* El mayor servicio que los diversos medios de comunicación pueden prestar a los tres órdenes de gobierno es informarles de sus yerros y de las áreas en las que sus colaboradores incurren en yerros. Será su decisión final sancionarles o no.

A partir de la percepción de la realidad de que lo que no está en los medios de comunicación no existe, la cordial y respetuosa relación con estos coadyuva a la gobernabilidad y buen gobierno.

Con objetividad, los tres órdenes de gobierno deben reconocer, a querer o no, que los medios de comunicación son el único contrapoder en el mundo frente a los tres erigidos constitucionalmente.

Al ser el Gran Hermano orwelliano, los medios de comunicación son el Ojo que todo lo ve y el Oído que todo lo oye, por lo que si los gobiernos les ven y escuchan pueden prestarles un gran servicio.

El mayor servicio que los diversos medios de comunicación pueden prestar a los tres órdenes de gobierno es informarles de sus yerros y de las áreas en las que sus colaboradores incurren en yerros.

Por más y mejor informados que estén los gobernantes en turno no lo saben todo y en consecuencia ignoran muchas acciones y decisiones de sus colaboradores que los medios revelan cotidianamente.

A los gobernantes y funcionarios públicos en turno corresponderá finalmente tomar la decisión de investigar para confirmar las denuncias publicadas y sancionar con el cese o, incluso, consignación.

Para evitar malentendidos y confusiones indispensable es dejar plenamente en claro, una vez más, que los periodistas no somos enemigos de los gobernantes ni de los funcionarios públicos en turno.

De ahí la importancia que el gobernador Salomón Jara conviviera y escuchara a los periodistas oaxaqueños al compartir el pan y la sal, con motivo del reciente Día de la Libertad de expresión.

Es altamente positivo que destacara en el convivio con periodistas de las ocho regiones del estado que su administración ha asumido el compromiso de respetar plenamente el ejercicio periodístico.

Importante que el mandatario estatal reiterara su compromiso de generar las condiciones necesarias para que los comunicadores oaxaqueños realicen su labor con libertad, independencia y seguridad.

“No puede hablarse de libertad de expresión si no existen condiciones de protección para quienes la ejercen”, afirmó ante periodistas y comunicadores de prensa, radio, televisión y medios digitales.

Por ello, fortalecerá la coordinación con las instituciones responsables de atender cualquier agresión o amenaza contra periodistas y actuará siempre con responsabilidad y apego a la ley, subrayó.

Oaxaca se ha convertido en referente nacional por impulsar la incorporación de periodistas al IMSS, una acción que permite mejorar sus condiciones de vida y brindar mayor certeza a sus familias.

El titular de Comunicación Social, Daniel Hernández, reconoció el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en la construcción de una sociedad informada y participativa.

Informó que de diciembre de 2022 a la fecha, el Gobierno del Estado ha realizado 567 conferencias de prensa como parte de una política de comunicación abierta y permanente con la ciudadanía.

Encabezó el Gobernador 242, 127 el Gabinete de Seguridad y 198 integrantes del gabinete legal y ampliado y se gestionaron más de 11 mil 800 entrevistas con titulares de dependencias del estado.

Y ratificó su disposición para mantener una relación cercana, respetuosa y de diálogo permanente con los medios, en reconocimiento a su aportación al desarrollo democrático de Oaxaca.

alfredo_daguilar@hotmail.com

director@revista-mujeres.com

@efektoaguila

#JaimeGUERRERO

La elección de Farid Acevedo López como rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) quedó firme, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció que carece de competencia para resolver las impugnaciones presentadas por el excandidato Enrique Martínez Martínez.

En la resolución del juicio SUP-JDC-289/2026, el Pleno de ese órgano jurisdiccional dejó sin efecto la orden mediante la cual el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) había instruido remitir la inconformidad al Congreso Universitario para su revisión.

La magistrada Claudia Valle Aguilasocho fue la ponente del proyecto, dado cuenta en sesión pública por el secretario general de acuerdos, Carlos Hernández Toledo.

La sentencia resolvió el juicio de la ciudadanía promovido contra el acuerdo plenario del TEEO, el cual había determinado carecer de competencia para conocer de la impugnación relacionada con el proceso de elección de la persona titular de la rectoría y ordenó remitir la demanda al Congreso Universitario.

La ponencia propuso modificar el acuerdo impugnado del tribunal local.

Por un lado, mantuvo el criterio de que la controversia no es tutelable en materia electoral, pues no todo procedimiento desarrollado mediante votación constituye un proceso electoral sujeto al sistema de medios de impugnación, sino únicamente aquellos vinculados con cargos públicos electivos previstos en la Constitución y las leyes.

Por otro lado, dejó sin efectos la remisión ordenada al Congreso Universitario, al considerar que, una vez que el tribunal local declaró su incompetencia material, carecía de atribuciones para determinar qué órgano debía conocer de la controversia.

Con esta determinación, la Sala Superior cierra la vía jurisdiccional electoral federal que había abierto Enrique Martínez Martínez, excandidato del PT a la rectoría y catedrático de la Facultad de Odontología, quien desde mayo pasado impugnó el triunfo de Farid Acevedo López en distintas instancias.

El petista, Martínez Martínez había llevado el caso primero ante la Sala Regional Xalapa y posteriormente ante la propia Sala Superior, bajo el expediente SUP-JDC-269/2026, con el que buscaba que se revocara la declaración de validez de la elección y se anulara la constancia de mayoría otorgada a Acevedo López.

El conflicto poselectoral en la UABJO se prolongó durante semanas, con la toma de Ciudad Universitaria, marchas de protesta y señalamientos de fraude por parte del equipo jurídico de Martínez Martínez, quien acusó coacción del voto, manipulación de paquetes electorales e intervención del gobierno estatal a favor de Acevedo López, exsecretario de Finanzas en la administración de Salomón Jara.

Farid Acevedo López ganó la elección del 13 de mayo con 13 mil 776 votos frente a los 9 mil 464 de Enrique Martínez Martínez, una diferencia de 4 mil 312 sufragios, en un proceso en el que participó cerca del 70 por ciento del padrón electoral.

Rindió protesta como rector para el periodo 2026-2030 esa misma noche, en relevo del rector saliente, Cristian Eder Carreño López.

#JaimeGUERRERO

La construcción de la presa Mujer Solteca no está detenida. Juzgado Segundo de Distrito negó la suspensión definitiva al amparo promovido por organizaciones no gubernamentales en el expediente 717/2026 y los trabajos continúan mientras se resuelve el fondo del juicio, según el auto fechado el 19 de junio y publicado el 22 de junio de 2026.

El Juzgado Segundo de Distrito determinó no conceder la suspensión definitiva solicitada por la organización quejosa. La síntesis del auto señala textualmente: “Se niega a la moral quejosa (…) la suspensión definitiva solicitada, en términos de la consideración tercera y quinta de esta interlocutoria”.

Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, explicó el procedimiento: cuando se promueve un amparo, dentro de la demanda inicial se solicita el incidente de suspensión.

Al admitir el recurso, la jueza federal concedió una suspensión provisional del acto reclamado, citó de inmediato a audiencia incidental y solicitó informes a las autoridades responsables, los cuales fueron entregados en cuestión de horas.

La audiencia incidental se desarrolló el viernes pasado. En esa sesión, la jueza resolvió negar la suspensión definitiva del acto reclamado al considerar que se trata de una obra de interés social y de beneficio colectivo, de acuerdo con el funcionario estatal.

“Por lo tanto no están suspendidos, los trabajos no están suspendidos”, afirmó Vásquez Sagrero, quien precisó que los trabajos de la presa pueden continuar mientras sigue litigándose el fondo del asunto.

Las siguientes etapas del proceso serán la audiencia constitucional y la rendición de los informes correspondientes.

El consejero jurídico indicó que se trata de una obra de inversión considerable, en la que se han realizado consultas y se ha revisado el tema jurídico, además de los trámites que exige la normativa.

Señaló que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de consulta sobre la ruta del acueducto, mientras que la consulta correspondiente al sitio donde se ubicará la presa ya fue realizada meses atrás por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

“Se ha venido cumpliendo los requisitos. Saludamos el hecho de que haya quienes se interesen por cuidar el medio ambiente y que tengan también en su momento las pruebas de que se ha realizado de manera correcta los trabajos”, dijo.

Sobre la resolución de fondo del amparo, indicó que su emisión dependerá del desahogo de las pruebas y que, por el momento, no hay una fecha determinada.

El amparo fue promovido por el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y el Medio Ambiente, integrado por 28 organizaciones, que señaló presuntas irregularidades en el proyecto, entre ellas la falta de una Manifestación de Impacto Ambiental Regional previa a la adjudicación y ejecución de la obra, la ausencia de mecanismos de consulta pública previstos en el Acuerdo de Escazú y la omisión de autorizaciones para el cambio de uso de suelo en áreas forestales.

Como autoridades responsables fueron señaladas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua de Oaxaca.

El juzgado reconoció que la organización promovente cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de amparo al invocar la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano, aunque concluyó que no procedía conceder la suspensión definitiva solicitada.

La presa Mujer Solteca, también conocida como Margarita Maza, se construye en el municipio de Villa Sola de Vega, en la Sierra Sur de Oaxaca, con una capacidad de almacenamiento prevista de 20 millones de metros cúbicos de agua.

El proyecto busca garantizar el abastecimiento hídrico de la capital del estado y municipios conurbados de los Valles Centrales.

Las comunidades de Yogana, Villa Sola de Vega y la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo respaldaron, mediante un proceso de diálogo y consulta con autoridades municipales y agrarias, la construcción del acueducto de la presa.

#JaimeGUERRERO

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que recibe de manera personal a “muchas madres buscadoras”, incluyendo casos que calificó como “muy difíciles” y “muy dolorosos”, aunque aclaró que no difunde públicamente esos encuentros.

“Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina, conocida como la Mañanera del Pueblo.

La respuesta de la presidenta surgió luego de que colectivos de madres buscadoras reclamaran que Palacio Nacional recibió primero al pato Merlín, mascota y embajador del Mundial de futbol en la Ciudad de México, que sus propias demandas de atención.

Y es que México atraviesa una crisis de personas desaparecidas con más de 133 mil registros reconocidos oficialmente.

Sheinbaum explicó que las reuniones que sostiene son de carácter personal con madres que buscan a sus hijos desaparecidos, y no con colectivos o grupos organizados. Detalló que estos encuentros ocurren tanto en Palacio Nacional como durante sus giras de trabajo por el país.

“Evidentemente, yo recibo un caso, otro caso, casos muy difíciles y muy dolorosos, pero no me gusta hacer algo mediático de eso porque no creo que sea necesario”, expresó.

La mandataria rechazó las críticas de que su gobierno desatiende a las víctimas. Dijo que se busca colocar la idea de que no es “una persona humanista” y que no atiende situaciones graves o delicadas.

Señaló que también recibe de forma personal a víctimas de abuso sexual y de violencia contra las mujeres, y que en ocasiones comparte su número de celular personal para dar seguimiento a esos casos.

“No me gusta sacar una fotografía de eso. ¿Por qué no? Porque es un asunto de atención directamente a la persona, a las víctimas”, dijo.

Sheinbaum precisó que la atención institucional a colectivos y grupos de familiares de personas desaparecidas corresponde principalmente a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, así como al subsecretario Arturo Medina Padilla y a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Pérez Gumecindo.

Indicó que Rodríguez se reúne con los colectivos de manera periódica, cada 15 días, y que ella misma escucha cada dos meses a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

“Las reuniones con colectivos y grupos de personas las realiza la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y lo hace muy bien”, afirmó.

la presidenta se refirió al caso de una madre buscadora de Acapulco que denunció irregularidades en la identificación de restos humanos que finalmente correspondieron a su hijo desaparecido. Sheinbaum dijo que pedirá que se investigue el caso y que, de ser necesario, podría intervenir la Fiscalía General de la República.

Anunció además que solicitará a la Secretaría de Gobernación informes periódicos sobre los avances en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, y que el gobierno federal trabaja con fiscalías estatales en la modernización de los sistemas de identificación de personas fallecidas sin reconocer, mediante huellas dactilares y bases de datos.

Sobre el pato Merlín, la presidenta dijo que su presencia en Palacio Nacional respondió a la popularidad que ha alcanzado durante las celebraciones del Mundial, y que también se buscó atender necesidades de la familia detrás de la mascota, sin convertir ese apoyo en un acto público.

Diana Méndez

Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT), de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR) y organizaciones solidarias marcharon este martes del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir el cese de la criminalización contra los pueblos originarios y demandar la libertad inmediata de los presos políticos Macario García Merino y Kenia Inés.

La movilización formó parte de la Jornada Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, el Retorno de las Familias Desplazadas y la Justicia para las Víctimas de la Violencia en la Región Triqui, convocada para visibilizar la situación que enfrentan comunidades indígenas y organizaciones sociales en resistencia.

Durante el recorrido, los manifestantes denunciaron que persiste una política de persecución y criminalización contra defensores comunitarios y dirigentes indígenas, por lo que exigieron la liberación inmediata de Macario García Merino, a quien identificaron como defensor de derechos humanos del pueblo triqui, así como de Kenia Inés.

Asimismo, demandaron condiciones que permitan el retorno seguro y digno de las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, quienes desde hace años han denunciado haber sido obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia en la región Triqui.

Entre sus exigencias también destacaron el esclarecimiento y castigo para los responsables del asesinato de integrantes de sus organizaciones, así como el fin de la criminalización contra comunidades y movimientos que defienden sus derechos y territorios.

Frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, los participantes dirigieron un llamado a la titular de la dependencia federal, Rosa Icela Rodríguez, así como a autoridades estatales encabezadas por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para atender sus demandas mediante el diálogo y garantizar justicia para las víctimas de la violencia en la región.

Bajo las consignas de “¡Alto a la criminalización de los pueblos originarios!”, “¡Libertad inmediata para Macario García y Kenia Inés!” y “Sin justicia no habrá paz”, los contingentes reiteraron que continuarán movilizándose hasta obtener respuestas concretas a sus demandas históricas.

Diana Méndez

El Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Oaxaca informó que, como parte de los trabajos de modernización de la carretera federal Pochutla–Huatulco, del 27 de mayo al 31 de agosto se implementarán cierres parciales a la circulación, principalmente para el tránsito pesado y de carga.

De acuerdo con la dependencia federal, los cierres obedecen a las labores que se realizan en este importante corredor carretero de la Costa oaxaqueña, por lo que se establecieron horarios específicos para permitir el paso de vehículos y reducir las afectaciones a los usuarios.

Los horarios de circulación serán los siguientes:
De 06:00 a 08:00 horas, el paso estará permitido.
De 08:00 a 13:00 horas, habrá cierre total.
De 13:00 a 15:00 horas, el tránsito será permitido.
De 15:00 a 20:00 horas, nuevamente se aplicará cierre total.
De 20:00 a 22:00 horas, se permitirá la circulación.
De 22:00 a 06:00 horas, permanecerá el cierre total.
La SICT precisó que, con el objetivo de evitar la interrupción total del flujo vehicular en la zona, se habilitará una ruta alterna para vehículos ligeros, la cual comprenderá el trayecto Bajos de Coyula–Barrio La Unión–Entronque El Crucero.

Asimismo, exhortó a transportistas, operadores de carga y automovilistas que transitan por esta vía a tomar previsiones, programar sus traslados con anticipación y atender las indicaciones del personal encargado de la obra y de seguridad vial.

Los trabajos forman parte del proyecto de modernización de la carretera Pochutla–Huatulco, con el que se busca mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad de los usuarios y optimizar la movilidad hacia uno de los principales destinos turísticos de Oaxaca.

En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció la labor que realizan periodistas y comunicadores de la entidad, al señalar que su trabajo es fundamental para la vida democrática y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Durante un desayuno con representantes de medios de comunicación, destacó la importancia de garantizar el libre ejercicio periodístico y el respeto a la libertad de prensa.

El mandatario estatal afirmó que la libertad de expresión y la libertad de prensa no son concesiones del poder, sino derechos fundamentales que deben ser respetados. En ese sentido, sostuvo que su administración mantiene el compromiso de actuar con transparencia, escuchar todas las voces y asumir la crítica como una oportunidad para identificar retos y atender las demandas de la sociedad.

Jara Cruz también señaló que su gobierno trabaja para fortalecer las condiciones de seguridad de las y los periodistas, mediante la coordinación con las instituciones responsables de su protección y la atención de cualquier agresión o amenaza en contra del gremio. Subrayó que ninguna diferencia, crítica u opinión justifica actos de violencia contra quienes ejercen la labor informativa.

Asimismo, destacó que Oaxaca es una de las entidades que ha impulsado la incorporación voluntaria de periodistas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acción que calificó como un hecho sin precedentes para contribuir a mejorar las condiciones de vida y trabajo del sector. Finalmente, reiteró su reconocimiento a reporteros, reporteras y comunicadores de la entidad, a quienes consideró actores clave para la democracia y la transformación de Oaxaca.

Integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), calificaron como una “agresión de Estado” el ataque armado ocurrido la noche del pasado 22 de junio en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el que perdió la vida el militante Juan José Cruz Padilla y resultaron lesionados José Alberto Martínez Luna y Jesús Sabas.

Durante una rueda de prensa frente al Palacio de Gobierno, representantes de ambas organizaciones señalaron que alrededor de las 19:00 horas sus compañeros se trasladaban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptados por un automóvil color gris, desde el cual sujetos armados abrieron fuego en su contra.

Según la versión presentada por el FPR, en el lugar murió Juan José Cruz Padilla, a quien describieron como un militante que “cayó cumpliendo su deber”, mientras que la condición de José Alberto Martínez Luna y Jesús Sabas fue reportada como delicada.
Bajo la consigna “¡Agresión de Estado, política de gobierno en Oaxaca!”, los dirigentes sostuvieron que este hecho se enmarca en un contexto de violencia contra activistas y organizaciones sociales en la entidad.

Afirmaron que durante la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, han sido asesinados 33 activistas, cifra a la que, dijeron, se suma ahora Juan José Cruz Padilla.
Los representantes del Frente Popular Revolucionario acusaron al gobierno estatal de mantener una política represiva “disfrazada de democracia”, señalando presuntos actos de omisión o contubernio frente a agresiones contra voces críticas y disidentes. Asimismo, atribuyeron el ataque contra José Alberto Martínez Luna a la postura pública que la organización ha mantenido frente a diversas decisiones gubernamentales.
De acuerdo con su posicionamiento, el Comité Regional de la Sierra Sur respaldó la reciente huelga magisterial, denunció compromisos incumplidos del gobierno en Miahuatlán y manifestó su rechazo a temas como la instalación de un basurero y presuntos actos de represión contra comerciantes de la región.
Entre sus exigencias, demandaron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla, realizar una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del ataque.
Además, responsabilizaron políticamente al gobierno municipal de Miahuatlán, presidido por César Figueroa, así como al gobierno estatal, por considerar que existe responsabilidad por acción u omisión en los hechos de violencia denunciados, por lo que exigieron la renuncia del edil.
En el mismo pronunciamiento, solicitaron al Tribunal Superior de Justicia del Estado emitir una sentencia condenatoria contra Diego N.A., señalado como responsable de la agresión armada cometida hace tres años contra José Armando González Santos, integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MIUCO), cuyo proceso penal se encuentra en su etapa final.
Finalmente, el FPR llamó a las organizaciones sociales, sindicales, activistas y defensores de derechos humanos a fortalecer la unidad del movimiento popular ante lo que calificaron como un “clima de violencia de Estado”, advirtiendo que permanecerán atentos a futuras movilizaciones.

Diana Mendez

Diversas organizaciones integrantes de la Coordinadora Contra la Represión y por la Justicia (CCRJ) condenaron el ataque armado perpetrado la noche del lunes en Miahuatlán de Porfirio Díaz en contra de José Martínez Luna, dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR), quien resultó gravemente herido tras la agresión.

A través de un pronunciamiento conjunto, la CCRJ denunció que el atentado dejó además como saldo la muerte de Juan C. P., militante del FPR, hecho que, señalaron, se suma a la larga lista de agresiones y hechos de violencia dirigidos contra luchadores y organizaciones sociales en Oaxaca.

Las agrupaciones expresaron su “profunda indignación” por lo ocurrido y exigieron a las autoridades estatales y federales una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales del ataque.
“El pueblo oaxaqueño no puede seguir tolerando que la violencia política y las agresiones contra quienes luchan por las causas populares queden sin castigo”, advirtieron en el documento.

Asimismo, manifestaron su solidaridad con José Martínez Luna, con la familia del militante fallecido y con la militancia del Frente Popular Revolucionario. De igual forma, rechazaron lo que calificaron como una política de persecución, hostigamiento, criminalización y agresiones sistemáticas contra dirigentes y organizaciones sociales.

En el posicionamiento, la Coordinadora sostuvo que la impunidad alimenta la violencia y advirtió que cuando los crímenes contra luchadores sociales permanecen sin castigo, se envía el mensaje de que este tipo de ataques son permitidos. Por ello, afirmaron que no permitirán que el caso quede archivado ni se convierta en una estadística más.

Finalmente, las organizaciones exigieron justicia para Juan C. P., castigo para los responsables materiales e intelectuales del atentado y un alto a la violencia contra las organizaciones y dirigentes sociales en Oaxaca.

El pronunciamiento fue suscrito por la Coordinadora Contra la Represión y por la Justicia, integrada por organizaciones como Covic Nochixtlán, el Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la masacre de San Mateo del Mar, Asambleas Comunitarias del Poder Popular, Cencos Sección 22, Movimiento de Acción Social, Consejo Nacional de Pueblos en Lucha (CNPL), Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, FIPOO Oaxaca, Bloque Comunitario del Sur, Subterráneos, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Organización Magisterial Popular Independiente (OMPI).

GG

Un ataque armado directo contra el ex presidente municipal de Miahuatlán, José Alberto Martínez, dejó un saldo violento que ha generado fuerte conmoción: el político resultó herido y uno de sus escoltas fue asesinado en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el elemento caído pertenecía a la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), y se encontraba cumpliendo funciones de seguridad cuando ocurrió la agresión.

Tras el ataque, Martínez fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece bajo atención médica especializada. Su estado de salud es reportado como reservado.

El hecho se registró en un contexto de tensión política en la región, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado una línea de investigación oficial sobre el móvil del ataque.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para acordonar la zona, realizar el levantamiento del cuerpo del escolta y dar inicio a las diligencias periciales correspondientes.

De forma paralela, se desplegó un operativo de seguridad en distintos puntos de la región para intentar ubicar a los responsables, sin que hasta ahora se reporten detenciones.

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