Los Presupuestos directamente suprimen el dinero que hasta ahora se destinaba al Fondo de Acogida e Integración, creado por el PSOE cuando gobernaba. Este dinero se destinaba, sobre todo, a financiar actividades de los ayuntamientos que tuvieran por objeto el fomento de la integración de los inmigrantes.

En su momento, el PSOE consideró que el Estado debía hacer un esfuerzo a la hora de apoyar a aquella administración que más cerca estaba de los inmigrantes, como era la local. Así, se llegó a destinar cada año 200 millones de euros a ese tipo de iniciativas. Ese dinero permitió poner en marcha infinidad de propuestas beneficiosas no sólo para los inmigrantes, sino para la sociedad en general.

Sin embargo, en cuanto la situación económica empezó a empeorar, los recursos del Fondo fueron menguando, ya que su mantenimiento comportaba escasos réditos electorales, y ya sabemos que en este país contamos con una clase política muy dada a los gestos para la galería. Ni el mismo PSOE que puso en marcha el Fondo fue capaz de defenderlo con coherencia, siendo el primero en impulsar su recorte, que primero pasó de 200 a 141 millones en 2010 y a sólo 70 al año siguiente.

Hoy ya no existirá ni una mínima partida destinada a financiar actividades de integración, lo cual supondrá un retroceso importante. Aunque algunos sigan empeñados en hacernos creer que ya no merece la pena dedicar dinero a la integración porque los inmigrantes están retornando, sigue habiendo una tremenda necesidad de trabajar por el conocimiento mutuo.

Los inmigrantes quieren seguir siendo parte de España y no se produce un regreso masivo a sus países de origen. Por eso, hay que seguir trabajando por su integración, y eso implica poner fondos a disposición del refuerzo de esta idea. Lo contrario hace que se ponga en peligro todo lo conseguido en esta última década.

El mensaje del Gobierno no puede ser más preocupante. Mucho nos temíamos que fuese a suceder algo así, pero los peores presagios se han cumplido. Estamos camino de arrojar por la borda todo lo conseguido durante estos últimos años. Y lo peor es que este recorte a quien más afecta es al tejido asociativo inmigrante, única red de apoyo con la que pueden contar los ciudadanos venidos de fuera de las fronteras españolas.

El debilitamiento del tejido asociativo inmigrante, cada vez más evidente, pues ya ni las entidades tradicionalmente más activas en este ámbito tienen capacidad operativa alguna, puede llegar a suponer un problema importante.

Me pregunto quién va a echar una mano a los inmigrantes que no es que ya no tengan medios para regresar a sus países de origen, sino que ni siquiera tienen capacidad para seguir subsistiendo mínimamente. ¿Qué futuro le espera a estas personas? El panorama pinta fatal. Por eso, habría que pedir al Gobierno que no castigue siempre a los mismos y que deje de contarnos eso de que se está haciendo todo lo posible por  repartir los esfuerzos.

La información ofrecida por SOS Racismo, que considera que con estas medidas se debilitan los fundamentos del Estado de Derecho por ir en contra de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, no aclara de dónde sale esta exigencia, que puede no resultar tal.

Al parecer, SOS Racismo ha basado su información en una circular interna de la Consejería de Asuntos Sociales en la que, en efecto, se señalaba a los responsables de elaborar los informes de integración, que en el caso de la Comunidad de Madrid recae, entre otros, en los Centros de Participación e Integración (CEPI), dependientes del Gobierno regional pero gestionados por entidades no lucrativas, que había de exigirse a los inmigrantes cursar el ‘Conoce tus leyes’ y la prueba de nivel de castellano.

Esto hubiese ido en contra del criterio habitualmente defendido tanto por el consejero Salvador Victoria como por los responsables del área de Inmigración de la Administración regional, que siempre habían manifestado que ‘Conoce tus leyes’ era, sencillamente, un elemento más que podía contribuir a que a un extranjero se le hiciese un informe de integración positivo.

Debemos recordar que este informe de integración es uno de los requisitos que introdujo el nuevo Reglamento de Extranjería puesto en marcha por el anterior Gobierno socialista de la nación, que, ante la situación de crisis, no dudó en tratar de endurecer los requisitos para acceder a la autorización de residencia.

La denuncia de SOS Racismo desató las alarmas de los responsables de la política regional de inmigración. Y es que la circular en la que basaba la información de esta entidad existe, pero quedó superada por una posterior, en la que supuestamente se aclara que el ‘Conoce tus leyes’ no será requisito indispensable para obtener un informe de integración positivo, sino elementos que serán tenidos en cuenta de forma favorable para el interesado.

En cualquier caso, sí parece lógico que a los inmigrantes hispanohablantes se les exija el conocimiento del castellano. No hay integración o participación posible en la sociedad si no es a través del idioma y de la comunicación.

Pero el problema de fondo está más allá, en la figura del arraigo social, y es que el Partido Popular, desde que llegara al Gobierno de la nación, ya se está encargando de dejarlo reducido a la mínima expresión para evitar que más inmigrantes accedan a la autorización de residencia después de haber llegado a España de forma irregular.

Aquellos inmigrantes que están solicitando los ‘papeles’ por medio de la figura del arraigo, tal y como permite la ley, se están encontrando con un largo silencio administrativo. El Gobierno de Mariano Rajoy se está limitando a demorar hasta límites insufribles el plazo de respuesta a estas solicitudes, lo que hace que la opción del arraigo social se esté quedando en un imposible para los inmigrantes.

De poco sirve que las comunidades autónomas cumplan con el requisito de elaborar el informe de integración, que quedó en manos de éstas en lugar de en las del Gobierno a propuesta y petición de Cataluña, que vio así la opción de exigir a los inmigrantes el conocimiento del catalán, si luego quien finalmente tiene que conceder los papeles mete esos informes en un oscuro cajón hasta que se pudran.

En este caso estamos hablando de personas, con sus derechos y sus deberes, a los que se les sigue haciendo vivir en una situación de semiclandestinidad por el capricho de políticos a los que les parece que, amparándose en la excusa de la crisis económica, hay quienes no merecen ser considerados ciudadanos.

Tal vez debieran ser ellos los que cursaran el programa ‘Conoce tus leyes’, una iniciativa, por cierto, interesante y por la que han pasado numerosos inmigrantes que han salido, tras un fin de semana de clase, sabiendo un poco más del marco legal y administrativo español gracias a la formación que reciben de abogados de varios bufetes que participan ‘pro bono’.

La aportación de empresas privadas y de la Administración regional permiten que los inmigrantes se acerquen a recursos y herramientas que facilitan su integración. Si eso ayuda a alguien, bienvenido sea, por tanto.

Los dos paneles de expertos permitieron constatar que la generalizada crisis en los medios de comunicación ha afectado con especial virulencia a los especializados en inmigración, cuyas cifras de facturación no han dejado de menguar en los tres últimos años, en un sector que, desde el boom iniciado hace siete años, no ha sido capaz nunca de dar números que no sean rojos.

Pero roja es como se nos queda la cara a algunos cuando escuchamos argumentos de directores de medios de comunicación que justifican sin ningún tipo de rubor que se sustituya a redactores por becarios sin ningún tipo de experiencia y que salen gratis. Eso sí, esos novatos dispuestos a dejarse la piel por un contrato que nunca llegará garantizan una cosa: “ponen corazón”, como aseguraba Edwin Pérez, director de la revista Aquí Latinos.

Tal vez no se dé cuenta de que un corazón sin más sirve de poco. Las simples ganas sin cerebro, sin medios y sin experiencia nos conducen a lo que, con cada vez más frecuencia, tenemos que ver en los medios especializados en inmigración e incluso en los generalistas: historias de una pésima calidad, con faltas de ortografía, una sintaxis deficiente y una carencia de fuentes valiosas.

Por desgracia, en el sector de los medios para inmigrantes son muchos, como Sí, Se Puede o Raíz, los que han optado por la salida más fácil a la crisis, la de acabar con redacciones conformadas por profesionales dignos para sustituirlos por becarios, pensando en que la calidad no se resentiría.

Nos quejamos de que la publicidad huye hacia otros productos, pero si el argumento que se le pone al anunciante sobre la mesa es que ahora se hace un producto peor que antes, ¿cómo esperamos que regrese a nuestros brazos?

Otros, como Norberto Latorre, responsable de la emisora Fiesta FM, todo un clásico de la habitual radio ilegal (cuánto molesta a quienes sí cumplen las normas eso de la ‘alegalidad’ que suelen emplear como recurso justificativo estos ilegales), tiene su propia receta para cautivar a los anunciantes, y es una peculiar visión del ‘marketing’.

Según Latorre, no hay mejor técnica de ‘marketing’ que la del cliente contento, y esa búsqueda de la felicidad del que paga lo justifica todo. “El modelo ha cambiado”, dice el responsable de Fiesta FM, para quien los periodistas tienen la obligación de generar sus propios ingresos, de vender publicidad, de llevar el dinero a casa.

¿Saben lo que pasa cuando un periodista ha de vender y tener a un cliente contento? Muy sencillo: que se termina convirtiendo en un instrumento de los intereses comerciales de quien paga, que se acaba transformando en un propagandista que ha de estar dispuesto a todo lo que pida el cliente.

Redactores vendiendo publicidad. “Es lo que toca”, dice este representante de un medio de comunicación, que no de información, claro. Ahí está la mayor violación sufrida por la profesión periodística, que no ha sabido poner coto a individuos como éste, a charlatanes y predicadores que se llenan la boca con la palabra dignidad cuando ellos son los mismos que son incapaces de poner freno a una situación desagradable.

Como quien se queja del estado de la profesión, del intrusismo y de no sé cuántas cosas más, como el actual director de Sí, Se Puede, José Luis García, y luego en su casa permite el mismo juego que tanto le molesta que practiquen sobre otros colegas o sobre él mismo.

Por todo esto hay que dar las gracias a la profesora Liliana Suárez, directora académica de este grupo de investigación de la UAM, que nos permitió que las vergüenzas de más de uno quedaran al aire, como las de quienes aseguran que en estos momentos ya no debe preocuparle tanto a los medios su difusión o su tirada (que se han reducido en los últimos dos años hasta tal punto que la mayoría de estos medios han decidido darse de baja de la Oficina de Justificación de la Difusión OJD-PGD), pero que mantienen en sus primeras páginas pastillas gráficas que ‘venden’ que siguen editando más de 100.000 ejemplares a la semana.

Un poco de coherencia, señores. Ya sabemos que los tiempos son difíciles, pero tengan ideas. La opinión de un medio está estrechamente ligada a la calidad de las personas que hacen posible ese medio. Sin ellos nos quedan los panfletos comerciales, los catálogos del supermercado.

Muchas de ellas basaron sus proyectos en recibir dinero público. Sus cuentas eran un verdadero clamor. Lo apostaron todo a una única vía de ingresos, sin pensar en que podía llegar un día en que ese grifo se cerrara.

Algunas, las más inteligentes, las más profesionales, se dieron cuenta de que había que buscar el sostenimiento en el tiempo por medio de la ayuda privada. Hoy, pese a las dificultades generalizadas, ven el horizonte con optimismo, porque supieron buscar otros apoyos al margen de los institucionales.

Si una lección debemos extraer de esta crisis es que hemos de ser especialmente cuidadosos con el manejo de las entidades sociales, que han de ponerse en manos de profesionales, y más si tienen que utilizar recursos públicos.

No pueden volver a repetirse casos como los de Iñaki Urdangarín y su socio con el Instituto Nóos, en los que vemos cómo se hace una utilización torticera de recursos públicos, que ensucian la reputación de un sector que trabaja mucho y duro por cubrir un vacío que deja el Estado, incapaz de prestar servicios a toda la ciudadanía y, en especial, a los más vulnerables.

Por desgracia, hemos vivido años en los que se entregaban ingentes cantidades de dinero a entidades a las que posteriormente no se les exigía ningún tipo de resultado o justificante del gasto.

Lo volvemos a ver estos días, con un informe del Tribunal de Cuentas revelado por la agencia Europa Press, en el que se reflejan numerosas irregularidades en subvenciones concedidas por la ya desaparecida Dirección General de Integración de los Inmigrantes de la última Administración socialista.

Los políticos, y hablo de los de cualquier ideología, han terminado convirtiendo la política de subvenciones en una manera de pagar favores o de atraerse a aliados, o de callar bocas para evitar críticas molestas.

Las administraciones públicas han de ser especialmente cuidadosas con los dineros que ponen a disposición de las entidades sociales. Pero si a las primeras hemos de exigirlas transparencia, a las segundas también, además de una absoluta seriedad en la gestión.

El dinero que reciben es de todos los ciudadanos y no está para gastarlo caprichosamente o para lucrarse. Al final, esas situaciones nefastas sólo contribuyen a que se genere la sensación de que las subvenciones han de ser eliminadas, y ni tanto ni tan calvo.

Seriedad y transparecia para todos.

Si hasta ahora la inmigración estaba integrada en una Secretaría de Estado y hasta daba segundo apellido a un Ministerio, con los ‘populares’ pasa a ser responsabilidad de una Secretaría General dependiente de Empleo.

La inmigración queda, de este modo, relegada a un tercer nivel administrativo. De entrada, es un mensaje preocupante por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, pero habrá que conceder el beneficio de la duda a los responsables gubernamentales.

El resultado final dependerá mucho del talante de la persona a la que se encargue esa Secretaría General, de la que dependerá también la Dirección General de Migraciones.

Rajoy replica de alguna manera la estructura que planteó José María Aznar en su primer Gobierno. Por aquel entonces, la inmigración quedó dentro de la Secretaría General de Asuntos Sociales, de la que se hizo cargo Amalia Gómez.

Gómez hizo un trabajo serio y la gente que tuvo la oportunidad de trabajar con ella sigue alabando aún su tarea.

Al final, lo importante es que quien ostente el nuevo cargo llegue a él con la mente abierta y con voluntad de trabajar para todos. Los tiempos son complicados, pero la inmigración sigue siendo fundamental para España y, por tanto, hay que atenderla con seriedad y, sobre todo, con responsabilidad.

Como poco, habrá que pedirle al nuevo secretario general (a la hora de escribir esta entrada aún no está decidido quién será el elegido) que se convierta en un interlocutor válido para las distintas asociaciones que trabajan en el ámbito de la inmigración, cuya tarea cobra más sentido si cabe en un momento de dificultades como el actual.

Esta simplificación administrativa puede llegar a resultar incluso beneficiosa si se sabe manejar.

En cualquier caso, hay que reconocer que hubiese sido un mensaje positivo que la inmigración hubiera seguido contando con una Secretaría de Estado, aunque es cierto que la estructura que había establecido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegaba a resultar poco práctica.

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que primero ocupó Consuelo Rumí y posteriormente una Anna Terrón que aterrizó con ganas de hacer cosas y se topó con la dura realidad burocrática, terminó convirtiéndose en un laberinto en el que había distintos interlocutores que restaban eficacia a cualquier tarea.

Esa Secretaría de Estado contaba con una Dirección General de Inmigración y con una Dirección General de Integración de los Inmigrantes, sin que quedara claro cuáles eran las misiones de cada una de ellas. La primera, en teoría, se encargaba de aspectos más prácticos y la segunda, de la parte teórica, por así decirlo, pues, como fruto visible, de ella salieron los dos planes de integración que suponían una hoja de ruta para el futuro pero que tenían escasa posibilidad de materialización ante los distintos recortes que se fueron haciendo al Fondo de Acogida e Integración.

El caso es que había dos direcciones generales para trabajar las políticas de inmigración que terminaban solapando sus funciones y que despistaban a las entidades sociales, que nunca sabían con exactitud a quién dirigirse.

Habrá que esperar, por tanto, para ir descubriendo qué actitud mantiene el nuevo Gobierno con respecto a la inmigración y desear que se siga apoyando a quienes trabajan en este ámbito.

Hay que recordar que en España siguen residiendo unos seis millones de inmigrantes, personas que, como todos los demás ciudadanos de este país, están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, con el agravante de que, a diferencia de la población autóctona, no suelen contar con una red familiar que pueda acogerles o resguardarles temporalmente de las inclemencias que estamos viviendo.

Pese a que esté calando la sensación de que los inmigrantes se estén marchando de España, el porcentaje de retornos sigue siendo mínimo. Los inmigrantes se sienten partícipes de este país, son parte de él, y como tales hay que respetarles y atenderles adecuadamente.

Y son parte también de la posible solución a la crisis. De nada sirve con decir que sobran. Su callada aportación contribuyó durante la última década a conducir a este país a sus años de mayor esplendor y, ahora, han de ser incluidos en cualquier proyecto de reconstrucción nacional.

Mariano Rajoy, desde que el Partido Popular ganara las elecciones generales, ha insistido en la necesidad de que todos los ciudadanos arrimen el hombro en este proceso y que en ningún caso va a haber buenos y malos. Desde aquí, reclamamos al nuevo presidente del Gobierno que cuenten también con la aportación de la inmigración y que no la convierta en un fenómeno de usar y tirar.

Hasta ahora, poco se sabe de la política de inmigración que piensa adoptar Rajoy. Sólo ha trascendido el interés del PP de restringir al máximo la figura del arraigo social. Confiemos en que no todo se limite a eso y que, como ha dicho, cuente con todos y, sobre todo, gobierne para todos, incluidos aquéllos que un día decidieron unir su destino al de este país.

Ojalá veamos en esta nueva etapa que ahora comienza una mayor sensibilidad hacia la situación de aquellas personas que están retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros y que siguen sometidos a todo tipo de arbitrariedades, al no existir un reglamento que regule estos establecimientos y que llevamos esperando ya más de dos años.

Intermón Oxfam está actuando como la voz de nuestra conciencia y estos días lanzaba un recordatorio interesante. Según esta organización humanitaria, más de once millones de personas están en riesgo de sufrir una grave crisis alimentaria en los próximos meses en la región africana de Sahel, ése África subsahariana que en países como España se hizo tan familiar con la llegada de miles de inmigrantes procedentes de países como Mali.

El aviso de Oxfam se hace más necesario que nunca, porque en España, y en Europa en general, tenemos una peligrosa tendencia a olvidarnos del resto de regiones del mundo. Al menos sólo hasta que los medios reaccionan y empiezan a mostrar imágenes de niños famélicos y de personas muriéndose de hambre, como ocurrió durante la última crisis alimentaria en el Cuerno de África.

Hay que actuar antes de que llegue la emergencia, y eso pasa por el compromiso político, tanto de los Gobiernos locales como de los occidentales, pero también por parte de la sociedad civil, que tampoco debe esperar a que sean los gobernantes los que se pongan manos a la obra.

Hay miles de ONG y de entidades sociales con presencia permanente en África, a las que hacer llegar ayuda para evitar que la situación se haga insostenible en el breve plazo.

Por tanto, no esperemos a que sea demasiado tarde. Parémonos a pensar por un instante y rasquémonos el bolsillo para ayudar a los que no tienen nada. Esta vez estamos avisados. No esperemos a ver en los periódicos las imágenes de la desolación.

Permítanme que contextualice el asunto del que quiero hablarles. Esta semana ha sido noticia Abdellah El Mekaoui, un ciudadano que devolvió 400 décimos de la Lotería de Navidad que se encontró extraviados en la calle, en la ciudad de Bilbao.

El gesto de este hombre ha sido reconocido y aplaudido, por lo que entraña de honesto y cívico. Sin duda, se trata de una de esas informaciones que nos permite reconciliarnos con el género humano, y más en estos tiempos en los que no abundan gestos como éste.

Como debiera ser norma para cualquier periodista, los medios de comunicación, en sus titulares, han destacado la actuación de este hombre. Basta echar un rápido vistazo por los titulares de los principales medios de comunicación nacionales y locales para darse cuenta de esta circunstancia. Veamos algunos ejemplos:

ABC: ‘Devuelve 400 décimos de Lotería que había encontrado’.

RTVE.es: ‘El joven que devolvió 400 décimos de la Lotería de Navidad asegura que nunca pensó en quedárselos’.

Público: ‘Un hombre devuelve 400 décimos valorados en 8.000 euros’.

Deia: ‘El rostro de la honradez’.

Como es lógico, la actuación de todos estos medios es perfecta. A todos ellos les importa muy poco un detalle sin la mayor importancia para el desarrollo o para el resultado de la acción: el protagonista, Abdellah El Mekaoui, es un inmigrante de origen marroquí.

Y yo me pregunto: ¿por qué si un inmigrante protagoniza un acto positivo los medios de comunicación no destacan su procedencia, pero si se trata de algo negativo enseguida aparece en el titular la nacionalidad?

Basta un ejemplo de lo que hacen otros medios de comunicación el mismo día en que se resalta el acto de ese “hombre” o de ese “joven” que ha devuelto los décimos de la Lotería:

El Comercio de Asturias: ‘La Policía arresta a un marroquí especializado en el robo de móviles’.

La Nueva España: ‘Detenido un miembro de una banda marroquí que roba móviles en Oviedo’.

Al final, el lenguaje nos delata. Queda tanto por hacer… Es verdad que cada vez son más los periodistas concienciados con este asunto, pero no está de más que de vez en cuando nos recordemos a nosotros mismos que, cuando redactamos, tenemos una responsabilidad importante.

Sería de agradecer que los políticos se pudieran manos a la obra con urgencia y solventaran un problema que amenaza con echar por tierra el ingente trabajo que desarrollan las ONG en materia de cooperación internacional.

Por desgracia, los recortes en la ayuda al desarrollo han sido la tónica general en estos últimos años, aun con un Gobierno supuestamente progresista en el poder, como era, y todavía sigue siendo, aunque esté de recogida, el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Conviene que recordemos algunos sencillos datos. Por ejemplo, el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) para este año, aprobado el pasado mes de marzo por el Consejo de Ministros, contemplaba de más de mil millones de euros con respecto al de 2010.

Para el año que viene existía el compromiso político de situar la renta nacional bruta en el 0,7%, como se establece también en los Objetivos del Milenio. Sin embargo, esa cifra se antoja no ya más cerca que nunca, como debiera ser, sino incluso más lejos que estos últimos años. En 2010 se quedó en el 0,51%, y este año ya no habrá llegado más que al 0,4% Vamos, por tanto, hacia atrás.

Pese a la archifamosa crisis, habría que solicitar a los políticos un compromiso para recuperar con carácter de urgencia un plan de acción que permita recuperar la senda del crecimiento de la ayuda al desarrollo hasta el 0,7%, objetivo aplazado hasta el año 2015.

Y el Estado no es el único que está poniendo en riesgo el futuro de las ONGD y, por tanto, de los proyectos que éstas desarrollan a nivel internacional, porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos también las están ahogando con sus retrasos y recortes, que rozan lo inquietante en algunos casos, como en el de la ciudad de Madrid, donde la cooperación al desarrollo ha desaparecido de los presupuestos municipales.

Ante este panorama, las ONGD se preguntan qué les puede esperar con el cambio de Gobierno. Si atendemos al programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones del pasado 20 de noviembre, de las que salió vencedor por abrumadora mayoría, hay evidentes motivos para que las entidades sociales se preocupen, ya que la mayor parte de las ideas contenidas en ese documento son bastante ambiguas.

Si bien es cierto que el PP dedicaba un punto completo de su programa a esta materia, bajo el epígrafe de “Una cooperación al desarrollo moderna”, sus propuestas resultan poco concluyentes, lo que hace temer que el Ejecutivo que va a presidir Mariano Rajoy preste la mínima atención a este asunto.

Según el programa, el 0,7% del PIB de contribución al desarrollo sigue siendo un objetivo propio de una sociedad avanzada como la española, pero a continuación descarga la responsabilidad en el sector privado, ante la probable poca intención de su Gobierno de destinar recursos para esta materia.

En cualquier caso, habrá que dejar un margen de confianza a Rajoy, aunque sería bueno que una de sus primeras medidas sea poner fin a la incertidumbre que padecen en este momento las ONGD, que necesitan con urgencia que se hagan efectivas las subvenciones de este año.

La falta de esos fondos ha obligado a muchas a endeudarse con entidades bancarias, para poder contar a tiempo con los recursos necesarios para poner en marcha sus proyectos, y lo que está en juego no es sólo la cooperación al desarrollo española, sino miles de puestos de trabajo de profesionales que mantienen vivo el sector social en este país.

Más concretamente, estos aspectos nuevos afectan, en especial, a aquellos familiares de ciudadanos de la UE que mantienen la nacionalidad de un país que no pertenezca al ámbito comunitario.

Con esta modificación introducida, los parientes ‘extranjeros’ de ciudadanos comunitarios tendrán su tarjeta de residencia como familiar de europeo desde el momento de su entrada a España.

Hasta ahora, la tarjeta de residencia llevaba la fecha en la que les era concedido este documento.

De este modo, la nueva legislación extiende a los familiares que no han nacido en países pertenecientes al espacio Schengen los mismos derechos de los que goza cualquier ciudadano comunitario.

Además, el texto mantiene el derecho de residencia en España de personas nacidas en terceros países en supuestos específicos, como llevar tres años casado con un ciudadano de la UE, tener la custodia de hijos comunes o haber sido víctima de un delito de violencia machista.