Consulta Legal

Juicio del caso Jet Set

2026-09-12T00:48:19.591-04:00

En el siguiente enlace de la página de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, puede dársele seguimiento al juicio seguido sobre el proceso penal de la empresa Jet Set Club, teniendo como imputados a Maribel Espaillat y Adriano Espaillat:

https://www.youtube.com/live/O2NjWJ3PtPo?si=Iu3BiYLHENe801wo

Infracciones y sus sanciones en el nuevo Còdigo Penal dominicano, Ley 74-25

2026-08-07T17:32:12.774-04:00

Nuevo Código Penal Dominicano, promulgado el 3 de agosto de 2025

2025-08-05T00:02:00.002-04:00

Enlace de Descarga:

https://drive.google.com/file/d/1aP1uRrKIutYbtSg3HVbyso3zatcjmQ_g/view?usp=drivesdk

Cosas que se deben verificar cuando se está adquiriendo una propiedad de parte de una empresa en República Dominicana

2024-09-09T16:53:00.001-04:00

Cuando se está en trámite de adquirir un inmueble que está a nombre de una empresa, es necesario tomar pasos adicionales a los que se toman cuando se le compra a una persona física, para evitar inconvenientes, y en el peor de los casos, no ser víctima de fraude. Veamos.

1ro. Verificar que el inmueble pertenece realmente al vendedor y que no está afectada mediante gravámenes. Esto aplica también cuando el vendedor es persona física. Esto se hace con una copia del título o matrícula de la propiedad, y con esto, corroborar la información en sala de consultas del registro de títulos. Adicionalmente, se solicita la certificación del estado jurídico de la propiedad, que nos dice toda la información relevante sobre el inmueble, su titularidad y si existen derechos accesorios o gravámenes que le afecten.

2do. Verificar quién es la persona autorizada a firmar por la compañía. A dichos fines, se requiere de la empresa vendedora una copia de la certificación del registro mercantil de la empresa, y procedemos a corroborar dicha información solicitando al registro mercantil correspondiente una copia certificada de dicho registro. Es importante leer en este documento su fecha de vigencia, gerente y persona autorizada a firmar.

3ro. Verificar que la empresa está activa y que no tiene compromisos pendientes con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esta información la provee la empresa mediante una Certificación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, que solicitan mediante la Oficina Virtual de la DGII. Esto es importante, porque no es posible pagar los impuestos de transferencia ni de traspaso si la compañía tiene deudas pendientes con la DGII. Es decir, no podrá el comprador transferir a su nombre el inmueble si la empresa tiene deudas tributarias.

4to. Verificar si la empresa está al día con el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI). Esto se verifica mediante certificación del IPI, la cual es emitida por el departamento de tasaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Dicha solicitud también debe ser realizada por la empresa.

Las leyes de la R.D. tienen todo lo necesario para proteger la inversión en la adquisición de propiedades inmobiliarias, siempre que se hagan correctamente. Por eso es recomendable que el comprador obtenga asistencia de un abogado que maneje bien este tipo de procesos, desde antes de suscribir el contrato de venta hasta que la propiedad esté transferida a su nombre.

Acuerdos Suscritos por el Ministerio Público y Acusados, en Casos de Criminalidad Organizada

2024-07-06T21:58:00.001-04:00

La Procuraduría General de la República Dominicana habilitó un portal en el cual se publican las acusaciones y los acuerdos suscritos con acusados, que pasan a ser colaboradores en los procesos de criminalidad organizada cometida contra el Estado dominicano.

Este es el enlace a dicho portal: https://pgr.gob.do/repositorio-de-casos/#1719444160713-577667ac-f1b3

Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

2024-01-30T21:24:00.000-04:00

Para descargar la ley, haga click en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1wYRx1wDIT72xGOVA3Os2_wZqk84uRp8T/view?usp=drive_link

Operación Discovery 2.0

2023-08-04T22:44:00.002-04:00

https://pgr.gob.do/ministerio-publico-pone-en-marcha-operacion-discovery-2-0-contra-red-del-cibercrimen-estafo-a-cientos-de-estadounidenses/

La Operación Gavilán de la Procuraduría General de la República

2023-08-01T22:00:00.002-04:00

Allanamientos, apresamientos y sometimiento de fiscales y empleados del Ministerio Público, por sacar del sistema historiales delictivos vigentes, y otorgar certificaciones de no antecedentes penales sobre la base de información falsa.

https://pgr.gob.do/ministerio-publico-pone-en-marcha-la-operacion-gavilan-contra-red-de-fiscales-empleados-administrativos-y-policias-que-eliminaba-antecedentes-penales-a-cambio-de-sobornos/

Plazo de Prescripción para la Demanda en Partición de Bienes Muebles e Inmuebles de la Comunidad Matrimonial

2023-07-23T20:19:00.000-04:00

Hasta hace poco tiempo, el criterio de la Suprema Corte de Justicia y de todos los tribunales en la República Dominicana, era que dado el principio de imprescriptibilidad del derecho de propiedad inmobiliaria, establecido por la ley 108 - 05 sobre Registro Inmobiliario, no aplicaba el plazo de los dos años a partir de la publicación de la sentencia de divorcio para reclamar la partición sobre bienes inmuebles.

Mediante sentencia del 22 de Febrero de 2023, Número SCJ-SR-23-0001, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia han variado dicho criterio, diciendo: "38. En virtud de lo anterior, se debe concluir entonces que si luego de la publicación de la sentencia de divorcio una de las partes no demanda la partición en el plazo de los dos años establecido en el indicado artículo 815 del Código Civil, se presume un abandono o renuncia inequívoca de sus derechos respecto de los bienes de la comunidad, debido a que nadie puede ser obligado a permanecer en estado de indivisión, por lo que dentro de ese acuerdo implícito de partición pueden entrar inmuebles registrados, sin que por ello se afecte o altere la imprescriptibilidad que se deriva del registro inmobiliario, toda vez que el estatus de estos inmuebles está sujeto a afectación por medio de liberalidades convenidas entre las partes, lo que ocurre en el caso de la disposición consagrada en el texto legal invocado, donde hay una liberalidad implícita de una parte que ha renunciado en provecho de la otra."

En términos llanos, luego de dos años a partir de la publicación del divorcio en el periódico, el cónyuge que no ha reclamado la partición, se presume de forma definitiva que ha cedido los bienes muebles e inmuebles que el otro cónyuge ha mantenido bajo su posesión.

Condenado Fausto Miguel Cruz de la Mota por el Asesinato de Orlando Jorge Mera

2023-04-27T17:00:00.001-04:00

La condena fue dictada contra el imputado por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, derivada de la acusación de asesinato contra el entonces ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.

Siendo que la condena fue de 30 años, lectura de cuya sentencia está pautada para el 18 de mayo, entendemos que la tipificación penal trata sobre la violación de los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal dominicano.

La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado sobre los elementos constitutivos del asesinato: "Considerando, que la premeditación y la acechanza son dos condiciones sine qua non al momento de calificar un hecho como asesinato, consistiendo la primera en el designio formado antes de la acción, de atentar contra la persona de un individuo determinado, o contra la de aquel a quien se halle o encuentre, aún cuando ese designio dependa de alguna circunstancia o condición; y la segunda en esperar, más o menos tiempo, en uno o varios lugares, a un individuo cualquiera, con el fin de darle muerte, o de ejercer contra él actos de violencia..." (Segunda Sala de la S.C.J. Sentencia SENTENCIA del 4 de junio de 2012).

"Art. 295.- El que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio. Art. 296.- El homicidio cometido con premeditación o acechanza, se califica de asesinato... Art. 297.- La premeditación consiste en el designio formado antes de la acción, de atentar contra la persona de un individuo determinado, o contra la de aquél a quien se halle o encuentre, aún cuando ese designio dependa de alguna circunstancia o condición. Art. 298.- La acechanza consiste en esperar, más o menos tiempo, en uno o varios lugares, a un individuo cualquiera, con el fin de darle muerte, o de ejercer contra él actos de violencia... Art. 302.- (Modificado por las Leyes 64 del 19 de noviembre de 1924 G.O. 3596; 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999). Se castigará con la pena de treinta años de reclusión mayor a los culpables de asesinato, parricidio, infanticidio y envenenamiento. "

https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2023/04/26/condenan-a-30-anos-de-prision-asesino-de-orlando-jorge-mera/2297535

La Constitucion Dominicana

2022-11-06T11:33:00.000-04:00

Hoy, 6 de noviembre 2022, está de aniversario la Constitución dominicana, que cumple 178 años, nacida el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal. Luego de múltiples reformas, tenemos la actual del año 2015.

La Constitución es considerada la ley de leyes. Toda Norma o decisión emanada de los poderes del estado que contraviene la Constitución es consideradas nula. Para garantizar la supremacía constitucional, los tribunales ejercen lo que se llama el control difuso de la constitucionalidad. Significa que todo juez debe velar que en los procesos sometidos a su jurisdicción exista el respeto al Debido Proceso, la Tutela Judicial efectiva, las garantías fundamentales y que nada contradiga los textos constitucionales.

Cómo órgano judicial especializado y extraordinario, ejerce el poder concentrado de la constitucionalidad el Tribunal Constitucional. Este tiene la facultad de revisar las sentencias que han adquirido autoridad de cosa juzgada, y las leyes, decretos y reglamentos que son sometidos a su escrutinio, mediante una acción dirigida por una persona con interés legitimo, que entiende que sus derechos fundamentales han sido vulnerados en razón de normas o decisiones judiciales que contradicen la Carta Magna.

La Constitución es fácil de entender y es obligatorio su conocimiento para un buen ejercicio de obligaciones ciudadanas y pleno disfrute de los derechos que nos asisten.

Sobre el Incidente de Djokovic en el Abierto de Australia y las Reglas de la Vacunación de los Estados

2022-01-07T06:48:00.001-04:00

Novak Djokovic, tenista exitoso de nacionalidad serbia, ganador de 20 Grand Slams, se encuentra retenido en Australia como inmigrante ilegal, debido a que para la participación en el Abierto de Australia (Australian Open) presentó una exención médica provista por la Federación Australiana de Tenis que no ha sido aceptada por las autoridades del país. O sea, no presentó prueba de vacunación y no ha logrado justificar fehacientemente una razón de peso para no presentarla.

Las dificultades legales migratorias y de otras índoles que trae el tema de las vacunas no son pequeñas, y se mantendrán sorprendiendo a la gente constantemente. Situación similar vivió en ese mismo país la tenista rusa Natalia Vikhlyantseva, no por falta de vacunación, sino porque su vacuna era la Sputnik, de fabricación rusa y que no es aceptada como válida en Australia.

Las reglas sobre temas migratorios, e incluso afección de derechos fundamentales, en pro de la salud, han estado bajo el ojo de la mira de las poblaciones en todo el mundo, y de abogados constitucionalistas. Existen quienes cuestionan incluso si la imposición en un Estado de una vacuna sobre otra es muestra de que lo que hay es un tema de negocio más que de salud pública. La realidad es, que si se va a viajar a otro país no basta con estar vacunado con todas las dósis disponibles, sino confirmar si la marca de su vacuna es aceptada en el país al que va a viajar. Las políticas de vacunación y de pruebas médicas se han vuelto parte fundamental para los migrantes entre países, y varían dependiendo del país que se trate. No enterarse con tiempo de cuáles son estas pueden ocasionar contratiempos muy serios.

Cada Estado es soberano en la imposición de sus reglas migratorias. Igualmente, en cuanto a temas de salud pública, los países son soberanos en crear sus leyes, reglamentos y resoluciones.

Hay que tomar en cuenta que lo establecido por una autoridad administrativa tiene, según los principios del derecho administrativo, una presunción de legalidad, la cual debe ser destruida en los tribunales pertinentes antes de intentar la desobediencia sobre la regla. En nuestro país los principales tribunales para atacar las decisiones de derecho público, si las consideramos contrarias a los derechos y garantías constitucionales, o ilegales, son el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional. De eso hablaremos más en detalle en otro momento.

Mensajes de Whatsapp como Elementos de Prueba en la Justicia

2021-07-31T21:44:00.003-04:00

En días recientes se ha hablado sobre la sentencia 69-2019, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en materia laboral, en la cual se admite el valor probatorio de los mensajes de whatsapp, no carente, sin embargo, de algunas precisiones, por la complejidad de los medios de prueba digitales.

Un antiguo empleado había demandado el pago de sus prestaciones laborales por desahucio, esto es, que la empresa terminó el contrato de trabajo de forma unilateral y sin alegar falta del trabajador, por lo cual sus prestaciones debían ser pagadas íntegras, en el plazo fijado por el Código Laboral, que es de diez días, con las consecuencias económicas que puede acarrear no cumplir con dicho deber en el predeterminado plazo.

El exempleado demandó la empresa, mientras esta última alegó que no tenía compromisos con el demandante porque este estaba compensado en cuanto a sus prestaciones porque le adeudaba a la empresa. Para probar la deuda, la compañía se valió de mensajes de whatsapp en los cuales el demandante admitía la obligación, según alegaban.

El demandante recurrió de la Corte de Trabajo a la Suprema Corte de Justicia, siendo la Tercera Sala la encargada de conocer los asuntos laborales que llegan al más alto tribunal por primera vez. Mediante la citada sentencia, la Suprema Corte de Justicia admitió que por aplicación a la Ley 126-02, (aunque la sentencia erróneamente la menciona como ley 120-02), es admisible este tipo de prueba digital.

La ley 126-02 es la que regula el comercio electrónico, y da valor probatorio a los documentos digitales y mensajes de datos. Veamos: "ARTICULO 9.- Admisibilidad y fuerza probatoria de 10s documentos digitales y mensajes de datos. Los documentos digitales y mensajes de datos seran admisibles como medios de prueba y tendran la misma fuerza probatoria otorgada a 10s actos bajo firma privada en el Chdigo Civil y en el Chdigo de Procedimiento Civil. Parrafo.. En las actuaciones administrativas o judiciales no se negara eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a ningh tip0 de informacihn en forma de documento digital o mensaje de datos, por el solo hecho de que se trate de un documento digital o un mensaje de datos o en razhn de no haber sido presentado en su forma original. ARTICULO 10.- Criterio para valorar probatoriamente un documento digital o un mensaje de datos. A1 valorar la fuerza probatoria de un documento digital o mensaje de datos se tendra presente la confiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el documento digital o mensaje, la confiabilidad de la forma en que se haya conservado la integridad de la informacihn, la forma en la que se identifique a su creador o iniciador y cualquier otro factor pertinente. ARTICULO 11.- Conservacion de los documentos digitales y mensajes de datos. Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones Sean conservados, ese requisito quedara satisfecho mediante la conservacihn de los documentos digitales y/o mensajes de datos que Sean del caso, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:... "

Las condiciones mencionadas en los artículos siguientes tienen que ver con la accesibilidad de la información y con su mantenimiento íntegro.

Cabe destacar además, que una cualidad inherente a los derechos y el procedimiento en materia de trabajo es la libertad probatoria.

Sucedía sin embargo, que el empleado negaba validez a los mensajes de whatsapp aportados por la parte demandada. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia casó la sentencia a los fines de que la Corte de Trabajo correspondiente hiciera una mejor instrucción del proceso, haciendo los trámites procesales necesarios para conocer la legitimidad o no de dichos mensajes.

Ante tal circunsancia, dice la sentencia: "16. Que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, de la lectura de los motivos expuestos en la decisión, así como de las piezas que componen el expediente, estima que de los motivos brindados por la corte a qua no es posible deducir si la normativa ha sido bien o mal aplicada, al momento de reconocer como un título válido para condenar al trabajador al pago del monto de RD$747,313.23, sobre la base de una documentación electrónica cuestionada en su contenido, de la cual no se deriva su monto exacto de la alegada deuda, y que de su lectura no se pueda apreciar idoneidad, como reconocimiento de deuda, máxime, cuando la parte hoy recurrente no le otorgó aquiescencia al contenido ni a las consecuencias jurídicas que se podrían desprender de su lectura, lo que ponía a la corte a qua en la obligación de hacer un examen de integral de la prueba ofertada en búsqueda de corroboración, sin perjuicio de poder utilizar su papel activo, lo que no ha ocurrido en la especie, por lo que procede acoger el medio examinado y en consecuencia casar la sentencia impugnada. 17. Que sin perjuicio de lo anterior, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, estima que del análisis de las conclusiones de la hoy recurrente por ante los jueces del fondo no se puede advertir que haya otorgado aquiescencia explícita o implícita a la prueba depositada por los hoy recurridos, y con esto a la referida demanda reconvencional que se viene mencionando, más aun cuando del contenido del escrito de defensa contra los indicados documentos se verifica que el hoy recurrente realizó reparos contra el contenido y validez de dicha prueba, por lo cual la corte a qua incurre en una desnaturalización de sus conclusiones, justificándose la anulación de la sentencia impugnada."

Debido a los motivos expuestos, concluimos que es posible aportar mensajes electrónicos y digitales coo elementos de prueba en un proceso. Sin embargo, deben ser corroborados por elementos como el testimonio o el peritaje. Puede ser incluso la confesión, siempre que no sea un proceso penal, ya que en dicha materia no se admite la confesión como motivo suficiente para condenar a una persona.

El Defensor del Pueblo en la Republica Dominicana

2021-06-10T20:44:00.001-04:00

| El defensor del pueblo es definido en el articulo 190 de la Constitucion dominicana como " una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria. Se debe de manera exclusiva al mandato de esta Constitución y las leyes."

Sobre las funciones esenciales del Defensor del Pueblo, el articulo 191 de la Constitucion dice "contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos. La ley regulará lo relativo a su organización y funcionamiento." O sea, que no solo sus funciones afectan a servidores publicos, sino que si los servicios particulares prestados afectan intereses de impacto social, la naturaleza de dichas actividades le otorga facultad para intervenir frente a tales personas o instituciones.

La ley especial que rige la defensoria del pueblo es la 19-01. Segun esta ley, el Defensor del Pueblo tiene como "objetivo esencial del Defensor del Pueblo es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos, plasmadas en nuestra Constitución, en caso de que sean violadas por funcionarios de la administración pública. Asimismo deberá velar por el correcto funcionamiento de la administración pública, a fin de que ésta se ajuste a la moral, a las leyes, convenios, tratados, pactos y principios generales del derecho." Su competencia corresponde a todo el ambito nacional.

Por su lado, el articulo 14 de la ley dice: "En caso de que un funcionario de la administración pública o de entidades prestadoras de servicios públicos realice un acto de exceso, ilegal o arbitrario, que afecte a un particular o a una colectividad, éstos podrán dirigirse ante el Defensor del Pueblo y plantear la queja o reclamación correspondiente. Esta actuación apodera al Defensor del Pueblo, quien deberá realizar las investigaciones que considere necesarias."

La figura del defensor del pueblo es poco usada en Republica Dominicana. Es importante que este recurso contra actos ilegales de la administracion o de prestadores de servicios privados que afecten intereses solectivos, sea dado a conocer, al igual que sus funciones.

El dia de hoy fue elegido como defebsir del pueblo Pablo Ulloa.

Sobre los Servicios en Linea de la Jurisdiccion Inmobiliaria en R.D.

2021-06-06T07:24:00.002-04:00

La Jurisdiccion Inmobiliaria en la R.D. tiene servicios virtuales. Por ejemplo, es posible consultar el estatus de un tramite en curso desde la pagina web, consultando el numero de expediente. Tambien es posible realizar una solicitud de certificacion de estatus juridico de un inmueble en linea. La pagina es: ri.gob.do.

Derechos, Recursos y Plazos de los Servidores y Funcionarios en la Administración Pública

2021-02-27T13:24:00.000-04:00

Por estos días, luego del cambio de mando presidencial en manos de un nuevo partido, se ha barajado mucho el tema de las desvinculaciones de empleados de la administración pública y el reclamo de algunos sobre el derecho de ser mantenidos en sus posiciones, o de recibir las indemnizaciones laborales correspondientes. En este sentido, pretendemos hablar desde una perspectiva estrictamente jurídica y explicar, a quienes entienden que tienen un derecho que les ha sido afectado, el procedimiento y los plazos, a los fines de que puedan reclamar exitosamente los derechos que les corresponden.

El estatuto legal que rige la función pública dominicana está basado principalmente en la ley 41-08, sobre Función Pública. El artículo 18 de esta ley establece las diferentes categorías de servidores públicos: 1) Funcionarios o servidores públicos de libre nombramiento y remoción; 2) Funcionarios o servidores públicos de carrera; 3) Funcionarios o servidores públicos de estatuto simplificado; 4) Empleados temporales.

Los funcionarios o servidores de libre nombramiento y remoción son los de alto nivel, y los que ocupan los llamados puestos de alta confianza. Estos no pertenecen a la carrera, y por lo tanto, es lógico que el cambio de administración implique su remoción sin mayores responsabilidades para la administración pública.

Los funcionarios o servidores de carrera, son aquellos que han entrado por concurso, previa evaluación de sus capacidades, contratados para un puesto permanente y para el pago de cuyas funciones existe dentro de la administración una partida presupuestaria previamente determinada. Estos solo pueden ser removidos en los casos que la ley de forma expresa lo autorice, y existen responsabilidades económicas derivados contra la administración pública en los casos en que sean desvinculados sin las razones y el procedimiento que la ley indica.

Los funcionarios o servidores de estatuto simplificado son aquellos designados para desempeñar "tareas de servicios generales y oficios diversos". Así, tenemos en esta categoría los servidores de mantenimiento, portería, vigilancia, producción de servicios y bienes "que no sean propiamente administrativos". Las comillas son citas textuales del artículo 24 de la Ley de Función Pública, el cual dice en su párrafo único además: "Este personal no disfruta de derecho regulado de estabilidad en el empleo, ni de otros propios de los funcionarios de carrera administrativa, pero sí del resto de derechos y obligaciones del servidor público previsto en la presente ley."

También la ley prevé el uso de funcionarios o servidores temporales, para tareas específicas o para sustitución de algún servidor o funcionario en caso de ausencia temporal.

La ley prevé como ente regulador en la materia a la Secretaría de Estado de Administración Pública, la cual hoy día es el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Asumiendo que cada servidor o funcionario público conoce su clasificación y los derechos que le asisten, y en caso contrario, le instamos a enviarnos cualquier interrogante para entonces hacer una publicación al respecto, o responderle de forma personal, pasamos al tema central. Procedimiento y plazos para reclamar, en caso de ser desvinculados y entender que se les han vulnerado sus derechos en el proceso.

Los artículos 72 al 76 inclusive, de la ley de Función Pública, hablan sobre los Recursos que la ley provee para el servidor o funcionario público reclamar. Cabe destacar que lo establecido en dichos artículos aplica también para proceder legalmente contra cualquier otra decisión de la dirección en la administración pública. Una vez es notificado de la decisión, el servidor o funcionario afectado tiene 15 días francos para interponer un recurso de reconsideración ante la administración que tomó la decisión, ya sea de forma personal o mediante los servicios de un abogado. En los días francos no se cuentan ni el día de la notificación ni el día en que vence el plazo. Básicamente, es como si hablaramos de 17 días, que deberá prorrogarse al próximo día laborable si termina un fin de semana o feriado.

Al vencerse ese plazo, si la administración pública no ha respondido, o si responde rechazando el recurso, existe el recurso jerárquico, el cual se interpone ante el órgano de la administración pública jerárquicamente superior, dentro del plazo de 15 días francos de recibida la respuesta, o de haber aperturado el recurso de reconsideración sin tener respuesta.

La autoridad que ha recibido el recurso jerárquico cuenta con el plazo de 30 días para producir su decisión. Si en ese plazo no responde o guarda silencio, procede someter el recurso contencioso - administrativo, en el término de 30 días francos. Este se ejerce ante el Tribunal Superior Administrativo.

Cabe señalar que en caso de someter un intento de conciliación ante la Comisión de Personal del Ministerio de Administración Pública, los plazos de los recursos estarían suspendidos hasta que exista resolución de acuerdo o de no acuerdo.

Las acciones en los recursos expuestos pueden conllevar a una decisión sobre la reposición en el puesto del cual se ha sido desvinculado, así como a la indemnización por salarios dejados de percibir y el pago de prestaciones estipulados en la Ley de Función Pública.

Por lo tanto, instamos a cualquier persona vinculada a la administración pública a conocer su categoría de servidor o funcionario, sus derechos, y accionar dentro de los plazos y en la forma que la ley determina en caso de ser desvinculado.

Talleres sobre Procedimiento Civil y Procedimiento Laboral

2020-11-13T16:08:00.002-04:00

Estaremos impartiendo estos dos talleres, sobre procedimiento civil y procedimiento laboral, días 26 y 27 de Noviembre. Muy recomendado. Contendrán doctrina, jurisprudencia, los formularios de los procedimientos y una exposición muy clara para llegar a todo quien quiera aprender sobre estos temas.

Sentencia de Tribunal Constitucional que Elimina Privilegios de Inscripción, Matriculación, Reinscripción y Selección en la UASD

2020-06-27T18:19:00.002-04:00

El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia de Revisión Constitucional sobre la sentencia del Tribunal Superior Administrativo No. 148-2013, mediante la cual ordenó que se eliminaran ciertos privilegios en cuanto al pago de inscripción en el sentido que más adelante citaré a detalle.

El Recurso de Revisión de Sentencia de Amparo había sido interpuesto por Julissa Estefany Álvarez Cordero, Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Antonio Caamaño Vélez. La sentencia íntegra aún no ha sido publicada, pero el dispositivo está contenido en el Comunicado 19/20 del 17 de Junio 2020, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Páginas 14 a 16.

El numeral tercero del dispositivo de la sentencia describe los privilegios que deberán ser eliminados, y cito:

«TERCERO: ACOGER parcialmente la acción de amparo de la especie y en consecuencia, ORDENAR a la parte accionada, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), disponer con efectividad inmediata la adopción por el Consejo Universitario de dicho centro de estudios superiores (o por cualquier órgano o autoridad universitaria competente), en un plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la notificación de la presente decisión, las modificaciones necesarias a la normativa institucional vigente (con estricto apego al principio constitucional de igualdad según consta en la motivación de la presente sentencia), con el siguiente objetivo: a) eliminación del privilegio de exoneración del cincuenta por ciento (50%) del pago de la matriculación y reinscripción establecido a favor de los cónyuges de los empleados, profesores y jubilados de la UASD, salvo en lo relativo al mantenimiento de dicho beneficio únicamente en favor de los hijos de los servidores universitarios; y b) eliminación total del privilegio concerniente al sistema dual de selección e inscripción de asignaturas (anteriormente descrito en el cuerpo de esta sentencia), que privilegia a los denominados Bet’s Monitores, empleados, profesores, jubilados y sus dependientes, en detrimento del resto ampliamente mayoritario de estudiantes.»

También, la sentencia dispone el pago de una astreinte de Cinco Mil Pesos por cada día de retardo en el cumplimiento de su ejecución, pagaderos en favor de los accionantes, así como la publicación del reglamento que elimina dichos privilegios en el portal web de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/22897/comunicado-casos-aprobados_19.pdf

Reapertura en Fase Uno de la Atención Presencial del Poder Judicial

2020-06-01T21:30:00.003-04:00

El Poder Judicial está reanudando sus servicios de manera virtual y presencial de acuerdo a las instrucciones que está proveyendo en su página web y redes sociales. Aquí les comparto enlaces de algunos de los servicios. Para el de Consultas de Asuntos y Solicitudes hay que verificar en el catálogo que presenta si el trámite a realizar está dentro de los que están atendiendo. En cuanto a la cita presencial, es para los asuntos que no pueden resolverse de manera virtual, y por lo tanto se atienden para los casos y tribunales que verán al abrir el enlace, en el cual también podrán establecer el día y la hora en que pueden asistir. Depósito de documentos se explica por sí solo. También postearé aquí los requisitos para acceder a las instalaciones del Poder Judicial. Las imágenes provienen de las provistas en sus canales virtuales por el Poder Judicial de la República Dominicana. Todas estas son medidas que se están utilizando debido a la prevención contra el Coronavirus. Recordemos que el Poder Judicial está reiniciando sus labores en tres fases, y que estamos en presencia de la primera.

http://serviciojudicial.gob.do/consultas/asuntos-y-solicitudes/

http://serviciojudicial.gob.do/cita-presencial/

https://depositodedocumentos.poderjudicial.gob.do/

JCE y Posposición de las Elecciones Presidenciales y Congresionales

2020-04-13T21:14:00.001-04:00

La Junta Central Electoral, el día de hoy, ha emitido la resolución que pospone la celebración de elecciones presidenciales y congresusles, que tendrían lugar inicialmente en mayo, para que ahora sea en el mes de julio. Así, se celebraría inicialmente el día cinco de julio, y en caso de haber segunda vuelta, para el 26 de julio, ambas fechas del año 2020. En un próximo post hablaré sobre los aspectos legales de la resolución emitida con esta decisión.

Decreto 148-20

2020-04-13T17:42:00.000-04:00

Aquí una copia del Decreto 148-20, mediante el cual el Poder Ejecutivo amplía el plazo del Estado de Emergencia como medida para contrarrestar el Coronavirus en República Dominicana. En el mismo, el término es de 17 días adicionales a partir del 14 de Abril del presente año 2020.

Nuevo Servicio de Atención Permanente a Distancia del Poder Judicial

2020-03-27T17:22:00.001-04:00

En apego a los protocolos de distanciamiento en virtud de la situación del coronavirus en la República Dominicana, La Suprema Corte de Justicia anunció la implementación de un nuevo sistema de atención permanente, mediante la cual las partes podrán celebrar audiencias a distancia. en otro post estaremos publicando las instrucciones provistas por la suprema corte de justicia para llevar a cabo esta medida. La información aquí colocada es tomada íntegra de la página web del Poder Judicial, y es de suma importancia para los abogados en ejercicio, en lo que concierne a la solicitud de protección de derechos fundamentales.

"Mediante herramientas tecnológicas, jueces, juezas y servidores judiciales se conectan de manera remota con todas las partes involucradas para resolver los procesos que ameritan tratarse de urgencia.

SANTO DOMINGO (RD).- El Poder Judicial dominicano anunció la puesta en marcha de herramientas tecnológicas para mantener los servicios de atención permanente con acceso de las partes de manera remota, a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales y minimizar los riesgos de expansión del coronavirus Covid-19 en el país.

Desde la declaratoria de estado de emergencia a partir del pasado viernes 20 de marzo y con miras a evitar la propagación del virus, los tribunales de San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Vega, Monseñor Nouel, San Juan y El Seibo han realizado un ejercicio exitoso con la celebración de audiencias en las que cada parte se conecta a videoconferencias mediante un dispositivo electrónico fijo o móvil de forma remota. En algunos casos, solo una de las partes ha estado en el tribunal de forma presencial.

Esta modalidad, que se está realizando por primera vez en el país, permitirá que los abogados y abogadas que intervienen en un litigio, así como las partes que actúan por derecho propio, la Defensa Pública y el Ministerio Público puedan participar en las audiencias, sin necesidad de estar físicamente en el tribunal.  Para el caso de las personas detenidas, se han utilizado dispositivos en los destacamentos policiales.

Se prevé que las 36 oficinas de Servicio de Atención Permanente distribuidas por todo el país realicen conferencias virtuales en base a un protocolo que facilite la videoconferencia como mecanismo de aislamiento, mientras se garantiza la protección de derechos fundamentales que puedan reclamarse mediante vistas para medidas de coerción, el habeas corpus y las acciones de amparo.

“Se presenta y se aprueba la implementación de la guía práctica para el conocimiento virtual de las solicitudes interpuestas ante las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente, ante el estado de emergencia nacional", determinó el Consejo del Poder Judicial en su sesión de este martes.

El propósito es garantizar la integridad de la salud de las personas envueltas en los procesos, al tiempo que se garantiza una justicia pronta y oportuna, como lo establece el Plan Estratégico Institucional Visión Justicia 20/24. 

La medida contribuye además a la eficiencia en el manejo y en los trámites de un caso, reduciendo los costos que conllevan para las partes las audiencias presenciales, evitando desplazamientos en momentos en que la población está siendo llamada a evitar el contacto físico y la aglomeración de personas para evitar contagios.  

Tras la aprobación de la guía, todos los jueces que laboran en oficinas de atención permanente recibirán capacitaciones sobre los procedimientos técnicos para las audiencias en remoto. Las partes interesadas puedan solicitar ayuda o reportar cualquier situación, mediante mensajes al correo oap@poderjudicial.gob.do o llamadas al centro de contacto : 809.533.3191 extensión 9999."

El Coronavirus y Posibles Causas de Suspension del Contrato de Trabajo

2020-03-18T09:02:00.002-04:00

Antes que nada, debo explicar que lo que aqui expongo es en base a casos hipoteticos, es decir, en caso de que ocurriese, y que esperamos que nada de esto sea necesario que ocurra en nuestro pais.

Posibles Causas de Suspension de los Efectos del Contrato de Trabajo

Afortunadamente, no hemos llegado a este punto ni creo que debamos apresurarnos a pensar que asi sera. Sin embargo, a raiz de lo que acontece en el pais y el mundo con el tema del coronavirus o COVID19, no es del todo descartable que eventualmente pueda producirse una suspension de labores para prevenir o erradicar los contagios. Debido a esto, es necesario conocer lo que en sentido general la ley dispone sobre la suspension del contrato de trabajo y sus efectos, asi como las obligaciones respectivas de las partes.

La Suspension de los Efectos del Contrato de Trabajo se encuentra en los articulos 48 al 61 del Codigo Laboral, y se da bajo las causas expresamente enumeradas. En un caso como el que analizamos, las causas que pudieran eventualmente ser alegadas se encuentran en el articulo 51 y los siguientes numerales:

1. "El mutuo consentimiento de las partes". Nada impediria que empleado y empleador hagan un acuerdo mutuo para evitar posibles contagios o someterse a tratamientos medicos.

4. "El caso fortuito o de fuerza mayor, siempre y cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción temporal de las faenas". El numeral cuatro del articulo cita la fuerza mayor como una causa de suspension de los efectos del contrato de trabajo, ya que es algo que se encuentra fuera de la voluntad de las partes. En el caso que tratamos, por ejemplo, estamos hablando de una condicion de salud que fue decretada como pandemia, que de ser decretada una especie de cese de labores de manera oficial por dicha situacion, encajaria perfectamente con el concepto de fortituidad. Escapa por completo a la voluntad de las partes que se produzca tal situacion.

6. "La enfermedad contagiosa del trabajador o cualquier otra que lo imposibilite temporalmente para el desempeño de sus labores". En caso de ser detectado un caso de coronavirus o COVID19 en un trabajador, es logico que en dicha situacion se suspenda los efectos del contrato de trabajo. Siendo una situacion de salud ya decretada mediante los examenes medicos correspondientes, si bien el empleador se libra del pago del salario, corresponde al sistema de seguros cubrir lo que le corresponde por la licencia por enfermedad del trabajador.

9. "La falta de fondos para la continuación normal de los trabajos, si el empleador justifica plenamente la imposibilidad de obtenerlos". Entendemos, que de verse limitada la empresa en el uso de la mano de obra, asi como un decrecimiento en la actividad comercial por las medidas oficiales tendentes a prevenir o erradicar la ocurrencia del virus, una empresa puede ver mermada su capacidad para seguir produciendo lo suficiente como para mantener toda su empleomania, por lo cual, a partir de que se presente esa situacion, tiene la facultad para suspener los efectos del contrato de trabajo.

Tambien, eventualmente pudieran darse estos eventos:

"10. El exceso de producción con relación a la situación económica de la empresa y a las condiciones del mercado;

11. La incosteabilidad de la explotación de la empresa"

Consecuencias de la Suspension de los Efectos del Contrato de Trabajo

De acuerdo al articulo 50 del Codigo de Trabao, el trabajador queda exonerado de prestar su mano de obra y el empleador de pagar el salario, a excepcion de si algo diferente queda estipulado en " la ley, el convenio colectivo de condiciones de trabajo o el contrato."

La suspension no implica la terminacion del contrato de trabajo ni compromete la responsabilidad del empleador ni del empleado. (Art. 49).

Procedimiento para la Suspension de los Efectos del Contrato de Trabajo

La suspension de los efectos del contrao de trabajo debe ser notificada al Ministerio de Trabajo y al trabajador dentro de los tres dias de haberse producido su causa. Puede tambien notificarse con antelacion a producirse la suspension. El Ministerio de Trabajo debe emitir resolucion sobre si aprueba o no dicha suspension en un plazo que no exceda de quince dias desde su comunicacion.

En los casos mencionados en los numerales 4, 9, 10 y 11 que hemos citado, asi como en el 8 que no mencionamos, del articulo 51, la suspension sera de 90 dias dentro de un periodo de 12 meses, pudiendo prorrogarse en caso de que se justifique previa autorizacion del Ministerio de Trabajo.

Cesacion de la Suspension de los Efectos del Contrato de Trabajo

La suspension termina tan pronto cesan sus causas y el trabajador debe integrarse de inmediato a las labores. El empleador debe comunicar que han cesado las causas al Ministerio de Trabajo, que debe comunicar a su vez a los trabajadores.

En caso de dificultad para comunicarse con los trabajadores dentro de los tres dias de haberse reanudado las labores, el Ministerio de Trabajo debe hacer publicar en un periodico de circulacion nacional durante tres dias del cese de la suspension, con el costo de la misma a cargo del empleador.

El articulo 61 establece la consecuencias para el trabajador en caso de no reintegrarse dentro de los plazos establecidos, ya sea a los seis dias de recibir la comunicacion, o a la fecha de la ultima publicacion del aviso. En dicho caso se declara en falta. Por lo tanto, se asume que una vez vencidos dichos terminos, si transcurren 48 horas de ausencia, el trabajador debera ser declarado en abandono de trabajo sin consecuencias para el empleador.

Asimismo, si cesan las causas que ocasionaron la suspension, el empleador estaria en falta frente al trabajador con todas sus consecuencias legales.

Favor tomar en cuenta que hemos limitado la exposicion a la suspension en los casos a que pudiera aplicar como consecuencia de la situacion especifica de la pandemia mencionada. Sin embargo, las causas en el Codigo Laboral es mas amplia.

Cimenes y Delitos Electorales en la Nueva Ley de Regimen Electoral 15-19

2020-03-17T07:55:00.003-04:00

Hoy martes, se cumplen dos dias desde las elecciones municipales en Republica Dominicana. A esta fecha ha empezado la implementacion de las reglas del sometimiento sobre los crimenes y delitos electorales, de acuerdo a la ley 15-19 sobre Regimen Electoral. Dos personas estan siendo sometidas por infracciones de esta naturaleza, cometidos en Villa Altagracia y en Santiago de los Caballeros, uno por intentar adulterar y agregar actas votadas en una urna electoral, asi como por faltar a sus compromisos como presidente de un Colegio Electoral, y el otro por promover una candidatura e intentar incidir en el voto a escasos metros de distancia de un colegio electoral. La lista de crimenes y delitos electorales es extensa y es importante que la conozcamos, pues existe una exigencia de la ciudadania paa que las malas practicas contra la democracia se erradiquen, y esa voz nacional sera escuchada, sobre todo por fiscales y jueces electorales que son escoba nueva y tienen la intencion de barrer bien en el ejercicio de sus funciones. Aqui les dejo la cita textual de la ley:

SECCIÓN III DE LAS INFRACCIONES JURISDICCIONALES ELECTORALES

Artículo 281.- Competencias en las Infracciones Jurisdiccionales Electorales. El Tribunal Superior Electoral conocerá los delitos y crímenes electorales previstos en esta ley, en la ley sobre el uso de los emblemas partidarios, y en cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos, cuando sean denunciados por la parte legítimamente afectada, el ministerio público, Junta Central Electoral o las juntas electorales, conforme al reglamento de procedimientos contenciosos electorales.

SECCIÓN IV DE LOS CRÍMENES ELECTORALES

Artículo 282.- Falsedad en materia electoral. Serán castigados con la pena de seis meses a dos años de reclusión y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público, las personas que en una solicitud de reconocimiento de partido hagan declaración falsa con respecto al número de sus afiliados.

1. Los que sustrajeren, desfiguraren, suprimieren, destruyeren o falsificaren todo o parte de cualquier lista de inscritos, documentos de propuesta, boleta de votación, pliego de escrutinio, certificado de elección, acta de colegio electoral, credenciales de funcionarios electorales, o cualquier otro documento que se exija por la ley electoral.

2. Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otro a cometer cualquiera de los actos previstos en el párrafo anterior.

3. Los que ordenaren o hicieren indebidamente impresión de boletas oficiales y otros impresos que pudieren ser confundidos con las mismas, o los que las distribuyeren o las utilizaren.

4. Los que ordenaren o fabricaren sellos iguales o que pudieren ser confundidos con los sellos oficiales de los colegios y los que distribuyeren o los utilizaren.

5. Los que utilizaren o distribuyeren, a sabiendas, cualquier documento que imite cualquier otro documento de los requeridos por esta ley.

6. Los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a un elector para inducirle a votar de una manera determinada.

7. Los que a favor o en contra de cualquiera candidatura realizaren actos de gestión electoral a distancia menor de veinte metros de cualquier colegio electoral, el día de elecciones.

8. Los que exhibieren algún cartel político que no esté previsto por la ley, dentro del local del colegio electoral.

Artículo 283.- Otras falsedades y otros crímenes electorales.

Serán castigados con la pena de seis meses a dos años de reclusión:

1. Los que firmen con nombre distinto al suyo un documento de propuesta de candidatura.

2. Los que falsifiquen un documento de propuesta de candidatura, o hagan cualquier afirmación o declaración falsa.

3. Los que firmen un documento de propuesta no siendo electores en la división política a que dicho documento corresponda.

4. Los que firmen más de un documento de propuesta para un mismo cargo, a no ser que todos los anteriores firmados hubieren sido retirados o declarados nulos.

5. Los que presentaren un documento de propuesta a sabiendas de que contiene alguna firma falsa o de que está firmado por alguno que no sea elector de la división política a la que corresponda, o que es fraudulento en cualquiera de sus partes.

6. Los que votaren sin tener derecho para hacerlo.

7. Los que votaren más de una vez en una misma elección.

8. Los que a sabiendas depositaren dos o más boletas.

9. Los que votaren usando cualquier nombre que no sea el suyo.

10. Los electores que directa o indirectamente solicitaren dádivas o presentes para votar a favor de cualquier candidato o grupo de candidatos en una elección.

11. Los que mediante soborno o de otra manera procuraren que una persona investida por la ley de un cargo oficial en relación con las elecciones deje de cumplir o se niegue a cumplir los deberes que éste le impone.

12. Los que mediante soborno o cualquier otro medio procuraren que una persona investida por la ley con un cargo oficial en relación con las elecciones, cometa o permita a otra persona cometer algún hecho que constituya infracción a las disposiciones legales relativas a la elección.

13. Los que amenazaren o cometieren excesos de poder en relación con las materias electorales.

14. Los que indujeren o auxiliaren a otros a cometer cualquiera de los hechos expresados en este artículo.

SECCIÓN V DE LOS DELITOS ELECTORALES

Artículo 284.- Delitos Electorales. Serán castigados con prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años y multa de dos a diez salarios mínimos del sector público:

1. Los que aceptaren definitivamente un documento de propuesta con conocimiento de que es ilegal o fraudulento en su totalidad o en parte.

2. Los que se negaren a admitir una propuesta presentada en el tiempo y la forma debida, con arreglo a las prescripciones de esta ley.

3. Los que incluyeren en las boletas oficiales para cualquier elección los nombres de personas que no deban figurar en ellas.

4. Los que se negaren a incluir o dejaren de incluir en las boletas oficiales para cualquier elección, el nombre de algún candidato que debe figurar en ellas.

5. Los que permitieren votar a cualquier persona, a sabiendas de que el voto de ésta no debe recibirse.

6. Los que maliciosamente se negaren a admitir el voto de cualquier persona que tuviere derecho a que se admita.

7. Los que ilegalmente agregaren o permitieren que otro agregue alguna boleta a las legalmente votadas.

8. Los que sacaren o permitieren que otros saquen alguna boleta de las legalmente votadas. 9. Los que sustituyeren una boleta por otra.

10. Los que hicieren o permitieren que otro haga un escrutinio o relación fraudulenta de votos emitidos.

11. Los que firmaren un certificado de elección a favor de persona que no tenga derecho a ello.

12. Los que se negaren o dejaren de firmar un certificado de elección a favor de cualquier persona que tenga derecho al mismo.

13. Los miembros de los colegios electorales en los cuales desaparecieren las boletas y que sean responsables.

14. Los que, careciendo de atribuciones para ello, actuaren o pretendieren actuar con el carácter de funcionarios autorizados por esta ley.

15. Los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones.

16. Los individuos de cualquier cuerpo de policía o de fuerza pública que intimidaren a cualquier elector o ejercieren presión en su ánimo, para impedir el ejercicio de las atribuciones y prerrogativas que les estén acordadas en la Constitución y por esta ley, o se inmiscuyeren de cualquier modo en cualquier elección o en el resultado de la misma.

17. Los que violaren las normas sobre medio ambiente en la realización de la campaña electoral, particularmente aquellas que afectan la flora, la fauna y los niveles de decibeles permitidos para la emisión de ruidos; conforme la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

18. Serán castigados con penas de 3 a 10 años de prisión los que violaren las normas constitucionales, éticas y legales sobre uso de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales elaborando, financiando, promoviendo o compartiendo campañas falsas o denigrantes con piezas propagandísticas y contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la intimidad de candidatos, candidatas o del personal de las candidaturas internas u oficiales de los partidos, movimientos o agrupaciones participantes en los procesos electorales.

19. Los que amenazaren, prometieren o acordaren, directa o indirectamente, separar o rebajar de su categoría o sueldo a un funcionario, empleado público o trabajador privado, o procurare que se le separe o se le rebaje de categoría o sueldo, con el propósito de ejercer influencias sobre las determinaciones de dicho funcionario o empleado en el ejercicio de su derecho electoral.

20. Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otra persona a cometer cualquiera de los hechos previstos por este artículo.

21. Los que violaren cualesquiera de las resoluciones que en atribuciones reglamentarias dicte la Junta Central Electoral.

22. La persona o empresa que infrinja cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 94 de esta ley.

Artículo 285.- Otros delitos electorales. Serán castigados con prisión correccional de tres (3) meses a un (1) año y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público:

1. Los que abandonaren sin permiso o autorización el cargo, comisión o función que, de acuerdo con esta ley, se les hubiere encomendado.

2. Los que no cumplieren las obligaciones o deberes que la ley les señale, dentro del término que en ella se establece, y si la demora fuere maliciosa y tuviere por objeto preparar o cooperar a la comisión de la preparación de un escrutinio o relación fraudulenta de votos emitidos, incurrirán en las penas señaladas para dicho delito en el citado artículo.

3. Los que obstaculicen a cualquier elector en el acto de votar o al dirigirse o retirarse de los colegios electorales.

4. Los que incitaren o cohibieren en cualquier forma a un elector en el ejercicio de su derecho.

5. Los que intervinieren indebidamente en el ejercicio de los deberes oficiales que la ley electoral imponga a cualquier persona o corporación.

6. Los que sin facultad para ello se mezclaren en las operaciones legales de cualquier elección, o en la determinación del resultado de la misma.

7. Los que siendo de cualquiera junta electoral, hicieren propaganda electoral en el día de elecciones. 8. Los que ilegalmente retiraren cualquiera boleta oficial del lugar de votación.

9. Los que mostraren su boleta mientras la estuvieren preparando o después de preparada para votar, a cualquier persona, dándole conocimiento de su contenido, o en cualquier otra forma dieren a conocer el sentido en que hayan votado o se proponen votar, a no ser con el propósito y en ocasión de obtener el auxilio autorizado por la ley en la preparación de su boleta.

10. Los que marcaren de alguna manera la boleta o hicieren en ella alguna señal de la que pudiere colegirse que contiene el voto en favor o en contra de una candidatura determinada.

11. Los que votaren con alguna boleta que no hubiere recibido debidamente el colegio electoral.

12. Los que siendo miembros del colegio electoral recibieren de algún elector la boleta ya preparada para votar.

13. Los que extrajeren fuera del recinto del colegio electoral cualquiera boleta.

14. Los que desobedecieren cualquier orden legal de una junta o colegio electoral.

15. Los que, al auxiliar a un elector para la preparación de la boleta, llenaren ésta de manera distinta de los deseos expresados por aquél, o después de auxiliar a un elector revelaren el contenido de la boleta.

16. Los que, en algún caso no previsto por la ley, abrieren cualquier paquete sellado que contenga boletas, listas de inscritos, pliegos de escrutinio, relaciones de votación o cualquier otro documento determinado por esta ley.

17. Los que cometieren algún hecho que infringiere la presente ley que no esté penado de otro modo por ella.

Artículo 286.- Delito por coartar el derecho de elegir. Serán castigados con reclusión de un (1) mes a seis (6) meses y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público, los que teniendo a sus órdenes o a su servicio empleados, trabajadores y otros individuos con derecho de elegir, incurrieren en despedir o amenazar con despedir o imponer cualquiera de éstos una pena o rebaja de salario o de jornal, o de otra prestación que le sea debida, por ejercer o impedir libremente el derecho de votar.

Artículo 287.- La tentativa. La tentativa de cualquiera de los delitos previstos en esta ley será castigada como el delito mismo. Artículo

288.- Aplicación del Código Penal. Las disposiciones del Código Penal son aplicables a las infracciones previstas en esta ley. Artículo

289.- Procuraduría Especializada. Se crea la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales señalados en la presente ley. Dicha Procuraduría se regirá según las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, No.133-11, del 9 de junio de 2011.

Artículo 290.- Crímenes o delitos cometidos en ocasión de las elecciones. Las disposiciones contenidas en las leyes penales respecto de los crímenes o delitos cometidos en ocasión de las elecciones quedan vigentes en cuanto no hayan sido derogadas o modificadas por la presente ley.

La Remuneración por Trabajar un Día de Descanso o un Feriado

2020-01-06T06:54:00.000-04:00

Dice el Código Laboral en sus artículos 164 y 165:

"Si el trabajador presta servicio en el período de su descanso semanal, puede optar entre recibir su salario ordinario aumentado en un ciento por ciento o disfrutar en la semana siguiente de un descanso compensatorio igual al tiempo de su descanso semanal.

Art. 165.- Los días declarados no laborables por la Constitución o las leyes, son de descanso remunerado para el trabajador, salvo que coincidan con el día de descanso semanal."

El código laboral establece que el pago de los días feriados y los días de descanso del empleado debe ser del 100% sobre la base del salario diario promedio. Si por ejemplo su salario diario promedio es de $500, y usted labora un día feriado o un día de descanso, entonces se le debe pagar ese día el salario promedio aumentado el 100% o lo que es lo mismo, al doble, que sería en el caso del ejemplo $1000.

La regla no aplica cuando el día feriado coincide con un día de descanso del empleado. Si el empleado no trabaja un día feriado en que está supuesto a trabajar, se le debe remunerar como un día normal. Si no le corresponde laborar ese día feriado, entonces nada se le debe.