#JaimeGUERRERO

Diez de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la secretaria ejecutiva, Claudia Espino, se reunieron este miércoles con Ricardo Monreal, líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, para plantear formalmente la necesidad de postergar la elección judicial hasta 2028.

La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, estimó que realizar la elección judicial junto con los comicios de 2027 dispararía el costo total a 21 mil millones de pesos, de los cuales 8 mil millones se destinarían exclusivamente a la selección de jueces y magistrados.

Trasladar ese proceso a 2028 reduciría ese gasto específico a 6 mil millones.

“Casi 21 mil millones de pesos es el estimado que acabamos de entregar ahorita; este estimado se hace con el costo del proceso recientemente concluido más la inflación correspondiente”, explicó Taddei.

“Sería de ocho mil, ocho mil punto cinco millones de pesos, y si lo trasladamos son seis mil millones de pesos”.

El consejero Martín Faz agregó que el cambio de fecha también evitaría complicaciones técnicas y logísticas, y reduciría el estrés innecesario al que se sometería al sistema nacional electoral.

Taddei detalló que el próximo año 11 estados tendrían un proceso electoral judicial “a medias” y 13 elegirían la totalidad de cargos judiciales, lo que obligaría a duplicar el número de casillas: se requerirían 354 mil.

Eso implicaría, además, capacitaciones diferenciadas, más recorridos, bodegas, conteos y dos transmisiones de resultados preliminares.

“Si nosotros la movemos, no vamos a tener que estar dando capacitaciones diferenciadas y nos permite generar acuerdos que nos lleven a que el personal que estamos capacitando para 2027 lo podemos rescatar en 2028”, detalló la funcionaria.

“Estamos hablando de recorridos, de bodegas, espacios, de momentos para cómputo, del conteo rápido que tendrá que virar en 17 entidades y en la Cámara de Diputados y en la transmisión de resultados electorales preliminares”.

El INE esperará la resolución del Congreso hasta el 3 de junio. Si su petición no es aceptada, Taddei advirtió que el organismo preparará toda la operatividad conforme a la ley, es decir, para 2027.

La reunión, sin embargo, dejó una fricción visible. Fuentes consultadas por este medio indicaron que Monreal evidenció a la presidenta del INE al señalar que ella sólo había pedido audiencia con él, no con el pleno de la Jucopo —integrada por los líderes de Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y MC—. Taddei se justificó en conferencia de prensa y aseguró que el acuerdo del encuentro fue quedar a disposición de la Jucopo en caso de que fuera necesario.

Monreal, por su parte, prometió someter a consideración de sus pares las demandas y el análisis entregados por los consejeros.

Diana Méndez

Una organización dedicada al robo de cuentahabientes en distintos estados del país fue desmantelada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), luego de una investigación que derivó en la captura de cinco personas señaladas por el millonario asalto cometido el pasado 29 de abril en la capital oaxaqueña.

Entre los detenidos se encuentra un trabajador del área de monitoreo e inteligencia de Banamex en la Ciudad de México, identificado como presunto responsable de proporcionar información clave sobre operaciones bancarias de alto monto para facilitar los atracos.

Las investigaciones iniciaron tras el robo de aproximadamente 3.6 millones de pesos a un trabajador del Sistema DIF Oaxaca, quien fue interceptado después de salir de una sucursal bancaria en Plaza del Valle.
De acuerdo con el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla, el grupo criminal operaba de manera organizada y con funciones específicas para ubicar a clientes bancarios, seguir sus movimientos y ejecutar los asaltos utilizando vehículos y estrategias previamente planeadas.

Las autoridades lograron reconstruir la operación mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, registros telefónicos y evidencia encontrada en automóviles relacionados con el caso. Uno de los vehículos utilizados para cerrar el paso a la víctima contenía tickets y otros indicios que permitieron identificar a los primeros involucrados.

La Fiscalía informó que parte de los integrantes fueron detenidos en Puebla los días 4 y 5 de mayo, entre ellos quien sería el coordinador operativo de la banda.
Además, se estableció que los presuntos responsables viajaron a Oaxaca un día antes del robo y se hospedaron en un hotel del Centro Histórico, desde donde organizaron la logística del ataque y la ruta de escape.
Las indagatorias también apuntan a que la célula delictiva estaría relacionada con robos similares cometidos en Veracruz, Puebla, Estado de México y Aguascalientes, por lo que ya existe coordinación con autoridades federales y fiscalías estatales para ampliar las investigaciones.
La FGEO aseguró que la red criminal fue desarticulada y que continúan las diligencias para determinar el alcance total de sus operaciones y posibles vínculos adicionales.

Diana Méndez

Habitantes de la agencia municipal de Reyes Mantecón denunciaron públicamente el presunto abandono en el que se encuentra la comunidad por parte de las autoridades del Ayuntamiento de San Bartolo Coyotepec, al señalar la falta de obras, servicios y aplicación de recursos destinados para la población.
Durante una asamblea general realizada en la agencia municipal, la agente Quetzali Santiago Pablo expresó el descontento de los vecinos, quienes acusaron que la comunidad permanece “en total abandono”, pese a las múltiples necesidades existentes en la zona.

De acuerdo con lo manifestado por la autoridad auxiliar, los recursos que corresponden a Reyes Mantecón no estarían siendo ejercidos en beneficio de la población, situación que aseguró ha generado inconformidad entre los habitantes, quienes exigen mayor atención por parte del gobierno municipal.

Los vecinos señalaron que existen diversas carencias en materia de infraestructura y servicios básicos, además de obras inconclusas y falta de respuesta a las peticiones ciudadanas. Asimismo, advirtieron que continuarán organizándose para exigir transparencia en la aplicación de los recursos públicos y atención a las necesidades prioritarias de la agencia.

Reyes Mantecón pertenece al municipio de San Bartolo Coyotepec, localidad ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca y considerada una de las agencias con mayor crecimiento poblacional de la zona.
En años recientes, habitantes de esta comunidad han denunciado en distintas ocasiones rezagos en infraestructura, seguridad y servicios públicos, así como falta de apoyo institucional por parte de las autoridades municipales.

Diana Méndez

Después de una década sin un proceso abierto en las urnas para renovar la rectoría, este miércoles 13 de mayo la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) vive una jornada electoral histórica para elegir al próximo rector que encabezará la máxima casa de estudios durante el periodo 2026-2030.

Desde temprana hora, estudiantes, docentes y trabajadores universitarios comenzaron a acudir a las 47 casillas instaladas en distintas facultades y escuelas de la universidad, donde se reportaron largas filas y alta participación de la comunidad universitaria.

Más de 31 mil universitarios fueron convocados para participar en esta elección considerada una de las más importantes en los últimos años, en medio de llamados a mantener un ambiente de paz, respeto y civilidad durante la jornada.

Ante la Comisión Electoral se registraron cinco aspirantes a la rectoría: Enrique Martínez Martínez A.C., Farid Acevedo López, Alexander Pérez Carrera, M.F. Ignacio Víctor Robles Díaz y Rolando del Puerto Núñez; sin embargo, dentro de la comunidad universitaria las candidaturas de Farid Acevedo López y Enrique Martínez Martínez son consideradas las de mayor fuerza rumbo a la sucesión.

La elección se desarrolla en un contexto marcado por las críticas hacia las últimas administraciones universitarias, luego de que en los periodos encabezados por Eduardo Martínez Helmes (2012-2016), Eduardo Bautista Martínez (2016-2022) y Cristian Eder Carreño López (2022-2026), se señalaran observaciones millonarias y presuntos daños patrimoniales que, en conjunto, superan los 550 millones de pesos.

De acuerdo con datos expuestos por integrantes de la comunidad universitaria, durante las gestiones de Martínez Helmes y Bautista Martínez se habría dejado un quebranto de 455.5 millones de pesos, mientras que en la administración de Cristian Eder Carreño López, la Auditoría Superior de la Federación detectó un probable daño patrimonial por 101.9 millones de pesos.

Las inconformidades también han estado acompañadas de reclamos por el deterioro de instalaciones universitarias, bibliotecas con material desactualizado, sanitarios y aulas en malas condiciones, así como señalamientos de corrupción administrativa, retraso en trámites escolares y la permanencia de grupos porriles al interior de la universidad.

En medio de este panorama, la comunidad universitaria ha sido llamada a emitir un voto razonado y participar activamente en una elección que podría marcar el rumbo de la UABJO en los próximos años.
Autoridades universitarias reiteraron el exhorto a mantener la calma y privilegiar el diálogo para garantizar una jornada democrática y pacífica en la máxima casa de estudios de Oaxaca.

#JaimeGUERRERO

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) que había anulado la elección de concejalías en San Martín Itunyoso, al determinar que la modificación al Sistema Normativo Interno (SNI) fue una decisión legítima de la Asamblea General Comunitaria.

En el expediente SX-JDC-154/2026, el tribunal federal dejó sin efectos la resolución del TEEO en el expediente JDCI/07/2026 y acumulados, que había revocado el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-423/2025 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), mediante el cual se declaró válida la elección ordinaria de concejalías al Ayuntamiento de San Martín Itunyoso.

La modificación al método electivo —que consistió en elegir a todas las autoridades en duplas durante una única asamblea, en lugar de tres distintas como anunciaba la convocatoria— fue propuesta desde la mesa de debates y adoptada por la Asamblea General Comunitaria en su carácter de máxima autoridad del SNI.

“Desde una perspectiva intercultural y a partir de la maximización del ejercicio de la libre determinación de la comunidad, se estima que no resultaba necesario que el cambio realizado se plasmara en la convocatoria”, se señaló en la cuenta del proyecto.

La Sala concluyó que el cambio se realizó de manera pública, después de escuchar las opiniones de quienes participaron, y que no afectó los derechos de participación política de la ciudadanía.

En consecuencia, declaró la validez de la elección y ordenó dejar sin efectos los actos ejecutados en cumplimiento a la sentencia revocada.

En el expediente SX-JDC-155/2026, la Sala confirmó la sentencia del TEEO —expediente JNI/37/2026— que validó la elección municipal de San Miguel Tlacotepec.

El tribunal federal determinó que la ubicación de las casillas, incluyendo la reubicación de la casilla de la agencia de Guadalupe Nucate al Palacio Municipal, no contravino el SNI ni resultó determinante para el resultado electoral.

La resolución precisó que los lugares de votación fueron acordados por el órgano comunitario competente con participación de integrantes de la comunidad, y que no se acreditaron las irregularidades alegadas relacionadas con falta de difusión o traslado de votantes.

Los tres casos de Oaxaca, se aprobaron por unanimidad de votos de las magistradas Roselia Bustillo Marín, presidenta de la Sala, y Eva Barrientos Zepeda, así como del magistrado José Antonio Troncoso Ávila.

#JaimeGUERRERO

Las autoridades alistaron para este miércoles 13 de mayo un impresionante dispositivo de seguridad que busca garantizar el desarrollo ordenado de la jornada en que la comunidad de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), elegirá a su próximo rector, la primera elección directa que se realiza en la institución en una década.

El operativo, precisaron fuentes de seguridad, está diseñado para garantizar la integridad del proceso, no para interferir en él.

Su objetivo es que estudiantes, maestros y trabajadores sindicalizados puedan emitir su voto sin presiones, y que todos los candidatos cuenten con las mismas garantías durante la jornada.

Las acciones de vigilancia se desarrollarán en el margen de las instalaciones universitarias, en pleno respeto a la autonomía que rige a la máxima casa de estudios del estado.

Se tienen identificados puntos sensibles y grupos específicos sobre los cuales habrá vigilancia estratégica durante la jornada, aunque las autoridades no dieron detalles sobre la naturaleza de esos grupos ni sobre la magnitud exacta del contingente desplegado.

En ese escenario, el gobernador Salomón Jara Cruz había anticipado la posibilidad del despliegue de policía estatal.

“Si en su momento solicitan al gobierno del estado la intervención de la Policía Estatal para garantizar el proceso, se estaría brindando el apoyo”, dijo el mandatario en la víspera, al tiempo que reiteró que su administración respeta la autonomía universitaria y que la elección del rector estará en manos de los estudiantes y los catedráticos.

La jornada electoral arrancará a las 08:00 horas y concluirá a las 18:00, con casillas instaladas en todas las escuelas, facultades e instancias administrativas de la UABJO.

El padrón asciende a 31 mil universitarios y se espera una participación de entre el 60 y el 70 por ciento, de acuerdo con Enrique Mayoral Guzmán, presidente de la Comisión Electoral.

Solo a solicitud de la Comisión Electoral, los cuerpos de seguridad podrían ingresar las instalaciones universitarias.

Cuatro candidatos competirán por la rectoría del periodo 2026-2030: Alexander Pérez Carrera, Farid Acevedo López, Enrique Antonio Martínez Martínez e Ignacio Víctor Robles Díaz. El quinto aspirante registrado, Rolando del Puerto Núñez, declinó durante la campaña en favor de Acevedo López.

#JaimeGUERRERO

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó públicamente cualquier injerencia de su administración en el proceso de elección rectoral de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y anunció que la próxima semana dará a conocer observaciones sobre presuntos manejos financieros irregulares heredados de administraciones anteriores dentro de la institución.

Por lo pronto, adelantó que pedirá a quien resulte ganador de la contienda que establezca inscripción cero para el alumnado, debido a que la Constitución establece que la educación debe ser laica y gratuita.

“No nos metemos en la vida interna de la UABJO”, declaró el mandatario, quien trazó una distinción entre su gobierno y los anteriores, a los que acusó de intervenir en la vida interna de partidos políticos, sindicatos y universidades “hasta la cocina”.

Pese a su declaración de no intervención, Jara Cruz admitió vínculos con al menos uno de los aspirantes a la rectoría: reconoció que Farid Acevedo López, quien participa en la contienda universitaria, le ha ayudado políticamente, aunque aclaró que no respaldará públicamente a ningún candidato.

El gobernador también reveló que sostuvo una reunión de más de una hora con otro de los aspirantes, Enrique Martínez Martínez, quien le solicitó directamente su apoyo.

“Me pidió directamente que yo lo apoyara y le dije que estoy buscando consenso, que platique con todos los sectores políticos”, indicó.

Jara Cruz llamó a que el proceso universitario se desarrolle con responsabilidad, legalidad y diálogo, y señaló que la UABJO merece una nueva etapa institucional y financiera.

Ante los hechos de violencia que han acompañado la contienda rectoral, el mandatario insistió en que el diálogo debe prevalecer para evitar confrontaciones.

La elección del nuevo rector de la UABJO está programada para el 13 de mayo de 2026.

Diana Méndez

Luego de que en redes sociales se viralizara una denuncia ciudadana por un presunto caso de maltrato animal en Santos Reyes Nopala, el Ayuntamiento de ese municipio informó que intervino de manera inmediata para atender la situación del perro señalado en las publicaciones.

A través de un comunicado oficial difundido este martes, la administración municipal indicó que personal acudió al domicilio tras recibir el reporte de un canino que presentaba malas condiciones de salubridad y una evidente pérdida de peso.

De acuerdo con la autoridad municipal, durante la revisión los responsables del animal argumentaron que el perro recibía alimentación y atención; sin embargo, debido a las condiciones físicas en las que se encontraba, se determinó aplicar medidas inmediatas para procurar su bienestar.

El gobierno municipal aseguró que actualmente el animal ya recibe atención médica y fue trasladado a un espacio más adecuado para su recuperación. Asimismo, informó que en un plazo de 15 días se realizará una nueva visita de seguimiento para verificar su evolución y estado de salud.
No obstante, el comunicado no incluyó imágenes o evidencia documental sobre las acciones realizadas ni del estado actual del perro.

Por su parte, los propietarios del canino señalaron que la situación se trató de un “malentendido” y aseguraron que el animal sí recibe cuidados. Indicaron que la pérdida de peso se debió presuntamente a que “mordió un sapo”, aunque sostuvieron que actualmente no presenta las mismas condiciones observadas en la fotografía difundida en redes sociales.

También explicaron que el perro permanece amarrado debido a que tienen aves de corral en el domicilio y negaron ejercer maltrato animal.

Según lo expresado por los dueños, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y acordaron realizar una segunda inspección en los próximos días para corroborar las condiciones en las que se encuentra el animal.

#JaimeGUERRERO

El promedio diario de homicidios dolosos en México cayó 40 por ciento entre septiembre de 2024 y abril de 2026, al pasar de 86.9 a 52.5 casos diarios —34 menos por día—, informó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La mandataria atribuyó el resultado a la Estrategia Nacional de Seguridad y a la coordinación con los gobiernos estatales.

“Es la estrategia de seguridad que hemos presentado hoy, que se está perfeccionando todos los días. Recuerden que en la reunión de Gabinete de Seguridad que tenemos todos los días vemos estados, vemos problemáticas, atendemos. Nos sentamos, trabajamos, buscamos mecanismos de perfeccionamiento de nuestra estrategia”, señaló.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisó que abril de 2026 es el mes con menor índice de homicidios dolosos en los últimos 11 años, con una reducción de 55.0 a 52.5 en el promedio diario.

Al comparar el primer cuatrimestre de cada año, el periodo enero-abril de 2026 también es el más bajo desde 2016, con 51.2 homicidios diarios en promedio.

Figueroa Franco detalló que en abril pasado ocho entidades concentraron el 53 por ciento del total de homicidios dolosos: Chihuahua y Guanajuato encabezaron la lista con 8.2 por ciento cada uno; Morelos aportó 7.1 por ciento; Baja California y Sinaloa, 6.4 por ciento; Estado de México, 5.7 por ciento; Veracruz, 5.6 por ciento; y Guerrero, 5.3 por ciento.

Al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, 26 entidades redujeron su promedio diario de homicidios.

San Luis Potosí registró la mayor caída con -80.8 por ciento, seguido de Zacatecas con -61.8 por ciento y Quintana Roo con -60.3 por ciento.

Entre los estados que al inicio del actual gobierno concentraban el mayor número de casos, el Estado de México y Sonora reportaron descensos de 55 por ciento respecto a septiembre de 2024; Baja California, de 53 por ciento; Zacatecas, de 82 por ciento; y Guanajuato, de 66 por ciento en comparación con febrero de 2025.

En materia de delitos de alto impacto, Figueroa Franco reportó una disminución de 52 por ciento respecto a 2018, al pasar de un promedio diario de 969.4 a 461.5 en lo que va de 2026.

Entre septiembre de 2024 y abril de 2026, la reducción fue de 27 por ciento —de 636.6 a 462.7—, con una caída de 39 por ciento en el robo de vehículo con violencia respecto a octubre de 2024.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026 se aseguraron 28 mil armas de fuego y más de 391 toneladas de droga, y se desmantelaron 2 mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 22 estados.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fueron detenidos mil 310 extorsionadores.

#JaimeGUERRERO

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el partido impulsará un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por presuntas violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional derivadas del operativo en que participaron agentes de la CIA en territorio chihuahuense, dos de los cuales murieron durante la operación.

La decisión fue respaldada por Arturo Ávila, vocero de la bancada guinda en San Lázaro, quien precisó que se trata de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que la propuesta fue consultada con la coordinación del partido y que en los próximos días se presentaría formalmente la solicitud ante el pleno.

El anuncio se produjo tras la negativa de Campos a comparecer ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado de la República, donde había sido convocada para explicar bajo qué condiciones se autorizó la participación de los agentes extranjeros en un operativo contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua, vinculado al Cártel de Sinaloa.

En una carta formal dirigida a la Cámara Alta, la gobernadora argumentó que su presencia podría comprometer la confidencialidad de una investigación en curso y la posible exposición de información clasificada relacionada con la seguridad nacional.

Ante la inasistencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, Ignacio Mier, acusó un “desacato político institucional” y anunció que el caso sería remitido a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Será la Fiscalía General de la República la que deslinde y establezca la responsabilidad para cada uno de los que participan”, declaró, aunque reconoció que el Senado no tiene facultades para sancionar directamente a la mandataria por la inasistencia.

Senadores morenistas habían advertido previamente que la conducta de la gobernadora podría configurar violaciones a los artículos 108, 109 y 110 constitucionales, además de a la Ley de Seguridad Nacional, que exige autorización expresa del gobierno federal para la presencia de agentes extranjeros en el país y restringe su actuación al intercambio de información.

El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que hay “elementos irrefutables”, y calificó como especialmente grave el hecho de que los agentes estadounidenses vistieran uniformes de la policía estatal de Chihuahua para disimular su participación en el operativo.

Describió a la gobernadora como “entrampada, que sabe que violó la ley y la Constitución de manera flagrante”.

La gobernadora panista ha sostenido que el operativo correspondía a labores de capacitación y ha ofrecido coordinación con autoridades federales. El gobierno de Sheinbaum, por su parte, informó que no tuvo conocimiento previo de la participación de agentes extranjeros en las operaciones de seguridad.