales y plazo de alegaciones

Una vez finalizados los exámenes, la siguiente pregunta era inevitable: ¿cuándo se pueden comprobar oficialmente las respuestas correctas? La referencia principal era el martes 6 de octubre. La Orden PJC/1549/2025 establece que las plantillas correctoras deben publicarse en un plazo máximo de dos días desde que finalice la prueba. Para Gestión, los cuadernillos de preguntas se prevén para el lunes 5 y las plantillas provisionales para el martes 6. Auxilio Judicial fija igualmente el día 6 para sus respuestas provisionales.

Los interesados disponen de un plazo de cinco días hábiles para presentar alegaciones, a partir del día siguiente a la publicación. En el caso de las plantillas provisionales, ese plazo se extiende hasta el 14 de octubre de 2026. Las reclamaciones deben enviarse exclusivamente a través del correo electrónico del Tribunal, indicando en el asunto los apellidos y el nombre del aspirante. No hay que confundir las plantillas de academias o sindicatos con las oficiales, ya que solo estas últimas tienen validez para la corrección final.

Competencia por plaza: Madrid, la excepción

El análisis de las relaciones oficiales de admitidos y de las plazas convocadas revela un mapa desigual. La competencia por cada plaza se reduce en once de los doce territorios analizados, con Navarra, Cantabria y Asturias a la cabeza de los descensos. Navarra registra la ratio más baja, con 10,97 aspirantes por plaza, mientras que Andalucía conserva la más elevada, con 32,35. La explicación principal es el aumento de plazas en Tramitación Procesal, que pasa de 855 a 1.155, un 35 % más.

Sin embargo, Madrid camina en dirección contraria. Su ratio de Tramitación Procesal sube un 35 %, de 14,50 a 19,63 aspirantes por plaza, convirtiéndose en el único territorio donde opositar resulta más exigente que en la convocatoria anterior. Por cuerpos, Gestión Procesal presenta la menor competencia, con una ratio media de 15,79. Tramitación se sitúa en 21,70 y Auxilio Judicial, el más disputado, alcanza los 52,87 aspirantes por plaza. La elección del territorio pesa tanto como el dominio del temario.

Del aprobado a la plaza fija: plazos y trámites

Superar los exámenes no equivale a obtener una plaza fija. Según las bases, alcanzar el 50 % de la puntuación permite considerar aprobada la oposición, pero conseguir un puesto como funcionario de carrera requiere una nota superior. En términos generales, las plazas fijas comienzan a encontrarse a partir de notas situadas entre el 6 y el 6,5, aunque las puntuaciones dependen de cada convocatoria y de la competencia entre aspirantes. En comunidades como Madrid, las notas de corte pueden ser especialmente altas.

Desde la finalización de las pruebas hasta la incorporación al puesto pueden transcurrir aproximadamente seis o siete meses. El proceso continúa con la publicación de las listas provisionales de aprobados, las definitivas tras resolver impugnaciones, la elección de destinos y, finalmente, la toma de posesión. El Ministerio publica un cronograma orientativo para que los aspirantes puedan hacerse una idea de las fases. Para Auxilio Judicial, las plantillas definitivas y los listados de quienes superen los dos ejercicios se sitúan en la segunda quincena de noviembre.

Preparación y transformación digital en la Justicia

La preparación de estas oposiciones es un proceso de fondo. Los expertos recomiendan empezar con antelación suficiente, organizar el estudio con objetivos claros y alternar las sesiones con pausas y descansos. Practicar con test teóricos y casos prácticos similares a los de la oposición resulta esencial, así como combinar estudio y repaso para combatir la curva del olvido. No conviene quedarse con dudas: consultar a docentes o tutores personales puede evitar errores perfectamente evitables.

La renovación de plantillas coincide con un cambio profundo en el funcionamiento de los juzgados. La inteligencia artificial, la gestión de datos y la ciberseguridad centrarán el DATAfórum Justicia, que se celebra del 21 al 23 de octubre en el Palexco de A Coruña. Los nuevos funcionarios llegarán a una Administración que digitaliza sus procesos y reclama perfiles preparados. Para miles de aspirantes, el examen representa también el acceso a una estabilidad laboral muy codiciada.

El camino hacia una plaza en la Administración de Justicia no termina con el examen. Quienes han participado en la convocatoria de 2.305 plazas deben estar atentos a las plantillas provisionales, presentar alegaciones si lo consideran oportuno y seguir el calendario de listas y destinos. La paciencia y la constancia son tan importantes como el estudio. Con la mirada puesta en las plantillas definitivas de noviembre y en la posterior toma de posesión, los opositores afrontan ahora la recta final de un proceso que puede prolongarse varios meses.

Cuando hablamos de estudiar Economía, no nos referimos simplemente a aprender sobre dinero o bolsas de valores, sino a sumergirse en una ciencia social fascinante que analiza cómo se producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios en nuestra sociedad. Es una disciplina con un alma interdisciplinar, ya que para entender la realidad económica es imprescindible echar un vistazo a la historia, el derecho, la administración y la gestión empresarial, pues todo está conectado en un entramado complejo donde interactúan diversos agentes.

El objetivo principal de cursar este grado es convertirte en un profesional capaz de diagnosticar y actuar sobre la realidad económica, ya sea a escala local, nacional o internacional. Para lograrlo, el plan de estudios no solo se centra en la teoría, sino que pone el foco en el dominio de herramientas matemático-estadísticas y en la comprensión de la lógica que guía el comportamiento de los individuos y las colectividades, permitiendo así tomar decisiones basadas en datos rigurosos.

¿En qué consiste realmente la formación del economista?

La esencia de la carrera reside en la gestión de recursos escasos. A través de la creación de modelos formales y técnicas analíticas, el estudiante aprende a buscar la asignación más eficiente de dichos recursos para maximizar el bienestar común. Para alcanzar este nivel de pericia, el alumnado debe transitar por asignaturas tan diversas como la Estadística, las Matemáticas, el Derecho y la Historia, lo que garantiza una visión integral y polivalente del entorno.

Es muy recomendable que quienes se lancen a esta aventura académica tengan una base sólida en Matemáticas y, si es posible, hayan cursado Economía en el bachillerato, aunque no sea un requisito obligatorio. La formación busca que el graduado sea un experto en identificar problemas económico-empresariales, evaluarlos con rigor científico y proponer soluciones analizando sus posibles consecuencias.

Competencias y habilidades que se adquieren

A lo largo del grado, el estudiante desarrolla un set de competencias muy amplio. En el plano de los conocimientos, se aprende a interpretar la evolución económica desde diversas perspectivas y a manejar el lenguaje matemático necesario para la modelización. Se busca que el alumno entienda la lógica de la intervención pública y sepa diferenciar entre la dinámica de una empresa y la del mercado global.

En cuanto a las habilidades prácticas, el futuro economista será capaz de:

• Utilizar software especializado y tecnología para cuantificar fenómenos económicos y gestionar grandes volúmenes de datos.
• Redactar proyectos de gestión y emitir informes de asesoramiento detallados sobre situaciones económicas regionales o internacionales.
• Diseñar estrategias de planificación fiscal, tanto para personas físicas como para entidades jurídicas.
• Integrarse con solvencia en la gestión de administraciones públicas y empresas privadas.

Además, se hace hincapié en las llamadas competencias transversales. No basta con saber de números; es vital desarrollar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la capacidad de trabajo en equipo y un compromiso ético inquebrantable con la sostenibilidad y los valores democráticos.

Estructura del plan de estudios y especializaciones

La organización académica suele dividirse en cuatro años, sumando un total de 240 créditos ECTS. El camino comienza con una formación básica que sienta los cimientos, seguida de asignaturas obligatorias que profundizan en la macroeconomía, la microeconomía y la econometría. El tramo final incluye el Trabajo Fin de Grado (TFG), un estudio exhaustivo que corona la formación y requiere haber superado la gran mayoría de los créditos del plan.

Para aquellos que quieran dar un paso más allá, existen menciones de especialización que permiten intensificar el currículo según el mercado laboral. Algunas de las rutas más habituales son:

• Análisis de Datos y Ciencia de Datos: Enfocada en el manejo de Big Data, extracción de resultados y toma de decisiones basada en la evidencia cuantitativa.
• Economía Pública y Fiscalidad: Centrada en el papel del Estado, la planificación tributaria y la creación de políticas públicas eficientes.
• Economía Internacional: Ideal para quienes aspiran a trabajar en organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Salidas profesionales: ¿Dónde puede trabajar un economista?

El abanico de oportunidades es sorprendentemente amplio. Un graduado en Economía no está limitado a un solo sector, sino que puede moverse entre el ámbito público, privado o mixto. Muchas personas optan por preparar oposiciones para acceder a Cuerpos Superiores del Estado, trabajando en Ministerios, Ayuntamientos o Consejerías.

En el sector privado, las opciones son igualmente atractivas. Se pueden desempeñar roles como analista financiero, consultor de seguros, experto en evaluación de proyectos o asesor fiscal independiente. Asimismo, la docencia universitaria y la investigación en servicios de estudios especializados son vías muy comunes para quienes desean seguir profundizando en la ciencia económica.

Complementos formativos y movilidad

Para destacar en un mercado tan competitivo, es fundamental no quedarse solo con las clases. Las prácticas externas, ya sean curriculares u optativas, permiten el contacto directo con el tejido empresarial, facilitando la transición al mundo laboral. Además, la movilidad internacional a través de programas como Erasmus es una herramienta clave para adquirir una perspectiva global y mejorar el dominio de idiomas, siendo el inglés un requisito indispensable en la mayoría de los casos.

También existen programas de acompañamiento que utilizan tests psicométricos y asesoramiento personalizado para ayudar al alumno a trazar un plan de carrera a medida, potenciando aquellas habilidades blandas que marcarán la diferencia en las entrevistas de trabajo.

Esta carrera ofrece una base analítica robusta que permite comprender el funcionamiento del mundo, desde la gestión de una pequeña empresa hasta la compleja maquinaria de la economía global, combinando el rigor matemático con una profunda sensibilidad social para optimizar la distribución de la riqueza y los recursos en beneficio de la sociedad.

La Administración General del Estado ha puesto en marcha una convocatoria de empleo público destinada en exclusiva a personas con discapacidad intelectual. La oferta incluye 301 puestos de personal laboral fijo y se enmarca en las reservas que el sector público dedica a este colectivo. El plazo para presentar la solicitud comenzó el 9 de julio y termina el 5 de agosto, con un total de 20 días hábiles, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Administración Pública. La convocatoria cuenta además con una publicación en lectura fácil para facilitar su comprensión.

Esta iniciativa coincide en el tiempo con el trabajo que desarrollan entidades como Plena inclusión Aragón, que no solo prepara a aspirantes para las oposiciones, sino que también acompaña a las administraciones para que sus procesos sean más accesibles. La entidad recuerda que encontrar un empleo estable sigue siendo cuesta arriba para muchas personas con discapacidad intelectual, por lo que considera clave mejorar la selección, la acogida y la permanencia en el puesto.

Requisitos y características de las plazas

Para optar a uno de estos puestos hay que acreditar un grado de discapacidad intelectual reconocido igual o superior al 33%. La convocatoria no pide ningún título académico, lo que amplía el número de personas que pueden participar. Tampoco hay que abonar tasas de examen ni otros gastos vinculados a la inscripción, de modo que el acceso al proceso es gratuito.

Las plazas corresponden al grupo profesional E0, dentro de la especialidad de Tareas Complementarias de Apoyo. Se reparten en tres áreas: mantenimiento, limpieza y servicios domésticos, y servicios generales. Cada aspirante debe escoger una única localidad y una única área de trabajo al inscribirse, y esa elección condiciona todo el proceso posterior. Las plazas están distribuidas por comunidades autónomas, provincias y localidades, por lo que conviene revisar las webs oficiales de oferta de empleo público antes de enviar la solicitud.

Inscripción y prueba selectiva

La solicitud solo se puede presentar por internet, mediante la plataforma de Inscripción en Pruebas Selectivas, y requiere un certificado digital válido de persona física. La petición debe dirigirse al Instituto Nacional de Administración Pública. Quienes tengan interés deben formalizar el trámite antes del 5 de agosto, ya que la localidad y el área elegidas no se podrán cambiar una vez enviada la inscripción. Para facilitar este proceso, es útil conocer la guía completa sobre la sede electrónica del empleo público.

El sistema de selección será de concurso-oposición, es decir, combinará una prueba escrita con la valoración de méritos como cursos o experiencia previa. El examen constará de 25 preguntas y 5 de reserva por si hay que anular alguna. Un detalle importante para los candidatos es que las respuestas incorrectas no restarán puntos, lo que reduce el miedo a equivocarse y puede favorecer que más personas se presenten.

Preparación y apoyos para las oposiciones

Plena inclusión Aragón ofrece clases de preparación para oposiciones a personas con discapacidad intelectual. Además de las sesiones teóricas, la entidad proporciona apoyos individualizados durante todo el proceso, con el objetivo de que cada participante pueda prepararse con las herramientas que necesita. La asociación también asesora a las administraciones públicas para mejorar sus procesos selectivos y hacerlos más accesibles.

Los datos que maneja la entidad reflejan una brecha importante: la tasa de empleo de las personas con discapacidad intelectual ronda el 23,8%, más de 40 puntos por debajo de la población general. Las dificultades se notan especialmente en el empleo ordinario de empresas privadas, por lo que Plena inclusión Aragón defiende que las plazas reservadas en las administraciones públicas generan oportunidades reales. El empleo público, señalan, aporta estabilidad económica y permite avanzar hacia la autonomía personal, una vida independiente y una participación social en igualdad.

Formación para compañeros y equipos de trabajo

La inclusión no termina cuando una persona aprueba la oposición. Por eso, Plena inclusión Aragón ha impartido esta semana una formación a empleados públicos del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Administración Pública. Han sido tres sesiones de tres horas cada una en las que los participantes han aprendido qué es la discapacidad intelectual, cómo comunicarse de forma accesible y cómo aplicar el buen trato en el día a día. También se ha hecho hincapié en que el entorno puede añadir barreras o facilitar las relaciones.

La formación también ha abordado la incorporación al puesto de trabajo, con adaptaciones y herramientas de comunicación que facilitan la acogida. Esta línea de actuación forma parte del programa Empleo público accesible, financiado por el Gobierno de Aragón mediante el 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades para programas de interés social. El objetivo es que la cultura organizativa de las administraciones incorpore la inclusión como un elemento transversal y sostenido en el tiempo. La entidad confía en mantener esta colaboración con el IAAP para avanzar hacia una Administración más justa e inclusiva.

La convocatoria estatal y las acciones de acompañamiento muestran que el empleo público para personas con discapacidad intelectual avanza por dos vías: la apertura de plazas concretas y la mejora de los procesos, los apoyos y la formación de quienes compartirán trabajo con ellas. La combinación de reservas de empleo, accesibilidad cognitiva y sensibilización resulta fundamental para que la igualdad de oportunidades no se quede en el papel. Con plazos, requisitos y sistemas de selección bien definidos, las personas interesadas tienen ante sí una oportunidad que conviene consultar con detalle en los canales oficiales.