A las mentes conscientes, al entorno solidario, a los familiares y amigos.

Mediante estas letras, comunico mi decisión de poner fin a la huelga de hambre líquida que mantuve por 13 días, desde el 12 de Agosto, bajando cerca de 7 kilos de peso.

La razón principal fueron motivos médicos, relacionados con problemas hepáticos que comencé a presentar los últimos 3 días de huelga. Dentro del protocolo de Gendarmería para presos en huelga de hambre, me fueron tomados exámenes de orina y sangre, presentando estos últimos problemas relacionados con el metabolismo de la bilirrubina, lo que provocó un cuadro de ictericia y potencialmente podría haber provocado daños irreparables; por lo que ayer Viernes tuve que ser trasladado al Hospital Penitenciario, al interior de la ex penitenciaria. A ello se sumaron algunos problemas renales y dolor al orinar, todo en un contexto de mucha debilidad los 2 últimos días lo que incluyó un desvanecimiento en la celda, luego de la extracción de sangre.

Todo esto lo cuento no para victimizarme, sino, para explicar que mi objetivo era la denuncia pública y no terminar gravemente enfermo. Afuera hay una familia y un pequeño cachorro que me esperan.

La situación de salud, mi apreciación y la de mi entorno solidario de que se habían logrado niveles considerados aceptables de difusión de los tres puntos de mis demandas, me hicieron poner fin a las 17 horas del Viernes 23 de Agosto a la huelga de hambre líquida, siendo trasladado de inmediato al tercer piso del módulo H-Norte de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS)

No quería dejar de agradecer a todas las manos solidarias que se movilizaron en Chile y el extranjero. En el DF. México, frente a la embajada chilena en Buenos Aires, a la gente que se concentró el Martes 20 en Arturo Prat con Alameda y luego marchó por el centro de Santiago. Enormes agradecimientos a la gente que respondió y trajo agua frente al CAS, gracias a quienes se fueron detenidos por tener ese gesto solidario. Gracias a un amigo que con muletas y todo, venció el tedio y el miedo y me trajo su contribución de agua mineral, su gesto lo llevo en el corazón y su tatuaje en el brazo. A los cortes de calle con barricadas en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y en la USACH. Al joven que en clase de lenguaje no escribe lo que dicta el profesor y me escribe una carta que es una bocanada de oxígeno. A la gente que sacó propaganda en todas sus formas. Un emocionado abrazo a todas y todos, a los anónimos, al entorno conocido, a los amigos y amigas y a mí querida familia. Sin embargo, hoy más que nunca necesito de ustedes. Necesito que se siga agitando y difundiendo las 3 demandas:

1. Violación al debido proceso durante el juicio, vulnerando el artículo 181 del Código Procesal Penal.

2. Errónea y antojadiza aplicación del derecho en la sentencia. Doble castigo por el mismo ilícito lo que contraviene los principios elementales del derecho penal.

3. Fin a la campaña de mentiras y tergiversaciones de El Mercurio, cuyos puntos más altos han sido la Editorial del 18 de Julio y un artículo del 13 de Julio en que mienten groseramente al señalar que mi ADN estaba presente en otros 3 atentados explosivos.

En los próximos días (Lunes o Martes) se verá la admisibilidad del recurso de nulidad presentado por mi defensa. De hecho, uno de mis objetivos era sacar este tema de lo puramente jurídico y llevarlo a la calle, a las paredes, a la agitación y a la lucha con mi propio cuerpo. En el caso que se dé la admisibilidad, en las próximas semanas se sucederán alegatos, por lo que hago un llamado a manifestarse y a continuar la propaganda y la lucha por mis demandas. Los motivos de salud me impedirán estar presente como me habría gustado, pero les pido humildemente que ustedes puedan estar presentes.

Un abrazo agradecido a todas y todos.

HANS FELIPE NIEMEYER SALINAS

CÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD, 3° H-NORTE.

SANTIAGO, CHILE

“Como una consecuencia del mantenimiento del orden interior se hace necesario dictar preceptos para asegurar el completo y perfecto ejercicio de libertades individuales y todos los derechos que especialmente garantiza la Carta Fundamental; pues sin el ejercicio de estos derechos, el orden vendría a ser tiranía y despotismo”

(Mensaje del Código Penal chileno, 29 de octubre de 1873)

“Dígase lo que se quiera; lo fundamental es mantenerse y conservar el buen orden del Estado”

(Napoleón, Comentarios a El Príncipe, de Maquiavelo)

El viernes 12 de julio del presente año, el Séptimo TOP de Santiago dictó una condena en mi contra por un atentado explosivo ocurrido en noviembre de 2001 a 5 años y 300 días de prisión efectiva, sin derecho a beneficios por infracción a la ley de control de armas y explosivos y el delito de daños.

Esta condena concitó la alegría y los aplausos de la derecha, el gobierno y el duopolio de la prensa escrita, donde incluso el diario El Mercurio se permitió dar una vuelta de tuerca más en su sibilino y venenoso estilo, mintiendo desvergonzadamente en un artículo de la periodista Leslie Ayala y en una posterior editorial señalando que mi ADN estaba presente en otros 3 atentados explosivos por los que fui acusado y absuelto.

El Ministro del Interior Andrés Chadwick, un fascista de Chacarillas, calificó la pena como ejemplar y aplaudió rabiosamente. Estas reacciones sólo demuestran a confluencia de las distintas facciones del poder en la estrategia contra lo que ellos denominan como su nuevo enemigo interno, dentro de lo que podemos contar a la UDI, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y la prensa hegemónica, cada uno cumpliendo su misión.

Tampoco puede desconocerse el hecho de la venganza por parte del Estado por haber estado casi 5 meses prófugo, desde el 7 de diciembre de 2012 al 26 de abril de 2012, al ejercer mi derecho a rebelión al encontrarse el juicio suspendido en el Tribunal Constitucional y pretender mantenerse la prisión preventiva, lo que configuraba una situación arbitraria e ilegal que la mayoría de la prensa calló.

Sin embargo, esta sentencia, al tener un trasfondo político y supuestamente aleccionador, ha incurrido en graves situaciones de ilegalidad que atentan contra el debido proceso y los derechos establecidos constitucionalmente, ante esta inaceptable situación, agravada por el hecho de que en un procedimiento disciplinario de Gendarmería de Chile se decidió castigarme por el hallazgo de un cuchillo en una celda que comparto con otras 3 personas privándome de toda visita por el lapso de 3 semanas, sólo me queda enfrentar con mi último recurso que es el inicio de una huelga de hambre líquida desde el día 13 de agosto, de carácter indefinido.

Los objetivos de esta movilización son los siguientes:

1. Denunciar públicamente la flagrante ilegalidad y violación al debido proceso ocurrida durante el juicio oral en mi contra llevado a cabo por el Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal, que significó haber valorado las declaraciones del testigo Cristián Pérez Mancilla, oficial de la Dipolcar, quien no declaró ante la Fiscalía durante la investigación, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 181 del Código Procesal Penal; además, la ilegalidad que significa aplicar un doble castigo en la sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal al condenarme por la ley de control de armas y explosivos y luego por el delito de daños, aplicando 300 días de prisión efectiva considerando el hecho de haber ocupado un artefacto explosivo casero de bajo poder como un agravante, en circunstancias que ese hecho ya ha sido sancionado al aplicar la ley de control de armas y explosivos. En la práctica, esta situación constituye un doble castigo por un mismo hecho, y fue la única manera en que el Poder político se asegurara de aplicar una pena efectiva, evidentemente desproporcionada, y que resulta mucho mayor que la que se aplica todos los días por delitos contra las personas. El problema es que en su ejercicio matemático de acumulación de penas este Tribunal violó principios básicos del derecho penal, y que en lo relativo a lo que los abogados penalistas llaman “prohibición de doble valoración”, resulta una obligación clara dirigida hacia los jueces en el artículo 63 del Código Penal vigente.

2. Denunciar públicamente al diario El Mercurio y a la periodista Leslie Ayala, quienes en una editorial del día jueves 18 de julio y en su artículo del sábado 13 de julio, mienten groseramente al señalar que mi ADN estaba presente en los otros 3 atentados y por los que fui absuelto, esta afirmación es absolutamente falsa y jamás algo así, ni nada que se le parezca, fue afirmado por perito alguno y nada hay al respecto en la carpeta de investigación, aun con el carácter sesgado y parcial que tuvo está.

(Nota: http://www.hommodolars.org/web/spip.php?article4964 Clikear y ver en la nota original de lo que puso la periodista, pueden ver un extracto del lloriqueo de El Mercurio donde dicen la misma imbecilidad con el titulo ¿funciona la ley antierrorista?…para que vea que las editoriales no tienen ni sustento, puede revisar la sentencia donde por más que buscamos esa afirmacion…no la encontramos )

Este hecho, sin embargo, no debiera llamar la atención, toda vez que se suma a una larga lista de irregularidades y tergiversaciones que ha realizado El Mercurio al cubrir mi caso y que no pueden hacer sino concluir que existe una desigual campaña en mi contra de parte de ese diario. Sólo recordemos cuando El Mercurio accedió a la carpeta de investigación cuando ésta estaba en etapa de secreto y mi defensa no podía tener acceso a ella. Esa vez también fue para mentir, denunciando un imaginario vínculo con Luciano Pitronello, hecho ni siquiera mencionado en el juicio. El segundo hecho ocurrió cuando el inescrupuloso Fiscal Raúl Guzmán filtrara al diario El Mercurio el informe pre-sentencial de Gendarmería, un día antes de los alegatos finales del juicio y antes de ser presentados al Tribunal y a la defensa.

3. Denunciar el trasfondo político del juicio, en que se ocupó la aplicación del derecho penal para dar una señal ejemplar para los delitos relacionados con atentados explosivos como lo reconoció el propio Ministro del Interior Andrés Chadwick.

A lo anterior se agrega la decisión de Gendarmería de Chile de mantenerme recluido en un módulo distinto a aquel en que se llevaba a efecto mi encierro hasta el 7 de diciembre del año pasado, y en que las condiciones mismas de sobrevivencia de los presos implica una violación flagrante de derechos y garantías proclamados por las propias leyes y la Constitución, que genera un clima de insanidad y violencia acicateado por allanamientos de Gendarmería donde el negarse a acusar a otros tiene por consecuencia que la sanción se aplique necesariamente sobre quien mantiene esa dignidad humana mínima. Se busca ejemplarizar así hacia dentro y hacia fuera de la prisión, en un claro mensaje de reforzamiento del control y el sometimiento.

Llama la atención que la resolución del Tribunal que autoriza la aplicación de este castigo adicional (¿cuántas veces me han castigado ya por los mismos hechos?), aluda a que la razón de ser de éste sería “el hallazgo de un arma blanca en el sector en el cual habita”. Resulta evidente que acá no estamos ante lo que los juristas llaman “debido proceso”. Y es más: se supone que a en el Derecho penal no se sanciona a personas, sino que a actos.

Es por eso que hago un llamado a familiares, amigos y personas solidarias de cualquier parte del mundo a hacerse parte de la denuncia de estos puntos y la represión que lleva a cabo el Estado chileno contra los disidentes a los que considera enemigo interno, a apoyar mi movilización exigiendo: la revisión del juicio por la Corte Suprema; la reducción de la pena impuesta y concesión de penas sustitutivas de cumplimiento en libertad, y en un plano inmediato, el traslado al módulo J de la Cárcel de Alta Seguridad en lo que quede de proceso y condena.

HANS FELIPE NIEMEYER SALINAS

12.455.327-K

CARCEL DE ALTA SEGURIDAD, Sección de Máxima Seguridad. Pedro Montt 1902, Santiago

Concepcion. Absuelto compañero acusado de lanzar una bomba molotov contra un carro lanzagases

El 31 de Julio se inicio un juicio contra el compañero Pablo Amador Toledo Sepúlveda (21) acusado de atacar con un artefacto incendiario un carro lanza gases de la policía el 18 de Octubre del 2013 a las afuera de la Universidad de Concepción

Tras finalizar el juicio, el tribunal absolvió al compañero de forma unánime:

Atentado contra la autoridad: Absuelto

Porte de artefacto incendiario: Absuelto.

Pablo habría prestado declaración ante el tribunal reconociendo la participación encapuchada en la protesta pero negando los delitos del lanzamiento de la bomba molotov y las supuestas dos bombas molotovs encontradas en su mochila.

Finalmente el 12 de Agosto a las 13:00Hrs se leerá la sentencia absolutoria contra Pablo.

Saludamos a Pablo, quien enfrento este proceso judicial que buscaba condenarlo a prisión, anularlo políticamente y de paso darla señal de castigo a quienes ejercen la lucha callejera.

Nos alegra profundamente recibir la información de primera fuente, aun sin conocernos, y las breves palabras que envió Pablo para contar su absolución están repletas de energía y alegría ante las expectativas frustradas por parte de la fiscalía.

¡A fortalecer las redes de solidaridad!

¡Apoyar, Acompañar y Solidarizar con lxs procesadxs de la lucha callejera!
Compañero Sebastián Saldaña en la calle!

El compañero antiautoritario Sebastián Saldaña Zapata, permanecía encarcelado por portar y lanzar una bomba molotov el 29 de Marzo de este año.

Es el 1 de Agosto del 2013 donde Sebastián consigue salir de la prisión. Según lo que tenemos entendido habría accedido a un juicio abreviado.

¡Saludos compañero!

¡Defender y Apoyar a los presos y procesados de la lucha callejera!

El sociólogo Hans Niemeyer, condenado a cinco años y 300 días de presidio efectivo por fabricación y colocación de un artefacto explosivo, inició este lunes una huelga de hambre de carácter líquida.

El profesional denuncia sanciones penitenciarias injustificadas y ser objeto de una pena excesiva decretada, a su juicio, a modo de “señal política”.

Niemeyer inició este lunes una huelga de hambre líquida en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, lugar donde donde cumple una condena por la fabicación y colocación de un artefacto explosivo en la sucursal de Macul del Banco BCI, en noviembre de 2011.

Según explicó a La Radio el abogado defensor Julio Cortés, Niemeyer concretó la acción de protesta luego de que Gendarmería le prohibiera ser visitado por sus familiares, debido a que funcionarios penales encontraron un cuchillo en la celda que comparte con otros reclusos.

Este hecho, sumado a la pena dictaminada por el Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en julio recién pasado, serían los motivos de la huelga de hambre de Hans Niemeyer.

En la arista judicial, dentro de dos semanas se podría resolver la admisibilidad del recurso de nulidad presentado por la defensa de Hans Niemeyer ante la Corte Suprema.

Rodrigo Román, también defensor del sociólogo, insistió en que la condena de Niemeyer fue “excesiva”.

De forma paralela al recurso de nulidad, que apunta al fondo de la sentencia, también se tramita un requerimiento de apelación que cuestiona el que se hayan desestimado la atenuantes en el caso, las que hubieran permitido a Niemeyer cumplir su pena en libertad.

El Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago dio a conocer este viernes la sentencia en contra del sociólogo Hans Niemeyer, culpable de colocación de artefacto explosivo y daños.

Según el dictamen leído por la jueza Olga Ortega, Niemeyer deberá cumplir 5 años de presidio por colocación de artefacto explosivo, y 300 días de reclusión menor por los daños provocados, sin beneficios.

Lo anterior, por el atentado que protagonizó el 30 de noviembre del año pasado en una sucursal del Banco BCI.

El profesional se encuentra en prisión desde el pasado 26 de abril cuando fue capturado por la PDI en Estación Central, tras mantenerse prófugo de la justicia.

Consultado por Radio Bío Bío, el abogado de Niemeyer, Rodrigo Román, calificó de “desproporcionada” la decisión judicial, adelantando que presentarán una apelación no descartando incluso un recurso de nulidad.

“Ni por lejos estábamos en presencia de un delito terrorista, pero lo que ha hecho el tribunal (…) ha impuesto una pena excesiva que carece de fundamento”, sentenció.

Recordemos que el Ministerio Público solicitaba una pena de 10 años de cárcel, mientras que para la defensa esta pudiera establecerse en 541 días de pena remitida, además de una multa de entre 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales por los daños.