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¡Mi casa: monumento nacional!

Tue, 27 Oct 2009 00:03:31 Z

Artículo eluniversal.com, de Orlando Viera-Blanco // ¡Mi casa: monumento nacional!

La providencia enlista bienes como el Centro Médico, la Nunciatura, Casa del Artista...

En Gaceta Oficial 39.272 de fecha 25/09/09, fue publicada la providencia administrativa No. 019/09, que declara "manifestaciones culturales tangibles", 1.216 inmuebles del municipio Libertador que quedan sometidos a la venia del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), para ser enajenados.

En condiciones normales -en un Estado democrático, liberal de derecho-, apartando el exagerado y disparatado mix de bienes "catalogados", y omitiendo las implicaciones constitucionales (carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los bienes que constituyen patrimonio cultural; art. 99-CBV), tal resolución sería laudable. Sin embargo, de cara al texto de la providencia, no podemos sino anticipar, estamos en presencia de un instrumento a lo menos confuso, que haciéndose del valor de la cultura podría usarse para espolear la propiedad privada.

La resolución se "fundamenta" en el calco artificioso del art. 20 de la Ley Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, referido a Monumentos Nacionales: "Los jueces, registradores, notarios y demás autoridades, notificarán al I.P.C., la presentación de cualquier documento de enajenación o de constitución de gravámenes, limitaciones o servidumbres sobre bienes de propiedad particular declaradas monumentos nacionales [o bienes de interés cultural], y se abstendrán de dar curso a los mismos, si no contare con el cumplimiento de la ley". En corchetes coloco la coletilla, "BIENES DE INTERÉS PATRIMONIAL", PORQUE ESTA CATEGORÍA NO APARECE EN EL TEXTO DE LA LEY. AL AGREGAR ESE "COMODÍN", LA PROVIDENCIA IGUALÓ LA FIGURA DE BIENES DE INTERES CULTURAL A "MONUMENTOS NACIONALES", ADJUDICÁNDOLE (ARTERAMENTE), UNA RESERVA REGISTRAL QUE NO APLICA. Además, ¿qué relevancia tiene notificar al IPC la venta de un bien de interés cultural, si los mismos no son susceptibles de enajenación a la luz de la CBV? ¿Se ensartaron solitos o lo hicieron adrede?

La providencia enlista bienes como el C. Médico-S/Bernardino; la Nunciatura apostólica; Colegio de Ingenieros; Casa del Artista, el río Guaire, Parque y Urb. El Pinar, torres América y La Previsora; campos de golf y caballerizas del Caracas C.C., C.C. Chacaíto, Cedíaz, Los Cedros; Profesional del Este; Funeraria Vallés, Sinagoga Tiferet, Sede de la Unión Israelita; UCAB& etc. ¿Bajo qué parámetros de categorización y motivación fueron elegidos?

Estamos en presencia de un "cerco cultural" írrito (no son monumentos nacionales), que limita la disposición de esos bienes. Entretanto el alcalde Ledezma -primera autoridad llamada a protestar-, se retrata con Rajoy o Felipe González, y el resto de la oposición se jorunga el ombligo ¡por unas primarias! Es la picardía del socialismo del siglo XXI, que se escurre& en nuestras narices. vierablanco@cantv.net. El Univesal, 28-10-09.

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Publicación de patrimonios genera temor en usuarios

Tue, 20 Oct 2009 21:32:07 Z

Publicación de patrimonios genera temor en usuarios. Bienes culturales aparecen ahora en Gaceta, pero fueron listados hace 2 años. (UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO. LA SEDE APARECE EN LA LISTA PATRIMONIAL.)

Una lista de 1.216 bienes de interés cultural publicada en Gaceta Oficial encendió los rumores de intervenciones a la propiedad privada en Libertador. En el inventario, declarado por el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), aparecen colegios públicos y privados, calles, avenidas, urbanizaciones enteras, casas, edificios, árboles, iglesias, cines, teatros, hospitales, parques, hoteles, plazas, paseos y quintas.
La lista fue elaborada entre los años 2004 y 2007. El libro que los compila fue bautizado en septiembre del 2008 por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, fue la aparición en la Gaceta lo que alteró a usuarios, propietarios, arrendatarios y curiosos. El hecho de que un inmueble figure en la declaratoria implica que las modificaciones de la estructura deben ser informadas al IPC y pueden ser paralizadas, en caso de que se inicien sin autorización del organismo. En el colegio San José de Tarbes de El Paraíso, por ejemplo, no comprenden qué significa la declaratoria. "Nadie nos ha explicado cómo nos afecta, qué tenemos que hacer o qué no podemos hacer. Los representantes nos han preguntado y no sabemos qué decir", dijo Rebeca Matute, coordinadora general. Los colegios La Salle La Colina, Cristo Rey, La Concepción, de Montalbán, El Carmelo, Fray Luis de León y Nuestra Señora de Lourdes aparecen entre otras decenas de planteles con interés arquitectónico o histórico. Roberto Dorta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, explicó que la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (que data de 1993) establece restricciones a la propiedad privada. Sin embargo, no impide la venta. "Hemos manejado casos de personas que viven en edificios patrimoniales y solicitan un permiso al IPC para modificar la fachada. Han dado la autorización en dos semanas. Lo que yo sugeriría es que el Gobierno ayude a preservarlos", dijo. Para el abogado José Rafael Lovera, la Gaceta deja en estado de indefensión a los usuarios. "No hay una definición clara de bien de interés cultural. Si tengo un inmueble y me parece que no es patrimonio, no tengo un parámetro para argumentarlo. La Ley tiene fallas de técnica legislativa y deja mucho a la discrecionalidad administrativa. Esto puede prestarse para interpretaciones de todo tipo", dijo. Manipulación Hannia Gómez, presidenta de la Fundación de la Memoria Urbana, quien hizo sugerencias al IPC para la lista patrimonial, cree que los temores se vinculan al sector de la construcción. "La declaratoria se ha hecho en todos los municipios y no se armó esta bola de rumores. Creo que quieren generar miedo en la gente para que venda sus propiedades de valor arquitectónico, que no estan en la lista, a precios de gallina flaca y así poder demoler como quieran", afirmó.

TRAPICHE MONTALBÁN. Ubicado al lado de la Conferencia Episcopal Venezolana en Montalbán. Los graffitis inundaron su fachada. La vegetación aún lo rodea en forma generosa. Una parte de su espacio aloja una pequeña oficina de la organización Caritas, que pertenece a la Iglesia católica y que apoya a los refugiados.
UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO. LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN ANTÍMANO HA SUFRIDO MODIFICACIONES IMPORTANTES EN LA ÚLTIMA DÉCADA. SE HAN AÑADIDO EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, CANCHAS Y EN LA ACTUALIDAD SE CONSTRUYE UNA NUEVA BIBLIOTECA. LA SEDE APARECE EN LA LISTA PATRIMONIAL.

SAN JOSÉ DE TARBES DE EL PARAÍSO. El colegio, la capilla y el teatro de esta sede educativa que suma 118 años figuran en la lista elaborada por el Instituto de Patrimonio Cultural. Sus jardines, fachadas e instalaciones se encuentran bien preservadas en general. La sede de La Florida también aparece en el listado.

Regulación de bienes culturales

- La "Gaceta Oficial" número 39.272 del 25 de septiembre publica los 1.216 bienes culturales de Libertador inventariados entre los años 2004 y 2007
            - Entre los considerandos de la "Gaceta" aparece: "Que toda declaratoria de bienes tangibles como Bien de Interés Cultural constituye una restricción y obligación al derecho de propiedad establecidas por la ley, y en consecuencia son actos registrables por efecto de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural en concordancia con el encabezado del artículo 1920 del Código Civil"
            - Otro considerando de la "Gaceta" explica "Que toda intervención de los bienes culturales inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural que pudiera afectar los valores que motivaron su inclusión en el mismo, deberá ser previamente autorizado por el Instituto del Patrimonio Cultural"
- La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su Reglamento fue aprobada en 1993. El artículo 24 establece que cuando un bien sea declarado por el IPC: "La notificación será notificada al propietario, quien deberá hacer del conocimiento del IPC las traslaciones de propiedad que efectúe sobre las mismas"
            - El artículo 28 dice que "El IPC tiene la facultad de impedir o paralizar cualquier trabajo que se realice sin su aprobación (...) y en caso de que se haya comenzado o concluido, podrá ordenar que se proceda a reponer el bien
- Hannia Gómez, presidenta de la Fundación de la Memoria Urbana, considera que las alcaldías y gobiernos locales deben actualizar sus legislaciones acerca del patrimonio y promover los incentivos para los dueños de bienes de interés cultural. "Pueden descontar impuestos para que los dueños de casas las mantengan, o cambiar su zonificación para beneficiarlos. Ningún municipio de Caracas lo ha hecho. Es una deuda que tienen", comentó. Briamel González Zambrano. EL UNIVERSAL, 20-10-09.

1.216 edificaciones de Caracas fueron declaradas de interés cultural

Tue, 20 Oct 2009 00:49:45 Z

LA GACETA PUEDE SER DESCARGADA DESDE LOS DOCUMENTOS DE ABOGADO.COM.VE (DIRECTAMENTE AQUÍ: http://cid-fbf093a6ce3bec8f.skydrive.live.com/self.aspx/DOCUMENTOS%20www.abogado.com.ve/Varios/GO^_39272^_25SEPT09.pdf)

Entre las construcciones destacan las autopistas Valle-Coche, Francisco Fajardo y Caracas-La Guaira; las avenidas Urdaneta, Bolívar, Libertador y Boyacá; los ríos Guaire y Valle, distribuidores La Araña y El Pulpo, el túnel de El Paraíso; sitios naturales como los petroglifos de El Ávila, de Caracas o el Parque Nacional Warairarepano.
(28 de septiembre 2009 | 01:46 pm – ABN)

Este lunes fue publicada en Gaceta Oficial Nº 371.827, la resolución del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) por la cual quedan legalmente declarados como Bienes de interés cultural, 1.216 construcciones repartidas en gran parte de la ciudad capital.

Altagracia, Antímano, Caricuao, Catedral, Coche, El Junquito, El Paraíso, El Recreo, El Valle, La Candelaria, La Pastora, La Vega, Macarao, San Agustín, Santa Rosalía, San Bernardino, San José, San Juan, San Pedro, Santa Teresa, Sucre y 23 de Enero, son las parroquias donde están ubicados estos bienes que aparecen en el I Censo del Patrimonio Cultural y en el Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano del municipio Libertador del Distrito Capital.

Con esta resolución, el Estado a través del IPC, vela por la preservación, defensa y salvaguarda de las obras, conjuntos y lugares creados por el hombre, que constituyen elementos fundamentales de la identidad étnica y cultural del venezolano.

Autopistas, avenidas, ríos, árboles, sitios arqueológicos, parques, haciendas, edificios públicos y privados, casas, colegios, plazas, museos, iglesias, teatros, estaciones de metro, cementerios, entre otros; están dentro de esta declaración.

Así, cualquier intervención que se quiera realizar y que pudiera afectar los valores que motivaron la inclusión de estos Bienes como de Interés Cultural, deberá ser previamente autorizada por el IPC; y si no fuera así, se aplicará una sanción entre 500 y mil UT (Unidades Tributarias).

Entre las 1.216 construcciones destacan las autopistas Valle-Coche, Francisco Fajardo y Caracas-La Guaira; las avenidas Urdaneta, Bolívar, Libertador y Boyacá; los ríos Guaire y Valle, distribuidores La Araña y El Pulpo, el túnel de El Paraíso; sitios naturales como los petroglifos de El Ávila, de Caracas o el Parque Nacional Warairarepano.

En cuanto a edificaciones, emblemas de Caracas como el Panteón Nacional, el edificio La Previsora, la Plaza Bolívar, Catedral de Caracas, el Parque El Calvario, el centro histórico, el Teatro Teresa Carreño, el Poliedro de Caracas, la Casa del Artista, el Hotel Humboldt, el Mercado de Guaicaipuro, el Parque Los Caobos, la Plaza Venezuela, Centro Simón Bolívar, el bulevar de Sabana Grande, el teleférico, Los Próceres, el Círculo Militar, Hotel Ávila, el Helicoide, el Observatorio Cajigal, entre muchos otros.

El consultor jurídico del IPC, Octavio Sisco, señaló que con esta resolución no se pretende "congelar a una ciudad", sino dentro del proceso natural de evolución de las urbes, procurar su desarrollo armónico al proteger sus valores históricos, arquitectónicos y culturales.

Agregó que ahora se le participará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a los jueces del municipio Libertador sobre esta resolución, para que notifiquen ante cualquier transacción que ocurra con algunos de estos inmuebles y que con el apoyo del Ministerio del Interior y Justicia y los registros inmobiliarios, se comenzarán a insertar las notas marginales a cada uno de los bienes.

Recordó además, que toda la información sobre este particular, se encuentra en la página web del IPC www.ipc.gob.ve

Fuente: http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/101282/Comunidad/1.216-edificaciones-de-Caracas-fueron-declaradas-de-inter%C3%A9s-cultural

DÓLARES A VENEZUELA

Tue, 06 Oct 2009 02:45:18 Z

¿Qué clase de persona jurídica es catalogada como "empresa extranjera"?

Cuáles circunstancias constata el inversionista extranjero para traer sus dólares a Venezuela? Conforme al ordenamiento jurídico vigente señalamos en esta oportunidad, en atención a la práctica profesional, algunos elementos de mayor relevancia que exigen ser verificados para que el capital foráneo desarrolle su productividad en nuestro país.

Lo primero es la obtención de la Visa de Transeúnte de Negocios ante la autoridad venezolana. Su validez es por un año, con permiso a varias entradas y salidas; incluye el derecho a una prórroga no mayor de ciento ochenta días. Luego, surge la necesidad de proceder al registro de los Estatutos de la empresa para iniciar el tráfico mercantil. Implica contar con la asesoría jurídica adecuada a fin de seleccionar el tipo asociativo idóneo, respetando la legislación sobre Mercado de Capitales y la materia especial de inversiones extranjeras. De seguidas, devendrá la participación y anotación de la inversión en el órgano administrativo asignado, dentro de los sesenta días calendarios siguientes contados a partir de la fecha de registro o constitución corporativa.

Según la Ley actual, ¿qué clase de persona jurídica es catalogada como "empresa extranjera"? El Código de Comercio regula que son sociedades extranjeras las que tengan su domicilio en el exterior, posean o no en Venezuela el objeto principal de sus negocios e intereses. Observamos que el inversor acostumbra recurrir a crear una compañía con personalidad jurídica propia, separada e independiente a su casa matriz. Vale decir, no acude a la figura de la subsidiaria de la empresa madre extranjera; tampoco hace uso de la "sucursal u oficina de representación", por cuanto así se desliga o libera de las obligaciones y pasivos a adquirir, respecto a la sociedad extranjera. Continúa el régimen de la ingeniería jurídica con la elaboración de contratos de exclusividad, transferencia tecnológica y la correspondiente inscripción de marcas o patentes ante el ente nacional competente.

¿Cuáles bienes o activos son tratados en el orden de inversión extranjera en suelo patrio? Aportes dinerarios provenientes del exterior cuyo destino sea formar el capital de una empresa en Venezuela, en moneda convertible o en cosas físicas: máquinas, materia prima, mercancía variada. Precisamos que de acuerdo a la conformación del capital de la sociedad, se fijará el carácter de capital extranjero. Lo será, si los accionistas extranjeros son titulares de más del 49% de la acciones. Se considera empresa nacional en los casos que la participación extranjera es menor del 20%. Acatando la sistemática del blindaje patrimonial, se recomienda al inversor extranjero conformar la infraestructura técnica antes de traer capital al país. Nos referimos al "outsourcing en lo laboral" (empleados y demás incidencias relativas al Decreto de Inamovilidad). Las obligaciones tributarias y proyección declarativa de rentas durante el primer ejercicio gravable. La matrícula selectiva en las instancias públicas: Seguro Social, INCE, Registro de Información Fiscal, Política Habitacional, entre otras. Por último, la empresa extranjera deberá apoyarse en el Factor Mercantil, función que por lo general desempeña un abogado, para enfrentar las citaciones y demás notificaciones en juicios y aún las gubernamentales; todas vinculadas a la sociedad o a sus representantes legales.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM. www.iguala.com.ve

Por: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ. Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/05/20/opi_46281_art_dolares-a-venezuela_860308.shtml

OFENSAS CONDENABLES

Mon, 05 Oct 2009 18:31:39 Z

En un artículo de prensa fueron violados a un ciudadano varios derechos de rango constitucional.

En artículo de prensa publicado en un periódico de circulación nacional, fueron violados a un ciudadano varios derechos de rango constitucional. El ofendido interpuso demanda contra el agresor alegando que le cercenaron sus derechos al honor, vida privada, confidencialidad y reputación. Solicita indemnización dineraria por los daños materiales y morales sufridos. Acudió ante los tribunales penales y civiles; funda la reclamación judicial en el artículo 60 de la Carta Magna. Los hechos son los siguientes: nuestro patrocinado estaba siendo investigado como denunciado en un proceso penal en curso. No habiendo sido aún señalado como imputado, los denunciantes acudieron a la prensa y en nota periodística afirmaron varios eventos y pronunciamientos oprobiosos.

Como reacción inmediata el presunto injuriado hizo uso de la acción de amparo constitucional. Ante un juzgado superior en jurisdicción civil (Art. 7 de la Ley de Amparo; y 5.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) peticionó el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Precisamos que por ser declarada con lugar dicha acción, la misma constituyó el requisito previo necesario para proceder a demandar por responsabilidad civil a los ofensores, denunciantes penales. El tribunal dictó sentencia condenatoria ordenando la reparación pecuniaria del daño moral padecido por el agraviado. Demostramos que las informaciones difundidas por el medio de comunicación social determinaron de manera concluyente que, en efecto, fueron vulnerados los derechos al honor, reputación, vida privada, propia imagen, intimidad y confidencialidad.

Sostienen algunos, que en Venezuela no existe la vía legal para obtener reparación económica de daños ocasionados por terceros. Incurren en ignorancia supina quienes aseveran en ese sentido. El fundamento es de rango constitucional; además, el Código Civil autoriza en el artículo 1196 el resarcimiento del perjuicio moral proveniente de hechos ilícitos. Sabemos que la justicia es lenta. Sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal consagra la institución del Acuerdo Reparatorio. Figura procesal esta que permite dar término al juicio penal, cuando el agente causante del daño ofrece indemnizar con dinero a la víctima. Debe tenerse en cuenta que al ocurrir las circunstancias dañosas, lo recomendable es demandar en materia civil y penal. En el caso bajo análisis, quienes iniciaron juicio penal ("denunciantes agraviantes"), terminaron demandados en los tribunales y sancionados a pagar una "indemnización monetaria" para así evitar ser detenidos o presos.

Conforme al Derecho Innovador y la doctrina del cúbrase, protéjase o blindaje patrimonial, lo primordial es "no tener los bienes expuestos" a las acciones judiciales referidas. Todos podemos ser demandados ante los tribunales. Se busca proteger los bienes con función preventiva; ser diligentes o precavidos con nuestro patrimonio. Lo correcto y ético es pagar las deudas asumidas. Pero quien carezca de pasivos, vale decir, aquel que no tenga acreedores, posee absoluta libertad de disponer de sus bienes. Es el momento ideal para blindar la casa, apartamento, terreno, carros, joyas o cuentas bancarias. Cuando el deudor no tiene bienes a su nombre, el acreedor no puede hacer nada para cobrar su crédito; tendrá que esperar a que su deudor adquiera bienes de fortuna, Art. 1863 CC.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM. www.iguala.com.ve

Fuente: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ http://www.eluniversal.com/2008/05/13/opi_46281_art_ofensas-condenables_850468.shtml

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Prestaciones sociales regresarán al esquema vigente antes de 1997

Thu, 01 Oct 2009 13:34:19 Z

El aporte de la empresa por la prestación de antigüedad se hará anual y no mensual, como sucede en la actualidad.

Jornada laboral diaria seguirá en 8 horas, pero el tope semanal bajará a 40 horas.

Luego de varias semanas de debatirse entre diversos esquemas de prestaciones sociales, la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN) le dio luz verde al pasado.

El regreso a la retroactividad en la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) no será parcial o mixto, como se había planteado inicialmente.

Ahora la propuesta que gana más fuerza es sustituir el modelo de prestaciones sociales de los trabajadores, de los actuales cinco días al mes calculados con base en el salario promedio, por un esquema en el que se abonen no menos de 45 días anuales indexados al último salario devengado.

Este aporte al fideicomiso de trabajadores regirá para los primeros cinco años de vigencia de la nueva LOT, pues a partir del sexto año bajará a 30 días al año, según detalló el diputado Francisco Torrealba, quien forma parte de la comisión que redacta las modificaciones al instrumento legal .

Menos maniobra La razón de esta reducción es netamente financiera. Torrealba dijo que regresar a la retroactividad tal como estuvo planteada hasta el año 1997 -de 30 días de aporte anuales a último salario- implicaría para el primer quinquenio una desmejora para el trabajador con respecto al régimen prestacional que rige en la actualidad, pero señaló que ya pasado ese período se nivelan los aportes, según los estudios que se han hecho desde el Gobierno nacional.

El depósito del aporte por antigüedad del trabajadores tendrá un corte al 31 de diciembre de cada año, por lo que el salario que se tomará en cuenta para el cálculo de las prestaciones será el que devengue el trabajador para esa fecha, y no un promedio del año.

El parlamentario agregó que se mantendrá la posibilidad de retirar hasta 75% del dinero depositado en el fideicomiso del trabajador por este concepto. La diferencia es que ahora la liquidez de los recursos será más restringida porque el aporte será anual, no mensual.

Torrealba expresó que apenas se apruebe la reforma de la LOT en segunda discusión, que esperan suceda antes del 15 de diciembre de este año, se iniciará la vigencia de este esquema, así como de otros cambios.

El integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la AN se refirió, precisamente, al resto de las modificaciones que serán incluidas en la normativa, cuya aprobación está en deuda desde hace ocho años.

En tal sentido, se refirió a la reducción de la jornada laboral que, al igual que el regreso a la retroactividad de las prestaciones sociales, representa un mandato constitucional.

Recorte semanal Sobre este tema, Torrealba destacó que el recorte se basará en el tope semanal, no en el diario, de manera que la jornada será de ocho horas diarias y 40 semanales. Actualmente la LOT indica que el tope para trabajar es de ocho horas diarias y 44 a la semana.

Desde el año 2007 en el Ejecutivo se hablaba de disminuir la jornada laboral a seis horas al día y 36 horas semanales, lo que obligaba a las empresas a crear un turno de trabajo en el caso de las empresas de producción continua.

Con la propuesta que va ganando en apoyo en la AN no habrá necesidad de incorporar un turno más, según reconoció el diputado Francisco Torrealba. No obstante, expresó que en los establecimientos de producción continua "es probable que deban aumentar el número de trabajadores".

En general, Torrealba manifestó que la normativa laboral contará con un cuerpo cercano a los 700 artículos, y detalló que serán modificados 500 apartes de la Ley Orgánica del Trabajo que actualmente se encuentra en vigencia.

STEJERO@ELUNIVERSAL.COM

Suhelis Tejero Puntes
EL UNIVERSAL

Fuente: http://www.eluniversal.com/2009/10/01/eco_art_prestaciones-sociale_1592858.shtml

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VIAJES DEL MENOR

Fri, 25 Sep 2009 00:33:46 Z

¿Qué ocurre si uno de los progenitores se niega a suscribir la autorización autenticada?

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente exige el permiso del padre que reside en Venezuela y de la madre que vive en el exterior, cuando el hijo menor de edad viaje fuera del territorio nacional. En el entendido que si el padre o la madre que ejercen la patria potestad en común se encuentra en el extranjero, puede otorgar la aprobación para viajar ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela respectivo. Lo explicado constituye el régimen jurídico vigente sobre las autorizaciones debidas en los casos de traslados al exterior a efectuarse por los niños, niñas y adolescentes.

Ahora bien, surge la pregunta: ¿Qué ocurre si uno de los progenitores residente en Venezuela se niega a suscribir dicha autorización autenticada? La respuesta la encontramos en la ley señalada. Cuando la persona a quien corresponde conferir el consentimiento para viajar, rehúse hacerlo o hubiere desacuerdo entre los cónyuges en ese sentido, aquel de los padres que autorice el viaje, o el hijo si es adolescente, puede acudir ante el juez y exponerle las circunstancias, a fin de que éste declare lo que convenga a su interés superior.

En la situación particular que nos ocupa se trata de una menor de edad que habita en otro país. La madre y la niña deciden viajar a Venezuela para disfrutar las vacaciones junto a sus familiares. Al momento de regresar, el padre con domicilio en suelo patrio rechaza conceder el traslado al exterior de la menor y les manifiesta que se queden junto a él. Los tribunales de justicia han sentenciado en atención a las normas indicadas, que cuando ambos padres detentan la titularidad de la patria potestad del menor en forma conjunta, aplica la formalidad de la "doble aceptación". Significa que mal podría uno de los progenitores pretender la salida del país de su hija menor de edad, sin la conformidad del otro cónyuge. Toda solicitud judicial que se formule en esos términos resultará desechada por cuanto la ley requiere el asentimiento de los padres. Habiéndose fijado el domicilio de la menor de edad en el exterior, al viajar ésta a Venezuela, el legislador conmina a los padres a dispensar la "venia recíproca" para que la niña retorne a su lugar de origen.

En consecuencia, sufre posición perdidosa y de verdadera desventaja el padre con residencia en Venezuela, cuando su menor hija vive en el exterior y no se advierta su regreso. Precisamos que si bien es cierto que estará legitimado para incoar acciones derivadas de la patria potestad; algunos expertos aducen que en la práctica son infructuosas las diligencias judiciales a intentar por el padre, mientras la menor mantenga su vivienda fuera de nuestras fronteras. Por ello se recomienda tramitar ante la jurisdicción extranjera las demandas pertinentes. Sin embargo, el padre con domicilio en Venezuela, podría emprender medidas preventivas para proteger o preservar los bienes integrantes del patrimonio conyugal ubicados dentro de la geografía estatal. Mediante esa vía, incrementaría su capacidad de negociación y el equilibrio de efectos jurídicos a su favor. Esto último, en estricto acatamiento a la doctrina del "cúbrase, protéjase o blindaje patrimonial", la cual busca enervar las amenazas esgrimidas entre los cónyuges y, cualquier aspiración individual aislada de fundamento legal. El norte es respetar los derechos del menor de edad.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM.

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Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/05/06/opi_46281_art_viajes-del-menor_841069.shtml

Por: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ

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BLINDAR EL PATRIMONIO

Mon, 21 Sep 2009 12:12:16 Z

Las deudas personales de los directores, no son deudas de la compañía, ni viceversa.

Antes de iniciar la explicación de ¿cómo hacerlo?, precisamos: Todo el que contrae una obligación debe pagar. Lo correcto y ético es "honrar la deuda"; significa efectuar el pago puntual. El caso que nos ocupa refiere al individuo que "no le debe a nadie", por tanto, no tiene acreedores. En esas circunstancias, la Ley es lacónica, la persona posee plena capacidad para disponer de sus bienes sin limitación alguna. Hacemos el señalamiento expreso, por cuanto hay quienes sostienen que es antijurídico preservar o proteger el patrimonio efectuando actos preventivos que conduzcan a que la persona no tenga bienes a su nombre. Reiteramos, constituye condición sine qua non para obtener los beneficios del denominado "Cúbrase patrimonialmente": no tener deudas.

Aclarado lo anterior, preguntan: ¿Cuál es el fundamento jurídico de la hipótesis bajo análisis? Al respecto el artículo 263 del Código de Comercio autoriza la figura de las Acciones en Tesorería. Es la adquisición de acciones por la propia sociedad mercantil que las ha emitido. Un ejemplo muy conocido por cuanto ocurre de forma recurrente, y así lo constatamos en nuestra práctica profesional, es cuando un club privado compra una de sus acciones. Uno de los socios del club, no pagó cuotas ordinarias o extraordinarias asignadas a esa acción y el club la remata. No se adjudica a nadie en la subasta pública y el ente social se ve obligado a comprar él mismo, dicha "acción - rematada". Preguntamos: ¿Quién es el dueño de la acción en cuestión? A partir de esa fecha, el propietario es el club. Asimismo, el club puede apropiarse de más acciones en remate mediante tesorería.

Es lícito que una compañía o sociedad mercantil adquiera en propiedad todas sus acciones. Entonces, ¿quién sería la dueña de la totalidad de las acciones de esa empresa? Ella, vale decir, la empresa es dueña de sí misma, por completo. En otras palabras, esa compañía no tiene accionistas a título personal. No hay un socio con nombre y apellido, carece de accionistas con sustrato personal. Lo explicado es autorizado por el orden legal venezolano. Por otra parte, increpan los detractores de la tesis esbozada, que es impugnable al aplicar la teoría del "levantamiento del velo corporativo". Aun "corriendo el velo protector" propio del patrimonio separado de la personalidad jurídica, no se llega o descubre a una persona natural que sea dueña de las acciones. Ello, por cuanto es la sociedad la propietaria de todas sus acciones. Los abogados en Venezuela saben que las deudas personales de los directores, no son deudas de la compañía, ni viceversa. La fusión de sociedades de comercio, representa otra de las aplicaciones de la normativa comentada.

La protección del patrimonio con función preventiva, equivale a blindar los activos personales. Se busca excluir de las demandas de cobro de los acreedores, los bienes siguientes: apartamentos, casas, terrenos, vehículos, avionetas, cuentas bancarias e incluso, las joyas o cosas del hogar; no existe restricción. No hay necesidad de ocurrir al uso de testaferros, ni a engorrosas declaraciones de impuestos ni a las capitulaciones matrimoniales o ventas nerviosas. Visto el alto grado de técnica exigida en el "cúbrase o protección patrimonial", y en razón a que cada situación difiere de otras, lo recomendable es acudir a un especialista de esta rama del Derecho.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM.
www.iguala.com.ve

Por: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ. Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/04/29/opi_46281_art_blindar-el-patrimoni_829132.shtml

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UNA APROXIMACIÓN A LA LOE SIN MIRAMIENTOS IDEOLÓGICOS

Mon, 07 Sep 2009 16:34:49 Z

Un papel de trabajo, en el que participan varias organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en el país, desglosa el instrumento legal, advierte sobre la ambigüedad del articulado y destaca los avances. Ainara Fernández R.afernandez@correodelcaroni.com

Mientras el debate de la nueva ley continúa, los estudiantes de algunos sectores de Guayana esperan mejoras de sus planteles

La premura legislativa determinó la polémica en torno a la Ley Orgánica de Educación (LOE). A partir de ese momento refrendado luego por el Ejecutivo Nacional estalló en el país una dinámica discursiva que ha minado la discusión sincera y prudente de un estamento legal tan importante como el de fijar las líneas maestras del sistema educativo venezolano.

En un clima de creciente conflictividad social, la nueva ley de educación se publicó el 15 de agosto del presente año por medio de la Gaceta Oficial Nº 5.929, con la cual fue derogado el articulado que regía la educación del país desde el 23 de julio de 1980.

Conformado por 7 capítulos, 50 artículos, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y otra final, la LOE es objeto de intensas conversaciones en plazas públicas, medios de comunicación y algunos grupos organizados interesados en dar un debate equilibrado apenas inicie el nuevo período escolar.

Mientras unos muestran su apoyo irrestricto al articulado legal, otros resaltan los aspectos negativos, dejando ambos sectores el análisis constructivo.

Tomando en cuenta esta característica con marcado acento ideológico y aderezado por la polarización políticas, organizaciones que trabajan en promover los derechos humanos metieron el ojo al articulado, desglosando en un informe preliminar los elementos buenos, negativos y preocupantes del mismo.

El documento de las instituciones indica que la ley reconoce la educación como derecho humano, la responsabilidad del Estado como su garante; así como también agrega que los fines de la educación son acordes a los derechos humanos estableciendo el respeto como finalidad de la educación.

Entre derechos
El informe también da como positivo la mención a la prohibición de los castigos corporales; el derecho de las familias a la educación religiosa, “pero de acuerdo con normas mínimas establecidas por el Estado. Reconoce la educación religiosa pero no la promueve. Elimina la educación religiosa escolar específica”.

Agrega que reconoce “varios” derechos humanos del cuerpo docente, como es el ingreso en la carrera docente en condiciones de igualdad, la estabilidad en el cargo, jubilación, entre otras.

Asimismo da valoración positiva a la LOE en materia de igualdad de género, reconocimiento de la interculturalidad bilingüe, y “el derecho a la educación de personas con necesidades especiales, privadas de libertad y adolescentes en el sistema penal”.

Sin embargo, en el informe final explican que “falta mayor alusión, especificidad y obligatoriedad en derechos humanos”. Indica además que: “en los derechos del cuerpo docente no se reconoce expresamente la posibilidad de los docentes a organizarse y negociar colectivamente”.

Entre las ausencias que han determinado representantes de organizaciones por los derechos humanos explican que: “no se reconoce expresamente la libertad de cátedra en todos los ámbitos educativos. La ley tiene muchas ambigüedades”.

LOE VS DERECHOS HUMANOS

Dentro del análisis sobre la Ley Orgánica de Educación, el documento facilitado por la secretaria de medios de la Conferencia Episcopal Venezolana se reconoce la educación en procura de un “nuevo republicano”, “un nuevo orden productivo nacional, humanista y endógeno”, así como “un nuevo modelo de escuela”, “una nueva ciudadanía con responsabilidad social y la formación de nuevos republicanos y republicanas sin que se explique su significado y alcance”.

En el balance entre la ley y los derechos humanos expresan que “la rectoría y dirección estratégica de la educación se reserva al Estado y es más desarrollada que la obligación que tiene en el cumplimiento de la función de servicio público. Esto hace percibir a la Ley como instrumento que garantiza más la supremacía del Estado docente que los resultados esperados en el desarrollo de la población y las satisfacciones de sus necesidades y expectativas”.

Además explica que el articulado “destaca la incorporación de sujetos sociales externos cuya pertinencia no se precisa en función del rol, conocimiento y legitimidad dentro de la comunidad educativa”.

Temas tan esenciales para la educación como los mecanismos de asociación público-privados no son tomados en cuenta en la ley, donde se incluirían las instituciones subsidiadas por el Estado, como es el caso de Fe y Alegría, entre otras fundaciones.

Para las organizaciones que velan por los derechos humanos la autonomía universitaria está siendo restringida, así como también la potestad de la sociedad a la limitación de la oferta de carreras.

Por otra parte se omiten: “la participación privada en la prestación del servicio educativo como parte de la libertad de enseñanza; el subsidio y apoyo técnico a las instituciones educativas sin fines de lucro; las actividades educativas no formales y extraescolares; la formación religiosa y la participación ciudadana en el diseño del sistema educativo y del currículo nacional”.

Rapidez legislativa

El análisis sobre la Ley Orgánica de Educación y otras organizaciones nacionales destacan la rapidez con la cual se aprobó el articulado final, recordando que la norma fue aprobada en época vacacional cuando docentes y alumnos estaban fuera de las aulas.

Es de resaltar que el documento de ley aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional en el 2001, es un articulado completamente distinto a la nueva LOE.

El informe de las distintas organizaciones por los derechos humanos señala que se les negó la posibilidad de participar en la creación del articulado violando así la Carta Magna.

Avances en materia de DD HH

- Prohibición de los castigos corporales; igualdad de género, reconocimiento de la interculturalidad bilingüe, y el derecho a la educación de personas con necesidades especiales, privadas de libertad y adolescentes en el sistema penal.

Preocupaciones

- La incorporación de sujetos sociales externos cuya pertinencia no se precisa en función del rol, conocimiento y legitimidad dentro de la comunidad educativa; se omiten la participación privada en la prestación del servicio educativo como parte de la libertad de enseñanza; el subsidio y apoyo técnico a las instituciones educativas sin fines de lucro; la formación religiosa y la participación ciudadana en el diseño del sistema educativo y del currículo nacional.

NO HAY MEDIDORES DE CALIDAD EN LA LOE”

lunes, 07 de septiembre de 2009

El docente universitario señala que los consejos comunales “no están preparados para saber si un docente ejerce bien o no con respecto a la enseñanza de los niños”, según expresa el texto aprobado por el Parlamento.

Con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) surgen además de las críticas referidas al contenido y el modo sancionatorio otras interrogantes, como por ejemplo qué pasará con el reglamento y las leyes especiales que se derivan del instrumento legal.

Ynanias Toledo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello núcleo Guayana, explicó que debido a la rapidez con la que se sancionó la LOE, y al no existir un reglamento, la ley continuará usando el de 1980.

Para el docente universitario el articulado tiene elementos positivos como el ampliar los días hábiles de clases a 200 por año escolar, “aunque habría que hacer un cambio en el cronograma, con lo cual hay una crítica logística pero sigue siendo positivo”; así como también valora que la jubilación de los docentes se calcule en base al 100 por ciento del salario. También reconoce un avance en materia de ingreso a las universidades.

Aunque considera esenciales los tres elementos que destaca de la Ley, Toledo hace críticas a la LOE argumentando que los consejos comunales como elemento evaluador de los docentes no están capacitados para dicha tarea. “No están preparados para saber si un docente ejerce bien o no con respecto a la enseñanza de los niños”.

Recordó que durante dos años queda a discrecionalidad del ministro de Educación todo el proceso de educación en el país hasta que no se creen las leyes especiales. “En la ley se violenta el derecho a la autonomía universitaria al poner la paridad en las elecciones universitarias (…) allí hay una ideologización de las elecciones universitarias”.

Según el catedrático, con la LOE se violenta el derecho de las personas de informarse sobre un valor cultural como la religión, considerando que era decisión de los padres inscribir a los infantes en colegios religiosos. Explicó que dicho artículo va dirigido a planteles privados donde se imparte la educación religiosa.

Ausencias elementales
De acuerdo con Toledo la nueva ley de educación posee varias faltas que hasta ahora no han sido explicadas. “No se habla de un nuevo currículo, pareciera que las ciencias y el conocimiento no son importantes porque no hay una formulación expresa. Hay ausencia de los alumnos en los artículos, tampoco dice si la educación será un esfuerzo personal o una dádiva gubernamental”.

- ¿Es tomada en cuenta la meritocracia para el acceso a las casas de estudios?

- Tendría que haber una posición acerca de los requisitos que hacen falta para poder ser un profesional digno.

- ¿Hay muchos elementos en el aire con respecto a la nueva normativa?

- Están completamente por el aire, y entonces no sabemos si eso está en la leyes especiales o en la cabeza del ministro.

- ¿Cómo se inicia un nuevo año si hay tantas cosas por definir?

- Lo primero que hará el Gobierno y lo que se debe hacer, porque la educación siempre tiene un carácter público, es informar, que la gente esté informada del nuevo marco jurídico, que es como la constitución educativa.

- ¿De qué forma se garantiza la calidad educativa en la LOE?

- Precisamente esa es una de las ausencias. No hay medidores ni indicadores de calidad. En un proceso novedoso de gerencia los indicadores siempre están presentes. El que no haya un reglamento que acompañe a lo que se ha hecho deja una discrecionalidad del reglamento anterior (…) Eso ni el ministro lo podría responder, porque el indicador de calidad nunca lo definieron.

- La ley establece la creación de un nuevo ser social. ¿Cómo se pude formar bajo preceptos de calidad sin que se tomen en cuenta características individuales de los estudiantes?

- En función de la visión del Gobierno, el ser social es el gran ausente como concepto, hay que recordar que todavía estamos esperando que definan socialismo del siglo XXI. Intentar que lo creen las maestras o la escuela fue la solución más fácil que ha encontrado el Gobierno, ellos pretenden basar su ideologización educativa en las maestras y maestros. (AFR)

Invitación colectiva

Un foro informativo sobre todo el articulado de la Ley Orgánica de Educación (LOE) se realizará el próximo 14 de septiembre en el salón de usos múltiples de la Universidad Católica Andrés Bello, núcleo Guayana (UCAB-Guayana) a las 3:00 de la tarde.

El objetivo de la jornada es dar a conocer el documento para que la colectividad pueda discernir sobre el mismo.

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Cómo hacer un traspaso de vehículos. El INTT descentraliza trámite

Mon, 31 Aug 2009 20:31:37 Z

Desde el lunes 17 de agosto, el Instituto de Transporte Terrestre (INTT) incorporó otras 17 oficinas del territorio nacional al sistema en línea, lo que permitirá descentralizar el trámite de traspaso de vehículo y descongestionar las sedes de la capital.

Hasta entonces, esa diligencia sólo se podía hacer en las tres oficinas ubicadas en el Área Metropolitana: La California, El Llanito y Los Chaguaramos.

Las primeras oficinas en sumarse serán las de Maracay, Barinas, Ciudad Bolívar, San Félix, Barquisimeto, Maturín, Acarigua, Valencia, San Carlos, Carúpano, San Cristóbal, Valera, Chivacoa y Maracaibo.

Tal como afirmó Jorge Castillo, presidente del INTT, se espera que en los próximos meses se unan progresivamente al sistema en línea y las otras 59 oficinas del territorio nacional.

REQUISITOS Depósito bancario en efectivo de BsF 10 para adquirir el sobre de registro de vehículo

Fotocopia de póliza del seguro de responsabilidad civil (vigente)
Fotocopia de la cédula de identidad del propietario (vigente y legible).
Documento de compra-venta notariado original o copia certificada con sellos húmedos.
Depósito en efectivo de BsF 1,5 para adquirir el sobre para la solicitud de revisión del vehículo.
Depósito en efectivo de BsF 16,50 para constancia de revisión del vehículo.
Depósito en efectivo de BsF 22 por cada traspaso. Se permite dos por sobre.

LA CIFRA 1.576 traspasos de vehículos se han realizado en el territorio nacional desde el pasado 17 de agosto, cuando 17 oficinas regionales del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) se incorporaron al sistema en línea.
LA FRASE
"El sistema en línea facilitará el trámite, pues el usuario no tendrá la necesidad de venir a Caracas"
Jorge Castillo. Presidente del INTT

REVISIÓN DEL VEHÍCULO. Aquellos propietarios que requieran hacer la revisión de su vehículo deberán acudir a la avenida Río de Janeiro, en Las Mercedes (a la altura a Aerocav). Allí, en un espacio un tanto improvisado y poco acondicionado, los funcionarios del INTT chequean un promedio de 50 unidades por día, entre las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. Una vez que se le revise la impronta, deberá retirar la constancia en la sede de El Llanito. (GUSTAVO BANDRES)

LA PROMESA Los trámites se harán con citas

A mediano plazo, se espera que todos los trámites que se tengan que hacer ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) se realicen con citas electrónicas, a fin de brindarle al usuario mayor comodidad.

La experiencia de citas on line se inició el pasado 15 de junio con una jornada especial de matriculación en la sede principal de La California. Desde entonces, el sistema de solicitud de citas a través de la página web www.intt.gob.ve se estableció de forma permanente para el caso de la actualización de placas e, incluso, se extendió a las sedes de El Llanito y Los Chaguaramos.

Hasta la fecha, se han asignado más de 9 mil matrículas con la implementación de este sistema. Para tal fin, se distribuyeron las citas de la siguiente manera: 200 cupos para la sede principal en La California Norte, 100 para El Llanito y 100 para la sede de Los Chaguaramos.

Por tanto, de cumplirse con la promesa, el sistema de citas podrá utilizarse también para obtener el registro original, traspasos, duplicado de registro, liberación de reserva de dominio, corrección de certificado y cambio de características. Lo que supondrá -en teoría- una reducción de aquellas largas y tediosas colas.

(El Universal, 30-08-09)

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La LOE requiere de 24 leyes especiales y 11 reglamentos

Tue, 25 Aug 2009 02:01:39 Z

Leyes especiales. El artículo 6 se refiere a la ley para el ingreso a la carrera docente. En el artículo 12 se establece la prohibición de la propaganda política y el proselitismo político, para ello se elaborará otra ley. En el artículo 16 se prevé "legislaciones especiales" para el desarrollo de la educación física, el deporte y la recreación. En el aparte 25 se exigen leyes especiales para regular "la duración, requisitos, certificados y títulos de los niveles del subsistema de educación básica". En el artículo 26 se señala la necesidad de normar las modalidades del sistema educativo y de sus adaptaciones curriculares, así como la duración, requisitos, certificados y títulos.

Más leyes. Otros artículos donde se establece la necesidad de leyes especiales son el 26, 27, 31, 32, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 47, 49 y 50. Además de las disposiciones transitorias.

Reglamentos. El artículo 9 señala que los "reglamentos regularán la propaganda en defensa de la salud mental y física de la población". En el artículo 12 también se refieren a la reglamentación contra la propaganda política. La responsabilidad social y solidaridad de los estudiantes, Art. 13, también será objeto de una reglamentación.

Otros reglamentos. En el artículo 26, referente a las modalidades educativas, se prevé un reglamento. En el artículo 34, democracia participativa en las universidades, se deja la materia a un reglamento. La evaluación del sistema de educación básica y universitaria, artículo 45, también será objeto de un reglamento. En el artículo 49 se exige un reglamento para normar el año escolar y las especificidades de cada subsistema educativo en cuanto a las regiones y lo étnico-cultural.

gmendez@eluniversal.com. Gustavo Méndez. EL UNIVERSAL, 23-08-09.

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EMPRESAS Y DIRECTORES RESPONDEN

Mon, 10 Aug 2009 21:54:20 Z

Protéjase o cúbrase patrimonialmente, para preservar el medio de producción

El Código Orgánico Tributario, con el propósito de proteger los intereses económicos del Fisco, señala a los directores, gerentes o representantes de las personas jurídicas, responsables solidarios de los tributos adeudados por éstas. Es el desconocimiento legítimo de la protección que brinda la personalidad jurídica que conlleva todo ente social, se le conoce como la teoría del levantamiento del velo corporativo. Surge la pregunta: ¿De qué manera se observa esa responsabilidad solidaria en la práctica? Mediante medidas judiciales dictadas sobre inmuebles propiedad de los directores o dueños de la empresa deudora. Nuestro más alto tribunal de justicia avala la prohibición de vender e hipotecar bienes inmuebles pertenecientes a la persona natural que ocupe un cargo en la junta directiva de la compañía deudora por conceptos de impuestos al erario público nacional.

El legislador prevé que si la empresa incumple el pago de impuestos u obligaciones tributarias, el juez puede acordar medidas en contra de los bienes inmuebles propiedad de la persona natural miembro de la junta directiva social. Nótese que a pesar de ser obligaciones de la empresa, serán llamados a pagar no sólo la sociedad mercantil deudora sino también sus directores o propietarios. Es la responsabilidad solidaria legal; significa la obligación de pagar la deuda en su totalidad por cualquiera de los demandados. El Código Civil de igual modo consagra la solidaridad, en el entendido que el obligado "de forma solidaria" está al lado o junto a la empresa contribuyente en calidad de deudor principal. El recaudador puede exigir el pago de la deuda "a uno u otro" de manera disyuntiva o indistinta: empresa "o" gerente.

La persona natural que figure como parte integrante de la junta directiva de la sociedad deudora del Fisco Nacional, responderá con su patrimonio personal. Sin embargo, en nuestro criterio profesional, hemos argumentado en el foro judicial que mientras la empresa no tenga deudas, no sólo respecto al Fisco sino ante cualquier tercero, dispone de absoluta libertad en cuanto al tráfico mercantil. Vale decir, estando solvente puede realizar sobre su patrimonio el "blindaje, cúbrase o protección" de sus activos y valores. El resguardo patrimonial con función preventiva, equivale a destinar en condición de patrimonio separado y excluyente los bienes asignados a la producción de la empresa. Asimismo aplica en cuanto a los muebles, intereses, acciones y servicios pertenecientes a cada uno de los socios o accionistas del grupo económico.

Aún vigente la norma jurídica comentada, la misma se torna inejecutable cuando la persona natural demandada carece de bienes o activos para responder. El deudor paga con sus bienes; ante la ausencia de ellos: "el acreedor no podrá hacer nada para satisfacer su crédito", salvo esperar a que el obligado adquiera bienes a su nombre. En razón a lo expuesto, recomendamos en caso de acreencias contra la empresa, efectuar el pago. Adquirido el estado de solvencia, son procedentes las diligencias legales tendentes a la protección patrimonial no sólo del activo empresarial, sino también lo relativo al patrimonio de los accionistas a título personal. Protéjase o cúbrase patrimonialmente, es la solución para procurar preservar el medio de producción social antes de la existencia de los acreedores.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM.
www.iguala.com.ve

Por: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ. Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/04/22/opi_46281_art_empresas-y-directore_812677.shtml

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DESPIDOS CON INAMOVILIDAD

Wed, 05 Aug 2009 21:07:27 Z

La solución válida es acudir al citado procedimiento de calificación de falta

MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ // DESPIDOS CON INAMOVILIDAD

Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/04/15/opi_46281_art_despidos-con-inamovi_800085.shtml

El Decreto de Inamovilidad Laboral regirá hasta el treinta y uno de diciembre del presente año. Nuestros representados preguntan: ¿Cuáles trabajadores están amparados o gozan del beneficio legal? Aquellos empleados que devenguen un salario menor de un mil ochocientos cuarenta y cuatro bolívares fuertes con treinta y siete céntimos. Desde el veintiocho de abril de dos mil dos, el Ejecutivo Nacional ha prorrogado en más de doce veces la inamovilidad laboral. Es una medida de carácter imperativa en provecho del trabajador del sector público y privado. El último dispositivo jurídico deriva del Decreto Nº 5.752, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.839, del veintisiete de diciembre de dos mil siete.

Los trabajadores no pueden ser despedidos, desmejorados ni trasladados sin justa causa, calificada de forma previa por la Inspectoría del Trabajo. El procedimiento administrativo se llama: "Calificación de Falta" y corre a cargo del patrono que pretende despedir. La sanción es el reenganche y pago de salarios caídos en beneficio del trabajador que sufra el despedido injustificado. La inamovilidad no se aplica a los trabajadores con cargos de dirección o de confianza; a los que tengan menos de tres meses al servicio de un patrono; ni a los trabajadores temporeros, eventuales u ocasionales; tampoco a los que devenguen un salario básico superior a tres salarios mínimos mensuales (léase Bs.F. 1.844,37). Los funcionarios también están exentos, por cuanto conservan la estabilidad ordenada en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Vigente el decreto de inamovilidad puede despedirse al empleado incumplidor de sus obligaciones. Nos referimos al dependiente deshonesto e irrespetuoso de sus responsabilidades; violador del horario de trabajo o con inasistencias sin justificar. La solución válida es acudir al citado procedimiento de calificación de falta. El patrono no está obligado a soportar los abusos y prácticas desleales de algunos empleados hacia la empresa y sus compañeros de labores. Iniciado el procedimiento, recomendamos no despedir al asalariado hasta que se obtenga la Providencia Administrativa emitida por la Inspectoría. Reconocemos que dicha decisión "demora demasiado". Sugerimos que el patrono solicite autorización relativa a la suspensión temporal de la prestación de servicio del empleado, pero, con goce de sueldo. En consecuencia, el trabajador no se verá desmejorado en sus derechos ya que continúa percibiendo salario. El patrono obtendrá la prerrogativa inmediata de la "no presencia" del trabajador en la sede empresarial. Lo expuesto, genera verdadero "equilibrio" en el medio ambiente laboral.

Lo relevante es que la empresa logre "llevar a juicio al trabajador problemático". En la primera audiencia propondrá la posibilidad de un arreglo económico que ponga término al contrato. El patrono ofertará el pago de la liquidación de prestaciones, no discutirá la entrega de la indemnización por despido injustificado (Art. 125 LOT): la reconocerá sin objeción. La permanencia del empleado en la empresa, es una "situación de hecho, mas no de derecho". El norte es preservar los derechos del trabajador, concediéndole incluso más de lo que otorga la ley. Se busca finalizar la relación mediante consenso entre las partes. Es el cúbrase, protección o blindaje patrimonial de la empresa con función preventiva.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM. www.iguala.com.ve

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ACCIDENTE LABORAL

Wed, 22 Jul 2009 19:48:30 Z

Al emitir segunda opinión legal, recomendamos a la empresa la reparación del daño

Por: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ; Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/04/08/opi_46281_art_accidente-laboral_785148.shtml

Ocurrido el accidente laboral, surge la pregunta: ¿Cómo estima el juez el monto de la indemnización? Al respecto nos correspondió examinar la situación jurídica planteada por un ciudadano que manipulando una máquina en su puesto de trabajo: perdió la mano derecha. El artefacto venía presentando fallas, pero, el trabajador siguiendo órdenes del supervisor, continuó laborando. La máquina se accionó atrapando la mano del operador, por lo que hubo que amputar y "colocarle una mano cosmética de cuatro dedos". El trabajador demandó a la empresa; pretende el pago de la indemnización por daño moral según los artículos 1193 y 1196 del Código Civil venezolano.

Al contestar la demanda, los abogados de la defensa reconocen que hubo relación laboral, el monto del salario y que el "percance" sucedió dentro de la jornada de trabajo. Sin embargo, negaron el pago de la indemnización por cuanto aducen que el accidente no se ocasionó motivado al incumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Locymat) o por tolerarse condiciones inseguras en la sede social. Sostienen que el hecho fatal se produjo por negligencia de la víctima; niegan la existencia del hecho ilícito e increpan que no hay repercusiones psíquicas sufridas por el trabajador. Advierten que el reclamante debe probar la consecuencia del accidente, léase, los daños.

La Ley Orgánica del Trabajo prevé que el patrono responde por el accidente, siendo irrelevantes las condiciones en que acontece, es la Responsabilidad Objetiva. Bastará acreditar la ocurrencia del hecho y el grado de incapacidad o daño sobrevenido para precisar el monto de la indemnización. Por otra parte, la Locymat regula la materia preventiva del riesgo laboral: el patrono responde si el accidente deviene por no corregir las condiciones inseguras advertidas. El empleado probó con testigos que el patrono conocía la situación de riesgo en la máquina defectuosa. El trabajador reclama la indemnización del daño moral por responsabilidad objetiva o riesgo profesional que asume el patrono ante el infortunio laboral. El pago procede aunque no haya habido culpa del patrono. La cosa ha creado un riesgo, por lo que hay obligación legal de resarcir el daño siempre que se pruebe que el hecho generador causó repercusión psíquica o afectiva a la víctima. El demandante tiene que demostrar la extensión de los perjuicios: la incapacidad resultante del hecho que le impide realizar actividades laborales y personales.

Establece la Ley que el juez dispone de amplias facultades para valorar el daño moral. Queda a su discreción fijar la cuantía de la reparación, tomando en cuenta el grado de educación y cultura del reclamante, su posición social o económica y la participación de la víctima en los eventos. Respecto al control de la legalidad del monto acordado, el interesado examinará si el juez motivó la decisión expresando las razones de hecho (pruebas) y de derecho. Puede pedirse la nulidad de la sentencia por falta de motivación ante el silencio de pruebas; al omitir mencionar pruebas promovidas y evacuadas por las partes. Por último, la indexación de la cantidad de dinero acordada para indemnizar el daño moral, aplica a partir de la publicación de la sentencia y no desde la admisión de la demanda. Al emitir segunda opinión legal, recomendamos a la empresa la reparación del daño.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM. www.iguala.com.ve

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SEPARACIÓN DEL HOGAR

Fri, 17 Jul 2009 22:45:16 Z

Los tribunales de Venezuela son los competentes para conocer la controversia

Por: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ; Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/04/01/opi_46281_art_separacion-del-hogar_772062.shtml

Solirda interpuso ante los tribunales venezolanos solicitud de autorización judicial para separarse del hogar con su menor hija. Argumenta entre otros eventos lo siguiente: 1.- Que en diciembre de 2001, contrajo matrimonio civil en Venezuela con el ciudadano Camejus, de nacionalidad mexicana. 2.- Que en octubre 2005, nació en México, la única hija de ambos. 3.- Que dos meses más tarde, por razones de "disparidad de caracteres", viajó con la niña a Venezuela, manifestando su voluntad de quedarse de forma permanente en territorio venezolano. Surge la pregunta: Habiendo permanecido el marido de Solirda en México, y aún hoy teniendo su residencia en ese país, ¿podría Camejus alegar de forma válida que los tribunales mexicanos son los que tienen que tramitar su divorcio u otros asuntos relativos a su hija?

Camejus demandó ante un juzgado en México, que su mujer lo abandonó y que se llevó sin autorización a su hija menor de edad. Denunció a Solirda en la jurisdicción penal por malos tratos y abusos. Asimismo, pidió el divorcio y separación de bienes en la jurisdicción civil. Las autoridades judiciales mexicanas libraron orden de captura contra Solirda y acordaron la guarda de la menor en favor del padre. De manera que, si Solirda pretende regresar a México, sería detenida de inmediato en las instalaciones del aeropuerto y trasladada a un recinto penal "ad hoc". Para el juez extranjero (Iguala, México), el juez venezolano carece de jurisdicción no sólo por cuanto los hechos y demás circunstancias ocurrieron en México, sino que además, el "último domicilio conyugal" se fijó en esa ciudad.

Al asumir la defensa de los derechos de Solirda se sostuvo que en materia de divorcio, la Ley o Derecho aplicable es aquél en el cual el cónyuge demandante establezca su nuevo domicilio. Entendiendo por éste, el lugar donde tiene o fija su "residencia habitual", la cual se determina por el transcurso de un (1) año contado a partir del ingreso al territorio nacional. Lo anterior, se fundamenta de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado. La Ley in comento impera por cuanto existen elementos de extranjería relevantes que imponen deban ser analizados a la luz del Derecho Internacional Privado. Más aún, procede esta Ley visto que el estudio particular arrojó que no existe tratado entre México y Venezuela que regule lo relativo a la materia de divorcio y la situación particular examinada. Alegamos también, los artículos 42 y 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

Los tribunales de Venezuela son los competentes para conocer la controversia, en razón al domicilio del cónyuge que intenta la demanda de divorcio y separación de bienes. Agrega la norma que el cambio de domicilio del cónyuge demandante produce efectos jurídicos después de un año de haber ingresado en el territorio de un Estado para fijar en él la residencia habitual. El tribunal venezolano sentenció que sí tiene jurisdicción para substanciar la solicitud de autorización judicial para que Solirda se separe del hogar conyugal. Aunado a los hechos probados: Solirda es venezolana; el matrimonio fue celebrado en Venezuela; le corresponde según el Art. 264 del Código Civil y Art. 360 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la guarda de su hija por ser menor de siete años de edad.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM. asomivis@cantv.net

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CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Fri, 17 Jul 2009 01:08:36 Z

Las capitulaciones, en algunos casos, son una solución odiosa para los futuros contrayentes.

Por: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ. Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/03/25/opi_46281_art_capitulaciones-matri_752129.shtml

Es el contrato que firman los futuros esposos para precisar el régimen económico sobre los bienes tenidos y por tener cada uno durante el matrimonio. El Código Civil prevé que los bienes están sujetos a las reglas que fijen los cónyuges; en ausencia de ellas, de forma supletoria y obligatoria impera aquél. También obra la ley cuando un tribunal declara la nulidad de las capitulaciones por violar en su redacción normas imperativas de orden público inderogables por la voluntad de las partes. Pero, hasta que no sean declaradas nulas, son válidas y no actuará el sistema legal sustitutivo sobre la comunidad limitada de los bienes gananciales entre marido y mujer, Art. 148 CC. En apoyo citamos jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, junio 2007, "Quintero contra Padrón": No procede el régimen legal sucedáneo estatuido en el Código Civil, cuando las partes han suscrito capitulaciones.

Por ser un contrato solemne, las capitulaciones nacen por documento inscrito en una notaría con jurisdicción territorial en atención al sitio donde se celebre el matrimonio (Decreto Ley de Registro Público y del Notariado, Art. 74 ordinal 8) y antes de éste; so pena de nulidad, Art. 143 CC. Dicho Decreto Ley, deroga la Ley de Registro Público. Sin embargo, aún existen registros que aceptan capitulaciones. Las capitulaciones dan a conocer cómo administrar y disponer en fecha posterior al casamiento, los bienes que cada cónyuge ha adquirido en propiedad antes de la unión y después. Capitulaciones no siempre equivale a separación absoluta de los patrimonios de los cónyuges. A falta de capitulaciones, la ley regula que entre los esposos pertenecen de por mitad las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio. Esta comunidad de bienes donde cada cónyuge es dueño de la mitad, la entiende la ley como una verdadera sociedad, de manera que marido y mujer son socios por haber suscrito el contrato de matrimonio. Reiteramos, son bienes propios de cada cónyuge, los que pertenecen a cada uno para antes de la fecha del matrimonio. Y los que durante el matrimonio cada uno adquiera por donación, herencia, así como los vestidos, joyas o bienes muebles de uso personal del marido o la mujer.

Por práctica profesional, cuando el cónyuge compra un bien con dinero de su peculio personal y desea que así quede entendido, debe indicar en forma expresa en el documento de compra, que lo adquiere y paga de la venta de otro bien de su propiedad. Que la compra la hace para él; no para incrementar el patrimonio conyugal. En refuerzo, quedará confirmado si el otro cónyuge convalida y suscribe la compra.

Las capitulaciones son propias del derecho tradicional; a ellas se contrapone el Derecho Innovador: el blindaje o cúbrase patrimonial expuesto en artículos de prensa anteriores. Aquéllas no son el único caso de patrimonio separado en el Derecho venezolano. En determinadas circunstancias, las capitulaciones son una solución odiosa para los futuros contrayentes; "cuando el novio(a) plantea a la novia(o) suscribir capitulaciones, ya de por sí siembra posibles disputas". Se pueden alcanzar iguales y mejores efectos jurídicos mediante la técnica de la "protección preventiva de los bienes y activos" de cada persona próxima a contraer nupcias. Priva la voluntad de las partes sobre la normativa legal.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM. www.iguala.com.ve

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IMPUESTOS AL BINGO

Wed, 15 Jul 2009 13:48:00 Z

Los ingresos brutos son la base imponible para el pago de la patente de industria y comercio

Por: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ. Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/03/18/opi_46281_art_impuestos-al-bingo_752124.shtml

Son pocas las Salas de Bingo que no han sufrido Reparos por el impago de impuestos municipales. Es un procedimiento administrativo seguido al contribuyente por las actividades económicas causadas y no pagadas al Fisco Municipal, durante un período determinado, por una cantidad establecida por el propio ente recaudador, más una multa y el pago de intereses moratorios. Nuestra práctica profesional constata que la controversia se centra en dos aspectos: I. Pretenden las Alcaldías incluir en los ingresos de la base imponible para el impuesto de patente, los beneficios otorgados a los jugadores que excedan del porcentaje legal de la jugada. II. La pretensión injusta de incluir en los ingresos para la base imponible el suministro gratis de comida, bebidas y licores a los clientes jugadores.

Los ingresos brutos son la base imponible para el pago de la patente de industria y comercio. Las Alcaldías no pueden incluir dentro de los ingresos, los egresos que efectúa la contribuyente para lograr tales ingresos. Así lo regula la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. Yerra la Administración Tributaria Municipal al objetar de esa forma, las declaraciones presentadas por la contribuyente para los períodos fiscales que investiga. Afirma el ente público que los ingresos brutos sobre los cuales debe tributar ésta, resultan de aplicar a los premios pagados un "límite máximo" del porcentaje fijado por la Ley. Alega que la Sala de Bingo no puede pagar por premios más del porcentaje legal de sus ingresos brutos. Al respecto, los tribunales han declarado que por el contrario, se trata de un "tope mínimo", por tanto la contribuyente puede pagar por premios más del porcentaje legal.

Las Salas de Bingo están gravadas con el impuesto del doce por ciento (12%), calculado sobre el monto de los ingresos no destinados a la premiación de los jugadores, teniendo en cuenta que la cantidad de dinero dedicada a los premios no podrá ser menor al setenta por ciento (70%) de los ingresos brutos obtenidos por dicha Sala. Para las casas de Bingo existe un tope mínimo de las premiaciones pagadas no menor del setenta por ciento (70%), dejando la posibilidad que el monto pagado a los jugadores sea superior a esa cantidad. El subterfugio de algunas Alcaldías radica en estimar como ingresos brutos gravables el restante treinta por ciento (30%); cuando lo cierto es que la Ley prevé un mínimo y no un máximo. Al parecer la estrategia es recaudar grandes sumas de dinero a sabiendas que apelar la decisión implica tiempo, gastos y honorarios de abogados. Los municipios deben acatar los márgenes gravables previstos por el legislador. No es lícito requerir el referido ajuste en la base imponible, sobre los ingresos brutos declarados por la contribuyente al ejercer el rubro de "Diversión y Esparcimiento".

En cuanto a la deducción u omisión de ingresos en la que incurre la contribuyente en su actividad de "Bar - Restaurant" al obsequiar a sus asistentes bebidas, licores y alimentos, aclaramos. Los gastos que hace la casa de Bingo al adquirir bienes de consumo, que luego destina de forma gratuita a sus clientes, no forman parte integrante de la base imponible para el cálculo del impuesto sobre patente de industria y comercio. Es incalculable el daño patrimonial que registran las Salas de Bingo por este concepto.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM. www.iguala.com.ve

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AUMENTAN LAS EJECUCIONES

Wed, 15 Jul 2009 03:24:17 Z

Por: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ. Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/03/11/opi_46281_art_aumentan-las-ejecuci_743957.shtml

Cuando el deudor acepta obligarse, lo correcto es que "honre el crédito"

La crisis económica se ha reflejado en la insolvencia de innumerables empresarios deudores de la banca. Unos imputan la causa del problema a la errónea administración de las políticas públicas. Otros, en general, a la severa restricción y controles gubernamentales absurdos que hoy imperan. Lo cierto es que, es una realidad el incremento de las demandas judiciales que tienen por objeto la Ejecución de Hipotecas. Y es que cuando el comerciante deudor entra en estado de morosidad, esto es, incurre en atraso a los pagos de las cuotas hipotecarias, la consecuencia es la demanda incoada por el banco acreedor y el remate del inmueble dado en garantía. Ello implica para el propietario la pérdida del bien y el eventual cierre de su negocio o local.

El juicio de ejecución de hipoteca es "sumarísimo", rápido, en comparación con el proceso ordinario. Según el Código de Procedimiento Civil, Art. 660, el norte de este juicio es cobrarle al deudor el préstamo que recibió del banco. El deudor al asumir la obligación garantiza el pago con un inmueble de su propiedad o de un tercero. De forma que visto el impago, el bien será rematado en pública subasta al mejor postor. En fin, quien ha sido demandado por ejecución de hipoteca, tendrá que pagar o perderá el inmueble a precio vil. Por lo que surgen las preguntas: ¿Qué medidas podría adoptar el deudor hipotecario insolvente con el temor fundado de una demanda en su contra? ¿Es posible adquirir capacidad de negociación favorable en la situación jurídica esbozada?

Conforme a nuestro ejercicio profesional recomendamos en primer orden, asumir la tarea de precisar si existe o no a la fecha, demanda judicial admitida en contra del deudor. La estrategia de defensa legal dependerá del tiempo que se disponga para su efectiva implementación. Planteamos presentar ante el tribunal: escrito de oposición a la ejecución hipotecaria. Las instituciones de préstamo y deudores ignoran que siendo la hipoteca un contrato solemne, la ley exige el cumplimiento de formalidades para su validez. Si los requisitos legales no se verificaron en la oportunidad de constituir la garantía hipotecaria, "no existe hipoteca". En la práctica es esa la mejor defensa del deudor, alegar la inexistencia o nulidad de la hipoteca por la insatisfacción de los elementos constitutivos de la misma a cargo del acreedor.

Respetando los lineamientos del "blindaje patrimonial del deudor", una vez hecha valer su oposición a la ejecución hipotecaria, de forma independiente a la sentencia que recaiga u obtenga, el beneficio inmediato es negociar el refinanciamiento de la deuda. El remate del inmueble se evita con una propuesta de pago gananciosa para ambas partes. Supone la no concesión de pagos accesorios a cargo del deudor: gastos judiciales, honorarios de los abogados del acreedor, intereses de mora, entre otros conceptos a ser excluidos en el arreglo de pago. El principal interés del acreedor es cobrar el crédito, para él no es "negocio" ejecutar la hipoteca. A su vez, lo primordial para el deudor es no perder su inmueble por un "remate injusto". Protéjase patrimonialmente con función preventiva, es el consejo más acertado que podría darse en las circunstancias bajo análisis. Cuando el deudor acepta obligarse, lo correcto es que "honre el crédito"; de lo contrario, devendrá la ejecución hipotecaria por su acreedor.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM. asomivis@cantv.net

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PROFESIONALES NO EMPLEADOS

Tue, 14 Jul 2009 18:47:16 Z

Por: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ. Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/03/04/opi_46281_art_profesionales-no-emp_729251.shtml

El tribunal sentenció que el odontólogo no fue empleado de la clínica y no concedió el pago

Nuestro caso aplica no sólo al odontólogo que prestó servicios de manera independiente, sino para todo profesional en libre ejercicio. Por ejemplo, para los ingenieros, abogados, profesores u otros. Estudiamos la situación jurídica siguiente: un odontólogo practicaba su oficio en la sede social de quien señaló como su patrono. La actividad consistía en atender a los pacientes en el horario que él decidía. Rendía sus labores de manera autónoma y libre; percibía la remuneración de manos de cada paciente. Todos los días que laboraba obtenía ganancias y pagaba una cuota parte al dueño del local, por concepto de participación, mantenimiento y publicidad. Surgen preguntas: ¿Hubo relación laboral? ¿El dueño del negocio (la clínica dental) es patrono del odontólogo?

El profesional se consideró empleado despedido y por ello contrató los servicios de un abogado. Nos correspondió ejercer la defensa de la clínica por lo que negamos la existencia de relación laboral. Incoaron demanda por pago de prestaciones sociales y demás beneficios previstos en la ley respectiva. Llegado el día de la Audiencia Preliminar, cuyo objeto es la mediación entre las partes, no hubo arreglo. Antes de la audiencia de juicio, el tribunal decretó congelamiento de cuentas bancarias de la demandada. Fueron evacuadas facturas firmadas por la demandante que certifican el porcentaje a cobrar (cuarenta por ciento); infieren que el odontólogo cobraba a sus pacientes, destinando una participación a la clínica. Hicimos valer en beneficio de ésta, un informe emitido por un banco a solicitud del tribunal, donde se constata que la clínica poseía una cuenta de ahorros que identifica a sus empleados y el odontólogo no está incluido. El informe se apreció como un indicio en cuanto a que la relación que unió a las partes, no fue valorada por ellas mientras rigió: como laboral (patrón-empleado).

Promovimos las testimoniales de cuatro ciudadanos quienes fueron contestes referente a que conocían al odontólogo, que ejercía de forma no subordinada su profesión en un cubículo o consultorio ubicado en la clínica. Que no cumplía horario alguno, que atendía a sus pacientes particulares por previa cita fijada por él. Que también ejercía su profesión en otro consultorio en distinto horario. Que aceptaba el pago de forma directa de sus pacientes y que asignaba una cantidad de lo recaudado a la clínica. Promovimos informes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para probar que el reclamante estuvo afiliado cinco años atrás, antes de laborar en la clínica; lo que acredita que mientras prestó servicios en ella, no cotizó para el ente público.

Examinadas las pruebas, el tribunal reputó demostrado que el odontólogo prestó servicios en la sede de la reclamada. Que atendía a las personas que citaba en el horario que él decidía. Que conseguía la contraprestación de manos de sus pacientes y no de la clínica, que la remuneración no era de carácter salarial. Que no recibía órdenes, lo que evidencia ausencia de subordinación. Que hubo relación autónoma e independiente entre las partes. Que no hubo exclusividad en la prestación del servicio profesional, ya que también laboraba en otro lugar. El tribunal sentenció que el odontólogo no fue empleado de la clínica por lo que no concedió el pago de prestaciones sociales u otros beneficios laborales.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM.
asomivis@cantv.net

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DEMANDADA Y EMBARGADA

Wed, 08 Jul 2009 23:02:27 Z

Por: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ. Fuente: http://www.eluniversal.com/2008/02/26/opi_46281_art_demandada-y-embargad_722483.shtml

¿Por cuáles motivos podría demandarse a una persona?

Qué hacer ante la amenaza de una demanda en nuestra contra? ¿Es legítimo intimidar a otros con una acción judicial? ¿Por cuáles motivos podría demandarse a una persona? ¿Es posible adoptar medidas preventivas al respecto? ¿Cuánto cuesta una demanda ante un tribunal? ¿Qué desventajas o perjuicios acarrea un proceso judicial que culmine en una sentencia desfavorable a sus intereses? Contestamos apoyados en la práctica profesional del blindaje patrimonial con función preventiva. En los países industrializados quien inicia una empresa o comercio, antes de ello, acude a los servicios de un abogado y contador-administrador, a los fines de asegurar el éxito del negocio. Ocurre al revés en Venezuela, se llama al abogado cuando ha surgido el problema a resolver. "Protéjase patrimonialmente"; es la recomendación para quienes exhiben alto riesgo mercantil.

En vista al temor fundado de un juicio próximo, lo ideal es estar preparado antes de sufrir las consecuencias que del mismo derivan. Y es que, el ciudadano común y más aún el comerciante, deben saber que es posible proteger los bienes y activos a ser destinados a la empresa en promoción. El error está hacerlo en fecha posterior, esto es, cuando ya existen acreedores en espera del pago. Lo correcto y ético es pagar las deudas asumidas. Pero, mientras no haya deudas que cumplir, el empresario dispone del ambiente ideal para "proteger, blindar o cubrir sus bienes personales y los de la empresa", de acciones judiciales futuras que podrían padecerse.

Es un principio particular del Derecho de Obligaciones, que el deudor responde con sus bienes "habidos y por haber", artículo 1.863 del Código Civil venezolano. Por tanto, si el deudor carece de bienes para cumplir sus compromisos, nada podrá hacer el acreedor, salvo esperar a que el primero "mejore su fortuna". La técnica jurídica del "blindaje empresarial" recomienda crear un patrimonio separado y especial destinado para la explotación del negocio en formación. Excluyendo de la prenda común de los acreedores el resto de los activos del comerciante. Alcanzamos así minimizar o extinguir todo riesgo patrimonial del empresario. En consecuencia, si el negocio a desarrollar no resulta fructífero, como se esperaba, no sufrirán ni se verán afectados o desmejorados los demás bienes de la persona beneficiaria del "cúbrase o protéjase" como prevención.

Atendiendo a las preguntas, precisamos que es lícita la amenaza de embargo o demanda hecha por el acreedor a su deudor. Es uno de los casos tipificados por el legislador como "violencia legítima". Es el poder de coacción o aprehensión del acreedor sobre los bienes del deudor cuando éste incumple la obligación. Según la normativa venezolana, concluimos que todo el que inicie una actividad comercial y haya adoptado las medidas preventivas en referencia, sólo expondrá los bienes designados a tal efecto, dejando a salvo los demás activos personales, inclusive los que integran el patrimonio conyugal del beneficiario. Por último, de igual forma existe la técnica legal del "blindaje laboral" para proteger al empresario de los abusos de algunos trabajadores que pretendiendo escudarse en el "decreto de inamovilidad laboral" cometen ilícitos contra el patrono. Aunque gocen de "inamovilidad" la empresa puede, sin violar la norma vigente, despedir al empleado incumplidor de sus obligaciones.

Abogado Litigante.
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