Diana Méndez

El Gobierno de México entregó a la CNTE una propuesta para avanzar en la desaparición de la USICAMM, una de las principales demandas del magisterio.

El documento, firmado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la SEP, Mario Delgado, establece una ruta de trabajo que inicia el 15 de junio con la instalación de una mesa plural para elaborar una iniciativa de reforma.

La propuesta contempla un diagnóstico del sistema actual, la elaboración del proyecto entre julio y agosto, una consulta al magisterio del 18 al 31 de agosto y la presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión el 14 de septiembre.

Las autoridades reiteraron su disposición al diálogo y aseguraron que el objetivo es construir un nuevo esquema que garantice transparencia, derechos laborales y combata la corrupción en los procesos de ingreso y promoción docente.

* La democracia no solo se destruye con golpes de Estado o la cancelación de elecciones, sino cuando el miedo sustituye a la libertad y la violencia silencia voces críticas. Cada agresión contra periodistas es un ataque directo contra las instituciones democráticas.

La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Sin ella, el debate público se empobrece, la rendición de cuentas desaparece y los ciudadanos pierden una de las herramientas más importantes para vigilar el ejercicio del poder. Por ello, cualquier intento de limitar, intimidar o silenciar a periodistas y medios de comunicación representa una amenaza directa no solo contra quienes ejercen el periodismo, sino contra la democracia misma.

La democracia no se destruye únicamente mediante golpes de Estado o la cancelación de elecciones. También se erosiona cuando el miedo sustituye a la libertad, cuando la violencia silencia voces críticas y cuando informar se convierte en una actividad de alto riesgo. Por ello, cada agresión contra periodistas representa un ataque directo contra las instituciones democráticas.

El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrida la mañana de este martes en el municipio de Nanchital, Veracruz, constituye un nuevo y alarmante golpe contra la libertad de expresión en México. La gravedad de estos hechos trasciende el ámbito de la seguridad pública. La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier régimen democrático.

La organización Artículo 19 y el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores condenó el secuestro y exigió a las autoridades implementar acciones inmediatas para localizar con vida a la periodista, además de investigar si el ataque está relacionado con su labor informativa. De igual manera, la Alianza de Medios MX demandó una respuesta contundente del Estado mexicano frente a este nuevo atentado contra la prensa.

En México, la libertad de expresión ha sido una conquista histórica construida a lo largo de décadas de luchas políticas, sociales y jurídicas. Gracias a ella, han salido a la luz innumerables casos de corrupción, abuso de poder, violaciones a los derechos humanos, nexos entre autoridades y grupos criminales, así como irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Sin periodistas libres e independientes, gran parte de esa información permanecería oculta a la sociedad.

Sin embargo, en los últimos años se ha observado un preocupante clima de polarización y confrontación entre diversos actores políticos y los medios de comunicación. La descalificación sistemática de periodistas, los ataques verbales desde espacios de poder, las campañas de desprestigio en redes sociales y las presiones directas o indirectas para inhibir el trabajo periodístico han contribuido a generar un ambiente hostil para el ejercicio de la libertad de prensa.

Más grave aún resulta que México continúe figurando entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Las amenazas, agresiones, desapariciones y asesinatos de comunicadores reflejan una realidad alarmante que evidencia la fragilidad del Estado de derecho en amplias regiones del país. Cuando un periodista es silenciado mediante la violencia, toda la sociedad pierde el derecho a estar informada.

La democracia no puede subsistir donde prevalece el miedo. Un periodista amenazado es un ciudadano menos capaz de investigar; un medio intimidado es una voz menos en el debate público; una sociedad desinformada es una sociedad más vulnerable a los abusos del poder. Por ello, la protección efectiva de quienes ejercen la labor informativa debe ser una prioridad nacional y no una concesión política.

Resulta particularmente preocupante cuando desde las estructuras gubernamentales se promueven iniciativas que pudieran interpretarse como mecanismos de control, censura o restricción de contenidos. Aunque toda democracia tiene derecho a regular ciertos aspectos de la comunicación, cualquier regulación debe respetar estrictamente los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de expresión, evitando convertirse en instrumentos para inhibir la crítica o castigar la disidencia.

La crítica periodística, incluso cuando resulta incómoda para los gobernantes, forma parte esencial del funcionamiento democrático. Los servidores públicos, por la naturaleza de sus funciones, están sujetos a un mayor escrutinio ciudadano y deben tolerar niveles más amplios de crítica que cualquier particular. Pretender acallar las voces críticas equivale a debilitar los mecanismos de control social sobre el poder.

La experiencia internacional demuestra que los regímenes autoritarios suelen comenzar erosionando gradualmente la libertad de expresión. Primero desacreditan a los medios, luego cuestionan su legitimidad, posteriormente restringen su actuación y finalmente buscan controlar la información. Por ello, cualquier señal de intolerancia hacia el periodismo debe ser observada con especial atención por la sociedad.

México enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, corrupción, impunidad y desarrollo económico. Ninguno de ellos podrá resolverse debilitando a la prensa libre. Por el contrario, la transparencia, la fiscalización pública y el acceso a información veraz son herramientas indispensables para construir instituciones más sólidas y gobiernos más eficaces.

Defender la libertad de expresión no significa proteger privilegios corporativos ni blindar a periodistas frente a la crítica. Significa garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir información plural, contrastada y oportuna. Significa reconocer que una prensa libre es un contrapeso indispensable frente al poder político, económico o criminal.

Atentar contra la libertad de expresión y contra los periodistas es dinamitar los cimientos de la democracia mexicana. Allí donde se censura una voz crítica, se restringe el derecho ciudadano a conocer la verdad. Allí donde se intimida a un periodista, se debilita la transparencia pública. Y allí donde el miedo sustituye al debate libre, la democracia comienza a perder terreno frente al autoritarismo.

La defensa de la libertad de prensa no corresponde únicamente a los periodistas. Es una responsabilidad compartida por autoridades, instituciones, organizaciones civiles y ciudadanos. Porque cuando se protege la libertad de expresión, se protege también el derecho de la sociedad a saber, a cuestionar y a decidir libremente su futuro.

alfredo_daguilar@hotmail.com

director@revi

sta-mujeres.com

@efektoaguila

La Sección 22 tomará este miércoles la planta de almacenamiento de Pemex en Santa María Tule, bloqueará el Aeropuerto Internacional de Oaxaca y retendrá vehículos de empresas transnacionales en la caseta de Huitzo en una jornada de presión simultánea contra los gobiernos federal y estatal.

Las acciones iniciarán a las 8:00 horas.

La toma de la planta de almacenamiento de Pemex en Santa María Tule será la acción de mayor impacto en el operativo.

Las regiones Costa, Istmo, Sierra y Tuxtepec mantendrán presencia permanente en la instalación, lo que pone en riesgo el abasto de combustible en la entidad si la medida se prolonga.

La región Valles Centrales tomará el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, con afectaciones a las operaciones aéreas en la capital del estado.

La acción forma parte de la escalada de presión que el sindicato magisterial ha mantenido desde el inicio del conflicto con los gobiernos federal y estatal.

En la autopista Oaxaca-México, las regiones Cañada y Mixteca instalarán un punto de retención en la caseta de cobro de Huitzo, donde detendrán vehículos de empresas transnacionales como medida de presión económica adicional.

El plan de acción del 3 de junio representa la continuación de las movilizaciones de la Sección 22 en el marco de sus demandas al gobierno federal, que incluyen condiciones laborales, el reconocimiento de su estructura sindical y la no intervención en el sistema educativo que opera la organización en Oaxaca.

Con la convocatoria a una nueva mesa de negociación, el Gobierno federal tendió una mano a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con mesas técnicas y la promesa de desaparecer el Usicamm.

Sin embargo, esquivó sus dos demandas de fondo: sentarse con la presidenta Claudia Sheinbaum y derogar la Ley del ISSSTE de 2007.

#GG

Entre las medidas acordadas destaca la toma permanente de la planta de Pemex, donde permanecerán docentes de las regiones Costa, Istmo, Sierra y Tuxtepec.

Asimismo, maestros de Valles Centrales se concentrarán en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, mientras que contingentes de la Cañada y Mixteca se movilizarán en la caseta de cobro de Huitzo.

El magisterio también advirtió sobre la posible retención de vehículos de empresas transnacionales como parte de sus acciones de protesta para exigir atención a sus demandas.

Las movilizaciones forman parte de la jornada de lucha que la CNTE mantiene en Oaxaca y otras entidades del país.

#GG

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal informativo Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad por un grupo armado que irrumpió en su domicilio en el municipio de Nanchital, presuntamente frente a integrantes de su familia.

El hecho ha generado preocupación entre organizaciones y gremios periodísticos, que lo califican como una grave agresión contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en México. Entre ellos, el Foro Nacional de Periodistas condenó los hechos y demandó la intervención inmediata de las autoridades.

Ante la desaparición de la comunicadora, periodistas y defensores de derechos humanos solicitaron a las autoridades federales y estatales desplegar acciones urgentes para lograr su localización con vida, así como identificar y detener a los responsables.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de quienes ejercen labores informativas en distintas regiones del país.

#GG

Una jueza determinó vincular a proceso a María Anita R.P., ex presidenta municipal de San Felipe Tejalápam, por su probable participación en hechos catalogados como violencia política en agravio de un integrante del cabildo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la ex autoridad municipal habría intervenido en la privación de la libertad de quien se desempeñaba como síndico del ayuntamiento durante mayo de 2025, situación que presuntamente obstaculizó el desempeño de sus funciones públicas.

La resolución judicial fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), instancia que reunió diversos elementos de prueba, entre ellos entrevistas, inspecciones y peritajes, para sustentar la acusación presentada ante el órgano jurisdiccional.

Tras analizar los datos expuestos por la representación social, el juez de la causa resolvió iniciar formalmente el proceso penal en contra de la ex edil, quien continuará enfrentando el procedimiento en libertad mientras avanzan las siguientes etapas legales.

El caso se relaciona con hechos ocurridos durante la administración municipal anterior de San Felipe Tejalápam, localidad de la región de Etla regida por sistemas normativos indígenas.

Las autoridades estatales señalaron que continuarán las acciones para investigar y sancionar conductas que afecten el ejercicio de los derechos político-electorales y el desempeño de cargos públicos en la entidad.

GG

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes al embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos de la nación, en medio de las tensiones diplomáticas derivadas de las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico contra funcionarios mexicanos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que corresponde exclusivamente a las y los mexicanos atender los asuntos del país, al tiempo que reiteró su disposición para mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad, siempre bajo el respeto a la soberanía nacional.

Las declaraciones surgen después de que Johnson señalara que la politización de temas de seguridad representa una oportunidad perdida para fortalecer la colaboración entre ambos países en el combate al crimen organizado.

Un día antes, Sheinbaum había cuestionado las acciones judiciales emprendidas por autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por la fiscalía de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico, advirtiendo que este tipo de intervenciones pueden interpretarse como actos de injerencia.

La fiscalía estadounidense acusó en abril a Rocha, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros funcionarios activos y retirados de colaborar presuntamente con el Cártel de Sinaloa. Como parte del proceso, algunos de los señalados se separaron temporalmente de sus cargos y otros se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos.

Las diferencias entre ambos gobiernos también se han visto reflejadas en recientes episodios relacionados con operaciones de seguridad y la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano, lo que ha reavivado el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de combate al crimen organizado.

Diana Méndez

La dirigencia estatal de Nueva Alianza Oaxaca presentó oficialmente la filosofía de identidad permanente denominada #BienOaxaqueño, una propuesta que, según el instituto político, busca consolidar un modelo de trabajo basado en el fortalecimiento de las comunidades, el reconocimiento de las raíces locales y la construcción de soluciones desde las regiones del estado.

Durante la presentación, el partido destacó que esta visión se sustenta en la premisa de construir un “México desde lo local”, impulsando la participación comunitaria y la descentralización de la toma de decisiones políticas.

La organización señaló que la estrategia se desarrolla a través de las Coordinaciones Distritales, Municipales y de Vinculación Turquesa, en las que fueron integrados Rafa Vichido, Laura Nahely García Aguilar, Héctor Juárez y Eleazar Gómez, quienes tendrán responsabilidades en la consolidación territorial y el fortalecimiento de la estructura partidista.

Nueva Alianza Oaxaca afirmó que la filosofía #BienOaxaqueño surge en el contexto de su reconocimiento como partido político indígena y busca respaldar la construcción de políticas públicas con enfoque regional, priorizando temas como el consumo local, la seguridad comunitaria y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se informó la incorporación de NAOBI, un alebrije creado por la militancia, como figura representativa de los valores e identidad del partido.

De acuerdo con la información difundida, Nueva Alianza Oaxaca reporta actualmente la conformación de 70 comités municipales y mantiene como meta alcanzar 152 estructuras en todo el estado. Además, asegura contar con más de 25 mil afiliados activos, mientras continúa con una campaña permanente de afiliación.

Diana Méndez

Luego de permanecer separado de sus funciones durante un año y cuatro meses debido a un proceso penal, David García Martínez retomó la presidencia municipal de Huautla de Jiménez, respaldado por cientos de simpatizantes que lo acompañaron en su regreso al Palacio Municipal.

La reincorporación del edil ocurre tras recibir la acreditación formal por parte del Gobierno del Estado, luego de que se anulara el auto de vinculación a proceso que enfrentaba desde hace un año. Su retorno se concretó sin incidentes, pese a que durante la asamblea comunitaria realizada el domingo se manifestaron posturas en contra de su reinstalación.

Durante su reaparición pública, García Martínez agradeció el respaldo de la ciudadanía que lo acompañó durante el tiempo que permaneció fuera del cargo y aseguró que continuará trabajando por el desarrollo del municipio.

“Gracias por su confianza, por su tiempo y por recordarme por qué luchamos. Hoy regresamos juntos, con la frente en alto y con la ley en la mano”, expresó ante sus seguidores.

Asimismo, mediante una carta pública, el presidente municipal sostuvo que su situación jurídica continúa en curso y reiteró su disposición de atender el proceso por las vías legales correspondientes, al tiempo que pidió evitar la desinformación y el uso político del tema.

En este contexto, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) expresó su respaldo al retorno del edil y convocó a la ciudadanía a privilegiar la unidad y el interés colectivo. La organización reconoció además la disposición del gobernador Salomón Jara Cruz y del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, para fortalecer el diálogo institucional, y manifestó su confianza en que el trabajo coordinado entre las autoridades municipales y estatales permitirá impulsar acciones y proyectos en beneficio de las familias huautlecas.

La agrupación concluyó su pronunciamiento señalando que es tiempo de construir acuerdos, sumar voluntades y trabajar por la estabilidad, el desarrollo y la paz social de Huautla de Jiménez.